Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00128-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00128-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00128-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de julio de 2022
Demandante: Jesús Hernando Amado Abril
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00128-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00128-01
Demandante: JESÚS HERNANDO AMADO ABRIL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
TEMAS: Tutela contra providencia judicial – confirma la improcedencia por
falta de requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Jesús Hernando
Amado Abril contra la sentencia de 25 de marzo de 2022, por medio de la cual el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, declaró improcedente la
acción de amparo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Jesús Hernando Amado Abril, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela1 con el fin de que se amparen los principios y derechos fundamentales al
“debido proceso, derecho a la defensa, a la doble instancia, al acceso a la administración de
justicia, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica.”
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que en
providencia de 30 de noviembre de 2021, no admitió por extemporáneo el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de 1° de septiembre de 2021, proferida por
el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del
proceso ejecutivo identificado con radicado 11001-33-35-024-2016-00279-00/02.
1 Con escrito radicado de 13 de enero de 2022, según acta de reparto.
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Demandante: Jesús Hernando Amado Abril
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00128-01
1.2. Pretensiones
La parte actora elevó las siguientes peticiones:
“PRIMERO: CONCEDER la protección constitucional de los derechos al debido
proceso, la defensa, la doble instancia, el acceso a la administración de justicia,
la confianza legítima y la seguridad jurídica que le asiste a JESÚS HERNANDO
AMADO ABRIL.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos la decisión proferida el 30 de noviembre de
2021, por el señor Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, doctor ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS
dentro del proceso No. 11001333502420160027902, mediante la cual inadmite,
por extemporáneo, el recurso de apelación que presentó, en oportunidad y
dentro de los términos legalmente establecidos en el artículo 8 del decreto 806
de 2020 y en el artículo 52 de la ley 2080 de 2021, JESÚS HERNANDO AMADO
ABRIL contra la sentencia de primera instancia expedida por la señora Juez
Veinticuatro (24) Administrativa del Circuito de Bogotá, D.C., actuación procesal
surtida dentro del trámite de segunda instancia.
TERCERO: ORDENAR al Magistrado del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, doctor ALBERTO ESPINOSA
BOLAÑOS, dentro del proceso No. 11001333502420160027902, que admita y
decida el recurso de apelación presentado por JESÚS HERNANDO AMADO
ABRIL, resolviendo expresamente los argumentos jurídicos esgrimidos en el
mismo y profiera la decisión que corresponda, garantizando así los derechos
constitucionales que le asisten al accionante.” (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
De lo informado por la parte actora y lo aportado con su escrito inicial, se resalta lo
siguiente:
• El 1º de septiembre de 2021, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, dentro del proceso
ejecutivo con radicado 11001-33-35-024-2016-00279-00/02, dirigido contra el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el sentido de
declarar probada la excepción de pago de la obligación.
• El fallo fue notificado al señor Jesús Hernando Amado Abril, parte demandante,
el 3 de septiembre de 2021, vía correo electrónico.
• El 6 de septiembre de 2021, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, remitió al actor la liquidación que sustentó el fallo, la cual no
se anexó al momento de notificar la sentencia.
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• El 9 de septiembre de 2021, el señor Jesús Hernando Amado Abril presentó
recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.
• El 23 de septiembre de 2021, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá concedió el recurso de apelación y dispuso la remisión del
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
• En auto de 30 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, consideró que el recurso debía
interponerse hasta el 8 de septiembre de ese año y, por lo tanto, concluyó que la
alzada fue extemporánea.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora manifestó que, si bien contra el auto de 30 de noviembre de 2021
procede el recurso de reposición, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nunca
le notificó adecuadamente dicha providencia pues, según afirmó, a su correo
electrónico nunca se allegó el estado respectivo, por lo que se le negó la oportunidad
para atacar la decisión.
Adicionalmente, señaló que, en todo caso, con lo resuelto por la autoridad accionada
se le causaba un perjuicio irremediable pues se negaba un pago que aún le adeudan
y pretendía obtener por la vía ejecutiva. Del mismo modo, resaltó que el alto valor por
el que fue condenado en costas2 puede llevarlo a la ruina.
Al adentrarse a las falencias de la providencia atacada, puntualizó que se configuró
un defecto procedimental absoluto y un defecto sustantivo, los cuales expuso de la
siguiente manera.
