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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00152-00

Fecha
28 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00152-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MANTENERSE en las decisiones tomadas en los autos objeto de censura, por las razones expuestas en esta motiva. SEGUNDO: REMITIR la presente providencia, junto con todas las documentales contentivas tanto del disciplinario 2019-1235y el verbal sumario 2017-1305 a los Juzgados Administrativos de esta ciudad por conducto de la Oficina Judicial -Reparto, para los efectos determinados en el artículo 26 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015. […] Por remisión hecha por parte del Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá, el 22 de febrero de 2022, fue repartido al Juzgado 6.° Administrativo de Bogotá para su trámite el recurso de insistencia con radicado 11001 33 34 006 2022 00076 00, respecto del cual la Sala, una vez revisada la página JUSTICIA XXI WEB,21 evidenció que mediante auto del 23 de febrero de esta anualidad, declaró la falta de competencia, y ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, para lo de su cargo. Sin embargo, conforme se pudo establecer en la página web referenciada, el 17 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,22 ordenó devolver el expediente contentivo del recurso de insistencia al Juzgado 6.° Administrativo de Bogotá. Ahora bien, la reglamentación sobre el derecho de petición ante autoridades públicas, las reglas generales incluyendo la información y documentos reservados, el rechazo por motivo de reserva y el recurso de insistencia están previstas en los Capítulos I y II del Título II de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contenido en la Ley 1437 de 2011 (artículos 13 a 33),23 normas que son aplicables a las siguientes entidades y procedimientos: Artículo 2.° Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes 21s://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frm Y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00152-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

28 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 00152-00
Demandante: Lino López Quijano
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá y otros

Temas: Derecho de petición / Informaciones y documentos reservados/
Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva /
Recurso de insistencia del solicitante en caso de reserva (artículos
24, 25 y 26 CPACA)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Lino López Quijano promueve acción de tutela contra el doctor Hernán
Augusto Bolívar Silva como juez primero civil del circuito de Bogotá,1 el Juzgado 39
Civil Municipal de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación, [cuyo actual titular es el doctor Hernán Augusto
Bolívar Silva] por estimar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y a la igualdad.

1
El doctor Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano, juez Primero Civil del Circuito de Bogotá, a través de
informe rendido en el trámite de tutela, señaló que el señor Hernán Augusto Bolívar Silva, estuvo encargado de ese
despacho hasta el mes de septiembre de 2021.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 00152 00
Demandante: Lino López Quijano

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos que estima vulnerados, solicita:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales artículos 6, 13, 15, 23 y 29 con
conexidad a daño irreparable en consecuencia de los hechos mencionados su no
contestación y mitigación ocasionaría un riesgo inminente al daño de la prueba
crucial de los procesos judiciales ante un RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, que
el mismo tiene un vencimiento, referentes al accionante con su debida custodia y
corrección de la información que a su vez a la misma Constitución, Ley de
Transparencia y Nuevo Código General del Proceso artículo 173 y Código Penal
Colombiano.

SEGUNDO: Decretar las medidas provisionales para proteger un derecho respectivo
según los hechos mencionados y ordenar la preservación del orden Jurídico de los
derechos fundamentales suspendiendo la aplicación del acto concreto que lo
amenace o vulnere al accionante para evitar un perjuicio irremediable, y exhortar
para que se brinde la información de los videos y custodia de los mismos hasta que
llegue el ente investigador requerida en dicho derecho de petición del 11 de mayo de
2021.

TERCERO: Se la corrección inmediata (sic) de la información temeraria ya que no son
parte de procesos judiciales que el accionante no lo plasmó para que la información
fluyera en versus (sic) a la Transparencia de la información.

CUARTO: Se envié y compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación,
Procuraduría General de la Nación, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dado
después de dicha investigación para que se aclare dichas situaciones y se sancione
a los causantes del desgaste judicial constitucional, en vías disciplinarias y/o
penalmente. (sic en toda la cita)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) El 11 de mayo de 2021, radicó vía correo electrónico derecho de petición al señor
Hernán Augusto Bolívar Silva, Juez Primero Civil del Circuito de Bogotá; dicha
solicitud, la remitió con copia a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación,
solicitando adicionalmente «INTERVENCIÓN DIRECTA», según las competencias.

ii) El 10 de mayo de 2021 (sic), la procuradora delegada para Asuntos Civiles mediante
Oficio SIGDEA E-2021-228117, le informa que, por competencia, la petición fue remitida
a la Personería de Bogotá.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 00152 00
Demandante: Lino López Quijano

iii) El 9 de junio de 2021, conforme al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, el señor
Hernán Augusto Bolívar Silva, juez primero civil del circuito de Bogotá, remitió dicha
solicitud al Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá, sin ofrecer respuesta oportuna.

iv) El 28 de septiembre de 2021, la directora de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bogotá a través de Oficio 55216, le
notificó que la solicitud fue trasladada al señor Hernán Augusto Bolívar Silva,
desconociendo que pidió la intervención directa de esa corporación.

v) La Fiscalía General de la Nación no profundizó en los puntos 10 y 12 de la petición
que eran de su resorte y se limitó a emitir «una noticia criminal, la cual archivó las
diligencias a los 2 meses sin ninguna exploración probatoria, ni siquiera una ampliación
de la denuncia por parte del suscrito perjudicado con la conducta del Doctor HERNÁN
AUGUSTO BOLÍVAR SILVA en una contratación lesiva a las normas penales y
disciplinarias».

vi) La señora Miryam González Parra, quien ocupa el cargo de Juez 39 Civil Municipal
de Bogotá, no respondió de fondo la petición y la direccionó a un proceso disciplinario,
desviando el objeto real de la solicitud.

vii) Elevó infructuosamente en dos oportunidades, el recurso de insistencia de la
información.

viii) Hasta la fecha de interposición de la acción de tutela no ha recibido respuesta
oportuna y de fondo a lo solicitado.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

Señaló que las accionadas no han cumplido lo dispuesto en el numeral 1.° del artículo
14 de la Ley 1755 de 2015, desbordando los términos legales «los cuales sobrepasan
los 145 días» con los que cuentan para dar respuesta oportuna y de fondo; además,
no ha sido «corregida dicha información, ni notificada, más bien se podría evidenciar

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Demandante: Lino López Quijano

un ocultamiento de las informaciones» conforme a lo solicitado y las entidades
desconocieron que en el correo remitido se solicitó la «INTERVENCIÓN DIRECTA» de
acuerdo con sus competencias.

