Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00229-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00229-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00229-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
17 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00229-00
Demandante: Pamela Gómez Quiroz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00229-00
Demandante: PAMELA GÓMEZ QUIROZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas: Tutela de fondo – solicitud de expedición de tarjeta profesional -
carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por la
señora Pamela Gómez Quiroz contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. Con escrito enviado el 12 de enero de 20221 al buzón web de tutelas y habeas
corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la señora Pamela
Gómez Quiroz, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, con el fin de que le sea amparado sus derechos
fundamentales de petición, al trabajo, al mínimo vital y a la libre escogencia de
profesión y oficio.
2. La accionante consideró vulneradas las anteriores garantías constitucionales, con
ocasión del retardo por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en la expedición de su
tarjeta profesional de abogada, pese a haber elevado la respectiva solicitud el 30 de
noviembre de 2021.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Pasó al despacho el 14 de enero de 2022.
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Demandante: Pamela Gómez Quiroz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
“(…) TUTELAR los derechos fundamentales de este actor, ordenando a la
vinculada a dar respuesta integral y de fondo a la petición impetrada dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación del fallo”.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 30 de noviembre de 2021, vía correo electrónico, la señora Gómez Quiroz
solicitó ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, la inscripción y expedición de su tarjeta
profesional de abogada y adjuntó los siguientes documentos: i) formulario único
para múltiples trámites; ii) fotocopia de la cédula, iii) dos fotografías recientes; iv)
copia del acta de grado y del diploma y; v) recibo de consignación realizado en el
Banco BBVA.
5. A la fecha de interposición de la acción de tutela, la demandante no había recibido
respuesta alguna por parte de la entidad ante dicha petición.
1.3. Fundamento de la solicitud
6. La señora tutelante aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró los derechos
invocados, en la medida en que la omisión en que ha incurrido la entidad le ha
impedido desenvolverse social y económicamente por medio de la profesión que
escogió libremente.
7. Como fundamentos jurídicos, invocó las siguientes normas: artículos 23, 25, 26 y
53 de la Constitución; capítulo 1º del título segundo de la Ley 1437 del 2011; Decreto
2591 de 1991.
1.4. Trámite de la acción de tutela
8. La magistrada ponente de esta sentencia, mediante auto del 31 de enero del
2022, admitió la tutela, ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia como autoridad demandada y vinculó a la Universidad de Medellín en
calidad de tercero con interés legítimo.
1.5. Intervenciones
9. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentó la
siguiente intervención:
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1.5.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
10. Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 3 de febrero de 2022 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la directora de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia informó que ha habido
un aumento desmesurado de peticiones de reconocimiento de prácticas jurídicas y
de expedición de tarjetas profesionales de abogados, las cuales sobrepasan la
capacidad operativa de la Unidad.
11. Adicionó que se han debido adoptar medidas para mitigar los efectos nocivos
de la pandemia por el Covid-19. De acuerdo con lo señalado, afirmó que la entidad
gestiona el trámite de las solicitudes en orden de llegada al correo institucional y,
por ese medio, notifica las decisiones adoptadas en cada caso.
12. Sobre el caso en particular, expuso que se inscribió en el registro de abogados
a la señora Gómez Quiroz y se le asignó la tarjeta profesional de abogado No.
376.841 mediante el Acta No. 2549 del 2 de febrero de 2022, notificada al correo
electrónico de la parte actora en la misma fecha. Agregó que la tarjeta fue enviada
al contratista para la elaboración del plástico y que una vez sea entregada a la
entidad se le remitirá a la accionante a través del servicio de correo certificado de
4-72.
13. También señaló que la demandante podrá acceder a la certificación de vigencia
de la tarjeta profesional a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, desde la
página web de la Rama Judicial o en el enlace
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, información que ya fue
puesta en conocimiento de la accionante por medio de oficio enviado el 2 de febrero
de 2022.
1.5.2. Universidad de Medellín
14. Mediante escrito enviado por correo electrónico el 7 de febrero de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Dirección de servicios
jurídicos de la Universidad de Medellín solicitó que se declarara la improcedencia
de la tutela al no existir ninguna vulneración de derechos fundamentales por parte
de la institución. A su vez, pidió que la entidad fuera desvinculada del presente
proceso constitucional, por ausencia de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
15. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Pamela Gómez Quiroz, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.
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16. Lo anterior, ya que uno de los accionados al interior del presente trámite es el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, y le corresponde al Consejo de Estado y a la Corte Suprema
de Justicia conocer de las solicitudes de amparo que se presenten contra esa
autoridad.
