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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00218-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00218-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 25 de febrero de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. 3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00218-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

9 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00218-01
Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-2022-00218-01
Demandante: JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Requisitos generales de
procedibilidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 25 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones

El señor Juan Alberto Londoño Martínez, mediante apoderada, ejerció acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío por considerar vulnerado el
derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, derecho de defensa
y contradicción del doctor Juan Alberto Londoño, respecto de la actuación
adelantada por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso con
radicado 63001-2333-000-2017-00121-00.

SEGUNDO: Dejar sin efectos el auto de 15 de noviembre de 2019, que impuso
sanción correccional de multa al doctor Juan Alberto Londoño dentro del proceso
adelantada por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso con
radicado 63001-2333-000-2017-00121-00.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Quindío, se adelante incidente
correccional conforme las reglas procedimentales dispuestas por la Corte
Constitucional en sentencia C-218/96.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00218-01
Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

La señora María Eucaris Ramírez Salazar presentó una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio con el fin de que se le reconociera y pagara la sanción moratoria de las
cesantías.

El proceso en primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo del
Quindío, que, en sentencia del 12 de septiembre de 2017, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en consecuencia, declaró la nulidad del acto ficto
administrativo mediante el que se negó el pago de la sanción solicitada; y a título
de restablecimiento, condenó a la parte demandada a reconocer y pagar a la
señora Ramírez Salazar la sanción moratoria.

Mediante providencia del 6 de mayo de 2019 el Tribunal Administrativo del
Quindío evidenció que no se había acreditado el cumplimiento de lo ordenado en
la referida sentencia, pese a que ya se encontraba vencido el término de un año
desde su ejecutoria, conforme a lo previsto en el artículo 298 de la Ley 1437 de
2011.

En atención al requerimiento el Ministerio de Educación Nacional manifestó que el
trámite de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas está a cargo del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y se efectúa a través de las
Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas. Además,
señaló que dio traslado del asunto a la Fiduprevisora S.A.

Con ocasión a lo anterior, mediante auto del 2 de agosto de 2019 el tribunal
requirió a la Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría de Educación Municipal de
Armenia para que acreditaran el cumplimiento de la sentencia. Ante esto, la
Secretaría de la entidad territorial aseguró que era la Fiduprevisora S.A. quien
tenía la competencia de informar a ese despacho judicial si se había efectuado el
pago de la suma de dinero a la demandante.

Sin embargo, la Fiduprevisora no atendió ninguno de los requerimientos judiciales,
razón por la que el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante auto del 30 de
septiembre de 2019, abrió incidente de imposición de sanción correccional contra

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00218-01
Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

el señor Juan Alberto Londoño en calidad de presidente (E) de la Fiduprevisora
S.A., por la inobservancia injustificada a las órdenes impartidas por ese despacho.

Además, ofició al señor Londoño para que, en el término de 3 días, ejerciera el
derecho de defensa e informara a esa oficina judicial los motivos por los que no
allegó al proceso lo que se le pidió.

Ante la falta de respuesta de dicha entidad, el tribunal en providencia del 15 de
noviembre de 2019 declaró que Juan Alberto Londoño, en calidad de presidente
(E) de la Fiduprevisora S.A., incumplió de manera injustificada las órdenes
contenidas en la sentencia del 12 de septiembre de 2017 y lo sancionó con multa
equivalente a dos (2) SMMLV.

Con posterioridad a lo anterior, en auto del 13 de febrero de 2020 el tribunal negó
la solicitud de inaplicación de la medida sancionatoria al considerar que la misma
fue impuesta conforme a los poderes correccionales consagrados en el artículo 44
del Código General del Proceso. Adicionalmente, indicó que, si lo pretendido era
reprochar la sanción contenida en providencia del 15 de noviembre de 2019,
contra esta procedía recurso de reposición que no fue interpuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal tramitó el referido como un recurso de
reposición, no obstante, estimó que aquel fue presentado extemporáneamente,
pues el término para elevarlo corrió entre los días 19, 20 y 22 de noviembre de
2019, mientras que el documento se radicó hasta el 5 de febrero de 2020.

