Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00132-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00132-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00132-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2022 00132 00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA RAMÍREZ
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA VALORÓ DE FORMA ÍNTEGRA Y RAZONABLE LAS
PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE. EL HECHO DE QUE EL
ACTOR TENGA ANOTACIONES POSITIVAS EN SU HOJA DE VIDA NO
LIMITA EL EJERCICIO DEL RETIRO DEL SERVICIO POR VOLUNTAD
DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA. ESTA POTESTAD DISCRECIONAL
NO REQUIERE DE UNA ACTUACIÓN SANCIONATORIA PREVIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA1.
1
El TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 110010315000 2022 00132 00
Actor: FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA RAMÍREZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA RAMÍREZ, actuando a
través de apoderado, instauró acción de tutela con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa, los cuales considera vulnerados por el TRIBUNAL, por
haber proferido la sentencia de 21 de octubre de 2021, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con número único de radicación 730012333001 2016
00356 01.
I.2.- Hechos
Indicó que prestó sus servicios como Patrullero en la POLICÍA
NACIONAL entre el 5 de febrero de 2003 y el 22 de mayo de
2016, fecha en la cual fue retirado de la institución por voluntad del
Director General, mediante Resolución núm. 02857 de 19 de mayo
de 2016.
Manifestó que durante el tiempo que estuvo vinculado a la
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Número único de radicación: 110010315000 2022 00132 00
Actor: FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA RAMÍREZ
POLICÍA NACIONAL nunca fue objeto de sanciones disciplinarias,
suspensiones o investigaciones penales y, por el contrario, en su
hoja de vida consta su fiel cumplimiento a los deberes y buenas
calificaciones.
Precisó que mediante Oficio S - 2016 - 013206 de 22 de marzo de
2016, el Jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima dio
cuenta al Comandante del Departamento de Policía del Tolima,
sobre una serie de irregularidades relacionadas con un vehículo que
le fue entregado para la prestación del servicio.
Apuntó que las presuntas irregularidades versaban sobre
diferencias entre las planillas de legalización de combustible, el
kilometraje recorrido por el vehículo y la diferencia en marca de las
llantas entregadas para el uso del automotor, por lo que con base
en esto, el 10 de abril de 2016, la institución inició una indagación
preliminar disciplinaria en su contra, que fue archivada mediante
providencia del 27 de junio de 2017, por falta de pruebas.
Expuso que el día 22 de abril de 2016, la JUNTA DE EVALUACIÓN
Y CLASIFICACIÓN PARA SUBOFICIALES, PERSONAL DEL
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NIVEL EJECUTIVO Y AGENTES2 se reunió y recomendó su retiro
del servicio, atendiendo al informe presentado en relación con los
hechos aludidos.
Apuntó que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número único de
radicación 730012333001 2016 00356 00, con la finalidad de discutir
la legalidad de la resolución mediante la cual el Director General de la
POLICÍA NACIONAL dispuso su retiro del servicio.
Anotó que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en primera
instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ3
que, mediante sentencia de 15 de agosto de 2019, denegó las
pretensiones de la demanda.
Explicó que, inconforme con la decisión, interpuso el recurso de
apelación respectivo, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que,
mediante sentencia de 21 de octubre de 2021, confirmó la decisión
del a quo.
2
En adelante Junta De Evaluación y Clasificación.
3
En adelante el JUZGADO.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que la Junta de Evaluación y Clasificación no valoró su
hoja de vida, por cuanto este documento para la fecha en que
sesionó se encontraba en la Oficina de Recursos Humanos del
Departamento de Policía del Tolima, mientras que la junta se
celebró en la ciudad de Bogotá.
Precisó que en su hoja de vida se pueden encontrar varias
anotaciones positivas, por operativos en los que participó y un sin
número de felicitaciones que demuestran el correcto desempeño de
sus funciones.
