Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00214-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00214-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00214-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
17 de febrero de 2022
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Demandante: Ismael Enrique Castellanos Cuesto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-00214-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-00214-00
Demandante: ISMAEL ENRIQUE CASTELLANOS CUESTO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional. Defecto sustantivo. Defecto
fáctico. Desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por el señor Ismael Enrique
Castellanos Cuesto en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito enviado el 12 de enero de 2022 al correo electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación, el señor Ismael Enrique Castellanos
Cuesto, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social integral, a la
igualdad de trato ante la ley, a la protección a la familia, a una calidad de vida
acorde con la dignidad humana y al acceso efectivo a la justicia.
Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas con ocasión de las sentencias
del 13 de febrero de 2019 y 9 de septiembre de 2021, a través de las cuales las
autoridades judiciales denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2016-05542-01
(3346-2019), promovida por el accionante en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional.
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Demandante: Ismael Enrique Castellanos Cuesto
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En concreto, solicitó a esta Corporación:
“5. Con el debido respeto, irrogo de los señores magistrados del Consejo de
Estado que deben conocer y resolver esta tutela, amparar los derechos como
accionante al debido proceso, a la seguridad social integral, a la igualdad de
trato ante la ley, a la protección a la familia, al de una calidad de vida acorde
con la dignidad humana y al acceso efectivo a la justicia, vulnerados por las
decisiones judiciales de primera y segunda instancia.
6. Como consecuencia de lo pedido, dejar sin efecto las sentencias: i) La del
magistrado Samuel José Ramírez Poveda, ponente de la Subsección “C”,
Sección Segunda, del TAC de fecha 13 de febrero de 2019 por la cual NEGÒ
las pretensiones de la demanda (Folios 18-28). ii) La del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A” integrada por los magistrados William
Hernández Gómez (Ponente), Rafael Francisco Suárez Vargas y Gabriel
Valbuena Hernández, de fecha 09 de septiembre de 2021 (notificada el 30 de
septiembre de 2021) mediante la cual se confirma la sentencia de primera
instancia (Folios 36-58).
7. Ordenar a los accionados, se proceda a estudiar con mayor detenimiento y
sindéresis, las normas legales vigentes que lo gobiernan; a aplicar el derecho
sustancial, tener muy en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional en las
sentencias T-442/94, T329/96, SU-477/97 (vías de hecho por valoración
probatoria), SU-567 de 2015 y las de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia SL-8544 de 2016, SL-168 y SL 3130 de 2020; de igual manera, las
orientaciones que fije el fallo de tutela, que espero, sea favorable.
8. Ordenar, además, que en lo sucesivo y, en casos como el de la (sic)
accionante, se abstengan de aplicar o considerar el régimen prestacional del
Decreto 2701 de 1988 a efectos de que no se incurra en la comisión de un
defecto material o sustantivo.”
2. Hechos
El actor narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes
para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.
Mencionó que fue nombrado como profesor, grado especialista tercero (E3),
mediante Orden Administrativa 1-177 del 19 de septiembre de 1983, cargó en el
que se posesionó el 3 de octubre del mismo año en la Dirección de Bienestar
Social de la Policía Nacional.
Indicó que el cargo ostentado estaba regulado por el Decreto Ley 1214 de 1990,
norma que fue modificada por el Decreto 1792 de 2000 y posteriormente por los
Decretos Ley 091 y 092 de 2007, en virtud de los cuales se cambió la
nomenclatura de “especialistas, adjuntos y auxiliares” por los de “niveles directivo,
asesor, profesional, orientador, técnico y asistencial”.
Recalcó que estas normas solo modificaron la denominación de los cargos, pero
nunca cambiaron algún aspecto del régimen prestacional de los servidores.
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Sostuvo que el 15 de septiembre de 1995, el director del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, le comunicó su nombramiento
en el cargo de tecnólogo, código 4165, grado 16 y, además, le aclaró que esta
nueva vinculación no lesionaba sus derechos adquiridos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 21 del Decreto 352 de 1994.
Mencionó que se desempeñó en ese cargo hasta el 17 de enero de 1997, fecha
en la cual la entidad fue suprimida en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 352
de 1997.
Destacó que regresó a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional el
19 de diciembre de 1997, con plena garantía de que sus derechos adquiridos
serían respetados.
Adujo que a través de Resolución 01620 del 21 de mayo de 2001, la Policía
Nacional le reconoció su pensión de jubilación con base en el régimen
prestacional previsto en el Decreto 2701 de 1988, a pesar de que la normativa
aplicable a su caso era la consagrada en el Decreto 1214 de 1990, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 del Decreto 352 de 1994, 55 de la
Ley 352 de 1997 y 2 del Decreto 133 de 1998.
Comentó que el 19 de julio de 2016 solicitó la reliquidación de su mesada
pensional, la cual fue negada mediante Oficio 218799/ARPRE – GRUPE – 1.10
del 10 de agosto del mismo año, suscrito por el jefe del Grupo de Pensionados de
la Policía Nacional.
Indicó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del acto administrativo que denegó la solicitud de reliquidación, bajo el argumento
de que la Policía Nacional dejó de reconocerle y pagarle las prestaciones
contenidas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
Afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, mediante sentencia del 13 de febrero de 2019, denegó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada en segunda instancia
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de fallo del 9
de septiembre de 2021.
3. Sustento de la vulneración
Según la parte actora, a través de las sentencias censuradas se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social integral, a la
igualdad de trato ante la ley, a la protección a la familia, a una calidad de vida
acorde con la dignidad humana y al acceso efectivo a la justicia.
