Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00291-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00291-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00291-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de abril de 2022
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Demandante: Milena Melo Garnica
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00291-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2022-00291-01
Demandante: MILENA MELO GARNICA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
TEMA: Confirma decisión
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia de 8 de febrero de 2022, por medio de la cual la Subsección
“B” de la Sección Segunda de esta Corporación declaró improcedente la solicitud
de amparo respecto de los cargos dirigidos en contra de las providencias judiciales
y negó frente a la presunta mora judicial que se le imputó al Tribunal
Administrativo de Santander.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud
El 13 de enero de 2022, la señora Milena Melo Garnica, en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el
Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito Judicial de San Gil con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al “debido proceso vía de hecho, (…)a
acceder a la administracion de justicia, derecho de defensa y a una vivienda digna,
Mínimo vital, derecho a la vida” (sic a toda la cita), los cuales consideró vulnerados
con la expedición de la sentencia de 23 de noviembre de 2021 y el auto de 16 de
diciembre de 2021, dentro del proceso de reparación directa No. 68679-33-33-
002-2016-00338-00, interpuesto por la actora, Elkin Gonzalo Correa Garnica, Mary
Viscaya Garnica, y Yuly Romelia Correa Garnica en contra de la Corporación
Autónoma Regional de Santander – CAS, el Municipio de San Gil y la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado y Aseo de San Gil -ACUASAN E.I.C.E. – E.S.P.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• En el año 2016, los señores! Elkin Gonzalo Correa Garnica, Mary Viscaya
Garnica, Milena Melo Garnica y Yuly Romelia Correa Garnica presentaron
demanda de reparación directa, por el deterioro y destrucción de sus viviendas,
con ocasión de la ejecución de dos contratos de obra, donde en particular el
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contrato No. 090 de 13 de julio de 2016, ocasionó el colapso de alguno de los
inmuebles, por el uso de “pólvora o dinamita”.
• El 4 de abril de 2017, el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil decretó medida cautelar que ocasionó el traslado de los
demandantes, y sus núcleos familiares, a unas viviendas en arriendo, donde el
pago del canon lo asumieron los demandados en ese proceso.
• El 23 de noviembre de 2021, se profirió sentencia de primera instancia, en la
cual se negaron las pretensiones de la demanda, ya que no se probó que las
obras ejecutadas fueran la causa del daño, ante la “ausencia de una prueba técnica
que le permita a este fallador, conocer el evento lesivo que provocó los daños, pues por si
solos, los trabajos realizados en las obras publicas de 2008 y 2016, se trata de una
actividad licita del Estado que por sí sola no constituye la fuente generadora del daño,
pues de aceptarse así, conllevaría afirmar que cualquier obra pública ejecutada en
inmediaciones de un inmueble, generaría inmediatamente daño a los mismos” (Sic a
toda la cita). Decisión que los demandantes recurrieron en apelación.
• El 16 de diciembre de 2021, el juez concedió el recurso en efecto suspensivo y
asimismo dispuso levantar la medida cautelar, “teniendo en cuenta que la sentencia
aquí proferida denegó las pretensiones de la presente demanda, la medida cautelar
decretada se entiende levantada de conformidad con los artículos 235 y 240 del CPACA
en el entendido que los fundamentos de la misma se extinguen ante una sentencia de
fondo desestimatoria”.
• En la actualidad, el proceso se encuentra en trámite de segunda instancia ante
el Tribunal Administrativo de Santander.
1.3. Fundamentos de la solicitud
En el sub examine, frente a la sentencia de primera instancia, se infiere que la
accionante considera que se le vulneraron sus derechos fundamentales ante la
configuración de un defecto fáctico, ya que la autoridad demandada no valoró la
prueba documental que integran los contratos de obra No. 003-00156-08 de 29 de
enero de 2008 y No. 090 de 13 de julio de 2016.
