Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00138-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00138-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00138-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00138-00
Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar1 y otros2
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional
Defecto fáctico/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra el Tribunal
Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 28 de
junio de 2021, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 680013333003201600139-02, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1
Quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de 18 años de edad SAVP y AFVC. Esta
Sala adopta como medida de protección a la intimidad de los menores de 18 años relacionados en este
proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán
reemplazados por las siguientes iniciales SAVP y AFVC.
2
Olga Milena Carvajal Camargo, Amelia Cuellar Jara, Johanna Andrea Villamizar Cuellar y Yadira Marcela
Villamizar Cuellar.
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00138-00
Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 28 de junio de 2021, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 680013333003201600139-
02, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Adujeron que con fundamento en una denuncia anónima en la que se afirmaba
que al interior del inmueble ubicado en la calle 5 núm. 12-136, barrio Villabel del
Municipio de Floridablanca, se comercializaban bebidas alcohólicas, la Fiscalía
General de la Nación adelantó el 29 de noviembre de 2013 registro y allanamiento
a dicho inmueble, siendo capturados dentro de la diligencia los hermanos Jeffer
Alonso Villamizar Cuellar y Daniel Andrés Villamizar Cuellar entre otros, como
posibles autores de los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o
material profiláctico en concurso heterogéneo con el delito de usurpación de
derechos de propiedad industrial y de derechos obtentores de variedades
vegetales, en concurso heterogéneo con el ejercicio ilícito de actividad
monopolística de árbitro rentístico.
4. Expresaron que el 30 de noviembre de 2013 se llevaron a cabo ante el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga,
las audiencias de legalización de captura, imputación e imposición de medida de
aseguramiento, imponiéndose la detención preventiva en centro carcelario.
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Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
5. Manifestaron que el 28 de febrero de 2014, la Fiscalía Décima Seccional
adscrita a la Unidad Nacional Especializada en delitos contra la propiedad
intelectual y las telecomunicaciones de Bogotá, radicó solicitud de preclusión de la
investigación a favor de los hermanos Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y Daniel
Andrés Villamizar Cuellar.
6. Agregaron que frente a la anterior petición el Juzgado Segundo Penal Municipal
con Funciones de Garantías de Bucaramanga resolvió en audiencia del 7 de abril
de 2014 revocar la medida de aseguramiento librándose las correspondientes
boletas de libertad, y el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento en audiencia del 10 de octubre de 2014 declaró la respectiva
preclusión.
7. Los actores presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación y la
Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva Judicial, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la
privación injusta de la libertad del que fuera víctima el señor Jeffer Alonso
Villamizar Cuellar.
Sentencia proferida el 6 de agosto de 2018 por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Bucaramanga dentro del proceso de reparación
directa identificado con el número único de radicación
680013333003201600139-02
8. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bucaramanga resolvió
acceder a las pretensiones de la demanda.
9. Consideró que en el caso sub examine debía estudiarse bajo el régimen de
imputación objetivo, pues si bien los señores Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y
Daniel Andrés Villamizar Cuellar estuvieron privados injustamente de su libertad
por la decisión de la parte demandada en el proceso ordinario, posteriormente se
solicitó la preclusión por la ausencia de intervención de los imputados en los
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Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
hechos investigados, es decir, que no se encontraban en la obligación de soportar
el daño que el Estado les causó, por lo que el mismo se constituye en antijurídico.
Además, indicó que no se presentaba la culpa exclusiva de la víctima, pues la
conducta de estos no fue determinante y exclusiva en la causación del daño, para
que pueda ser tenida en cuenta como causal eximente de responsabilidad.
Sentencia proferida el 28 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Santander dentro del proceso de reparación directa identificado con el número
único de radicación 680013333003201600139-02
10. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia apelada, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En su lugar se dispone: “NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
11. Consideró que:
“[…] Conforme a lo anterior, es posible concluir que con la privación de la libertad
de los señores Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y Daniel Andrés Villamizar Cuellar
desde el 29 de noviembre de 2013 y hasta el 08 de abril de 2014 cuando fueron
liberados, se configuró el primer elemento de la responsabilidad del Estado, esto
es, el daño.