Adujo que con la acción de tutela persigue llegar a «determinar la verdad y corregir la
información que perjudica gradualmente al accionado, por tal motivo la premura de
dicha acción es de tal envergadura que se solicita al juez de tutela proteger los
derechos constitucionales con respecto a la información solicitada debido a que están
restringiendo dicha información».

Manifestó que el señor Hernán Augusto Bolívar Silva [quien regentó el Juzgado 39
Civil Municipal de Bogotá], era el obligado a suministrar la información requerida;
adicionalmente sostuvo que las preguntas expuestas en la petición conllevarían
«determinar las inconsistencias puntuales».

A su juicio, dicha omisión vulnera la ley de transparencia, la credibilidad en la
administración de justicia y la ética por ocultamiento de la información, ocasionándole
un daño antijurídico.

1.4. Actuación procesal

La tutela de la referencia, admitida por auto del 15 de febrero de 2022, ordenó: i)
notificar al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría
General de la Nación, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá y al Juzgado 39
Civil Municipal de Bogotá, como demandados, ii) comisionó al Consejo Superior de la
Judicatura para que de acuerdo a la información que reposara en sus bases de datos,
notificara el presente trámite constitucional, como accionado, al señor Hernán Augusto
Bolívar Silva, quien, al parecer trabajó como juez en el Juzgado Primero Civil Municipal
de Bogotá en el año 2021, y iii) se abstuvo de decretar las medidas provisionales
solicitadas.

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Demandante: Lino López Quijano

Lo anterior, para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de
defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El juez primero civil del circuito de Bogotá,2 Gamal Mohammand Othman
Atshan Rubiano, informó que el derecho de petición elevado por el señor Lino López
Quijano estaba dirigido a que se absolvieran unos cuestionamientos referentes a
situaciones administrativas acaecidas en el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá,
despacho del cual el señor Hernán Augusto Bolívar Silva estuvo encargado hasta el
mes de septiembre del 2021.

Señaló que el 9 de junio de 2021 fue contestada por el titular del despacho de ese
momento, la petición elevada por el accionante.

1.5.2. El juez 39 civil municipal de Bogotá,3 Hernán Augusto Bolívar Silva, aclaró
que los días 15 de junio y 1.° de octubre de 2021 y el 17 de febrero de 2022, ese
juzgado ofreció respuesta a los diferentes derechos de petición elevados por el
accionante; aseguró que le ha reiterado al señor López Quijano que las preguntas
realizadas son de carácter subjetivo y personal del titular de ese juzgado y que dichas
misivas se infieren que harían parte dentro de la investigación disciplinaria con
radicado 2019-123.

Manifestó que «conforme se desprende de la lectura de los doce (12) interrogantes
contentivos en los “derechos de Petición” que aduce el accionante, este titular se
abstiene de responder tales cuestionamientos, no solo porque se salen de la órbita
que nos ocupa, sino porque de ellos se desprende un carácter inminentemente
personal atinente a mi persona, siendo grosero por parte del quejoso pretender ahora,
irrumpir en el ámbito de la intimidad que le atañe al suscrito».

2 Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.

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Demandante: Lino López Quijano

Añadió que como titular de ese despacho, actualmente no es investigado ni requerido
por ninguna autoridad judicial, policiva o disciplinaria.

Indicó que en el proceso de restitución con radicado 2017-1305 que se adelantaba en
ese juzgado, donde el señor Lino López actuó como demandado, ya fue proferida
sentencia que está debidamente ejecutoriada y notificada, por lo que a la fecha se
encuentra pendiente de realizar la diligencia de entrega del inmueble objeto de
restitución, para cuyo efecto el despacho comisorio ya está radicado ante la autoridad
competente.

En su criterio, la intención del tutelante es entorpecer el trámite correspondiente a la
diligencia de entrega del referido inmueble presentando de manera recurrente
distracciones de cualquier índole.

Finalmente, consideró que los cuestionamientos a los que hacen alusión los diferentes
derechos de petición del señor López Quijano tienen «CARÁCTER RESERVADO», a menos
que sea solicitado por la autoridad competente en el marco de un proceso o
investigación en su contra, situación que a la fecha no acontece.

1.5.3. El fiscal 212 seccional de Administración Pública de Bogotá,4 Carlos Arturo
Orozco Giraldo, señaló que el 21 de mayo de 2021, le fue asignada la noticia criminal
110016000050202108025 por la conducta tipificada en el artículo 410 del Código
Penal, originada en la denuncia radicada por el señor Lino López Quijano por la
presunta inhabilidad en que habría incurrido la señora Lady Adalcia Vargas
Castellanos para ejercer cargos públicos. Una vez analizados los documentos
aportados, determinó el 9 de julio de 2021 el archivo de la investigación, por atipicidad
de la conducta.

Mencionó que la situación de la señora Vargas Castellanos fue corroborada por el
Departamento de Personal de la Rama Judicial y habiéndose surtido la verificación de
antecedentes, dicha inhabilidad no fue probada, por lo que hizo efectiva su vinculación.

4 Expediente digital de tutela.

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Consideró que debe declararse la improcedencia del amparo reclamado, pues no es
la vía para solicitar el desarchivo del proceso penal.

1.5.4. El director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
Cundinamarca, Amazonas,5 Pedro Alfonso Mestre Carreño, solicitó declarar la falta
de legitimidad en la causa por pasiva de esa corporación, pues el derecho de petición
elevado por el señor Lino López Quijano iba dirigido al señor Hernán Augusto Bolívar
Silva quien para la época de los hechos regentaba el cargo de Juez 39 Civil Municipal
de Bogotá.

