RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-00150-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00150-01

Fecha
3 de junio de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00150-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de febrero de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00150-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

3 de junio de 2022

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., tres (03) de junio de dos mil veintidós (2022).

Radicado número: 11001-03-15-000-2022-00150-01
Accionante: Lina Odema Carbonero García
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Acción de tutela

Tema: tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: improcedencia. Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: relevancia Constitucional. Revoca.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Lina Odema Carbonero García por medio de apoderado judicial, en contra de la sentencia de tutela del 8 de febrero de 2022, que profirió la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Lina Odema Carbonero García por medio de apoderada judicial, presentó solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y dignidad humana, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca, con ocasión de la sentencia del 8 de julio de 2021 que profirió dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 19001-33-33-009-2016-00349-01.

1.2. Hechos

Como fundamentos fácticos la accionante refirió:

1.2.1. Humberto Peña González (causante) estuvo vinculado laboralmente con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, como dragoneante entre el 6 de abril de 1990 y el 30 de junio de 2009 y como inspector, código 4137, grado 13, entre el 1 de julio de 2009 hasta el 5 de mayo de 2010, fecha en la que fue asesinado.

1.2.1.1. Colpensiones mediante Resolución GNR 132454 del 23 de abril de 2014 reconoció el 50% de una pensión de sobreviviente a la señora Lina Odema Carbonero García en calidad de cónyuge supéstite y el porcentaje restante lo distribuyó en partes iguales a sus hijas María del Mar y Diana Isabel Carbonero. Posteriormente, la mencionada entidad a través de Resolución GNR 151905 del 24 de mayo de 2015 declaró el desistimiento tácito frente a la prestación concedida a la última de las mencionadas hijas.

1.2.1.2. La señora Carbonero García interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución GNR 133249 en la que Colpensiones le otorgó la pensión de jubilación que causó el señor Peña González (fallecido) por considerar que la mencionada entidad no aplicó en debida forma el régimen especial al cual pertenecía el causante, que prevé que su mesada debía ser calculada con el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

1.2.1.3. Sin embargo, su solicitud fue negada mediante las Resoluciones GNR 260756 del 2 de septiembre y VPB 41444 del 10 de noviembre de 2016, por lo que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Colpensiones, orientada a obtener la nulidad parcial de la Resolución GNR 133249 del 4 de mayo y la nulidad total de la Resolución VPB 41444 del 10 de noviembre de 2016.

1.2.2. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Noveno Administrativo de Popayán quien en sentencia del 30 de octubre de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda al estimar que el causante era “beneficiario de la Ley 32 de 1986 en atención al régimen de transición previsto en el Decreto 1290 de 2003, en concordancia con el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005, por haber ingresado a laborar antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003”, por tanto, la liquidación de la pensión post mortem que devenga la demandante “[…] debe hacerse con base en la Ley 4 de 1966, esto es, con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios y con los factores taxativos establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978”.

1.2.3. Inconforme con la decisión, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones interpuso recurso de apelación en contra de la decisión proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Popayán del 30 de octubre de 2018, el cual le correspondió desatar al Tribunal Administrativo del Cauca que, mediante sentencia del 8 de julio de 2021, revocó la decisión adoptada en primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, el Tribunal expuso en primer lugar, la normatividad y el precedente jurisprudencial relativo al asunto en estudio y, en segundo lugar, realizó el análisis del caso concreto, en los siguientes términos:

1.2.3.1. Respecto del régimen pensional y el marco jurisprudencial aplicable a los miembros de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional – INPEC-, indicó que:

1.2.3.1.1. La Ley 32 de 1986 adoptó el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y en su artículo 96 dispuso los requisitos necesarios para reconocer la pensión de jubilación a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional.

1.2.3.1.2. Por su parte la Ley 100 de 1993 que entró en vigencia a partir del 1 de abril de 1994 creó el Sistema de Seguridad Social el cual dispuso la aplicación general de sus disposiciones a los empleados de orden nacional, sin que se incluyera al INPEC dentro de los regímenes especiales exceptuados (artículo 279). Sin embargo, el artículo 140 de la misma normativa dispuso que el Gobierno Nacional debía expedir el régimen de los servidores públicos que laboraran en actividades de alto riesgo, considerándose entre estos, el cuerpo de custodia y vigilancia nacional penitenciaria.

