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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00236-00

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00236-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo respecto de los motivos de inconformidad asociados con el defecto fáctico, del desconocimiento del principio de congruencia y del principio de justicia rogada, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela promovida por la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial respecto de los defectos material y sustantivo por desconocimiento del precedente, conforme a los argumentos consignados en la parte considerativas de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a 27 Corte Constitucional, Sentencia SU – 917 de 2010. M.P.: Jorge Iván Palacio P. 18 Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00 Accionante: Nación - Rama Judicial la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00236-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – NO
SE CONFIGURA El DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE NI EL DEFECTO SUSTANTIVO POR FALTA DE
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 270 ARTÍCULO –
IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE AMPARO CUANDO SE
ALEGA LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE
INCONGRUENCIA -REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL-

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Nación - Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en contra de la sentencia de 21
de mayo de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales «al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad», cuya vulneración le
atribuyó la sentencia de 21 de mayo de 2021, proferida por el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B, dentro del medio de control de reparación
directa con número de radicado 25000-23-26-000-2011-00194-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos que motivan el
ejercicio de la acción de la referencia se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió
que, el 25 de octubre de 2007, en el municipio de Soacha -
Cundinamarca-, el señor Rubén Alejandro Cano Pinzón fue capturado por
presuntamente haber participado en la comisión de los delitos de rebelión,
concierto para delinquir y terrorismo, conductas punibles que tenían sustento

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

probatorio en dos discos duros que fueron incautados a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia -FARC-.

2.2. Señaló
que, por lo anterior, el Juez Sexto Penal Municipal de Bogotá con
función de control de garantías legalizó la captura y dictó medida de
aseguramiento en contra del señor Cano Pinzón.

2.3. Puntualizóque el Tribunal Superior de Bogotá modificó la imputación,
circunscribiendo la conducta del imputado únicamente al delito de rebelión.

2.4. Comentó que, en desarrollo de la etapa del juicio oral, el juez penal de
conocimiento decidió excluir, por ilícitos1, los discos duros en los que sustentaba
probatoriamente la comisión de las conductas punibles endilgadas al señor Cano
Pinzón; de allí que la Fiscalía solicitó la absolución del citado sujeto, debido a la
ausencia de pruebas sobre la participación del imputado en el hecho investigado.

2.5. El 10 de noviembre de 2008, el Juzgado Noveno Penal Municipal de Garantías
accedió a la solicitud de la Fiscalía y, en consecuencia, concedió la libertad al
señor Cano Pinzón.

2.6. Con posterioridad a la libertad del imputado, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito con función de conocimiento profirió sentencia absolutoria a favor del
imputado en aplicación del principio de in dubio pro reo. Tal decisión fue apelada
por el señor Cano Pinzón, en consideración a que, en su criterio, la absolución
debía ser declarada pero no por la duda razonable en favor del reo sino por la
atipicidad de la conducta, en tanto que la Fiscalía no logró demostrar la existencia
de la conducta punible.

2.7. ElTribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia penal de segunda
instancia de 29 de enero de 2010, accedió al recurso de apelación presentado por
el señor Cano y, en consecuencia, declaró la absolución del acusado con
fundamento en que la conducta era atípica.

2.8. Con fundamento en el tiempo en que estuvo privado de la libertad el señor
Cano Pinzón instauró demanda de reparación directa en contra de la Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Fiscalía General
de la Nación, por la presunta privación injusta de la libertad a la que fue sometido
el citado sujeto.

2.9. Indicó
que el conocimiento del referido proceso le correspondió, en primera
instancia, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C, autoridad judicial que, mediante sentencia de 12 de octubre de
2012, denegó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que se
configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

1
Mediante providencia del 20 de noviembre de 2008 la Sala Penal del Tribunal Superior determinó la ilicitud de la prueba
contenida en los discos duros (Fl. 9 c. 2).

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

2.10. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, mediante sentencia de 21 de mayo de 2021, en la que revocó la
decisión de la primera instancia, para, en su lugar, acceder a las pretensiones de
la demanda en los siguientes términos:

[…] SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia dictada el 12 de octubre de
2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.

TERCERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL por el daño causado por la privación de la libertad del
señor Rubén Alejandro Cano Pinzón.

CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de las
siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales: (…)

QUINTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de
DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($12.674.776) a favor de
Rubén Alejandro Cano Pinzón, por concepto de lucro cesante.

SEXTO: ORDÉNASE al Director Ejecutivo de Administración Judicial
emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un
comunicado en el cual ofrezca disculpas al señor Rubén Alejandro Cano
Pinzón por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación
injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.

SÉPTIMO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda […]
(negrillas del original).

2.11. Laentidad accionante indica que la sentencia de 21 de mayo de 2021,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, resulta
lesiva de sus derechos fundamentales, en tanto que en ella se incurrió: i) en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional,
contenido en las sentencias C – 037 de 1996 y SU – 072 de 2018 de la Corte
Constitucional; ii) en defecto material por falta de aplicación de los artículos 63 del
Código Civil y 70 de la Ley 270 de 1997; iii) en defecto fáctico, y iv) en
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia de segunda
instancia.

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma
arbitraria a la Rama Judicial, dentro del expediente de reparación directa
No. 25000232600020110019401 en el que actúa como demandante el señor
Rubén Alejandro Cano Pinzón y otro; y demandadas la Nación – Rama
Judicial y Nación -Fiscalía General De La Nación.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la
sentencia de fecha 21 de mayo de 2021, dentro del proceso de
reparación directa No. 25000232600020110019401 en el que actúan como
demandante señor Rubén Alejandro Cano Pinzón y otro; y demandadas la
Nación – Rama Judicial y Nación - Fiscalía General De La Nación, y se
ordene, por consiguiente, a la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo
de Estado proferir un nuevo fallo en el que se denieguen las pretensiones de
la demanda.

3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmar el fallo proferido por
el a -quo, por las razones y argumentos expuestos por dicha instancia
judicial. […] (destacado de la Sala).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 18 de enero de 2022,
admitió la acción de tutela promovida por la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial en contra de la sentencia de 21 de mayo
de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
B.

5. En la referida providencia también se negó la solicitud de medida cautelar
deprecada por la entidad accionante y, además, se dispuso la vinculación, como
terceros con interés directo en los resultados del proceso, de la Nación – Fiscalía
General de la Nación, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, y de los señores Rubén Alejandro Cano Pinzón y Luz
Mery Pinzón.

6. Asimismo, se solicitó a la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en calidad de préstamo, el medio de control de
reparación directa con radicación número 25000-23-26-000-2011-00194-00.

V. INTERVENCIONES

7. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se produjeron las siguientes intervenciones:

7.1. El Rubén Alejandro Cano Pinzón, a través de apoderado judicial, solicitó que
se deniegue la acción de tutela de la referencia, toda vez que, a su juicio, el
proceso que dio origen a la sentencia objeto de tutela se desarrolló con todas las
garantías para las partes, razón por la que no puede afirmarse que la decisión
cuestionada haya sido arbitraria o que con ella se desconocieron los derechos
fundamentales invocados por la entidad accionante.

7.2. Señaló que el propósito de la tutelante es reabrir el debate jurídico que ya fue
resuelto por el juez ordinario de la causa y con ello se evidencia su intención de
desconocer la firmeza y ejecutoria de la decisión adoptada por el juez natural de la
causa.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

7.3. El Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, por intermedio del
consejero ponente de la decisión enjuiciada, rindió informe en el que señaló que
se acogía íntegramente a lo decidido por el juez de tutela.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la acción de tutela
presentada por la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en contra de la sentencia de 21 de mayo de 2021,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, en
virtud de lo previsto en el el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 20173 y, en armonía, con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184,
respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de
Estado.

VI.2. Problemas jurídicos

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si la sentencia de 21 de mayo de 2021, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B vulneró los
derechos fundamentales invocados por la entidad accionante, al revocar la
decisión de primera instancia, que había negado las pretensiones
planteadas en el interior del proceso de reparación directa número núm.
25000-23-26-000-2011-00194-01, por, presuntamente, haber incurrido: i) en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional, contenido en las sentencias C – 037 de 1996 y SU – 072 de
2018; ii) en defecto material por falta de aplicación de los artículos 63 del
Código Civil y 70 de la Ley 270 de 1997; iii) en defecto fáctico, y iv) en
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia de segunda
instancia.

10. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en el interior de un

2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

proceso de acción de tutela; procediendo posteriormente a resolver el caso
concreto, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

11. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

12. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución7.

