Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00146-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00146-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00146-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
3 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00146-00
Demandante: Sandra Magaly Muñoz Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00146-00
Demandante: SANDRA MAGALY MUÑOZ RODRIGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL -
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
CONTRATO REALIDAD. DECISIÓN RAZONABLE.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderada, por la señora
Sandra Magaly Muñoz Rodríguez contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Sandra Magaly Muñoz Rodríguez ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño por considerar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
“1. Que este despacho ordene REVOCAR la decisión mediante sentencia 2016-
00609 (9981) resuelta el 29 de septiembre de 2021 y debidamente notificada
mediante correo electrónico el día 05 de octubre del 2021, resuelta por la M.P.
BEATRIZ ISABEL MELODELGADO(sic) PABÓN del TRIBUNAL DE NARIÑO, en el
sentido de Garantizar a mi representada los siguientes derechos al Debido Proceso,
al derecho a la igualdad, al mínimo vital y móvil, al principio constitucional de
legalidad, así como también al derecho para acceder a la administración de justicia
y a presentar peticiones”
2. Hechos:
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
La señora Sandra Magaly Muñoz Rodríguez laboró para la E.S.E. Hospital José María
Hernández con sede en Mocoa, entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de diciembre de
2013, en el cargo de auxiliar de enfermería.
Afirmó que, una vez terminada la relación legal y reglamentaria, esperó el pago de los
honorarios, sin embargo, manifestó que la entidad no le pagó, razón por la que, de
manera escrita, solicitó el pago inmediato.
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Demandante: Sandra Magaly Muñoz Rodríguez
Dicha petición fue negada mediante oficio núm. OEG-1499 del 5 de diciembre de 2016,
en el cual se indicó que no se podía efectuar el pago requerido dado que no se habían
cumplido los requisitos para ello.
Ante la negativa, la señora Muñoz Rodríguez interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con la finalidad de que se declarara nulo el acto
administrativo referido y, en consecuencia, le fueran pagados los honorarios y se
reconociera la figura de contrato realidad, toda vez que, a su juicio, desarrolló
actividades propias de empleados permanentes, tenía una prestación personal del
servicio, cumplía horario y estaba subordinada.
Del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa
que, por sentencia del 6 de febrero de 2020, declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, la existencia de una relación laboral entre la demandante y la E.S.E., y, en
consecuencia, ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que
hubiera lugar por el periodo en el que prestó los servicios.
La parte demandada en ese asunto apeló la referida sentencia y el Tribunal
Administrativo de Nariño, en providencia del 29 de septiembre de 2021, la revocó, al
considerar que no se agotó en debida forma la vía administrativa dado que el acto
demandado únicamente hizo referencia al pago de los salarios adeudados, lo cual ante
la jurisdicción debió ser estudiado en un proceso ejecutivo o de controversias
contractuales; señaló que, si lo pretendido era el reconocimiento de una relación laboral
debió haberlo requerido así ante la administración, porque en el acto demandado ni
siquiera se hizo mención a esto, razón por la que finalmente se declaró inhibida para
emitir pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.
3. Argumentos de la tutela
A juicio de la demandante, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto orgánico
pues, a su juicio, al proferir un fallo inhibitorio faltó a la competencia que le fue asignada
dado que al no resolver el medio de control iniciado actuó de manera subjetiva y
omitiendo lo contemplado en la Ley.
Señaló que se incurrió en defecto procedimental porque a su juicio el tribunal
demandado actuó al margen del procedimiento establecido en el proceso dado que al
momento de resolver señaló que no era coherente lo solicitado en vía administrativa con
lo pretendido en la demanda y dicho punto no había sido expuesto en el recurso de
apelación.
Adujo que la providencia objeto de tutela incurrió en defecto fáctico porque se dio mayor
relevancia a lo expuesto por el hospital como entidad demandada y no a los contratos,
cuentas de cobro, cuadros de turnos, órdenes de facturación, hospitalización y
laboratorio aportados al proceso en los que se evidenciaba la relación laboral, así como
los testimonios de las otras personas que también laboraron en la misma entidad y han
acudido a la jurisdicción por los mismos hechos.
Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo pues el tribunal no tuvo en cuenta las
normas existentes y constitucionales aplicables al caso presentando una contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
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Finalmente, señaló que se incurrió en violación directa de la constitución, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente judicial al señalar que la decisión no
guardó congruencia con lo pretendido para el efecto citó como desconocida la sentencia
T-583 de 2012.
4. Trámite previo
Mediante auto del 17 de enero de 2022, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes, al Juzgado Primero Administrativo de Mocoa y a la E.S.E. Hospital
José María Hernández, como terceros interesados en el resultado del proceso a quienes
se le remitió copia de la demanda.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Nariño guardó silencio.