Sin embargo, en el caso concreto la Sala considera que los aquí demandantes,
lamentablemente, si estaban en el deber jurídico de soportar dicho daño y por tanto
este no puede ser imputado a las demandadas, pues, en primer lugar, fueron
capturados en el lugar de los hechos al momento de la diligencia, y en segundo
lugar, conforme lo expuso la Fiscalía en la audiencia de imposición de medida de
aseguramiento allí se encontraron y decomisaron los siguientes elementos
materiales probatorios: “17 costales cada uno con 72 botellas vacías de vidrio con
capacidad de 750 ml, 13 cajas de 12 unidades vino reina amada, 9 cajas por 12
unidades de vodka vodkoskaya, 1 caja por 12 whisky Harris 35% 750 CC, 10
garrafas vino reina amada 750 CL, 42 tapas y capuchones plásticos color azul para
licor, 17 tapas y capuchones plásticos color café para licor, 14 costales de fibra
cada uno con 72 botellas vacías de vidrio con capacidad 750 ML, 1 maquina
industrial envasadora de licor de gas, 1 maquina industrial envasadora de licor
eléctrica, 2 motobombas, 1 prensa industrial utilizada para la filtración de licores, 3
cartuchos o filtros grandes, 1 cartucho o filtro pequeño, 1 caja grande que contiene
gran cantidad de capuchas para botellas de licor, 1 bolsa plástica de color negro
llena de tapas hechas en aluminio, 1 tanque de plástico color blanco el cual
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contiene 3 galones de alcohol, 1 maquina industrial utilizada para enjuagar el
envase utilizado para los licores, 18 cajas por 12 botellas de vino llenas de vino
reina amada 70 CL 9,7%, 12 galones marca vela químicos Ltda. sabor vodka, 1
tarro marca vela químicos Ltda. Sabor bayas de enebro, 1 tarro 200 gramos de
aporto y un vehículo Chevrolet Aveo en el cual se ejercía la comercialización de los
licores allí fabricados, evidenciándose además que dicho licor era fraudulento y
alterado ya que presenta partículas suspendidas, etiquetas en mal estado,
recomendándose pruebas fisicoquímicas”, lo que en principio, era indicativo de que
estos eran responsables de las conductas punibles investigadas, tal y como lo
sostuvo el juez de control de garantías, quien consideró procedente la imposición
de la medida de aseguramiento así: “una vez analizados los elementos materiales
probatorios puestos de presente, existe una inferencia de autoría o participación de
los imputados en los hechos y se cumplen los requisitos de orden objetivo de
conformidad con el numeral 2 del art. 313, además la conducta punible es grave,
por lo que se presentan los fines constitucionales y esta medida resulta
proporcional, razonable y necesaria…” (fol. 67)
Bajo este orden de ideas, en el presente asunto no es posible afirmar que el daño –
PRIVACIÓN- es antijurídico y por tanto le es imputable a las demandadas, pues los
elementos materiales probatorios tenidos en cuenta tanto por la Fiscalía como por
el Juzgado en su momento eran indicativos de que los señores Jeffer Alonso
Villamizar Cuellar y Daniel Andrés Villamizar Cuellar eran posiblemente
responsables de los delitos que se le imputaban junto a sus padres y por tanto
estaban obligados a soportar la medida restrictiva de su libertad. No se desconoce
que este es un derecho inalienable de toda persona, pero en el presente caso hubo
pruebas y circunstancias que apuntaban a que los aquí demandantes eran
responsables de los hechos investigados.
Ahora, si bien, la Fiscalía solicita la preclusión y la misma es decretada por el juez,
por considerarse configurada la causal de ausencia de intervención del imputado
en el hecho investigado, es del caso señalar que esta es una circunstancia que
difiere de lo que en un principio generó la imposición de la medida de
aseguramiento, pues en su momento la captura en el lugar de los hechos y los
elementos materiales probatorios encontrados e incautados fueron suficientemente
razonables y, se insiste, de ellos se infería la posible comisión de la conducta
punible por parte de los aquí demandantes, por lo que acertada fue la solicitud de
la fiscalía y la decisión del Juez.
Aunado a lo anterior, es del caso señalar que aun cuando se dispuso precluir el
proceso, existe otro hecho que llama la atención de la Sala, y es que la fiscalía y
los padres de los aquí demandantes llegaron a un preacuerdo, profiriéndose
sentencia condenatoria en su contra, lo que permitiría inferir como lo dijo la
apoderada de la Rama Judicial, que los padres aceptaron la culpabilidad para que
sus hijos no soportaran una eventual condena, indicio que refuerza aún más que
los demandantes estaban en el deber de soportar el daño causado.
Así las cosas, al no encontrarse que el daño es antijurídico la Sala revocará la
sentencia apelada y en su lugar dispondrá denegar las pretensiones de la demanda
[…]”.
6
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La solicitud de tutela
Pretensiones
12. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] En atención a lo expuesto a lo largo de este escrito, atentamente me permito
solicitar al señor Juez constitucional:
1. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales de mis poderdantes al
debido proceso (art. 29 C.N.) y efectivo acceso a la administración de justicia (art.
228 y 229 C.N.).
2. ORDENARLE al Tribunal Administrativo de Santander proferir una nueva
sentencia en la que se respeten los derechos fundamentales de los accionantes y
se apliquen correctamente los presupuestos sobre culpa de la víctima en eventos
de privación injusta de la libertad […]”.
13. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y en un defecto fáctico.
Actuación
14. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de enero de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Santander y iii) vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a Daniel Andrés Villamizar Cuellar, a
Nesly Alejandra Páez Quiroga, a José Villamizar Parada, a JDVC y a SAVP, en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
15. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bucaramanga señaló
que:
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“[…] De la anterior reseña Jurisprudencial, la Suscrita estima que el amparo
solicitado no está llamado a prosperar, considerando que, analizada la sentencia
proferida por este Despacho, se tiene que esta reúne los requisitos legales, pues,
se encuentra debidamente motivada, contiene el examen crítico de las pruebas y
el razonamiento legal necesario que fundamenta la conclusión que resuelve el
problema jurídico planteado de forma expresa y clara. Además, resuelve cada una
de las pretensiones de la acción, se hace un análisis de los argumentos expuestos
por las partes y es congruente. Por lo tanto, cumple con lo establecidos en el
artículo 30 de la Constitución Política, y los Arts. 280 y 281 del Código General del
Proceso.
Conforme lo expuesto, es claro que no se presenta vulneración alguna a los
derechos fundamentales aludidos por el Accionante, tornándose en consecuencia
improcedente la presente Acción de Tutela […]”.
