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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00151-00

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00151-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso administrativo de las señoras Jenny Carolina Ponguta Castro y Ximena Ortega Pinto. En consecuencia, Segundo.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por intermedio de la dependencia encargada, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo ha hecho, remita los expedientes administrativos correspondientes a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que resuelva los recursos de apelación formulados contra los actos administrativos que negaron la solicitud de reconocimiento con carácter salarial de la bonificación judicial percibida en aplicación del Decreto 383 de 2013. Tercero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición de los señores Laura Juliana Barrera Pinilla, Sandra Milena Trujillo Tibaduiza, Johanna Vanessa Holguín Cárdenas, Luis Fernando Roa Holguín y William Humberto Puentes Duarte. En consecuencia, Cuarto.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por intermedio de la dependencia encargada, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emita respuesta clara, completa, de fondo y que sean debidamente notificadas a cada uno de los peticionarios, en las que se resuelvan los recursos de apelación formulados contra los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja que negaron la solicitud de reconocimiento con carácter salarial de la bonificación judicial percibida en aplicación del Decreto 383 de 2013. Quinto.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por las razones expuestas. Sexto.- ÍNSTASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, para que en lo sucesivo garantice una resolución pronta a las peticiones ciudadanas dentro de las cuales se encuentran los recursos administrativos, para 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00151-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

10 de marzo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00151-00
Demandante: LAURA JULIANA BARRERA PINILLA Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00151-00
Demandantes: LAURA JULIANA BARRERA PINILLA, JENNY CAROLINA
PONGUTA CASTRO, SANDRA MILENA TRUJILLO
TIBADUIZA, JOHANNA VANESSA HOLGUÍN CÁRDENAS,
XIMENA ORTEGA PINTO, LUIS FERNANDO ROA HOLGUÍN,
JULIÁN EDGARDO TEJEDOR ESTUPIÑÁN Y WILLIAM
HUMBERTO PUENTES DUARTE
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE TUNJA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición. Falta de respuesta a los recursos de reposición y
apelación presentados contra los actos administrativos que
negaron el reconocimiento como factor salarial de la
bonificación judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Laura Juliana Barrera Pinilla, Jenny Carolina Ponguta
Castro, Sandra Milena Trujillo Tibaduiza, Johanna Vanessa Holguín Cárdenas,
Ximena Ortega Pinto, Luis Fernando Roa Holguín, Julián Edgardo Tejedor
Estupiñán y William Humberto Puentes Duarte, quienes actúan mediante
apoderado judicial, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja, con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso administrativo, los cuales
consideran vulnerados por la falta de respuesta a los recursos de reposición y en
subsidio de apelación que presentaron contra los actos administrativos que
negaron la solicitud el reconocimiento con carácter salarial de la bonificación
judicial percibida conforme con lo establecido en el Decreto 383 de 2013, y de la
solicitud de reconocimiento de la prima especial del 30% en el caso del señor
Tejedor Estupiñán.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los señores Laura Juliana Barrera Pinilla, Jenny Carolina Ponguta Castro, Sandra
Milena Trujillo Tibaduiza, Johanna Vanessa Holguín Cárdenas, Ximena Ortega
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00151-00
Demandante: LAURA JULIANA BARRERA PINILLA Y OTROS

Pinto, Luis Fernando Roa Holguín y William Humberto Puentes Duarte
manifestaron que son empleados de la Rama Judicial y que, en escritos
independientes, solicitaron a la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración
Judicial de Tunja que reconociera de manera retroactiva y hacía el futuro el
carácter salarial de la bonificación judicial percibida en aplicación de los Decretos
383 de 2013 y aquellos que lo han modificado.

Sostuvieron que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja negó las peticiones formuladas expresamente o en virtud de la
configuración del silencio administrativo negativo, frente a lo cual los actores
presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación, a lo que agregaron
que, esa ocasión, solicitaron la expedición de “sendos documentos que se
requieren para ser aportados como pruebas al interior de un eventual trámite
judicial posterior”.

Mencionaron que a la fecha de presentación de la acción de tutela, los recursos
formulados no habían sido resueltos.

Por su parte, el señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán refirió que el 11 de
septiembre de 2019, solicitó el reconocimiento con carácter salarial de la prima
especial del 30%, que percibe en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y los decretos reglamentarios y “la sentencia emitida a su favor”, y
que al momento de la presentar la demanda de tutela no había recibido
respuesta.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes presentaron acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, con el objeto de que se
amparen los derechos fundamentales de petición y al debido proceso
administrativo, los cuales consideraron vulnerados por la falta de respuesta a los
recursos de reposición y en subsidio apelación que presentaron contra los actos
administrativos que negaron la solicitud de reconocimiento del carácter salarial de
la bonificación judicial percibida conforme con lo establecido en el Decreto 383 de
2013.

El señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán formuló el mismo alegato, pero precisó
que la falta de respuesta ser dio en relación con la solicitud relativa a la prima
especial del 30%, también como factor salarial, que percibe en virtud de lo
establecido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Finalmente, se refirieron al alcance y al núcleo esencial de los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso administrativo, para lo cual se
apoyaron en la sentencia T-044 de 20191, proferida por la Corte Constitucional,
respecto de la cual realizaron una transcripción de algunos de sus apartes, así
como también del artículo 29 de la Constitución Política.

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

2

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00151-00
Demandante: LAURA JULIANA BARRERA PINILLA Y OTROS

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:
“1. Se proceda a la protección por vía de tutela de los derechos fundamentales, tales
como al derecho de petición y al debido proceso administrativo, consagrados o
emanados de los artículos 23 y 29 de la Constitución Política Colombiana, y de los
cuales son titulares los Doctores LAURA JULIANA BARRERA PINILLA, JENNY
CAROLINA PONGUTA CASTRO, SANDRA MILENA TRUJILLO TIBADUIZA,
JOHANNA VANESSA HOLGUÍN CÁRDENAS, XIMENA ORTEGA PINTO, LUIS
FERNANDO ROA HOLGUÍN, JULIÁN EDGARDO TEJEDOR ESTUPIÑÁN y WILLIAM
HUMBERTO PUENTES DUARTE, como consecuencia de la conducta desplegada por
LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

2. Por lo anterior, ORDÉNESE a la entidad tutelada, que en el improrrogable término
señalado por el despacho, proceda a dar respuesta clara, precisa y de fondo a las
peticiones y/o recursos presentados por LAURA JULIANA BARRERA PINILLA,
JENNY CAROLINA PONGUTA CASTRO, SANDRA MILENA TRUJILLO TIBADUIZA,
JOHANNA VANESSA HOLGUÍN CÁRDENAS, XIMENA ORTEGA PINTO, LUIS
FERNANDO ROA HOLGUÍN, JULIÁN EDGARDO TEJEDOR ESTUPIÑÁN y WILLIAM
HUMBERTO PUENTES DUARTE, teniendo en cuenta lo narrado en esta acción, en
conjunto con los anexos allegados y las disposiciones legales más favorables para los
accionantes.

3. Por la misma vía, ORDÉNESE a la entidad tutelada, que en el improrrogable
término señalado por el despacho, proceda a entregar a favor de los accionantes la
totalidad de los documentos y la información solicitada por LAURA JULIANA
BARRERA PINILLA, JENNY CAROLINA PONGUTA CASTRO, SANDRA MILENA
TRUJILLO TIBADUIZA, JOHANNA VANESSA HOLGUÍN CÁRDENAS, XIMENA
ORTEGA PINTO, LUIS FERNANDO ROA HOLGUÍN, JULIÁN EDGARDO TEJEDOR
ESTUPIÑÁN y WILLIAM HUMBERTO PUENTES DUARTE, teniendo en cuenta lo
narrado en esta acción, en conjunto con los anexos allegados y las disposiciones
legales más favorables para los accionantes”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente copias de las reclamaciones administrativas radicadas
ante la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Tunja el 5 y
8 de abril, 14 de mayo y 11 de septiembre de 2019 y 13 de marzo de 2020.

5. Trámite procesal

Por auto de 19 de enero de 2022, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a los demandantes y a las
autoridades administrativas demandadas.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 8250 a 8254 de 27 de
enero de 20222.

2 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes

direcciones de correo electrónico: ahclije@gmail.com; ahclije@gmail.com; ahclije@gmail.com;
ahclije@gmail.com; ahclije@gmail.com; ahclije@gmail.com; ahclije@gmail.com; ahclije@gmail.com;
litijuridico@gmail.com, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co,
dsajtnjnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; medesajtunja@cendoj.ramajudicial.gov.co.

3

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Demandante: LAURA JULIANA BARRERA PINILLA Y OTROS

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja

La Directora Ejecutiva, por intermedio de apoderada judicial, solicitó que se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no vulneró los
derechos fundamentales invocados. Para tal efecto, se refirió a las actuaciones
adelantadas respecto de las solicitudes formuladas por cada uno de los
accionantes, como se indica en el siguiente cuadro:

NOMBRE ACTUACIÓN NOTIFICACIÓN
Laura Juliana Barrera Indicó que mediante Resolución Señaló que esa decisión fue
Pinilla DESAJTUR 20-860 de 1 de julio notificada el 13 de julio de
2020, se resolvió el recurso de 2020, a través del correo
reposición, en el que confirmó la electrónico del apoderado de
decisión recurrida y concedió el la accionante
recurso de apelación. litijuridico@gmail.com.