El 27 de mayo de 2021 la directora de Gestión Jurídica (E) de la Fiduprevisora
solicitó la terminación del trámite incidental con fundamento en que se configuró
hecho superado, dado que a partir del 13 de febrero de 2020 esa entidad dio
cumplimiento a lo ordenado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

En auto del 2 de agosto de 2021 el Tribunal accionado constató, a partir del
certificado aportado por la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Fiduprevisora S.A, que el 15 de febrero de 2020 se puso a
disposición de la demandante el monto de lo reconocido por concepto de sanción
moratoria por el pago inoportuno de las cesantías definitivas. Sin embargo, frente
a la sanción impuesta, manifestó que la misma se encontraba en firme.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00218-01
Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

3. Argumentos de la tutela

La parte actora manifestó que el tribunal administrativo demandado incurrió en
defecto procedimental dado que, a su juicio, existió una indebida notificación en la
apertura del trámite incidental porque la notificación del inicio de dicho trámite se
hizo al correo de la entidad y no de manera personal.

Además, adujo que el tribunal, al no practicar en debida forma la notificación
personal, incurrió en las causales de nulidad contempladas en el artículo 133 del
CGP.

4. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Quindío guardó silencio.

5. Sentencia impugnada

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante fallo del 25
de febrero de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que
se estaba en presencia de falta de legitimación en la causa por activa dado que en
el expediente no obraba poder ni mandato judicial que permitiera inferir que el
señor Juan Alberto Londoño actuaba por intermedio de esta figura.

Señaló que si bien junto al escrito de tutela obra un documento denominado
“poder especial” suscrito por Juan Alberto Londoño Martínez en favor de la
abogada Aidee Johanna Galindo Acero, este fue otorgado mientras el señor
Londoño desempeñó el cargo de representante legal de la sociedad Fiduciaria La
Previsora S.A., posición que tuvo, según su escrito de tutela, desde el 22 de
noviembre de 2018 y hasta el 1º de noviembre de 2019 lo que permitió concluir
que el señor Londoño Martínez otorgó el mandato mientras fue representante legal
de la Fiduciaria S.A, esto es, en nombre de tal entidad, y la solicitud de amparo la
presentó como persona natural razón por la que no se cumplió el requisito de
legitimación en la causa por activa.

6. impugnación

La anterior decisión fue impugnada por la parte actora que solicitó revocar la
providencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a la acción de tutela
señaló que lo procedente era que el juez de tutela de primera instancia verificara
la legitimación en la causa por activa desde el momento de la admisión de la
solicitud de amparo con el fin de subsanar dicho requisito y no hasta el momento
del fallo más aun cuando la ausencia de poder no se estipulo como causal de

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00218-01
Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

improcedencia.

Indicó que en aras de enderezar el trámite de la acción de tutela otorgó poder a la
abogada Aidee Johanna Galindo para que en su nombre y representación dé
continuidad a la solicitud de amparo de la referencia y en esa medida se estudie la
posible vulneración de los derechos fundamentales invocados y en consecuencia
se ordene dejar sin efectos el auto de 15 de noviembre de 2019 mediante el que el
Tribunal Administrativo del Quindío le impuso sanción correccional de multa dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-2333-
000-2017-00121-00.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00218-01
Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
2 3
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas
de procedencia de la acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.

Cuestión previa. Legitimación en la causa por activa

La acción de tutela es una acción cuya legitimación en la causa por activa radica
en el titular del derecho fundamental amenazado o vulnerado por la autoridad o
por el particular, según sea el caso. Por excepción, el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 permite (i) que el titular del derecho acuda al juez de tutela mediante
representante legal o apoderado judicial, según sea el caso o (ii) que se agencien
derechos ajenos, cuando el titular está en imposibilidad física o jurídica de
promover su propia defensa.

En cualquiera de esos casos, es necesario demostrar, así sea de forma sumaria,
que se sufre la afectación (violación o amenaza) de algún derecho fundamental.

Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la
Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 4:

fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controverti da haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv)
material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la
Constitución.
4 Sentencia T-552 de 2006

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00218-01
Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

“Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la acción
de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de
ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar
el amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por
intermedio de su representante o apoderado.