16. La Fiscalía General de la Nación adujo que:
“[…] Sirvan los argumentos hasta aquí expuestos, para demostrar a su Despacho
que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor JEFFER ALONSO
VILLAMIZAR CUELLAR, y que, en todo caso, la tutela impetrada es a todas luces
improcedente, razón por la cual se solicita respetuosamente se despachen
desfavorablemente las pretensiones invocadas por el accionante por cuanto no se
cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, así como tampoco se argumenta la configuración de
alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales ya que la parte actora no sustentó la configuración del presunto defecto
en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada, a pesar de que tenía la
carga de la prueba; y por último, el fallo es acorde al precedente jurisprudencial
[…]”.
17. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que
se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.
18. El Tribunal Administrativo de Santander, Daniel Andrés Villamizar Cuellar,
Nesly Alejandra Páez Quiroga, José Villamizar Parada, JDVC y SAVP guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
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el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
21. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
22. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
23. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos
casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo
señala el segundo estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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24. La Sala advierte que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
25. Al respecto, es preciso indicar que los actores presentaron solicitud de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, porque al proferir la sentencia de
28 de junio de 2021, vulneró sus derechos fundamentales, en donde se evidencia
que al interior del proceso de reparación directa identificado con el núm. de
radicación 680013333003201600139-02, la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial fungía como parte demandada.
26. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le asiste interés en la decisión de
tutela que se profiera, por lo que se declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada.
Problemas Jurídicos
27. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el
Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la sentencia de 28 de junio de
2021 dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único
de radicación 680013333003201600139-02, incurrió en defecto fáctico y en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, lo que trajo
como consecuencia que no declarara la responsabilidad del Estado por la
privación injusta de la libertad del que fuera víctima el señor Jeffer Alonso
Villamizar.
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28. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia; vii) análisis del caso concreto y finalmente las viii)
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
29. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello7, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
30. Esta Sección8 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
31. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
32. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.
33. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
34. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos
parámetros.
35. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
9
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00138-00
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principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
36. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
37. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
38. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:
38.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
los actores al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
38.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) los actores cumplieron
con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico.
38.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00138-00
Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales12, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
38.4. Ahora bien, la Sala respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, considera que no se acreditó con el cumplimiento del requisito
de la relevancia constitucional, con fundamento en las siguientes razones:
38.5. Los actores indicaron que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. En ese orden
de ideas, expresaron lo siguiente:
“[…] El Tribunal Administrativo precisó que “…-en el presente asunto no es posible
afirmar que el daño -PRIVACIÓN- es antijurídico y por tanto le es imputable a las
demandadas, pues los elementos materiales probatorios tenidos en cuenta por la
Fiscalía como por el Juzgado en su momento eran indicativos de que los señores
Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y Daniel Andrés Villamizar Cuellar eran
posiblemente responsables de los delitos que les imputaban…-”
Como se observa, el tribunal basó su decisión en el errado argumento de que la
legalidad o razonabilidad de la medida de aseguramiento, obliga a los afectados a
soportar sus efectos dañinos.
Sin embargo, olvida el Tribunal que en el caso concreto tuvo ocurrencia uno de los
supuestos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, es decir, se precluyó la
investigación porque los imputados no cometieron el hecho punible. Esto último
trae como consecuencia la aplicación de un título de imputación de naturaleza
objetivo en virtud del cual no se requiere establecer, para efecto del
reconocimiento del perjuicio ocasionado, que se hubiere presentado una falla en la
prestación del servicio de administrar justicia. En estos eventos el Estado debe ser
declarado responsable con fundamento en un título objetivo de imputación.
Así lo ha sostenido el Consejo de Estado al afirmar que en estos casos es
evidente la existencia de un daño antijurídico que los demandantes no están en la
obligación de soportar y que en consecuencia el Estado debe ser condenado sin
12
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
15
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00138-00
Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
importar si la medida de aseguramiento cumplió o no con los requisitos legales.
También ha sostenido que estos supuestos de responsabilidad objetiva tienen
lugar aún después de la entrada en vigencia de la ley 270 de 1996, tal y como lo
muestra en un fallo del 26 de Marzo de 200813, al decir que:
“En jurisprudencia reciente, se ha determinado que las hipótesis de
responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el
derogado artículo 414 del decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver,
de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la
libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que
hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en
vigencia de la ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea
absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no
constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta”.
Postura reiterada en sentencia del 12 de Mayo de 201114, en la que el máximo
tribunal de lo contencioso administrativo sostuvo:
“En el estado actual de la jurisprudencia no se discute el carácter objetivo de la
responsabilidad estatal cuando la sentencia deviene absolutoria en los casos
previstos en el art. 414 del Decreto 2700 de 1991, esto es, cuando, el afectado con
la medida no tiene que soportar la privación de la libertad, porque (i) el hecho
delictivo no existió, (ii) el encartado no lo cometió y/o (iii) la conducta no es típica.
En este mismo sentido, en la Sección no ha habido resistencia para concebir
objetiva la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, inclusive, en
vigencia de la Ley 270 de 1996, no como aplicación ultractiva del referido Decreto
2700, sino de los supuestos previstos en él , a la luz del art. 90 constitucional.”
Línea jurisprudencial que finalmente se consolida en fallo del 22 de Junio de
201115, en el que el Consejo de Estado aprovecha para recordar las razones que
fundamentan la existencia de un régimen de responsabilidad objetiva en los
supuestos del art. 414 del derogado decreto 2700 de 1991, incluso después de la
entrada en vigencia de la ley 270 de 1996. En dicha oportunidad sostuvo:
“Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del C.P.P.
de 1991 (decreto ley 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han
continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En
consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue
injusta en estos tres supuestos, es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley
270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la Corporación.
