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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00298-00

Fecha
4 de marzo de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00298-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00298-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – IMPROCEDENTE / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL- la parte actora pretende reabrir un debate ya surtido y crear
una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo decidido en el proceso.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
de la acción de tutela formulada por el señor Arbeis Alonso Burgos Contreras contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 14 de enero de 2022, el señor Arbeis Alonso Burgos Contreras, a través de
apoderado judicial, interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, con el fin de que se le protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente
vulnerados, al proferir el fallo de 18 de noviembre 2021, dentro del proceso de

1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

reparación directa (rad. 11001-33-36-038-2017-00167-01) que promovió con otros2
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

2.- Según se ilustra en la demanda, la pretensión en ella contenida se contrae a lo
siguiente:

<< PRIMERA- Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad
que le han sido vulnerados al señor ARBEIS ALONSO BURGOS CONTRERAS con la
decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección ‘A‘ el 18 de noviembre del 2021 mediante la cual fueron
negados los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por incapacidad
laboral.

SEGUNDA- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, proferir una sentencia
complementaria donde se disponga reconocer y liquidar el perjuicio material por lucro
cesante en favor del señor ARBEIS ALONSO BURGOS CONTRERAS teniendo en cuenta
el porcentaje de incapacidad laboral diagnosticado en el acta de junta médica laboral No.
88283 del 7 de julio de 2016 (40.37%), el salario que devengaba en el Ejército Nacional
como soldado profesional debidamente actualizado, más un 25% por concepto de
prestaciones sociales, la expectativa de vida según las tablas expedidas por la
Superfinanciera para los hombres en Colombia y además, aplicar los parámetros
establecidos por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia
de unificación respecto de la ecuación financiera para calcular la indemnización debida o
consolidada y la futura o anticipada>>3.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
con base en el artículo 86 Superior, el actor expuso que4:

3.1.- El señor Arbeis Alonso Burgos Contreras se desempeñaba como soldado
profesional adscrito al Batallón de Combate Terrestre No. 132 de la Brigada Móvil
No. 25 del Ejército Nacional. El 11 de marzo de 2015, en el marco de una operación
militar, fue víctima de un artefacto explosivo improvisado, activado
involuntariamente por un compañero de servicio, lo que le generó lesiones que
determinaron una pérdida de capacidad laboral del 40.37%.

2
Los otros demandantes fueron: Luis Mateus Burgos Madera, Sebastián Burgos Madera, Dilan David
Burgos Madera, Buenaventura Contreras Peralta, Marcos Fidel Burgos Contreras y Andris Yohan
Burgos Contreras.
3
Expediente digital, folio 2 del escrito de demanda.
4
Expediente digital, folios 2 y 3 del escrito de demanda.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3.2.- Como consecuencia de lo anterior, el señor Arbeis Alonso Burgos y su núcleo
familiar, en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron
demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de
que se declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados
como consecuencia de las heridas y pérdida de la capacidad laboral del señor
Arbeis Burgos y, a raíz de ello, pagar a cada uno los perjuicios morales, materiales
-lucro cesante- y el daño a la salud.

3.3.- El asunto en primera instancia le correspondió al Juzgado Treinta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, despacho que, mediante sentencia
de 15 de septiembre de 2020, i) declaró administrativa y patrimonialmente
responsable a la entidad demandada al estimar que existió una falla en el servicio,
ii) condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar perjuicios
morales a cada demandante, iii) condenó a la demandada a pagar al señor Arbeis
Alonso Burgos el daño a la salud sufrido y, iv) negó las demás pretensiones de la
demanda -el lucro cesante-.

3.4.- Inconforme con lo anterior, tanto la parte demandante como la demandada
interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales fueron conocidos por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A,
autoridad judicial que, mediante fallo de 18 de noviembre de 2021 5 confirmó en su
totalidad el fallo del A quo, toda vez que: i) se acreditó la imputabilidad del daño
antijurídico al Ejército Nacional y, ii) el perjuicio material -lucro cesante- no fue
acreditado.