1.2.3.1.3. Así, el Decreto Ley 407 de febrero de 2014 estableció el régimen del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y en su artículo 168 dispuso que, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, los agentes del Cuerpo de Custodia que al momento de su entrada en vigencia estuvieran en servicio activo, conservarían el derecho a percibir la pensión de jubilación en los términos fijados por el citado artículo 96 de la Ley 32 de 1986. No obstante, tal normativa fue derogada por el Decreto Ley 2090 de 2003 que implementó el nuevo régimen pensional para el personal del INPEC dedicado a las labores de custodia y vigilancia, y estableció un régimen de transición para adquirir la pensión con el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, que remite al artículo 96 de la Ley 32 de 1986, para lo cual debía acreditarse: i) haber cotizado mínimo 500 semanas al régimen especial para el 28 de julio de 2003 y ii) cumplir las condiciones del régimen de transición contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1.2.3.1.4. A su turno, el Acto Legislativo 01 del 22 de julio de 2005 dispuso que el régimen aplicable a los agentes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional era el previsto en el Decreto 2090 de 2003, salvo para los miembros vinculados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mismo, para estos, debía considerarse el régimen previsto en el Decreto 407 de 1994, que remite a la Ley 32 de 1986.

1.2.3.1.5. Debido a que la Ley 100 de 1993 no enlistó los factores a tener en cuenta para efectos de la liquidación de las pensiones para los empleados del cuerpo de custodia beneficiarios de la Ley 32 de 1986, era necesario acudir al artículo 114 de la misma norma, disposición que se mantuvo en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994.

1.2.3.1.6. En atención a lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado indicó que había lugar a aplicar las normas vigentes al momento de la expedición de la Ley 32 de 1986, por lo que, para la liquidación debía aplicarse el Decreto 1045 de 1978.

En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al analizar la interpretación del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, indicó que las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa, pues de hacerlo así, se correrá el riesgo de que queden por fuera otros que por su naturaleza pueden integrar la base liquidatoria

1.2.3.1.7. En sentencia de unificación el Consejo de Estado precisó que la Ley 33 de 1985 no señalaba taxativamente los factores salariales que conformaban la base de liquidación pensional, sino que estos estaban plenamente enunciados, y, por ende, en la liquidación debían incluirse todas las sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera durante el último año de prestación de servicios, incluyendo las primas en una doceava parte.

1.2.3.1.8. La Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 realizó una interpretación del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e indicó que el ingreso base de liquidación “no fue un aspecto sometido a transición” y que en ese sentido el IBL se debía calcular según lo previsto en los artículos 21 y 36 ibídem. Así, dicha Corporación consideró que, a los beneficiarios del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía aplicárseles en su integridad la Ley 33 de 1985, esto es, respecto del tiempo de servicios y el monto de la pensión, por lo que, el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación debía integrarse conforme al artículo 1 de dicha norma, que establecía que el monto pensional sería el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales, así no estuvieran enunciados en dicha norma.

1.2.3.1.9. Sin embargo, la Sala Plena del Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2018 en la que concluyó que en el régimen de transición el IBL que debía tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional era el establecido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En ese sentido dicha alta Corporación dictó como regla jurisprudencial que “el Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

También estableció como primera subregla que, para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

“-Si faltare menos de diez (10) años para liquidar el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

-Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.”.

Como segunda subregla indicó que los factores salariales que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación pensional son aquellos sobre los cuales se han efectuado aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, como preceptúa el último inciso del artículo 3 de la Ley 33 de 1985, porque se encuentra en armonía en el inciso 12 del artículo 48 de la Constitución Política.

1.2.3.1.10. De otro lado, respecto de la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, según la cual la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, “sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”, la Sala Plena del Consejo de Estado sostuvo que tal criterio estaba en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social y más allá de la voluntad del legislador que quiso enlistar taxativamente los factores salariales, a los cuales se debía sujetar la base de liquidación pensional.

Finalmente indicó que, en recientes pronunciamientos de tutela suscitados en el marco de aplicación del régimen pensional del INPEC, el Consejo de Estado ha ratificado la procedencia de la aplicación del criterio de unificación de la sentencia del 28 de agosto de 2018.