6. Intervenciones
La E.S.E. Hospital José María Hernández solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva al considerar que los repartos de la actora van
dirigidos contra una providencia judicial y no contra la entidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este
decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de
31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia
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judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual aplicó la
metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
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para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el
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empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.
Problema jurídico
De acuerdo con los planteamientos del escrito de tutela, la Sala precisa que los defectos
alegados por la parte actora van dirigidos a cuestionar, concretamente, la decisión del
tribunal de declararse inhibido para conocer el asunto de fondo.
Por tal razón, por cuestión metodológica, la Sala analizará de manera conjunta los
defectos alegados por la actora y así determinar si fueron vulnerados los derechos
fundamentales invocados o, si por el contrario, se trató de una decisión razonable.
Caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Sandra Magaly Muñoz Rodríguez
pretende que se deje sin efecto la providencia del 29 de septiembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño.
A juicio de la parte actora, el tribunal vulneró los derechos fundamentales invocados con
la providencia del 29 de septiembre de 2021, proferida en el trámite de segunda
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2016 –
00609, al revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, declararse inhibido
para conocer del asunto pues, afirma, con ello faltó a su competencia y “se desvío del
fin en sí mismo de lo pretendido en la demanda y lo expuesto en el recurso de apelación,
incurriendo en un error y apartándose del imperio de la ley”.
Para realizar el respectivo estudio, la Sala considera necesario trascribir los apartes
pertinentes respecto del análisis que efectuó la autoridad judicial demanda para
declararse inhibida. Así:
“Previo a analizar los motivos de fondo de la apelación propuesta, para la Sala, es preciso
verificar si concurren todos los presupuestos legales que permiten que se ejerza el medio
de control judicial, en contra del acto administrativo demandado.
En este caso, la parte demandante pretende que, como consecuencia de la nulidad del
acto administrativo acusado, se condene a la entidad al reconocimiento y pago de i) los
valores que se le adeudan por la ejecución de los contratos de prestación de servicios,
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial
son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la
inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia
que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal
vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate
de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido
en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el
alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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específicamente de los que corresponden a los meses de octubre y noviembre de 2013,
ii) se declare que existió una relación laboral como consecuencia de la aplicación
jurisprudencial respecto del contrato realidad y, iii) el pago de las prestaciones sociales,
indemnizaciones y demás derechos derivados de esa relación laboral, debidamente
actualizados y con los intereses correspondientes.
Sin embargo, con el análisis del contenido del acto administrativo contenido en el oficio
No. OEG-1499 del 5 de diciembre de 2016, es posible constatar que el documento se
refiere, únicamente, a la imposibilidad de la entidad para cancelar los honorarios pactados
como contraprestación de un contrato de prestación de servicios respecto de los meses
de octubre y noviembre de 2013, toda vez que no se aportaron los soportes, y requisitos
pertinentes para tal fin, en especial, las certificaciones sobre el cumplimiento de las
actividades relacionadas con esos meses.
Es más, en el contenido del oficio se hace referencia a los casos de los señores Lucely
Jiménez Galvis, Isabel Rodríguez Caicedo y Paola Manjarrez, en similares
consideraciones a aquellas que se indican sobre la demandante.
Significa lo anterior, que, aunque la parte demandante pretende que judicialmente se
declare que en su caso se configura el denominado contrato realidad, lo cierto es que esa
circunstancia no fue objeto de análisis y pronunciamiento por la administración a través
del acto acusado.
Además, el contenido de las pruebas que reposan en el expediente no permite verificar
que existió actuación alguna de la entidad, encaminada a resolver sobre la concreción de
los elementos que configuran una relación laboral, que pudieran permitir que se analice
si esas consideraciones se ciñen a los postulados jurisprudenciales relacionados con el
contrato realidad, o no.
(…)
En relación con el caso objeto de esta decisión, considera la Sala que, si bien al
expediente no se trajo prueba que dé cuenta de la petición que dio origen al acto cuya
ilegalidad se pretende, lo cierto es que, la lectura del documento que emitió la
administración permite advertir que es indiscutible que la decisión en esa sede tiene que
ver con el pago de unos honorarios que se dejaron de cancelar por los servicios que pudo
prestar la demandante entre octubre y noviembre de 2013.
Lo anterior se infiere del contenido del acto, que se limitó a analizar sobre la
improcedencia del pago de los mencionados honorarios, por la ausencia de los requisitos
que permitirían que se proceda a su cancelación.
Es decir, para la Sala resulta evidente que el contenido del acto demandado para nada
sustenta la posibilidad de resolver sobre la existencia de una relación laboral en el caso
de la demanda, pues, se reitera, el oficio solo se refiere a la imposibilidad de pagar los
honorarios que se cobran.