4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones6, el tutelante indicó que la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, específicamente del acta de junta médica laboral 88283 del 7 de julio de
2017 realizada por la entidad pública demandada a través de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, por medio de la cual, a su sentir, se prueba el daño
material -lucro cesante- negado.
4.1.- Indicó que la sentencia al momento de valorar la existencia del daño material
por lucro cesante no hizo referencia al contenido del acta de junta médica laboral,
como tampoco explicó las razones por las cuales se apartó de su contenido, ni dijo
por qué ese documento no era la prueba idónea para acreditar la incapacidad

5
Notificada el 25 de noviembre de 2021, según el aplicativo Consulta de Procesos Siglo XXI.
6
Folios 5 a 24 del escrito de tutela.

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Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

laboral del actor y el lucro cesante derivado de la misma; así mismo, tampoco tuvo
en cuenta que al momento del siniestro -11 de marzo de 2015- el señor Burgos era
una persona mayor de edad y económicamente productiva (trabajaba para el
Ejército Nacional como soldado profesional), y el monto de sus ingresos económicos
(salario mensual). Agregó que es contradictorio que en el fallo para reconocer y
liquidar los perjuicios inmateriales (daño moral y daño a la salud) si se tuviera en
cuenta dicho documento público y el porcentaje de incapacidad allí establecido,
pero, para valorar el lucro cesante ya no la tuvo en cuenta.

4.1.1.- Trajo a colación sentencias relacionadas con el tema del concepto de lucro
cesante, tales como: i) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de
febrero de 1986, expediente 3575, ii) Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 21 de mayo de 2007, expediente 15989, iii) Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 18008 y iv) Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia sin fecha, expediente 30477.

4.1.2.- Finalmente, hizo referencia a jurisprudencia del Consejo de Estado,
relacionada con el “valor probatorio asignado a las actas de las juntas médicas
laborales”, para indicar que, junto con el defecto fáctico, el tribunal accionado
también incurrió en un desconocimiento del precedente judicial. Mencionó las
siguientes sentencias: i) Sentencia del 11 de abril de 2016, expediente 50001 23 31
000 2000 – 20274 – 01 (36.0709), ii) Sentencia del 12 de junio de 2014, expediente
7600123310002008-00170-01 (40727), iii) Sentencia del 27 de marzo de 2014,
expediente 08001-23-31-000-1996-00104-01, iv) Sentencia del 20 de agosto de
2016. expediente 760012331000200002656 01, v) Sentencia del 20 de febrero de
2014, expediente 2000123310002001-01388-01 (30132), vi) Sentencia del 27 de
septiembre de 2013, expediente 0500123310001999-02915-01 y, vii) Sentencia del
25 de agosto de 2009, expediente 18001-23-31-000-1995-05743-01(15793).

4.2.- Por otra parte, adujo que también se incurrió en un defecto sustancial por
desconocimiento del precedente judicial. Indicó que en la sentencia acusada se
presentó una contradicción argumentativa, pues si bien, en principio aceptó y
compartió la tendencia jurisprudencial del Consejo de Estado respecto de la
compatibilidad que existe entre la indemnización a forfait y la indemnización por
lucro cesante derivada de la responsabilidad extracontractual del Estado, al
momento de valorar el lucro cesante lo negó, por considerar que ese daño ya había

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

sido indemnizado con el pago de las prestaciones sociales (a forfait) por valor de
$43’143.208.

4.2.1.- Manifestó que esa contradicción de la sentencia configura el aludido defecto,
porque desconoce en sus conclusiones el precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado e incluso de la propia Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que en forma mayoritaria y a través de otras subsecciones,
reconocen la compatibilidad entre el pago de unas prestaciones sociales a las que
tienen derechos todos los integrantes de la fuerza pública (indemnización a forfait),
y la indemnización plena por lucro cesante basada en los principios de equidad y
reparación integral del daño, consagrados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y
en la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución Nacional.