Aseguro que el defecto procedimental absoluto se presentó en dos momentos: (i)
cuando en el auto de 30 de noviembre de 2021 se calculó el término para presentar
la apelación solo con base en lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley 1564 de 2012
y se ignoró la norma procesal establecida en los artículos 8º del Decreto 806 de 2020
y 205 de la Ley 1437 de 2011, relativa a que las notificaciones por medios
electrónicos se entienden surtidas dos días después del envío del mensaje y; (ii)
cuando se notificó de forma irregular la providencia de 30 de noviembre de 2021, al
no remitirse el respectivo correo electrónico como lo disponen los artículos 201 y 205
de la Ley 1437 de 2011.
En cuanto al defecto sustantivo, reiteró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B se había alejado de las normas
2 La condena por agencias en derecho fue de $119’764.557.
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aplicables al caso, en lo que atañe al conteo de términos para presentar los recursos
contra las providencias notificadas por medios electrónicos.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 21 de enero de 2022, el magistrado ponente de la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia y ordenó la
notificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B. Así mismo, ordenó notificar al Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, como terceros interesados.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B
El magistrado ponente de la decisión objeto de debate manifestó que el proceso se
resolvió de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1564 de 2012, por contener las
normas aplicables a los procesos ejecutivos, por consiguiente, concluyó que esa
“…Corporación tuvo en cuenta lo contenido en el expediente y conforme la normatividad
aplicable en el proceso objeto de acción de tutela, justificando en forma suficiente las
razones por las cuales se adoptó la postura causante de la inconformidad de la (sic)
tutelante, en consecuencia, no ha mediado violación o transgresión alguna de los derechos
fundamentales alegados.”
1.6.2. Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses
La entidad concurrió por intermedio de apoderado, quien solicitó exonerar a esta
autoridad por no tener injerencia alguna en los hechos que condujeron a la
interposición del mecanismo constitucional.
1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 25 de marzo de 2022, el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C, resolvió:
“PRIMERO. DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Jesús Hernando Amado
Abril contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección
B.”
Para motivar su decisión, la referida autoridad judicial señaló que en virtud de lo
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dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, todos los autos son, por regla
general, susceptibles del recurso de reposición.
Adicionalmente, mencionó que, conforme al artículo 246 numeral 3º Ibidem, las
decisiones que durante el trámite de la apelación o de un recurso extraordinario, los
declare desiertos o los rechace, son susceptibles del recurso de súplica.
Frente a lo argumentado en el escrito inicial, relativo a la falta de notificación del auto
de 30 de noviembre de 2021 como justificación para no agotar los recursos en su
contra, consideró que, conforme lo dispone el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012,
este hecho pudo alegarse como nulidad.
En resumen, concluyó que la parte actora contaba con las figuras procesales
señaladas para controvertir la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B y, bajo esa premisa, declaró la improcedencia de la
acción de tutela por no superar el requisito de la subsidiariedad.
1.8. Impugnación
A través de correo electrónico enviado el 11 de mayo de 20223, al buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora remitió escrito de
impugnación en el que expuso los siguientes puntos de desacuerdo.
En primer lugar, consideró que la decisión del a quo estaba desconociendo sus
propias sentencias y, para el efecto, citó nuevamente el fallo de 9 de marzo de 2022
donde la Sección Tercera, Subsección A4, accedió a las pretensiones en un caso
donde también se discutía la forma de contar los términos de las providencias
notificadas por medios electrónicos.
Resaltó que el debate no debió centrarse en si existía o no otro medio a través del
cual se pudiera atacar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, sino en la vulneración a su derecho al debido
proceso por parte de la autoridad accionada, partiendo de que el auto de 30 de
noviembre de 2021 nunca fue notificado, motivo por el cual no se le brindó la
oportunidad para interponer recursos.
Ahondó en consideraciones relativas al alcance del deber de notificar
adecuadamente las providencias judiciales, y como una irregularidad en dicho
trámite, genera una afectación a los derechos fundamentales al debido proceso y de
3 La sentencia se notificó el 9 de mayo de 2022 y la impugnación se concedió a través de auto de 20
de mayo siguiente, por lo que el escrito se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
4 Radicado 52001-23-33-000-2020-01182-01.
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acceso a la administración de justicia y a los principios de publicidad y doble
instancia.