Arguyó que la Junta de Evaluación y Clasificación cometió un “[…]
TIPICO ABUSO DESVIO DE PODER, JUNTO CON UNA EXPEDICION
IRREGULAR DEL ACTO, Y UNA CLARA VIA DE HECHO […], en razón
a que motivaron “[…] EL ACTA DE RETIRO CON UN OFICIO SOBRE
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE, VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA […]”.
Manifestó que pese a que el TRIBUNAL afirmó que la POLICÍA
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NACIONAL no solo se había limitado a exponer las razones del
servicio para fundamentar el retiro, sino que también valoró la hoja
de vida, lo cierto es que tal aseveración no era cierta, porque no
hubo una ponderación entre su trayectoria en la institución y la
acusación que le fue formulada, máxime porque esta era
insuficiente en la medida que nunca le fue probada responsabilidad
alguna en los hechos que se le reprocharon.
Adujo que, en ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada
debe proferir una nueva providencia en la que de aplicación al “[…]
precedente jurisprudencial decantado por el H. Consejo de Estado,
en torno a la apreciación integral de las pruebas […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] 1.1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia al señor
FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA RAMIREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No.14.396.598 expedida en Ibagué
(Tolima).
1.2. En consecuencia, de la anterior declaración, se deje sin
valor ni efectos jurídicos, la sentencia del 21 de octubre de
2021, proferida por el H. Tribunal Administrativo del Tolima, en
el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
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promovida por el Señor FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA
RAMIREZ contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional dentro del radicado
No.73001233300120160035601.
1.3. Así mismo, se ordene a la accionada, dentro del tiempo
que prudencialmente fije la H. Corporación, emitir decisión de
reemplazo, en la que se tenga en cuenta el precedente
jurisprudencial decantado por el H. Consejo de Estado, en
torno a la apreciación integral de las pruebas:
Sentencias C- 525 de 1995, C-179 de 2006, T- 995 de 2007, T
– 1168 de 2008, T – 1173 de 2008 y T – 111 de 2009 de la
Honorable Corte Constitucional referidas […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que, al revisar el escrito de tutela,
se advierte que el propósito del actor es utilizar dicho mecanismo
como una tercera instancia, ya que sus argumentos coinciden con
los expuestos dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho origen de la controversia.
Agregó que, en todo caso, la providencia cuestionada no incurrió en
defecto alguno, por lo que si el actor no comparte la decisión, tal
situación escapa de la órbita de la competencia del juez
constitucional.
I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés
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directo en las resultas del proceso, manifestó que en la sentencia
proferida en primera instancia dentro del proceso origen de la
controversia, están expuestas de forma clara las premisas
normativas, jurisprudenciales y fácticas aplicadas.
Agregó que en el curso del proceso fueron respetadas las garantías
procesales de las partes, además que el actor también pudo debatir
sus disensos ante el TRIBUNAL, de manera que no se advierte
vulneración alguna a los derechos deprecados.
I.5.3.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercera
con interés directo en las resultas del proceso, indicó que el actor
fue retirado del servicio por voluntad de la Dirección General, con
fundamento en el artículo 62 del Decreto Ley 1791 de 14 de
septiembre 20004, previa recomendación de la Junta de Evaluación
y Clasificaciones.
Mencionó que las pretensiones del actor no tienen sustento jurídico,
porque su objeto es que se realice un juicio de valor propio del juez
4
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.”
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administrativo, por lo que la acción de tutela es improcedente.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia
judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20125
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P.
Dra. María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-01328.
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Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en
presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó
como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta
Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado
en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero
doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-
02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
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con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
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absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
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deje sin efecto la sentencia de 21 de octubre de 2021, proferida
por el TRIBUNAL, por medio de la cual fueron denegadas las
pretensiones de la demanda promovida dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número
único de radicación 730012333001 2016 00356 01
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado, con base en la cual el juez debe hacer una
valoración integral de las pruebas.
