Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00167-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
24 de febrero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00167-00
Demandantes: JUAN SEBASTIÁN OSPINA RICO Y OTRA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00167-00
Demandantes: JUAN SEBASTIÁN OSPINA RICO Y FLOR ÁNGELA TORRES
NARVÁEZ
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL
INTERIOR, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y ESCUELA
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Exigencia de carné
de vacunación del COVID-19 en concurso público y tutela
contra actos administrativos de carácter general. Carencia
actual de objeto por hecho superado y existencia de otros
medios de defensa judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Juan Sebastián Ospina Rico y Flor Ángela Torres
Narváez1, en nombre propio, contra la Presidencia de la República, el Ministerio
del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Escuela Superior
de Administración Pública, en la que piden el amparo constitucional de los
derechos fundamentales al trabajo, a la libre locomoción, a la libertad de reunión,
a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y de acceso al
desempeño de funciones y cargos públicos, vulnerados, supuestamente, por i) la
exigencia por parte de las demandadas del carné de vacunación del COVID-19,
para acceder a la prueba escrita del concurso público del “Proceso de Selección
para Municipios de 5ta y 6ta Categoría”, en el que se encuentran participando, y ii)
la expedición de los Decretos 1408 de 2021 y 1615 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los accionantes afirmaron que se encuentran inscritos del “Proceso de Selección
para Municipios de 5ta y 6ta Categoría”, el cual es dirigido por la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
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La solicitud de amparo se radicó el 16 de diciembre de 2021.
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Indicaron que el 3 de noviembre de 2021 el ministro del Interior, en su calidad de
delegatario de las funciones presidenciales conferidas por el Presidente de la
República, profirió el Decreto 1408 de 2021 (suscrito también por el Ministerio de
Salud y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), mediante el cual se
establece la exigencia del carné de vacunación a partir del 16 de noviembre del
año en curso para mayores de 18 años.
Sostuvieron que cancelaron los derechos de inscripción correspondientes y
cumplieron con los requisitos para presentar las pruebas escritas del mencionado
concurso público, las cuales se realizarían el 19 de diciembre de 2021.
Adujeron que el 10 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional del Servicio Civil y
la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, publicaron en el Sistema de
Apoyo para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad, SIMO, la guía de orientación
del aspirante y el protocolo de bioseguridad, en el que aparece que para el ingreso
al lugar, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1408 de 2021, es
obligatorio presentar el respectivo carné de vacunación contra el COVID-19, o el
certificado digital de vacunación en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del
esquema de vacunación como requisito de ingreso.
Refirieron que no tienen intención de vacunarse, toda vez que no creen que la
vacuna sea el mecanismo idóneo para evitar el contagio ni la transmisibilidad del
virus SARS COV 2.
Por último, afirmaron que tienen el derecho de presentar las pruebas del “Proceso
de Selección para Municipios de 5ta y 6ta categoría”, toda vez que cumplen con
todos los requisitos de forma para acceder al sistema de mérito público.
2. Fundamentos de la acción
Los accionantes consideran que la exigencia por parte de las autoridades
demandadas del carné de vacunación del COVID-19, para la presentación de la
prueba de conocimientos del concurso público “Proceso de Selección para
Municipios de 5ta y 6ta categoría”, en el que se encuentran participando, vulnera
los derechos fundamentales al trabajo, a la libre locomoción, a la libertad de
reunión, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y de
acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, y agregaron que los
Decretos 1408 de 2021 y 1615 de 2021 son abiertamente inconstitucionales,
porque limitan arbitrariamente sus derechos fundamentales y sus libertades
individuales, y la única autoridad que constitucionalmente puede hacerlo es el
Congreso de la República mediante ley estatutaria.
Luego de hacer referencia al principio desarrollado en el Código de Núremberg
conforme con el cual “la expresión de la autonomía del paciente es esencial para
cualquier procedimiento médico”, regulado en Colombia por la Ley Estatutaria
1751 de 2015, adujeron que “las accionadas olvidaron por completo la existencia
del marco constitucional y de los tratados internacionales que conforman el bloque
de constitucionalidad al expedir el Decreto 1408 de 2021 que representa una
abrupta vulneración a los derechos fundamentales y a las libertades individuales
del suscrito Accionante y de todos aquellos que autónomamente hemos decidido
libremente, y en el marco de nuestros derechos fundamentales y libertades
individuales, no aplicarnos las vacunas del COVID-19, que no generan inmunidad
contra el virus sino que simplemente pueden atenuar sus efectos, privándonos de
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desarrollar con normalidad las actividades laborales, diligencias personales y de
ocio propias de nuestra cotidianidad”.
Sostuvieron que el mencionado principio ha sido reiterado en tratados
internacionales como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos que fue firmada por todos los Estados Miembros de la UNESCO,
incluida Colombia, cuyos artículos 5º y 6º establecen clara mente los principios de
autonomía en el consentimiento informado del paciente.