4.2.2.- Explicó que la “indemnización a forfait” y la indemnización plena por daño
antijurídico no son excluyentes entre sí, porque la primera tiene una causa legal
(relación laboral), lo cual implica que debe pagarse de manera independiente a que
la responsabilidad de la administración se halle o no comprometida por la ocurrencia
de los hechos y, la segunda tiene origen en la responsabilidad misma, proveniente
del daño antijurídico que no está obligado a soportar el administrado.

4.2.3.- A su sentir, la tesis del fallo tutelado desconoce el siguiente precedente del
Consejo de Estado, en el que se señala la compatibilidad que existe entre la
indemnización a forfait y la indemnización plena por responsabilidad
extracontractual del Estado. Estas son: i) sentencia de unificación dictada por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de
2014, expediente 50001 23 15 000 1999 00326 01 (31.172), ii) tutela del 23 de julio
del 2021, expediente 11001031500020210195000, iii) tutela del 14 de abril del 2021,
expediente 11001031500020200454901, iv) tutela del 7 de diciembre del 2020,
expediente 11001031500020200440700, v) tutela del 28 de noviembre de 2019,
expediente 110010315000201904609, vi) tutela el 20 de agosto del 2020,
expediente 11001031500020200307400, vii) tutela del 28 de marzo de 2019,
expediente 11001031500020180355101, viii) tutela del 14 de junio de 2018,
expediente 11001031500020180131800, ix) sentencia de 13 de mayo de 2015,
expediente 66001233100020070005801 (37.118), x) sentencia de 28 de abril de
2010, expediente 18.111, xi) sentencia del 18 de mayo de 2014, expediente
76001233100019940006901 (14.338), xii) sentencia del 28 de febrero de 2013,
expediente 25000231600020010015801 (27.152), xiii) sentencia -sin fecha-,

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

radicado 270012333100019990091201 (31.841), xiv) sentencia de 20 de febrero de
2008, radicado 15.595, xv) sentencia de 22 de marzo de 2007, expediente 16.051
y, xvi) sentencia de 22 de abril de 2009, expediente 16.745.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- El despacho sustanciador, por auto de 18 de enero de 2022, dispuso admitir la
acción de tutela y notificar a la autoridad demandada, al tiempo que vinculó a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, y a los señores Luis
Mateus Burgos Madera, Sebastián Burgos Madera, Dilan David Burgos Madera,
Buenaventura Contreras Peralta, Marcos Fidel Burgos Contreras y Andris Yohan
Burgos Contreras, como terceros interesados en las resultas del proceso, “para que
se pronunciaran en relación con los hechos contenidos en la solicitud de amparo y
ejercieran los derechos de contradicción y defensa”7.

5.1. Igualmente, ofició al Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá para
que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente del proceso contencioso
administrativo de reparación directa, identificado con el radicado número 11001-33-
36-038-2017-00167-00.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
A8

6.- Manifestó que la acción de tutela es improcedente, toda vez que i) no se
evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención
del juez de tutela; ii) el caso carece de relevancia constitucional y; iii) los argumentos
de la parte accionante no se orientan a evidenciar la vulneración de sus derechos
fundamentales, sino a que el juez de tutela se constituya en una tercera instancia
dentro del medio de control de reparación directa, fin para el cual no fue previsto el
amparo constitucional.

6.1.- Igualmente se pronunció respecto de los yerros endilgados al fallo cuestionado,
y señaló que, al resolver la indemnización de perjuicios materiales por concepto de
lucro cesante, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

7
Expediente digital, Folio 1 del mencionado proveído, notificado el 27 de enero y 11 de febrero de
2022.
8
Expediente digital, intervención contenida en 7 folios, enviada el 28 de enero de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

a) Se precisó que, la tendencia jurisprudencial, que compartía la Sala, es aceptar la
compatibilidad de la indemnización a forfait y la derivada de responsabilidad
extracontractual, teniendo en cuenta que las prestaciones sociales que se pueden
llegar a reconocer, tienen como fuente, la relación jurídico-laboral del demandante
con la Administración Pública; mientras que, la indemnización reconocida en trámite
de un proceso declarativo, tiene como fuente la responsabilidad de la Entidad que
se demanda.

