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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00111-01

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00111-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00111-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

8 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00111-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: GABRIEL JAIME PEREA

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INMEDIATEZ Y
SUBSIDIARIEDAD.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 25 de marzo de 20221, proferida por la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 que

declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
Impugnación concedida el 8 de mayo de 2023 en virtud de la orden dictada el 24 de abril de 2023,
dentro de la acción de tutela identificada con el núm. único de radicación 11001-03-15-000-2023-
00078-01
2
En adelante la Sección Tercera

2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-0111-01
ACTOR: GABRIEL JAIME PEREA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor GABRIEL JAIME PEREA, obrando en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental

al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER3 y la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO4 al

proferir las providencias de 26 de noviembre de 2015 y 11 de julio

de 2019, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 68001-23-33-000-2012-00330-00/01 y por la SALA

ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 2 DEL CONSEJO DE ESTADO5 al

proferir el auto de 18 de junio de 2021, mediante el cual rechazó por

improcedente el recurso extraordinario de revisión identificado con el

radicado número 11001-03-15-000-2020-03587-00.

3
En adelante el Tribunal.
4
En adelante la Sección Segunda
5
En adelante la Sala de Decisión núm. 2

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ACTOR: GABRIEL JAIME PEREA

I.2.- Hechos

Refirió que estuvo vinculado a la POLICÍA NACIONAL en la

especialidad de vigilancia en el Departamento de Policía de

Santander, siendo su última asignación en el Comando de Atención

Inmediata de Morrorico.

Adujo que fue sujeto de una investigación disciplinaria por parte de

la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana

de Bucaramanga, que cursó bajo el radicado P-MEBUC-2012-30 y,

mediante decisión de 26 de abril de 2012, se le encontró responsable

de infringir el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 7 de

febrero de 20066, esto es, consumir o estar bajo el efecto de bebidas

embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o

psíquica durante el servicio. Por lo cual, se le impuso la sanción de

destitución e inhabilidad general por el término de 10 años y el

fundamento de la mencionada decisión fue un dictamen practicado

el 22 de agosto de 2011 por el médico forense OSCAR MANTILLA

6
“Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”

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BARRERA, funcionario de Medicina Legal, en el cual se concluyó que

se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Afirmó que, como consecuencia de lo anterior, fue desvinculado de

la Institución mediante la Resolución núm. 01822 de 1o. de junio de

2012, proferida por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la

Policía Metropolitana de Bucaramanga, la cual le fue notificada el 4

de julio de 2012.

Indicó que inconforme con lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA

NACIONAL, el cual fue identificado con el número único de

radicación 68001-23-33-000-2012-00330-00 y asignado por reparto

al TRIBUNAL que, mediante auto de 26 de noviembre de 2015,

declaró probada la excepción de inepta demanda por falta de

agotamiento del recurso de apelación en sede administrativa.

Relató que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el

cual le correspondió a la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante auto

de 11 de julio de 2019, confirmó el auto recurrido.

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Sostuvo que interpuso recurso extraordinario de revisión contra el

auto interlocutorio de 11 de julio de 2019, con fundamento en la

causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-.

Manifestó que mediante auto de 18 de junio de 2021 la SALA

ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 2 rechazó por improcedente el

mencionado recurso, bajo el argumento de que el artículo 248 del

CPACA dispone que el mismo únicamente procede contra sentencias

ejecutoriadas, proferidas por las secciones y subsecciones de la Sala

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los

Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos, más no

contra autos interlocutorios, como se pretendía en esa oportunidad.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron su

derecho fundamental al debido proceso, toda vez que incurrieron en

defecto fáctico, al omitir analizar el material probatorio que

acompañaba la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,

entre el que se encontraba la investigación administrativa MEBUC-

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2012-30, que evidenciaba que la POLICÍA NACIONAL vulneró sus

