Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00283-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00283-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00283-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de febrero de 2023
Demandante: Garcilaso de la Vega Serna
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00283-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00283-01
Demandante: GARCILASO DE LA VEGA SERNA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS
Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 22 de
marzo de 2022, a través del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B declaró la improcedencia del mecanismo constitucional de la referencia por no
superar el requisito general de inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El señor Garcilaso de la Vega Serna, actuando en nombre propio interpuso
acción de tutela contra la Sección Primera de esta Corporación, el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004, y la Superintendencia de
Sociedades1. Ello, en procura de la salvaguarda de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. En criterio del accionante, las referidas garantías constitucionales resultaron
quebrantadas por parte de las autoridades judiciales accionadas con ocasión de la
providencia del 3 de junio de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado mediante la que se confirmó la dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar2
que declaró probada la excepción de falta de jurisdicción. Lo anterior al interior del
proceso nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor con el propósito
1 Mediante escrito radicado el 15 de enero de 2022.
2 El 4 de julio de 2014.
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Demandante: Garcilaso de la Vega Serna
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de que se declarara la anulación de los autos proferidos por la Superintendencia de
Sociedades que dispusieron su remoción como liquidador en la lista de auxiliares de
la justicia3.
1.2 Pretensiones
“Principal. - Tutelar el derecho fundamental al debido proceso en consecuencia dejar
sin efecto la Resolución Auto núm. 441-002658 de 10 de marzo de 2004 y la Resolución
auto núm. 441-004283 de 19 de abril de 2004, por medio de la cual se resuelve el
recurso de reposición, en virtud del cual fue negado. y me excluye de la lista de
Auxiliares de la Superintendencia de Sociedades.
Subsidiaria. -Tutelar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso en consecuencia, dejar sin efecto lo actuado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Consejo de Estado, dentro del proceso distinguido con el
radicado No. 13001233100020040089601, y en consecuencia se ordene que en un
término razonable dicte una nueva providencia donde se ordene la remisión a la
jurisdicción competente.” (Sic a lo transcrito)
1.3. Hechos
A continuación, se presentan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que se
adoptará en la presente sentencia:
3. El señor de la Vega Serna estaba inscrito en la lista de auxiliares de la justicia
de la Superintendencia de Sociedades como liquidador.
4. Con ocasión de la apertura del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad
Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe SA - DRAGACOL S.A, fue
nombrado en 2001 como liquidador4 en tal proceso, de conformidad con lo previsto en
el artículo 162 de la Ley 222 de 1995.
5. Luego, mediante auto del 9 de octubre de 2003, la Superintendencia de
Sociedades dispuso su remoción como liquidador en el mencionado trámite.
6. De manera posterior, la Superintendencia de Sociedades lo excluyó como
auxiliar de justicia mediante los autos de 10 de marzo y 19 de abril de 2004. Lo anterior,
por considerar que incurrió en incumplimiento grave de sus funciones al producir una
falsa disminución al patrimonio liquidable de la concursada y, por ende, graves
perjuicios a los acreedores.
7. Inconforme con ello, el actor presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de
3 Dicho proceso se identificó con el número de radicado 13001233100020040089600/1.
4 Mediante auto de 6 de agosto de 2001.
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Sociedades para que se declarara la nulidad de los autos de 10 de marzo de 2004 y
19 de abril de 2004. Este proceso se identificó con el número de radicado
13001233100020040089600/1.
8. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar,
autoridad judicial que en Sala de Decisión No. 004 declaró probada la excepción de
falta de jurisdicción propuesta por la autoridad demandada. En consecuencia, se
inhibió de emitir pronunciamiento de fondo.
9. La decisión de primer grado fue apelada por parte del accionante, sin embargo,
la Sección Primera del Consejo de Estado la confirmó en su integridad mediante
providencia de 3 de junio de 2021, notificada mediante edicto fijado del 22 al 24 de
junio de 2021.
1.4. Fundamentos de la vulneración
10. Luego de señalar que el mecanismo constitucional cumple con los requisitos
generales de procedibilidad, indicó, en lo que se refiere a los yerros específicos, que
en el caso concreto se materializaron los defectos sustantivo y procedimental absoluto.
