Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00260-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00260-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00260-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
24 de febrero de 2022
Demandante: Luz Enis Mejía Arzuaga
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-00260-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-00260-00
Demandante: LUZ ENIS MEJÍA ARZUAGA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – Improcedencia por no superar el requisito
de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Luz Enis Mejía Arzuaga contra la Presidencia de la República y la
Nación – Ministerio de Defensa – Secretaría General de la Policía Nacional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito radicado el 16 de diciembre de 2021 en la Oficina de Reparto del
Tribunal Administrativo del Cesar1, la señora Luz Enis Mejía Arzuaga, actuado en
nombre propio, instauró acción de tutela contra la Presidencia de la República y la
Nación – Ministerio de Defensa – Secretaría General de la Policía Nacional, con el
fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido
proceso, vida digna, seguridad social y a la igualdad”.
1
Mediante auto del 11 de enero de 2022 el referido tribunal remitió la presente acción de tutela al
Consejo de Estado, atendiendo a las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021.
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2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales
debido a que desde el año 2016 se encuentra en turno para el pago de una
sentencia judicial, sin embargo, la Secretaría General de la Policía Nacional le
manifestó que “no cuenta con presupuesto para el pago de dicha sentencia”.
1.2. Pretensión
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…) se ordene a la Secretaría General de la Policía Nacional – Ministerio de
Defensa y a la Presidencia de la República el cumplimiento y pago efectivo de la
sentencia objeto de esta acción de tutela (…)”.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. Mediante fallo de 2013, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Valledupar2, le reconoció a la señora Mejía Arzuaga dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho3: “(…) la suma que resulte como
diferencia por concepto de prima de riesgo (…) dejada de percibir a partir del primero (1)
de agosto de 2009 hasta la fecha de su desvinculación (31 de enero de 2012), tomando
en cuenta el salario base”.
5. La accionante adujo que desde el año 2014, Colpensiones le reconoció la
pensión de vejez, tras haber laborado los últimos años en la Policía Nacional y
cumplir con los requisitos de ley.
6. En virtud de la sentencia judicial enunciada, el 2 de mayo de 2016, la
apoderada judicial de la actora radicó ante la Policía Nacional, cuenta de cobro
bajo Oficio Nº 048253.
2
A pesar de que se le solicitó a la actora la sentencia de la referencia, esta no fue allegada. Por
ello los datos que se conocen fueron extraídos de los documentos aportados por el Ministerio de
Defensa Nacional – Secretaría de la Policía Nacional dentro de la contestación a la tutela allegada.
3
Proceso identificado con radicado Nº 20001-33-33-001-2013-00203-00.
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7. A través de Comunicación Oficial Nº S-2016-188065/ GUDEJ – ARDEJ de 11
de julio de 2016, la entidad le comunicó que la solicitud presentada no cumplía con
los requisitos de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 359 de 1995, por lo que
se le solicitó presentar poder con facultad expresa de recibir.
8. Con ocasión del cumplimiento del requerimiento, el 22 de marzo de 2017, por
medio de Comunicación Oficial Nº S-2017-008758/ SEGEN – GUDEJ – ARDEJ,
se le asignó el turno de pago Nº 703-S-2016-01 y se le indicó que este sería
cumplido de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad y el derecho
al turno contemplado en el artículo 15 de la Ley 962 de 2005.
9. En repetidas ocasiones la apoderada de la parte actora le solicitó al Ministerio
de Defensa Nacional – Secretaría General de la Policía Nacional, a través de
peticiones que se realizara el pago correspondiente al cual su prohijada tenía
derecho, sin embargo, la entidad le comunicó que a esta se le había asignado un
turno de pago, el cual sería sufragado en orden cronológico de presentación de
cuentas de cobro y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
1.4. Fundamentos de la vulneración
10. La señora Mejía Arzuaga adujo que, contaba con una pensión que le permitía
cubrir sus necesidades básicas, pero, sin derecho a ningún otro goce adicional.
Además, argumentó que la entidad accionada había venido retrasando el pago al
que tiene derecho, desconociendo su estado de vulnerabilidad, edad y la
posibilidad de que ni siquiera alcanzara a disfrutar de ese reconocimiento por el
contexto de salubridad que afronta Colombia y el mundo entero a causa del Covid-
19.
