República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00219-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00219-00
Demandante: Lisandro Arsenio Gómez Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial / Prima de actividad /Asignación
de retiro / Principio de oscilación
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
1. La acción de tutela
El señor Lisandro Arsenio Gómez Álvarez promueve acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social,
a la igualdad, así como el principio in dubio pro operario y al poder adquisitivo de las
pensiones.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados solicita:
1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida en
condiciones dignas, seguridad social, mantenimiento del poder adquisitivo de mi
pensión, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la
corporación violado.
2. Que se deje sin valor ni efecto el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia
el 16 de junio de 2021 en el proceso con Rad. 050013333 028 2018 00169 01.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido proceso, el poder
adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de las condiciones de vida
logradas con mi trabajo-vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del
entendimiento más favorable de las normas laborales.
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Demandante: Lisandro Arsenio Gómez Álvarez
4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para proteger y
restablecer mis derechos fundamentales.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
i) Prestó sus servicios como agente de la fuerza pública por un lapso de 24 años, 6
meses y 28 días, por lo que le fue reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional una asignación de retiro mediante Resolución 2970 de 1975, en
aplicación del Decreto 2340 de 1971.
ii) Antes de retirarse del servicio devengaba una prima de actividad correspondiente al
45% de su sueldo básico, y con posterioridad le fue liquidado dicho factor con solo el
20%.
iii) El 12 de septiembre de 2017 radicó ante CASUR derecho de petición con el fin de
obtener la reliquidación de la prima de actividad en la asignación de retiro, solicitud
negada a través del Oficio E-00003-201720513-CASUR Id 265517 del 20 de septiembre
del año en cita.
iv) A través de apoderado radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el propósito de que fuera declarado nulo el acto administrativo que negó
la reliquidación pedida, y a título de restablecimiento solicitó el incremento de la prima
de actividad, según lo estipulado en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.
v) El 4 de diciembre de 2018, el Juzgado 28 Administrativo de Medellín negó las
pretensiones de la demanda.
vi) El 16 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó en su
integridad el fallo del juez a quo.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
El accionante centró su reproche constitucional en los siguientes requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
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Demandante: Lisandro Arsenio Gómez Álvarez
1.3.1. Defecto sustantivo
Argumentó que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció que tenía derecho
a la reliquidación de la asignación de retiro con incremento del 100% del porcentaje de
la prima de actividad conforme a las previsiones contenidas en los artículos 1.°, 2.°
numerales 2.1. y 2.4. y 3.º numeral 3.1. de la Ley 923 de 2004 y 23, 24 y 25 del Decreto
4433 de 2004, con el fin de mantener, en virtud de los principios de oscilación,
favorabilidad, progresividad y pro operario, el poder adquisitivo de su prestación.
Adujo que el régimen contenido en la normatividad reseñada, que entró en vigencia en
el año 2004, contempló el derecho al reajuste de las prestaciones periódicas por retiro
de la fuerza pública, razón por la cual solicitó la reliquidación de su asignación a partir
de ese año en adelante, con sujeción a los criterios de respeto a los derechos
adquiridos y a la obligación de nivelar, conforme a la Ley 4.° de 1992, la remuneración
del personal retirado con respecto del activo.
1.3.2. Desconocimiento del precedente
En su criterio, el Tribunal desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional SU-
1073 de 2012 y del Consejo de Estado, en las providencias de: i) 12 de abril de 2012,
expediente radicado núm. 11001 03 25 000 2006 00016-00, ii) 28 de febrero de 2013,
expediente radicado núm. 11001 03 25 000 2007 00061-00 y iii) 23 de octubre de 2014,
expediente radicado núm. 11001 03 25 000 2007 00077 01.
A su juicio, conforme al precedente jurisprudencial aducido la nivelación mediante el
reajuste de la prestación social periódica implica que se liquide tomando los factores
salariales reales devengados durante el servicio, es decir, en su porcentaje integro, y
no sobre valores injustificados y artificialmente inferiores.