Refirieron que “las Accionadas vulneran gravemente nuestro derecho fundamental
de reunión y el de todas las personas que, en ejercicio de nuestros derechos
fundamentales y libertades individua les, hemos decidido no vacunarnos contra el
COVID 19, pues a partir del 16 de noviembre de 2021 se nos impedirá, con
carácter arbitrario y propio únicamente de los Estados totalitarios, reunirnos en
espacios públicos y privados que impliquen aglomeración”, y añadieron que,
resulta totalmente arbitrario e inconstitucional aplicar el Decreto 1408 de 2021 a
toda la población mayor de 18 años a partir del 16 de noviembre de 2021 y mayor
de 12 años desde el 30 de noviembre de 2021, “más aún cuando el propio
Gobierno Nacional no ha garantizado el acceso a primera, segunda y tercera dosis
en todo el territorio colombiano”.
Señalaron que en el caso la tutela procede como mecanismo de protección
transitorio mientras se ejerce el medio de control de nulidad contra el Decreto
1408 de 2021 y el Decreto 1615 de 2021, en tanto se cumplen los criterios
establecidos por la Corte Constitucional para ese efecto, esto es: “i) se está ante
un perjuicio inminente o próximo a suceder, pues se conoce con certeza que,
como consecuencia del Decreto 1408 de 202, reemplazado por el Decreto 1615
de 2021 a partir del próximo 16 de noviembre se limitarán gravemente los
derechos y libertades individua les de la población no vacunada a través de un
acto administrativo, cuando las limitaciones a los derechos fundamentales y a las
libertades individua les única mente pueden ser adoptadas por el Congreso de la
República mediante Ley Estatutaria, ii) el perjuicio es inminente toda vez que el
próximo 19 de diciembre de 2021 se realizarán las pruebas del Proceso de
selección para municipios de 5ta y 6ta categoría al cual nos encontramos inscritos,
iii) el perjuicio es grave, pues se afectan gravemente nuestros derechos funda
mentales a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia, derecho
al trabajo, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, no discriminación, acceso
a cargos públicos y dignidad humana, y se requiere de medidas urgentes e
impostergables para superar el daño”.
Afirmaron que con la expedición del Decreto 1408 de 2021 y el Decreto 1615 de
2021, “las accionadas vulneran gravemente nuestros derechos fundamentales a la
libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia, derecho al trabajo,
libre desarrollo de la personalidad a la igualdad, al acceso a cargos públicos.
Además afectan gravemente nuestra dignidad humana y el derecho a una vida
digna, razón por la cual, a pesar de tratarse de un acto administrativo, se debe
conceder la protección transitoria de nuestros derechos fundamentales mientras
se demanda la nulidad de dicha norma como mecanismo ordinario de protección,
ya que mientras que se admite la demanda, se resuelve la solicitud de suspensión
provisional y se profiere sentencia por parte del Consejo de Estado, podrán pasar
varios años, quinquenios o hasta una década, razón por la cual se debe evitar la
afectación de nuestros derechos fundamentales y libertades individuales y la
consumación de un perjuicio irremediable de gran magnitud y trascendencia para
el Estado Social de Derecho y los pilares de la democracia y la libertad”.
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Finalmente, luego de hacer referencia individual a cada uno de los derechos
supuestamente vulnerados con la expedición del Decreto 1408 de 2021 y el
Decreto 1615 de 2021, sostuvieron que existen “estudios científicos sobre la
ineficacia de la vacuna como mecanismo de protección y no transmisibilidad del
SARS-Cov2 y peligros que su aplicación puede derivar en la salud física del ser
humano” y que “por motivos de ‘objeción de conciencia’ y advertidos de los graves
riesgos para la salud que puede provocar la ‘inoculación indiscriminada’ de este
‘biológico’, hemos tomado la decisión informada y con convicción profunda, es
decir de manera consciente de rechazar esta vacuna COVID esto incluye estar
informados de diversos estudios científicos”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“4.1. Que se tutelen nuestros derechos funda mentales y libertades
individuales a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia y
de culto, derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la dignidad, al acceso a cargos públicos y a la vida digna.
4.2. En consecuencia, se nos permita presentar la prueba que se realizará el
próximo domingo 19 de diciembre de 2021 en el marco del Proceso de
selección para municipios de 5ta y 6ta categoría al cual nos encontramos
inscritos, y se nos permita continuar en el concurso.