…
• Es decir, cuando se absuelve al sindicado o al procesado porque el hecho no
existió, el investigado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el
régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será
determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada
si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.
13
Consejo de Estado, Sentencia del 26 de Marzo de 2008, Seccion Tercera, 52001-23-31-000-1997-00036-
01(16902), C.P. Enrique Gil Botero
14
Consejo De Estado, Sentencia del 12 de mayo de 2011, Seccion Tercera, Subseccion B, Expediente 17001-
23-31-000-1998- 00937-01 (20569), C.P. Stella Conto Diaz Del Castillo
15
Consejo De Estado, Sentencia del 22 de Junio de 2011, Seccion Tercera, Subseccion C, Expediente 05001-
23-25-000-1996- 02630-01(20713), C.P. Enrique Gil Botero.
16
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Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del
decreto ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos
resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la
administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y
contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de
circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no
constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un
esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la
medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la
acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso.
En este orden de ideas, se insiste, es evidente la existencia de un daño antijurídico
que el demandante no tenía la obligación jurídica de soportar, pues no existía
razón alguna para la limitación de los derechos que le fueron afectados.
Si bien es cierto que en un Estado Social de Derecho los ciudadanos deben
contribuir a la materialización de los objetivos trazados para la búsqueda de los
fines comunes, y para ello es necesario, en algunos casos, que se tengan que
someter a ciertas restricciones de derechos y garantías -entre ellas la libertad- , es
claro que existen eventos concretos y determinadas circunstancias, que configuran
la obligación objetiva de reparar los daños derivados de una privación considerada
injusta.
La preclusión de la investigación en favor de los señores Vélez Ospina, es
suficiente y torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica de la
privación de la libertad, consagrada en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, como
quiera que frente a la materialización de esas hipótesis normativas, se debe
calificar sin ambages la privación de la libertad como injusta.”
Lo anterior fue reiterado en fallos posteriores, en los que se destaca el del 12 de
Noviembre de 201416, cuando el Consejo de Estado recordó que:
“…-según la jurisprudencia de la Corporación, si bien es cierto que el artículo 414
del Decreto 2700 de 1991 perdió vigencia con la aprobación de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia, ello no significa que las hipótesis allí previstas no
puedan ser tenidas en cuenta por esta jurisdicción para resolver de manera
objetiva la responsabilidad del Estado derivada de privaciones injustas de la
libertad, cuando se haya dictado sentencia absolutoria definitiva, o su equivalente,
porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía
hecho punible. En otras palabras, incluso cuando el caso concreto deba ser
resuelto a la luz de lo previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, habrá lugar
a analizar la responsabilidad del Estado desde una perspectiva objetiva, cuando
se presente alguno de los tres supuestos antes mencionados, o cuando haya
operado el principio del in dubio pro reo.
De lo hasta aquí expuesto se concluye que, según la posición actual de la
jurisprudencia, hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en
aquellos eventos en que una persona es privada de la libertad y posteriormente es
liberada porque tuvo ocurrencia uno de los supuestos referidos en el artículo 414
16
Consejo de Estado, Sentencia del 12 de Noviembre de 2014, Sección Tercera, Subsección C, Exp. 73001-
23-31-000-2002- 01099-01 (30.079), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
17
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del derogado Decreto 2700 de 1991, es decir, porque el hecho no existió, el
sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible.
Regresando al caso concreto encontramos que efectivamente tuvo lugar uno de
esos supuestos –el del sindicado no haber cometido el hecho-, pues tanto la
solicitud de preclusión presentada por la fiscalía, como la decisión adoptada por el
Juez de conocimiento el día 10 de Octubre de 2014, tuvieron como fundamento el
artículo 332 numeral 5 C.P.P. - “ausencia de intervención de los imputados en el
hecho investigado […]”.
39. Ahora bien, para la Sala los actores no cumplieron con la carga
argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no indicaron
específicamente cuales fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se
fijaron en las providencias que mencionaron en su escrito de tutela, y mucho
menos argumentaron que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas
jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.
40. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia
constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de
Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, el actor tiene la
carga argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los
elementos que permiten configurar la existencia de un precedente judicial17,
esto es, i) que en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su
escrito de tutela se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto
en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los
resueltos anteriormente18.
41. Esta Sección con ponencia del Consejero de Estado, doctor Roberto Augusto
Serrato Valdés al resolver un caso en donde los actores habían considerado que
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
17
Respecto a la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-
15-000-2021-00999-00.
18
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de
2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
18
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Cundinamarca, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial contenido en la sentencia SU-072 de 2018, consideró que no
se había acreditado el requisito de la relevancia constitucional por falta de carga
argumentativa, al considerar lo siguiente19:
“[…] FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
1. Losaccionantes, a través de apoderada judicial, impugnaron la decisión de
primera instancia acusándola de desconocer los artículos 1º, 2º, 6º, 13, 28, 29, 32,
42, 83, 93, 94, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; la Convención
Americana de Derechos Humanos, y distintas sentencias proferidas por el Consejo
de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
2. En desarrollo del escrito de impugnación los accionantes expresaron su
inconformidad con el ejercicio de la función investigativa que desarrolló la Fiscalía
General de la Nación y la jurisdicción ordinaria, especialidad penal, cuando
privaron de la libertad al señor Morales Álape. Específicamente reprocharon que
no se hubiesen percatado de que el procesado residía en el municipio de La
Dorada (Caldas).
3. Aunado a lo anterior, expusieron la importancia y el alcance del derecho a la
libertad de que se garantiza en la Constitución Política y en distintos instrumentos
jurídicos internacionales.