1.2.3.2. Respecto del caso concreto, sostuvo que en el proceso fue acreditado que: i) el señor Humberto Peña López nació el 3 de septiembre de 1966 y falleció el 5 de mayo de 2010, ingresó al servicio del INPEC el 6 de abril de 1990 hasta el 30 de abril de 2010 y adquirió sus estatus pensional el 5 de abril de 2010; y ii) mediante Resolución GNR 133249 del 4 de mayo de 2016 el INPEC le reconoció post mortem a la señora Lina Odema Carbonero García una pensión de vejez conforme a lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

1.2.3.2.1. Conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, las pensiones de quienes se desempeñaron en el INPEC debían ser reconocidas bajo el régimen descrito en el Decreto 2090 de 2003, salvo para aquellos miembros que se vincularon con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicha normativa, esto es, el 28 de julio de 2003, por lo que, a estos, debe aplicárseles el régimen previsto en la Ley 32 de 1986 y no el Decreto citado.

Sin embargo, para ser beneficiario del régimen de la Ley 32 de 1986, el causante debía acreditar, además, una de las condiciones descritas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estas son, edad o tiempo de servicio.

1.2.3.2.2. A pesar de que el causante fue vinculado antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 del 28 de julio de 2003, no alcanzó a ser beneficiario del régimen de transición que dispuso el mencionado Decreto, toda vez que, a la fecha de entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo, no tenía 500 semanas cotizadas ni alcanzó a cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, tener al 1 de abril de 1994 —fecha de entrada en vigencia de citada norma—, 15 años de servicios o 40 años de edad, pues en tal fecha tenía 27 años de edad y 6 años de servicio.

Por lo anterior, la liquidación de la pensión debió regirse por el Decreto 2090 de 2003, no obstante el acto administrativo que otorgó el reconocimiento pensional a la actora le concedió la prestación conforme a la Ley 32 de 1986, aspecto que si bien no es objeto de discusión en estricto sentido, no la hace acreedora al derecho de reliquidación pensional conforme a esta última normativa, pues el derecho prestacional del que fue beneficiaria debía regirse por el Decreto mencionado en el entendido que la prestación se causó en vigencia de la Ley 100 de 1993 y conforme al criterio de unificación, la mesada debía calcularse únicamente con los factores referidos en la norma.

En tal sentido, el señor Humberto Peña González (causante) no era beneficiario del régimen de transición, como lo indicó el a quo, ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no cumplía con todos los requisitos para hacerse beneficiario del régimen previsto en la Ley 32 de 1986.

1.3. Pretensiones de tutela

La señora Lina Odema Carbonero García pidió:

“(…)

PRIMERA: conceder la presente acción constitucional por vía de hecho por los defectos material sustantivo, fáctico y violación directa de la constitución.

SEGUNDA: como consecuencia de la anterior declaración, ordénese que decreten la nulidad de las sentencias proferidas y en su lugar se ordene la protección de los derechos demandados debiendo emitir nueva sentencia que reconozcan la aplicación porcentual del 75% del IBL, causado como servidor público durante el último año de servicio, conforme fue ordenado en primera instancia.

TERCERA: con base en lo señalado en la aplicación del precedente judicial de sentencias sobre el cuerpo de custodia y vigilancia, le solicito respetuosamente, se de aplicación a la extensión y unificación de la jurisprudencia del consejo de estado en cuanto al índice base de liquidación pensional.

CUARTA: la genérica que el despacho considere necesaria en la protección de los derechos fundamentales.

(…)”.

1.4. Argumentos de la solicitud de tutela

La accionante manifestó que el Tribunal Administrativo del Cauca, vulneró sus derechos fundamentales y desconoció la Constitución Política en tanto se apartó del precedente normativo y jurisprudencial respecto del régimen especial que regula el reconocimiento de derechos pensionales para el personal de custodia del INPEC. Sostuvo que la autoridad cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución y en desconocimiento del precedente, en los siguientes términos:

1.4.1. Defecto sustantivo porque el tribunal aplicó erróneamente los artículos 31 y 36 de la Ley 100 de 1993, los que —a su juicio—, no son aplicables al cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, conforme a lo dispuesto en el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005, ya que por ser servidores públicos la liquidación de la pensión debe ser acorde con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y con base en los factores que el causante hubiera devengado durante el último año de servicio.