15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión8» que se encaje en dichos
parámetros.

16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

17. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

18. La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales «al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad» y, como consecuencia de
ello, deprecó que se dejara sin efectos la sentencia de 21 de mayo de 2021,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, en el
interior del medio de control de reparación directa número núm. 25000-23-26-000-
2011-00194-01 (46305).

19. La parte accionante plantea en su escrito de tutela que el juez contencioso en
segunda instancia incurrió en defecto material, sustantivo por desconocimiento del
precedente, fáctico y, además, desconoció el principio de congruencia de la
sentencia de segunda instancia y el carácter rogado del proceso de reparación
directa.

VI.5.1. Incumplimiento del requisito de la subsidiariedad frente al supuesto
defecto fáctico, el desconocimiento del principio de congruencia y el
carácter rogado del proceso de reparación directa

20. Respecto del requisito general de subsidiariedad, se debe iterar que la acción
de tutela tiene un carácter subsidiario, excepcional y residual, por lo que tal
mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede reemplazar a
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador.
Este carácter excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto
2591 de 1991, que expresamente prescribe: «la acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que

8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

20.1. En virtud de lo anterior, la parte actora se encuentra en el deber de utilizar los
medios de defensa previstos el ordenamiento jurídico para proteger los derechos
fundamentales que estima vulnerados por la decisión judicial objeto de tutela. Este
deber incluye la obligación de interponer, dentro del término, los medios de
defensa ordinarios. Así que la parte accionante deberá interponer la acción, los
recursos o promover los incidentes, establecidos en la normatividad, en tiempo, so
pena de que la acción constitucional de tutela devenga en improcedente.

20.2. Como corolario de lo anterior, se destaca que la acción de tutela deviene en
improcedente por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad, cuando:
i) se usa para revivir etapas procesales o para subsanar omisiones de las partes
en el proceso ordinario; ii) cuando la entidad accionante cuenta con otros medios
judiciales para exponer los cuestionamientos que sustentan la solicitud de amparo,
y iii) cuando asunto se encuentre en trámite, salvo la inminente ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, el amparo procederá como mecanismo
transitorio.

20.3. En este contexto, la Sección advierte que una parte de los argumentos que
sustentan la acción de amparo consiste en que la sentencia de 21 de mayo de
2021 incurrió en defecto fáctico, desconoció el «principio de congruencia» e,
igualmente, desconoció el principio de justicia rogada que caracteriza a los
procesos de reparación. A juicio de la parte actora, entonces, el juez de segunda
instancia incurrió en los aludidos yerros cuando le ordenó pedir excusas públicas,
como medida resarcitoria al daño denominado «daño al buen nombre». Al
respecto señala la entidad accionante:

[…] En consonancia a lo anterior el principio de congruencia en la decisión
judicial se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al
debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de
la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo
pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable
dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en
caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber
de explicar de forma clara las razones de tal omisión.

Para el caso en concreto, se advierte que el Consejo de Estado, Sección
Tercera Subsección “B” motivó su sentencia de segunda instancia bajo
unos supuestos que no fueron alegados en la demanda puesto que
como ya mencionó en líneas anteriores la aquí demandante NO solicitó
medida restaurativa alguna por afectación a bienes o derechos
constitucional o convencionalmente afectados y, por ende, frente a tal
medida ordenada de oficio no se ejerció el derecho de contradicción y
defensa por parte de la Rama Judicial, y no se encuentran acreditado
ese daño en forma alguna.

Por lo que al haber fallado extra petitum, al recaerse sobre un tema no
incluido en las pretensiones invocadas en el proceso, de tal modo que
se le cercenó tajantemente a la Nación –Rama Judicial la posibilidad de

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

efectuar alegaciones pertinentes en defensa de los intereses
relacionados con lo decidido, provocando la indefensión y vulnerándose
al debido proceso, derechos de defensa y de contradicción. […] (negrillas
fuera del original).

20.4. Frente a lo anterior, se debe señalar que esta Sala de Sección ha sostenido
pacíficamente que «el desconocimiento del principio de congruencia puede dar
lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión, con apoyo en
la causal contenida en el ordinal 5º del artículo 250 del CPACA, relacionada
con la nulidad originada en la sentencia, asociada a la falta de congruencia de la
decisión».