Señaló que, conforme al manual de usuarios para el aplicativo SAMAI, era deber del
tribunal accionado acreditar el envío y recepción del mensaje de datos que contenía
el estado a través del cual se notificó el auto de 30 de noviembre de 2021, lo cual no
se hizo.
Respecto de la posibilidad de agotar el trámite de la solicitud de nulidad por indebida
notificación, manifestó que no se tuvo en cuenta que en el escrito de tutela se alegó
la existencia de un perjuicio irremediable. Con todo, aseguró que tal mecanismo no
es idóneo por cuanto “De promoverse el incidente de nulidad que indicó la Sala, el
resultado esperado no será otro que el de obtener un pronunciamiento idéntico, pues si la
parte accionada no reconoce sus errores ante el Juez Constitucional, menos aún va a
hacerlo por cuenta propia. Tampoco el incidente de nulidad constituye una manera rápida y
oportuna para proteger los derechos a un debido proceso y al acceso a la Administración de
Justicia, en concreto a la segunda instancia, a pesar de que el suscrito cumplió cabalmente
con los procedimientos procesales referidos en la demanda de tutela y reiterados en el
acápite anterior”. Igualmente, afirmó que mientras se surte el incidente de nulidad, el
actor puede ser “víctima” de un proceso ejecutivo por las costas a la que fue
condenado.
Para reforzar su argumento, afirmó que el pago de agencias en derecho al que fue
condenado amenaza con someterlo a la ruina, por lo que esto también hace parte de
lo que consideró como un perjuicio irremediable.
1.9. Trámite de segunda instancia
Recibida la impugnación, mediante auto de 15 de junio de 2022 el magistrado
ponente resolvió vincular como tercero interesado al Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que conoció el proceso
ejecutivo en primera instancia, por lo tanto, de conformidad con el artículo 137 de la
Ley 1564 de 2012 se le advirtió de la posible nulidad y se le otorgó un término de 2
días para que la alegara o, en su defecto, se entendería saneada.
Vencido el término anterior sin manifestación alguna del Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el proceso ingresó para proferir
sentencia.
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Demandante: Jesús Hernando Amado Abril
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Jesús Hernando Amado Abril contra el fallo de tutela de 25 de marzo de 2022,
proferido por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, de
conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo
80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 25 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C, a través de la cual se declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, en el entendido que, contra
el auto de 30 de noviembre de 2022 el actor contaba con los recursos de reposición y
súplica, además del incidente de nulidad en el evento en que dicha providencia no se
hubiera notificado oportunamente.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, junto con los principios de la seguridad jurídica,
confianza legítima y doble instancia.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, en tanto se interpreta que la
autoridad judicial desconoció la norma procesal aplicable al momento de realizar el
conteo de términos para apelar la sentencia de primera instancia dentro de un
proceso ejecutivo y, adicionalmente, las consecuencias de una presunta indebida
notificación de la providencia que rechazó la alzada.
2.4.2. Se establece que la acción de tutela de la referencia no se dirige contra una
sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la
parte accionante fue dictada en el marco del proceso ejecutivo identificado con el
radicado No. 11001-33-35-024-2016-00279-00/02.
2.4.3. De igual manera, esta Sala de Decisión encuentra que en el presente asunto
se cumple el requisito de inmediatez, pues la decisión de segunda instancia se
profirió el 30 de noviembre de 2021, por lo que, sin necesidad de contar el término de
notificación y ejecutoria, es claro que la solicitud de tutela allegada el 13 de enero de
2022, se encuentra dentro del término de 6 meses que ha sido entendido como
razonable para acudir al mecanismo constitucional en estos casos.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene
que en el fallo de primera instancia proferido por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C, se resolvió que el actor contaba con dos recursos,
reposición y súplica, para oponerse al auto de 30 de noviembre de 2021 y que, en
caso de que dicha providencia no se hubiera notificado adecuadamente, podía
solicitar que se iniciara un incidente de nulidad.