4. Seguidamente abordaron los elementos de la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad. En desarrollo de este argumento señalaron que
«ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se dé con
apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén
obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación
son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado».
5. Igualmente, expresaron su inconformidad con el sistema penal colombiano.
Especialmente centraron su crítica en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y los
presupuestos que esta norma prevé para que la justicia penal ordene la detención
preventiva de un ciudadano que es objeto de una investigación.
6. Por último, elaboraron un resumen de las intervenciones de las entidades
accionadas y vinculadas en la presente acción de tutela y concluyeron que se
desconoció el precedente contenido en la sentencia SU – 072 de 2018 sin
indicar las razones por las cuales inferían tal conclusión […]”. (Resaltado por
la Sala).
[…]
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de
2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04147-01.
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00138-00
Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala encuentra que la
apoderada judicial de los accionantes, al impugnar la decisión del a quo, no
realizó una exposición concreta, específica, clara y coherente acerca del
motivo por el cual consideraba que la sentencia de primera instancia fue
desacertada al declarar la falta de relevancia constitucional y negar la
solicitud de amparo respecto del defecto fáctico.
7. Por el contrario, lo que se percibe del escrito de impugnación es un
conjunto de insatisfacciones de la apoderada judicial de la parte accionante
con el ordenamiento jurídico nacional. Específicamente con el ordenamiento
penal y con las reglas de procedencia de la medida preventiva de privación
de la libertad.
8. Así las cosas, para la Sala de Decisión no es posible abordar el estudio de
fondo del escrito de impugnación por las serias deficiencias argumentativas
que contiene el mismo, lo que impide que esta Sección pueda evaluar si, en
efecto, se incurrió en alguno de las causales específicas de procedencia de
la acción de tutela resaltándose que el extremo accionante estuvo en todo
momento representado por una profesional del derecho. Por tal motivo, se
deberá confirmar la sentencia impugnada […]”. (Resaltado por la Sala).
42. De igual manera, esta Sección con ponencia del Consejero de Estado, doctor
Oswaldo Giraldo López, frente al tema consideró lo siguiente20:
“[…] La Sala estima que, en este caso, no está acreditada la relevancia
constitucional respecto del derecho fundamental a la igualdad, puesto que la
accionante, si bien cumplió con la carga de identificar la sentencia que a su
juicio constituye un precedente, esto es, la sentencia proferida por la Corte
Constitucional C-258 del 7 mayo de 201321, no explicó la regla jurisprudencial
que considera era aplicable a su caso y que la autoridad judicial accionada
desatendió, argumentación que habilitaría al juez de tutela para analizar si en
las providencias cuestionadas se configuró algún yerro.
Por el contrario, se observa que, en el escrito de tutela, la parte actora se
limitó a señalar que “los fallos de instancia desconocen el precedente
constitucional vertido por la honorable Corte Constitucional en tanto en la
sentencia de constitucionalidad 258 de 2013 estableció que los funcionarios
públicos que ya se encontraban vinculados a 01 de abril del año 1994, no se
les aplica la Ley 100 de 1993 en materia pensional, situación fáctica y jurídica
en la que se encuentra mi prohijada como funcionaria civil del Ministerio de
Defensa regida por el Decreto 1214 de 1990 (personal de planta central del
Ministerio de Defensa Nacional), o del Decreto 2701 de 1988 (personal de las
entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa
Nacional)”.
Lo dicho, habida cuenta que no basta con citar la jurisprudencia del Consejo
de Estado o de la Corte Constitucional para tener por superado el requisito
de relevancia constitucional respecto del derecho fundamental a la igualdad,
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de abril de
2021, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-00843-00.
21
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00138-00
Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
puesto que, para evidenciar una eventual transgresión del mismo, se
requiere que el accionante explique con claridad por qué refiere a las
precitadas providencias en el escrito de tutela; es decir, si lo que persigue es
endilgar un posible desconocimiento del precedente o si, por el contrario, se
enlistaron con otro propósito, más cuando la parte actora omitió exponer
cuál fue la regla jurisprudencial que estima debió tenerse en cuenta para
resolverlo […]”. (Resaltado por la Sala).
43. Por último, la Sala analizará el cumplimiento de los demás requisitos generales
de procedibilidad:
43.1. Cumplió con el principio de inmediatez22.
43.2. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.
43.3. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
43.4. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan;
y
43.5. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-
44. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad por defecto fáctico:
23
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia24 ha determinado
que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta
22
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 28
de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
23
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera
arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio
de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
21
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00138-00
Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b)
valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida
forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas
pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se
entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran
dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”25 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”26[…]“. 27
45. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.
46. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”28
24
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre
el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
25
Corte Constitucional.
26
Ibídem.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
28
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
47. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
48. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
29
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
29
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
23
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00138-00
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
49.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado […]”.