20.5. Así las cosas, la Sala encuentra que los motivos de inconformidad expuestos
por la parte actora consistentes en que la sentencia objeto de la acción de tutela
incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del carácter rogado del
proceso de reparación directa, se encuentran intrínsecamente relacionados con
el desconocimiento del principio de congruencia9, por tanto, los mismos no
cumplen con el requisito general de subsidiariedad porque la entidad
accionante cuenta con otro medio judicial, como es el recurso extraordinario
de revisión; máxime cuando no se demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable para que su solicitud de amparo procediera como mecanismo
transitorio10. Aunado a lo anterior, el actor tampoco señala que el recurso
extraordinario de revisión resulta inidóneo o ineficaz.

VI.5.2. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela frente al defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente

21. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala
entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada
por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

22. La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a lo siguiente:

22.1. El asunto reviste de relevancia constitucional porque se invoca la vulneración
de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso, la defensa y la
igualdad.

9
A propósito de este principio, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 25 de enero de 2018, explicó
que: […] El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino además, a los hechos que sirven
de soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que
contenga el concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta
que en este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el
libelo incoativo del proceso. (…)”.
10
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de
acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto
no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes
requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial
transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de
ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

22.2. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable11, dado que la
providencia censurada fue notificada electrónicamente el 10 de agosto de 2021, y
la presente acción de tutela fue radicada el 11 de enero de 2022. Por lo que se
estima que se cumple con el requisito de inmediatez de la solicitud de amparo.

22.3. El
requisito de la subsidiariedad también se satisface, en tanto que la
sentencia de 21 de mayo de 2021 fue proferida, en segunda instancia, por la
autoridad judicial accionada y la entidad actora no cuenta con otro medio de
defensa judicial para hacer valer los derechos fundamentales que invoca como
vulnerados.

22.4. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

22.5. No
se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es
necesario efectuar un análisis al respecto.

22.6. La
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y/o índole.

VI.5.2. Análisis de los defectos alegados en la acción de tutela

23. Encontrándose cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala de Decisión abordará el análisis de los defectos que sustentan la
acción de amparo.

24. En este punto resulta oportuno precisar que la Sala analizará en conjunto los
defectos material y sustantivo por desconocimiento del precedente, toda vez
que se fundamentan en un mismo supuesto, esto es, que la sentencia enjuiciada
no analizó si la providencia penal que ordenó la privación de la libertad del señor
Rubén Alejandro Cano Pinzón fue arbitraria, desproporcionada o irrazonable, y
porque se abstuvo de estudiar el medio exceptivo relacionado con la culpa
exclusiva de la víctima porque, a juicio del juez contencioso, se configuró el daño
especial a la víctima comoquiera que se decretó la atipicidad de la conducta que
se le imputaba.

VI.5.2.1. Caracterización del defecto material y sustantivo por
desconocimiento del precedente

25. Se tiene que la jurisprudencia12 ha entendido por precedente, la sentencia o el
conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse

11
Al respecto, ver sentencia de unificación por importancia jurídica proferida por la sala plena de lo contencioso-
administrativo el 5 de agosto de 2014, consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente: 11001-03-15-000-
2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., que fijó parámetros en relación con los requisitos de
inmediatez y subsidiaridad.
12
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i)
patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
nuevo caso.

26. Sedebe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en
cuenta la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a
aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo
operador judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción.

27. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.

28. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida
por la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
fijado por la jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo13.

29. La
jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de
antecedente y precedente, así14:

[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la
que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían
al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes
tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos
en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad […]15”.
(…)

el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas.

12

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Accionante: Nación - Rama Judicial

Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto
de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en
las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso […]16. (destacado
de la Sala)

30. Ahora bien, en lo relativo al defecto sustantivo17, esta Sección, siguiendo lo
establecido por la Corte Constitucional, ha sostenido que éste se presenta cuando
la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la
ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, entre otras, «porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador». (Negrillas de la Sala).

31. Asimismo, el juez constitucional debe tener en cuenta que, de acuerdo con el
artículo 230 de la Constitución Política18, los funcionarios judiciales gozan de
independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas que resultan
pertinentes al resolver un caso concreto y determinar el alcance y aplicación de
tales normas de derecho, empero, esta función debe desempeñarse con sujeción
a la Constitución y a la ley, mediante un ejercicio hermenéutico que fundamente su
decisión.