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales
resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del
decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos
fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de representante.
En esta disposición también se contempla la agencia de derechos ajenos, de tal forma que,
en aquellos eventos en que el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa de tutela en su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución y
del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades
para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de
los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración
de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela.” (Destaca la Sala)

En el sub lite, se tiene que, en primera instancia, no se acreditó la legitimación en
la causa por activa de la abogada Aidee Johanna Galindo Acero pues manifestó
que actuaba en nombre del señor Londoño Martínez pero no aportó el poder o
mandato donde constara que la abogada actuaba en su nombre y representación,
sin embargo, con el escrito de impugnación se aportó poder actualizado que la
faculta como tal y con la finalidad de dar continuidad al proceso de la referencia;
razón por la que se da por cumplido este presupuesto.

Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Juan Alberto Londoño
Martínez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío,
por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso.

La Sala precisa que en la presente solicitud de amparo el actor pretende,
concretamente, que se deje sin efectos el auto del 15 de noviembre de 2019 en el
que se impuso sanción al demandante por incumplimiento de lo ordenado en
sentencia del 12 de septiembre de 2017.

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Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

Al respecto, la Sala anticipa en el presente caso no se cumple con el requisito
general de inmediatez, lo cual hace improcedente el estudio de fondo del defecto
invocado en la acción de tutela, como se pasa a explicar.

La solicitud de amparo carece del requisito de inmediatez que la caracteriza,
porque la decisión que se cuestiona por esta vía fue proferida el 15 de noviembre
2019, notificada mediante estado electrónico del 18 de noviembre de 2019 5. Así, a
6
la fecha de presentación de esta acción, 11 de enero de 2022 , han transcurrido
dos años, 1 mes y 24 días.

Ahora, de llegar a aceptarse el argumento del actor relacionado con que no se
notificó al correo personal el trámite de desacato sino al de la Fiduprevisora y que
por esa razón no conoció del procedimiento, la acción de tutela tampoco cumple el
requisito de inmediatez porque el demandante tuvo conocimiento de la decisión
sancionatoria, por lo menos, al momento en que solicitó el levantamiento de la
sanción, esto es, el 5 de febrero de 2020 tal como consta en la siguiente captura
de pantalla:

5 De la consulta del proceso en la página web de la Rama Judicial – consulta de procesos nacional unificada,

se observa que se registró actuación “con fecha 18 de noviembre de 2019.
6 Tal como se observa en la consulta del sistema de información SAMAI, en la anotación número 1 y en el

acta individual de reparto que igualmente obra en dicho sistema.

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Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela
judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad.

En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda 7, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección

7 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007

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Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.

Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez,
deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si
existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad
injustificada podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de
llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados. Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron.

La Sala destaca que si bien, con posterioridad a la imposición de la sanción,
existen dos providencias más, esto es la del 13 de febrero de 2020 en la que se
dio trámite de recurso de reposición a solicitud de inaplicación de sanción
notificada mediante estado de la misma fecha y la del 2 de agosto de 2021 en la
que se negó la solicitud de inaplicación de la sanción notificada en la misma fecha
lo cierto es que la solicitud de amparo no está dirigida a dejar sin efecto estás
decisiones.

Adicionalmente, frente a la providencia del 13 de febrero de 2020 tampoco se
cumple con el requisito de inmediatez dado que desde su notificación hasta la
interposición de la acción de tutela han transcurrido 1 año y 11 meses.

Finalmente, la Sala destaca que el demandante alega la configuración de una
nulidad en el trámite del desacato sobre la base de que no fue notificado de
personalmente de dicho trámite. Al respecto, según el numeral 1 del artículo 136
del CGP 8, dicha nulidad se entiende saneada si se tiene en cuenta que no la alegó

8 Artículo 136. Saneamiento de la nulidad

La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
(…)”

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Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

en la oportunidad pertinente y, por el contrario, actuó en ese trámite sin advertir
irregularidades.

Como quedó visto, la acción de tutela contra providencias judiciales es un
mecanismo excepcional cuya procedencia está determinada por los requisitos
generales y específicos de procedencia, establecidos por la jurisprudencia
constitucional y del propio Consejo de Estado.

En suma, en el presente caso la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de la inmediatez y, en esa medida, se confirmará la providencia
impugnada que declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de
legitimación en la causa, en el entendido de que no cumple los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 25 de febrero de 2022, proferida por la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado de conformidad a lo expuesto en la
parte considerativa de la providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por
cualquier otro medio expedito.

3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Ausente con permiso

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00218-01
Demandante: Juan Alberto Londoño Martínez

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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