El disenso del actor radica en que, en su sentir, el TRIBUNAL no
tuvo en cuenta que su retiro de la POLICÍA NACIONAL por
voluntad del Director no obedeció al mejoramiento del servicio, en
la medida que no fue ponderada su trayectoria en la institución,
según lo que constaba en su hoja de vida, frente a unas presuntas
irregularidades en que incurrió, máxime si por estas conductas
nunca fue declarado responsable disciplinariamente.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que aun cuando el actor
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señala que el TRIBUNAL desconoció la jurisprudencia del Consejo
de Estado, relativa a la valoración integral de las pruebas, lo cierto
es que la argumentación respectiva corresponde a un defecto
fáctico por falta de valoración de los elementos de juicio, por lo
que dichos reproches serán analizados bajo tal precepto.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el
TRIBUNAL accionado vulneró los derechos deprecados e incurrió
en el defecto fáctico alegado, al haber proferido la sentencia de 21
de octubre de 2021.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se
configura el defecto que alega; contra la decisión cuestionada no
proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
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tutela se interpuso en un plazo razonable6, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la
Sala hará mención al marco jurídico general del defecto fáctico,
para enseguida resolver el fondo del asunto.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20137, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en
6
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, pues se basa en la
aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De
hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la
apreciación del material probatorio constitutivo del defecto
fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal
punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria
del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de
que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones
[…]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
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Actor: FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA RAMÍREZ
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.
Caso concreto
A juicio del actor el TRIBUNAL omitió valorar de forma integral las
pruebas obrantes en el proceso ordinario, en la medida que no
advirtió la falta de ponderación entre las anotaciones de buen
desempeño de sus funciones que constaban en su hoja de vida y
los hechos que le fueron reprochados, estos últimos, por lo que ni
siquiera fue hallado responsable.
Ahora bien, mediante la sentencia de 21 de octubre de 2021, el
TRIBUNAL confirmó la decisión del JUZGADO, mediante la cual se
habían negado las pretensiones del actor, por las siguientes
razones:
“[…] Conforme lo expuesto, se tiene que en los eventos de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional en
ejercicio de la facultad discrecional, no resulta imperativo dar a
conocer con anterioridad al acto de retiro, todos los motivos
que llevan a tomar la decisión administrativa y que están
vertidos en el acta de la Junta de Evaluación y Calificación,
atendiendo a que dicha decisión se toma en ejercicio de una
facultad discrecional. No obstante, conforme lo expone la Corte
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Constitucional, si bien es cierto la decisión debe estar
sustentada en razones objetivas y hechos ciertos, aun cuando
no resulta necesario adelantar un proceso administrativo
previo, sí se deben dejar sentadas actas o informes que
deberán ponerse a disposición del afectado, una vez se
produzca el acto administrativo de retiro, y las cuales servirán
de base para evaluar si el retiro se fundó en la discrecionalidad
o en la arbitrariedad.
En tal contexto, resulta claro que las actas o informes de la
Junta de Evaluación que sirven de sustento al acto de retiro y
que se ponen en conocimiento del Policial al momento de
hacerse efectiva su separación del cargo tienen por objeto que
este pueda valorar si existió un uso arbitrario de la facultad
discrecional, caso en el cual podrá acudir ante el juez
administrativo, en aras de desvirtuar la presunción de legalidad
de que goza el citado acto, 'acreditando la existencia de algún
vicio en su expedición o que no fue proferido en aras de
obtener el mejoramiento del servicio.
CASO CONCRETO
• En el sub lite se encuentra probado, conforme la hoja de vida
del demandante que este ingresó a la Policía Nacional el 05 de
febrero de 2003, como alumno y posteriormente como
patrullero desde el 01 de noviembre de 2003, prestando sus
servicios hasta el 22 de mayo de 2016, por un tiempo de 13
años, 03 meses y 19 días.
