Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00300-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00300-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00300-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00300-00
Accionante: RAFAEL ROBLES SOLANO
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL – MINISTERIO DEL INTERIOR –
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO –
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE
CARÁCTER GENERAL – se declara carencia actual de objeto por
sustracción de materia – el Decreto objeto de la presente acción de
amparo fue derogado
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Rafael Robles Solano
en contra del Presidente de la República, del Ministerio de Salud y Protección
Social y por el Ministerio del Interior.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elciudadano Rafael Robles Solano solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, a la igualdad, a la honra y a la libertad de locomoción, los
cuales estimó vulnerados por el por el Presidente de la República, del Ministerio
de Salud y Protección Social y por el Ministerio del Interior como consecuencia
de la expedición del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 2021, a través
del cual se reglamenta la obligación de las entidades territoriales de adicionar a los
protocolos de bioseguridad la exigencia del carné de vacunación contra el Covid-
19, como requisito de ingreso a «(i) eventos presenciales de carácter público o
privado que impliquen asistencia masiva y, (ii) bares, gastrobares, restaurantes,
cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de
ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos,
museos, y ferias».
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que el Gobierno Nacional, con el propósito de facilitar la reactivación
económica, decidió «flexibilizar el aforo a ciertos sitios públicos y privados,
permitiendo inclusive en algunos lugares, hasta el 100% de asistencia masiva,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionantes: Rafael Robles Solano
siempre que se cumpla con las nuevas normas de bioseguridad y los protocolos
dispuestos para ellos» y que, para tal efecto, se expidieron los Decreto número 1408
de 3 de noviembre de 2021, 580 de 31 de mayo de 2021 -numeral 24- y las
Resoluciones número 738 y 777 de 2021.
2.2. Destacó que las entidades accionadas, «al pretender imponer la exigencia
obligatoria del carnet de vacunados», incurrieron en un abuso de sus funciones y en
una «franca contradicción del objeto principal del Decreto 580 de 2021, que busca y
cito textualmente: “Regular la fase de aislamiento selectivo, distanciamiento
individual responsable y la reactivación económica segura que regirá en Colombia en
el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19».
2.3. Señaló que el Decreto 1408 de 3 de noviembre de 2021 «al exigir prueba de la
vacunación para poder ingresar a diferentes establecimientos, entonces están
modificando la vacuna voluntaria, para volverla obligatoria».
2.4. Adujo
que el Gobierno Nacional, en vez de optar por desarrollar campañas
pedagógicas, implementó una medida coercitiva y violatoria de los derechos
fundamentales de las personas, para así logar que una mayor de cantidad de
personas se vacune.
2.5. Indicó que las entidades accionadas desconocieron que las vacunas tienen una
eficacia relativa «porque no inmunizan totalmente a los vacunados, por cuanto estos
siguen expuestos a ser contagiados por cualquier persona», y agregó que dicha
eficacia relativa se puede advertir de los nuevos protocolos de bioseguridad -los cuales
mantienen el uso tapabocas- y de las advertencias que se imprimen sobre las vacunas,
en las que se indica «la vacunación contra el SARS-CoV-2/COVID-19, reducirá la
posibilidad la enfermedad».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] La presente Tutela, pretende como objeto principal la consignada como
número 1º y las signadas bajo números 2º, 3º, 4º y 5º, como pretensiones
subsidiarias, mientras la Presidencia, los Ministerios del Interior, de Salud y
Protección Social, consiguen superar las evidentes contradicciones que
concurren a las arbitrarias disposiciones, aclaran y definen los parámetros
conceptuales de las expresiones relacionadas a continuación:
1º. Solicito la suspensión inmediata de: imponer la presentación obligatoria del
carnet de vacunación para ingresar a determinados sitios públicos o privados,
lo cual configura un acto discriminatorio y conlleva el riesgo de ser perseguido
por no estar vacunado.
2º. Alcances del aforo: De conformidad con lo prescrito de facilitar en algunos
lugares hasta el 100% de asistencia masiva a ciertos sitios públicos y privados
siempre que se cumpla con las normas de bioseguridad y los nuevos
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protocolos dispuestos para ellos, entonces, se permita el acceso sin exigir el
carnet de vacunación,
3º. Precisar el concepto de aislamiento selectivo: Dentro del marco de estas
regulaciones, teniendo en cuenta alcance del distanciamiento individual
responsable y reactivación económica que regirá a Colombia en el marco de
la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, como corresponde al
aislamiento selectivo habilitado y extendido a eventos públicos o privados, que
impliquen aglomeraciones, Porque en principio, a estas restricciones no
concurren a los restaurantes y demás lugares de esparcimiento que se
encuentren con ambientes amplios y buena ventilación.
4º. Definir cuáles son las medidas necesarias para propiciar las condiciones
de bioseguridad que faciliten el reencuentro cierto en las actividades sociales,
deportivas y culturales, que permitan promover la salud y el bienestar integral
de la población colombiana, como predican en dichos Decretos.