1.5.5. La asesora de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación6
Lina María Moreno Galindo, explicó que en diferentes dependencias de esa entidad
fueron radicados varios derechos de petición elevados por el señor Lino López
Quijano, tramitados así:

i) El 21 de febrero de 2021, la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá, remitió el
radicado 2021-251780 a la Personería de Bogotá.

ii) El 21 de febrero de 2021, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, remitió el
radicado E-2021-228117 por competencia a la Personería de Bogotá por encontrarse
el caso bajo conocimiento de un Juzgado Civil Municipal de esta ciudad.

iii) La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, a través de auto del 27 del
12 de abril de 2021 remitió la respuesta brindada a la petición elevada por el señor
López Quijano por el juez 39 civil municipal de Bogotá.

Precisó que las quejas disciplinarias no se tramitan bajo los términos del derecho de
petición, teniendo en cuenta que la Ley 734 de 2002, regula el proceso disciplinario y
sus etapas y que el artículo 23 de la Constitución Política faculta a todos los
ciudadanos a elevar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas y
excepcionalmente ante los particulares, con el fin de obtener respuestas a inquietudes

5 Expediente digital de tutela.
6
Expediente digital de tutela.

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de interés particular o general, sin que el derecho de petición y su ejercicio no obligue
al Estado a entregar respuestas positivas a lo pretendido o en el sentido requerido por
el peticionario, pero sí deberán ser oportunas, claras y congruentes con lo solicitado.
En tal virtud, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado al
advertir que las peticiones fueron remitidas a la Personería de Bogotá y comunicada
la gestión al solicitante.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto de acuerdo con lo previsto
en el numeral 8.º del artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, que modifica el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas
contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la Corte
Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto».

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar, en primer lugar, si los Juzgados Primero
Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá vulneraron al
accionante los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de igualdad,
al no haber dado respuesta a la petición formulada el 11 de mayo de 2021, y, en
segundo lugar, si el Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación omitieron su deber de intervención respecto del
trámite de dicha solicitud.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos

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fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.

Por ello, el artículo 6.º numeral 1.° del Decreto 2591 de 1991, establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional7 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas, que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.5.1. Proceso disciplinario adelantado contra la señora Lady Adalcia Vargas
Castellanos por queja presentada por el señor Lino López Quijano

7 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006,

T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas.

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Demandante: Lino López Quijano

2.5.1.1. El 9 de septiembre de 2019, el señor Lino López Quijano radicó ante el
Consejo Superior de la Judicatura queja disciplinaria contra la señora Lady Adalcia
Vargas Castellanos:8
[…]

Por situaciones presentadas en el Juzgado 39 Civil Municipal y por haber actuado
temerariamente contra el debido proceso del suscrito peticionario en proceso 2017-1305,
en donde no me permitió tiempo estipulado en el CGP para contestación de la demanda,
no me entregó unas copias a su tiempo para proponer la tacha de falsedad, impidió en
varias ocasiones la revisión del expediente en dicho despacho.

[…]

Con todas estas anomalías me vi a la tarea de investigar dicho hostigamiento a nivel
judicial dentro de dicho proceso 2017-1305 donde era funcionaria del despacho como
ASISTENTE JUDICIAL, la misma notificadora, persona que manifestó que el término para
contestar la demanda era de 3 días y persona que obstruyó el acceso a la información
del expediente, donde me llevé la mayor sorpresa que la misma funcionaria de la Rama
Judicial fue condenada por el delito de TENTATIVA DE HURTO CALIFICADO AGRAVADO en
noticia criminal 11001 60 00 023 2011 09749 00 que lo llevó el Juzgado de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad No. 21.

2.5.1.2. El 7 de octubre de 2019, la magistrada Paulina Canosa Suárez del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, remitió por
competencia la queja del señor Lino López Quijano al Juzgado 39 Civil Municipal de
Bogotá conforme al artículo 67 de la ley 734 de 2002.9

2.5.1.3. El 21 de enero de 2020, el señor Hernán Augusto Bolívar Silva, juez 39 Civil
Municipal de Bogotá10 en atención a la comunicación remitida por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, resolvió:11

PRIMERO: ORDENAR la APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR contra la señora LADY
ADLACIA VARGAS CASTELLANOS quien se desempeñaba como Asistente Judicial de este
despacho, con el fin de comprobar la ocurrencia de las conductas presentadas al interior
del proceso 2017-01305 y verificar si son faltas disciplinarias e individualizar al empleado
que haya intervenido en ellas.

[…]

8 Folios 1 a 8 expediente digital original disciplinario.
9
Folios 29 expediente digital original disciplinario.
10
Suscrito por el señor Hernán Augusto Bolívar Silva, juez 39 Civil Municipal de Bogotá.
11 Folio 33 y vuelto expediente digital original disciplinario.

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Demandante: Lino López Quijano

2.5.1.4. El 1.° de diciembre de 2020, el señor Hernán Augusto Bolívar Silva, juez 39
civil municipal de Bogotá,12 resolvió:

PRIMERO: Abrir formal investigación disciplinaria en contra de LADY ADALCIA VARGAS
CASTELLANOS, identificada con la cédula de ciudadanía 33.700.908, quien desempeñaba
el cargo de ASISTENTE JUDICIAL en este despacho en la época de los hechos, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:

1. Por secretaría, ofíciese con destino al Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, para que alleguen certificación del estado actual del proceso
penal de la encartada LADY ADALCIA VARGAS CASTELLANOS, identificada con la cédula de
ciudadanía 33.700.908

2. Ofíciese a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a efectos de que allegue los
antecedentes disciplinarios de la encartada, tanto actualizados como los que figuraban
a la fecha de realización de la conducta investigada.

TERCERO: Por Secretaría se adelantarán las siguientes diligencias: a). Solicitar a la
Oficina de Talento Humano de la Rama Judicial, la información relacionada con la hoja
de vida de la investigada, respecto de su identidad personal, última dirección registrada,
número telefónico, sueldo devengado para la época de los hechos, tipo de vinculación,
constancias sobre antecedentes laborales y disciplinarios internos, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 3o del artículo 154 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO: Notificar personalmente a la investigada de la determinación tomada en esta
providencia, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno, que tiene
derecho a designar apoderado y rendir versión libre. De igual manera deberá suministrar
la dirección en la cual recibirá las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o
el número de fax, en caso de que por escrito acepte ser notificado de esta manera. Para
tal efecto líbrense las respectivas comunicaciones indicando la decisión y la fecha de la
providencia.