-De igual manera se encuentra acreditado que el día 22 de
marzo de 2016, el Jefe Seccional de Tránsito y Transporte del
Tolima a través de oficio No. S-2016- 013206/SETRA-SOAP0-
29.57, informó al Comandante del Departamento de Policía del
Tolima una serie de irregularidades tales como diferencias
entre las planillas de legalización de combustible, el kilometraje
realmente recorrido por el vehículo, la diferencia en marca de
las llantas entregadas para el uso del automotor, al momento
de realizase inspección al vehículo tipo camión, marca
Chevrolet, de placas UIA061, asignado al demandante. Lo
anterior a efectos que se realizaran las respectivas
investigaciones.
[…]
-Por los anteriores hechos, se dio inicio a indagación preliminar
disciplinaria en contra del actor el día 10 de abril de 2016,
apresurándose investigación en auto DETOL2016-12317 de 6
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de octubre de 20162. El día 22 de abril de 2016, la Junta de
Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel
Ejecutivo y Agentes, se reunió y recomendó el retiro del
servicio del demandante, atendiendo a informe presentado por
el Director de Tránsito y Transporte de 19 de abril de 2016, e
igualmente oficio de 22 de marzo de 2016 expedido por el Jefe
Seccional de Tránsito y transporte del Tolima […]
-Mediante resolución No. 02857 de 19 de mayo de 2016 se
retiró del servicio activo por voluntad de la Dirección General
de la Policía Nacional al señor FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA
RAMIREZ en calidad de patrullero al servicio activo de la Policía
Nacional, acogiendo la recomendación efectuada por la Junta
de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del
Nivel Ejecutivo y Agentes.
• Por último, a través de providencia de 30 de junio de 2017,
se ordenó la terminación del proceso disciplinario adelantado
contra el demandante, con fundamento en que las pruebas
recaudadas no permitieron demostrar de manera fehaciente
que el demandante en calidad de investigado
disciplinariamente hubiese cometido las faltas disciplinarias
endilgadas (Cuaderno de pruebas de oficio — expediente
disciplinario).
Analizadas las anteriores situaciones fácticas, observa esta
colegiatura que la entidad accionada, haciendo uso de la
facultad discrecional que le otorga la ley para retirar a
integrantes de su personal determinó el 19 de mayo de 2016
retirar del servicio activo de la Policía Nacional al Patrullero
FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA RAMIREZ por considerar que
los hechos puestos de presente por la Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía Nacional daban cuenta de actitudes de
parte del policial que no solo afectaban la buena prestación del
servicio público, sino que igualmente hacían perder la
confianza que la institución había depositado en él.
Ahora bien, cuestiona el recurrente que la decisión se adoptó
según su apreciación con base en dichas acusaciones, sin tener
la plena certeza que los hechos denunciados hayan realmente
ocurrido, e igualmente, sin permitirle controvertir las
acusaciones efectuadas en su contra y sin verificar la
ocurrencia de los hechos violando con ello sus derechos
fundamentales.
Expuesto lo anterior, para esta colegiatura lo
manifestado por el apoderado de la parte demandante
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en su recurso de alzada no tiene vocación de
prosperidad, atendiendo a que, como se estableció con
antelación, en los actos administrativos con los cuales se
retira a un miembro de la Policía Nacional por la
voluntad del Gobierno Nacional debe existir un mínimo
de motivación, también es cierto que, conforme a la
jurisprudencia del Órgano de Cierre Constitucional, para
poder ejercer dicha potestad no se requiere adelantar
una actuación administrativa previa distinta a la de
levantar las actas respectivas que posteriormente se
pondrán en conocimiento del afectado, por lo que, no resulta
necesario decretar pruebas o que se corra traslado de las
mismas al involucrado, pues precisamente la facultad
discrecional existe atendiendo a la naturaleza especial del
servicio de Policía, a la relevancia y trascendencia de las
funciones que constitucional y legalmente se le atribuyen a la
institución, y a la necesidad de que el alto mando cuente con
herramientas efectivas que le permitan con celeridad adoptar
decisiones inmediatas para mejorar y garantizar el correcto
funcionamiento de su misión constitucional.
