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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00283-00

Fecha
22 de marzo de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00283-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00283-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de marzo de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-00283-00
Demandante: GARCILASO DE LA VEGA SERNA
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO Y
OTROS
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: DECLARA IMPROCEDENTE. INMEDIATEZ.
VACANCIA JUDICIAL.

Síntesis del caso: el demandante estimó vulnerados sus derechos constitucionales
fundamentales debido a que la Superintendencia de Sociedades lo excluyó de la lista de
auxiliares de la justicia y le impuso una multa porque no cumplió cabalmente sus
obligaciones como liquidador de una sociedad. La Sala declaró improcedente el
mecanismo, tras evidenciar que el mecanismo se interpuso en un término superior al
dispuesto como razonable por la jurisprudencia.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Garcilaso de la Vega
Serna contra la Sección Primera del Consejo de estado, la Sala de Decisión no. 004
del Tribunal Administrativo de Bolívar y la Superintendencia de Sociedades para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y del acceso a la
administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado el 15 de enero de 2021 el demandante presentó acción
de tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales antes
referidos.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00283-00
Demandante: Garcilaso de la Vega Serna
Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Estuvo inscrito como liquidador en la lista de auxiliares de la justicia de la
Superintendencia de Sociedades.

2) Mediante auto de 6 de agosto de 2001 se dio apretura al trámite de liquidación
obligatoria de la sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe SA
• DRAGACOL SA, proveído en el que fue nombrado como liquidador de esa
sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 de la Ley 222 de 1995.

3) La Superintendencia de Sociedades con auto de 9 de octubre de 2003 ordenó la
remoción del actor como liquidador y mediante autos de 10 de marzo de 2004 y 19
de abril de 2004 lo excluyó como auxiliar de justicia por incumplimiento grave de sus
funciones por producir una falsa disminución al patrimonio liquidable de la
concursada y, por ende, graves perjuicios a los acreedores.

4) El tutelante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de los autos de 10 de
marzo de 2004 y 19 de abril de 2004.

5) La Sala de Decisión no. 004 del Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia
de 4 de julio de 2014 declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y se
inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo.

6) El demandante apeló y la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia
de 3 de junio de 2021 confirmó la decisión de primera instancia.

El fundamento de la vulneración

El demandante manifestó que se vulneró su derecho constitucional fundamental al
debido proceso con ocasión de la decisión de la Superintendencia de Sociedades
que lo excluyó de la lista de auxiliares de la justicia en desatención de lo dispuesto
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, que regula dicho trámite.

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Demandante: Garcilaso de la Vega Serna
Acción de tutela

Sobre el particular, adujo que esa disposición normativa, la cual estaba vigente para
la época de los hechos, reguló el trámite de los incidentes, por lo que si se revisa el
procedimiento de su exclusión se podía evidenciar que no se siguieron las pautas
previstas en esa preceptiva.

Asimismo, porque en las providencias de primera y segunda instancia se tuvo por
probada la excepción de falta de jurisdicción y las autoridades se inhibieron para
emitir un pronunciamiento de fondo.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Principal.

• Tutelar el derecho fundamental al debido proceso en consecuencia dejar
sin efecto la Resolución Auto núm. 441-002658 de 10 de marzo de 2004
y la Resolución auto núm. 441-004283 de 19 de abril de 2004, por medio
de la cual se resuelve el recurso de reposición, en virtud del cual fue
negado. y me excluye de la lista de Auxiliares de la Superintendencia de
Sociedades.

Subsidiaria.

• Tutelar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
y al debido proceso en consecuencia, dejar sin efecto lo actuado por el
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Consejo de Estado, dentro del
proceso distinguido con el radicado No. 13001233100020040089601, y
en consecuencia se ordene que en un término razonable dicte una nueva
providencia donde se ordene la remisión a la jurisdicción competente.”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

A través de auto de 21 de enero de 2021 se admitió la acción de tutela y se ordenó
la notificación los presidentes y a los magistrados integrantes de la Sección Primera
del Consejo de Estado y de la Sala de Decisión no. 004 del Tribunal Administrativo
de Bolívar, así como al superintendente de Sociedades con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

A través de escrito radicado el 1º de febrero de 2022 el director de Procesos de
Liquidación I de la Superintendencia de Sociedades solicitó la nulidad del trámite

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impartido al proceso de acción de tutela porque la Sección Tercera de esta
Corporación carece de competencia funcional para resolver acciones de tutela
contra esa autoridad.

Mediante auto de 8 de marzo de 2021 este despacho denegó la solicitud aludida.

Actuación de las autoridades demandadas

La Sección Primera de esta Corporación, a través de la magistrada ponente de la
decisión, manifestó que el accionante introdujo un nuevo cargo o motivo de
ilegalidad o inconstitucionalidad que no fue planteado en el proceso ordinario, por
lo tanto, ese aspecto no fue analizado en las providencias censuradas.