En caso de que no se logre notificar personalmente esta decisión, se realizará por edicto
en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.

2.1.5.5. El 15 de junio de 2021, la señora Myriam González Parra, juez 39 Civil
Municipal, dispuso el archivo definitivo de la actuación disciplinaria adelantada contra
la señora Lady Adalcia Vargas Castellanos, quien se desempeñaba como asistente
judicial de este juzgado. Como sustento de su dicho, señaló:

[…]

Igualmente, de las pruebas recaudadas emerge que en efecto la exempleada LADY
ADALCIA VARGAS CASTELLANOS, fue condenada por el Juzgado 16 Penal Municipal con

12 Suscrito por el señor Hernán Augusto Bolívar Silva, juez 39 Civil Municipal de Bogotá.

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Demandante: Lino López Quijano

Función de Conocimiento de Bogotá D.C., a la pena privativa de la libertad de 12 MESES
y 15 DÍAS e inhabilidad de derechos y funciones públicas POR EL MISMO LAPSO DE LA PENA,
por el delito de hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa, luego entonces
se tiene que, entre la fecha de la condena, el tiempo de ejecución de la misma y la toma
de posesión del cargo, estaba más que fenecida y/o cumplida no solo la condena
privativa de la libertad, sino también, la inhabilidad para ejercer cargos públicos, pues
habían transcurrido más de cuatro años y cinco meses de haber cumplido condena:

➢ Marzo de 2012, se profirió condena
➢ Abril de 2013, se cumplió condena.
➢ Abril/13 a Sep./17, Transcurren cuatro años y cinco meses.
➢ Septiembre de 2017, toma posesión del cargo de asistente judicial.
➢ Abril de 2019, renuncia y terminación de contrato y/ nombramiento.

A lo anterior, se suma que, de acuerdo a las certificaciones de antecedentes expedidas
por las autoridades en la materia, NO SE VISUALIZÓ inhabilidad alguna que llevara al titular
del Despacho a emitir juicio de valor que conllevara a declarar la insubsistencia de la
empleada o en su defecto que impidiera su nombramiento.
Aunado a ello, al no registrarse inhabilidad alguna en la certificación expedida para la
data por la Procuraduría, tanto esta Agencia Judicial como la empleada Lady, partieron
del presupuesto de la buena fe y “con la convicción errada e invencible de que su
conducta no constituye falta disciplinaria” (art.28-6 L.734/02).

[…]
Así las cosas, no existiendo prueba de dolo en la supuesta comisión de los delitos,
errores, fallas o toma de posesión de la ex asistente judicial que conllevaran un
traumatismo grave o relevante en la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de
la Justicia en éste caso, atendiendo a los principios de la presunción de inocencia y “con
la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”
(art.28-6 L.734/02), es concluyente que se deberá ordenar el archivo definitivo de las
presentes diligencias, ordenando previamente su notificación conforme a los arts. 101 y
201 de la ley 734 de 2002; MÁXIME si se tiene en cuenta que la persona encartada desde
el día 30 de abril de 2019 NO LABORA para este Despacho ni para LA RAMA JUDICIAL,
convirtiéndose en inocua, ineficaz, insustancial e inane la declaratoria de “insubsistencia”
en cabeza de la disciplinada.

2.1.5.6. El 26 de octubre de 2021, el doctor Hernán Augusto Bolívar Silva, juez 39 civil
municipal de Bogotá concede el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Lino
López Quijano contra la decisión de archivo dispuesta por el juzgado en el proceso
disciplinario 11001 40 03 03920190123500, adelantado contra la señora Lady Adalcia
Gómez Castellanos.

2.5.2. Derecho de petición elevado por el señor Lino López Quijano al señor
Hernán Augusto Bolívar Silva como juez primero civil del circuito de Bogotá13

13
El doctor Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano, juez Primero Civil del Circuito de Bogotá, a través de
informe rendido en el trámite de tutela, señaló que el señor Hernán Augusto Bolívar Silva, estuvo encargado de ese
despacho hasta el mes de septiembre de 2021

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13

Radicado: 11001 03 15 000 2022 00152 00
Demandante: Lino López Quijano

con copia a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación

2.5.2.1. El 11 de mayo de 2021, radicó vía correo electrónico derecho de petición al
señor Hernán Augusto Bolívar Silva, juez primero civil del circuito de Bogotá,14 con
copia a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación. La petición es del siguiente
tenor:

SEÑOR
JUEZ HERNÁN AUGUSTO BOLÍVAR SILVA
JUZGADO (1) PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Ciudad.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN ART. 23 C. POLÍTICA NACIONAL -LEY DE
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 1712 DE 2014, LEY 270 DE 1996, CÓDIGO ÚNICO
DISCIPLINARIO LEY 734 DE 2002, CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL Y CÓDIGO
GENERAL DE PROCESO.
SOLICITANTE: LINO LÓPEZ QUIJANO,

LINO LÓPEZ QUIJANO, persona mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la
Cédula de ciudadanía número 79.741.161 de Bogotá, en ejercicio de mi calidad de
solicitante de información pública y con el presente escrito al Señor Juez comedidamente
solicito se me informe la siguiente información debido a que usted ejerció directamente
como nominador del despacho que tenía a su cargo en el Juzgado 39 Civil Municipal de
Bogotá:

1- ¿Fecha en que fue nombrado en el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá y
terminación de dicho nombramiento?

2- ¿En qué periodos tuvo permisos, vacaciones, licencias en el año 2020 cuando estaba
a cargo de dicho despacho Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá?

3- ¿Conoce a la funcionaria específicamente LADY ADALCIA VARGAS CASTELLANOS, trabaja
o trabajó en algún despacho judicial donde fungía como Juez y en que despacho
Judicial?

4- ¿Dicho lo anterior la funcionaria LADY ADALCIA VARGAS CASTELLANOS cumplía con todos
los requisitos legales para trabajar en su despacho judicial cuando usted estuvo como
nominador del Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá?

5- ¿Dicha funcionaria LADY ADALCIA VARGAS CASTELLANOS anteriormente mencionada
estaba bajo la supervisión y nominación del suscrito Juez cuando usted fue el nominador
del Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá?