derechos fundamentales, habida cuenta que: (i) inició la

investigación disciplinaria a partir del dictamen pericial practicado por

el médico forense OSCAR MANTILLA BARRERA, a pesar de que

aquel fue realizado sin orden judicial, sin su consentimiento

informado y sin observar las reglas previstas en el Reglamento

Técnico Forense para la Determinación del Estado de Embriaguez

aguda del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; (ii) las

actuaciones surtidas al interior del proceso disciplinario nunca le

fueron notificadas, razón por la cual no tuvo la oportunidad de

controvertir las pruebas, asistir a audiencias o interponer el recurso

de apelación contra la decisión de primer grado; (iii) se tuvo a

CARLOS HUMBERTO BAYONA CENTENO como su apoderado en

el proceso disciplinario, a pesar de que aquel representó únicamente

a su compañero de patrulla NÉSTOR JAVIER PINTO ACUÑA.

Aunado a lo anterior, afirmó que las decisiones cuestionadas se

limitaron a manifestar que omitió presentar recurso de apelación

para controvertir la decisión disciplinaria de primera instancia,

desconociendo que el dictamen pericial practicado por el médico

OSCAR MANTILLA BARRERA está siendo cuestionado dentro de

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una investigación penal adelantada en contra de aquel para que se

indague respecto a la práctica del examen “[…] ya que fue emitido

bajo presión de los policiales con violación de las normas que

persiguen la inserción formal de la prueba en el proceso incoado

contra el actor […]”.

Adicionalmente, indicó que la referida prueba fue declarada nula a

través de una sentencia de tutela, por ser contraria al numeral 5 del

artículo 36 de la Ley 938 de 30 de diciembre de 20047, a las leyes

836 de 16 de julio de 20038, 141 de 16 de diciembre de 19619 y a la

Resolución 000414 de 27 de agosto de 200210, aclarada por la

Resolución 000453 de 24 de septiembre de 2002 dictadas por el

Instituto Nacional de Medicina Legal.

I.4.- Pretensiones

7
“Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”
8
"Por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las fuerzas militares".
9
La cual establece: “Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo
121 de la Constitución, desde el nueve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949)
hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto sus normas no
hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores”.
10
En virtud de la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de
embriaguez y alcoholemia

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La parte actora solicitó la protección de su derecho fundamental al

debido proceso y, en consecuencia:

“[…] se decrete la nulidad de la providencia de fecha 26 de
noviembre de 2015 de Primera Instancia proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER bajo el radicado
680012333000201200 y la providencia de Segunda Instancia de
fecha 11 de julio de 2019, proferida por el CONSEJO DE ESTADO
– SECCION SEGUNDA – SUBSECCION B; y en consecuencia se
acceda a las pretensiones de la demanda […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Policía Nacional solicitó denegar las pretensiones de la

solicitud de amparo ante la improcedencia de la misma, toda vez que

el proceso disciplinario, aquí cuestionado, del que fue sujeto pasivo

el accionante se ajustó a las normas aplicables al caso y, además, se

respetaron y garantizaron sus derechos fundamentales.

Así mismo, indicó que la decisión adoptada por el Tribunal se

encuentra ajustada a derecho, habida cuenta que no se acreditó el

agotamiento de la vía administrativa, lo cual impedía adelantar el

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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el

hoy tutelante.

Finalmente, afirmó que tampoco se acreditó la existencia de un

perjuicio irremediable que hiciera procedente la presente solicitud de

amparo.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Tercera, mediante sentencia de 25 de marzo de 2022,

declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el

requisito de relevancia constitucional, bajo el argumento de que lo

pretendido por el actor es reabrir el debate que ya fue zanjado por

el juez natural de la causa y que se resuelva de fondo la demanda

incoada.

Sostuvo que, al estudiarse el recurso extraordinario de revisión

promovido por el accionante, se advertía que los fundamentos de

aquel fueron los mismos del auto de 11 de julio de 2019, conforme

a los cuales se concluyó la improcedencia del estudio de fondo de la

demanda incoada por el actor contra la NACIÓN – MINISTERIO DE

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DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.