En particular señaló que se omitió valorar el “diseño de las obras de construcción que
ejecutó de los colectores, sumideros, alcantarillas o similares cerca o alrededores de las
viviendas de los demandantes”, el convenio interadministrativo de apoyo financiero
No. 110 y el hecho de que para la ejecución de esos contratos se “realizó
excavación de roca”, en donde se usaron cargas explosivas, tal y como lo expuso el
señor Juan Almeida Rueda en su testimonio.
Además de que el juez no analizó “que el periodo de afectación de las viviendas se
encuentra dentro del periodo de las obras realizadas (…) lo que es nexo causal de las
afectaciones”, y el hecho de que la empresa contratista no contaba con la suficiente
experiencia para ejecutar la obra.
Por lo anterior, la parte actora consideró que la sentencia de primera instancia
trasgrede sus garantías constitucionales, en donde hizo especial énfasis al
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derecho a la vivienda digna, oportunidad en la cual también solicitó que la medida
cautelar se mantuviera hasta que el ad quem decidiera la litis, ya que es
“desplazada por la violencia” y no cuenta con recursos para solventar un arriendo.
1.4. Petición de amparo constitucional
La pretensión de la demanda de tutela es la siguiente:
“1-TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES El debido proceso vía de
hecho, se viola el derecho a acceder a la administración de justicia, derecho de
defensa y a una vivienda digna, Mínimo vital, derechos a la vida, Y en consecuencia
ordenar al Juzgado Segundo Administrativo, Tribunal Administrativo de Santander
revocar el numeral segundo del auto de fecha (16) de diciembre de dos mil veintiuno
(2021) que dice” SEGUND “ENTENDER LEVANTADA LA MEDIDA CAUTELAR
impuesta mediante providencia de fecha 4 de abril de 2017, con base en la parte
motiva de este proveído.” Y ordene al Municipio de San Gil a la CORPORACION
AUTONOMOA DE SANTANDER CAS, Y EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO ACUASAN continuar con el cumplimiento de las medidas
cautelares y en consecuencia el pago de subsidio de arrendamiento hasta tanto no
se pronuncie el Tribunal Administrativo en Sentencia de Segunda Instancia.
Ordenar para que en el término de 48 horas, se dé cumplimiento a lo ordenado por
su despacho.” (sic a toda la cita).
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 19 de enero de 2022, el consejero ponente de la primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la funcionaria a cargo del
Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, y a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, como autoridades judiciales
demandadas, y como terceros con interés en las resultas del proceso, vinculó a la
“Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil E.I.C.E. - E. S. P, alcalde de este
municipio y director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander”.
El despacho sustanciador, al percatarse de una nulidad saneable, esto es, por la
no vinculación al trámite de la referencia de los señores Elkin Gonzalo Correa
Garnica, Mary Viscaya Garnica y Yuly Romelia Correa Garnica, que son
integrantes de la parte activa del proceso ordinario No. 68679-33-33-002-2016-
00338-00, procedió a vincularlos, por medio de auto de 31 de marzo de 2022.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. El Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito Judicial de San
Gil, por intermedio del funcionario a su cargo, solicitó declarar la improcedencia
del mecanismo constitucional, o en su defecto negarlo, al considerar que, como el
proceso aún se encuentra en trámite, no se han agotado todos los medios de
defensa al alcance de la demandante, ello, porque el ad quem no ha resuelto la
apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
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Agregó que los elementos jurídicos y probatorios para imponer la medida cautelar
al inicio del proceso, ya no se encuentra vigentes ante la sentencia desestimatoria,
ya que los efectos de esta figura procesal son transitorios, lo que impide
mantenerlos de manera indefinida.
Precisó que “las cuestiones planteadas por el accionante corresponden a argumentos
que deben ser debatidos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el curso
ordinario del medio de control de Reparación Directa y no en sede constitucional por
cuanto no está plenamente demostrada la presunta vulneración de derechos
fundamentales”.
1.6.2. La Corporación Autónoma Regional de Santander y la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil E.I.C.E., manifestaron que se les
debe desvincular al carecer de legitimación en la causa por pasiva. Además,
expusieron que la presente acción es improcedente, comoquiera que se cumple la
causal de improcedencia que establece el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991, esto es, “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales”.