6- ¿Hasta qué fecha trabajo LADY ADALCIA VARGAS CASTELLANOS en su despacho judicial?

14 Expediente digital de tutela.

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Demandante: Lino López Quijano

7- ¿Qué cargo ocupaba LADY ADALCIA VARGAS cuando usted estuvo como nominador del
despacho judicial Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá?

8- ¿Estaba enterado que dicha funcionaria LADY ADALCIA VARGAS CASTELLANOS estaba
inhabilitada para ocupar dicho cargo por parte de la Procuraduría General de la Nación?

9- ¿Estuvo enterado que dicha funcionaria LADY ADALCIA VARGAS CASTELLANOS tenía
dicha inhabilidad por haber sido condenada penalmente por un delito contra el patrimonio
económico y trabajo a cargo suyo señor juez HERNÁN AUGUSTO BOLÍVAR SILVA?

10- ¿Qué acciones tomo al respecto con base a la funcionaria LADY ADALCIA VARGAS
CASTELLANOS después de conocer la información (Articulo 67 Código de Procedimiento
Penal)?

11- Podría estar en curso en VIOLACIÓN AL RÉGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

12-¿Podría el señor juez HERNÁN AUGUSTO BOLÍVAR SILVA haber posiblemente incurrido
por error inducido CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES por haber
tenido en su despacho Judicial Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá a la señora LADY
ADALCIA VARGAS CASTELLANOS?

2.5.2.2. El 21 de mayo de 2021, a la Fiscalía 212 Seccional de Administración Pública
de Bogotá le fue asignada la noticia criminal 110016000050202108025, producto de
la denuncia elevada por el señor Lino López Quijano, relacionada con la posible
conducta penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contemplado en el
artículo 410 del Código Penal. El 9 de junio de 2021, esa fiscalía dispuso el archivo del
proceso por atipicidad de la conducta.15

2.5.2.3. El 9 de junio de 2021, el juez primero Civil del Circuito de Bogotá, remite la
petición elevada el 11 de mayo por el señor López Quijano al Juzgado 39 Civil
Municipal de Bogotá, en dicha misiva manifestó:16

En atención a la información que es requerida, en virtud del derecho constitucional de
petición, y toda vez, como a bien es de conocimiento suyo, ya no ejerzo como regente
del Juzgado 39 Civil Municipal de esta ciudad, me es imposible referirme a cuestiones
meramente administrativas. Evento por el cual, las preguntas que usted formulara, se
escapan del ámbito de mis funciones.

Pese a lo anterior, y en virtud del Art. 21 de la Ley 1755 de 2015, se envía la presente
petición al Juzgado 39 Civil Municipal, para que resuelva en el ámbito de sus
competencias y funciones el escrito en comento.

15
Informe rendido por el señor Carlos Arturo Orozco Giraldo, fiscal 212 Seccional de Administración Pública de
Bogotá
16 Expediente digital de tutela.

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2.5.2.4. El 28 de septiembre de 2021, la coordinadora de Talento Humano del Consejo
Superior de la Judicatura mediante oficio DESALBOTH21-2215 dirigido al señor Hernán
Augusto Bolívar Silva, juez primero civil del circuito de Bogotá, remitió la petición
elevada por el señor Lino López Quijano por «considerarlo de su resorte teniendo en
cuenta que dicho requerimiento va dirigido a su nombre».17

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre el derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política, lo incorporó como un derecho de carácter
fundamental en los siguientes términos: «Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y
a obtener pronta resolución».

Consciente de ese carácter iusfundamental, el legislador reguló su ejercicio mediante
la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que sustituyó el Título II del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, en lo relativo al tiempo de
respuesta de la Administración, el artículo 14 del referido código señaló como término
general para resolver las peticiones el de los quince días siguientes a su recepción, y
sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de información, que
deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su recepción, y ii) las peticiones
mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación las materias
a su cargo, que deberán resolverse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.

En la sentencia T-377 de 200018, la Corte Constitucional estableció diferentes
parámetros para la protección de este derecho fundamental, y consideró como
presupuestos necesarios para su garantía, los siguientes: i) el derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa; ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión; iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara,

17 Expediente digital de tutela.
18 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014.

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oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; iv) la respuesta debe producirse
dentro de un plazo razonable, lo más breve posible; v) la respuesta no implica
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita;
vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos
a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un
mecanismo para agotar la vía gubernativa19 y acceder a la vía judicial, no satisface el
derecho fundamental de petición, pues su objeto es distinto; por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición;
viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; ix) la falta de
competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de
responder; y x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado.

2.5.2. El derecho de petición ante autoridades judiciales

La Corte Constitucional respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones
judiciales ha sostenido que, en estos eventos, el alcance de este derecho encuentra
limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse las peticiones que
se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases: i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y
etapas procesales previstos para el efecto; y ii) aquellas que por ser ajenas al
contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad
judicial en su condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen
la administración, esto es, el Código de Procedimiento Administrativo y de los
Contencioso Administrativo y, en esa medida, la autoridad judicial debe seguir las
normas aplicables.20

2.5.3. Análisis de la naturaleza de la petición bajo estudio

El señor Lino López Quijano solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de petición, en virtud de la solicitud formulada el 11 de

19 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
20 Corte Constitucional, sentencias T-311 de 2013,

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mayo de 2021 al juez primero civil municipal de Bogotá, doctor Hernán Augusto Bolívar
Silva, autoridad que no respondió el cuestionario elevado, relacionado con algunas
situaciones administrativas que transcurrieron en el Juzgado 39 Civil Municipal de
Bogotá

Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento sobre la anterior inconformidad, es
necesario identificar que la petición presentada ante la autoridad judicial accionada es
de naturaleza administrativa, así, se decanta del contenido de la petición y del material
probatorio que reposa en el expediente; en este orden, debe reiterarse lo expuesto en
líneas precedentes, en el sentido de que resulta procedente acudir al derecho de
petición cuando el juez tramita un pedimento relacionado con una actuación
administrativa, es decir ajena a un debate jurídico dentro de un proceso judicial.

