Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00194-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00194-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00194-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
17 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00194-00
Demandante: Teresa de Jesús Lozada Bustos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-00194-00
Demandante TERESA DE JESÚS LOZADA BUSTOS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN ”E”
Temas Tutela contra providencia judicial. Reliquidación pensión.
Ingreso base de liquidación. Ley 33 de 1985. Defecto fáctico y
sustantivo.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Teresa de Jesús Lozada Bustos, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de diciembre de 20211, a través de apoderado, Teresa de Jesús Lozada
Bustos interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a
la vida digna y mínimo vital de las personas de la tercera edad. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
“1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL
DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y
EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA,
FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO PROCESO,
Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, de la señora TERESA DE JESÚS
LOZADA BUSTOS
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”, en amparo a los derechos enunciados, revocar la
sentencia proferida el 18 de junio de 2021, que REVOCÓ la sentencia de primera
instancia por la cual se habían negado las pretensiones de la demanda y en
consecuencia de ordene a reliquidar la pensión de asistida teniendo en cuenta el
equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente
anterior a la fecha de retiro efectivo, es decir, desde el 01 de enero de 1992 hasta el 30
de diciembre de 1992.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí
tutelados”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Índice 2 Samai.
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Demandante: Teresa de Jesús Lozada Bustos
2.1. La actora informa que laboró al servicio del Estado “desde el día 30 de julio de
1970 hasta el día 30 de diciembre de 1992”, y que “para el 13 de febrero de 1985, fecha en
que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, tenía más de 15 años de servicios”.
2.2. Por reunir los requisitos de ley, la extinta Caja Nacional de Previsión Social
Cajanal le reconoció pensión de jubilación mediante Resolución 21203 del 1º
de abril de 1993.
Posteriormente, la señora Teresa de Jesús Lozada Bustos solicitó la
reliquidación de la prestación, con la inclusión de todos los factores salariales
que devengó durante el último año de servicio. Sin embargo, por auto ADP
3196 del 27 de marzo de 2014, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, negó
su petición.
2.3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, pretendiendo la
nulidad del acto administrativo que negó la reliquidación de su pensión, y a
título de restablecimiento del derecho, que se ordenara liquidarle la
prestación con la totalidad de los factores salariales devengados en el último
año de servicio.
Argumentó que su pretensión era procedente, amparada en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
2.4. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Bogotá que, mediante sentencia del 29 de marzo de 2019
accedió a las pretensiones de la demanda y, en aplicación de la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, ordenó la reliquidación de la pensión
reconocida a la accionante incluyendo, además de los que se había tenido en
cuenta en el reconocimiento pensional, todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión.
2.5. Mediante sentencia del 18 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
El a quem estableció que a la actora le aplicaba en su integridad la Ley 33 de
1985, y que contrario a la regla jurisprudencial aplicada por el juez de primera
instancia, la línea jurisprudencial vigente en casos como el de la demandante
señalaba que, para establecer el IBL solo se debían tener en cuenta los
factores enlistados en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por la
Ley 62 del mismo año, sobre los que se hubieran efectuado cotizaciones.
La decisión se notificó a las partes el 25 de junio de 20212.
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índice 10 Samai, donde aparece el expediente digitalizado del proceso ordinario.
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3. Fundamentos de la acción
Considera la parte actora que al proferir la sentencia del 18 de junio de 2021, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
3.1. Defecto fáctico, porque el Tribunal no valoró las pruebas que acreditaban su
derecho a la reliquidación de su pensión, “toda vez que omitió examinar con
rigurosidad el material probatorio que conformaba el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 010 2015 00071 , para verificar la
historia laboral, la resolución de reconocimiento de la pensión y los antecedentes
administrativos de la señora TERESA DE JESÚS LOZADA BUSTOS, a efectos definir la
procedibilidad o no de la aplicación del régimen de transición previsto en el parágrafo 2º del
artículo 1° de la Ley 33 de 1985, que reclamaba el demandante”.
3.2. Defecto sustantivo, toda vez que la autoridad judicial accionada desconoció
que la actora era beneficiaria del régimen de transición señalado en el
parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, ya que para el 13 de
febrero de 1985, fecha en que entró en vigencia la ley, contaba con más de
15 años de servicio, por lo tanto, “para liquidar el monto de la pensión debía aplicarse
el contenido de la Ley 6 de 1945, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y el Decreto
1045 de 1978”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 18 de enero de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes. Asimismo se dispuso, en calidad de terceros, notificar a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, demandada en el proceso
ordinario, y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá, que
dictó el fallo de primera instancia.