Para el efecto, consideró que las providencias proferidas en el proceso ordinario
incurrieron en los siguientes defectos:
3.1. Defecto sustantivo
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El accionante indicó que las autoridades judiciales aplicaron indebidamente el
Decreto 2701 de 1988, ya que esta normativa no debía ser tenida en cuenta por la
Policía Nacional para liquidar su pensión.
Adujo que dicho decreto fue derogado por la Ley 100 de 1993 al no incorporarlo
dentro de los regímenes especiales, sumado a que perdió vigencia a partir del 17
de enero de 1997 con la supresión del Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, ordenada por el artículo 53 de la Ley 352 de
1997.
Sostuvo que esta ley ordenó la reincorporación del personal civil que laboró en
ese instituto a las Direcciones de Sanidad (artículo 15) y de Bienestar Social
(artículo 60), como dependencias de la Dirección General de la Policía Nacional.
Manifestó que el artículo 54 de la Ley 352 de 1997 también estableció el respeto
de los derechos adquiridos, que no eran otros que los establecidos en el título VI
del Decreto 1214 de 1990.
Resaltó que el parágrafo del artículo 21 del Decreto 352 de 1994 fue claro en
determinar que quienes hicieron parte del Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, procedentes de las Direcciones de Sanidad y
Bienestar Social, conservaban las expectativas a la obtención de la pensión con el
régimen prestacional del Título VI del Decreto 1214 de 1990.
Aseguró que la Policía Nacional debía aplicar ese decreto desde la supresión del
instituto en 1997 y, por ende, reconocerle todos los factores que devengaba en
actividad a partir de ese año.
Agregó que tampoco debió aplicarse el Decreto 1301 de 1994, el cual fue
derogado por el artículo 65 de la Ley 352 de 1997.
Señaló que esta normativa fue expedida en virtud de las facultades extraordinarias
conferidas por el artículo 248 de la Ley 100 de 1993, con el objeto de regular el
sistema de salud de las Fuerzas Militares, por lo que no guarda relación alguna
con su caso debido a que nunca perteneció a ese sistema.
Añadió que se dejaron de aplicar los artículos 54 y 55 de la Ley 352 de 1997 y el
artículo 2, numeral 4 del Decreto 133 de 1998, omisión que condujo a que se le
negaran de plano los derechos adquiridos bajo el régimen prestacional del Decreto
1214 de 1990.
3.2. Defecto fáctico
Alegó que las autoridades judiciales concluyeron, erróneamente, que las
prestaciones reclamadas ya habían sido incluidas en la asignación básica
mensual, a pesar de que los desprendibles de nómina y la resolución en la que se
liquidó su pensión demostraban todo lo contrario.
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Comentó que aunque los artículos 21 del Decreto 352 de 1994 y 55 de la Ley 352
de 1997 obligaban a la Policía Nacional a efectuar dichos pagos, la entidad nunca
cumplió con su deber, y esa fue la razón por la que presentó la demanda ordinaria.
3.3. Desconocimiento del precedente
Indicó que el Consejo de Estado, a través de sus secciones y subsecciones, ha
producido 15 decisiones favorables a otros pensionados que se encontraban bajo
las mismas circunstancias fácticas y jurídicas que las suyas, por lo que solicitó que
se le diera el mismo trato que a ellos.
Además, advirtió que las autoridades judiciales se apartaron injustificadamente de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado sobre la materia.
4. Trámite de la acción de tutela
A través de auto del 19 de enero de 2022 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C.
Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso
al ministro de Defensa Nacional y al director general de la Policía Nacional,
quienes también hicieron parte del trámite judicial objeto de controversia.
5. Argumentos de defensa
Realizadas las notificaciones de rigor, únicamente se dio la siguiente intervención:
5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C
El magistrado ponente de la sentencia de primera instancia censurada se
pronunció en los siguientes términos:
Aseguró que resolvió el caso con base en el análisis de todo el material probatorio
que obraba en el expediente, junto con las normas aplicables al caso,
específicamente las relacionadas con el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos que se encontraban prestando servicios en el Ministerio de
Defensa Nacional o la Policía Nacional, y que luego ingresaron al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional.
Destacó que gracias al anterior estudio, se concluyó que no había lugar a
reliquidar la pensión del demandante con la inclusión de los factores salariales del
artículo 102 del Decreto Ley 1214 de 1990.
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Explicó que aunque el Decreto Ley 1301 de 1994, el Decreto 3062 de 1997 y la
Ley 352 de 1997 establecen que a los empleados públicos que se encontraban
prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional o la Policía Nacional,
que ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, y que finalmente fueron
incorporados a las direcciones de Sanidad Militar, de Sanidad de la Policía
Nacional o de Bienestar Social de la Policía Nacional, se les continuaría aplicando
el régimen prestacional del Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, ello no incluía
las normas del Título III ibidem que hacen parte del régimen salarial.
Mencionó que la administración, con el fin de realizar una correcta nivelación de
estos cargos y garantizar los derechos adquiridos de los empleados, a través del
Decreto 171 de 1996 estableció las equivalencias de cargos así como la
compensación de la prima de actividad, subsidio familiar y demás emolumentos
consagrados en el Título III del Decreto Ley 1214 de 1990, incluyéndolas en la
asignación básica.