4.3. Que, con fundamento en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, a fin de
obtener la tutela efectiva de nuestros derechos fundamentales y libertades
individuales, se suspendan los efectos de los Decretos 1408 del 03 de
noviembre de 2021 (Derogado) y del Decreto 1615 de 2021 mientras se
acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del medio
de control de nulidad y se obtiene una sentencia que haga tránsito a cosa
juzgada”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia de la “Guía para el aspirante a las pruebas de competencias
básicas, funcionales y comportamentales del Proceso de Selección para
municipios de 5ta y 6ta categoría”, y copia de la inscripción de los accionantes al
mismo.
5. Trámite procesal
Por auto de 19 de enero de 2022, el despacho admitió la acción de tutela. En la
misma decisión se ordenó notificar a los accionantes, a las autoridades
accionadas, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como
tercera interesada en el resultado del proceso. Así mismo, se negó la medida
provisional solicitada por los accionante, consistente en “que se suspendan los
efectos del Decreto 1408 de 2021 (Derogado) y del Decreto 1615 de 2021
mientras que se tramita la presente tutela, a fin de evitar un perjuicio irremediable
con la no presentación de las pruebas que se realizarán el próximo domingo 19 de
diciembre de 2021 en el marco del Proceso de Selección para municipios de 5ta y
6ta categoría”, al no encontrar acreditada la gravedad, necesidad o urgencia en su
adopción, y no observar de manera preliminar un riesgo de afectación a los
derechos invocados.
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La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
7614 a 7620, todas de 25 de enero de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuestas de la Presidencia de la República y los Ministerios del
Interior, Salud y Protección Social y Comercio, Industria y Turismo
Como quiera que los argumentos de contestación guardan similitud, la Sala los
agrupará y se referirá a cada una de las razones expuestas en los escritos de
contestación de la acción de tutela.
En primer lugar, todos hicieron una amplia exposición sobre el estado actual de la
pandemia y la nueva crisis global de salud pública ocasionada por el COVID-19, y
afirmaron que se está ante una crisis global de salud pública, de vertiginoso
escalamiento y letalidad para la humanidad, que opera en un marco de enorme
incertidumbre y además tiene un gran impacto sobre la economía y las
sociedades, entre ellas la colombiana.
El asesor jurídico de la Presidencia de la República solicitó que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, informó, no existe
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por parte del
Gobierno Nacional.
Adujo que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un carácter
residual y subsidiario, y que en el caso no se cumple con el requisito de
procedibilidad de la subsidiariedad, por cuanto la parte actora no demuestra una
afectación directa y subjetiva a sus derechos, presuntamente vulnerados con la
expedición del Decreto 1408 de 2021, en tanto realiza suposiciones generales e
incluso inciertas que no se proyectan hacia la materialización de un perjuicio
irremediable.
Indicó que pese a que se enuncian una serie de derechos que supuestamente
afectan al accionante, surge un debate donde se involucran derechos cuya
titularidad corresponde a toda la sociedad y la vida en sociedad en medio de una
pandemia, no de un contexto de normalidad, “luego entonces, no acredita o
demuestra que la vulneración alegada de sus derechos fundamentales sea una
afectación directa y subjetiva. Así como tampoco demuestra que con la entrada en
vigor del Decreto 1408 de 2021 y hoy del Decreto 1615 de 2021, se genere un
perjuicio irremediable inminente, urgente, cierto e impostergable”.
Sostuvo que pese a las manifestaciones esbozadas por quienes accionan, lo
cierto es que la vacunación contra el COVID-19, no tiene un carácter obligatorio de
conformidad con la Ley 2064 de 2020 y con el Decreto 109 de 2021.
Agregó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la
legalidad de un acto administrativo de carácter general e impersonal, como lo es el
Decreto 1408 de 2021 y ahora el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, el
cual surge como una respuesta estatal para mitigar los efectos nocivos de la
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La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: flatorresna@unal.edu.co;
jsospinar@unal.edu.co, procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co,
montezumad.f@hotmail.com, notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co,
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pandemia generada por el COVID 19 en el marco de la emergencia sanitaria, con
la finalidad de proteger la salud y la vida, la vida en sociedad y la reactivación
económica prevaleciendo el principio constitucional del interés general.
Añadió que a pesar de que las medidas farmacológicas y no farmacológicas han
mostrado un impacto positivo en el número de casos y fallecidos, algunos países
han empezado a sufrir incrementos en el número de contagios, lo cual evidencia
que se deben mantener los esfuerzos hacia el control de la pandemia.
Refirió que en el caso particular y concreto no obra prueba siquiera sumaria de la
presunta obligatoriedad de la inoculación, mucho menos de la vulneración de los
derechos invocados.
La jefe jurídica del Ministerio del Interior rindió informe en el que solicitó negar
las pretensiones de la acción, por cuanto, afirmó, en el caso en concreto no se
estructura una transgresión de los derechos fundamentales a la igualdad,
dignidad, no discriminación, libertad de conciencia y al trabajo, toda vez que con la
expedición Decreto 1615 de 2021 se busca preservar la salud y la vida, evitando el
contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19 en toda la población
colombiana.