11. En su concepto, tanto la Superintendencia de Sociedades como las autoridades
judiciales accionadas, desatendieron el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil,
vigente para la época de los hechos, que regulaba el trámite de exclusión de las listas
de auxiliares de la justicia.
12. Afirmó que en el trámite que culminó con su exclusión no se siguieron a
cabalidad las pautas establecidas en la disposición normativa referenciada, situación
que aparejaba la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.
13. Igualmente, reprochó que las autoridades judiciales accionadas hayan
declarado probada la excepción de falta de jurisdicción propuesta por la mencionada
Superintendencia, puesto que, contrario a lo señalado, los autos demandados no
tenían el carácter jurisdiccional, sino administrativo; por tanto, eran pasibles del medio
de control promovido.
14. Al respecto, mencionó que los operadores judiciales no indicaron cual era la
razón de tomar la decisión de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, contenida
en los autos demandados, como actos jurisdiccionales y no administrativos. Ello,
teniendo en cuenta que dicha determinación resulta autónoma e independiente del
proceso de intervención, razón por la que estas decisiones son pasibles ante la
jurisdicción contenciosa.
15. Por otra parte, manifestó que la declaratoria de falta de jurisdicción confirmada
por la Sección Primera del Consejo de Estado en el fallo de segunda instancia,
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desconoció el artículo 143 del Decreto 01 de 1984 –CCA–, norma vigente al momento
de la presentación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
16. Lo anterior, puesto que dicha disposición establece que en caso de falta de
jurisdicción o de competencia, le corresponde al juez, mediante decisión motivada,
remitir el expediente al competente a la mayor brevedad posible. Sin embargo, ello no
sucedió en la providencia materia de censura.
17. En concepto del actor, ello representó la configuración de los defectos
sustantivo y procedimental, en el entendido que, ante la falta de jurisdicción,
correspondía al juez que la decretó el envío al competente y no la remisión al Tribunal
primario, tal y como aconteció en el presente asunto.
1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
18. Mediante auto del 21 de enero de 2022, el magistrado ponente de la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó
notificar al demandante y a la Sección Primera de esta Corporación, al Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004, y a la Superintendencia de
Sociedades en calidad de autoridades accionadas.
19. Lo anterior, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción constitucional propuesta por el señor Garcilaso de
la Vega Serna, en su contra.
1.5.2. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.2.1. Sección Primera del Consejo de Estado
20. La magistrada ponente de la decisión del 3 de junio de 2021, se opuso a las
pretensiones del accionante y solicitó se declarara la improcedencia del mecanismo
constitucional. En su concepto, no se acreditaba el requisito de subsidiariedad
comoquiera que el actor introdujo argumentos que no fueron expuestos en el curso del
proceso ordinario.
1.5.2.2. Superintendencia de Sociedades
21. El director de Procesos de Liquidación de la entidad solicitó la nulidad del
trámite constitucional con fundamento en que la Sección Tercera del Consejo de
Estado carecía de competencia funcional para resolver acciones de tutela contra esa
autoridad.
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22. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en “el numeral 10 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de
2021, [que] establece que las acciones de tutela contra decisiones de las autoridades
administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, serán de competencia de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en primera instancia.”.
1.5.2.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar, pese a ser notificado en debida
forma, no se refirió a los hechos y pretensiones propuestos en el presente trámite.
1.5.3. Actuaciones relevantes en primera instancia
1.5.3.1. De la solicitud de nulidad propuesta por la Superintendencia de
Sociedades
23. Mediante auto del 8 de marzo de 2022, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado no accedió a lo pretendido por la Superintendencia.
24. Al respecto, indicó que la Superintendencia de Sociedades no fue la única
autoridad demandada en el trámite constitucional, sino que además también se
reprochó por esta vía a la Sección Primera del Consejo de Estado y al Tribunal
Administrativo de Bolívar por haber proferido las decisiones al interior del medio de
control promovido por el actor.
25. En consecuencia, y de conformidad con los numerales 7.° y 11 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 20215, el conocimiento del asunto correspondía en
primera instancia a esta Corporación comoquiera que la autoridad jurisdiccional
demandada de mayor jerarquía era la Sección Primera del Consejo de Estado.
1.5.3.2. Sentencia de primera instancia
26. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 22 de marzo de 20226, declaró improcedente la solicitud de amparo por considerar
que no se acreditaba el requisito de inmediatez como presupuesto general de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
27. En concreto, advirtió que la decisión censurada, esto es, la que puso fin al
5 “7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.