Donde destacó que para el caso concreto no se advierte un perjuicio irremediable,
porque la demandante está en una edad productiva (47 años).
1.6.3. El Municipio de San Gil requirió que se declare que en este asunto no se
han trasgredido los derechos de la accionante, ya que esta aún cuenta con los
medios de defensa ordinarios al interior del expediente contencioso.
En cuanto al levantamiento de la medida cautelar, precisó que el efecto de una
negativa de las pretensiones, es la revocatoria de tal figura procesal. En este
punto advirtió que si “la persona no cuenta con los recursos para su subsistencia debe
acudir a las distintas ayudas que brindan los gobiernos, pero no por esta vía
administrativa, toda vez que no es su uso idóneo”.
1.6.4. Los señores Elkin Gonzalo Correa Garnica, Mary Viscaya Garnica y Yuly
Romelia Correa Garnica, luego de realizar un breve resumen de su situación
particular al interior de la demanda contenciosa, manifestaron que se vinculaban
“al proceso de la referencia”.
1.7. Fallo impugnado
Mediante fallo de 8 de febrero de 2022, la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró la improcedencia referente a los cargos dirigidos en
contra de las providencias controvertidas, al no satisfacer el requisito de
subsidiariedad respecto de la sentencia de primera instancia, y al no existir carga
argumentativa en contra del auto cuestionado.
En efecto, al a quo constitucional precisó que el proceso contencioso aún se
encuentra en trámite, “por ende, no se han agotado todos los mecanismos de defensa
que instituye el ordenamiento jurídico, condición indispensable que debe mediar, como
regla general, para que el juez de tutela decida de fondo el asunto constitucional”.
Destacó que “si bien es cierto que la tutelante indica que no cuenta con recursos para
garantizar su subsistencia y es desplazada por la violencia, también lo es que no allegó
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pruebas que acrediten esas afirmaciones, lo que impide a la Sala darlas por ciertas y
colegir que se halla frente a un daño inminente que impone la obligación de adoptar
medidas urgentes para evitarlo”.
En cuanto a la pretensión de que se deje sin efectos la decisión que levantó la
medida cautelar, la cual se materializó con el auto de fecha 16 de diciembre de
2021, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, precisó:
“Cabe aclarar que aunque la accionante invoca un defecto fáctico en el escrito
inicial, lo planteó para controvertir la sentencia de 23 de noviembre de 2021, con la
que el Juzgado Segundo (2o) Administrativo de San Gil negó, en primera instancia,
las pretensiones de la demanda de reparación directa 68679-33-33-002-2016-
00338-00, pero no relacionó esa supuesta irregularidad con el proveído acusado.
Así las cosas, se evidencia que la tutelante no cumplió la carga argumentativa!que
exige la jurisprudencia constitucional para controvertir providencias judiciales a
través de la acción de tutela, situación que impide emitir un pronunciamiento sobre
el particular, máxime cuando de lo expuesto en el escrito inicial no se advierte
reproche que se enmarque en alguna causal específica.”
Finalmente, en cuanto a la pretensión consistente en que se ordene al Tribunal
Administrativo de Santander “revocar el numeral segundo del auto de fecha (16) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021)”, el a quo constitucional abordó este cargo
desde la óptica de la mora judicial, para concluir que el tribunal no ha incurrido en
tal figura, ya que el expediente “arribó (…) el 24 de enero de 2021 (sic) y el día 28 de
los mismos mes y año esa Corporación admitió la alzada (…)”.
Agregó que, sin perjuicio de lo anterior, la demandante puede presentar “ante el
Tribunal Administrativo de Santander una solicitud, en la que explique la presunta
situación de vulnerabilidad en la que se halla, con la finalidad de que se estudie la
posibilidad de alterar el turno en el que debe fallar los asuntos de su conocimiento y
decidir de manera preferente, en segunda instancia, la demanda de reparación directa
68679-33-33-002-2016-00338-00, en armonía con los artículos 18 de la Ley 446 de 1998
y 63A de la Ley 270 de 1996”.