Sostuvo que en el caso se presenta un hecho superado por sustracción de
materia, comoquiera que, de conformidad con información que reposa en la
página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Juzgado promiscuo de familia
de la Mesa Cundinamarca decretó medida cautelar dentro de acción de tutela
promovida por el señor Juan Miguel Rodríguez, en el sentido de no exigir el carné
de vacunas para la presentación de las pruebas que se surtiría el pasado 19 de
diciembre del año 2021.
Puso de presente que esa cartera ministerial ha sido notificada de multiplicidad de
acciones de tutela en contra del Decreto 1408 de 2021, así como también de gran
número de fallos sobre el mismo tema, “todos ellos coincidentes en negar o
declarar la improcedencia del mecanismo tutelar, por no cumplirse con el requisito
de subsidiariedad”.
La apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social rindió informe en el
que solicitó declarar improcedente la acción, por cuanto, sostuvo, el Decreto
objeto de debate es una norma de carácter general, impersonal y abstracto, lo cual
ubica la controversia constitucional en el numeral 5° del artículo 6 del Decreto Ley
2591 de 1991, según el cual la acción de tutela es, prima facie, improcedente,
como ha sido reconocido también ampliamente en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
Adujo que la titularidad de los derechos garantizados con la expedición del
Decreto 1615 de 2021 corresponden a todo el conglomerado social y no
corresponde de manera exclusiva a quien acciona, pese a lo cual no se advierte
que en el caso particular y concreto que la exigencia de la certificación de
vacunación sea una medida que obliga a la inoculación, por el contrario, se
establecen excepciones que garantizan, pese a lo enunciado por quien acciona,
su vida como sujeto de derechos.
Indicó que cosa distinta es que ante una pandemia de los niveles descritos exige
que, ante la incapacidad de algunos sujetos de cumplir con el acto humano de la
solidaridad, el estado esté obligado a restringir de manera proporcional, razonable,
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ética y jurídicamente sus derechos para dar paso a la garantía de la vida y salud
de todos los colombianos y residentes.
Agregó que los accionantes no acreditan o demuestran que la vulneración alegada
de sus derechos fundamentales sea una afectación directa y subjetiva. Así como
tampoco demuestran que con la entrada en vigor del Decreto 1615 de 2021, se
genere un perjuicio irremediable inminente, urgente, cierto e impostergable, y que
lo que se vislumbra en la causa son enunciados generales e inconexos que no
ponen de presente una situación de grave amenaza de derechos fundamentales
que exija la adopción de medidas de protección transitorias e impostergables de
forma inmediata, de lo cual se colige que no se cumple con los criterios fijados
para que la acción de tutela sea procedente para atacar actos de carácter general
y abstracto como en efecto es el Decreto 1615 de 2021, el cual goza de plena
presunción de legalidad.
Mencionó que en el caso se presenta falta de legitimación en la causa por activa,
en tanto la parte tutelante pretende la protección de derechos fundamentales
como la igualdad, la vida digna, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, a
no ser discriminado y recibir el mismo trato, “todos ellos enmarcados dentro de la
categoría de derechos fundamentales autónomos. Sin embargo, bajo las
circunstancias particulares por las que atraviesa el mundo entero y por supuesto
nuestro país producto de la pandemia COVID 19, el debate va mucho más allá del
ámbito privado, por cuanto se involucran derechos cuya titularidad corresponde a
toda la sociedad, por lo cual, la parte accionante asume la vocería de toda la
sociedad y de terceros en particular, sin que se acredite que actúa como como
representante legal, jurídico o agente oficiosos de ninguna otra persona”
Finalmente, todos concluyeron que la solicitud debe negarse ante la ausencia de
vulneración de los derechos invocados, dado que las medidas restrictivas para las
personas que no quieren vacunarse se encuentran justificadas
constitucionalmente, por cuanto: “(i) No obliga a la vacunación contra la Covid-19
a ningún ciudadano colombiano; (ii) es razonable y está encaminada permitir la
vida en sociedad y económica en medio de la pandemia, protegiendo la salud en
conexidad con la vida de todos los colombianos y residentes en el país, y en ese
sentido se justifica la limitación al derecho a la libertad de locomoción; (ii)
desarrolla el principio de solidaridad que sustenta la prestación de servicios de
salud -artículos 48, 49 Y 95 de la Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria
y encuentra plena justificación en el hecho de que no se interviene en la decisión
de no vacunarse, pero acude a la restricción como único mecanismo para evitar
que la población no vacunada facilite la circulación del virus y el riesgo de
mutación, lo que gravemente sí afecta o al menos pone en riesgo la vida de todos
los colombianos y residentes en el país”.