Para reforzar su argumento, citó in extenso las consideraciones de la providencia
de primera instancia y resaltó que dicha decisión fue confirmada en su integridad
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Consideró que la sentencia contiene una motivación suficiente y se respetó el
debido proceso de las partes, por lo que no existe causal alguna que haga
procedente la acción de tutela en este caso concreto.
5.2. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
La jefe del Grupo de Asuntos Jurídicos de la institución transcribió apartes de la
sentencia de segunda instancia cuestionada, y recalcó que las autoridades
judiciales efectuaron un ejercicio exegético cercano a la Constitución Política, al
principio de legalidad y al debido proceso, ya que el fallo se ajustó a los elementos
probatorios y al análisis de la normatividad vigente para la fecha en que se expidió
el acto administrativo.
Adujo que no era procedente acceder a la solicitud de reajuste salarial con base
en una disposición normativa que no regía al personal vinculado al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional como lo era el Decreto Ley
1214 de 1990, ya que al extinguirse la entidad y ser incorporados a la Dirección de
Sanidad y Bienestar Social, estaban cobijados por el régimen previsto en el
Decreto 2701 de 1988.
Señaló que tampoco podían otorgársele al actor los emolumentos establecidos en
el Decreto Ley 1214 de 1990, ya que no fueron percibidos ni hicieron parte del
último haber devengado.
Reseñó que a través del artículo 33 de la Ley 62 de 1993, desarrollado por los
artículos 20 y 21 del Decreto 352 de 1994, se creó el Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional y se dispuso que sus empleados estarían
sometidos al sistema general de pensión y salud de la Ley 100 de 1993, mientras
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que en lo relativo a las demás prestaciones sociales se aplicaría el Decreto Ley
2701 de 1988.
Indicó que el artículo 53 del Decreto Ley 2701 de 1988 consagró los factores de
salario para la liquidación de la pensión de jubilación, los cuales fueron tenidos en
cuenta al momento de expedir el acto administrativo que reconoció la pensión del
accionante.
Mencionó que a través de la Ley 352 de 1997 se derogó el Decreto 1301 de 1994
y, en consecuencia, se suprimieron los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares
y de Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.
Expuso que con la supresión de estas entidades, sus empleados públicos y
trabajadores oficiales fueron incorporados a las plantas de personal del Ministerio
de Defensa Nacional o de la Policía Nacional, según fuere el caso.
Añadió que el régimen prestacional aplicable a los funcionarios se determinaría,
según lo previsto en el artículo 55 de la Ley 352 de 1997, de acuerdo a si su
vinculación se había efectuado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, caso en el cual se regirían por el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990,
pues de lo contrario estarían cobijados por el sistema general de seguridad social.
Manifestó que mediante el Decreto 333 de 1997 se reguló la liquidación del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, y en su
artículo 2 se dispuso que sus empleados serían incorporados a la planta de
personal de la Policía Nacional y se les aplicaría el régimen salarial de los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Por lo anterior, consideró que la aplicación de las anteriores normas por parte de
los jueces ordinarios estuvo ajustada a derecho, y que el demandante no tenía
derecho a devengar los emolumentos pretendidos pues se derivaban de
prestaciones contenidas en el Título VI del Decreto 1214 de 1990.
Finalmente, aseveró que en este caso no existe prueba de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
extraordinario, por lo que solicitó declarar su improcedencia.
5.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
No contestó la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio le
fue notificado en debida forma mediante notificación electrónica No. 4805 del 20
de enero de 2022.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
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2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social integral, a la
igualdad de trato ante la ley, a la protección a la familia, a una calidad de vida
acorde con la dignidad humana y al acceso efectivo a la justicia, con ocasión de
las sentencias del 13 de febrero de 2019 y 9 de septiembre de 2021, a través de
las cuales las autoridades judiciales denegaron las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2016-
05542-01 (3346-2019), promovida por el accionante en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
Para el efecto, se deberá establecer si las decisiones cuestionadas incurrieron en
defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente, al establecer
que el actor no tenía derecho a la reliquidación de su pensión con base en el
régimen prestacional previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990, sino de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 2701 de 1988.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)1, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales2,
conforme al cual:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
!
1
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”3.
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de
los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
!
3
Idem.
4
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues las sentencias
censuradas se dictaron en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor Ismael Enrique Castellanos Cuesto contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez5,
toda vez que la providencia de segunda instancia fue dictada el 9 de septiembre
de 2021, mientras que la acción de tutela fue presentada el 12 de enero de 2022,
por lo que sin necesidad de precisar la fecha de ejecutoria de tal decisión, se
evidencia un ejercicio oportuno de la solicitud de amparo.
Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala considera que la parte actora no
cuenta con medio de impugnación ordinario ni extraordinario que resulte ser el
mecanismo idóneo para controvertir el fallo censurado, pues la situación descrita
no se ajusta a las causales establecidas en el ordenamiento jurídico para ello.
Por último, se advierte que el caso objeto de estudio es relevante desde el punto
de vista constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de
tutela se puede colegir que la parte actora pretende poner de presente las
presuntas irregularidades en las que incurrieron las autoridades judiciales
cuestionadas, en tanto involucra la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social integral, a la igualdad de trato ante la ley, a
la protección a la familia, a una calidad de vida acorde con la dignidad humana y al
acceso efectivo a la justicia, más allá del debate legal surtido ante el juez natural
de la especialidad.
Superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el
cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la
autonomía judicial6, la protección de derechos de terceros de buena fe, la
seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales7.
5. Estudio de fondo
!