4.2. El Tribunal Administrativo de la Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, rindió informe por conducto del Magistrado ponente de la
providencia cuestionada.
Solicitó rechazar por improcedente el amparo, porque considera que la
accionante acude al mecanismo constitucional como si se tratara de una
instancia adicional, al insistir en un debate que ya fue resuelto en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En su defecto,
pide que se nieguen las pretensiones, al no haber incurrido en los defectos
alegados.
Manifestó que en la sentencia cuestionada no incurrió en violación de los
derechos fundamentales que alega la accionante, por el contrario, se profirió
de acuerdo con la normatividad adecuada, las pruebas aportadas y
legalmente incorporadas al proceso y la jurisprudencia vigente del Consejo
de Estado, por tanto, se tomó la determinación que correspondía respecto de
las pretensiones elevadas, por lo que el asunto se decidió en la manera que
debía hacerse, esto es, negando las pretensiones de la demanda.
Sostiene que no le asiste razón a la accionante cuando afirma que en la
sentencia se omitió el análisis del régimen pensional aplicable a la actora, ya
que ese estudio se realizó de manera integral, pero que, la parte actora no
demostró que para el momento de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985
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contara con 15 años o más de servicios, pues, como quedó dicho en la
decisión, solo había laborado un total de 14 años, 6 meses y 13 días.
En la providencia cuestionada se indicó que la actora adquirió el estatus
pensional el 31 de julio de 1993, al cumplir los 55 años de edad, momento
para el cual ya había completado los 20 años de servicios, y al haber
adquirido su estatus en vigencia de la Ley 33 de 1985, su reconocimiento
pensional debía hacerse en los términos de la esa ley, tal como y lo había
hecho la demandada para establecer el IBL, que incluyó aquellos factores del
artículo 3º, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año,
excluyendo aquellos que no consagraron tales normas y sobre los que no se
demostró que se hubiesen cotizado.
La decisión se apoyó en reciente jurisprudencia del Consejo de Estado que
señala los lineamientos del reconocimiento pensional para quienes causaron
su derecho en vigencia de la Ley 33 de 1985, y se dejó precisado que no
aplica el criterio de la sentencia del 4 de agosto de 2010 de la Sección
Segunda, que aplicó el juzgado de primera instancia, porque la misma fue
rectificada desde el año 2018.
4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, se pronunció
por intermedio del Subdirector de Defensa Judicial Pensional.
Después de ilustrar normas, jurisprudencia del Consejo de Estado y los
supuestos demostrados en el proceso ordinario, dijo que quedó establecido
que la actora tenía derecho a que el reconocimiento pensional se hiciera
conforme a la Ley 33 de 1985, tal y como lo había hecho la entidad al
reconocerle su pensión.
Explicó que mediante la Resolución No. 21203 del 1 de abril de 1993 se
reconoció pensión de jubilación a favor de la actora, efectiva a partir del 1º
de enero de 1993, con 50 años de edad, 20 años de servicio y con el 75% de
los factores señalados taxativamente en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985,
modificado por la Ley 62 del mismo año, devengados en el último año de
servicios, tales como la asignación básica, la prima de antigüedad y la
bonificación por servicios prestados. Por tanto, agregó, no es viable incluir
todos los factores salariales.
Solicitó se declare improcedente la acción de tutela porque se asume como
una tercera instancia, o que se niegue, teniendo en cuenta que el Tribunal no
incurrió en los defectos que alega la actora, por el contrario se ajustó al
ordenamiento legal y al actual precedente jurisprudencial sobre el tema.
4.4. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá, se pronunció a
través de su titular.
Se limitó a citar apartes de la decisión de primera instancia, de los que se
deriva que aplicó la sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010. Luego,
dijo que en la actuación cursada en ese juzgado se respetó el debido
proceso.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela contra providencias judiciales procede de manera excepcional,
tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y
dada su excepcionalidad, es que la jurisprudencia ha establecido una serie de
requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta. Si no
se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales la acción no será procedente.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
3.1. Previo a plantear el problema jurídico, debe la Sala señalar que se
encuentran cumplidos en este caso todos los requisitos generales de
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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procedibilidad. Ahora, considerando que el Tribunal Administrativo accionado
alegó el incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional de
la acción de amparo porque considera que se acude a ella a manera de
instancia adicional, la Sala se referirá a este requisito.
