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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00090-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00090-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00090-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00090-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN LA
UNIDAD DE REGISTRO DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA CONTESTÓ EL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO POR
LA ACTORA Y EXPIDIÓ EL CERTIFICADO SOLICITADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN, AL DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO Y AL TRABAJO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la

actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la

UNIDAD DE REGISTRO DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA1.

1
En adelante la Unidad.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00090-00
Actora: KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales de petición, al debido proceso

administrativo y al trabajo, los cuales, a su juicio, les fueron

vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la

UNIDAD al no haber dado respuesta de fondo, clara y concreta a la

solicitud remitida vía correo electrónico el 19 de noviembre de

2021, por medio de la cual requirió el reconocimiento y expedición

del certificado de la práctica jurídica.

I.2. Hechos

Indicó que el 6 de diciembre de 2019, terminó y aprobó todas las

materias que integraban el plan de estudios del programa

académico de derecho de la Universidad Surcolombiana, requisito,

entre otros, para obtener el título de abogado.

Señaló que se vinculó a la Personaría Municipal de Neiva – Huila

mediante tres (3) contratos de prestación de servicios, durante el

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Actora: KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES

tiempo comprendido desde el 11 de agosto al 28 de diciembre del

2020, el segundo del 19 de febrero al 18 de agosto de 2021 y el

último desde el 26 de agosto al 29 de septiembre de 2021. A su

vez, desempeñó funciones jurídicas Ad Honorem en la misma

entidad desde el 31 de diciembre del 2020 al 18 de febrero del

2021.

Sostuvo que el 29 de septiembre de 2021, finalizó su práctica

jurídica, por lo que el 19 de noviembre de la misma anualidad,

solicitó a través del correo electrónico

regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la expedición de la resolución

por la cual se reconoce el cumplimiento de la práctica como

requisito alternativo para obtener el título de abogado, petición que

acompañó con la totalidad de los documentos correspondientes

para tal fin.

Añadió que, como consecuencia de lo anterior, el Consejo Superior

de la Judicatura, por medio de correo electrónico de 22 de

noviembre de 2021, informó acuso de recibido.

Relató que a la fecha no ha obtenido respuesta alguna a la

mencionada solicitud, ni tampoco ha sido notificada de la respectiva

resolución que certifique la realización de la práctica jurídica.

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I.3. Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene
al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA, para que proceda a expedir la correspondiente
resolución de reconocimiento de mi práctica jurídica y la misma
sea remitida a la dirección de correo electrónico desde la cual
presenté mi petición […]”

I.5. Defensa

I.5.1. La UNIDAD adujo que, debido al aumento desmesurado de

solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas y expedición de

tarjetas profesionales de abogados, que sobrepasan en gran

medida su capacidad operativa, así como en razón de las medidas

administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la

pandemia ocasionada por el COVID-19, la gestión y trámite de las

solicitudes se ejecuta por orden de llegada.

Señaló que, en el caso en particular, una vez verificados los

documentos y la información aportada, procedió a expedir la

Resolución núm. 9147 de 2021, por medio de la cual le reconoció a

la actora el cumplimiento de la práctica jurídica; razón por la que

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mediante oficio núm. 9147 de 2021, notificado el 27 de diciembre

del mismo año al correo electrónico de la solicitante, remitió la

citada resolución.

Por último, sostuvo que no ha vulnerado los derechos

fundamentales invocados, por lo que solicitó denegar el amparo

solicitado por tratarse de un hecho superado.

I.5.2. El Consejo Superior de la Judicatura pese a ser notificado

en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 2. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la señora KAREN TATIANA CRIOLLO

PUENTES, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela

con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de

petición, al debido proceso administrativo y al trabajo, los cuales,

consideró vulnerados toda vez que a la fecha de la presentación de

la acción de tutela de la referencia, la UNIDAD y el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA no le habían expedido el

2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».

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certificado que acreditara su práctica jurídica, solicitado el 19 de

noviembre de 2021, mediante correo electrónico.

En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la autoridad

accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la

actora.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de

la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20113, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se
constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre
el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la
Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108
de 2006, señaló:

3 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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“En lo que concierne al derecho de petición, considera la
Sala que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado
esta Corporación y que se encuentran contenidas, entre
otras, en la Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del
derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la referencia
resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha
reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición
del actor formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola
circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26
del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial
una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le
permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de
una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la
vulneración del derecho de petición se presentará o bien por
la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o
frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que
habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido
respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida
debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889 de
2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de
2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de
2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el
derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de
los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta
sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo
pedido […]”.

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El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia

participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros

derechos constitucionales, como el de información, participación

política y libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría

la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se

reserva para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se

incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental

de petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20154 se

ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

4
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”.

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En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin
que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un
derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la
resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias
y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede
realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en
relación a las entidades dedicadas a su protección o
formación.”

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su

recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos y

de información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa

circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término

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señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo razonable

en que se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del

inicialmente previsto.