2.2. Cuestión previa
17. La Universidad de Medellín solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional pues manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, dicha petición será negada dado que su vinculación al proceso se hizo
en calidad de tercero con interés y no como entidad accionada.
2.3. Problema jurídico
18. Tomando en consideración los hechos expuestos, las pretensiones elevadas
por la demandante, el material probatorio recaudado y los informes allegados por
las entidades accionadas, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema
jurídico:
• ¿Se configura en el presente caso el fenómeno de carencia actual de objeto
por hecho superado ante el actuar de la entidad accionada?
19. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de tutela; ii) carencia actual de objeto; iii) análisis del caso
concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
20. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de
particulares.
21. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio
se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de
los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
22. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede
decidir sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción
constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor
especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin
superior que le dio el constituyente.
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2.5. De la carencia actual de objeto
23. Como se afirmó con antelación, la acción de tutela ha sido instituida como un
instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
24. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso. Esto conlleva a que
el instrumento pierda su efectividad y, a su vez, hace que la intervención del juez
constitucional sea vacía, en relación con las órdenes que puedan impartirse para
que cese la vulneración de los derechos fundamentales.
25. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-481 del 20162, señaló que
la tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de derechos
fundamentales actualmente afectados o amenazados. Por tanto, señaló la Corte
que ante una alteración o desaparecimiento del contexto que dio origen a la
vulneración de los derechos invocados por la accionante, la solicitud de amparo
pierde eficacia y sustento. Esto, pues al desaparecer la situación sobre la cual
recaería una posible decisión del juez de tutela, cualquier determinación que pueda
tomar para salvaguardar las garantías violadas o que se encontraban en peligro,
resultaría vacía3.
26. En tal sentido, dicho tribunal4 destacó que el concepto de “carencia actual de
objeto”, se desarrolló con el fin de identificar este tipo de eventos en los que el juez
se encuentra materialmente imposibilitado para dictar una orden que permita
proteger los intereses jurídicos invocados en la acción de tutela. Así, dicho Tribunal
ha indicado que tal fenómeno puede tener lugar a través de las siguientes figuras:
I. Hecho superado
II. Daño Consumado
III. Situación sobreviniente
2.5.1. Hecho superado
27. Este evento ocurre cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra
que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales, previo a que el juez constitucional
profiera alguna orden5. Por tanto, se logra superar la afectación alegada y resulta
inútil cualquier intervención del operador judicial.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-481 del 01.09.16, Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido.
3 La misma referencia a pie de página anterior.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-200 del 10.04.13. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger; Corte Constitucional. Sentencia SU-225 del 18.04.13. Magistrado Ponente: Alexei Julio
Estrada.
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28. En tal sentido, resalta esta Sección que, para la aplicación del hecho superado,
es irrelevante determinar si la cesación de la vulneración de las garantías
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia. Ello indica
que, también en ciertos casos, el juez podría optar por estudiar de fondo la conducta
de la autoridad demandada y así determinar si se vulneraron o no los derechos
invocados a través de la tutela.
29. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado la figura del hecho superado
incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los
derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda
instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal6. En estas situaciones, los
jueces de primera o segunda instancia no están obligados a pronunciarse sobre la
conducta de la autoridad demandada. Por tanto, dichos jueces no deben formular
un juicio de reproche o advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados.
30. No obstante, la Corte Constitucional7 ha afirmado que los jueces de instancia
pueden hacer lo mencionado anteriormente. Esto, sobre todo si se considera que la
decisión debe incluir alguna observación de los hechos del caso estudiado, incluso
para que llame la atención sobre la vulneración de derechos en la situación
analizada, o para condenar lo ocurrido y advertir la inconveniencia de su repetición
bajo el riesgo de las sanciones a que haya lugar8. Lo que sí es obligatorio para el
juez de primera o de segunda instancia, es que en la providencia incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir,
que se acredite el hecho superado9.
31. Por otro lado, en sede de revisión, la Corte Constitucional sí tiene la obligación
de pronunciarse para formular un juicio de reproche, si hay lugar para ello. En este
sentido, a dicho Tribunal le corresponde lo siguiente10:
I. Determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se
solicita.
II. Pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda, prevenir a la
autoridad para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que originaron la tutela y advertirle que, si procede de modo
contrario, será sancionada conforme a lo estipulado por la ley.
III. Determinar si, con atención a las particularidades del caso, procede el
amparo de la dimensión objetiva11 de las garantías transgredidos.
6 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortíz
Delgado.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-112 del 16.02.10. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo; Corte Constitucional, Sentencia T-612 del 02.09.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-612 del 02.09.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra
Porto.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-170 del 18.03.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra
Porto.