Agregó que, exigir los requisitos dispuestos en la Ley 100 de 1993 a quienes hacen parte del régimen especial del INPEC, es desproporcionado y gravoso conforme lo indicó esta Corporación en sentencia del 23 de octubre de 2020.

1.4.2. Defecto fáctico porque el Tribunal Administrativo del Cauca tuvo en cuenta el IBL conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y no valoró los certificados salariales devengados por el causante, durante el último año de servicio como servidor público, aportados ante Colpensiones y que hicieron parte del acervo probatorio dentro del expediente administrativo.

1.4.3. Violación directa de la Constitución porque el Tribunal Administrativo del Cauca desconoció el artículo 29 de la Constitución ya que no aplicó la normatividad establecida para el cuerpo de custodia del INPEC y no tuvo en cuenta el artículo 53 Superior que regula el principio de favorabilidad.

1.4.4. Desconocimiento del precedente porque sin perjuicio del régimen que sea aplicable, el derecho pensional debe liquidarse conforme a los factores salariales respecto de los cuales se realizaron aportes al sistema como lo dispuso la Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.

Adujo que la autoridad cuestionada no podía apartarse de la línea jurisprudencial expuesta por esta Corporación sobre los derechos reconocidos a los funcionarios públicos del cuerpo de custodia y vigilancia. Al respecto citó textualmente varios apartes de las providencias: i) sentencia del 25 de abril de 2019; y ii) sentencia del 7 de noviembre de 2013.

Respecto del análisis que expuso el tribunal sobre el reconocimiento pensional que desarrolló esta Corporación en el año 2012, adujo que, tal posición fue superada en providencias recientes como la sentencia del 23 de octubre de 2020, en la que la Subsección B de la Sección Segunda, indicó que, para el reconocimiento de las pensiones bajo el régimen anterior que regulaba las actividades de alto riesgo, solo se debía acreditar 500 semanas de cotización especial al 28 de julio de 2013, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 y, citó varios apartes de la mencionada providencia.

Agregó que, contrario a lo expuesto por el Tribunal Administrativo del Cauca, la labor de los miembros del INPEC debía ser visibilizada y reconocida, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-561 del 14 de octubre de 2015, esto es como actividades de alto riesgo definidas en el Decreto 2090 de 2003.

1.4.5. Finalmente citó textualmente el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 y los artículos 96 y 114 de la Ley 32 de 1986.

1.5. Trámite de tutela e intervenciones

1.5.1. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado admitió la solicitud de tutela por auto del 18 de enero de 2022. En el mismo ordenó notificar a las partes, dispuso la vinculación como terceros a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, solicitó al Juzgado Noveno Administrativo de Popayán el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 19001-33-33-009-2016-00349-00 y reconoció personería para actuar al apoderado de la accionante.

1.5.2. Una vez surtidas las notificaciones, recibió respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio.

1.5.2.1. La Administradora Colombiana de Pensiones a través de la Directora de Acciones Constitucionales de esa entidad, manifestó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca estuvo acorde con los precedentes jurisprudenciales fijados en materia de liquidación pensional por parte del Consejo de Estado y solicitó que la acción fuera declarada improcedente ya que la sentencia objeto de tutela no contenía ningún vicio o defecto por lo que, no vulneró los derechos fundamentales de la accionante.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia del 8 de febrero de 2022, negó la solicitud de amparo por considerar que el Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia objeto de tutela, no incurrió en el defecto sustantivo invocado por la accionante.

Como fundamento de su decisión indicó en primer lugar que, pese a que la accionante adujo que la autoridad cuestionada incurrió en un defecto fáctico y violación directa de la Constitución, su inconformidad estaba dirigida a la posible configuración de un defecto sustantivo porque el Tribunal “al negarle la reliquidación de la pensión de jubilación post mortem que le fue reconocida, desconoció que su cónyuge era destinatario de la Ley 32 de 1986 y, en esa medida, para el cálculo de la mesada debieron tenerse en cuenta los factores enunciados en el Decreto 1045 de 1975, al haber ejercido funciones de custodia y vigilancia en el INPEC por más de veinte (20) años, por ende, no era dable, como lo determinaron las autoridades cuestionadas.(sic), aplicar para tal fin el ingreso base de liquidación de que trata el artículo 21 de la Ley 100 de 1993”.