6.2. Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad presentó informe en el que
solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado, en
tanto, sostuvo, la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, como
garante de la jornada de pruebas escritas del concurso al que se presentó el
accionante, mediante comunicado de 17 de noviembre de 2021, publicado a
través de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, informó que no
habría exigencia del carné de vacunación en las pruebas escritas del Proceso de
Selección en los Municipios de quinta y sexta categoría, practicadas el 19 de
diciembre de 2021.
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Sostuvo que la acción carece de los requisitos constitucionales y legales
necesarios para ser procedente, pues la inconformidad del accionante frente al
concurso de méritos que a la fecha se adelanta y que se encuentra contenida en
los acuerdos reglamentarios del concurso, no es excepcional, ya que en últimas la
censura que hace el accionante recae sobre las normas contenidas en el citado
acuerdo y las normas que lo regulan, frente a lo cual cuenta con un mecanismo de
defensa idóneo para controvertir el mentado acto administrativo, razón por la cual
la tutela no es la vía idónea para cuestionar la legalidad de dichos actos
administrativos.
Indicó que en el presente caso no sólo el accionante no demuestran la inminencia,
urgencia, gravedad y el carácter impostergable del amparo que se reclama en
cada caso concreto; sino que no existe perjuicio irremediable en relación con
controvertir la legalidad el proceso de selección, porque para ello bien pudieron y
pueden acudir a los mecanismos previstos en la ley.
Afirmó que en el comunicado se indicó que “en atención a la medida provisional
decretada por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE LA
MESA - CUNDINAMARCA, frente a la acción de tutela impetrada por el señor (…),
la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, emitió comunicado
informando que para la aplicación de las pruebas escritas que se adelantarán el
próximo 19 de diciembre del 2021, NO exigirá el carnet de vacunación para el
ingreso a las mismas”.
Adujo que, así las cosas, en el caso no le fue exigido a ningún aspirante a nivel
nacional para la aplicación de pruebas la presentación del carné de vacunación,
por lo que en el caso se debe declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues durante el trámite de la acción de tutela la vulneración o amenaza
a los derechos fundamentales desapareció, ya que no se exigió a ningún
aspirante, entre los cuales se encontraban los actores, la presentación del carné
de vacunación para el ingreso a la jornada de aplicación de pruebas escritas
realizada el pasado 19 de diciembre de 2021.
Por último, agregó que en el caso “se ha dado correcta aplicación a las normas
que rigen el concurso público de mérito, conocidas por todos los aspirantes al
momento de inscribirse, y se han garantizado los derechos fundamentales que le
asisten a los aspirantes que se encuentran concursando en el Proceso de
Selección - Municipios de 5ª y 6ª categoría”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de
2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el
asunto objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar i) si las autoridades accionadas vulneraron
los derechos fundamentales de los accionantes al trabajo, a la libre locomoción, a
la libertad de reunión, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la
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dignidad y de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, con la
exigencia del carné de vacunación del COVID-19 para la presentación de la
prueba escrita del concurso público “Proceso de Selección para Municipios de 5ta
y 6ta Categoría”, en el que se encuentran participando, y ii) si con la expedición de
los Decretos 1408 y 1615 de 2021, se vulneran los derechos fundamentales a la
libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia, derecho al trabajo,
libre desarrollo de la personalidad a la igualdad, al acceso a cargos públicos y a la
dignidad humana de los accionantes.
De manera previa, se debe establecer si en el caso se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado frente a la petición de dejar presentar a los actores
la prueba escrita del concurso al que se inscribieron sin acreditar el carné de
vacunación, como quiera que la Comisión Nacional del Servicio Civil informó que,
mediante aviso informativo de 17 de noviembre de 2021, publicado en su página
web, informó a los participantes en el concurso que no se exigiría dicho carné para
la presentación de las pruebas escritas, y si frente a la petición de suspender los
efectos de los Decretos 1408 de 2021 y 1615 de 2021 se cumple con el requisito
de la subsidiariedad.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
En desarrollo del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1º del artículo
6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será
improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para
resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.
Además, de conformidad con los numerales 2º a 5º de dicha norma, tampoco se
considera procedente cuando para proteger el derecho se pueda invocar el
habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos; cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado y, por último, “5.
cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Dentro de esta última causal de improcedencia, se encuentran contemplados los
actos administrativos de carácter general o impersonal, es decir, aquellos que
“crea, modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada
3
directamente con alguna persona o cosa determinada” .
3
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Colombia: Librería Ediciones del
Profesional LTDA. Cuarta Edición, 2005, p. 85.