1.8. Impugnación1
La accionante insistió en la vulneración a sus derechos, para lo cual expuso que si
bien es una “persona en edad productiva y trabajo para mi sostenimiento, yo no dependo
de nadie para comer y menos de un subsidio de arrendamiento”, sus ingresos no le
alcanzan para “cubrir el pago de arriendo, servicios, alimentación y todo lo que es
necesario para subsistir, por lo que necesito que se me siga dando el subsidio de
arrendamiento decretado por el juez en la medida cautelar mientras sale el fallo de la
apelación”.
Manifestó que es una ciudadana en estado de vulnerabilidad porque “ya tengo 47
años y nunca he tenido un trabajo estable, siempre he estado en trabajos esporádicos
para mantenerme y sacar a mis hijos adelante”, y dado que “las obras realizadas por los
entes demandados me generaron una situación de amenaza, un desplazamiento forzado
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1
El fallo fue notificado el 3 de marzo de 20212 y la impugnación se presentó el 7 de marzo
siguiente.
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y he sufrido un daño aunque reparable, si me coloca en estado crítico cuando me toca
pagar arriendo” (sic a toda la cita).
Advirtió que en la sentencia del proceso ordinario se incurrió en un “capricho y
arbitrariedad judicial”, porque se apartó “de los precedentes”.
Finalmente, la señora Milena Melo Garnica reiteró argumentos que respaldan la
posible responsabilidad administrativa de las demandadas al interior de proceso
contencioso, por la destrucción de su vivienda, donde a su juicio es posible
“concluir que las autoridades accionadas incurrieron en violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente constitucional”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de 8 de febrero de 2022, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación, de conformidad con
el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado los Decretos 1983
de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Cuestiones previas
Por cuestión metodológica, y con el fin de establecer el problema jurídico a
resolver, esta Sala advierte que con la impugnación, la parte actora insiste en la
vulneración de sus garantías constitucionales por la decisión que levantó la
medida cautelar y por la sentencia de primera instancia al interior de la demanda
de reparación directa No. 68679-33-33-002-2016-00338-00, donde su análisis se
centró en la segunda providencia en mención, por lo cual, esta Colegiatura se
abstendrá de pronunciarse respecto de la presunta mora judicial del Tribunal
Administrativo de Santander en resolver la segunda instancia del proceso
ordinario, cargo que aunque el a quo constitucional analizó y negó, no fue
controvertido.
Por otro lado, y si bien la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado no se pronunció frente a los requerimientos de la Corporación Autónoma
Regional de Santander y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
San Gil E.I.C.E., en donde pidieron su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, esta Sala negará tales solicitudes, toda vez que estas actúan
como terceros con interés en las resultas del proceso, porque integran la parte
pasiva de proceso ordinario que se encuentra en trámite.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 8 de febrero de 2022, de la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
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respecto de los cargos en contra de las providencias controvertidas y negó frente
a la presunta mora del Tribunal Administrativo de Santander en resolver la
segunda instancia del proceso ordinario No. 68679-33-33-002-2016-00338-00.
Para el efecto se estudiará: (i) la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
procedencia excepcional de la tutela cuando el proceso ordinario se encuentre en
trámite, (iii) el requisito de subsidiariedad y; (iv) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20122
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema3.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Procedencia excepcional de la tutela cuando el proceso ordinario se
encuentre en trámite
En cuanto a la relevancia constitucional del requisito general de subsidiariedad
para la procedencia excepcional de la acción constitucional cuando el proceso
ordinario se encuentre en trámite, la Corte Constitucional en la SU-695 de 2015
consideró:
“4.3.5.3. Esta Corporación ha señalado frente al requisito de subsidiariedad cuando
se atacan decisiones judiciales, que el mismo se debe estudiar en dos
!