50.Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso en concreto
51. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
52. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por
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Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
los actores en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
53. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:
53.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, el 28 de junio de 2021.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto fáctico
54. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico. En ese orden de ideas, expresaron lo
siguiente:
“[…] Contrario a la minuciosa labor probatoria del a quo, la segunda instancia
omitió totalmente la valoración de medios suasorios que demostraban la ausencia
de culpa en la conducta de los detenidos. En efecto, véase cómo el tribunal no
valoró ni tuvo en cuenta los siguientes medios de prueba:
• Audio con las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de
imputación e imposición de medida de aseguramiento, llevadas a cabo del 30 de
noviembre de 2013. De dicho registro se extrae que (según afirmación de la
Fiscalía) la investigación penal contra los hermanos Villamizar Cuellar, surgió a
partir de una denuncia anónima en la que se les señalaba de fabricar licor
adulterado. También demuestra que JEFFER y DANIEL fueron capturados luego
de una extensa indagación preliminar en la que nunca se intentó identificar ni
individualizar a los presuntos responsables, y en donde la Fiscalía confió
ciegamente en los señalamientos de una denuncia anónima. No de otra forma se
explica que la Policía Judicial haya capturado en “flagrancia” UNICAMENTE a las
4 personas mencionadas en la denuncia, a pesar de que encontraron a más de 10
individuos en el inmueble allanado.
• Certificaciones laborales obrantes a folios 37 y 38, así como el historial de
pensiones en los folios 45 a 51. Tambien (sic) los testimonios de EDWIN
CASTELLANOS y DÍDIMO VILLAMIZAR, el primero como compañero en la
empresa Metrocinco Plus, y el segundo como amigo de infancia. Los anteriores
medios de prueba demostraron que JEFFER y DANIEL nunca colaboraron en el
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Actores: Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y otros
negocio de su padre, pues cada uno tenía un trabajo que les demandaba una
dedicación de tiempo completo. En ese sentido se demostró que ambos hermanos
llevaban más de tres años trabajando en la empresa METROCINCO PLUS S.A.
(con un salario mensual de $968.000 c/u.), y que mientras se renovaba su último
contrato tuvieron que trabajar en el Centro Nacional de Consultorías y en
mototaxismo. Incluso se demostró que tras su salida de prisión, ambos se
reincorporaron a Metrocinco Plus.
• Audio de la audiencia de preclusión del 10 de Octubre de 2014, e interrogatorio
de parte absuelto por los hermanos Villamizar Cuellar ante el Juzgado 3
Administrativo del Circuito de Bucaramanga. De tales probanzas se extrae que
JEFFER Y DANIEL nunca sospecharon de la ilicitud del negocio de licores de su
padre, pues desde muy temprana edad lo vieron dedicarse a dicho oficio, en
momentos en que el negocio cumplía con todos los permisos de la autoridad
competente. De esta manera no podían prever que para el año 2013, ALGUNOS
de los muchos productos elaborados en la fábrica no cumplían con los requisitos
legales, máxime, se reitera, cuando ellos NUNCA colaboraron ni trabajaron en el
negocio de su progenitor.
• Testimonio de DIDIMO ARMANDO VILLAMIZAR MELO, en concordancia con las
afirmaciones esbozadas por la Fiscalía en la Audiencia de preclusión del 10 de
Octubre de 2014. Mediante ellos se demostró que la presencia de JEFFER y
DANIEL en el lugar de los hechos obedeció a una coincidencia netamente
circunstancial, pues ese era el sitio donde generalmente desayunaban y
almorzaban, aprovechando que había una empleada dedicada a dichos
menesteres. También se demostró que JEFFER y DANIEL vivían en un sitio
totalmente alejado del negocio, en el que residían con sus esposas y sus hijos
[…]”.
55. Por su parte, la autoridad judicial accionada en sus consideraciones jurídicas,
indicó que:
“[…] Se encuentra acreditado en el plenario que:
1. En diligencia de registro y allanamiento realizado en el inmueble ubicado en la
calle 5 No. 12-136 del Barrio Villabel de Floridablanca el 29 de noviembre de 2013,
se capturo (sic) a los señores Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y Daniel Andrés
Villamizar Cuellar entre otros por la presunta comisión de los delitos de corrupción
de alimentos, productos médicos o material profiláctico en concurso heterogéneo
con el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos
obtentores de variedades vegetales, en concurso heterogéneo con el ejercicio ilícito
de actividad monopolística de arbitrio rentístico, así como en concurso heterogéneo
con el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. (Fol.66-67)
2. A solicitud de la Fiscalía el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, el 30 de noviembre de
2013 en el curso de la audiencia preliminar, llevó a cabo legalización de
allanamiento, legalización de captura, formulación de imputación,
legalización de incautación de bienes con fines de comiso e imposición de
medida de aseguramiento a los aquí demandantes. (fol. 66-67)
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3. La Fiscalía 10 Nacional de delitos contra la propiedad intelectual y las
telecomunicaciones, presentó solicitud de preclusión el 26 de febrero de 2014 a
favor de los señores Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y Daniel Andrés Villamizar
Cuellar. (Fol. 89)
4. En audiencia del 07 de abril de 2014 el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías a solicitud de la Fiscalía, dispuso revocar la
medida de aseguramiento que recaía sobre los señores Jeffer Alonso Villamizar
Cuellar y Daniel Andrés Villamizar Cuellar, haciéndose efectiva el día 08 de abril de
2014. (Fol. 89 y 98)
5. En audiencia de fecha 10 de octubre de 2014 el Juzgado Primero Penal del
Circuito con funciones de Conocimiento en Descongestión dispuso precluir la
indagación que se adelantaba en contra de los señores Jeffer Alonso Villamizar
Cuellar y Daniel Andrés Villamizar Cuellar por los delitos imputados, como quiera
que se configuraba la causal 5 del artículo 332 del CPP que cual establece “la
ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado” (Fol. 95)
Conforme a lo anterior, es posible concluir que con la privación de la libertad
de los señores Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y Daniel Andrés Villamizar
Cuellar desde el 29 de noviembre de 2013 y hasta el 08 de abril de 2014
cuando fueron liberados, se configuró el primer elemento de la
responsabilidad del Estado, esto es, el daño.