A través del oficio DESAJTUO 21-594
de 5 de marzo de 2021, se remitió el
expediente administrativo a la Unidad
de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para resolver el recurso de
apelación. Explicó que esa actuación
se realizó a través del Sistema de
Correspondencia Judicial SIGOBIUS.
Jenny Carolina Indicó que mediante Resolución Señaló que esa decisión fue
Ponguta Castro DESAJTUR 22-55 de 31 de enero de notificada el 31 de enero de
2022, se resolvió el recurso de 2022, por medio de correo
reposición contra el acto ficto, en el electrónico.
sentido de confirmar la decisión
recurrida y se concedió el recurso de
apelación, por lo que el expediente
sería remitido al Director Ejecutivo de
Administración Judicial.

Sandra Milena Trujillo Indicó que mediante Resolución Señaló que esa decisión fue
Tibaduiza DESAJTUR20-859 de 1 de julio de notificada el 7 de julio de 2020,
2020, se resolvió el recurso de a través del correo electrónico
reposición, en el que confirmó la del apoderado de la
decisión recurrida y se concedió el accionante
recurso de apelación. litijuridico@gmail.com.

A través del oficio DESAJTUO21-682
de 17 de marzo de 2021, se envió el
expediente administrativo a la Unidad
de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para que resolviera el recurso
de apelación. Explicó que esa
actuación se realizó a través del
Sistema de Correspondencia Judicial
SIGOBIUS.
Johanna Vanessa Indicó que mediante Resolución Señaló que esa decisión fue
Holguín Cárdenas DESAJTUR20-858 de 1 de julio de notificada el 7 de julio de 2020,
2020, se resolvió el recurso de a través del correo electrónico
reposición, en el que se confirmó la del apoderado de la
decisión recurrida y se concedió el accionante
recurso de apelación. litijuridico@gmail.com.
4

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Demandante: LAURA JULIANA BARRERA PINILLA Y OTROS

A través del oficio DESAJTUO21-682
de 17 de marzo de 2021, se envió el
expediente administrativo a la Unidad
de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para que resolviera el recurso
de apelación. Explicó que esa
actuación se realizó a través del
Sistema de Correspondencia Judicial
SIGOBIUS.
Ximena Ortega Pinto Indicó que mediante Resolución Señaló que esa decisión fue
DESAJTUR22-56 de 31 de enero de notificada el 31 de enero de
2022, se resolvió el recurso de 2022, por medio de correo
reposición, en el sentido de confirmar electrónico.
la decisión recurrida y se concedió el
recurso de apelación, por lo que el
expediente sería remitido al Director
Ejecutivo de Administración Judicial.

Luis Fernando Roa Indicó que mediante Resolución Señaló que esa decisión fue
Holguín DESAJTU 020–421 de 19 de febrero notificada el 7 de julio de 2020,
de 2020, se resolvió el recurso de a través del correo electrónico
reposición, en el que se confirmó la del apoderado de la
decisión recurrida y se concedió el accionante
recurso de apelación. litijuridico@gmail.com.

A través del oficio DESAJTUO21-594
de 5 de marzo de 2021, se envió el
expediente administrativo a la Unidad
de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para que resolviera el recurso
de apelación. Explicó que esa
actuación se realizó a través del
Sistema de Correspondencia Judicial
SIGOBIUS.
Julián Edgardo Indicó que mediante Resolución Señaló que esa decisión fue
Tejedor Estupiñán DESAJTUO 19-3197 de 31 de notificada el 21 de enero de
diciembre de 2019, se dio respuesta a 2021, a través del correo
la petición formulada. No obstante, no electrónico del apoderado de
se observa en el sistema que se la accionante
hubiere presentado recurso de litijuridico@gmail.com.
reposición y en subsidio de apelación
contra la misma.
William Humberto Indicó que mediante Resolución Señaló que esa decisión fue
Puentes Duarte DESAJTUR 21-1117 de 26 de notificada el 26 de octubre de
octubre de 2021, se resolvió el 2021, a través del correo
recurso de reposición, en el que electrónico del apoderado de
confirmó la decisión recurrida y se la accionante
concedió el recurso de apelación. litijuridico@gmail.com.

A través del oficio DESAJTUO21-
3432 de 5 de noviembre de 2021, se
envió el expediente administrativo a la
Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para que resolviera el recurso
de apelación. Explicó que esa
actuación se realizó a través del
Sistema de Correspondencia Judicial
SIGOBIUS.

5

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En ese marco, manifestó que ha dado respuesta a todas las peticiones formuladas
por los accionantes por lo que, a su juicio, se habría configurado el fenómeno de la
carencia actual de objeto por hecho superado.