6.2.- En ese sentido, indicó que en el fallo se explicó que, independientemente que
en sede administrativa se hubieran reconocido los derechos de orden laboral, el
afectado directo puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa,
pretendiendo igualmente la declaratoria de responsabilidad extracontractual del
Estado y los respectivos perjuicios derivados de la misma, sin embargo, que, el
hecho de ser compatibles la indemnización a forfait y la declaratoria de
responsabilidad extracontractual del Estado, no significa que se deba reconocer
automáticamente la indemnización pretendida en sede judicial, por cuanto dicha
compatibilidad conlleva a que se asuman determinadas cargas procesales, en el
sentido de demostrar los perjuicios reclamados en sede judicial. Así las cosas, adujo
que se definió si la parte actora había asumido su carga probatoria para que hubiera
lugar al reconocimiento de los perjuicios materiales a título de lucro cesante.

6.3.- Manifestó que en el proceso se evidenció que la parte actora solicitó el
reconocimiento por perjuicio material como consecuencia de sus lesiones y la
pérdida de la capacidad laboral, con fundamento en los mismos aspectos que fueron
tenidos en cuenta en sede administrativa para conceder la indemnización a su favor,
por disminución de su capacidad laboral, en otras palabras, (i) no acreditó con
ningún medio de prueba el lucro cesante derivado de la declaratoria de
responsabilidad extracontractual del Estado; y (ii) tampoco demostró, que la
magnitud del lucro cesante fuera mayor al otorgado mediante indemnización a
forfait.

6.4.- Finalmente, advirtió que el hecho de no reconocer el perjuicio material en sede
judicial, no conlleva a un desconocimiento del precedente jurisprudencial, teniendo
en cuenta que el Consejo de Estado ha manifestado en varias oportunidades que,
si bien las indemnizaciones que tiene su origen en la relación laboral no resultan
incompatibles con aquellas reconocidas a causa de una lesión o muerte, la parte

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

demandante tiene el deber de acreditar que sufrió una afectación de tal magnitud
que requiere una compensación superior a la indemnización administrativa recibida.

(ii) Remisión del expediente digital del proceso contencioso administrativo de
reparación directa.

7.- El Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá se sirvió allegar al
presente trámite el expediente digital radicado con el número 11001-33-36-038-
2017-00167-00, contentivo del proceso de reparación directa que adelantó Arbeis
Alonso Burgos Contreras y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional.

II. CONSIDERACIONES

C. De la acción de tutela contra providencias judiciales

8.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales9.

8.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas
un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior10.

8.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes11:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
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Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de inmediatez.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,

• Que no se trate de sentencias de tutela.

8.3 A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales12: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.

8.4.- De lo que hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
adecuadamente formulados por el interesado13.

12
Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para
comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún
llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía
de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005
de la Corte Constitucional.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de
noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte
Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
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Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

D. Análisis del caso concreto

9.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar
si los hechos que se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
particularmente, si cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el
evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el
propósito de establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante y en los yerros endilgados al fallo de 18 de
noviembre de 2021, y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a
los mismos.

E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

10.- Sobre la relevancia constitucional del asunto, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con dicho
requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber14:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de
tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales

14
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la
decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la
determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas
de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

11.- En el caso objeto de estudio, la parte actora aduce que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el fallo acusado, incurrió, en resumen, en un
defecto fáctico, por indebida valoración probatoria, específicamente del acta de
junta médico laboral 88283 del 7 de julio de 2016 realizada por la entidad pública
demandada a través de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional,
desconociendo con ello, a su vez, el precedente jurisprudencial que establece el
“valor probatorio asignado a las actas de las juntas médicas laborales”, como prueba
para acreditar el lucro cesante”.

11.1.- Así mismo, adujo la configuración de un defecto sustancial por
desconocimiento del precedente judicial, al desconocer la postura sentada respecto
a la compatibilidad que existe entre la indemnización a forfait y la indemnización por
lucro cesante derivada de la responsabilidad extracontractual del Estado.