Esta circunstancia conlleva a que sea imposible que el juzgador se manifieste sobre la
existencia de una relación laboral, pues el acto demandado, se reitera, no atañe a esta
eventual situación jurídica, o derecho subjetivo que, a través de esta acción judicial
pretende reclamar la parte demandante.” (subrayado fuera de texto).
De lo anterior, se observa que el tribunal demandado, previo a analizar los argumentos
del escrito de apelación, se refirió extensamente a lo solicitado por la demandante en la
vía administrativa y en el trámite judicial, para poner en evidencia que lo solicitado en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no correspondía con lo pedido ante
la administración.
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Dicho análisis resulta razonable toda vez que no podía el tribunal proferir
pronunciamiento alguno sobre una solicitud que no fue puesta de presente ante la
administración. No puede olvidarse que lo pretendido en vía judicial debe corresponder
a lo solicitad en vía administrativa
Al respecto, la Corte Constitucional 4 ha precisado que, en principio, las decisiones
inhibitorias no tienen cabida en el ordenamiento jurídico a no ser que el juez, por causas
extremas, no tenga otra posibilidad, como ocurrió en el presente asunto. Veamos:
“La Corte abordó la cuestión sobre el contenido y alcance de las sentencias inhibitorias,
las cuales definió como “aquellas en cuya virtud, por diversas causas, el juez pone fin a
una etapa del proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar en la materia del asunto
que se le plantea dejando de adoptar resolución de mérito, esto es, ‘resolviendo’ apenas
formalmente, de lo cual resulta que el problema que ante él ha sido llevado queda en el
mismo estado inicial. La indefinición subsiste”.
Señaló la Corte que el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, consagrados en la Constitución, son postulados que orientan
la actividad judicial y, por tanto, imponen a los jueces la obligación primordial de adoptar,
en principio, decisiones de fondo en los asuntos sometidos a su competencia[20].
Asimismo, respecto del derecho fundamental al debido proceso, consideró que uno de
sus elementos esenciales consiste en garantizar al ciudadano que, una vez sometido el
asunto al examen de los jueces, se obtenga una definición acerca de él, “de donde se
desprende que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución
judicial”[21].
En tal sentido, concluyó que “[l]a inhibición no justificada o ajena a los deberes
constitucionales y legales del juez configura en realidad la negación de justicia y la
prolongación de los conflictos que precisamente ella está llamada a resolver” [22].
(Negrillas propias).
De lo anterior se desprende que, en principio, las decisiones inhibitorias no tienen cabida
dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pues impiden la garantía de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto
no resuelven de fondo la controversia por la cual el ciudadano acudió a la jurisdicción,
prolongando con ello la incertidumbre sobre el derecho subjetivo alegado.
No obstante, la Corte manifestó que dicha afirmación no podía ser absoluta,
considerando así la posibilidad de que existan fallos inhibitorios en “casos extremos”,
cuando quiera que se establezca con plena seguridad que el juez no tiene otra
alternativa. Según lo indicado por esta Corporación, lo anterior debe corresponder “a una
excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser corroborados en los que se funde
objetiva y plenamente la negativa de resolución sustancial”, pues de lo contrario, como
ya se expresó, constituiría una forma de obstruir a las personas el acceso a la
administración justicia y, en consecuencia, la incursión por parte del juez en uno de los
defectos señalado por la jurisprudencia para que proceda la acción de tutela.
En tal sentido, los argumentos expuestos por el tribunal desde ningún punto de vista se
encuentran arbitrarios o carentes de motivación, toda vez que atienden el material
probatorio allegado al expediente, el cual permitió advertir que lo solicitado en vía
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Corte Constitucional, sentencia T-713-13.
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administrativa y lo resuelto mediante el acto administrativo demandado, no guardaba
relación con lo pretendido en vía judicial y, por ende, no había lugar a declarar la nulidad
del acto con la finalidad de que se declarara una relación laboral, pues en el acto
demandado la administración, únicamente, se refirió al pago de unos honorarios.
En este punto, se destaca que la inconformidad que la parte actora expuso no fue
relacionada en sí mismo con la valoración probatoria efectuada por el juez de la causa,
sino que se limitó a manifestar la inconformidad con la conclusión de la autoridad judicial
demandada, según la cual, debió mantener la decisión de primera instancia en la que
se accedió a las pretensiones de la demanda y en esa medida reconocer que se estaba
en presencia de un contrato realidad. Sin embargo, de lo aportado al proceso no fue
posible concluir lo pretendido.
Se encuentra pues resuelto el problema jurídico planteado en el caso objeto de estudio,
el Tribunal Administrativo de Nariño no incurrió en los defectos invocados por la actora
y en esa medida la Sala negará la acción de tutela presentada por la señora Magaly
Muñoz Rodríguez.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Sandra
Magaly Muñoz Rodríguez.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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