1.4. Actuación procesal
La tutela de la referencia, admitida por auto del 28 de enero de 2022, ordenó notificar
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, como demandados, y como
tercero interesado a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, para
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que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. La magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia,1 Martha Nury
Velásquez Bedoya, advirtió que no se satisfacen los presupuestos de procedibilidad,
en tanto la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para controvertir
decisiones judiciales; sin embargo, señaló que la decisión emitida por esa corporación
fue proferida con observancia del debido proceso, con competencia para decidir el
asunto y aplicando la normativa vigente.
Añadió que la decisión se basó en la normativa que regía la situación jurídica del señor
Lisandro Gómez Álvarez al momento de la consolidación de su derecho pensional,
bajo el argumento de que no se acreditó el desconocimiento del principio de oscilación
aplicable al caso bajo análisis contenido en el Decreto 1213 de 1990, y que la
diferencia en el trato entre esta norma en relación con el Decreto 4433 de 2004, se
justificaba en las diferencias normativas, así como en los requisitos para acceder a la
pensión, sin que evidenciara un trato discriminatorio.
1.5.2. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional -CASUR,2 manifestó que esa entidad conforme a las normas
especiales vigentes que rigen la asignación de retiro del personal de la fuerza pública
y de la jurisprudencia imperante, profirió los actos administrativos objeto de debate,
garantizando los derechos fundamentales del accionante, circunstancia que torna en
improcedente el amparo reclamado.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
1Expediente digital de tutela.
2 Expediente digital de tutela.
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Esta Sala es competente para asumir el presente asunto, de acuerdo con el numeral
5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de
tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada».
2.2. Problema jurídico
Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia quebrantó los
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones
dignas, a la seguridad social, a la igualdad, el principio general in dubio pro operario y
el poder adquisitivo de las pensiones, al proferir la providencia del 16 de junio de 2021,
dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001
33 33 028 2018 00169 01, que confirmó la sentencia proferida el 4 de diciembre de
2018 por el Juzgado 28 Administrativo de Medellín, que negó las pretensiones de la
demanda.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución como un medio a
través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.
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Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
sentencia C-590 de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, 4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
3 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia
La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad
debido a que se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que resolvió la apelación propuesta contra la decisión adoptada en
providencia del 4 de diciembre de 2018 por el Juzgado 28 Administrativo de Medellín;
en ese sentido, la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es
decir que acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.
De otro lado, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, debido a que la
providencia acusada fue proferida el 16 de junio de 2021, notificada el 17 del mismo
mes y año,6 mientras que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 11 de
enero de 2022,7 es decir, dentro de los 6 meses que han sido acogidos por esta
Corporación como término prudencial para recurrir al medio de amparo constitucional.
La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente
radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Folios 166 y siguientes expediente digital de nulidad y restablecimiento del derecho.
7https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002022002190
01100103
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El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del proceso se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 7 de octubre de 1975, por Resolución 2970, el gerente de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, reconoció asignación de retiro al señor
Lisandro Gómez Álvarez en su calidad de agente de la policía en aplicación del Decreto
2340 de 1971.8
2.4.2. El 7 de septiembre de 2017, el señor Lisandro Gómez Álvarez radicó derecho
de petición ante CASUR solicitando lo siguiente: «por principio de oscilación se me
reliquide, reconozca, reajuste y pague mi asignación de retiro con el cómputo de la
totalidad (100%) de la prima de actividad que devengaba al momento del retiro del
servicio, y el porcentaje adicional no pagado en la asignación de retiro en vigencia del
Decreto 2070 de 2003 y a partir de la vigencia del Decreto 4433 de 2004, como
derecho derivado de los mencionados decretos […]».9
2.4.3. El 20 de septiembre de 2017, a través de Oficio E-00003-201720513-CASUR Id
265517, el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó
el incremento de la prima de actividad 10.