9
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Debido a que la acción de tutela está concebida como un mecanismo excepcional
para la protección individual o subjetiva de los derechos fundamentales, en
principio, no constituye el medio apto para impugnar judicialmente actos
4
administrativos de carácter general o impersonal , pues el ordenamiento jurídico
establece otros medios de defensa judicial que permiten verificar la
constitucionalidad y la legalidad de esa clase de actuaciones. En particular, (i) la
acción de nulidad por inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 135 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
5 6
(CPACA) y (ii) la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 137 ibíd . Así
como, (iii) las demandas de inconstitucionalidad que se tramitan ante la Corte
Constitucional (art. 245, numeral 5º de la Constitución Política), contra los decretos
con fuerza de ley dictados por el Gobierno en ejercicio de facultades
extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, por su contenido
material o por vicios de procedimiento en su formación.
En sentencia T-111 de 2008, la Corte Constitucional advirtió que, cuando la tutela
se dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, deben
cumplirse los siguientes supuestos para la procedencia: “(i) Que se está ante una
amenaza cierta, consistente en que de la aplicación de un acto de carácter
general, impersonal y abstracto, se derive una afectación de los derechos
fundamentales de una persona y, (ii) Que, en tal eventualidad, el acudir a las vías
ordinarias podría comportar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.
7
Además, mediante sentencia C-132 de 2018 , dicha corporación judicial precisó
8
los criterios desarrollados a través de una línea de interpretación uniforme e
identificó las reglas de procedencia de las acciones de tutela contra un acto de
carácter general, impersonal y abstracto.
4
Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2014, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
5
“Artículo 135. Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por
sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el
Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos
237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa
disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la
demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de
cualquier norma constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su
juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.
6
“Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y
registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes
casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un
derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”.
7
M.P. Alberto Rojas Ríos.
8
Cfr., entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de
2005, T-435 de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-
31 de 1993.
10
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En concreto, señaló que por regla general la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo y apropiado para controvertir este tipo de actos. Sin embargo, también
advirtió que la jurisprudencia constitucional ha admitido dos excepciones a dicha
regla de improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter abstracto y general, a saber:
“Cuando (i) la persona afectada carece de medios ordinarios para procurar la defensa
de sus derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para cuestionar esa
clase decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y cuando (ii) la aplicación del acto administrativo general amenace o
vulnere los derechos fundamentales de una persona. Además, (…) la acción de tutela
es procedente contra las determinaciones de orden general en el evento que éstas
causen daños a los derechos fundamentales de las personas y que devengan en
perjuicios irremediables”.
Asimismo, de comprobarse alguna de las dos últimas hipótesis, el juez
constitucional está habilitado para “hacer uso de la facultad excepcional
consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un
carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo
9
por parte del juez competente” .
Por último, en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
201510, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.
En suma, teniendo en cuenta las características esenciales de la acción de tutela,
dicho mecanismo constitucional, por regla general, es improcedente para
controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto. Su procedibilidad
únicamente se habilita (i) cuando la persona afectada carezca de mecanismos
judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, por
no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y, (ii) cuando sea posible establecer que el contenido del acto de
carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Además, (iii) cuando se
trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Solo en los dos
últimos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del
juez competente.
9
Corte Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
10
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el caso se configura la carencia actual de objeto respecto de la
petición relacionada con permitir a los actores presentar la prueba escrita
del concurso al que se inscribieron sin acreditar el carné de vacunación
contra el COVID-19
En el presente asunto, los accionantes consideran que la exigencia por parte de
las autoridades demandadas del carné de vacunación del COVID-19, para la
prueba escrita del concurso público “Proceso de Selección para Municipios de 5ta
y 6ta Categoría”, en el que se encuentran participando, vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
conciencia, a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, de
informar y recibir información veraz e imparcial, a la participación en la
conformación, ejercicio y control del poder político y al acceso al desempeño de
funciones y cargos públicos.
Adujeron que “las accionadas olvidaron por completo la existencia del marco
constitucional y de los tratados internacionales que conforman el bloque de
constitucionalidad al expedir el Decreto 1408 de 2021 que representa una abrupta
vulneración a los derechos fundamentales y a las libertades individuales del
suscrito Accionante y de todos aquellos que autónomamente hemos decidido
libremente, y en el marco de nuestros derechos fundamentales y libertades
individuales, no aplicarnos las vacunas del COVID-19, que no generan inmunidad
contra el virus sino que simplemente pueden atenuar sus efectos, privándonos de
desarrollar con normalidad las actividades laborales, diligencias personales y de
ocio propias de nuestra cotidianidad”.
En el escrito de contestación, la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó que
se declarara la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado, en
tanto, sostuvo, la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, como
garante de la jornada de pruebas escritas del concurso al que se presentaron los
accionantes, mediante comunicado de 17 de noviembre de 2021, publicado a
través de la página web de la entidad, informó que no habría exigencia del carné
de vacunación en las pruebas escritas del “Proceso de Selección para Municipios
de 5ta y 6ta Categoría”, practicadas el 19 de diciembre de 2021, comunicado cuyo
vínculo web allegó con la contestación.