5
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el
hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo
menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado
del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección
deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido
principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que
subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección
oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad
jurídica.
6
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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La parte actora considera que se desconocieron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social integral, a la igualdad de trato ante la ley, a
la protección a la familia, a una calidad de vida acorde con la dignidad humana y al
acceso efectivo a la justicia, con ocasión de las sentencias del 13 de febrero de
2019 y 9 de septiembre de 2021, a través de las cuales las autoridades judiciales
denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-42-000-2016-05542-01 (3346-2019), promovida
por el accionante en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional.
En concreto, asegura que las decisiones cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente al establecer que el
actor no tenía derecho a la reliquidación de su pensión con base en el régimen
prestacional previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990, sino de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 2701 de 1988.
En tal virtud, la Sala estudiará individualmente cada uno de los defectos
endilgados, para proceder a dar la solución al caso concreto.
5.1. Defecto sustantivo
Según se tiene, la Corte Constitucional8 ha explicado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al
caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación
que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”9.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente10 o porque ha sido derogada11, es
inexistente12, inexequible13 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador14.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma15.
!
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio
9
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-
043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de
2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
10
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa
11
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
12
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo
Rentería
13
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
15
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
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c) La disposición aplicada es regresiva16 o contraria a la Constitución17.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición18.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma19 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
En el caso concreto, el accionante afirmó que las autoridades judiciales aplicaron
indebidamente el Decreto 2701 de 1988, pues la norma que debía tenerse en
cuenta para liquidar su pensión era el Decreto 1214 de 1990.
Lo anterior, por cuanto el Decreto 2701 de 1988 había sido derogado por la Ley
100 de 1993 y además perdió su vigencia desde el 17 de enero de 1997, con la
supresión del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
con la expedición de la Ley 352 de 1997.
Además, alegó que el artículo 21 del Decreto 352 de 1994 establecía que quienes
hicieron parte de esa entidad, procedentes de las Direcciones de Sanidad y
Bienestar Social, conservaban las expectativas a la obtención de la pensión con el
régimen prestacional del Título VI del Decreto 1214 de 1990.
Tampoco estuvo de acuerdo con que se aplicara el Decreto 1301 de 1994, el cual
había sido derogado por el artículo 65 de la Ley 352 de 1997.
Finalmente, consideró que si se hubieran tenido en cuenta los artículos 54 y 55 de
dicha ley, así como el artículo 2, numeral 4 del Decreto 133 de 1998, no le
hubieran negado las prestaciones consagradas en el Decreto 1214 de 1990.
Comoquiera que el objeto de la controversia radica en el régimen prestacional bajo
el cual debía liquidarse la pensión de jubilación del actor, la Sala estima pertinente
revisar el análisis efectuado en el proceso ordinario para adoptar la decisión
correspondiente.
En ese sentido, el estudio se enfocará en los argumentos plasmados en la
sentencia de segunda instancia, por ser la que puso fin al trámite judicial bajo
discusión.
En tal virtud, al revisar la sentencia del 9 de septiembre de 2021, se evidencia que
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, enfocó su análisis en
determinar si el demandante tenía derecho a la reliquidación de su pensión con la
!
16
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
17
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
18
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
19
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
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inclusión de los emolumentos previstos en el Decreto 1214 de 1990.
Así quedó plasmado desde el principio en el problema jurídico, el cual fue del
siguiente tenor:
“¿Es procedente el reconocimiento a favor del señor Ismael Enrique
Castellanos Cuesto de los emolumentos previstos en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990 como partidas computables de las prestaciones
sociales, y en consecuencia, debe reliquidarse su pensión de vejez con la
inclusión en el ingreso base de liquidación de dichos conceptos, toda vez que
su vinculación inicial con la entidad demandada fue anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993”.
Para resolver el anterior interrogante, la autoridad judicial consideró pertinente
acudir a los lineamientos trazados por la misma Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019, a través de la
cual se establecieron las pautas a tener en cuenta respecto del régimen salarial y
prestacional aplicable al personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa,
vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, advirtió que mientras la parte actora solicitaba la reliquidación
de su pensión con el pago de los emolumentos del artículo 102 del Decreto 1214
de 1990, así como su inclusión como partidas computables de dicha prestación, la
entidad demandada consideraba que dichos factores estaban previstos en el
Título III de dicha norma como conceptos remunerativos del servicio, y al actor
solo le resultaban aplicables aquellos establecidos en el Título VI ibídem, relativos
al régimen prestacional, por lo que su pensión estaba correctamente liquidada.
Por lo anterior, precisó que en la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019
del 12 de diciembre de 2019, se fijaron unas reglas jurisprudenciales de
interpretación para la resolución judicial de asuntos como el que tenía bajo su
conocimiento.
En síntesis, explicó que la decisión unificadora abordó el estudio sobre la situación
jurídica laboral, salarial y prestacional del personal civil vinculado al Ministerio de
Defensa en vigencia de la Ley 100 de 1993, así como en virtud de la organización
del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional conforme al
Decreto Ley 1301 de 1993, al igual que ante la supresión del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y la posterior creación de la
Dirección de Sanidad con la Ley 352 de 1997.
Concretamente, los postulados esbozados en la sentencia de unificación fueron
los siguientes:
SUPUESTO
REGLAS DE UNIFICACIÓN
NORMATIVO
(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e
1. Entre la vigencia del
incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían
Decreto 1301 de 1994
por las normas reguladas por el Gobierno Nacional para los servidores
y de la Ley 352 de
de los establecimientos públicos del orden nacional. Por lo tanto,
1997
comoquiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
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descentralizado, no se regían por las normas reguladas para el
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
(ii) En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el
previsto en la Ley 199 de 1993 para los empleados públicos que se
vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo
Relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de
1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o
a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que
se incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.