2.4.4. El 8 de mayo de 2018, el señor Lisandro Arsenio Gómez Álvarez, mediante
apoderado, radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo por medio del cual le fue
negado el incremento de la prima de actividad; a título de restablecimiento del derecho
solicitó condenar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía a reliquidar y reajustar
8 Folios 36 y 37 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
9 Folios 46 y 47 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
10 Folio 48 y vuelto expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
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la asignación de retiro del demandante, incrementando dicho factor según lo dispuesto
en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.11
2.4.5. El 4 de diciembre de 2018, el Juzgado 28 Administrativo de Medellín negó las
pretensiones del medio de control.12
2.4.6. El 16 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
providencia proferida por el juez a quo.13
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
En el presente asunto, el accionante reprocha la decisión proferida el 16 de junio de
2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual confirmó la
providencia del 4 de diciembre de 2018 del Juzgado 28 Administrativo de Medellín,
que negó reliquidar y reajustar la asignación de retiro incrementando la prima de
actividad, según lo estipulado en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.
Considera que la providencia reprochada vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social,
a la igualdad, el principio in dubio pro operario y el poder adquisitivo de las pensiones,
por lo cual incurrió en un defecto sustantivo, pues inobservó los artículos 1.°, 2.°,
numerales 2.1. y 2.4. y 3.º numeral 3.1. de la Ley 923 de 2004 y 23, 24 y 25 del Decreto
4433 de 2004 y, por tanto, desconoció que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional -CASUR debió haber liquidado y pagado la asignación de retiro tomando el
100% de la prima de actividad que devengaba al momento del retiro de su servicio, lo
anterior, con sujeción a los criterios de respeto a los derechos adquiridos y de la
obligación de nivelar, conforme a la Ley 4ª de 1992, la remuneración del personal
retirado respecto del activo.
En este contexto, el Tribunal Administrativo de Antioquia centró el estudio del caso en
el ámbito normativo14 de la prima de actividad como un incentivo creado a favor del
11 Folios 1 a 28 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Folios 97 a 103 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Folios 159 a 165 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
14 Decreto 2340 de 1971, artículo 52, Decreto 1211 de 1990, artículo 84 y 159, Decreto 2863 de 2007, artículo 2.°
y 4.° Ley 923 de 2004, artículos 24,
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personal activo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares por la prestación de
su servicio, que luego se extendió a favor del personal retirado en razón del tiempo de
servicios prestados. En el caso del señor Lisandro Arsenio Gómez Álvarez se aplicó al
liquidar la asignación de retiro el Decreto 2340 de 1971, dado que su derecho
pensional se consolidó bajo su vigencia, y en tal virtud, a través de la Resolución 2970
del 7 de octubre de 1975, se le reconoció la asignación mensual de retiro con un
porcentaje del 85 % del sueldo básico, y las partidas legalmente computables para el
grado, incluido el 20% de prima de actividad, de conformidad con lo preceptuado en el
Decreto 1213 de 1990.
Ahora bien, en relación con la solicitud del señor Gómez Álvarez de aplicar la Ley 923
y el Decreto 4433 de 2004 por estimar que CASUR efectuó una indebida liquidación, el
Tribunal concluyó que no le asistía razón al evidenciar que la entidad dio cumplimiento
a las previsiones que regulaban la materia, por cuanto para liquidar la asignación de
retiro tuvo en cuenta la norma que estaba en vigor en ese momento, sin trasgredir el
principio de oscilación, al efecto consideró lo siguiente:
Ahora, en relación a la aplicación del Decreto 4433 de 2004 para situaciones jurídicas
consolidadas con anterioridad a su vigencia, se debe tener en cuenta, en primer lugar,
que dicha norma fue expedida a partir de los criterios y objetivos fijados por la Ley 923
de 2004, norma que, a su vez, desde su artículo 1° fijó como alcance de la misma la
regulación de las situaciones producidas a partir de su vigencia -es decir, a partir del 30
de diciembre de 2004- y con sujeción a su propio contenido normativo, sin que se haya
previsto algún caso de aplicación retroactiva de la Ley.