Ciertamente, en el presente asunto se aprecia que el señor Lino López Quijano elevó
una solicitud relacionada con unas situaciones administrativas decididas por el Dr.
Hernán Augusto Bolívar Silva quien para la época de los hechos fungía como juez 39
civil municipal de Bogotá y en relación con determinadas conductas de una funcionaria
judicial que laboró como auxiliar judicial en ese juzgado, a quien, como está narrado
en el acápite de hechos probados ese despacho, le inició un proceso disciplinario,
hechos respecto de los cuales el citado funcionario declaró con toda certidumbre su
falta de competencia para responderlos.

El 9 de junio de 2021, el juez primero civil del circuito de Bogotá en encargo, Dr. Hernán
Augusto Bolívar Silva, a quien le fue dirigida tal petición, le informó al accionante que
al no ejercer «como regente del Juzgado 39 Civil Municipal de esta ciudad, me es
imposible referirme a cuestiones meramente administrativas. Evento por el cual, las
preguntas que usted formulara, se escapan del ámbito de mis funciones ». En tal virtud,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, remitió la
solicitud a dicho juzgado «para que resuelva en el ámbito de sus competencias y
funciones el escrito en comento».

Ahora bien, en el informe rendido en el presente trámite por el señor Hernán Augusto
Bolívar Silva en su calidad de juez 39 civil municipal de Bogotá, manifestó que el día

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 00152 00
Demandante: Lino López Quijano

15 de junio de 2021 la doctora Miryam González Parra, quien para esa fecha estaba a
cargo del Juzgado 39 Civil Municipal, en relación con la solicitud reiterada del 11 de
mayo de 2021, elevada por el señor Lino López Quijano, respondió lo siguiente:

Bogotá D. C., Junio Quince (15) de Dos Mil Veintiuno (2021)

Derecho de Petición de fecha 11 de mayo de 2021
Reenvía el Juzgado Primero (1) Civil del Circuito.

RADICACIÓN: 11001 40 0303920190123500
PROCESO: INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA

Se encuentra el asunto de la referencia al Despacho a fin de proveer sobre OTRO
DERECHO DE PETICIÓN radicado ante el Juzgado Primero (1) Civil del Circuito de
Bogotá el día 11 de mayo de 2021, en el que realiza una serie de preguntas que rosan
en el ámbito personal del titular de dicho Despacho, doctor HERNÁN AUGUSTO
BOLÍVAR SILVA, quien otrora tiempo fue titular de esta Agencia Judicial, mismo del que
se infiere harían parte dentro de la investigación disciplinaria del asunto.

Precisado lo anterior no queda otra salida más que, ITERARLE o VOLVERLE A
RECORDAR ALMEMORIALISTA LINO LÓPEZ QUIJANO que este instrumento legal
contemplado por el artículo 23 de la Constitución Nacional, no contrae injerencia alguna
dentro del impulso propio de los procedimientos judiciales o disciplinarios, por lo cual no
debe pretenderse que con su invocación, el operador judicial esté obligado a imprimir
excepcionalmente trámite alguno a determinado expediente, pues debe tenerse en
cuenta la dinámica propia del servicio que se presta y de la actuación que se ejecuta. Se
encuentra el asunto de la referencia al Despacho a fin de proveer sobre un NUEVO
DERECHO DE PETICIÓN radicado a través del correo electrónico institucional el día 21 de
septiembre de 2021, en el que realiza una serie de preguntas de carácter subjetivo y
personal a la titular del Despacho, mismo del que se infiere harían parte dentro de la
investigación disciplinaria con radicado 2019-1235.

Precisado lo anterior, se le vuelve a recordar al solicitante LINO LÓPEZ QUIJANO que este
instrumento legal contemplado por el artículo 23 de la Constitución Nacional, no contrae
injerencia alguna dentro del impulso propio de los procedimientos judiciales o
disciplinarios, por lo cual no debe pretenderse que con su invocación, el operador judicial
esté obligado a imprimir excepcionalmente trámite alguno a determinado expediente,
pues debe tenerse en cuenta la dinámica propia del servicio que se presta y de la
actuación que se ejecuta.

Como previamente se le expuso, EL DERECHO DE PETICIÓN NO HA SIDO INSTITUIDO COMO
HERRAMIENTA PARA DIRIMIR O CONTROVERTIR DERECHOS LITIGIOSOS O DISCIPLINARIOS, NI
PARA INTERFERIR EN EL TRÁMITE QUE A LOS MISMOS CORRESPONDE CONFORME A LA LEY , NI
PARA ACELERAR NI INTERFERIR o tratar de INDUCIR una respuesta o proveído que conlleve
a error al Despacho.

Ahora, teniendo claro lo anterior y conforme se desprende de la lectura de los doce (12)
interrogantes contentivos del “derecho de Petición”, este Estrado Judicial NUEVAMENTE
le PONE DE PRESENTE AL PETENTE que en lo atinente a la investigación disciplinaria que
se sigue contra la señora LADY ADALCIA CARGAS CASTELLANOS TIENE EL CARÁCTER DE
RESERVADO a menos que sea solicitado por autoridad competente en el marco de un
proceso o investigación en contra de esta servidora judicial, en contra de mis

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antecesores o en su defecto, donde seamos parte como sujetos activos o pasivos, y no,
como juez natural que dirime el conflicto, y mucho menos, si tales interrogantes son
formulados por un tercero o particular, de quien como se le ha hecho saber multiplicidad
de veces, NO ES PARTE O SUJETO PROCESAL DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
en comento.

Se itera lo dicho en respuestas anteriores a sus más que abundantes escritos, derechos
de petición, tutelas, vigilancias, etc. que, el artículo 15 de la Carta Magna garantiza
la libre autodeterminación informativa y también menciona que el objeto de protección
del artículo constitucional es la intimidad personal y familiar, indicando —en
consecuencia —un marco de referencia bastante amplio en materia de reconocimiento
de estos derechos, al establecer de forma clara tres atribuciones para el titular del
habeas data, a saber: la facultad de conocer, actualizar y rectificar cualquier tipo de
información que se tenga sobre el titular del derecho en bases de datos de carácter
público o privado; la Constitución facilitó una herramienta para permitir a los sujetos
de derecho mantenerse al tanto de la disposición de su propio derecho a la intimidad

En otro aparte constitucional, que puede considerarse como complementario es el
artículo 21, el cual garantiza el derecho a la honra, también definido en la jurisprudencia
constitucional.