(i) En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal
2. A partir de la
de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
vigencia de la Ley 352
salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder
de 1997, los
Público del Orden Nacional (Artículo 3. Num. 6 del Decreto 3062 de
empleados públicos
1997).
que antes prestaban
sus servicios en el
(ii) En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de
Instituto de Salud de
Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de
las Fuerzas Militares y
Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado
que fueron
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su
incorporados a la
integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
planta de salud del
adicionen.
Ministerio de Defensa
Nacional dejaron de
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
pertenecer al sector
1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia
descentralizado.
prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del
Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
(i) A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se
reajustaron las plantas de personal, se determinaron las equivalencias
y se fijaron los sueldos con fundamento en la nomenclatura y
3. A partir de la Ley clasificación especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no
1033 de 2006 se uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con base en la
unificó el régimen de nueva nomenclatura.
administración de
personal que se aplica Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a
al personal civil la Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección
vinculado a los General de Sanidad Militar, debieron continuar percibiendo la
organismos y remuneración correspondiente a los empleos que desempeñaban a la
dependencias del entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el
Sector Defensa. Por cargo en el que fueron incorporados.
ello, los empleos
públicos del personal (ii) En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue
civil no uniformado incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con
asignados a la la nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no
Dirección General de uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación
Sanidad Militar básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
pertenecen a la planta uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
de personal del
Ministerio de Defensa Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el
Nacional cargo equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo
con el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor
debió continuar percibiendo la remuneración correspondiente al empleo
que antes desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el
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Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
orden nacional. Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la
planta global del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda
sometido a la escala de asignación básica fijada por el Gobierno
Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.
(iii) En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna
modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en
la Ley 352 de 1997.
Con base en lo anterior, la autoridad judicial aclaró que lo que fija el marco jurídico
para los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporaron a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa, en cuanto al régimen prestacional, es
su vinculación o nombramiento antes o después de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, pues continuarían sometidos a la aplicación integral del Título VI
del Decreto 1214 de 1990 aquellos que se hubieren vinculado al referido órgano
con anterioridad a dicho momento, tal como se previó en la Ley 352 de 1997.
Establecido el marco normativo y jurisprudencial que regulaba el caso, en la
sentencia censurada se hizo un análisis de la historia laboral del señor Castellanos
Cuesto con el objetivo de establecer el régimen prestacional aplicable a su
situación particular, así:
“- El señor Ismael Enrique Castellanos fue nombrado en el cargo de profesor
en la categoría de especialista tercero de la planta de personal del Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, empleo para el cual tomó posesión el 3 de octubre
de 1983, tal como se aprecia de la respectiva acta 1169 (folio 14)
• De manera posterior, fue incorporado en la plaza de tecnólogo, código 4165,
grado 16, del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, cargo en el cual fue posesionado el 31 de enero de 1997, conforme
se evidencia del acta 0595 (folio 17).
• Asimismo, el 19 de diciembre de 1993 fue nombrado en la referida
dependencia como técnico administrativo, código 4065, grado 16, según acta
de posesión 1629 (folio 18).
• De la hoja de servicios 19334647 del 14 de marzo de 2001 se extrae que, el
libelista prestó su servicio a la Policía Nacional como personal civil no
uniformado desde el 1º de octubre de 1983 hasta el 5 de marzo de 2001,
cuando aquel decidió retirarse por voluntad propia al cargo que desempeñaba,
renuncia que fue aceptada por la Policía Nacional mediante Resolución 0643
del 28 de febrero de 2001.
Se aprecia que como factores salariales y prestacionales reconocidos durante
su último año de labor oficial, se tuvieron en cuenta el sueldo básico y la prima
de navidad (folio 21)
• De acuerdo con la Resolución 01620 del 21 de mayo de 2001 (folios 22 a 23)
se advierte que, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional reconoció y ordenó
el pago de una pensión de jubilación a favor del señor Ismael Enrique
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Castellanos Cuesto en cuantía de $868.753.90 efectiva a partir del 5 de marzo
de 2001. Para tal efecto, la entidad planteó como motivación la siguiente:
<<[…] Que de acuerdo con la liquidación de servicios expedida por el Archivo
General de la Policía Nacional, el señor ISMAEL ENRIQUE CASTELLANOS
CUESTO, identificado con cédula de ciudadanía 19.334.647, nació el 2 de julio
de 1955, ingresó a la institución el 12 de febrero de 1981 y fue retirado a
solicitud propia el 5 de marzo de 2001, acumulando un tiempo de 20 años, 04
meses y 08 días, incluido tiempo a contrato.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 2701 del 29
de diciembre de 1988 en concordancia con los artículos 98, 115, 117, 118 y
199 del Decreto 1214 de 1990, tiene derecho al reconocimiento de una pensión
de jubilación equivalente al 75% de los últimos haberes devengados
computables para prestaciones sociales […]>>” (Se resalta)
En virtud de la revisión de la historia laboral del actor, la autoridad judicial de
segunda instancia concluyó (i) que el demandante se había incorporado
directamente a la planta de personal civil de la Policía Nacional desde el 1º de
octubre de 1983; (ii) que la entidad demandada reconoció la pensión de jubilación
conforme a las previsiones del Decreto 1214 de 1990, al tener en cuenta para el
calculo de su monto el salario básico y las doceavas partes de la bonificación por
servicios prestados, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de
navidad; y (iii) que el señor Castellanos Cuesto, al vincularse antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, era beneficiario del régimen prestacional del
Título VI del Decreto 1214 de 1990, en virtud de la transición normativa
contemplada en el artículo 55 de la Ley 352 de 1997.