En segundo lugar, respecto del cuestionamiento en términos de un defecto sustantivo, sostuvo que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC que ingresaron al organismo antes del 28 de julio de 2003 y que cumplían los demás requisitos previstos en el ordenamiento jurídico, tenían el derecho de que le fueran reconocidos sus derechos pensionales en los términos de la Ley 32 de 1986, siempre que cumplieran más de 20 años de servicio.

La autoridad cuestionada en la sentencia objeto de tutela, determinó que el causante no era destinatario del régimen previsto en la Ley 32 de 1986, toda vez que no acreditó los presupuestos exigidos por el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, esto es contar con 500 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del mencionado Decreto, 28 de julio de 2003 y, los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Agregó que, en sede administrativa la prestación fue reconocida a la accionante conforme a la mencionada Ley, aun cuando no era aplicable y, pese a que tal decisión no fue discutida en el proceso ordinario, tampoco la hacía acreedora del reajuste pensional deprecado.

Sin embargo, contrario a lo concluido en el proceso, el juez constitucional de primera instancia consideró que el causante de la prestación social concedida a la accionante, sí estaba amparado por el régimen pensional previsto en la Ley 32 de 1986, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política y el Decreto 1950 de 2005 , los servidores del INPEC vinculados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 se les “[…] aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994”.

Al respecto, estimó que el causante estaba vinculado al INPEC incluso antes de la expedición del Decreto 407 de 1994, esto es el 21 de febrero del mismo año, ya que desde el 6 de abril de 1990 trabajaba como dragoneante y laboró de manera ininterrumpida hasta el 5 de mayo de 2010 —fecha en la que falleció —, y en esa época también se desempeñó como inspector. Aclaró que, pese a que no existió prueba de los valores adicionales de cotización, ese fue un hecho que no fue controvertido por las partes en el asunto ordinario, en todo caso, para el 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, había prestado más de 13 años de servicio.

Finalmente concluyó que:

“(…) si bien es cierto que las autoridades accionadas concluyeron que el señor Peña González (q. e. p. d.) no era beneficiario del régimen pensional de la Ley 32 de 1986, aunque sí lo era, también lo es que les asiste razón en el hecho de que, en lo atañedero al ingreso base de liquidación, los servidores del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional se someten al mandato contenido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, como lo determinó la entonces Caja Nacional de Previsión Social en los actos administrativos acusados (en los que se aplicó la mencionada Ley 32), máxime cuando aquel adquirió el estatus pensional en vigor de esta última y del Acto legislativo 1 de 2005, que introdujo el parágrafo transitorio 5º del artículo 48 constitucional y que, de igual modo, dispuso que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]», motivo por el que no es factible, como lo pretende la actora, calcular el IBL de su pensión de jubilación post mortem con la totalidad de los factores salariales devengados por el causante durante su último año de labores.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la sentencia cuestionada no incurre en el defecto sustantivo alegado, porque no era dable tener en cuenta para establecer el monto de la mesada devengada por la tutelante lo devengado durante el último año de servicios, como lo pidió en la demanda de nulidad restablecimiento del derecho 19001-33-33-009-2016-00349-01, lo que no comporta una decisión arbitraria o caprichosa”.

1.7. Impugnación

La señora Lina Odema Carbonero por medio de su apoderado, presentó escrito de impugnación en el que manifestó su inconformidad con la decisión de la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, así:

1.7.1. El juez constitucional de primera instancia reconoció que, para liquidar la prestación reconocida, debían tenerse en cuenta los factores salariales sobre los que el causante cotizó, sin embargo, la decisión fue proferida contraria a derecho a pesar de tener como prueba los factores que fueron cotizados y que fueron aportados al expediente.

1.7.2. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, referentes a la aplicación de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU 395 DE 2017, proferidas por la Corte Constitucional, así como la sentencia del 25 de abril de 2019 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación.