32. Eneste contexto, la Corte19 ha estudiado en numerosas oportunidades los
alcances del defecto sustantivo, sobre el cual ha dicho:

[…] una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador,

(ii). Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente,

16
Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
19
En el mismo sentido consultar la sentencia T – 1054 de 2008, en la cual se dice: “(…) la autonomía funcional del juez
protege la aplicación razonable del derecho y “no puede convertirse en patente de corso para aplicar cualquier
interpretación posible”, ya que “el sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones
posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho
requerimiento”. La autonomía judicial no equivale, entonces, “a la libertad absoluta de los jueces para interpretar el
derecho”, puesto que “de la Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la corrección dentro del
sistema jurídico y la realización de los principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación
dictada por las altas Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
Así las cosas, “cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales,
la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada)”, se configura un
defecto sustantivo que, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, torna procedente la acción de tutela en contra
de la decisión judicial (…)”.

13

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Accionante: Nación - Rama Judicial

(iii). Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva […]20 (negrillas fuera del original).

VI.5.2.2. Análisis de los defectos material y sustantivo por desconocimiento
del precedente

33. En el sub judice, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial aseveró que la sentencia de 21 de mayo de 2021
desconoció sus derechos fundamentales porque se abstuvo de aplicar las reglas
jurisprudenciales contenidas en las sentencias C – 037 de 1996 y SU – 072 de
2018. Igualmente, porque, a su juicio, se abstuvo de efectuar un análisis acerca de
la configuración de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima.

34. En este contexto, aduce la entidad accionante que la regla jurisprudencial
aplicada en la sentencia objeto de la acción de tutela desconoce el precedente
constitucional contenido en las precitadas sentencias porque el juez contencioso
tenía el deber de analizar si la medida privativa de la liberad del señor Cano
Pinzón había sido desproporcionada, innecesaria e irrazonable.

35. En cuanto al defecto sustantivo, la parte accionante aduce que el fallo
enjuiciado restringió, injustificadamente, la aplicación de la eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, consagrada en el artículo 70
de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en el artículo 63 del Código
Civil.

36. Sobre el particular, expone que la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
través de distintas providencias judiciales, ha sostenido pacíficamente que, en
materia de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la culpa
exclusiva de la víctima se debe analizar desde la «noción de culpa grave o dolo»
propia del derecho civil. En este contexto, expresa la parte actora que se debe
exonerar de responsabilidad al Estado cuando se prueba que la conducta pre
procesal o procesal del encartado dio lugar al inicio de la investigación, porque
actuó de manera negligente, descuidada o desconociendo el deber objetivo de
cuidado.

37. Ahora bien, la sentencia objeto de censura, al analizar si en el caso concreto
concurrían los elementos de la responsabilidad del Estado por privación injusta de
la libertad, precisó lo siguiente:

[…] Con las piezas del proceso penal está demostrado que el
demandante Rubén Alejandro Cano Pinzón fue privado de su
libertad con ocasión de un proceso penal en el que le fue imputado

20
Corte Constitucional, Sentencia SU 918 de 2013. MP. Jorge Ignacio Pretelt Ch.

14

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Accionante: Nación - Rama Judicial

el delito de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo21, teniendo
como fundamento información que encontró el Ejercitó en discos duros
presuntamente pertenecientes a las Farc y que podían contener
información relacionada con actividades y finanzas de dicha organización.

En la sentencia del 27 de octubre de 2009, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito con función de conocimiento absolvió al demandante Cano
Pinzón. La absolución del demandante fue solicitada por la Fiscalía
debido a que las pruebas que habían sido decretadas y que le
sirvieron de soporte a la acusación, fueron excluidas por ilícitas22, lo
que generaba la imposibilidad de acreditar la responsabilidad del
imputado en el juicio oral. El juez de conocimiento acogió la solicitud de la
Fiscalía y absolvió al demandante. Al respecto se señaló en el fallo <<(…)
por ausencia de alternativa posible para resolver las dudas existentes en
cuanto a la responsabilidad del acusado y como quiera que se está frente
a una justicia rogada, no le queda otra alternativa al despacho que
absolver por duda (…)>>. La anterior decisión fue apelada por la defensa
del demandante, al considerar que la absolución debía darse por
atipicidad de la conducta.