De lo hasta aquí expuesto, contrario a lo alegado por el accionante, es evidente
que la sentencia cuestionada sí tuvo en cuenta que el régimen prestacional
aplicable al caso concreto era el previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990.
En efecto, luego de revisar cada una de las normas que regularon el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se
incorporaron a la planta de personal del Ministerio de Defensa, como lo es el caso
del actor, así como las reglas jurisprudenciales planteadas en sentencia de
unificación del órgano de cierre sobre la materia, la autoridad judicial concluyó de
forma razonada y justificada que el señor Castellanos Cuesto estaba cobijado por
marco prestacional del Título VI del Decreto 1214 de 1990, comoquiera que su
vinculación se había presentado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993.
Por lo anterior, no le asiste razón al actor al afirmar que en la decisión cuestionada
se aplicó indebidamente el Decreto 2701 de 1988 porque, como quedó visto, el
fallo fue claro en establecer que el demandante estaba cobijado por el régimen
prestacional del Decreto 1214 de 1990, tal y como lo alega en su escrito de tutela
el accionante.
Por lo mismo, se equivoca el señor Castellanos Cuesto al sostener que la
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autoridad judicial decidió su caso con base en el Decreto 1301 de 1994, ya que
éste solo fue citado por el juez de segunda instancia al momento de trazar la
evolución normativa sobre el tema, para indicar que había sido modificado por la
Ley 352 de 1997, en la que se previó que quienes se vincularon antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, estarían sometidos a lo dispuesto en el Título VI
del Decreto 1214 de 1990, esto es, la norma que el propio actor reclama como
desatendida.
En otras palabras, en la sentencia censurada no se pasó por alto que las
disposiciones del Decreto 1301 de 1994 hubieran sido recogidas por la Ley 352 de
1997, pues contrario a ello, en la providencia se precisó que esta última servía de
fundamento para que la liquidación de la pensión del actor se hiciera con base en
lo dispuesto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990.
Ahora bien, el señor Castellanos Cuesta asegura que si se hubieran aplicado los
artículos 54 y 55 de la Ley 352 de 1997, así como el artículo 2, numeral 4 del
Decreto 133 de 1998, no se hubieran negado los derechos adquiridos bajo el
régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990.
Al respecto, se tiene que a través de la Ley 352 de 1997 se reestructuró el
Sistema de Salud y se dictaron otras disposiciones en materia de Seguridad Social
para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, mientras que el Decreto 133 de
1998 plasmó disposiciones relativas a la liquidación del Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional.
Las normas presuntamente desatendidas son del siguiente tenor:
• Ley 352 de 1997
“ARTÍCULO 54. Personal. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que
actualmente prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, se incorporarán a las plantas de personal de salud del Ministerio de
Defensa Nacional o de la Policía Nacional, según sea el caso, conforme a la
reglamentación especial que al respecto expida el Gobierno Nacional,
garantizando los derechos adquiridos y sin tener que presentar o cumplir
ningún requisito adicional.
PARÁGRAFO 1º. Inicialmente, las personas incorporadas continuarán
prestando sus servicios en las mismas unidades y establecimientos en que
laboraban antes de la expedición de la presente ley.
PARÁGRAFO 2º. El personal que actualmente presta sus servicios en la
unidad prestadora de servicios Hospital Militar Central, se incorporará al
establecimiento público de orden nacional, previsto en el artículo 40 de la
presente ley.
ARTÍCULO 55. Régimen prestacional. A los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se
incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la
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Policía Nacional, respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas
entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará
aplicando en su integridad el Título VI del Decreto ley 1214 de 1990 o las
normas que lo modifiquen o adicionen.” (Énfasis de la Sala)
• Decreto 133 de 1998
Artículo 2°. Los empleados públicos que actualmente prestan sus servicios en
el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional-
Inssponal, se incorporarán a la planta de personal de la Policía Nacional,
respetando los derechos adquiridos conforme a lo dispuesto en el artículo 54
de la Ley 352 de 1997 así:
(…)
4. En materia prestacional a los empleados públicos del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a la
planta de personal de la Policía Nacional y que se hubieren vinculado a esta
entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará
aplicando en su integridad el Título VI del Decreto 1214 de 1990 y las
normas que lo modifiquen o adicionen. Los demás empleados públicos que se
incorporen a la Policía Nacional por virtud de la Ley 352 de 1997 quedarán
sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993, y en lo no contemplado en la Ley
100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI del Decreto 1214 de
1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen. (Negrilla fuera del texto
original)
De lo transcrito, es claro para la Sala que estas disposiciones sí fueron respetadas
en la sentencia cuestionada, pues justamente el hecho de que el actor se hubiera
vinculado a la entidad demandada antes de la entrada en rigor de la Ley 100 de
1993, fue lo que permitió concluir a la autoridad judicial que el señor Castellanos
Cuesto era beneficiario del régimen prestacional del Título VI del Decreto 1214 de
1990.