11. Adicionalmente, la tutelante reiteró que, por ser una adulta mayor se
encontraba en un estado de indefensión. Para sustentar ello, citó una serie de
providencias de la Corte Constitucional4 que hacían referencia a las personas de
tercera edad, la protección de su derecho a la seguridad social y al mínimo vital.
4
Entre ellas hizo alusión a: Sentencia T-116 de 1993, T-438 de 1997, T-495 de 1997, T-458 de
1997, T-738 de 1998, T-107 de 1998, T-075 de 1999, T-099 de 1999, T-753 de 1999, T-755 de
1999, T-481 de 2000, T-1752 de 2000, T-042 de 2001, T-482 de 2001, T-1316 de 2001, T-433 de
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1.5. Trámite de la acción de tutela
12. Mediante auto del 31 de enero de 2022, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación a la accionante, y a la Presidencia de
la República y a la Nación – Ministerio de Defensa – Secretaría General de la
Policía Nacional, como entidades accionadas.
13. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico
del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar y
Colpensiones.
14. Además, ofició a la Secretaría General de la Policía Nacional para que allegara
un informe detallado en el que se indicara el trámite que se le ha impartido a la
solicitud de pago elevada por la señora Luz Enis Mejía Arzuaga respecto de la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Valledupar “bajo el número de radicado 2013-0203”.
15. Finalmente, requirió a la señora Mejía Arzuaga para que informara: i) si
percibía mesada pensional; ii) si tenía otros ingresos de los cuales derivara su
sustento; iii) si dependía económicamente de alguien o si alguien dependía
económicamente de ella, con sus respectivos soportes y; iv) para que aportara la
sentencia judicial que presuntamente le reconoció el pago de unas prestaciones
sociales “bajo el número de radicado 2013-0203”, pues pese a que en el escrito de
tutela manifestó que la adjuntaría, no obraba en el expediente digital.
1.5.1. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
16. Con escrito enviado el 3 de febrero del 2022, el apoderado judicial expresó
que no existía una vulneración a los derechos fundamentales invocados por parte
2002, T-310 de 2010, T-458 de 2011, T-581A de 2011, T-207 de 2013, C-177 de 2016, T-716 de
2017.
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de la Presidencia de la República o el presidente de la República, pues de
acuerdo con el escrito de tutela, los reproches se habían manifestado por acciones
y/u omisiones de la Secretaría General de la Policía Nacional.
17. Además, indicó la falta de legitimación en la causa por pasiva tanto del DAPRE
como del presidente de la República, dado que ninguna de las funciones
atribuidas a la entidad le permitían realizar las actuaciones pretendidas por la
accionante y, los actos expedidos por el Gobierno Nacional se hacían en
representación del ministro o director correspondiente, no en cabeza del
presidente.
18. Por lo tanto, solicitó que declarara “la falta de legitimación material en la causa por
pasiva y/o la improcedencia de la acción de tutela por inexistencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados”.
1.5.1.2. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Secretaría
General
19. Mediante documento allegado el 7 de febrero de 2022, el jefe (E) del Área de
Defensa Judicial señaló que, lo consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del
2005, se concebía como una medida razonable con la que se evitaba la
malversación de los recursos públicos, evitando vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de los beneficiarios, pues las cuentas de cobro se
pagaban de acuerdo con el orden cronológico de llegada.
20. Con ocasión de ello, adujo que la Policía Nacional dependía de la asignación
de un rubro presupuestal que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público disponía
para ejecutar las sentencias judiciales, sin embargo, indicó que los recursos
destinados para tal fin siempre habían sido inferiores a las acreencias, generando
un retraso en el pago oportuno de las cuentas de cobro presentadas.
21. Razón por la cual puso de presente que, el Grupo de Ejecución de Decisiones
Judiciales – Área de Defensa Judicial de la Secretaría General, se encontraba
cancelando las cuentas de cobro radicadas en debida forma en el segundo
semestre del año 2015, en el caso de sentencias judiciales.