6.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, guardó silencio, a pesar de que fue debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

La Sala precisa que los señores Laura Juliana Barrera Pinilla, Jenny Carolina
Ponguta Castro, Sandra Milena Trujillo Tibaduiza, Johanna Vanessa Holguín
Cárdenas, Ximena Ortega Pinto, Luis Fernando Roa Holguín y William Humberto
Puentes Duarte radicaron sendas solicitudes ante la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Tunja, con el fin de que se reconociera de manera
retroactiva y hacía el futuro el carácter salarial de la bonificación judicial percibida
en aplicación del Decreto 383 de 2013 y aquellos que lo han modificado.

Esas peticiones fueron negadas, y de acuerdo con el relato de la demanda de
tutela, contra esa decisión presentaron recurso de reposición y en subsidio de
apelación, los cuales a la fecha de la presentación de la acción de tutela no
habían sido resueltos.

Por su parte, el señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán refirió que solicitó el
reconocimiento con carácter salarial de la prima especial del 30%, que percibe en
virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los decretos
reglamentarios y “la sentencia emitida a su favor”, y que a la fecha de
interposición de la solicitud de amparo no se había dado respuesta a la misma.

En ese marco, le corresponde a la Sala determinar si la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional Judicial de
Administración Judicial de Tunja vulneraron los derechos fundamentales de
petición y al debido proceso administrativo, al no resolver los recursos de
reposición y en subsidio de apelación que los accionantes presentaron contra los
actos administrativos a través de los cuales se negó la solicitud dirigida a que se
les reconociera, de manera retroactiva y hacía el futuro, el carácter salarial de la
bonificación judicial percibida en aplicación del Decreto 383 de 2013 y aquellos
que lo han modificado.

En el caso del señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán, con la falta de respuesta
a la solicitud para que se reconociera el carácter salarial de la prima especial del
30% que percibe en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
y los decretos reglamentarios y “la sentencia emitida a su favor”.

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3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.

La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
fundamental. En la sentencia T-1160A de 20013, esa corporación judicial señaló:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que
no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294
de 1997 y T-457 de 1994. ”4 .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,5 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales
más:

3 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
5 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.

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j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber
de responder”;6
k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado7”.

Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”8. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

6 Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de 2001, MP.

Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el
traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un
elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia,
constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente
formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración
elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de
conformidad con el artículo 209 de la Constitución…”.
7 Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
8 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

8

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“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

Mediante Decreto Legislativo 491 de 2020, el Gobierno Nacional amplió los
términos de respuesta a los derechos de petición y solicitudes de información que
se presenten ante las autoridades, mientras dure la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, ocasionada por el
COVID-19. Así, en el artículo 5º ibidem, se dispuso que para las peticiones en
curso o radicadas durante la Emergencia Sanitaria, los términos fijados por el
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se ampliarían de la siguiente manera:

“Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte
(20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días
siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados,
la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a
la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto en este artículo”.

La ampliación en los términos de respuestas a peticiones en los plazos
anteriormente señalados se encuentra vigente hasta que permanezca vigente la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social9.

Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se
garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa
y dentro de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las
situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez

9 Mediante Resolución No. 000304 de 23 de febrero de 2022, se prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30

de abril de 2022.

9

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constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir
una respuesta conforme a los lineamientos trazados”10.

Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones,
de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos por la ley,
siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Los señores Laura Juliana Barrera Pinilla, Jenny Carolina Ponguta Castro,
Sandra Milena Trujillo Tibaduiza, Johanna Vanessa Holguín Cárdenas, Ximena
Ortega Pinto, Luis Fernando Roa Holguín y William Humberto Puentes Duarte
manifestaron que son empleados de la Rama Judicial y que, en escritos
independientes, solicitaron a la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración
Judicial de Tunja que reconociera de manera retroactiva y hacía el futuro el
carácter salarial de la bonificación judicial percibida en aplicación del Decreto 383
de 2013 y aquellos que lo han modificado.

Esas peticiones fueron negadas, y de conformidad con lo expuesto por los
demandantes, contra esa decisión presentaron recurso de reposición y en
subsidio de apelación, los cuales a la fecha de la presentación de la acción de
tutela no habían sido resueltos.

En el caso del señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán, en la petición de tutela
indicó que el 11 de septiembre de 2019 solicitó el reconocimiento con carácter
salarial de la prima especial del 30%, que percibe en virtud de lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los decretos reglamentarios y “la sentencia
emitida a su favor”, y que a la fecha de interposición de la solicitud de amparo
constitucional no había recibido respuesta.

4.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Tunja, en el
escrito de contestación de la acción de tutela, manifestó que resolvió los recursos
de reposición en el sentido de confirmar la decisión recurrida que negó la solicitud
formulada por quienes pretendían el reconocimiento de manera retroactiva y
hacía el futuro el carácter salarial de la bonificación judicial percibida en aplicación
del Decreto 383 de 2013 y aquellos que lo han modificado, y concedió los
recursos de apelación, por lo que se remitieron los expedientes a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para lo de su cargo.