Debe recordarse que aun cuando existen unas mínimas
garantías reconocidas que debe otorgarse a la persona que se
retira del servicio al momento en que se hace uso de la
facultad discrecional, lo cierto es que no resulta equiparable
dicha actuación a las que se surten al interior de un proceso
penal y/o disciplinario, ni puede pretenderse que previo al
ejercicio de la señalada potestad se agoten las mismas
etapas y/o actuaciones, toda vez que como se plasmó
con antelación, lo que se busca al momento de utilizar
esta facultad no es imponer el retiro del servicio a título
de sanción, sino adoptar correctivos oportunos que
garanticen el buen funcionamiento de la institución,
encontrándonos en consecuencia frente a actuaciones y/o
procedimientos independientes que pueden tramitarse en
forma concomitante, pero que la decisión a adoptar en uno y
en otro no necesariamente han de ser idénticas ni catalogarse
como dependientes entre sí como lo quiere hacer entender el
apoderado de la parte recurrente.
[…]
En ese contexto, resulta claro para este tribunal que aunque el
hoy demandante resultó exonerado de toda responsabilidad
disciplinaria al no haberse podido corroborar la comisión de
una infracción de este tipo, dicha circunstancia por si sola no es
suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto
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administrativo que dispuso su retiro efectivo del servicio, pues
el análisis que se hace en uno y otro evento no solo son
diferentes, sino que además, los requisitos para que pueda
aplicarse uno u otro son distintos, y en todo caso las
necesidades del servicio que se valoran al momento de
disponer el retiro de un miembro de la fuerza pública, no
necesariamente tiene que ver con infracciones de orden penal
o disciplinario, pues puede tratarse de conductas que no son
sancionables en dichos ámbitos, pero que en todo caso afectan
el normal funcionamiento de la institución.
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta de recibo para esta
corporación que se afirme que el acto acusado carece del
estándar mínimo de motivación pues, como se desprende de la
relación de hechos probados realizada anteriormente, en ese
acto se acogió plenamente el criterio expuesto por la Junta de
Evaluación y Calificación de la entidad accionada, la cual al
momento de reunirse, a diferencia de lo planteado por el
recurrente, no se limitó únicamente a exponer las razones del
servicio para fundamentar el retiro, allí efectivamente se valoró
la hoja de vida del demandante, las funciones que se le
asignaron, así como las ultimas calificaciones y anotaciones en
su hoja de seguimiento, por lo que no resulta admisible que se
afirme que no se valoraron dichos aspectos cuando claramente
si fueron ponderados en relación con la grave acusación hecha
en su contra, reiterándose nuevamente que el hecho de que lo
probado no haya sido suficiente para que se declarara la
responsabilidad disciplinaria del demandante no significa que
los hechos denunciados no hayan existido y que esté
plenamente acreditada la falsedad o lo infundado de las citadas
acusaciones y que en todo caso conforme a la
Jurisprudencia reiterada del órgano de cierre de esta
jurisdicción el hecho de que un funcionario cuente con
calificaciones satisfactorias y evaluaciones positivas no
impide que pueda ser retirado del servicio en virtud al
ejercicio de la facultad discrecional, pues el
cumplimiento de sus labores en forma oportuna y
adecuada es lo mínimo que se espera de cualquier
servidor estatal […]”. (Destacado fuera de texto)
De los apartes trascritos de la providencia acusada, la Sala observa
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que el TRIBUNAL hizo una relación de los elementos de juicio
obrantes en el expediente, dentro de los cuales se encontraban los
mencionados por el actor, esto es, su hoja de vida, los informes
sobre las conductas que le fueron reprochadas en relación con el
vehículo, el acta de recomendación de su retiro, así como la
decisión mediante la cual fue cerrada la actuación disciplinaria que
había sido abierta por las irregularidades aludidas.