11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente
nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el
presente artículo”.
6
Notificada según obra en el expediente el 1° de abril de 2022, objeto de impugnación el día 6 del
mismo mes y año el cual se concedió hasta el 31 de enero de 2023.
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proceso ordinario, fue proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 3 de
junio de 2021 y adquirió ejecutoria7 el día 25 del mismo mes y año, mientras que la
acción constitucional se presentó hasta el 15 de enero del año 2022. Es decir, que el
actor excedió el término prudencial de 6 meses señalado por la jurisprudencia
constitucional y acogido por esta Corporación.
28. En concepto del a quo, de acuerdo con el inciso 7º del artículo 118 del CPG,
aplicable al caso del trámite de tutelas por disposición del artículo 4.° del Decreto 306
de 1992, en el evento en que el término para interponer una demanda sea de meses
o años y este venza durante la vacancia o cierre de los despachos judiciales, deberá
presentarse el primer día hábil siguiente.
29. En consecuencia, señaló que el cese de actividades de la Rama Judicial no
suspendía el término prudencial establecido por la jurisprudencia constitucional para
presentar las acciones tutelas contra providencias judiciales.
30. Así, señaló que el mecanismo constitucional podía ser presentado ante los
juzgados penales de control de garantías que no estaban en vacancia judicial, e
incluso, aun admitiendo que el accionante no pudo interponer la acción de tutela
debido a la vacancia, tampoco lo hizo en el momento en que la Rama Judicial retomó
sus actividades el 11 de enero de 2022.
31. Igualmente, indicó que el actor no manifestó alguna circunstancia personal que
permitiera la flexibilización en torno al presente requisito y tampoco se observó
situación alguna para proceder en tal sentido.
32. Así, ante la inobservancia de alguna particularidad que implicara la posible
existencia de un perjuicio irremediable que ameritara la intervención del juez
constitucional y atenuara el examen de la inmediatez dada la interposición tardía de la
tutela, el a quo declaró la improcedencia.
1.5.4. Impugnación
33. El actor indicó que tenía que esperar la finalización de la vacancia judicial para
interponer la acción de tutela en procura de la protección de los derechos invocados.
34. Indicó que el argumento según el cual debió presentar la acción de tutela el día
que retomó actividades la Rama Judicial no tenía sustento legal ni jurisprudencial
debido a que no se trata de una acción ordinaria en donde la ley regula los términos
de caducidad.
35. Precisó que por la vacancia judicial, la cual empezó el 17 de diciembre de 2021,
el término para el cómputo de la inmediatez se suspendió, y en todo caso, el presente
7 Toda vez que fue notificada mediante edicto fijado del 22 al 24 de junio de 2021.
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asunto se trataba de una acción de tutela en la cual, contrario a otros medios de
defensa judicial, no se han establecido plazos rígidos para su ejercicio.
36. En este sentido, aseveró que la acción de tutela que propuso se interpuso
dentro de un plazo razonable dadas las circunstancias que rodean el caso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
37. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 22 de marzo de 2022
por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
38. La Sala advierte que, aun cuando la presente acción de tutela se dirigió contra
la Superintendencia de Sociedades como consecuencia de ser la autoridad que
dispuso excluirlo de la lista de auxiliares de la justicia como liquidador, y por tanto,
pretende que se dejen sin efectos las decisiones que así lo establecieron, lo cierto es
que del análisis de los argumentos expuestos en el escrito se advierte que los mismos
se dirigen a cuestionar directamente la providencia proferida por la Sección Primera
de esta Corporación.
39. Lo anterior, por ser la autoridad judicial que al conocer del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el actor contra la
Superintendencia de Sociedades, dispuso confirmar en segunda instancia la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004 que declaró
probada la excepción de falta de jurisdicción, y por tanto, se inhibió de emitir
pronunciamiento de fondo.
40. Ante este panorama, el análisis que hará este juez constitucional se enmarcará
en el correspondiente al de tutela contra providencia judicial.
2.3. Legitimación en la causa
41. Frente a este punto, la Sala advierte que el señor Garcilaso de la Vega Serna
está legitimado en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991. Lo
anterior, en la medida en que fue el demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho al que se ha hecho referencia en líneas anteriores.