Respecto del caso del señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán, indicó que
mediante Resolución DESAJTUO 19-3197 de 31 de diciembre de 2019, se negó
la solicitud dirigida al reconocimiento con carácter salarial de la prima especial del
30%, que percibe en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
y los decretos reglamentarios y “la sentencia emitida a su favor”, no obstante, no
se encontró en el sistema que contra esa decisión se hubiera presentado recurso
de reposición y en subsidio de apelación.

10 Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01).

10

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Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardó silencio en
el trámite de tutela, a pesar de que fue debidamente notificada del auto admisorio
de la demanda por medio del oficio No. 8253 de 27 de enero de 2022, enviado al
correo electrónico deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co ese mismo día.

4.3. De acuerdo lo expuesto, la Sala considera necesario referirse brevemente al
marco normativo que regula el trámite de los recursos administrativos y el silencio
administrativo.

Conforme con lo establecido en el artículo 74 del CPACA, por regla general,
contra los actos administrativos proceden los recursos de reposición ante la
autoridad que expidió la decisión cuestionada, y el de apelación ante el inmediato
superior administrativo o funcional, con el fin de que se aclare modifique adicione
o revoque. También procede el de queja cuando se rechace este último.

El artículo 76 de ese estatuto procesal hace referencia a la oportunidad y
presentación de los recursos de reposición y apelación, al señalar que deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los
diez días siguientes a la notificación por aviso, y en cualquier tiempo cuando se
trata de actos fictos.

De igual forma, establece que deberá interponerse ante el funcionario que dictó la
decisión. El de apelación podrá presentarse directamente o como subsidiario del
de reposición y cuando proceda será obligatorio para acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa.

En relación con los requisitos, el artículo 77 indica que deberán (i) interponerse por
escrito y podrán radicarse a través del uso de medios electrónicos, (ii) dentro del
plazo legal, (iii) expresando de manera concreta los motivos de inconformidad, (iv)
pueden solicitarse y aportar pruebas que se pretendan hacer valer, (v) indicar
nombre y dirección del recurrente en donde desee que se envié la respuesta, (vi)
para actuar a través de apoderado este debe acreditar la calidad de abogado, y en
caso de actuar como agente oficioso debe prestar caución y el interesado deberá
ratificar su actuación dentro de los dos meses siguientes.

El artículo 78 indica que el recurso podrá ser rechazado en caso de no cumplir
cualquiera de los citados requisitos.

El artículo 79 prevé que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo y
deben resolverse de plano, excepto en los casos en donde se ha solicitado la
práctica de pruebas, evento en el que deberá correrse traslado por cinco días, o
que el funcionario a quien le corresponda decidir las decrete de oficio. El periodo
que tiene la Administración para la etapa probatoria es de treinta días prorrogables
por una sola vez por un término igual.

Sobre la decisión, el artículo 80 del CPACA establece que “[v]encido el período
probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare,
deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión
resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que
surjan con motivo del recurso”.

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En relación con el silencio administrativo, que el Consejo de Estado ha entendido
como “una presunción o ficción legal por virtud de la cual, transcurrido cierto plazo
sin resolver la administración, y producidas además determinadas circunstancias,
se entenderá denegada u otorgada la petición o el recurso formulado por los
particulares u otras administraciones11”, el artículo 86 del CPACA regula esta figura
en lo pertinente a los recursos administrativos en los siguientes términos:

“Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2)
meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación
sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión
es negativa.

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la
autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere
notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria
gravísima”.

4.4. Sobre la relación entre el ejercicio del derecho fundamental de petición y los
recursos administrativos, la Corte Constitucional ha señalado que el primero “no
solo se desarrolla con la solicitud inicial elevada ante la administración, sino que
incluye los recursos que en la vía gubernativa se interpongan y las
solicitudes de revocatoria directa”, por lo que “cuando la administración omite
resolver las solicitudes de revocatoria directa y los recursos presentados en vía
gubernativa desconoce no solo el derecho de petición, sino de contera el derecho
al debido proceso administrativo, ya que uno de sus componentes fundamentales
es la posibilidad de interponer recursos y realizar solicitudes, y obtener respuesta
eficaz de los mismos, independientemente del sentido de la misma12”.

Al respecto, en la sentencia C-007 de 201713, la Corte Constitucional se refirió a los
elementos que conforman el núcleo esencial del derecho de petición, tales como
pronta resolución, respuesta de fondo, notificación de la decisión. También
estableció los elementos estructurales de este derecho, esto es, que toda persona
tiene derecho a formular peticiones respetuosas de manera escrita o verbal, ante
las autoridades por motivos de interés general o particular, lo cual se rige por la
informalidad, es decir, que no es necesario invocar el artículo 23 de la Constitución
Política, es gratuito y no se requiere actuar a través de apoderado.