1.7.3. Agregó que la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, estableció el criterio de interpretación del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, con respecto a los factores que se pueden incluir para la liquidación de la mesada pensional siempre que se hubieran efectuado los aportes o cotizaciones correspondientes, lo que debía tenerse en cuenta en el caso bajo estudio.

1.7.4. Finalmente agregó que, mediante sentencia del 27 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, fue fallado un caso similar a favor del demandante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente impugnación, en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar, primero, un examen de procedibilidad general para, luego, en caso de resultar superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se resuelva el problema jurídico, en los términos de los defectos aducidos por la accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque la accionante, es el titular de los derechos que afirma son vulnerados, en su condición de parte demandante dentro del medio de control objeto de reproche, y, por lo tanto, en caso de configurarse los defectos alegados, resultarían afectados en relación con sus garantías al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal Administrativo del Cauca, profirió la sentencia de segunda instancia que, según la accionante, vulneró sus derechos fundamentales.

2.2.2. La accionante expresó los argumentos por los cuales consideró que el Tribunal Administrativo del Cauca vulneró sus derechos fundamentales, pues, como quedó expuesto en el numeral 1.4 de esta providencia, dicha autoridad, a su juicio, incurrió en: i) defecto sustantivo porque aplicó erróneamente los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 los que, a su juicio, no eran aplicables a los servidores que hacían parte del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, conforme al parágrafo transitorio 5 del acto legislativo 01 de 2005, a quienes por el contrario les es aplicable para liquidar sus pensiones, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y sobre los factores que devengaron durante el último año de servicio; ii) defecto fáctico porque tuvo en cuenta el IBL que estableció la Ley 100 de 1993 y no valoró los certificados salariales devengados el último año de servicio como servidor público; iii) violación directa de la constitución porque vulneró el artículo 29 Superior al no aplicar la normatividad correspondiente a los servidores del cuerpo de custodia del INPEC y el artículo 53 que regula el principio de favorabilidad; iv) sustantivo por desconocimiento del precedente porque desconoció lo dispuesto en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional, así como las sentencias del 25 de abril de 2019, del 7 de noviembre de 2013 y del 23 de octubre de 2020, proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las que dicha Corporación consideró procedente acudir a los presupuestos del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 para asuntos como el suyo, por ser la norma que establece las reglas generales sobre prestaciones para servidores públicos. 2.2.3. Ahora bien, el cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia constitucional si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una controversia estricta y exclusivamente legal. De ese modo, en sede constitucional se ponderará entre la finalidad de la acción de tutela como garantía iusfundamental y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que gobiernan las decisiones judiciales. Así las cosas, el juez de tutela debe resolver asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las competencias legales y del principio de autonomía de los jueces. En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales. Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a primera vista, el reproche esté dirigido contra una posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso constitucional. Para ello, la jurisprudencia constitucional ha definido cuáles son los requisitos específicos de procedencia que pueden ser alegados como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto. El requisito de relevancia constitucional exige que la alegación en la solicitud de amparo esté dirigida a exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto.

Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” .

Los cuestionamientos planteados en los términos de los defectos fáctico, por violación directa de la Constitución se subsumen en la posible configuración de un defecto sustantivo ya que los argumentos de la accionante consisten en que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en una indebida aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 pues, la mencionada autoridad debió aplicar el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y la prestación reclamada se debió liquidar sobre los factores salariales que devengó durante el último año, ya que el causante hizo parte del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, conforme al parágrafo transitorio 5 del acto legislativo 01 de 2005, y en ese orden desconoció los artículos 29 y 53 de la Constitución Política.

Sin embargo, un juicio sobre la relevancia constitucional exige que la accionante se refiera a los defectos concretos en que incurrió la autoridad cuestionada en la sentencia objeto de tutela, y que hubieran determinado una afectación de sus derechos fundamentales. En términos del defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha manifestado que, tal exigencia se concreta, cuando los casos se deciden con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, o “cuando, pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem-  o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”.