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42. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Consejo de Estado, Sección
Primera del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
No. 004, están legitimados en la causa por pasiva por ser las autoridades judiciales
que profirieron las decisiones que censura el accionante.
43. Previo a determinar el problema jurídico, este juez constitucional considera
pertinente reiterar que concentrará el eventual estudio respecto de la decisión del 3 de
junio de 2021 proferida por la Sección Primera de esta Corporación, por ser aquella
que culminó el trámite contencioso adelantado por el actor.
2.4. Problema jurídico
44. Corresponde en este caso determinar si de conformidad con la situación fáctica
expuesta en el escrito de tutela, el material probatorio recaudado y los argumentos
planteados en el escrito de impugnación hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo de primera instancia proferido por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado que declaró la improcedencia del mecanismo de amparo promovido por el
señor Garcilaso de la Vega Serna. Esto, por no superar el requisito de la inmediatez.
45. Para este fin, se deberán resolver los siguientes interrogantes:
¿Se supera en el caso concreto el presupuesto de la inmediatez como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial?
46. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Se cumplen los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial? En caso afirmativo, ¿la Sección Primera del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante por incurrir en los defectos propuestos en el escrito de tutela con
ocasión a la decisión del 3 de junio de 2021, mediante la que confirmó la
sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró probada la
excepción de falta de jurisdicción propuesta por la Superintendencia de
Sociedades, y en consecuencia, se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo?
47. Para resolver los interrogantes propuestos, se analizarán los siguientes
aspectos: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse, (iii) el caso
concreto en atención a las generalidades de los defectos invocados.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
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fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 9. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales10.
49. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia12 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial13.
50. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura los
defectos especiales, la Sala constatará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son:
i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
13 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen
del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho
vi) cuando proceda, efecto decisivo de la irregularidad procesal
51. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
52. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre la inmediatez
53. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable14, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo 15.
54. De acuerdo con lo anterior, esta Sección16 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es
la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, y cuando la interposición del mecanismo de
amparo supera dicho límite se declara su improcedencia.
55. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes
que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.
14 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000-
2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 2011.
16 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago
Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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56. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover
la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 201517, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la
acción de tutela será procedente cuando fuere promovida luego del término prudencial
establecido, siempre que:
i) Exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado
de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros.
ii) La inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión.
iii) Exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de
los derechos de los interesados.
iv) Cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese
a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y
es actual18.
57. Con tales precisiones, se tiene que en el sub lite la parte accionante pretende
que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia
del 3 de junio de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. A
través de este proveído, el juez de segunda instancia del proceso ordinario confirmó
la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004, que
declaró probada la excepción de falta de jurisdicción propuesta por la
Superintendencia de Sociedades.
58. Lo anterior, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido contra los autos dictados por el ente supervisor mediante los
cuales dispuso excluirlo de la lista de auxiliares de la justicia como liquidador.
59. Al respecto, la Sala encuentra que la sentencia cuestionada fue proferida el 3
de junio de 2021 y notificada por edicto No.173 desfijado el 24 de junio de 2021, es
decir, tal como se advierte en la página web consulta de procesos de la Rama
Judicial19, adquiriendo ejecutoria el 30 de junio siguiente.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-256 de 2015.
18 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,
T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
19https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=ccTcrQ0c9LQw4
ol5sFcnoOUsRb8%3d
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60. Por su parte, la tutela se interpuso el 15 de enero del año 2022, esto es, luego
de 6 meses y 15 días después de la ejecutoria de la decisión a la que se atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales del actor, situación que denota un ejercicio
extemporáneo respecto del plazo jurisprudencial contemplado para el efecto.
61. Esta Sala reconoce que la aplicación de manera estricta del término de seis
meses puede resultar excesivamente rigurosa en ocasiones, es por ello que no
siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se
ha presentado de forma tardía, ante la posibilidad que existan circunstancias
especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un
lapso razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el
derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la
violación sea actual.
62. En este sentido, la Sala observa que el actor manifestó en su escrito de
impugnación que había lugar a flexibilizar el término de inmediatez, en consideración
a la vacancia judicial del mes de diciembre de 2021, pues en su concepto ello implicaba
la suspensión de los términos judiciales.