[…]
Por lo que, según la norma la misma es aplicable a los miembros de la fuerza pública
que obtengan la asignación de retiro o pensión con posterioridad a la vigencia de dicha
norma, y no a los que hubieran obtenido tales prestaciones con anterioridad a la misma,
situación que se hace aún más visible con la expedición del Decreto No. 4433 del 31 de
diciembre de 2004 -el cual se profirió en desarrollo de la Ley 923 de 2004-, en cuanto en
su artículo 24 modificó el cómputo de la prima de actividad para determinar la cuantía de
la asignación de retiro de los uniformados en actividad.
[…]
Según lo dicho, no existe la posibilidad legal de que se aplique la norma a los agentes
retirados que gozaran de una asignación de retiro para el momento en que entró a regir
la norma.
Así las cosas, es claro para la Sala que la entidad demandada reconoció la asignación
de retiro del demandante de conformidad con la normatividad bajo la cual el actor
adquirió dicha prestación, siendo que resulta absolutamente improcedente la aplicación
retroactiva del Decreto 4443 de 2004, por cuanto no existe norma alguna que habilite
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que la misma se pueda aplicar para gobernar situaciones consolidadas y completamente
definidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
[….]
Ahora bien, la Sala respecto del principio de oscilación precisa que la asignación de
retiro, de tiempo atrás, ha tenido una forma de actualización diferente a la que de
manera general se ha establecido para las pensiones que devengan los servidores
públicos y trabajadores privados. 15
La oscilación plantea una regla de dependencia entre la asignación que perciben los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y aquellos que se encuentran en
retiro y que en tal virtud gozan de una prestación, ya sea la asignación de retiro o la
pensión de invalidez o los beneficios de la pensión de sobrevivientes.
El artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992,16 ordenó al Gobierno Nacional determinar una
escala gradual porcentual con el fin de nivelar la remuneración que perciben tanto el
personal activo como el retirado de la fuerza pública, lo cual revela la voluntad de
mantener el equilibrio de las prestaciones que se generan en retiro respecto de
aquellas que se originan en actividad.
Luego, el artículo 3.13 de la Ley 923 del 30 de diciembre de 200417 consagró que las
asignaciones de retiro y las pensiones del personal de la fuerza pública serían
incrementadas en el mismo porcentaje en que se aumentaran las asignaciones del
personal en servicio activo, con lo cual se conservó la esencia del principio bajo
estudio, tal y como lo hizo el artículo 42 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de la
misma anualidad18.
En ese sentido el señor Gómez Álvarez solicitó en virtud del principio de oscilación que
su asignación de retiro fuera reliquidada conforme a las previsiones de la Ley 923 y
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2019, expediente radicado
núm. 11001-03-25-000-2015-00698 00.
16 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
17 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
18 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
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Demandante: Lisandro Arsenio Gómez Álvarez
del Decreto 4433 de 2004, con el fin de mantener su poder adquisitivo. Al respecto el
Tribunal señaló:
Ahora, en lo que respecta a la supuesta vulneración del principio de oscilación, el
Despacho no la advierte, en razón a que el Decreto 1213 de 1990 al establecer un
mecanismo de oscilación o variación favorable de las asignaciones de retiro toma como
referente para el reajuste de las mismas los reajustes que se hagan a las asignaciones
del personal en servicio activo, y a su vez, el Decreto 4433 de 2004 en su artículo 2°
garantizó que quienes hayan adquirido un derecho prestacional con anterioridad a la
vigencia de dicha norma conservarían “todos los derechos, garantías, prerrogativas,
servicios y beneficios adquiridos conforme a normas anteriores”, entre los que se
encuentra el principio de oscilación aludido, el cual, para el caso de los Agentes de la
Policía Nacional era el previsto en el artículo 110 del Decreto 1213 de 1990. […] Por lo
que, para el presente caso no se encuentra demostrado que la entidad demandada haya
aplicado un porcentaje de incremento de la asignación de retiro diferente al decretado
anualmente por el Gobierno Nacional para el personal en servicio activo, por tanto, no
es posible concluir que se haya producido la vulneración del mencionado principio de
oscilación.