De las pruebas que obran en el expediente de tutela, en específico la notificación
del Protocolo de Bioseguridad del concurso “Proceso de Selección para
municipios de 5ta y 6ta categoría”, al que se inscribieron los accionantes, se
observa que en este se comunicó a todos los participantes que para la
presentación de las pruebas escritas el 19 de diciembre de 2021 sería
“indispensable presentar el carnet de vacunación” del Covid-19. La mencionada
notificación, aportada por los demandantes, fue la siguiente:
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De otra parte, también consta que, posteriormente, mediante comunicado
publicado a través de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se
informó a los participantes que la anterior orden quedaba sin efecto, pues no
habría exigencia del carné de vacunación en las mencionadas pruebas, por lo que
la Sala evidencia que, en efecto, como fue puesto de presente por la CNSC, de
manera previa a la práctica de las pruebas escritas la entidad puso en
conocimiento de los participantes en el concurso, entre los que se encontraban los
accionantes, que la medida anunciada previamente respecto del carné de
vacunación no sería aplicada.
En el mencionado comunicado se aclaró que no se solicitaría el carné de
vacunación para la presentación de las pruebas de la siguiente manera:
En este sentido, la Sala encuentra que en el caso se configura el fenómeno de la
carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado, ya que la situación
de hecho que originó la supuesta vulneración o amenaza a los derechos de los
accionantes fue superada, de manera tal que la pretensión relativa a que se
13
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protejan sus derechos y se les permita presentar la prueba sin acreditar el carné
de vacunación contra el COVID-19 se encuentra satisfecha11, por lo que, para este
caso, cualquier análisis adicional caería en el vacío.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 201912, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”13.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”14.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”15.
11
En el mismo sentido se pronunció recientemente esta Sala en sentencia de 10 de febrero de 2022, exp.
2021-11516-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
13
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
14
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
15
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
14
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En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por existir un
hecho superado, teniendo en cuenta que la pretensión formulada por los actores
en relación con ordenar permitirles presentar la prueba escrita del concurso en el
que se encuentran inscritos sin necesidad de presentar el carné de vacunación del
COVID-19 se encuentra satisfecha, por lo que la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, ya que lo
pretendido se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.
4.2. La acción de tutela es improcedente para cuestionar actos
administrativos de carácter general
En el presente caso los accionantes indicaron que con la expedición de los
Decretos 1408 y 1615 de 2021, se vulneran los derechos fundamentales a la libre
locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia, derecho al trabajo, libre
desarrollo de la personalidad a la igualdad, al acceso a cargos públicos y a la
dignidad humana.
Concretamente, consideran que las accionadas vulneran gravemente sus
derechos fundamentales y el de todas las personas que han decidido no
vacunarse contra el COVID-19, “pues a partir del 16 de noviembre de 2021 se nos
impedirá, con carácter arbitrario y propio únicamente de los Estados totalitarios,
reunirnos en espacios públicos y privados que impliquen aglomeración”.
Como se señaló en los fundamentos jurídicos de esta providencia, en desarrollo
del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será improcedente cuando
existan otros medios de defensa judicial eficaces para resolver la situación
particular en la que se encuentre el solicitante.
Además, de conformidad con los numerales 2º a 5º de dicha norma, tampoco se
considera procedente cuando para proteger el derecho se pueda invocar el
habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos; cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado y, por último, “5.
cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Dentro de esta última causal de improcedencia, se encuentran contemplados los
actos administrativos de carácter general o impersonal, es decir, aquellos que
“crean, modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada
directamente con alguna persona o cosa determinada”16.
Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el Ministerio de Salud y
Protección Social expidió el Decreto 1615 de 202117, "Por la cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público", como respuesta
estatal en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
COVID-19, con la finalidad de contener el impacto negativo sobre la salud y la vida
de todos los que habitan el territorio nacional, adoptando medidas específicas para
contener y mitigar los impactos negativos de la pandemia, entre estas la exigencia
del carné de vacunación del COVID-19 o certificado digital de vacunación como
16
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Colombia: Librería Ediciones del
Profesional LTDA. Cuarta Edición, 2005, p. 85.
17
En su artículo 5º el Decreto 1615 de 2021 derogó el Decreto 1408 de 2021: “ARTÍCULO 5. Vigencia. El
presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”.
15
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requisito de ingreso a (i) eventos presenciales de carácter público o privado que
impliquen asistencia masiva y, (ii) bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.
Conforme con las determinaciones adoptadas en el Decreto 1615 de 2021, cuyo
contenido soporta la vulneración ius fundamental que se invoca, la Sala observa
que el requisito general de procedibilidad de la acción de tutela de la
subsidiariedad (art. 86 de la Constitución Política) no se encuentra cumplido, por
cuanto los accionantes tienen a su disposición el medio de control de nulidad
simple consagrado en el artículo 137 del CPACA, que establece que toda persona
podrá solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos de carácter
general, “cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió”.