El rasgo fundamental de estos, es que se trata de libertades de índole individual, es
decir, su ejercicio está encaminado a satisfacer un interés exclusivo del titular de esas
atribuciones constitucionales. En el mismo sentido, el artículo 74 garantiza que todas las
personas tengan acceso a los documentos públicos con las limitaciones que establezca
la ley. (Concordante con Sentencia C-094 de 2020 y Ley 1266 de 2008).

Estas salvedades se hacen en atención que en los interrogantes 1, 2, 11y 12, no solo
atañen al ámbito personal del otrora titular del Despacho, doctor BOLÍVAR SILVA, sino
que, además son groseros e injuriosos y por demás mal intencionados, en búsqueda
que se dé una autoincriminación respecto de las circunstancias de tiempo, modo o lugar
en que acaecieron los hechos por los cuales ataca a la exfuncionaria –investigada del
Despacho.

De esta forma se da por contestada su solicitud allegada como derecho de petición.

Contra dicha respuesta el 17 de junio de 2021, el señor Lino López Quijano interpuso
recurso de insistencia ante la negativa de brindar la información solicitada. Acto
seguido, el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá, conforme al artículo 26 de la Ley
1437 de 2011, concede el recurso solicitado en los siguientes términos:

Se encuentran las presentes diligencias al Despacho con miras a resolver el RECURSO
DE INSISTENCIA interpuesto por el quejoso LINO LÓPEZ QUIJANO el día 17de junio de 2021,
contra los proveídos de fecha 15 de junio de 2021, a través de los cuales se le resolvieron
dos DERECHOS DE PETICIÓN radicados, uno en este estrado el día 28 de abril de 2021
dirigido a la doctora MIRYAM GONZÁLEZ PARRA y el otro, ante el Juzgado Primero (1) Civil
del Circuito de Bogotá el día 11 de mayo de 2021, dirigido al otrora titular de este
juzgado, doctor HERNÁN AUGUSTO BOLÍVAR SILVA, en los que realiza una serie de
preguntas que rosan en el ámbito personal de los titulares, peticiones que por
sustracción de materia y sin necesidad de un análisis muy profundo, quiere hacer parte

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de la investigación disciplinaria referida en el asunto, así el petente lo quiera camuflar
de otra manera, pues de las respuestas que allí exige, quiere comprometer a los distintos
actores dentro del proceso verbal sumario 2017-1305, en el cual fue vencido, lo que
consecuencialmente lo llevó a quejarse disciplinariamente contra una de las
colaboradoras del estrado judicial que regenteo (sic).
9.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho se mantiene en su decisión primigenia
bajo los mismos argumentos expuestos, en el entendido que la investigación disciplinaria
que se sigue contra la señora LADY ALDACIA VARGAS CASTELLANO, antes de la orden de
ARCHIVO, tenía su carácter de reservado, a menos que sea solicitado por autoridad
competente en el marco de un proceso o investigación en contra de los servidores
judiciales respecto de los cuales requiere información personal.

ARTÍCULO 94 L.734/02 RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento
ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule
el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio
de los derechos de los sujetos procesales. En el procedimiento especial ante el
Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta la decisión de
citar a audiencia. El investigado estará obligado a guardar la reserva de las
pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.

En suma, de ello, el petente no solo quiere a toda costa se le brinde información de un
proceso en el que no es sujeto procesal, simplemente quejoso, sino, que quiere
entrometerse en la órbita personal de los funcionarios, al respecto, habrá de recordarse
nuevamente que sobre ese tenor, también existe reserva, conforme lo dispone el artículo
24 de la ley 1437 de 2011 que reza

ARTÍCULO 24. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS <Artículo modificado por
el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Solo tendrán
carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a
reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:
[…]
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas,
incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y
demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas
o privadas, así como la historia clínica.
[…]
PARÁGRAFO. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado,
enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la
información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa
para acceder a esa información

Con lo anteriormente expuesto, se dejan consignados los motivos por los cuales
nuevamente se NIEGAN todas las peticiones formuladas por el señor LINO LÓPEZ QUIJANO,
solicitando desde ya al honorable Juez Administrativo que en el momento de estudiar y
dirimir el recurso de insistencia previsto en el artículo 26 de la ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, tenga en cuenta la multiplicidad de
peticiones impertinentes e improcedentes que ha efectuado el aquí inconforme, no solo
dentro de la actuación disciplinaria 2019-1235, sino dentro del verbal sumario 2017-1305
donde fue vencido, sino también, la forma y términos injuriosos y descalificantes en que
se refiere no solo hacia los funcionarios que han transitado por este Despacho sino a
los colaboradores.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 00152 00
Demandante: Lino López Quijano

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Treinta y Nueve (39) Civil Municipal de Bogotá DC.
RESUELVE:

PRIMERO: MANTENERSE en las decisiones tomadas en los autos objeto de censura, por
las razones expuestas en esta motiva.

SEGUNDO: REMITIR la presente providencia, junto con todas las documentales contentivas
tanto del disciplinario 2019-1235y el verbal sumario 2017-1305 a los Juzgados
Administrativos de esta ciudad por conducto de la Oficina Judicial -Reparto, para los
efectos determinados en el artículo 26 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
1º de la Ley 1755 de 2015.

[…]

Por remisión hecha por parte del Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá, el 22 de febrero
de 2022, fue repartido al Juzgado 6.° Administrativo de Bogotá para su trámite el
recurso de insistencia con radicado 11001 33 34 006 2022 00076 00, respecto del cual
la Sala, una vez revisada la página JUSTICIA XXI WEB,21 evidenció que mediante auto del
23 de febrero de esta anualidad, declaró la falta de competencia, y ordenó su remisión
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, para lo de su cargo. Sin
embargo, conforme se pudo establecer en la página web referenciada, el 17 de marzo
de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,22 ordenó
devolver el expediente contentivo del recurso de insistencia al Juzgado 6.°
Administrativo de Bogotá.