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22. Por otro lado, advirtió que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, “(…) el pago del retroactivo pensional no debe ventilar en sede de tutela
cuando se reduce a una cuestión dineraria que no afecta el mínimo vital de quien ya está
recibiendo una asignación mensual5”.
23. Adicionalmente, mencionó que, desde la presentación de la cuenta de cobro
por parte de la actora, se habían efectuado las actuaciones administrativas,
jurídicas y financieras de su competencia, demostrando así su diligencia frente a
los requerimientos de la actora en los términos establecidos por ley. Por ello, la
anticipación o modificación de turnos de pago, vulneraría el debido proceso de los
demandantes inmersos en las sentencias que están a la espera de ser
canceladas.
24. Frente a ello, refirió que la tutela resultaría improcedente si lo que se pretendía
era la alteración del turno para pago de condenas judiciales, toda vez, que para tal
efecto el ordenamiento contemplaba un mecanismo judicial idóneo, es decir, el
proceso ejecutivo.
25. Además, explicó que en el caso en concreto no se evidenciaban los requisitos
de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad que se debían acreditar
para la procedencia del amparo a pesar de existir otros mecanismos de defensa.
Al respecto citó la sentencia T-015 de 2019 de la Corte Constitucional, donde se
aclara la diferencia entre adulto mayor y persona de la tercera edad, con el fin de
denotar que la actora no era un sujeto de especial protección constitucional.
26. Así las cosas, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
constitucional y que los derechos fundamentales invocados no habían sido
vulnerados por la entidad.
27. Los demás vinculados, pese a que se notificaron en debida forma, no
allegaron contestación alguna.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-677 de 2014.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Luz Enis Mejía Arzuaga, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 12° del artículo 2.2.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
29. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra la Presidencia de la
República y otros, por tanto, debe aplicarse el numeral 12° de la referida norma.
2.2. Legitimación en la acción de tutela
30. Se tiene que, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva
en el presente trámite constitucional, pues, a su juicio, no era el responsable por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora.
31. Dicha petición será aceptada, en virtud de que la entidad ante la cual la
accionante presentó la cuenta de cobro y está obligada al pago reconocido en
sentencia judicial proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, es el Ministerio de Defensa – Secretaría General de la
Policía Nacional. Por el contario, la Presidencia de la República fue vinculada
debido a que la parte actora la incluyó como extremo pasivo dentro de la acción de
tutela, sin embargo, de los argumentos expuestos por la entidad y los supuestos
fácticos del caso, no se evidencia la legitimación en la causa por pasiva de esta.
32. Motivo por el cual, en la parte resolutiva de esta providencia se declarará la
falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esta entidad.
2.3. Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:
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• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido
proceso, a la vida digna, a la seguridad social y a la igualdad de la señora
Luz Enis Mejía Arzuaga, por la demora en el pago de la cuenta de cobro
que se generó con ocasión de la sentencia judicial dictada por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar o, por el contrario,
no se superó el requisito de la subsidiariedad?
34. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
panorama general de la acción de tutela; (ii) sujetos de especial protección
constitucional; y (iii) subsidiariedad.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Panorama general de la acción de tutela
35. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
36. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del
derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.
37. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental.
2.4.2. Sujetos de especial protección constitucional
38. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección6, la Corte
Constitucional lo ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
6
En Sentencia del 5.12.2019. M.P. Rocío Araujo Oñate (Exp. Nº 2019-04487-00) esta Sección del
Consejo de Estado, resaltó la especial protección constitucional de que gozan algunos sujetos,
dentro de los que se encuentran las mujeres y los niños.
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particulares, a saber, físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo
reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.
39. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se
encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas
desplazadas por la violencia, aquellas que se encuentran en extrema pobreza y
“todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una
posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual
considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en
la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de
debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los
mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material
a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados7”.
40. Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los
artículos 13 y 44, impone la obligación de promover condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva, creando garantías para los grupos marginados.
2.4.3. Subsidiariedad
41. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
42. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la tutela.