Señaló que no era válido afirmar que las autoridades judiciales

accionadas desconocieron las pruebas invocadas por el actor y que

incurrieron en defecto fáctico, pues ni siquiera tuvieron la

oportunidad de estudiar de fondo la demanda, debido a que no se

cumplió el requisito de agotar la vía administrativa previo a acudir a

la jurisdicción contenciosa, de conformidad con lo previsto en el

artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Manifestó que la parte interesada pretende utilizar la acción de tutela

como un mecanismo para que el juez constitucional emita un

pronunciamiento frente a la procedencia del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de que el juez

ordinario explicó con claridad que no se agotó la vía administrativa,

lo cual impedía el estudio de fondo del asunto.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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El actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se

revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el

escrito introductorio.

Además, señaló que, contrario a lo considerado por el a quo, la

solicitud de tutela cumplía con los requisitos generales de

procedibilidad, específicamente el de relevancia constitucional, por

cuanto, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas vulneraron

su derecho fundamental al debido proceso, pues el cargo referente

al defecto fáctico no se refiere a reabrir un nuevo debate sobre las

pruebas que fueron relacionadas y aportadas dentro de las

documentales de la demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho, sino a poner de presente que el Juez de oficio resolvió

compulsar copias procesales de la actuación, lo cual demuestra el

error procedimental de la investigación disciplinaria que culminó con

la expedición de la resolución de retiro núm. 01822 de 2012 y, en

consecuencia, dio lugar a instaurar dicha demanda.

Afirmó que su desacuerdo se centraba en que era inadmisible que las

autoridades judiciales accionadas desconocieran las pruebas y el

procedimiento irregular del proceso disciplinario que dio lugar a su

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retiro del servicio, el cual estuvo fundamentado en un dictamen ilegal

y un abuso de autoridad por parte de sus superiores, quienes

presuntamente constriñeron al médico legista para que emitiera un

dictamen médico legal trasgrediendo los protocolos previstos para el

efecto, motivo por el cual actualmente cursa un proceso penal en

contra del capitán, del médico y del intendente, por los mismos

hechos.

Sostuvo que en ningún momento se discutió la legalidad del acto que

dio por terminado el proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho, es decir, la decisión de declarar probada la excepción de

ineptitud sustantiva de la demanda, pues lo cierto era que el defecto

factico se había configurado por la falta de valoración probatoria y la

inobservancia de las pruebas allegadas al proceso que daban cuenta

de la vulneración del debido proceso en muchas dimensiones para

emitir la resolución de retiro del servicio.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales

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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las

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sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor solicitó la

protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, a

su juicio, le fue vulnerado por el TRIBUNAL y por la SECCIÓN

SEGUNDA al proferir las providencias de 26 de noviembre de

2015 y 11 de julio de 2019, respectivamente, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 68001-23-33-000-2012-00330-00/01 y

por la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 2 al proferir el auto de

18 de junio de 2021, mediante el cual rechazó por improcedente el

recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado

número 11001-03-15-000-2020-03587-00.

Los disensos de la parte actora radican en que, a su juicio, las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico y

vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, ya que

desconocieron las pruebas allegadas con la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho, que demostraban (i) que la Policía

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Nacional inició la investigación disciplinaria a partir de un dictamen

pericial practicado sin ajustarse al procedimiento previsto para el

efecto; (ii) que las actuaciones surtidas en el mencionado proceso

nunca le fueron notificadas, razón por la que no tuvo la oportunidad

de controvertir las pruebas, asistir a audiencias o de interponer el

recurso de apelación contra la decisión de primer grado; y (iii) que

se tuvo a CARLOS HUMBERTO BAYONA CENTENO como su

apoderado al interior del referido asunto disciplinario, pese a que este

representó únicamente a su compañero de patrulla NÉSTOR JAVIER

PINTO ACUÑA.