10 La misma referencia a pie de página anterior.
11 La Corte Constitucional ha definido la dimensión objetiva de los derechos fundamentales como las
normas jurídicas que consagran tales derechos de forma general y abstracta. Al respecto, ver la
Sentencia C-178 del 26.03.14. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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2.5.2. Daño consumado
32. Se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía
evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción de tutela. En
tal sentido, se concreta una imposibilidad de detener la afectación o de impedir que
se materialice el peligro y, por tanto, no es factible que el juez de tutela dicte una
orden al respecto12.
2.5.3. Situación sobreviniente
33. De manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido este caso como
aquel en el que la vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la
interposición de la acción de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra
en los conceptos de daño consumado y hecho superado. En palabras de dicho
Tribunal, esta categoría “remite a cualquier otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”.13
2.6. Caso concreto
34. El 30 de noviembre de 2021, la señora Pamela Gómez Quiroz radicó ante el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y -
auxiliares de la Justicia, una petición mediante la cual requirió la inscripción y
expedición de su tarjeta profesional de abogada. A la fecha de interposición de la
tutela, la accionante no había recibido respuesta alguna ante la solicitud elevada.
35. Del informe allegado con la contestación de la tutela por parte de la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de
la Judicatura, se encuentra que en el presente asunto se configura el fenómeno de
carencia actual de objeto por hecho superado.
36. Lo anterior, en razón a que lo pretendido en la acción de tutela ya fue ordenado,
pues ya se efectuó la inscripción como abogada de la demandante y, como
consecuencia de lo anterior, se le asignó la tarjeta profesional No. 376.841 mediante
el Acta No. 2549 del 2 de febrero de 2022. Dicha decisión fue notificada mediante
correo enviado en la misma fecha al siguiente buzón web:
pamela.gomez.quiroz@hotmail.com.
37. A la contestación de la tutela se adjuntaron los siguientes documentos: i) el Acta
No. 2549 del 2 de febrero de 2022, correspondiente al registro de la tarjeta
profesional, ii) el oficio del 2 de febrero de 2022 y iii) el correo electrónico de la
misma fecha mediante el cual se notificó lo anterior14, como se observa a
continuación:
12 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 24.01.17. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-522 del 05.11.19, Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.
14 Dicho correo fue enviado a la dirección electrónica a través del cual la señora Gómez Quiroz radicó
su solicitud, esto es, “pamela.gomez.quiroz@hotmail.com” Esta información fue verificada y
coincide con la contenida en las pruebas obrantes en el plenario.
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38. Adicionalmente, refirió que la accionante tiene la posibilidad de acceder a la
certificación de vigencia de la referida tarjeta, la cual puede ser consultada por
internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, a la que puede ingresar
desde la página web de la Rama Judicial o en el enlace electrónico
https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así la titularidad y vigencia del citado
documento.
39. Esta Sala de Decisión ingresó a la página web mencionada por la autoridad
accionada, y encontró el documento que certifica que a la señora Gómez Quiroz ya
le fue asignado su número de tarjeta profesional de abogado, identificación que en
la actualidad está vigente, tal como se puede advertir en la siguiente imagen:
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40. En ese orden, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia ya adelantó el trámite respecto de
la expedición de la tarjeta profesional de abogada de la tutelante, la cual se
encuentra vigente, identificada con el número 376.841 y en proceso de
plastificación.
41. De igual forma, se acreditó que a la tutelante se le informó sobre dicho trámite
mediante oficio del 2 de febrero de la presente anualidad, el cual le fue remitido al
correo electrónico por ella indicado, esto es, pamela.gomez.quiroz@hotmail.com.
42. Por tanto, y bajo el entendido que la entidad demandada respondió a la solicitud
por fuera del término con el que contaba para ello15 y en el transcurso del presente
trámite constitucional, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto de
los derechos fundamentales de la señora Gómez Quiroz y, en tal sentido, cualquier
orden que se imparta por parte de esta Sala carecería de sentido, debido a que la
posible vulneración cesó con la actuación de la autoridad accionada.
2.7. Conclusión
43. En este trámite constitucional se configuró el fenómeno de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ya que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia dio respuesta y notificó
en debida forma la solicitud elevada por la demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Universidad de
Medellín, conforme con los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela interpuesta por la señora Pamela Gómez Quiroz, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
15 Al tratarse de una petición que carece de norma especial que regule su procedimiento, de acuerdo
con el inciso segundo del artículo 5º del Decreto 491 de 2021, la entidad contaba con un plazo de
los treinta (30) días hábiles para responder a la solicitud.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de
2012.
11
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