Ahora bien, el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, dispuso en

el artículo 5°, ampliar los términos para resolver las peticiones, así:

[…] Para las peticiones que se encuentren en curso o se
radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se
ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse
dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán
resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su
recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán
resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su
recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término
señalado en el presente artículo expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del
inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437
de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones
relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales […]”.
Negrillas no originales.

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Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la

competente, debe informar de inmediato al interesado si este actúa

verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la

recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe

remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio

al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se

lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y

jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala analizará el

acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se observa

que la accionante, mediante correo electrónico de 19 de noviembre

de 2021, solicitó la certificación y reconocimiento de su práctica

jurídica, para lo cual envió todos los documentos que acreditaban la

misma al correo institucional dispuesto por las accionadas para el

efecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, de

conformidad con el informe allegado a la acción de tutela de la

referencia por la UNIDAD, tal petición ya fue concedida mediante

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la Resolución núm. 9147 de 27 de diciembre de 20215, enviada al

correo electrónico de la actora por medio del Oficio núm. 9147 de la

misma fecha6, en el que se le certificó, lo siguiente:

“[…] KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES, quien se identifica
con cédula de ciudadanía No. 1004253214, solicita a esta
Corporación se le reconozca el cumplimiento de la práctica
jurídica como requisito alternativo para optar al título de
abogado.

Para tal efecto acredita que egresó de la facultad de derecho de la
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA con fecha de terminación y
aprobación de materias que integran el plan de estudios el 06 de
diciembre de 2019.

Basa su solicitud en haber desempeñado en la Personería
Municipal de Neiva – Huila funciones jurídicas mediante contratos
de prestación de servicios, de conformidad con el Decreto 3200
de 1979, art 23, Numeral 1°, Literal g), durante el tiempo
comprendido del 11 de Agosto al 28 de Diciembre del 2020, del
19 de Febrero al 18 de Agosto del 2021 y del 26 de Agosto al 29
de Septiembre del 2021 y funciones jurídicas Ad-Honorem en la
misma Entidad, de conformidad con la Sentencia T-932 del 09 de
Noviembre de 2012 de la Corte Constitucional, durante el tiempo
comprendido del 31 de Diciembre del 2020 al 18 de Febrero del
2021.

A su solicitud acompañó los documentos que soportan el
cumplimiento de los requisitos,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como
requisito alternativo para optar al título de Abogado a KAREN
TATIANA CRIOLLO PUENTES, quién se identifica con cédula de
ciudadanía No. 1004253214, y acredita que egresó de la
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.

ARTÍCULO 2°: Notifíquese esta Resolución al(a) interesado(a) de
conformidad con el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo
de 2020.
ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su expedición […]”.

5 “Por la cual se reconoce el cumplimiento de una práctica jurídica”
6 Índice 8 del expediente digital de la acción de tutela de la referencia.

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En ese entendido, para la Sala es evidente que la UNIDAD resolvió

la petición de la actora certificándole su práctica jurídica y

comunicándole la misma a través de su correo electrónico, el 27 de

diciembre de 2021, adjuntándole tanto el acto administrativo como

su oficio remisorio.

Analizado lo anterior, la Sala encuentra que, durante el trámite de

la acción de tutela de la referencia, el derecho de petición

presentado por la actora fue resuelto de fondo, de manera clara y

conforme con lo pedido, razón por la que se configura una carencia

actual de objeto por hecho superado, por cuanto las circunstancias

fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar

alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que

le han sido encomendados»7. Y en la misma sentencia se precisó

que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a

través de las siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la

7 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan
solo es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición
de la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla
general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción
tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho
en el que, entre el momento en que se interpone la
demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como
producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto
es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, se superó la afectación y
resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, no se encuentran
afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26 del
Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar,
ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado
de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o
innecesaria la intervención del juez de tutela […]”8 (Negrilla
fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los

cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la actora, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Ello permite entender que si

8 Ibídem.

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durante su trámite cesan o desaparecen los motivos que
generan la amenaza o la vulneración, o su consumación impide
el ejercicio del derecho, el objeto o la pretensión perseguida
deja de ser exigible o pierde su efecto necesario, al punto de
no existir el motivo u objeto que justifica la intervención
preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho, que la
carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero
acaece cuando se supera la afectación de tal manera que el
pronunciamiento del juez pierde su finalidad constitucional por
cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y contraria
al objetivo de protección inmediata y efectiva
constitucionalmente previsto, o en el evento en que ya no hay
lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se va a
lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se
da cuando entre el momento de la interposición de la acción de
tutela y el momento del fallo se satisface por completo la
pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la
cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria,
En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la
orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo
diera orden alguna […]”9.

En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en

el asunto sometido a consideración de la Sala, debido a que los

hechos que originaron la presente acción de tutela han sido

superados, razón por la que se declarará la carencia actual de

objeto del amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación
número: 54001-23-33-000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos
Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de
Sanidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00090-00
Actora: KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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