Por su parte, en su escrito de impugnación, la parte actora aseguró que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B no le brindó la
oportunidad de interponer los recursos respectivos, pero que, en gracia de discusión,
estos medios no son idóneos por cuanto implican que la misma autoridad estudie
nuevamente el caso lo que, a su juicio, conduce a que el resultado no pueda ser
distinto. A su vez, afirmó que sustentar la falta de subsidiariedad en la posibilidad de
proponer un incidente de nulidad desconoce el perjuicio irremediable expuesto en el
escrito inicial.
En este punto, la Sala resalta que la parte actora no discute la existencia de los otros
medios de defensa enunciados por el a quo, al punto que en la solicitud de tutela
reconoció que contra el auto de 30 de noviembre de 2021 procede el recurso de
reposición; en ese sentido, el estudio debe centrarse en la idoneidad de esas vías
procesales.
Siendo así, no es posible acoger la postura del accionante relativa a que el recurso
de reposición pierde idoneidad por el hecho de ser estudiado por la misma autoridad,
pues, justamente, la finalidad de esta figura es que las partes procesales puedan
poner en consideración del juez los posibles errores de su decisión, entendiendo que
quienes ejercen la función de administrar justicia son personas ecuánimes y
conocedoras del ordenamiento jurídico que, al margen de sus consideraciones
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
9
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personales, adoptarán las decisiones en derecho, incluso si esto implica corregir sus
propios errores.
En ese sentido, asumir que el ejercicio del recurso de reposición contra el auto de 30
de noviembre de 2021 sólo conlleva a que se confirme la decisión al margen de la
calidad de los argumentos del recurrente, es presumir un actuar de mala fe de parte
del magistrado ponente de la providencia acusada y, de paso, despojaría de todo
efecto práctico la referida herramienta procesal, la cual se erige como la más
eficiente11 para que los usuarios del servicio de la administración de justicia logren la
corrección de las eventuales irregularidades procesales que se presenten. Por lo
tanto, para la Sala el mencionado medio de defensa sí es idóneo y debió ejercerse
antes de acudir a la acción de tutela.
Aunado a lo anterior, nótese que el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C, manifestó que contra la providencia atacada también procedía el
recurso de súplica, posibilidad ante la cual el accionante no expuso desacuerdo
alguno en su impugnación, sin que pueda asumirse que se trata de los mismos
argumentos que esgrimió contra la posibilidad de agotar el recurso de reposición, por
cuanto este otro medio de defensa, según el literal “d” del artículo 246 de la Ley 1437
de 2011, “…será decidido por los demás integrantes de la sala, sección o subsección de la
que haga parte quien profirió el auto recurrido…” (resaltado añadido por la Sala). En
consecuencia, es claro que el accionante no logró desvirtuar la idoneidad de los
medios de defensa por los cuales el a quo encontró que la acción de tutela no
cumplía con el requisito de la subsidiariedad.
Ahora bien, en este punto la Sala debe apartarse de lo manifestado por el actor en su
impugnación al aducir que, el a quo debió centrarse en la presunta vulneración a sus
derechos fundamentales y no en la existencia de otros medios de defensa, por
cuanto es deber del juez de tutela, antes de abordar el fondo del caso, verificar si se
cumplen con los requisitos de procedibilidad, entre otros, precisamente si se
agotaron las demás herramientas jurídicas con las que contaba el accionante, esto
con el fin de evitar que se arrogue funciones propias de otras autoridades,
especialmente cuando se trata de una tutela contra providencia judicial donde
pueden afectarse los principios de la seguridad jurídica y la autonomía judicial.
Aclarado lo anterior, debe resolverse el argumento del actor atinente a que los
recursos pertinentes contra el auto de 30 de noviembre de 2021 no pudieron
interponerse por cuanto la autoridad accionada no le notificó la providencia y esto le
impidió controvertir la decisión, pues se trata de una manifestación que no se refiere
a la idoneidad de los medios de defensa sino a la posibilidad de ejercerlos.
11 En el sentido que no requiere de un trámite previo incidental como las nulidades procesales o de
una remisión a una autoridad de segunda instancia como el recurso de apelación.