Por lo tanto, no existe razón alguna para considerar que en el fallo de segunda
instancia se incurrió en defecto sustantivo, pues aunque el actor alega que su
caso no se decidió con base en lo dispuesto en el Título VI del Decreto 1214 de
1990, lo cierto es que fue precisamente con base en esa normatividad que la
autoridad judicial concluyó que no había lugar a ordenar la reliquidación de la
pensión del actor, ya que ésta fue reconocida con base en lo dispuesto en la
norma mencionada.
En este punto, resulta necesario aclarar que si los jueces de instancia negaron las
pretensiones de la demanda, no fue bajo el argumento de que el actor
perteneciera a un régimen prestacional distinto al del Título VI del Decreto 1214 de
1990, como lo pretende hacer ver el accionante, sino porque ya había percibido
los factores descritos en ese apartado normativo.
Además, en las providencias cuestionadas también se llegó a la conclusión de que
la reliquidación solicitada por el señor Castellanos Cuesto tenía por objeto la
inclusión de unos factores prestacionales que estaban previstos en el Título III de
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dicho decreto, situación que no era procedente porque, como quedó establecido
en líneas anteriores, el accionante únicamente estaba cobijado por el régimen
prestacional previsto en el Título VI ibidem.
En ese orden de ideas, aunque el actor considera que el proceso fue decidido con
base en disposiciones que no resultaban aplicables a su caso, lo cierto es que las
autoridades judiciales tuvieron en cuenta el régimen normativo que regulaba el
reconocimiento y liquidación de su pensión y, con base en ello, decidieron de
forma razonable que el actor pertenecía al régimen prestacional del Título VI del
Decreto 1214 de 1990, por lo que no era posible conceder unos factores
prestacionales que no estaban establecidos en la referida norma.
En esa medida, la Sala no encuentra acreditado el defecto sustantivo invocado por
el accionante.
5.2. Defecto fáctico
La Corte Constitucional20 ha considerado que el defecto fáctico tiene relación con
la actividad probatoria desplegada por el juez y comprende el decreto, la práctica y
la valoración de las pruebas.
Al respecto esta Sala de Decisión21, en varios pronunciamientos, ha precisado los
alcances y requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia
de un defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se
configura cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce
el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas
obtenidas con violación del debido proceso.
En este caso, el actor se limitó a asegurar que se incurrió en este defecto porque
las autoridades judiciales concluyeron, erróneamente, que las prestaciones
reclamadas ya habían sido incluidas en la asignación básica mensual, a pesar de
que los desprendibles de nómina y la resolución en la que se liquidó su pensión
demostraban todo lo contrario.
Comentó que aunque los artículos 21 del Decreto 352 de 1994 y 55 de la Ley 352
de 1997 obligaban a la Policía Nacional a efectuar dichos pagos, la entidad nunca
cumplió con su deber, y esa fue la razón por la que presentó la demanda ordinaria.
En primer lugar, se precisa que estas dos últimas normas no contienen una
obligación expresa frente al pago de emolumento algún tipo, ya que solo disponen
que quienes se vincularon a la entidad demandada antes de la entrada en vigencia
!
20
Puede revisarse la sentencia SU-379 del 20 de agosto de 2019, ponencia del magistrado
Alejandro Linares Cantillo.
21
Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso No.
11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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de la Ley 100 de 1993, estarían cobijados por el régimen prestacional establecido
en el Título VI del Decreto 1214 de 1990.
Por esta razón, la Sala pone de presente los factores prestacionales que, en virtud
de lo dispuesto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (régimen prestacional
aplicable al actor), debían ser tenidos en cuenta para la liquidación de la pensión
del señor Castellanos Cuesto:
“Artículo 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se
retire o sea retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de
retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren
derecho, sobre la suma de las siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
PARÁGRAFO 1º. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de
las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será
computable como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se
tendrá en cuenta la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.
PARÁGRAFO 2º. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en
este Estatuto será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás
prestaciones sociales.
Ahora bien, de la revisión del expediente, se tiene que a folio 21 del cuaderno
principal obra copia de la Hoja de Servicios en la que se hizo la liquidación de los
servicios prestados por el actor a la entidad demandada, documento que
únicamente refleja como último salario devengado un sueldo básico de $957.481.
A folio 22 del cuaderno principal se encuentra la Resolución 01620 del 21 de mayo
de 2021, a través de la cual se reconoció la pensión del accionante en los
siguientes términos:
“(…) Que de acuerdo con la liquidación de servicios expedida por el Archivo
General de la Policía Nacional, el señor ISMAEL ENRIQUE CASTELLANOS
CUESTO, identificado con cédula de ciudadanía 19.334.647, nació el 2 de julio
de 1955, ingresó a la institución el 12 de febrero de 1981 y fue retirado a
solicitud propia el 5 de marzo de 2001, acumulando un tiempo de 20 años, 04
meses y 08 días, incluido tiempo a contrato.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 2701 del 29
de diciembre de 1988 en concordancia con los artículos 98, 115, 117, 118 y
199 del Decreto 1214 de 1990, tiene derecho al reconocimiento de una pensión
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de jubilación equivalente al 75% de los últimos haberes devengados
computables para prestaciones sociales, así:
Sueldo para el grado $957.481.00
Bonificación por servicios prestados 1/12 27.926.52
Prima de servicios 1/12 41.058.64
Prima de vacaciones 1/12 42.769.42
Prima de Navidad 1/12 89.102.96
Total 1’158.338.54 X 75%
Valor de la pensión $868.753.90
(…)”.