De acuerdo con lo anterior, resulta claro que los reproches formulados por los
accionantes contra el Decreto 1615 de 2021, en torno a que se les impedirá, con
carácter arbitrario reunirse en espacios públicos y privados que impliquen
aglomeración, son aspectos que deben ventilar en el ejercicio del medio de
control de simple nulidad, a partir de las causales de nulidad previstas en el
artículo 137 del CPACA.
Incluso, si los actores considera que el texto adoptado es contrario a la
Constitución Política, tienen a su disposición el medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad consagrado en el artículo 135 del CPACA en virtud del cual
“los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general
dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte
Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución
Política, por infracción directa de la Constitución”.
En efecto, esta Sala18 ha sido del criterio que los medios de control idóneos para
discutir la constitucionalidad o legalidad de los actos administrativos de carácter
general, impersonal y abstracto, como el Decreto 1615 de 2021, son la simple
nulidad o la nulidad por inconstitucionalidad, medios de control en los que puede
solicitar las medidas cautelares previstas en el artículo 229 a 241 del CPACA,
incluidas las de urgencia, las cuales tienen la misma eficacia de la acción de
tutela.
Sobre el particular, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares en
las acciones contencioso-administrativas como un mecanismo de defensa
provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable, razón por la que es deber del actor agotar dicho medio, en primer
término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. Según
el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un perjuicio
irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el juez
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de junio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-
02006-00, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 6 de mayo de 2021, exp. Nº 76001-23-33-000-2021-
00001-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia de 4 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-
2018-04478-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se
ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
Por lo anterior, es claro que la acción de tutela fue presentada sin cumplir el
requisito de la subsidiariedad, al existir otros medios de defensa judicial para
ventilar el debate constitucional y legal propuesto por los actores.
Ahora bien, la Sala no desconoce que eventualmente puede activarse la
competencia del juez de tutela para definir si los actos generales, impersonales y
abstractos19 vulneran de manera directa y flagrante derechos fundamentales y si
puede otorgarse el amparo transitorio hasta que el juez administrativo decida de
fondo sobre la legalidad del acto.
Sin embargo, en el asunto bajo examen no se lograron acreditar los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para habilitar la procedencia
excepcional de la acción de tutela, tales como: (i) que el accionante carece de
mecanismos judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos
fundamentales, por no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de
naturaleza constitucional o (ii) que se pueda establecer que el contenido del acto
administrativo afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona
determinada o determinable. Además, (iii) también debe verificarse si lo que se
pretende es conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable20.
En ese sentido, en el caso bajo estudio, la Sala encuentra acreditado que el actor
cuenta con otros mecanismos de defensa judicial ordinarios como lo es el medio
de control de nulidad.
Además, no se observa que el Decreto 1615 de 2021 pueda llegar a afectar los
derechos fundamentales invocados por los accionantes de manera que haga
imperiosa la intervención del juez constitucional en un asunto de estricta legalidad
que le corresponde definir al juez contencioso administrativo. Ello, porque
conforme con lo establecido en el Decreto 1615 de 2021, la exigencia del carné de
vacunación del COVID-19 o certificado digital de vacunación como requisito de
ingreso a (i) eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen
asistencia masiva y (ii) bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares
de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios
deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias, se observa que
se trata de una regulación respecto de actividades relacionadas con el ocio y el
esparcimiento, lo que descarta, por ejemplo, una afectación al derecho de libre
locomoción.
En definitiva, no es posible determinar que el contenido del acto administrativo
demandado afecte directamente derechos fundamentales y que aun cuando en el
escrito de tutela los demandantes sostuvieron que buscan evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, en realidad no se justificó, ni se probó siquiera de
manera sumaria, alguna situación que haga necesaria la intervención del juez
constitucional con el fin de decretar medidas urgentes, ni tampoco la existencia de
19 De conformidad con el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede
contra actos generales, impersonales y abstractos.
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un daño o menoscabo material o moral grave que haga impostergable el estudio
constitucional.
Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que no se cumple el
presupuesto de la subsidiariedad al existir otros mecanismos de defensa judicial
ante la jurisdicción contencioso administrativa para controvertir la legalidad y la
constitucionalidad de los Decretos 1408 de 2021 y 1615 de 2021, por lo que se
declarará la improcedencia de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado, respecto de la petición relacionada con permitir a los actores
presentar la prueba escrita del Proceso de Selección para municipios de quinta y
sexta categoría sin acreditar el carné de vacunación del COVID-19.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de la
petición de suspender los efectos de los Decretos 1408 de 2021 y 1615 de 2021.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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