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Demandante: Jesús Hernando Amado Abril
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00128-01
Al respecto, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C consideró que,
de ser cierta la falta o indebida notificación de la providencia, el actor debió hacer uso
de la solicitud de nulidad. Por su parte, la tutelante consideró que esta conclusión
desconoció que en el escrito inicial se manifestó que la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, le causaba un
perjuicio irremediable, lo cual se puede ver agravado si proponía la nulidad pues en
lo que ésta se resuelve, la entidad demandada podía iniciar un proceso ejecutivo
para el pago de las costas.
Se tiene entonces que, el presunto perjuicio irremediable se concreta en dos puntos
a raíz de lo que se manifestó en el escrito inicial y la impugnación, así: (i) la
expectativa de recibir un pago millonario a raíz del proceso ejecutivo iniciado por el
actor y; (ii) el alto valor de la condena en costas que puede ser ejecutada por la
entidad accionada mientras se agota el trámite de la proposición de la nulidad
procesal.
Frente al primer punto, la Sala no advierte cómo puede configurarse el perjuicio
irremediable por la mera expectativa del actor de recibir el pago pretendido en el
proceso ejecutivo, pues de ninguna manera, el solo hecho de que se continúe con el
proceso ejecutivo en segunda instancia, implica que se proferirá una decisión
favorable a sus intereses.
En cuanto al segundo punto, consistente en que la alta suma de la condena en
costas puede llevarlo a la ruina, es un aspecto que, por estar contenido en la
sentencia de primera instancia del proceso ejecutivo, debía ser discutido en la
apelación que intentó el actor, cuyo rechazo debió controvertirse a través de los
recursos que señaló el a quo de esta tutela.
A su vez, resulta aventurado por parte del accionante afirmar que, mientras se
resuelve el trámite de la solicitud de la nulidad procesal puede ser objeto de un
proceso ejecutivo por parte de la entidad demandada, pues está basando el presunto
perjuicio irremediable en un hecho futuro e incierto como lo es que una acción judicial
ejecutiva pueda decidirse antes que un trámite incidental. Por lo tanto, no se advierte
la configuración de una circunstancia grave, cierta, inminente e impostergable que
permita al juez de tutela desconocer los medios de defensa ordinarios.
De hecho, verificado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se
resalta que el pasado 17 de junio de 2022, el demandante allegó un memorial en el
proceso ejecutivo en el que solicitó lo siguiente:
“PROMUEVO INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR
INCLUSIVE DE LA PROVIDENCIA PROFERIDA POR SU DESPACHO el 30 de
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noviembre de 2021, dentro del radicado No. 11001-33-35-024-2016-00279-02,
en los términos que estableció el Consejo de Estado en decisión de tutela sobre
este mismo asunto, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, con ponencia del Magistrado Guillermo Sánchez
Luque, de fecha 25 de marzo de 2022, en la que se estableció que dicho
incidente es procedente, tal y como lo indicó en el numeral 5 de la mencionada
decisión de la alta corporación, así: ‘5. El numeral octavo del artículo 133 del
CGP, aplicable al procedimiento de lo contencioso administrativo por remisión
del artículo 208 del CPACA, establece como causal de nulidad la indebida
notificación del auto admisorio de la demanda y dispone que, cuando se ha
dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio, el defecto se
corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior
salvo que se haya saneado la nulidad. El artículo 209 del CPACA prevé que las
nulidades del proceso se tramitarán como incidente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 210’.”12 (Resaltado propio del original)
Como puede observarse, mientras se encontraba en curso la presente acción de
tutela, el actor propuso un trámite incidental de nulidad dentro del expediente 11001-
33-35-024-2016-00279-00/02, justamente por la presunta indebida notificación del
auto de 30 de noviembre de 202113.
En ese orden de ideas, se tiene que dentro del proceso ejecutivo existe un trámite
pendiente, motivo por el cual esta Sala debe abstenerse de proferir una decisión de
fondo en tanto que esto implicaría inmiscuirse en las funciones propias del juez
natural. En consecuencia, se confirmará la sentencia de 25 de marzo de 2022, pero
por los motivos expuestos en esta providencia.
En ese orden de ideas, se confirmará la decisión adoptada por el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección C que declaró improcedente la acción de amparo
por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
12 Ver consulta de procesos en el sistema SAMAI, índice 14 dentro del expediente
11001333502420160027902
13 La última actuación verificable, es que el 5 de julio de 2022 se corrió traslado a la parte demandada.
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de marzo de 2022, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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