Reprochó, también, que las autoridades judiciales se limitaron a

mencionar que no promovió el recurso de apelación contra la decisión

disciplinaria de 26 de abril de 2012, mediante la cual se determinó

que había incurrido en la conducta prevista en el numeral 26 del

artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, lo cual dio lugar a su

desvinculación de la Institución.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 25 de marzo de

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2022, declaró improcedente la solicitud de amparo por

incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

La impugnación del actor está estructurada sobre una reiteración de

los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica

inicial, conforme a la cual las autoridades judiciales accionadas

desconocieron las pruebas y el procedimiento irregular que en el

proceso disciplinario dio lugar a la expedición del acto que ordenó su

retiro del servicio.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)

determinar si las autoridades judiciales accionadas, vulneraron el

derecho fundamental al debido proceso invocado, estudio que se

realizará a cada proceso cuestionado por separado, esto es, a las

decisiones dictadas en el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho y en el recurso extraordinario de

revisión.

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.- Providencias dictadas dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho

La parte actora pretende que se dejen sin efectos las providencias de

26 de noviembre de 2015 y 11 de julio de 2019, proferidas por

el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA, respectivamente, dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 68001-23-33-000-

2012-00330-00/01, mediante las cuales se declaró probada la

excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del recurso

de apelación en sede administrativa.

Ahora, comoquiera que la decisión de segunda instancia fue la que

clausuró el debate procesal, la Sala circunscribirá su estudio a la

providencia dictada el 11 de julio de 2019, por la SECCIÓN

SEGUNDA.

En ese orden de ideas, de acuerdo con los parámetros planteados

anteriormente, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, especialmente, el requisito de inmediatez.

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Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”11.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se

ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un

examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa

11 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel

Eduardo Mendoza Martelo.

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juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de terceros,

cuya situación podría verse injustamente afectada por el

otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido,

la Corte Constitucional ha señalado que12:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo13:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

12 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de

2014, op. cit.

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De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

tener en cuenta los siguientes eventos:

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(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras14;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado15;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión16;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales17;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta18.

14 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas

Hernández.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
16 Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González

Cuervo.
17 Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda

Espinosa.
18 Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente:

doctor Humberto Antonio Sierra Porto.

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Precisado lo anterior, la Sala advierte que conforme con lo señalado

en el escrito introductorio, así como en las constancias obrantes en

el proceso ordinario origen de la controversia, la providencia

cuestionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,

aquí cuestionada, dictada el 11 de julio de 2019 por la SECCIÓN

SEGUNDA, fue notificada por estado electrónico el 16 de agosto de

2019, sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia se

presentó vía electrónica hasta el 21 de diciembre de 2021,

esto es, transcurridos 2 años, 3 meses y 28 días, posteriores a la

notificación del último auto, superando así los 6 meses que han sido

estimados por la jurisprudencia como término razonable para

impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial.

La Sala destaca que en tratándose de las acciones de tutela contra

providencias judiciales, el término con el que cuenta la parte

interesada para promover la solicitud de amparo se determina con

fundamento en la fecha en que se produce o conoce el hecho

generador de la presunta vulneración de los derechos fundamentales

invocados y dicha fecha no puede ser otra que el día en el que se

notifica la misma.

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Ahora bien, lo cierto es que la parte actora no adujo una razón que

justifique la omisión de interponer la acción de tutela dentro de los 6

meses siguientes a la fecha en que le fue notificada la providencia

acusada, máxime aún, si se tiene en cuenta que en el proceso

ordinario estuvo representada por una profesional del derecho.

Igualmente, resulta oportuno reiterar que pueden existir

circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de

tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que

demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho

fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que

la violación sea siempre actual. En el presente caso no se presentaron

circunstancias especiales que permitan justificar el retardo en la

interposición de la solicitud de amparo y así flexibilizar el requisito

de la inmediatez.

Corolario de lo anterior, la Sala señala que para que proceda el

amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la

ocurrencia de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las

medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no

basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale

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a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el

haber jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan

que la acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser

adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

Finalmente, se destaca que en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Así las cosas, resulta evidente que, respecto a las providencias

dictadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, la presente acción constitucional no cumple con el

requisito general de la inmediatez para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, ni las exigencias excepcionales

previstas para el efecto.