Esta Sala de Decisión ha considerado que para el análisis del requisito de
relevancia constitucional por instancia adicional, es posible acudir al
contraste o confrontación de los argumentos que se exponen en el recurso
de apelación contra la decisión de primera instancia en el respectivo proceso
ordinario y los fundamentos de la demanda de tutela7, a fin de establecer si el
mecanismo constitucional es usado con el fin de prolongar la discusión sobre
aspectos ya resueltos por el juez natural.
En el caso concreto se evidencia que la sentencia de primera instancia fue
favorable a las pretensiones de la señora Teresa de Jesús Lozada Bustos, y
quien apeló la decisión fue la entidad pública condenada (la UGPP), por lo
que, en este contexto, no hay lugar a argumentar una reiteración de
argumentos o que la acción de tutela se haya tomado como una instancia
adicional.
3.2. Precisado lo anterior, teniendo en cuenta los antecedentes del caso,
corresponde a la Sala establecer si al proferir la sentencia del 18 de junio de
2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado Nro. 11001-33-35-010-2015-00071-02, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, incurrió en los defectos
factico y sustantivo alegados por la accionante.
4. Alcance de los defectos fáctico y sustantivo
4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que
tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de
forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta
forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material
o sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento
en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que
genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión8.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en
forma incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la
interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos
casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad.
4.2. Por su parte, el defecto fáctico está relacionado con la práctica o valoración
de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 19 de
agosto de 2021. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2021-03795-00. Magistrado ponente: Julio Roberto Piza
Rodríguez.
8 Sentencia SU-159 de 2002 proferida por la Corte Constitucional.
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Se ha dicho que para que exista defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez
para aplicar una determinada norma resulta absolutamente inadecuado para
el caso concreto9. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia
facultad de valoración probatoria fundada en los principios científicos de la
sana crítica, dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Pero, el error debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, pues la intervención
del juez constitucional es de carácter extremadamente reducido, en respeto
al principio de autonomía judicial. Más aún en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia10, que impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio, so pena de convertirse en una tercera
instancia.
De ahí que la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias no amerita, por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial.
5. Análisis en el caso concreto
5.1. A partir de la revisión de los argumentos expuestos en la decisión y de la
valoración probatoria que realizó el Tribunal accionado en la providencia
cuestionada11 para concluir que no procedía ordenar la reliquidación de la
pensión en las condiciones que pretendía la actora, considera la Sala que en
el presente caso no se configuran los defectos fáctico y sustantivo alegados.
5.2. Para resolver si a la actora le asistía o no derecho a reliquidación pensional
incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio, el Tribunal desarrolló la siguiente tesis:
“La Sala revocará la sentencia de primera instancia, que accedió a las pretensiones
de la demanda, y en su lugar negará las mismas, habida consideración que en este
asunto no es procedente la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio, como quiera que a la
demandante para efectos del ingreso base de liquidación de la prestación pensional le
son aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985, las cuales no consagran factores
adicionales a los tenidos en cuenta por la UGPP para el reconocimiento de la pensión,
y sobre los cuales la demandante no hubiese efectuado cotizaciones”.
Esa tesis, contrario a lo que pretende hacer ver la parte actora, es resultado
de la valoración de todo el material probatorio documental allegado, que el
Tribunal analizó bajo las reglas de la sana crítica, y que de manera razonable
y objetiva lo condujo a concluir que la liquidación realizada en el acto que
reconoció pensión de jubilación, se encontraba ajustada a la norma legal que
9 Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial pueden consultarse,
entre otras, las sentencias T-231 de 1994, T-567 de 1998 y SU-195 de 2012, entre otras.
10 Cfr. Sentencias T-055 de 1997 y SU-632 de 2017, por mencionar dos de tantas.
11 La providencia cuestionada se ve a índice 10 Samai, donde obra el expediente digitalizado del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho,
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correspondía aplicar y está acorde con la línea jurisprudencial actualmente
vigente en el Consejo de Estado.