2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido; o (ii) cuando el proceso se
encuentra en curso. Al respecto, la Sentencia T-113 de 20136 estableció:
“En efecto, al estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se pueden
presentar dos escenarios: i) que el proceso haya concluido; o ii) que el
proceso judicial se encuentre en curso. Lo anterior constituye un factor para
diferenciar el papel del juez constitucional en cada caso, de una parte, si
se enfrenta a la revisión de la actuación judicial de un proceso concluido
deberá asegurarse que la acción de amparo no se está utilizando para revivir
oportunidades procesales vencidas, que se agotaron todos los recursos
previstos por el proceso judicial para cuestionar las decisiones impugnadas y
que no se emplea la acción de amparo como una instancia adicional. De otra
parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de
tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar
necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la
vulneración de derechos fundamentales.”
En este sentido, la Corte ha sido enfática al señalar que la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo en la resolución de conflictos, por lo
que no es dable la intromisión del juez constitucional en la órbita propia de la justicia
ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo7.
4.3.5.4. En atención a lo expuesto, la Corte Constitucional ha declarado la
improcedencia de la acción de tutela cuando el asunto aún se encontraba en
trámite ante la jurisdicción respectiva (…).
(….)
4.3.5.5. Entonces, la jurisprudencia de este tribunal constitucional ha sido enfática
y reiterativa en señalar que la acción de tutela no procede de manera directa
cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento. No obstante, la
protección de derechos fundamentales a través de la acción de tutela permite la
intervención del juez constitucional siempre que se demuestre que no existe
otro medio de defensa judicial o que se pretende evitar un perjuicio
irremediable”. (Énfasis de la Sala).
De lo anterior, esta Colegiatura colige que, en principio, la intervención del juez
de tutela se encuentra vedada cuando el proceso está en curso, comoquiera
que esta acción no se puede predicar como un mecanismo alternativo o
paralelo al proceso ordinario, donde solo es posible habilitar la competencia del
funcionario constitucional, cuando se esté en presencia de la posibilidad de la
consumación de un perjuicio irremediable.
Luego, se puede inferir que la acción de tutela cuando el trámite contencioso se
encuentra en trámite, es mucho mas restrictiva y excepcional que en casos
donde se discute la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de una
sentencia que puso fin de forma definitiva la controversia, ya que las partes en
el primer escenario pueden continuar debatiendo sus controversias a lo largo
!
6 “M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.”
7
“Sobre el particular pueden verse las sentencias T-083 de 2007, T-1103 y 076 de 2003, T-1316
de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de
2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de
1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T-637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de
1992, entre otras”.
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del proceso, y en el segundo, los medios de defensa, en principio, ya fueron
agotados.
2.6. Del requisito de subsidiariedad
Ahora bien, en lo que se refiere a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de
la Constitución Política, consagra este requisito como presupuesto de procedencia
de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado
por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender, como ya se expuso, que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un
determinado asunto radicado bajo su competencia8.
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que, la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los
mecanismos judiciales, deben buscar la defensa de aquellos.
2.7. Caso concreto
En el sub examine, la accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia de
primera instancia que vulneró sus garantías constitucionales al incurrir en el
defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas que se relacionaron en el
acápite “1.3.” de este proveído. Además de que consideró que en ese asunto se
debe mantener la medida cautelar consistente en que se le realice el pago del
canon de arredramiento del lugar en donde reside, hasta tanto el proceso ordinario
culmine, medida que fue levantada por el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del
Circuito Judicial de San Gil, cuando concedió el recurso de apelacion en contra de
la decision que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa No.
68679-33-33-002-2016-00338-00.
!
8
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
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2.7.1. Al respecto, esta Colegiatura comparte los fundamentos del a quo
constitucional, en el sentido de que en este caso no se acreditó el requisito
adjetivo de subsidiariedad frente a los cargos en contra de la sentencia del
juzgado, ya que estamos en presencia de un proceso que se encuentra en trámite,
luego el funcionario constitucional no puede abordar la competencia del juez
ordinario que definirá la controversia, toda vez que podría atentar contra los
principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.
En efecto, para esta Sala, el mecanismo de defensa idóneo que el ordenamiento
jurídico estableció para controvertir las decisiones que ponen fin al proceso
contencioso en primera instancia es el recurso de apelación, el cual, efectivamente
se presentó y se encuentra en conocimiento del tribunal competente.