De lo expuesto, se tiene que en la liquidación de la pensión del actor solo se
tuvieron como partidas computables el sueldo básico, la bonificación por servicios
prestados, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad.
La inconformidad del accionante frente a lo anterior, y que fue lo que motivó la
interposición de la demanda ordinaria, es que no se incluyeran la prima de
actividad, la prima de alimentación, el subsidio familiar y el auxilio de transporte, a
pesar de que estaban enlistados en el artículo 102 del Título VI del Decreto 1214
de 1990, que es el régimen que lo cobija.
No obstante, si bien estos factores se encuentran incorporados en el artículo 102
ibidem, lo cierto es que corresponden a factores salariales y no prestacionales, en
la medida en que su consagración se dio en los artículos 38, 39, 49 y 54 del Título
III del Decreto 1214 de 1990, el cual no rige la situación específica del actor.
Lo anterior explica el por qué el actor no los hubiera devengado y, de paso, por
qué no fueron tenidos en cuenta para calcular el monto de su pensión de
jubilación.
Así lo indicó la autoridad judicial de segunda instancia al analizar las pruebas
invocadas como desconocidas por el accionante:
“Ahora, sobre el derecho a las partidas computables referidas y deprecadas
expresamente por la parte activa en su demanda y en su recurso de apelación,
particularmente se observa que los conceptos correspondientes al sueldo
básico y a las doceavas partes de la bonificación por servicios prestados, la
prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad, fueron
incluidos en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del señor
Castellanos Cuesto.
En cuanto a los demás factores del Título III no especificados que
pretende sean incluidos a efectos de la reliquidación pensional instada,
se tiene que, tal como lo manifestó el libelista en el recurso de
impugnación, estos no corresponden a ninguna de las prestaciones
consagradas en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 relativo a la
seguridad y bienestar social, sino que obedecen a sendos factores de
remuneración del servicio enlistados en el Título III de dicho estatuto, a
los cuales el demandante no tiene derecho en la medida en que tampoco
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es beneficiario de este último precepto, pues aquel desarrolló el régimen
salarial que, como se señaló con antelación, no dependía de la fecha de
vinculación anterior a la Ley 100 de 1993 como sí lo fue el régimen
prestacional.
(…)
De este modo, al evidenciar que el libelista por haberse vinculado a la entidad
demandada antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía
derecho a ser beneficiario únicamente del régimen prestacional, pero no del
salarial del decreto en mención, resulta evidente que tal como lo estimó el
Ministerio de Defensa, Policía Nacional en los actos administrativos
cuestionados y el a quo en la sentencia impugnada, no podían
reconocerse a su favor los conceptos laborales deprecados, y por
consiguiente, tampoco sería viable incluirlos como partidas computables
en la base de liquidación de la pensión de jubilación.” (Se enfatiza)
Por lo anterior, comoquiera que el accionante no era beneficiario del régimen
salarial previsto en el Título III del Decreto 1214 de 1990 (en el que están
contemplados la prima de actividad, la prima de alimentación, el subsidio familiar y
el auxilio de transporte), no devengó estos factores y por ello no era procedente
incluirlos en la base de liquidación de su pensión.
En tal sentido, contrario a lo expuesto por la parte actora, en la sentencia de
segunda instancia no se omitió valorar la hoja de servicios ni la resolución de
liquidación de su pensión, pues gracias al análisis de estos documentos, en
contraste con la normatividad aplicable al caso concreto, la autoridad judicial
demandada concluyó que en el cómputo de la pensión sí se tuvieron en cuenta los
factores efectivamente percibidos por el señor Castellanos Cuesto, y que no
podían incluirse dentro de la base de liquidación aquellos emolumentos
adicionales que no fueron devengados por el demandante y respecto de los cuales
nunca tuvo derecho a percibir.
Así las cosas, la Sala tampoco encuentra acreditado el defecto fáctico invocado
por el accionante.
5.3. Desconocimiento del precedente
Para esta Sala22 el precedente es aquella regla creada por una alta corte y órgano
de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado
conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo
sentido para que dicha regla sea considerada como tal.
Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la
interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor
solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre
!
22
Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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a la luz de los preceptos constitucionales.
Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores
judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten
resolver la controversia bajo la primacía de la Constitución.
Esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un
precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión
que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del
nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y
iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
En este caso, la parte actora se limitó a afirmar que el Consejo de Estado, a través
de sus secciones y subsecciones, ha producido 15 decisiones favorables a otros
pensionados que se encontraban bajo las mismas circunstancias fácticas y
jurídicas que las suyas, por lo que debía dársele el mismo trato que a ellos.
Además, advirtió que las autoridades judiciales se apartaron injustificadamente de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado sobre la materia.
Sin embargo, el señor Castellanos Cuesto no indicó de forma clara cuáles eran las
decisiones que, en su criterio, fueron desconocidas con la expedición de la
sentencia objeto de controversia, por lo que no es posible determinar cuál es la
regla o subregla de derecho que no fue atendida por la autoridad judicial
demandada.
En otras palabras, el actor no cumplió con una carga argumentativa suficiente que
permita a la Sala estudiar si efectivamente se incurrió en desconocimiento del
precedente, por lo que no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno sobre el
particular.
Así las cosas, al no estar acreditado ninguno de los defectos invocados en el
escrito de tutela, esta Sala no encuentra que se hayan vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora, razón por la cual se denegará el amparo
solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por el señor Ismael
Enrique Castellanos Cuesto, de conformidad con lo señalado en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
!
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