Expuso que la tutela de la referencia se torna improcedente puesto que no superó
el requisito de subsidiariedad, debido a que se plantearon argumentos que no fueron
expuestos en el curso del proceso ordinario.

Las demás autoridades guardaron silencio.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco

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Demandante: Garcilaso de la Vega Serna
Acción de tutela

para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Primera del Consejo de estado, la Sala de Decisión no. 004 del Tribunal
Administrativo de Bolívar y a la Superintendencia de Sociedades con el fin de que
se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes referidos,
presuntamente vulnerados con ocasión de las sentencias de primera y segunda
instancia en las que se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento encaminadas a obtener la nulidad de los autos a través de los
cuales se excluyó al actor de la lista de liquidadores de la Superintendencia de
Sociedades y se le impuso una sanción pecunaria.

La Sección Primera de esta Corporación solicitó que se declare la improcedencia
del mecanismo por falta de subsidiariedad porque se propusieron argumentos
propios de ser debatidos en el proceso ordinario en la oportunidad correspondiente.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la tutela porque no se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez
por las razones que pasarán a exponerse:

1) La administración de justicia es un servicio público esencial que faculta a todas
las personas para acudir ante los jueces con el fin obtener una solución imparcial a
las controversias que surjan en la interacción social, con lo que se garantiza, entre
otros valores superiores, la convivencia pacífica.

2) En virtud de lo anterior, el acceso a la administración de justicia no se reduce a
brindar a los asociados la posibilidad de acudir a las autoridades jurisdiccionales,
sino que también comprende el derecho a que todos interesados en el litigio estén

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Demandante: Garcilaso de la Vega Serna
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en condiciones de igualdad, las actuaciones se adelanten conforme al ordenamiento
jurídico (principio de legalidad) y las controversias sean decididas oportunamente.

3) Para alcanzar dichos objetivos la administración de justicia debe ejercer sus
funciones permanentemente, es decir, de forma continua como lo prevé el artículo
228 de la Constitución Política, sin embargo, esta misma disposición le brinda la
posibilidad al legislador de establecer excepciones a esa regla y una de ellas es la
vacancia judicial dispuesta en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.

4) Ahora bien, el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 señala la posibilidad de aplicar
los principios generales del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del
Proceso, para interpretar las disposiciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 en
todo aquello que no sea contrario a dicho decreto.

5) Es por ello que en el evento en que el término para interponer demandas sean
de meses o años y venza durante la vacancia o cierre de los despachos judiciales,
estas deberán presentarse el primer día hábil siguiente, de acuerdo con el inciso 7º
del artículo 118 del CPG1.

6) Por lo tanto, el cese de actividades de la Rama Judicial (vacancia o paro) no
suspende el término establecido por la jurisprudencia constitucional para presentar
las acciones tutelas contra las providencias judiciales proferidas en los procesos
ordinarios.

7) Ahora bien, en el caso concreto la Sala encontró que en el presente asunto la
providencia de segunda instancia que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho fue proferida el 3 de junio de 2021 y notificada
mediante edicto fijado del 22 al 24 de junio de 2021, por lo que el término de seis
(6) meses habría vencido el 25 de diciembre del mismo año, fecha en la que la parte
actora podía presentar su tutela ante los juzgados penales de control de garantías
que no estaban en vacancia judicial. En todo caso, aún si se admitiera que la actora
no pudo presentar dicha demanda debido a la vacancia debe aclararse que la Rama
Judicial retomó sus actividades el 10 de enero de 2022.

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“Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó
a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del
respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil
siguiente.”

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8) Por consiguiente, en atención a lo dispuesto en el inciso 7º del artículo 118 del
CGP la parte demandante tenía hasta el primer día hábil del año siguiente, esto es,
el 11 de enero de 2022, pero la presentó hasta el 15 de enero de ese mismo año,
lo que denota que se ejerció de manera extemporánea.

9) Esta Sala reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis meses
puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa por lo que no siempre el
simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha
presentado de forma tardía ante la posibilidad que existan circunstancias especiales
que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un término
razonable sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho
fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea
siempre actual.

10) Sin embargo, la parte accionante no manifestó ninguna circunstancia que
permita flexibilizar el término de inmediatez y la Sala tampoco avizora alguna
particularidad para hacerlo.

11) Así las cosas, no está acreditado el cumplimiento de alguno de los requisitos
previstos por la jurisprudencia constitucional que permiten flexibilizar la aplicación
del requisito de inmediatez, por cuanto la parte demandante no demostró alguna
situación personal que demuestre que esa exigencia sea desproporcionada,
máxime cuando de los planteamientos del escrito de tutela se infiere que lo
pretendido es revivir oportunidades que ya fueron zanjadas en el proceso ordinario.

12) En suma, la Sala no avizoró un perjuicio irremediable que ameritara la
intervención del juez constitucional y atenuara la interposición tardía de la tutela de
la actora, en consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

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FALLA

1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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