A partir del análisis de la prueba documental legalmente incorporada al
proceso, el Tribunal encontró como demostrados los siguientes hechos:
(i) La demandante nació el 31 de julio de 1938.
(ii) Laboró al servicio del Ministerio de Educación Nacional del 30 de julio
de 1970 hasta el 30 de diciembre de 1992.
(iii) Adquirió el estatus de pensionada el 31 de julio de 1993, por edad, al
cumplir 55 años, toda vez que el 30 de julio de 1990 había cumplido 20
años de servicio.
(iv) Por Resolución 21203 del 1º de abril de 1993, la extinta Cajanal
reconoció pensión de jubilación a la actora, con efectos a partir del 1º
de enero de 1993, de acuerdo con la Ley 33 y 62 de 1985, con el 75%
del salario promedio percibido en el último año de servicios, incluyendo
como factores salariales la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados y el incremento por antigüedad.
5.3. Al partir de esos aspectos demostrados, en particular que la actora inició a
prestar sus servicios al Estado desde el 30 de julio de 1970, estableció que
no cumplía el supuesto del parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 33 de
1985, para ser merecedora por transición de la aplicación de normas
anteriores a esa ley, toda vez que para cuando entró en vigencia, el 13 de
febrero de 1985, la demandante no contaba con 15 años de servicio, sino
con 14 años, 6 meses y 13 días.
La autoridad judicial precisó que, como la señora Lozada Bustos adquirió su
estatus pensional el 31 de julio de 1993, al cumplir 55 años de edad, es decir,
antes de la vigencia de Ley 100 de 1993, le aplicaba íntegramente la Ley 33
de 1985 para su reconocimiento pensional.
Resaltó que el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 dispone que la pensión será
“equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio”, y que el artículo 3º,
modificado por la Ley 62 de 1985, señaló los factores que conforman la base
de liquidación, que “siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes."
5.4. Asimismo, con apego a la línea jurisprudencial vigente sobre el tema, el
Tribunal destacó que la regla fijada en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010 de la Sección Segunda, no resultaba aplicable, toda vez que
la misma Sección la recogió en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018.
Finalmente el Tribunal se apoyó en sentencia de la Subsección B del 25 de
marzo de 2021, en la que se reiteró que en estos asuntos no era posible
acudir a la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 en lo que
respecta a los factores salariales para incluir en la prestación pensional,
teniendo en cuenta que esa posición varió con la de sentencia de unificación
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del 28 de agosto de 2018, cuando fijó como subregla que los factores
salariales a incluirse para determinar el IBL, son únicamente aquellos sobre
los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al sistema de pensiones.
Textualmente dijo el Tribunal:
“11.2. Factores a incluir en la liquidación de la prestación pensional
Al respecto, se hace necesario acudir a la jurisprudencia reciente del Consejo de
Estado, en la cual se ha abordado este preciso aspecto cuando el régimen pensional
aplicable es el contenido en la Ley 33 de 1985 […]
11.2.1. Pensiones adquiridas en vigencia de la Ley 33 de 1985
En sentencia del 25 de marzo de 2021 12, la Sección Segunda-Subsección B del
Consejo de Estado , señaló: que citó el Tribunal, textualmente se dijo:
“las pensiones de aquellas personas que causaron su derecho en vigencia de la Ley 33
de 1985 se liquidan con base en el 75% del promedio de los factores sobre los cuales se
efectuaron aportes a la entidad de previsión que hubiese percibido el trabajador en el
último año de servicio y sobre los cuales existía el deber de cotizar, según el artículo 3
de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año”, lo cual
guarda concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la
Constitución Política, el cual “previó en su inciso sexto que, para la liquidación de las
pensiones solo se tendría en cuenta aquellos factores sobre los cuales cada persona
hubiese efectuado cotizaciones”.
Así mismo, la corporación explicó que en estos asuntos no es posible acudir a la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010 en
lo que respecta a los factores salariales para incluir en la prestación, teniendo en
cuenta que esta posición varió con la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado el 28 de agosto de 2018, “cuando fijó como subregla que los factores
salariales a incluirse en el IBL son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron
aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. […]”.