En ese orden, Lina Odema Carbonero García no dirigió sus argumentos contra las razones concretas que expuso la autoridad cuestionada y que sustentaron su decisión, las cuales se pueden sintetizar en que: i) debido a los diferentes pronunciamientos emitidos en procesos ordinarios y en sede de tutela, en los que se desconoció el precedente judicial de la Sección Segunda, la Sala Plena del Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2018, en la que concluyó que en el régimen de transición el IBL que debe terse en cuenta para liquidar el monto pensional es el establecido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que dispuso el periodo para liquidar la pensión conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 e indicó que los factores salariales a incluir en el IBL son aquellos sobre los cuales se han efectuado aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, como preceptúa el último inciso del artículo 3 de la Ley 33 de 1985; ii) en la sentencia de unificación de jurisprudencia la Sala Plena del Consejo de Estado reevalúo lo dispuesto en la Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual la Ley 33 no indicaba en forma taxativa los factores salariales que conforman el IBL y se podía incluir otros conceptos devengados durante el último año, por lo que, consideró que tal criterio interpretativo traspasaba la voluntad del legislador y limitó la inclusión de los factores listados taxativamente en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, para conformar el IBL; iii) las reglas jurisprudenciales y consideraciones plasmadas en la providencia del 28 de agosto de 2018 son obligatorias para los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial; iv) la Sección Segunda del Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, ha dispuesto que a los servidores públicos del régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, se les debe calcular el IBL de acuerdo con las reglas fijadas por la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además de tener en cuenta los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, efectivamente cotizados; v) a pesar de que el causante se vinculó al INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 del 28 de julio de 2003, esto es el 6 de abril de 1990, no alcanzó a ser beneficiario del régimen de transición, ya que a la fecha de la entrada en vigencia de dicha normativa, no tenía 500 semanas cotizadas ni alcanzó a cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1933, esto es, tener al 1 de abril de 1994, 15 años de servicio o 40 de edad, pues en tal momento tenía 27 años de edad y 6 de servicio ; y vi) la entidad demandada liquidó correctamente la pensión ya que, “su prestación debía regirse por el Decreto 2090 de 2003; no obstante, se advierte conforme al acto administrativo de reconocimiento pensional, que a la actora se le concedió la prestación conforme a la Ley 32 de 1986, aspecto que si bien no es discutido en estricto sentido, si se advierte que no la hace acreedora al derecho de reliquidación pensional conforme a esta última normativa, pues, se itera, su prestación debía regirse por el Decreto 2090 de 2003 y además, porque en el entendido que causó su prestación en vigencia de la Ley 100 de 1993, conforme al criterio de unificación, es claro que la mesada se debía calcular únicamente con los factores referidos en la norma.”.

Por otro lado, respecto del defecto por desconocimiento del precedente, la Corte ha indicado que este, “se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos [sic] por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jurídicas que justifiquen el cambio de jurisprudencia”. Por tanto, la invocación de un precedente está determinado por la especialidad, de manera que sea el órgano de cierre que defina los criterios y reglas aplicables en casos semejantes, o, en el caso del precedente horizontal, los órganos judiciales deben resolver los asuntos que conocen a partir de un criterio de igualdad. Por otro lado, la Corte ha dicho que, el precedente constitucional no constituye una obligatoriedad absoluta, pues debido al principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse de aquellos, siempre y cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales se separa de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales.

La Sala considera que la tutelante trajo a este trámite constitucional cuestionamientos que, no indican los yerros en los que incurrió el tribunal cuando aplicó las normas pensionales y definió el derecho reclamado, bajo los criterios y reglas jurisprudenciales vigentes, sino que proponen consideraciones personales sobre la forma de estudiar el asunto y las conclusiones a las que debía llegar el juez para definir el derecho a la reliquidación de la prestación. En concreto, citó las normas y enunció las sentencias que, en su criterio, daban cuenta de la conclusión errada proferida por la autoridad cuestionada, pero no expuso reclamos en contra de la sentencia dirigidos a indicar concretamente la configuración del defecto y/o defectos en los que, en términos iusfundamentales, incurrió al realizar el estudio del caso concreto. Esto lleva a que no se active la competencia del juez de tutela para conocer de fondo, toda vez que de hacerlo supondría, más bien, un juicio de legalidad en el que se defina el derecho a la reliquidación pensional, como si este mecanismo constitucional constituyera una tercera instancia.