El 29 de enero de 2010 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa y modificó el
numeral primero de la sentencia de primera instancia, para en su lugar:

<<(…) absolver por atipicidad de la conducta al demandante Cano
Pinzón (…), lo anterior debido a que al no contar con medios de prueba
que permitan inferir el surgimiento del actuar ilícito, o la responsabilidad
del procesado, dispondrá la declaratoria de no responsabilidad por
atipicidad de la conducta (…)23>>.

19.- En consecuencia, la privación de la libertad que padeció el
demandante Cano Pinzón durante el transcurso del proceso le
generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas
públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en
sociedad. Se trata de un daño especial, particular y grave que tiene el
carácter de antijurídico a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la
C.P., y que debe ser indemnizado por el Estado […]. (negrillas de la Sala)

38. A partir de lo expuesto, la Sala advierte que, aunque en la sentencia enjuiciada
no se hizo alusión expresa a los precedentes constitucionales que alega como
desconocidos la entidad accionante, la realidad es que el juez contencioso no se
apartó de los postulados contenidos en las sentencias C-037 de 1996 y SU – 072
de 2018, en tanto que una de las razones para aplicar un régimen de
responsabilidad objetivo en los casos de privación injusta de la libertad, se
configura cuando la privación se dio como consecuencia de una conducta punible
inexistente o atípica, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa.

21
El 23 de noviembre de 2007 la Fiscalía presentó escrito de acusación contra el procesado por el delito de rebelión y
radicó escrito de preclusión por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir. Dicha petición fue negada por el Juez
Cuarto Penal del Circuito y en segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión del a quo
y en su lugar decreto la preclusión de la investigación del acusado por el delito de terrorismo y concierto para delinquir.
22
Mediante providencia del 20 de noviembre de 2008 la Sala Penal del Tribunal Superior determinó la ilicitud de la prueba
contenida en los discos duros (Fl. 9 c. 2).
23
Fl. 22 c. 2.

15

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Accionante: Nación - Rama Judicial

39. La Sala Destaca que esta Sección, mediante sentencia 11 de diciembre de
2020, al resolver en un asunto de supuestos fácticos y jurídicos muy similares a
los expuestos en la presente solicitud de amparo, consideró lo siguiente:

[…] De manera que, aunque es un hecho cierto que la decisión penal que
revocó la condena proferida en contra del señor Ibáñez Martiatu es
explicita en señalar que la absolución deviene de la aplicación del
principio de in dubio pro reo, la Sala de Decisión precisa que la
autoridad judicial accionada, al valorar el contenido de la sentencia de 26
de junio de 2009, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala
Penal, concluyó que en realidad se estaba ante un evento de falso in
dubio pro reo porque la verdadera razón por la cual fue absuelto el
encartado obedeció a que el hecho punible no existió24.

En este contexto, se debe resaltar que el juez contencioso cuenta con
un amplio margen de discrecionalidad para valorar el contenido de
los medios de convicción que obran en el plenario.

Dicho lo anterior, la Sala aprecia que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, actuando dentro de los principios del
sistema de valoración probatoria de la sana crítica, consideró que la
absolución del procesado había sido producto de la inexistencia del
hecho punible que a él se le había imputado por lo que, ante tal
escenario, resultaba procedente la aplicación de un régimen de
responsabilidad de naturaleza objetiva.

Por todo lo anterior, esta Sala de Sección considera que, en el sub
judice, no se configura el defecto denunciado por la parte actora, en
tanto que la providencia enjuiciada motivó razonada y
justificadamente las circunstancias específicas por las que el caso
concreto debía analizarse bajo un título de imputación de naturaleza
objetiva25 […]. (negrillas y subrayas de la Sala)

40. Con fundamento en las anteriores premisas y previa lectura de la sentencia
objeto de la acción de tutela, encuentra la Sala de Decisión que la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado justificó la aplicación de un
régimen objetivo de responsabilidad bajo la premisa consistente en que la
absolución del procesado fue consecuencia de que la conducta que se le
imputó fue declarada atípica, es decir, en razón que no se aportó al plenario
ningún elemento material probatorio que logara evidenciar la comisión de
las conductas punibles que le fueron endilgadas al procesado.