11.2.- Al respecto, se observa que los reproches del demandante están
encaminados a cuestionar la decisión de la autoridad judicial accionada de negar la
indemnización por lucro cesante derivada de la responsabilidad extracontractual del
Estado, al presuntamente no valorarse el acta de junta médico laboral 88283 del 7
de julio de 2016 realizada por la entidad pública demandada, a través de la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional, lo que a juicio de la Sala se enmarca en la
configuración de un defecto fáctico.

12.- Teniendo claro lo anterior, esta Sala considera que el asunto carece de
relevancia constitucional, pues la parte actora pretende convertir el amparo
constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario, tal como pasa a
explicarse:

12.1.- Por interesar a esta causa, la Sala traerá a colación el análisis efectuado en
la providencia censurada -18 de noviembre de 2021-:

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<<El recurrente solicita el pago de los perjuicios materiales por las siguientes razones: i) toda
persona que se encuentre en edad productiva y sufra un menoscabo a su integridad personal que
le determine una disminución de su capacidad laboral, tiene derecho a ser indemnizado
integralmente por el lucro cesante, indistintamente que pueda o no seguir laborando o haya recibido
el pago de las prestaciones sociales; ii) El acta de junta medica laboral es la prueba idónea para
reconocer el lucro cesante de los miembros de la fuerza pública; iii El pago de la indemnización a
forfait no impide el reconocimiento de la indemnización por lucro cesante…

Ahora bien, el tercer problema jurídico radica en definir: ¿Cuál es el perjuicio solicitado en el caso
en concreto (fuera del daño moral y a la salud) a título de lucro cesante y si la parte actora asumió
o no su carga probatoria, para que haya lugar a su reconocimiento?

Revisada la demanda, para un mejor entendimiento en este aspecto, la Sala se permite transcribir
las pretensiones relacionadas con el perjuicio material de lucro cesante:

TERCERA. - Condenar a LA NACION (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional) a pagar a favor
del joven ARBEYS ALONSO BURGOS CONTRERAS, los perjuicios materiales por lucro cesante
que ha sufrido con motivo de las graves lesiones en su cuerpo y posterior pérdida de la capacidad
laboral, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación…

Al respecto, la Sala considera importante precisar lo siguiente:

1) El lucro cesante debe probarse, por cuanto no existe ninguna presunción, a diferencia del
perjuicio moral, donde hay una presunción por las lesiones. Con lo anterior, quiere significarse, que
la carga procesal probatoria en materia de perjuicio material, corresponde al demandante; por
consiguiente, no opera tampoco la noción de arbitrio judicial…

Ahora bien, frente al análisis del lucro cesante en el presente caso, se observa lo siguiente:

1) La parte demandante solicita a título de lucro cesante: (i) una indemnización por las graves
lesiones padecidas y la pérdida de su capacidad laboral; (ii) plantea como fundamento del
reconocimiento, los aspectos económicos que percibía dentro de la Institución demandada y el
grado de incapacidad laboral otorgado.

2) La Sala precisa que conforme los medios de prueba aportados, está demostrado que al señor
ARBEIS ALONSO BURGOS CONTRERAS, en sede administrativa, se le pagó una indemnización
por disminución de su capacidad laboral, mediante Resolución 230089 del 15 de marzo de 2017
(fl. 80 c.1).

3) En dicho acto administrativo se expuso lo siguiente (imagen del acto de reconocimiento de
indemnización).

En consecuencia, se observa que: (i) la indemnización a favor de la víctima directa fue por la suma
de $43.143.208,oo (ii) dentro de las consideraciones de la Resolución, se tuvo en cuenta el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral del señor Arbeis Alonso Burgos Contreras (40.37%),
dictaminado en el Acta de Junta Médico Laboral No. 88283 del 7 de julio de 2016 y (iii) también se
hizo referencia a la edad del beneficiario, el salario básico que percibía ($965.237,oo) y la prima
de antigüedad ($564.664.oo).

4) Quiere significar lo anterior que, no es de recibo que, en sede judicial a título de responsabilidad
extracontractual del Estado, se solicite el lucro cesante, con fundamento en los mismos aspectos

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

que fueron tenidos en cuenta en sede administrativa para conceder la indemnización a favor del
señor ARBEIS ALONSO BURGOS CONTRERAS, por disminución de su capacidad laboral.