Así las cosas, los argumentos que formula la accionante carecen de relevancia constitucional, por cuanto no muestran la posible vulneración de garantías ius fundamentales a partir de la configuración de los defectos enunciados, sino que plantean inconformidades de la tutelante respecto de la interpretación de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, asunto que ya fue resuelto en el proceso ordinario, pues, en el caso concreto la Subsección estima que los argumentos planteados, además de que no presentan los defectos invocados, aquellos ya fueron propuestos, debatidos y decididos dentro del proceso que dio curso al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En virtud de lo anterior, la acción de tutela incoada por Lina Odema Carbonero García, contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 8 de julio de 2021, no superó el estudio de procedibilidad por falta de relevancia constitucional y por lo tanto, la Sala revocará la sentencia del 8 de febrero de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación que negó la acción para en su lugar declarará improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de febrero de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-01299-00
Archivo con certificado: 476216AEB379EEE6 3511BD723434972B 320A5C2C07382EC7 ABF58363D3C16C7B. Archivo electrónico, identificado con certificado: C85C730C7F987C81 BB5A8939FE6F5433 A2DFCECBEBAEE00B F151C3091B4276EF. Archivo electrónico identificado con certificado: B85E25FC2F1DA43E A3C1BF513310A577 D003AF0A6C860348 1E800D6212EDC76A.
“Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.”.
“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. (…)”. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 9 de julio de 2009. Expediente número 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09). Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010. Expediente número 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09).
“Articulo 21. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo”.
“Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Folio 9 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, identificado con certificado: 2D1D7E75DE03C16B F93AC43B5729AFA8 C66635859D238D09 C14D6F14E0019DB6. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente número 47001-23-33-000-2017-00025-01. Folios 4 y 5 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, identificado con certificado: 2D1D7E75DE03C16B F93AC43B5729AFA8 C66635859D238D09 C14D6F14E0019DB6. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente número 11001-03-25-000-2016-00759-00 (3482-16). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente número 68001-23-31-000-2010-00831-01 (0527-2013). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente número 47001-23-33-000-2017-00025-01. Folios 5 y 6 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, identificado con certificado: 2D1D7E75DE03C16B F93AC43B5729AFA8 C66635859D238D09 C14D6F14E0019DB6. Folios 6, 7 y 8 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, identificado con certificado: 2D1D7E75DE03C16B F93AC43B5729AFA8 C66635859D238D09 C14D6F14E0019DB6. Archivo electrónico identificado con certificado: 9F67B47C1D16251D 40D152A648F76CDE 88C50D62313B85EA AECF1BFADE46D1A4. Archivo electrónico identificado con certificado: 83633F79F8E18494 490627B41481A673 2CE9F1C563B065BF E37E122AC364AE3B. Archivo electrónico identificado con certificado: 0D2A249DAFF7B305 6BD7E4CD4F5AF260 6021CC5F357B7797 08714D15B2C1F67C. Folio 9 del archivo electrónico identificado con certificado: 0D2A249DAFF7B305 6BD7E4CD4F5AF260 6021CC5F357B7797 08714D15B2C1F67C. Folios 14 y 15 del archivo electrónico, identificado con certificado: 0D2A249DAFF7B305 6BD7E4CD4F5AF260 6021CC5F357B7797 08714D15B2C1F67C. Cita original: “En ese sentido se pronunció esta subsección en sentencia de 9 de septiembre de 2021, expediente 5001-23- 33-000-2014-00174-02, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter”. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Archivo electrónico identificado con certificado: D699C4429D67523E 10C2AA4099106F37 15DE43D604689B9A D72231A7A226DBDD.

Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
“[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien […] se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente – es decir segura y en condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
“No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente n.° 2020-836-00. Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
“[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. Cfr. sentencia C-590 de 2005. Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015. Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato dispuesto en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. En las sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de 2007, la Corte Constitucional se ha referido al defecto sustantivo en el siguiente sentido:
“(i)Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no es pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente, (iv) ha sido declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii). Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición.
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.” (Resaltado fuera del texto original). Apartado 1.2.3.2.1. Sentencia T-459 de 2017.

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00150-01
Accionante: Lina Odema Carbonero García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
PAGE \* MERGEFORMAT17

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00150-01
Accionante: Lina Odema Carbonero García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
PAGE \* MERGEFORMAT1

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.