63. Frente al particular, para la Sala, dicho argumento no constituye una
circunstancia que excuse la presentación tardía de la acción de tutela y que permita
un análisis menos riguroso en torno al requisito de inmediatez.
64. En efecto, esta Sala en distintas oportunidades20, y en consonancia con lo
concluido por el a quo, ha puesto de presente que la vacancia judicial no afecta el
análisis del presente requisito. Ello, por cuanto la oportunidad para el ejercicio de la
tutela está dada en meses, situación que implica que los términos se cuentan según
calendario.
65. Ciertamente, la vacancia judicial no suspende el término razonable para
interponer la acción constitucional, comoquiera que el referido plazo de 6 meses se
empieza a contar desde el momento en que el afectado conoce del hecho generador
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales, y no a partir de que las
autoridades judiciales están ejerciendo su función constitucional y legal.
66. De hecho, la vacancia judicial no suspende ninguno de los términos para ejercer
acciones o presentar demandas, simplemente, si el plazo se vence durante un día no
hábil, los usuarios que pretendan acceder a la administración de justicia deben
presentar sus solicitudes el primer día hábil siguiente como lo establece el artículo 118
del Código General del Proceso que señala:
20 Sección Quinta, sentencias del 3 de marzo de 2016. Exp. 2016-00176-00. C.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; 27 de octubre de 2016. Exp. 2016-01801-0120170107401. C.P Rocío Araujo Oñate; 14 de
febrero de 2017. Exp. 2016-02879-01. C.P Rocío Araujo Oñate; 9 de junio de 2017. Exp. 20170107401.
C.P Alberto Yepes Barreiro; 26 de septiembre de 2017. Exp. 20170114001. C.P. Rocío Araujo Oñate;
entre otras.
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Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que
empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término
vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se
extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en
que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado.
67. Ahora bien, aun cuando, en efecto, el término para el ejercicio de la acción de
tutela feneció durante la vacancia judicial, lo cierto es que incluso desde antes de la
emergencia de salubridad pública que aparejó la irrupción de la pandemia, la Rama
Judicial ha dispuesto las herramientas tecnológicas necesarias para recibir y gestionar
los escritos de amparo. Ello, con el propósito de garantizar el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de todos los usuarios.
68. Lo anterior, para significar que incluso durante la vacancia judicial, el accionante
pudo, tal y como hizo en la presente oportunidad, remitir su escrito de tutela con destino
a esta Corporación por medios electrónicos. Debe ponerse de presente que ni siquiera
ante la emergencia sanitaria que trajo consigo la pandemia, el Consejo Superior de la
Judicatura incluyó el trámite de la acción de tutela dentro de los mecanismos de
defensa judicial respecto de los que, en su momento, sí declaró la medida de
suspensión de términos.
69. Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que el actor no pudo interponer
la acción de tutela como consecuencia de la vacancia judicial, ello supondría que una
vez concluido dicho periodo de receso, el 11 de enero de 2022, el accionante debió
promover el mecanismo de resguardo constitucional; máxime porque fue durante la
vacancia judicial, específicamente el 30 de diciembre de 2021, que fenecieron los 6
meses para presentar el mecanismo constitucional. No obstante, el accionante no
ejerció el mecanismo de amparo el primer día hábil luego de concluido el mencionado
periodo de descanso.
70. Ni del escrito de tutela ni de la impugnación la Sala avizora la existencia de una
circunstancia especial o la existencia de un perjuicio irremediable que permita atenuar
la interposición tardía de la tutela y, por tanto, amerite la intervención del juez
constitucional. Tampoco se observa que el accionante haya alegado o demostrado ser
un sujeto de especial protección constitucional.
71. Por lo anterior, la Sala considera que está objetivamente acreditado que no se
cumplió el requisito de la inmediatez porque transcurrieron más de seis meses desde
la notificación del fallo de segunda instancia y el ejercicio de la acción de tutela, sin
que advirtieran circunstancias que justificaran de manera razonable dicho retardo o
situaciones especiales a partir de las cuales resulte posible flexibilizar el análisis del
presente requisito.
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72. En consecuencia, esta Sala confirmará la decisión adoptada en primera
instancia por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de marzo de 2022 proferida por la
Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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