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Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción, por

incumplimiento del requisito de inmediatez respecto a los proveídos

dictados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

.- Providencia dictada dentro del recurso extraordinario de

revisión

La Sala observa que en el presente caso, contrario a lo manifestado

por el juez de primer grado, la presente acción sí cumple con el

requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora

plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las

cuales, en su criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales

e identificó los hechos que supuestamente generaron la vulneración

alegada; la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable 19 y,

por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se

estiman lesionados.

19
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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Frente al requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que, respecto

al proveído de 18 de junio de 2021, dictado por la SALA ESPECIAL

DE DECISIÓN NÚM. 2 que rechazó por improcedente el recurso

extraordinario de revisión identificado con el radicado núm. 11001-

03-15-000-2020-03587-00, incoado contra el proveído de 11 de julio

de 2019, la parte actora no agotó todos los medios ordinarios de

defensa judicial a su alcance, situación que conlleva la improcedencia

de la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de

subsidiariedad.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o

medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La

existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su

eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

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para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de amparo

y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante el

juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del

asunto.»20 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

20 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

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Ahora bien, el artículo 246 del CPACA, dispone lo siguiente:

“[…]ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el
artículo 66 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> El recurso de súplica procede contra los siguientes
autos dictados por el magistrado ponente:

1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en
cualquier instancia.

2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este
código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o
durante el trámite de la apelación o de los recursos
extraordinarios.

3. Los que durante el trámite de la apelación o de los
recursos extraordinarios; los rechace o declare desiertos.

4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.

Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se
resuelva la apelación o queja.

La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la
apelación de autos. Su interposición y decisión se sujetará a las
siguientes reglas:

a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en
subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente
a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá
interponer recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere
susceptible de este último recurso;

b) Si el auto se profiere en audiencia, el recurso deberá
interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su
notificación en estrados o de la del auto que niega total o
parcialmente la reposición. De inmediato, el magistrado ponente
dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el
fin de que se pronuncien, y a continuación ordenará remitir la
actuación o sus copias al competente para decidir, según el
efecto en que deba surtirse;

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c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá
interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió
dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del
auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio
de control electoral este término será de dos (2) días.

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la
secretaría por dos (2) días a disposición de los demás sujetos
procesales, sin necesidad de auto que así lo ordene. Este
traslado no procederá cuando el recurso recaiga contra el auto
que rechaza la demanda, o el que niega total o parcialmente el
mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará
el expediente o sus copias al competente para decidir, según el
efecto en que deba surtirse;

d) El recurso será decidido por los demás integrantes de la sala,
sección o subsección de la que haga parte quien profirió el auto
recurrido. Será ponente para resolverlo el magistrado que sigue
en turno a aquel;

e) En aquellos casos en que el recurrente no sustente el recurso,
el juez o magistrado ponente, de plano, se abstendrá de darle
trámite […]” (Resaltado fuera del texto original).

Conforme con la norma en cita, es dable concluir que el actor no

agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial que tenía a su

disposición, toda vez que, contra el auto de 18 de junio de 2021,

tenía a su disposición el recurso de súplica, en el que podía

controvertir el contenido de la decisión que hoy pretende cuestionar

mediante la presente solicitud de amparo.

Cabe resaltar que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y

residual, que no puede ser utilizado para desplazar los medios

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ordinarios de defensa que la parte actora tuvo a su alcance y omitió

ejercer.

En las condiciones anotadas y en la medida que en el presente asunto

no se invocó, ni se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable,

que permita de manera excepcional proceder al análisis de la acción

formulada, la Sala concluye que la inconformidad relacionada con el

proveído de 18 de junio de 2021, dictado por la SALA ESPECIAL DE

DECISIÓN NÚM. 2 que rechazó por improcedente el recurso

extraordinario de revisión, carece del requisito general de

subsidiaridad.

Así las cosas, la Sala concluye que la solicitud de amparo de la

referencia debe ser declarada improcedente, por lo que, en

consecuencia, el fallo impugnado será confirmado, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el

artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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