Ahora bien, es claro que el TRIBUNAL sí realizó un análisis integral
de las pruebas aludidas, dado que frente a la incidencia del hecho
de que al actor no se le haya responsabilizado en el curso del
proceso disciplinario por las conductas que le fueron reprochadas,
mientras que estas sí sirvieron de motivación para la
recomendación de su retiro, dicha autoridad señaló que para poder
ejercer la potestad discrecional, el Director de la POLICÍA
NACIONAL no requería adelantar una actuación administrativa
previa distinta a la de levantar las actas respectivas, porque lo que
se busca al momento de utilizar esta facultad no es imponer el
retiro del servicio a título de sanción, sino adoptar correctivos
oportunos que garanticen el buen funcionamiento de la institución.
Además, la conclusión a la que el TRIBUNAL arribó sobre dicho
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aspecto es razonable, dado que, en efecto, supeditar el ejercicio de
retiro del servicio por voluntad del Director de la POLICÍA
NACIONAL al resultado de un procedimiento sancionatorio previo,
dejaría sin fundamento dicha potestad discrecional.
Al respecto, en sentencie SU 172 de 2015, con ponencia de la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional
señaló:
“[…] Motivo de unificación: el estándar de motivación
de los actos de retiro discrecional de los miembros
activos de la Policía Nacional en ejercicio de la facultad
discrecional, es mínimo pero plenamente exigible
[…]
• El concepto emitido por las juntas asesoras o los comités de
evaluación, no debe estar precedido de un procedimiento
administrativo, lo anterior, debido a que ello desvirtuaría la
facultad discrecional que legalmente está instituida para la
Policía Nacional, en razón de función constitucional. No
obstante lo anterior, la expedición de ese concepto previo sí
debe estar soportado en unas diligencias exigibles a los entes
evaluadores, como por ejemplo el levantamiento de actas o
informes, que deberán ponerse a disposición del afectado, una
vez se produzca el acto administrativo de retiro, y las cuales
servirán de base para evaluar si el retiro se fundó en la
discrecionalidad o en la arbitrariedad […]”
Ahora bien, en relación con el hecho de que el actor hubiese tenido
muestras del buen desempeño de sus funciones con anotaciones
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positivas en la hoja de vida, el TRIBUNAL indicó que tal situación
no impedía que pudiera ser retirado del servicio en virtud del
ejercicio de la facultad discrecional, pues el cumplimiento de sus
labores en forma oportuna y adecuada es lo mínimo que se espera
de cualquier servidor estatal.
Dicha conclusión también resulta razonable desde el punto de vista
de la hermenéutica jurídica y, en particular, de la autonomía del
juez natural para efectuar el análisis probatorio de un caso puesto a
su consideración.
Además, en cuanto a las anotaciones positivas en las hojas de vida
y su incidencia en el retiro por voluntad del Director de la
POLICÍA, la SECCIÓN SEGUNDA8 de esta Corporación ha
señalado:
“[…] Tratándose de decisiones discrecionales como la acusada,
el registro en la hoja de vida del actor de unas calificaciones
superiores en el desempeño de las funciones constitucional y
legalmente asignadas no generan por sí solas fuero alguno de
estabilidad ni pueden limitar la potestad discrecional que el
ordenamiento le concede al nominador, pues ha sido criterio de
la Corporación que la idoneidad para el ejercicio de un cargo y
el buen desempeño de las funciones, no otorgan por sí solos a
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección “B”-,
sentencia de 8 de septiembre de 2019, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, 54001-23-31-000-2009-
00182-01(3555-14).
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su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo
normal es el cumplimiento del deber por parte del funcionario
[…]”.
Así las cosas, la Sala evidencia que la providencia cuestionada no
incurrió en el defecto fáctico endilgado, toda vez que el
TRIBUNAL sí efectuó un análisis integral de las pruebas a las que
alude el actor.
Además, no se advierte que la valoración que la autoridad judicial
accionada hizo de las pruebas desborde el marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica razonable y que, por ende, haya una
situación que amerite la intervención del juez constitucional para
redefinir el asunto.
Situación distinta es que el accionante no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino
que de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez
de conocimiento, el TRIBUNAL confirmó la decisión del a quo y
denegó las pretensiones de la demanda.
Las anteriores razones, imponen a la Sala denegar el amparo
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solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero
de 2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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