En ese marco, estableció que los recursos administrativos constituyen una
expresión del derecho de petición, es decir, una forma más del ejercicio de ese
derecho y aseveró que, por lo tanto, está atado a su núcleo esencial, lo que
supone “la obligación para la administración de dar respuesta oportuna, clara y de
fondo a la solicitud formulada, lo cual exige que la respuesta se dé en los
términos regulados por dicho procedimiento, siempre que éste responda a las
anteriores pautas. Por lo tanto, es indudable que los recursos se guían por los

11 Sentencia de 12 de mayo de 2010. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Expediente 2009-00077-01.
12 Sentencia T-494 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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principios del derecho de petición y son una modalidad de su ejercicio”. (Negrilla
fuera del texto original)

En esa misma línea, T-682 de 201714 reiteró que el derecho fundamental de
petición se vulnera cuando los recursos administrativos no se resuelven de
manera clara y congruente y dentro del término establecido para tal efecto. Ello,
en razón a que “al interponer los recursos de reposición y apelación se está
presentando una petición respetuosa con el fin de obtener, ya sea, la aclaración,
modificación o revocación de un acto administrativo, en consecuencia, la
administración tiene el deber de resolverlos oportunamente, de manera suficiente,
efectiva y congruente con lo solicitado, de lo contrario se vulneraría el núcleo
esencial del derecho de petición”.

Del mismo modo, esa corporación judicial también ha precisado que la figura del
silencio administrativo negativo no torna improcedente la acción de tutela para
reclamar el amparo del derecho fundamental de petición cuando no se ha resuelto
un recurso administrativo, en tanto “la única finalidad del silencio
administrativo negativo es facilitarle al administrado la posibilidad de acudir
ante la jurisdicción para que ésta resuelva sobre sus pretensiones. Pero tal
circunstancia no implica considerar que el silencio administrativo pueda
equipararse a la resolución del recurso, pues el derecho de petición sigue
vulnerado mientras la administración no decida de fondo sobre lo recurrido.
En efecto, la Corte Constitucional ha concluido que la interposición de recursos
frente a actos administrativos hace parte del ejercicio del derecho fundamental de
petición, toda vez que a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad
pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la aclaración, la
modificación o la revocación de un determinado acto15”. (Negrilla fuera del texto
original)

4.5. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que en la demanda se hace
referencia a varios casos que tienen una temática similar, que permite abordar el
estudio en una misma providencia. No obstante, existen particularidades en el
trámite adelantado ante las entidades demandadas, que hacen necesario
establecer tres grupos para el respectivo análisis, así: (i) casos en los que existe
evidencia de que se envió el expediente administrativo al superior para tramitar el
recurso de apelación, (ii) casos en los que no se acreditó que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial recibió el expediente administrativo para
tramitar el recurso de apelación, y (iii) el caso del señor Julián Edgardo Tejedor
Estupiñán, quien adujo que no se le ha dado respuesta a la petición formulada el
11 de septiembre de 2019.

4.6. En el primer escenario, se encuentra el caso de la señora Jenny Carolina
Ponguta Castro en el que se evidencia que el 5 de abril de 2019 presentó ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Tunja, petición dirigida a
que se reconociera el carácter salarial de la bonificación judicial, sin embargo, no
obtuvo una respuesta, por lo que presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación16 contra el acto ficto o presunto. Por medio de la Resolución

14 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15 T-134 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
16 No se evidencia en el expediente la fecha de radicación del recurso.

13

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DESAJTUR22-55 de fecha 31 de enero de 2022, esa entidad resolvió no reponer
la decisión administrativa impugnada y concedió el recurso de apelación.

También, en este grupo se ubica el caso de la señora Ximena Ortega Pinto, en el
cual la Sala observa que el 14 de mayo de 2019 radicó petición en el mismo
sentido descrito anteriormente, la cual fue resuelta por medio del oficio
DESAJTUO20 – 423 de 19 de febrero de 2020. Frente a ese acto administrativo,
el 10 de marzo de 2020, la actora presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación. El primero fue resuelto por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja a través de la Resolución No. DESAJTUR22-56
de 31 de enero de 2022, en el sentido de confirmar la decisión recurrida y
concedió el recurso de apelación.

En relación con ambos casos, la Sala encuentra que obran en el expediente los
citados actos administrativos, empero, no existe evidencia de la remisión de los
respectivos expedientes administrativos a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para que proceda a resolver los recursos de apelación, por lo que no
puede reprocharse a esta última alguna omisión en ese sentido.