5) En el caso en concreto, encuentra la Sala que, en sede de reparación directa, la parte
actora, desde el punto de vista de sus cargas procesales probatorias: (i) no acreditó con
ningún medio de prueba el lucro cesante derivado de la declaratoria de responsabilidad
extracontractual del Estado; (ii) tampoco demostró, que la magnitud del lucro cesante fuera
mayor al otorgado mediante indemnización a forfait, razón por la cual, no hay lugar a
reconocer el perjuicio pretendido.

6) En conclusión, la parte actora solicitó el reconocimiento por perjuicio material como
consecuencia de sus lesiones y la pérdida de la capacidad laboral, sin embargo, no es de recibo
que, a título de una mala interpretación de la compatibilidad entre la indemnización a forfait con la
derivada de la responsabilidad extracontractual del Estado, concretamente en materia de perjuicios
materiales, el demandante en sede judicial, no asuma la carga procesal para reclamar aspectos
que fueron reconocidos en sede administrativa…>>. (negrilla fuera del texto original)

12.2.- Visto lo anterior, a pesar de que la parte actora alega que se negó la
indemnización por lucro cesante ante la falta de valoración del acta de junta médica
laboral 88283 del 7 de julio de 2016, esta Sala se aparta de tal certeza, en tanto,
contrario a ello, se observa que el Tribunal accionado decidió los aspectos atinentes
al lucro cesante con base en el material probatorio obrante en el proceso, valorando
con ello la incapacidad de la junta médica laboral para efectos de acreditar el daño,
pero, considerando que el perjuicio del lucro cesante fue resarcido con el pago de
indemnización por disminución de la capacidad laboral, por valor de $43.143.208,
sin que obrara prueba de un perjuicio mayor por dicho concepto, conforme fue
explicado en la decisión del 18 de noviembre de 2021.

12.3.- Así las cosas, de la lectura del fallo acusado, no se observa una interpretación
caprichosa, parcializada e irrazonable de la prueba o que la misma no haya sido
valorada; toda vez que, se repite, en efecto, el acta de la junta médico laboral que
calificó la invalidez del accionante fue estudiada y analizada en la sentencia
acusada, en la que se insiste, de su estudio junto los otros medios probatorios,
ayudaron a llegar a la conclusión que no se justificó o probó con ningún medio de
prueba el lucro cesante derivado de la declaratoria de responsabilidad
extracontractual del Estado y, tampoco se demostró, que “la magnitud del lucro
cesante fuera mayor al otorgado mediante indemnización a forfait”.

12.4.- Además, de las circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión sometida
a estudio y de los fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en una indebida
motivación, en un desconocimiento del precedente judicial o que se haya abstenido

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de efectuar un examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya
otorgado un alcance contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la
tutela formulada15. Por el contrario, la decisión cuestionada, en esta sede, encuentra
claro sustento en el principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una
actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación
razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las
preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto,
así como la jurisprudencia relacionada.

12.5.- Por lo anterior, se evidencia que la parte accionante pretende con esta acción
constitucional abrir un debate, convirtiendo la acción de amparo en una instancia
adicional, al no estar de acuerdo con la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A dentro del
proceso de reparación directa.

13.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la
causa y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser
ello así, habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de
manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial,
los cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y
procesal16.

14.- Visto lo anterior, estima esta Sala que las presuntas deficiencias alegadas
respecto de la decisión adoptada dentro del proceso de reparación directa,
responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el resultado
desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de
procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso
de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.

15
Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007,
T-737 de 2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional.
16
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00298-00
Accionante: Arbeis Alonso Burgos Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

15.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su
objeto es reabrir un debate tramitado y concluido, lo que desnaturaliza su finalidad
como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales. De esta
suerte, habrá de declararse improcedente el amparo impetrado por el señor Arbeis
Alonso Burgos Contreras, por la ausencia del antedicho presupuesto formal.

16.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. F A L L A

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

17
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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