Sin embargo, en el caso concreto la Sala considera que los aquí
demandantes, lamentablemente, si estaban en el deber jurídico de soportar
dicho daño y por tanto este no puede ser imputado a las demandadas, pues,
en primer lugar, fueron capturados en el lugar de los hechos al momento de
la diligencia, y en segundo lugar, conforme lo expuso la Fiscalía en la
audiencia de imposición de medida de aseguramiento allí se encontraron y
decomisaron los siguientes elementos materiales probatorios: “17 costales
cada uno con 72 botellas vacías de vidrio con capacidad de 750 ml, 13 cajas
de 12 unidades vino reina amada, 9 cajas por 12 unidades de vodka
vodkoskaya, 1 caja por 12 whisky Harris 35% 750 CC, 10 garrafas vino reina
amada 750 CL, 42 tapas y capuchones plásticos color azul para licor, 17 tapas
y capuchones plásticos color café para licor, 14 costales de fibra cada uno
con 72 botellas vacías de vidrio con capacidad 750 ML, 1 maquina industrial
envasadora de licor de gas, 1 maquina industrial envasadora de licor
eléctrica, 2 motobombas, 1 prensa industrial utilizada para la filtración de
licores, 3 cartuchos o filtros grandes, 1 cartucho o filtro pequeño, 1 caja
grande que contiene gran cantidad de capuchas para botellas de licor, 1
bolsa plástica de color negro llena de tapas hechas en aluminio, 1 tanque de
plástico color blanco el cual contiene 3 galones de alcohol, 1 maquina
industrial utilizada para enjuagar el envase utilizado para los licores, 18 cajas
por 12 botellas de vino llenas de vino reina amada 70 CL 9,7%, 12 galones
marca vela químicos Ltda. sabor vodka, 1 tarro marca vela químicos Ltda.
Sabor bayas de enebro, 1 tarro 200 gramos de aporto y un vehículo Chevrolet
Aveo en el cual se ejercía la comercialización de los licores allí fabricados,
evidenciándose además que dicho licor era fraudulento y alterado ya que
presenta partículas suspendidas, etiquetas en mal estado, recomendándose
pruebas fisicoquímicas”, lo que en principio, era indicativo de que estos eran
responsables de las conductas punibles investigadas, tal y como lo sostuvo
el juez de control de garantías, quien consideró procedente la imposición de
la medida de aseguramiento así: “una vez analizados los elementos
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materiales probatorios puestos de presente, existe una inferencia de autoría o
participación de los imputados en los hechos y se cumplen los requisitos de
orden objetivo de conformidad con el numeral 2 del art. 313, además la
conducta punible es grave, por lo que se presentan los fines constitucionales
y esta medida resulta proporcional, razonable y necesaria…” (fol. 67)
Bajo este orden de ideas, en el presente asunto no es posible afirmar que el
daño –PRIVACIÓN- es antijurídico y por tanto le es imputable a las
demandadas, pues los elementos materiales probatorios tenidos en cuenta
tanto por la Fiscalía como por el Juzgado en su momento eran indicativos de
que los señores Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y Daniel Andrés Villamizar
Cuellar eran posiblemente responsables de los delitos que se le imputaban
junto a sus padres y por tanto estaban obligados a soportar la medida
restrictiva de su libertad. No se desconoce que este es un derecho inalienable
de toda persona, pero en el presente caso hubo pruebas y circunstancias que
apuntaban a que los aquí demandantes eran responsables de los hechos
investigados.
Ahora, si bien, la Fiscalía solicita la preclusión y la misma es decretada por el
juez, por considerarse configurada la causal de ausencia de intervención del
imputado en el hecho investigado, es del caso señalar que esta es una
circunstancia que difiere de lo que en un principio generó la imposición de la
medida de aseguramiento, pues en su momento la captura en el lugar de los
hechos y los elementos materiales probatorios encontrados e incautados
fueron suficientemente razonables y, se insiste, de ellos se infería la posible
comisión de la conducta punible por parte de los aquí demandantes, por lo
que acertada fue la solicitud de la fiscalía y la decisión del Juez.
Aunado a lo anterior, es del caso señalar que aun cuando se dispuso precluir el
proceso, existe otro hecho que llama la atención de la Sala, y es que la fiscalía y
los padres de los aquí demandantes llegaron a un preacuerdo, profiriéndose
sentencia condenatoria en su contra, lo que permitiría inferir como lo dijo la
apoderada de la Rama Judicial, que los padres aceptaron la culpabilidad para que
sus hijos no soportaran una eventual condena, indicio que refuerza aún más que
los demandantes estaban en el deber de soportar el daño causado.
Así las cosas, al no encontrarse que el daño es antijurídico la Sala revocará la
sentencia apelada y en su lugar dispondrá denegar las pretensiones de la demanda
[…]”. (Resaltado por la Sala).
56. La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que el Tribunal
Administrativo de Santander no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para
adoptar la decisión judicial, valoró de manera razonable e integral las diferentes
pruebas obrantes en el expediente, entre ellas, las i) audiencias preliminares de
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento, llevadas a cabo del 30 de noviembre de 2013 y la ii) audiencia de
preclusión del 10 de octubre de 2014, lo que le permitió evidenciar la existencia
de un daño causado al señor Jeffer Alonso Villamizar como lo fue la privación de
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su libertad, sin embargo, dichas pruebas obrantes en el expediente no eran
suficientes para imputarle responsabilidad al Estado, en donde al valorarse las
demás pruebas, le permitió concluir al Tribunal Administrativo de Santander que la
imposición de la medida de aseguramiento en contra del señor Jeffer Alonso
Villamizar fue razonable y proporcional, en donde se evidenciaba material
probatorio suficiente para inferir su posible responsabilidad como autor en la
comisión de los respectivos delitos imputados en su contra.