43. En el presente caso, la señora Mejía Arzuaga refirió que el Ministerio de
Defensa Nacional – Secretaría General de la Policía Nacional, vulneró sus
derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la vida digna, a la
7
Corte Constitucional, Sentencia T-495 del 16.06.2010 M.P., Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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seguridad social y a la igualdad, pues desde el 2016 había solicitado por medio de
cuenta de cobro el pago de las acreencias reconocidas en sentencia judicial por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, no obstante
ello, y a pesar de insistir en reiteradas oportunidades, esta obligación no ha sido
cumplida.
44. Por su parte, la entidad accionada puso de presente que el 22 de marzo de
2017 mediante Comunicación Oficial Nº S-2017-008758/ SEGEN – GUDEJ –
ARDEJ, se le asignó el turno de pago Nº 703-S-2016-01 a la tutelante, sin
embargo, a la fecha de la contestación de la tutela, se encontraban cancelando las
cuentas de cobro radicadas en debida forma en el segundo semestre del año
2015, en el caso de sentencias judiciales, pues ello obedecía al turno indicado por
la entidad, en orden cronológico y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal
con la que se contara.
45. Con ocasión de lo anterior, es valioso recordar que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha señalado la importancia del cumplimiento de los fallos
judiciales, catalogándolo como un derecho fundamental de aquellas personas que
han sido beneficiarias de tales decisiones. Al respecto en sentencia T-533 de 1995
se determinó lo siguiente:
“La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta
esencial para garantizar no solamente el cometido de la persona - que se
constituye en su derecho fundamental- de acceder materialmente a la
administración de justicia sino para sostener el principio democrático y los valores
del Estado de Derecho.
(…)
La actitud de desacato a las providencias de los jueces, por lo que significa como
forma de desestabilización del sistema jurídico debe ser sancionada con
severidad. Frente a ella por supuesto, cabe la tutela para proteger los derechos
fundamentales que, como consecuencia, puedan resultar afectados.
(…)
El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia pues
la circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho
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garantizado por el Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con
exactitud y oportunidad (…)8.
46. A pesar de ello, se ha suscitado si el mecanismo de la acción constitucional es
el adecuado para solicitar lo anterior. Frente a esto, la máxima autoridad
constitucional ha indicado que: “(…) no obstante su carácter residual y subsidiario, la
acción de tutela es procedente para hacer cumplir un fallo judicial cuando la inobservancia
del mismo ha conllevado a la clara afectación de derechos fundamentales y los
mecanismos judiciales alternativos no son lo suficientemente eficaces, de acuerdo con las
circunstancias de cada caso. Ello implica que el juez de tutela está en la obligación de
determinar si en el asunto que se somete a su consideración se hace necesario la
protección por esta vía9”. (Subrayado propio)
47. Es así que, es deber del juez de tutela estudiar las particularidades de cada
caso con el fin de determinar si la acción constitucional es procedente para exigir
el cumplimiento de sentencias judiciales.
48. Por ello, la jurisprudencia de la Corporación constitucional ha dilucidado con
respecto al tema que, para determinar la superación del requisito de
subsidiariedad, se debe diferenciar si lo ordenado en el fallo corresponde a una
obligación de “dar” o de “hacer”. En sentencia T-394 de 201410, se explicó que:
“(…) La Corte Constitucional ha establecido una diferenciación dependiendo de la
naturaleza de la obligación contenida en la sentencia judicial que se incumple, con
la finalidad de establecer la procedencia de la acción de tutela para su
cumplimiento. Ha reiterado que el mecanismo tutelar resulta procedente cuando se
encuentra ante el incumplimiento de una obligación de hacer, como por ejemplo,
cuando la sentencia judicial ordena el reintegro de un trabajador; en estos eventos
la Corte ha aceptado la tutela como el mecanismo idóneo para exigir el
cumplimiento de la sentencia judicial. Por el contrario, cuando la providencia
ordena una obligación de dar, en principio, la acción de tutela es improcedente
para ordenar el cumplimiento de la orden; en esos eventos, la jurisprudencia
constitucional ha afirmado que el ordenamiento jurídico contempla un mecanismo
8
Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-131 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10
Es preciso anotar que las sentencias de tutela son consideradas mayoritariamente por esta Sala
como criterio auxiliar. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 03.02.22, Rad. 11001-03-15-000-2021-06084-01.