Es decir, resulta claro que las solicitudes formuladas por las accionantes no se
han resuelto de manera integral, en tanto no se acreditó la remisión del expediente
administrativo al superior jerárquico para efectos de resolver el recurso de
apelación, por lo que para la Sala en estos dos casos, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Tunja vulneró el derecho fundamental al
debido proceso administrativo.

Sobre la protección del debido proceso en sede administrativa la Corte
Constitucional ha señalado que “las garantías que integran el derecho son, entre
otras i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el
trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la
autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada
juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones
injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los
derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi)
a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que
se expidan con vulneración del debido proceso17”. (Negrillas fuera del texto
original)

En consecuencia, la Sala amparara el derecho fundamental al debido proceso
administrativo de las señoras Jenny Carolina Ponguta Castro y Ximena Ortega
Pinto y ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Tunja, que si aún no lo ha hecho, remita los expedientes administrativos a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que resuelva los recursos de
apelación.

De la misma manera, instará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja, para que en lo sucesivo garantice una resolución pronta a las
peticiones ciudadanas dentro de las cuales se encuentran los recursos

17 T-342 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.

14

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administrativos, para garantizar de manera efectiva el derecho fundamental de
petición.

Lo anterior, en razón a que se logró evidenciar que el recurso de reposición sí fue
decidido pero de manera tardía, pues en el primer caso (Jenny Carolina Ponguta
Castro) hubo un pronunciamiento sobre los recursos administrativos el 31 de
enero de 2022, aunque no se establece la fecha exacta de presentación del
recurso, sí es posible determinar que se presentó contra un acto ficto frente a una
solicitud radicada el 5 de abril de 2019, lo que permite evidenciar que el trámite en
la entidad demandada tardó dos (2) años, nueve (9) meses y veintiséis (26) días,
lo que excede un plazo razonable para tramitar una petición ciudadana. En el
segundo evento (Ximena Ortega Pinto), el recurso de reposición fue promovido el
10 de marzo de 2020 y se resolvió el 31 de enero de 2022, esto es, transcurrido
un (1) año y diez (10) meses y veintiún (21) días. En ambos casos, el recurso de
reposición fue resuelto con ocasión de la presentación de la acción de tutela.

4.7. En los casos de Laura Juliana Barrera Pinilla, Sandra Milena Trujillo
Tibaduiza, Johanna Vanessa Holguín Cárdenas, Luis Fernando Roa Holguín y
William Humberto Puentes Duarte, la Sala encuentra acreditado que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja resolvió el recurso de
reposición en el que confirmó la decisión recurrida que negó las peticiones de
reconocimiento de manera retroactiva y hacía el futuro el carácter salarial de la
bonificación judicial percibida en aplicación del Decreto 383 de 2013 y aquellos
que lo han modificado, y concedió los recursos de apelación que fueron remitidos
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para lo de su cargo, sin que a
la fecha se acredite una respuesta de fondo.

De las pruebas que obran en el expediente, las respuestas entregadas son las
siguientes:

DEMANDANTE FECHA DE LA ACTO ADMINISTRATIVO NOTIFICACIÓN DEL REMISIÓN DEL
SOLICITUD QUE RESUELVE EL ACTO EXPEDIENTE
RECURSO DE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
REPOSICIÓN AL SUPERIOR
(SIGOBIUS)
Laura Juliana 14 de mayo de Resolución DESAJTUR 20-
Barrera Pinilla 2019 860 de 1 de julio 2020 13 de julio de 2020 5 -03- 2021
DESAJTUO21-594
Sandra Milena 5 de abril de Resolución DESAJTUR20- 17-03-2021
Trujillo Tibaduiza 2019 859 del 1 de julio de 2020 7 de julio de 2020 DESAJTUO21-682
Johanna Vanessa 5 de abril de Resolución DESAJTUR20- 17-03-2021
Holguín Cárdenas 2019 858 del 1 de julio de 2020 13 de julio de 2020 DESAJTUO21-682
Luis Fernando Roa 8 de abril de Resolución DESAJTUR20- 5-03- 2021
Holguín 2019 857 7 de julio de 2020 DESAJTUO21-594
de 1 de julio de 2020
William Humberto 9 de Resolución DESAJTUR 21- 26 de julio de 2021 5 -11- 2021
Puentes Duarte septiembre de 1117 de fecha 26 de octubre DESAJTUO21-3432
2021 de 2021

De lo anterior, resulta posible acreditar que el 5 y 17 de marzo y 5 de noviembre
de 2021, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
remitió los expedientes administrativos de los citados demandantes, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial con el objeto de que se resolvieran los
recursos de apelación. Sin embargo, esta última entidad no acreditó que ya lo
hubiera hecho, por lo que se encuentra vulnerado el derecho fundamental de
petición conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta providencia,
en tanto no se ha dado una respuesta, excediendo inclusive el término de los dos
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meses previsto en el artículo 86 del CPACA para que opere el silencio
administrativo negativo, circunstancia esta que no exime per se a la autoridad de
resolver los recursos.