5.5. Al confrontar los factores salariales que fueron certificados que recibió la
actora en el último año de servicios13 (del 30 de diciembre de 1991 al 30 de
diciembre de 1992), con los contemplados en el artículo 3º de la Ley 33 de
1985 para establecer la base de liquidación, el Tribunal constató que, tal y
como lo había hecho la entidad demandada en la Resolución que reconoció
la pensión de jubilación, solo procedía tener en cuenta la asignación básica,
la prima de antigüedad y la bonificación por servicios prestados.
Evidenció que los otros factores salariales certificados no aparecen
relacionados en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, ni se demostró que sobre
ellos se hubiera cotizado (en un cuadro el Tribunal ilustró esa comparación).
Hechas las anteriores consideraciones y valoración probatoria, el Tribunal
concluyó que no procedía la reliquidación, en los siguientes términos:
“En consecuencia, en este asunto no es procedente la reliquidación de la pensión con
la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio,
como quiera que a la demandante para efectos del ingreso base de liquidación de la
prestación pensional le son aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985, las cuales no
consagran factores adicionales a los tenidos en cuenta por la UGPP para el
reconocimiento de la pensión, por lo que la sentencia de primera instancia se debe
revocar, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
13. CONCLUSIONES
12 “C.E., Sec. Segunda, Sent. 2013-00426-01, mar.21/2021. M.P. César Palomino Cortés”.
13 La certificación de lo percibido en el último año de servicios obra a folio 9 del expediente digitalizado del
proceso ordinario (índice 10 Samai).
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00194-00
Demandante: Teresa de Jesús Lozada Bustos
La Sala revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de
la demanda, y en su lugar negará las mismas, habida consideración que en este
asunto no es procedente la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio, como quiera que a la
demandante para efectos de ingreso base de liquidación de la prestación pensional le
son aplicables las Leyes 33 y 6 de 1985, las cuales no consagran factores adicionales
a los tenidos en cuenta por la UGPP para el reconocimiento de la pensión, y sobre los
cuales la demandante no hubiese efectuado cotizaciones”.
5.6. De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto no
se configura el defecto fáctico alegado, ya que, en la providencia cuestionada
se ponderó de manera objetiva toda la prueba aportada, que permitió
establecer que la demandante adquirió estatus pensional en vigencia de la
Ley 33 de 1985, y que al no estar en el supuesto de transición dispuesto en
dicha ley, le aplicaba íntegramente para su reconocimiento pensional, y que
de los factores salariales devengados en el último año de servicio, solo
procedía tener en cuenta los que en su momento tuvo en cuenta la entidad
demandada en el acto de reconocimiento pensional.
No se advierte que se haya dejado de valorar pruebas, o que al hacerlo se
hubiera incurrido en un error flagrante y manifiesto, o que la valoración sea
resultado de una conducta arbitraria y/o caprichosa.
5.7. Tampoco observa la Sala la existencia de un defecto sustantivo, pues,
contrario a lo que afirma la tutelante, en la providencia cuestionada se hizo
un adecuado análisis del régimen pensional aplicable a su caso, y la
aplicación normativa y jurisprudencial realizada por el Tribunal para asumir la
decisión, se encuentra acorde con los supuestos de hecho demostrados.
No se encuentra que la decisión judicial cuestionada se hubiera
fundamentado en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al
caso, ni que en ella existiera alguna contradicción entre sus fundamentos y lo
resuelto en el caso concreto.
Así pues, el hecho que a partir del análisis normativo, jurisprudencial y
probatorio, la Corporación judicial accionada haya concluido que no era
posible ordenar la reliquidación con todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio, y que resultado de ello haya revocado la
decisión del Juzgado y negado las pretensiones de la demanda, no significa
que hubiera incurrido en los defectos alegados o vulnerado los derechos
fundamentales cuyo amparo se invoca.
6. Conclusión
Por las razones anteriormente expuestas, concluye la Sala que al proferir la
sentencia del 18 de junio de 2021, la Sección Segunda, Subsección “E” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo alegados por la parte actora.
En consecuencia, se negarán las pretensiones formuladas por la señora Teresa
de Jesús Lozada Bustos en la presente acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Teresa de Jesús Lozada Bustos
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora
Teresa de Jesús Lozada Bustos contra la Sección Segunda, Subsección E
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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