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principal e idóneo para exigir el cumplimiento de éste tipo de obligaciones, como
es el proceso ejecutivo (…)11”. (Subrayado propio)
49. En el caso concreto, se advierte que la actora solicita que la entidad
demandada le pague las prestaciones sociales que fueron reconocidas en
sentencia judicial. Por lo tanto, la obligación presente es de “dar”, por lo que se
consideraría a primera vista que la acción tutelar es improcedente de acuerdo con
lo referido por la jurisprudencia constitucional.
50. Sin embargo, en sentencia T-441 de 201312, la Corte Constitucional aseguró
que la improcedencia de la acción de tutela ejercida para lograr el cumplimiento de
sentencias judiciales donde la obligación pendiente sea de “dar”, resulta
excepcional, pero no constituye una regla absoluta. De igual forma en la sentencia
T-349 de 2014, se establecieron unos requisitos para determinar lo anterior:
“[…] 4.2.6. Así, la procedencia excepcional de la tutela para solicitar el
cumplimiento de una orden judicial que establezca una obligación de dar, exige: (i)
la afectación de otros derechos fundamentales del accionante y (ii) que los
mecanismos judiciales ordinarios no sean eficaces o idóneos para el resguardo de
los mismos. En tal sentido, se ha declarado la procedencia en este tipo de casos
cuando existe una violación al mínimo vital, la dignidad humana, la integridad
física, entre otros y ésta se configure en un perjuicio irremediable.
4.2.7. En conclusión, esta Corporación ha sostenido que el proceso ejecutivo es
más idóneo para garantizar el cumplimiento de obligaciones de dar que para hacer
efectivas las obligaciones de hacer, pues respecto a aquellas, existen mecanismos
procesales para hacer más eficaz el acatamiento. No obstante, “en ambos casos,
depende del carácter fundamental del derecho amenazado por la ausencia de
ejecución de la providencia judicial -más allá de la violación al debido proceso y al
derecho a la administración de justicia, desconocidos ambos por la ausencia de
ejecución de la providencia-, lo que determina si el trámite ejecutivo constituye o
no un mecanismo idóneo que haga improcedente la acción de tutela13”.
51. Así entonces, se deben examinar las condiciones de la parte demandante con
el fin de comprobar la existencia de violación a derechos fundamentales como al
mínimo vital, a la dignidad humana e integridad física y la idoneidad de los otros
mecanismos.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-394 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-441 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-349 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Demandante: Luz Enis Mejía Arzuaga
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52. En el caso que ocupa la atención de la Sala, la señora Mejía Arzuaga adujo
ser un adulto mayor que solo contaba con una pensión que le permitía vivir con
sus necesidades básicas cubiertas, pero, sin derecho a ningún otro goce adicional.
No obstante se le requirió ampliar un poco la anterior afirmación y sustentarla
probatoriamente con el fin de determinar si era susceptible de ser catalogada
como sujeto de especial protección constitucional, sin embargo, ella no atendió a
la solicitud.
53. La Máxima Corporación Constitucional, ha señalado que existe una diferencia
entre los conceptos de adulto mayor y persona de la tercera edad. Así en la
sentencia T-013 de 2020 se recordó que:
“28. En lo concerniente a la edad, las sentencias T-339 y T-598 de 2017, sostienen
• según el criterio de la Sala Plena de esta Corporación14-, que las personas de la
tercera edad se consideran sujetos de especial protección constitucional dadas las
condiciones fisiológicas propias del paso del tiempo. Por ende, no solo el Estado
debe proveerles un trato diferencial, sino que con arreglo al principio de
solidaridad, incluso los particulares han de esforzarse para lograr los fines
protectores que impone el ordenamiento superior respecto de ellas15.
29. En este punto conviene precisar que el término “persona de la tercera edad” y
el concepto “adulto mayor”, que a menudo se usan indistintamente, no pueden ser
empleados como sinónimos.
El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de 2009. En ella se apela a
la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en pensiones, con el fin
de identificar la población destinataria de la atención integral en los centros vida.
De cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma, será adulto mayor quien
supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años,
tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”.
Dicha definición opera para los efectos de esa norma, a saber, para la “atención
integral del adulto mayor en los centros vida” y según lo ha precisado esta
Corporación, solo es aplicable en ese ámbito y no de forma genérica16.
30. Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla
quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No
14
Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-598 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-138 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario,
cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor.
31. Para efecto de precisar a qué edad una persona puede catalogarse en la
tercera edad, esta Corporación ha acudido a la esperanza de vida certificada por el
DANE. Ha asumido que la tercera edad inicia cuando la persona supera la
expectativa de vida fijada por aquel organismo público, misma que varía
periódicamente. A esta se le conoce como la tesis de la vida probable.
(…)
Ahora bien, el análisis de subsidiariedad debe hacerse igualmente de modo
flexible cuando se trata de una persona de la tercera edad, puesto que “cuando
una persona sobrepasa el promedio de vida de los colombianos (…) por su
avanzada edad [es dable suponer que], ya su existencia se habría extinguido para
la fecha de una decisión dentro de un proceso judicial ordinario.17” En el caso de
las personas que son consideradas adultos mayores, se requiere analizar además
otras circunstancias del caso que den cuenta de su vulnerabilidad18”. (Subrayado
propio)
54. A pesar de que la accionante no indicó qué edad tiene, la Sala evidencia que a
través de una petición presentada ante la Secretaría General de la Policía
Nacional el 20 de agosto de 2021, la señora Mejía Arzuaga manifestó: “(…)
¿Cuánto tiempo más tengo que esperar, siendo una persona de 65 años (…)19”.
55. Por consiguiente, la actora, atendiendo solamente a la edad, no podría ser
considerada un sujeto de especial protección constitucional, en atención en que no
es una persona de la tercera edad20, sino un adulto mayor. Ahora, revisando si
existen otras circunstancias que den cuenta de su vulnerabilidad, tal como lo ha
indicado la jurisprudencia, se evidencia que la señora Mejía Arzuaga afirmó que
con la pensión recibida podía cubrir sus necesidades básicas.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-013 de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19
Folio 25 de la contestación a la tutela allegada por el Ministerio de Defensa – Secretaría General
de la Policía Nacional.
20
De acuerdo con el DANE, para el 2021, la esperanza de vida para las mujeres era de 80 años.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/estimaciones-del-
cambio-demografico
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56. Por ello, no se halla otro elemento que permita hacer un estudio un poco más
flexible en cuanto al requisito de la subsidiariedad, ni se encuentra acreditado un
posible perjuicio irremediable.
57. Así las cosas no se comprueba la afectación de otros derechos fundamentales
de la accionante como por ejemplo el mínimo vital y, en cambio, sí se evidencia
que esta tiene a su disponibilidad el mecanismo ordinario del proceso ejecutivo
para que se cumpla lo pretendido.
58. La Corte Constitucional ha explicado que el proceso ejecutivo “(…) tiene la
virtualidad de obtener el forzoso cumplimiento de aquello que se quiere eludir, mediante la
aplicación de medidas que, como el embargo y posterior remate de los bienes del deudor,
están en manos del juez, quien las lleva adelante pese a la resistencia del demandado, en
los casos y dentro de las reglas procesales pertinentes21”.
59. Por lo tanto, al no conjurarse un perjuicio irremediable, que permita hacer uso
de la acción de tutela como mecanismo transitorio, y encontrar el proceso
ejecutivo como el medio de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger los
derechos fundamentales invocados, además de no evidenciarse condiciones
particulares de vulnerabilidad en la situación de la actora; esta Sala de Decisión
declarará la improcedencia del amparo por no superarse el requisito de
subsidiariedad.
2.5. Conclusión
60. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela instaurada por la
señora Luz Enis Mejía Arzuaga, por no superarse el requisito de la subsidiariedad,
en virtud de que tiene a su disposición el mecanismo idóneo del proceso ejecutivo
para hacer cumplir sus pretensiones.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
21
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.
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FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, según lo indicado
en esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Luz Enis Mejía Arzuaga, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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