En igual medida, la autoridad judicial no evidenció la vulneración alegada del principio
de igualdad respecto de los agentes retirados con anterioridad y posterioridad a la
expedición del Decreto 4433 de 2004, al encontrar que existían criterios razonables y
objetivos que justificaban un trato diferente, aunado a que al efectuar un estudio
integral de las diferentes partidas que se computan al liquidar la asignación de retiro
del señor Lisandro Gómez Álvarez, además de su porcentaje, y su incidencia real en
el valor final, arribó a la conclusión de que «el régimen aplicado arroja un resultado
que resulta favorable al actor teniendo en cuenta las particularidades y menores
exigencias para acceder a dicha prestación, lo cual desvirtúa los argumentos
presentados en el escrito de demanda».
Por todo lo anterior, esta Sala de Subsección considera que la providencia
controvertida, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, está
suficientemente argumentada en cuanto lo demandado por el señor Gómez Álvarez
fue fallado conforme a la normativa vigente a la consolidación de su derecho, no se
acreditó un trato discriminatorio ni el desconocimiento de sus derechos fundamentales,
lo que descarta la vulneración alegada.
Conviene destacar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el
juez natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable
desconocer las decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias,
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Demandante: Lisandro Arsenio Gómez Álvarez
salvo que resulte palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el
presente caso no se halló probado.
En relación con el desconocimiento del precedente el señor Lisandro Gómez
manifestó que en la providencia que se estudia en el sub lite, desatendió las sentencias
del Consejo de Estado de: i) 12 de abril de 2012, expediente radicado núm. 11001 03
25 000 2006 00016-00, ii) 28 de febrero de 2013, expediente radicado núm. 11001 03
25 000 2007 00061-00 y iii) 23 de octubre de 2014, expediente radicado núm. 11001
03 25 000 2007 00077 01.
Se advierte que las tres sentencias reseñadas versaron sobre acciones de nulidad
impetradas contra los Decretos 1091 de 1991 y 4433 de 2004, allí fueron declarados
nulos i) los artículos 11 parágrafo 2°y 51 del Decreto 1091 de 1995 y ii) los artículos
14, 15 parágrafo, 24 parágrafo 1.° , 25 parágrafo 2.° y 30 del Decreto 4433 de 2004.
Se aclara que dichas disposiciones no fueron aplicadas por parte del Tribunal a la
situación pensional del señor Gómez Álvarez, por cuanto tuvo en cuenta la normativa
vigente al momento de percibir la asignación de retiro, esto es, el Decreto 2340 de
1971. En todo caso, dichos artículos salieron del ámbito jurídico, por lo cual las
autoridades judiciales al momento de desatar la litis correspondiente deben aplicar la
normativa en vigor.
En relación con la sentencia SU-1073 de 2012, el órgano constitucional de cierre
determinó la importancia de la indexación de la primera mesada pensional, toda vez
que el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo que es consecuencia de la inflación,
afecta por igual a todos los jubilados. Sin embargo, como se pudo advertir en líneas
precedentes el Tribunal al realizar un estudio integral de i) los factores computables ii)
el porcentaje a reconocer de las diferentes partidas que se computarían a la asignación
de retiro y iii) su incidencia real en el valor a liquidar, concluyó que la normativa vigente
aplicada a la situación del señor Gómez Álvarez «arroja[ba] un resultado que resulta
favorable al actor teniendo en cuenta las particularidades y menores exigencias para
acceder a dicha prestación».
En este estado de cosas, la Sala estima que la providencia proferida por la autoridad
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Demandante: Lisandro Arsenio Gómez Álvarez
judicial accionada no incurrió en una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere
los derechos fundamentales de la parte accionante, en virtud de lo cual denegará el
amparo constitucional invocado por el señor Lisandro Arsenio Gómez Álvarez contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
3. Conclusión
La Sala concluye que la autoridad tutelada, no vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social,
a la igualdad, el principio in dubio pro operario ni el poder adquisitivo de las pensiones,
razón por la cual se denegará la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Denegar el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el señor
Lisandro Arsenio Gómez Álvarez, de acuerdo con los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta decisión.
Segundo: En caso de que no fuere impugnada la presente providencia, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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