41. Cabe destacar que uno de los eventos en los que resulta admisible la aplicación
del régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad deriva
de cuando la absolución del procesado es consecuencia de la atipicidad de la
conducta, tal como lo reconoció la Corte en la sentencia SU-072 de 2018:

[…] Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos
deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta

24
Respecto al falso in dubio pro reo consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 14 de
septiembre de 2017. Exp. No. 05001-23-31-000-2002-02477-01(45349). C.P.: Martha Nubia Velázquez Rico.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de diciembre de 2020.
Expediente: 11001-03-15-000-2020-04597-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

16

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era objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al
investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada,
luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de
carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra
sin mayores esfuerzos […].

42. Por todo lo anterior, esta Sala de Sección considera que, en el sub judice, no se
configura el defecto denunciado por la parte actora, en tanto que la providencia
enjuiciada motivó razonada y justificadamente las circunstancias específicas por
las que el caso concreto debía analizarse bajo un título de imputación de
naturaleza objetiva.

43. De otra parte, es preciso señalar que la entidad accionante expuso que en la
providencia acusada también se incurrió en un defecto sustantivo como
consecuencia de no haberse valorado la causal eximente de responsabilidad de
culpa exclusiva de la víctima. A juicio de la parte actora, la decisión acusada se
abstuvo de aplicar los artículos 70 de la Ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil y,
como consecuencia de ello, se vulneró su derecho de contradicción y de defensa.

44. En este aspecto, debe resaltarse que, al abordar el análisis de la eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, la sentencia objeto de la acción
de tutela únicamente analizó la conducta procesal del procesado, en los
siguientes términos:

[…] No está probado que el demandante Cano Pinzón hubiera
realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser
determinantes para la imposición de la medida de aseguramiento. Por
el contrario, siempre manifestó ser inocente, razón por la cual no se
configuró la culpa de la víctima […]. (negrillas y subrayado de la Sala)

45. En este punto la Sala debe precisar que, conforme se desarrolló ampliamente
por esta Sección en la sentencia 11 de diciembre de 202026, «[…] el entendimiento
del alcance de la culpa exclusiva de la víctima en los procesos de responsabilidad
del Estado por privación injusta de la libertad, en estos momentos, no es un
asunto pacífico porque la Subsección B de dicha Sección ha venido sosteniendo
que la única conducta que puede ser valorada y, por ende, capaz de liberar de
responsabilidad al Estado, es la conducta procesal, en tanto que la conducta
preprocesal no puede ser objeto de análisis por el juez contencioso […]».

46. En otras palabras, y ante la discrepancia de criterios existente en las distintas
salas de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente al análisis de la culpa
exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad en los procesos de
privación injusta de la libertad, esto es, si se debe analizar la conducta procesal o
preprocesal del imputado, la realidad es que no resulta arbitrario ni genera un
desconocimiento de los derechos fundamentales el que el juez de la causa
aplique, en desarrollo de su autonomía judicial, de forma sustentada y con arreglo
de los principios del sistema de valoración probatoria de la sana crítica, la regla
que considere más apropiada para resolver la cuestión planteada.

26
Ibidem.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

47. En este contexto, cabe resaltar que la procedencia del mecanismo de amparo
en contra de providencias judiciales proferidas por altas cortes es más restrictiva,
en tanto que únicamente tiene cabida «[…] cuando una decisión riñe de manera
abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la
condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión […]»27.

48. Portal razón, se advierte que prevalecen los principios de autonomía e
independencia de la autoridad judicial accionada, en razón a su carácter de
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

49. Con fundamento en los anteriores razonamientos, la Sala negará la solicitud de
amparo respecto del supuesto defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo respecto de los
motivos de inconformidad asociados con el defecto fáctico, del desconocimiento
del principio de congruencia y del principio de justicia rogada, por las razones
expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela promovida por la Nación - Rama Judicial
• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial respecto de los defectos
material y sustantivo por desconocimiento del precedente, conforme a los
argumentos consignados en la parte considerativas de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a

27
Corte Constitucional, Sentencia SU – 917 de 2010. M.P.: Jorge Iván Palacio P.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00236-00
Accionante: Nación - Rama Judicial

la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

P (17)

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con
el artículo 186 del CPACA.

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