57. Ahora bien, la Sala al hacer el análisis y estudio de la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, evidencia que
efectivamente no hizo mención alguna a las i) certificaciones laborales, al ii)
historial de pensiones, al iii) interrogatorio de parte rendido por los hermanos
Villamizar Cuellar, y a los iv) testimonios de los señores Didimo Armando Villamizar
Melo y Edwin Castellanos para efectos de motivar su decisión. Sin embargo, para
la Sala esta actuación por parte del Ad- quem no constituyó defecto fáctico, toda
vez que en su providencia y teniendo en cuenta los demás medios probatorios
obrantes en el expediente, le permitió concluir que si bien se le causó un daño al
señor Jeffer Alonso Villamizar, no existían razones jurídicas para declarar la
responsabilidad del Estado por la privación de su libertad, toda vez que como ya se
indicó, el Tribunal al valorar de manera razonable las pruebas, consideró que la
imposición de la medida de aseguramiento en contra del señor Jeffer Alonso
Villamizar fue razonable y proporcional. En ese orden de ideas, el Tribunal
Administrativo de Santander concluyó lo siguiente:
“[…] Conforme a lo anterior, es posible concluir que con la privación de la
libertad de los señores Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y Daniel Andrés
Villamizar Cuellar desde el 29 de noviembre de 2013 y hasta el 08 de abril de
2014 cuando fueron liberados, se configuró el primer elemento de la
responsabilidad del Estado, esto es, el daño.
Sin embargo, en el caso concreto la Sala considera que los aquí
demandantes, lamentablemente, si estaban en el deber jurídico de soportar
dicho daño y por tanto este no puede ser imputado a las demandadas, pues,
en primer lugar, fueron capturados en el lugar de los hechos al momento de
la diligencia, y en segundo lugar, conforme lo expuso la Fiscalía en la
audiencia de imposición de medida de aseguramiento allí se encontraron y
decomisaron los siguientes elementos materiales probatorios: […]”.
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[…]
“[…] Bajo este orden de ideas, en el presente asunto no es posible afirmar
que el daño –PRIVACIÓN- es antijurídico y por tanto le es imputable a las
demandadas, pues los elementos materiales probatorios tenidos en cuenta
tanto por la Fiscalía como por el Juzgado en su momento eran indicativos de
que los señores Jeffer Alonso Villamizar Cuellar y Daniel Andrés Villamizar
Cuellar eran posiblemente responsables de los delitos que se le imputaban
junto a sus padres y por tanto estaban obligados a soportar la medida
restrictiva de su libertad. No se desconoce que este es un derecho inalienable
de toda persona, pero en el presente caso hubo pruebas y circunstancias que
apuntaban a que los aquí demandantes eran responsables de los hechos
investigados.
Ahora, si bien, la Fiscalía solicita la preclusión y la misma es decretada por el
juez, por considerarse configurada la causal de ausencia de intervención del
imputado en el hecho investigado, es del caso señalar que esta es una
circunstancia que difiere de lo que en un principio generó la imposición de la
medida de aseguramiento, pues en su momento la captura en el lugar de los
hechos y los elementos materiales probatorios encontrados e incautados
fueron suficientemente razonables y, se insiste, de ellos se infería la posible
comisión de la conducta punible por parte de los aquí demandantes, por lo
que acertada fue la solicitud de la fiscalía y la decisión del Juez […]”.
(Resaltado por la Sala).
58. En ese orden de ideas, para la Sala, las i) certificaciones laborales, el ii)
historial de pensiones, el iii) interrogatorio de parte rendido por los hermanos
Villamizar Cuellar, y los iv) testimonios de los señores Didimo Armando Villamizar
Melo y Edwin Castellanos que no fueron tenidos en cuenta por la autoridad
judicial accionada, en nada incidían para cambiar el sentido de la decisión judicial,
es decir, que dentro de la autonomía y la discrecionalidad de la que goza el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del marco de la valoración de las
pruebas, no eran relevantes para ser tenidas en cuenta al momento de justificar la
tesis que adoptó. Debe hacerse énfasis, que si se hubieran valorado dichas
pruebas por parte de la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de 28
de junio de 2021, en nada hubiera cambiado el sentido de la sentencia, además,
debe destacarse, que la autoridad judicial accionada no desconoció el acervo
probatorio obrante en el expediente, toda vez que dentro del margen de
valoración probatoria y de los principios de la sana crítica y autonomía judicial de
que gozan los jueces, efectuó un estudio juicioso, integral y razonable de las
demás pruebas obrantes en el expediente.
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59. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por
irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador
judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha
irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión
judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia
hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no
aconteció en el presente caso.
60. En esa medida, los planteamientos realizados por los actores en el presente
asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que
adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el
descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus
intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el
contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia
de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e
independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las
partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica
sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir
de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.
Conclusiones de la Sala
61. En suma, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
fáctico ni en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a
derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o
arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos
fundamentales del actor.
62. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala i) declarará improcedente la acción de tutela
respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, y ii)
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negará las pretensiones del amparo frente al defecto fáctico, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto al defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por el no cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto fáctico, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto
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