Ahora bien, la reglamentación sobre el derecho de petición ante autoridades públicas,
las reglas generales incluyendo la información y documentos reservados, el rechazo
por motivo de reserva y el recurso de insistencia están previstas en los Capítulos I y II
del Título II de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contenido en la Ley 1437 de 2011 (artículos 13 a 33),23
normas que son aplicables a las siguientes entidades y procedimientos:

Artículo 2.° Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se
aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público
en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes

21s://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frm Y
Consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=B34QTEiXgAz2bsKCiQyB0
sX5BZI%3d
22 Magistrado ponente: Oscar Armando Dimaté Cárdenas.
23
Estas normas corresponden a la subrogación que se realizó mediante Ley 1755 de 2015 luego de la declaración
de inexequibilidad del texto original de los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 por la Corte Constitucional a
través de la sentencia C-818 del 1º de noviembre de 2011.

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del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos
se les dará el nombre de autoridades.

[…]

En ese contexto normativo no admite duda, como se puede advertir en líneas
precedentes que a las autoridades judiciales les son aplicables las normas de la Parte
Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y particularmente, las que regulan el ejercicio del derecho de petición
cuando actúen en ejercicio de funciones administrativas.24

En efecto, la negativa de la juez 39 civil municipal de Bogotá de acceder a la solicitud
de información elevada por el accionante, está debidamente motivada y sustentada
por considerarla de carácter reservado con fundamento en el numeral 3.° del artículo
24 de la Ley 1437 de 2011, información que solo puede ser solicitada por su titular, por
sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a ella.

Por su parte, el artículo 25 ibídem señala que contra la decisión que rechace la petición
de información por motivo de reserva legal, no procede recurso alguno, pues conforme
al artículo 26 del mismo estatuto, se prevé la existencia de un procedimiento judicial,
especial e informal a efectos de que sea la jurisdicción de lo contencioso administrativo
la que determine el acceso a lo solicitado.

Atendiendo las anteriores circunstancias es preciso invocar el artículo 26 de la Ley
1437 de 2011, que respecto del trámite del recurso de insistencia, dispone lo siguiente:

Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva.25Si la persona interesada
insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se
encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o
del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales
y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la
petición formulada.

24 Algunas actuaciones administrativas pueden ser: nominación o elección de personal, novedades de personal

(concesión de licencias, permisos, aceptación de renuncias, declaración de insubsistencias de nombramiento, etc.),
contratación de personal, contratación de suministro de bienes o de servicios, adquisición a cualquier título de sedes
judiciales, etc.
25 Modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015.

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Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal
o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este
término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos
sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta
la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento
disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el
objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda
silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo
tribunal o juzgado administrativo.
Parágrafo El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la
diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

Por lo anterior, esta Sala concluye que en la actualidad en el Juzgado 6.°
Administrativo de Bogotá está en trámite el estudio del recurso de insistencia
propuesto por el señor Lino López Quijano contra la negativa de la información
solicitada a través del derecho de petición del 11 de mayo de 2021.

Resulta importante traer a colación la sentencia T-466 de 2010, por medio de la cual
el órgano de cierre constitucional señaló que cuando se emita una respuesta negativa
a la solicitud de información, aduciendo su carácter reservado e invocando
disposiciones constitucionales o legales pertinentes, no ha dudado en afirmar que en
este evento «el recurso de insistencia es el mecanismo judicial de defensa procedente,
en tanto aquel constituye un instrumento específico, breve y eficaz para determinar la
validez de la restricción a los derechos fundamentales en cuestión».

Por consiguiente, hasta que no exista pronunciamiento definitivo acerca del recurso de
insistencia en curso, no puede considerarse afectado el derecho de petición, de modo
que el accionante tendrá que estarse a dicho pronunciamiento, el cual, una vez
producido, le permitirá tomar las acciones que considere pertinentes.

Por otro lado, esta Subsección en relación con los cargos expuestos por el accionante
contra el Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría
General de la Nación, como se deprende de los hechos probados, se verificó de cada
dependencia lo siguiente:

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i) La coordinadora de Talento Humano del Consejo Superior de la Judicatura, a través
de oficio del 28 de septiembre de 2021, remitió la petición elevada por el señor Lino
López Quijano al señor Hernán Augusto Bolívar Silva, juez primero civil del circuito de
Bogotá, pues del contenido del escrito se evidencia situaciones administrativas del
resorte del Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá.

ii) La Procuraduría General de la Nación, a través de sus delegadas para Asuntos
Civiles y Segunda Distrital el 21 de febrero de 2021, remitieron por competencia la
solicitud a la Personería de Bogotá; por su parte, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, a través de auto 27 del 12 de abril de 2021, y una vez efectuada la
supervigilancia al derecho de petición, remitió la respuesta brindada por el juez 39 civil
municipal de Bogotá a la petición elevada por el señor López Quijano.

iii) La Fiscalía 212 Seccional de Administración Pública de Bogotá, en virtud de sus
competencias penales, le fue asignada la noticia criminal 110016000050202108025,
producto de la denuncia elevada por el señor Lino López Quijano, relacionada con la
posible conducta penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contemplado
en el artículo 410 del Código Penal; adelantado el respectivo proceso, el 9 de junio de
2021, dispuso el archivo del proceso por atipicidad de la conducta.

Así las cosas, como se puede advertir del anterior recuento, cada entidad en
cumplimiento de las funciones legales adelantó la gestión correspondiente respecto de
la petición elevada por el señor Lino López Quijano, razón por la cual esta Sala no
evidencia la vulneración del derecho aludido toda vez que las respuestas brindadas
fueron claras, oportunas, de fondo y debidamente comunicadas al accionante.

3. Conclusión

La Sala concluye que las autoridades tuteladas no vulneraron los derechos de petición,
al debido proceso y a la igualdad invocados por el señor Lino López Quijano, razón
por la cual se denegará la solicitud de amparo.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Denegar el amparo de los derechos fundamentales impetrados por el señor
Lino López Quijano, conforme a lo expuesto en precedencia.

Segundo: En caso de que no fuere impugnada la presente providencia, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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