Como se explicó en precedencia (supra 4.4), la vulneración del derecho de
petición no cesa mientras la administración no decida de fondo lo recurrido,
porque se reitera, la interposición de recursos hace parte de esa garantía
iusfundamental, en tanto a partir de ellos se pretende la aclaración, modificación o
revocación de un determinado acto.

En consecuencia, la Sala amparará el derecho fundamental de petición y ordenará
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emita
respuestas claras, completas, de fondo y que sean debidamente notificadas a
cada uno de los peticionarios, en las que se resuelvan los recursos de apelación
formulados contra los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja que negaron la solicitud de
reconocimiento de carácter salarial de la bonificación judicial percibida en
aplicación del Decreto 383 de 2013.

4.8. Finalmente, en relación con el señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán en la
demanda de tutela asevera que el 11 de septiembre de 2019 radicó ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, una solicitud
dirigida a que se reconociera el carácter salarial de la prima especial del 30% que
percibe en virtud del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin embargo, adujo que a la
fecha de presentación de la demanda no había recibido respuesta.

En contraste, en la contestación de la demanda la entidad accionada adujo que
mediante oficio DESAJTUO 19-3197 de 31 de diciembre de 2019, se dio
respuesta a la petición formulada y señaló que esa decisión fue notificada el 21 de
enero de 2021, por aviso enviado a través del correo electrónico del apoderado de
la accionante litijuridico@gmail.com.

En efecto, obra en el expediente el citado oficio en el que se resolvió lo solicitado
por el actor en el siguiente sentido: “teniendo en cuenta todo lo anteriormente
escrito, con todo respeto, le manifiesto que no es procedente para la Dirección
Seccional realizar lo solicitado, en atención a la aplicación de los criterios de
prevención del daño antijurídico de acuerdo a las políticas adoptadas por el nivel
central y en consideración a que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
carece de presupuesto necesario para reconocer por nómina dichas acreencias
laborales a cada uno de los servidores judiciales beneficiarios de dicha prestación,
por lo que la entidad con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de unificación
SUJ-016-CE-S2-2019, adelantará las gestiones ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para la asignación de los recursos correspondientes”.

Para efectos de acreditar la notificación del mismo se aportaron los correos
electrónicos enviados el 3 y el 21 de enero de 2020 al correo electrónico
litijuridico@gmail.com, con los siguientes mensajes:

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De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja no vulneró el derecho fundamental de petición
del señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán, en tanto se acreditó que desde el 31
de diciembre de 2019 por medio del oficio DESAJTUO 19-3197 se resolvió la

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solicitud formulada el 11 de septiembre del mismo año, la cual según las pruebas
que reposan en el expediente no fue objeto de recursos administrativos, lo que
permite concluir que no ha existido vulneración alguna de la precitada garantía
iusfundamental.

En esas condiciones, se negarán las pretensiones de la acción de tutela en
relación con el señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso administrativo
de las señoras Jenny Carolina Ponguta Castro y Ximena Ortega Pinto. En
consecuencia,

Segundo.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja, por intermedio de la dependencia encargada, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia,
si aún no lo ha hecho, remita los expedientes administrativos correspondientes a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que resuelva los recursos de
apelación formulados contra los actos administrativos que negaron la solicitud de
reconocimiento con carácter salarial de la bonificación judicial percibida en
aplicación del Decreto 383 de 2013.

Tercero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición de los señores Laura
Juliana Barrera Pinilla, Sandra Milena Trujillo Tibaduiza, Johanna Vanessa
Holguín Cárdenas, Luis Fernando Roa Holguín y William Humberto Puentes
Duarte. En consecuencia,

Cuarto.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
intermedio de la dependencia encargada, que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emita respuesta
clara, completa, de fondo y que sean debidamente notificadas a cada uno de los
peticionarios, en las que se resuelvan los recursos de apelación formulados contra
los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja que negaron la solicitud de reconocimiento con
carácter salarial de la bonificación judicial percibida en aplicación del Decreto 383
de 2013.

Quinto.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Julián Edgardo Tejedor Estupiñán contra la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja, por las razones expuestas.

Sexto.- ÍNSTASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja, para que en lo sucesivo garantice una resolución pronta a las peticiones
ciudadanas dentro de las cuales se encuentran los recursos administrativos, para

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00151-00
Demandante: LAURA JULIANA BARRERA PINILLA Y OTROS

garantizar de manera efectiva el derecho fundamental de petición.

Séptimo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Octavo.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Noveno.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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