Lo anterior, comoquiera que la acción de tutela no se puede predicar como un
mecanismo alternativo o paralelo al expediente ordinario, donde solo es posible
habilitar la competencia del funcionario constitucional, para procesos en trámite,
cuando se este en presencia de un asunto cuyo análisis es necesario, frente a los
presupuestos fácticos alegados por la parte accionante, ante la posibilidad de la
consumación de un perjuicio irremediable.
En este orden de ideas, corresponde establecer si la presente acción procede
como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales del
demandante, ante la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, para lo
cual, las circunstancias para su consumación deben estar acreditadas, al menos
sumariamente.
Ahora bien, como viene de exponerse, la única excepción a la regla de
improcedencia de la acción de tutela, cuando existen otros mecanismos de
defensa para obtener la protección de los derechos invocados, o ya se
agotaron, es la existencia de un perjuicio irremediable, el cual se configura a
voces de la Corte Constitucional “(…)cuando el peligro que se cierne sobre el derecho
fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su
subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen(…)”9.
De manera que, este perjuicio debe ser inminente o actual, y además ha de ser
grave, y requerir medidas urgentes e impostergables10.
!
9
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
10
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la
eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los
derechos y garantías básicos para el equilibrio social».
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Los requisitos en mención, para la configuración del perjuicio irremediable, fueron
reiterados en la SU-695 de 2015 así:
“En este orden, encontramos que la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa
en señalar los siguientes requisitos para la estructuración de la inminencia de
un perjuicio irremediable:
4.3.6.2.El perjuicio ha de ser inminente: que amenaza o está por suceder
prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está
produciendo la inminencia. Lo anterior, se diferencia de la expectativa ante un
posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en
un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo
probable y no una mera conjetura hipotética.
4.3.6.3.Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de
ser urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o remedio de forma
rápida que evite la configuración de la lesión.
4.3.6.4.Se requiere que el perjuicio sea grave, lo que equivale a la gran intensidad
del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La
gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a
determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos
es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.
4.3.6.5. La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo
de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce
que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se
encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien
jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio.” (Énfasis de la Sala).
Entonces, corresponde a la Sala estudiar si, en el caso concreto, procede de
forma transitoria la acción de tutela, ante la configuración de un perjuicio
irremediable que afecte de manera directa los derechos fundamentales de la parte
actora.
En este caso se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque
del análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que la demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni la accionante lo probó, comoquiera que la sola afirmación, en
casos de tutela contra providencia judicial, de limitaciones económicas, o de
desplazamiento, no son suficientes para abordar el análisis de una providencia de
la cual el funcionario competente ya tiene conocimiento en segunda instancia, y
que se itera, aún se encuentra en trámite.
Así las cosas, es claro para esta Sala que en el sub examine, no puede el juez
constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que no
se supera el requisito de la subsidiariedad.
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2.7.2. Ahora bien, frente a la pretensión de que se deje sin efectos la decisión del
Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito Judicial de San Gil que levantó
la medida cautelar, esta Sección también comparte lo expuesto por el a quo
constitucional, en el sentido de que no se cuenta con la carga argumentativa para
realizar un pronunciamiento de fondo.
En efecto, la Corte Constitucional11 y esta Corporación12 han establecido que,
cuando la tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora
tiene el deber de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y
“precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción”. Sin embargo, en
este asunto, la demandante se enfocó en desvirtuar la sentencia de primera
instancia, anta la configuración del defecto fáctico, pero no se expuso la
acreditación de algún defecto por parte del auto.
Al respecto, se tiene que en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional
se estableció que “(…) El actor tiene la carga de identificar, de manera razonable, los
hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales
presuntamente afectados por la providencia”13, y exponer en forma clara los defectos
de los cuales adolece la decisión judicial, desplegando para el efecto una carga
argumentativa mínima que le permita al juez constitucional abordar el análisis de
la providencia.
Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se presenta la
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia proferida en sede de
tutela, donde le corresponde al impugnante señalar las falencias, errores u
omisiones en que incurrió el a quo14 que le permitan al ad quem asumir el estudio
de los argumentos expuestos.
Descendiendo al caso concreto, no se evidencia, ni en la solicitud de tutela, ni en
la impugnación, la exposición de un defecto en contra del auto que levantó la
medida cautelar.
En efecto, como no se advirtieron las razones en concreto por las cuales la
demandante está en desacuerdo con la decisión del 16 de diciembre de 2021,
mas allá de que no podrá asumir un canon de arrendamiento lo cual podría incidir
!
11
Ver entre otras la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia 19 de septiembre de
2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01
13
Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590
de 2005.
14
Así lo ha expresado esta Sección, entre otras, en la providencia del 15 de diciembre de 2015,
con ponencia del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 11001-03-15-000-2015-01828-01,
en el cual se efectuaron las siguientes consideraciones: “…se debe tener en cuenta que en materia
de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en
asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe
basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela
tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría
realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente
ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta
instancia”.
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en su derecho a la vivienda digna, aunado a que frente a esta situación no aportó
elementos que permitan acreditarlo, ello torna imposible para esta Corporación
realizar algún tipo de análisis de fondo.
En este punto, resulta pertinente precisar que constituye una carga para el
tutelante y el recurrente exponer los motivos de inconformidad con base en los
cuales solicita un amparo constitucional o impugna un fallo de tutela, sobre todo
cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, las
cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces constitucionales un
estudio más riguroso de la materia.
Sobre este punto, se debe tener en cuenta que, en materia de tutelas contra
providencias judiciales, le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en
asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el
estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los
actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia,
toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando un estudio
oficioso y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una
tercera, e incluso, en una cuarta instancia.
Ello es así, pues, como se indicó en precedencia, si bien la acción de tutela ha
sido concebida como un mecanismo para la protección de los derechos
fundamentales, cuando se trata de desvirtuar una providencia judicial, ha de
tenerse presente que las partes deben argumentar los motivos de su
inconformidad en contra de esta, pues de otra manera no se atendería al principio
de autonomía judicial.
Por su parte, la autoridad judicial de segunda instancia debe decidir a partir de los
aspectos del fallo de primera que fueron objeto de impugnación, sin poder
analizar, de manera oficiosa, la decisión frente a la cual, en forma expresa, no le
hayan sido advertidos los argumentos de inconformidad.
De esta manera, como la accionante, ni en el líbelo inicial, ni en su escrito de
impugnación expuso las razones por las cuales controvierte el auto que levantó la
medida cautelar, resulta claro para la Sala que no se acreditó la carga
argumentativa mínima que le correspondía, y, por tal razón, no es posible realizar
un estudio oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la
decisión del a quo que impugnó.
No obstante lo anterior, esta Sección le pone de presente a la accionante que,
según el artículo 233 del CPACA, puede volver a solicitar, ante el ad quem, que se
decrete la medida cautelar en su caso, precepto normativo que establece:
“Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La
medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y
en cualquier estado del proceso.
(…)” (Énfasis y subrayado de la Sala)
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En consecuencia, además de no contar con la carga argumentativa mínima para
analizar la posibilidad de dejar sin efectos la decisión que levantó la medida
cautelar, se tiene que la accionante cuenta con medios de defensa con el fin de
garantizar sus derechos fundamentales, como lo es que solicite nuevamente su
decreto ante el tribunal de segunda instancia, garantías que cabe destacar no solo
son sujeto de protección por parte del juez constitucional, sino de todos los
funcionarios judiciales que integran la Rama Judicial.
2.8. Conclusión
Conforme a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 8 de febrero de 2022,
por medio de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo respecto de los cargos dirigidos en
contra de las providencias judiciales y negó frente a la presunta mora judicial que
se le imputó al Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN presentadas por
la Corporación Autónoma Regional de Santander y la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de San Gil E.I.C.E.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de febrero de 2022, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
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(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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