5º. Conminar al Gobierno, para que disponga mientras tanto, el inicio de
masivas campañas pedagógicas y publicitarias para estimular y fomentar la
vacunación que permita llegar a la pretendida inmunidad de rebaño […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, por intermedio del
magistrado a cargo de la sustanciación del presente proceso y en auto de 12 de
enero de 2022, admitió la acción de tutela de la referencia en contra de «la
Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y
Protección Social» y ordenó la notificación de las accionadas. Asimismo, dispuso
remitir el expediente de la referencia al proceso de tutela número 11001-03-15-
000-2021-07578-00, a efectos de que se estudiara su posible acumulación.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se produjeron las
siguientes intervenciones:
5.1. El Presidente de la República, a través de apoderado judicial, rindió informe
en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la efectividad y seguridad
de las vacunas; iv) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas coberturas
de vacunación para evitar nuevos picos, v) el aumento de casos de Covid-19 en
niños (as) y adolescentes, vi) el certificado de vacunación, entre otros.
5.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que:
[…] 1. La parte accionante sí cuenta con un mecanismo de defensa judicial
que le permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1408
de 2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa
administrativa.
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2. Con la expedición del Decreto 1408 de 2021, se fijan restricciones
razonables para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte
la vida del resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos
de pandemia. Es decir, que la norma impugnada propende por la protección
de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en
Colombia, por cuanto procura la garantía de derechos como la protección a la
vida y la salud.
3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1408 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares.
En este orden de ideas, la titularidad de los derechos garantizados con la
expedición del Decreto 1408 de 2021 hoy derogado por el Decreto 1615 del
30 de noviembre de 2021, corresponden a todo el conglomerado social y no
corresponde de manera exclusiva a quien acciona […].
5.3. Luego de exponer las anteriores consideraciones, indicó que la parte actora
dispone de otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo para controvertir la
legalidad del acto administrativo que cuestiona en sede de tutela, como lo es el
medio de control de nulidad.
5.4. Igualmente, al referirse a la configuración del perjuicio irremediable en el caso
que nos ocupa, señaló lo siguiente: «[…] en el caso particular y concreto no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el
recurso de amparo […]».
5.5. Adicionalmente, señaló que «[…] la exigencia del carné de vacunación contra el
covid 19 en lugares de alta conglomeración social, responde al esfuerzo estatal
por contener, aminorar y mitigar los impactos nocivos y devastadores que el
mundo entero ha tendido que afrontar con ocasión a la pandemia; de manera que,
las restricciones que se imponen se armonizan con los fines y principios rectores
del Estado Social de Derecho […]».
5.6. Deotra parte, resaltó que la parte actora no se encuentra legitimada en la
causa por activa para promover el presente mecanismo de amparo, dado que
asume «[…] la vocería de toda la sociedad y de terceros en particular, sin que se
acredite que actúa como como representante legal, jurídico o agente oficiosos de
ninguna otra persona […]».
5.7. Con base en los argumentos expuestos, arribó a las siguientes conclusiones:
[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un
carácter residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso
particular y concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto
la parte actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
5
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presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1408 de 2021, en
tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas, que no se proyectan
hacia la materialización de un perjuicio irremediable.
2. Pese a que se enuncian una serie derechos que supuestamente afectan a
la accionante, surge un debate donde se involucran derechos cuya titularidad
corresponde a toda la sociedad y la vida en sociedad en medio de una
pandemia, no de un contexto de normalidad. Luego entonces, no acredita o
demuestra que la vulneración alegada de sus derechos fundamentales sea
una afectación directa y subjetiva. Así como tampoco demuestra que con la
entrada en vigor del Decreto 1408 de 2021 y hoy del Decreto 1615 de 2021,
se genere un perjuicio irremediable inminente, urgente, cierto e impostergable.
3. De otro lado, pese a las manifestaciones esbozadas por quien acciona, lo
cierto es que la vacunación en contra del COVID 19, no tiene un carácter
obligatorio de conformidad con a Ley 2064 de 2020 y con el Decreto 109 de
2021.
4. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad
de un acto administrativo de carácter general e impersonal como lo es el
Decreto 1408 de 2021 y ahora el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021.
5. El Decreto 1615 de 2021, surge como una respuesta estatal para mitigar los
efectos nocivos de la pandemia generada por el COVID 19 en el marco de la
emergencia sanitaria, con la finalidad de proteger la salud y la vida, la vida en
sociedad y la reactivación económica prevaleciendo el principio constitucional
del interés general.
A pesar de que las medidas farmacológicas y no farmacológicas han mostrado
un impacto positivo en el número de casos y fallecidos, algunos países han
empezado a sufrir incrementos en el número de casos. Lo cual evidencia que
se deben mantener los esfuerzos hacia el control de la pandemia.
6. En el caso particular y concreto no obra prueba siquiera sumaria de la
presunta obligatoriedad de la inoculación, mucho menos de la vulneración de
los derechos deprecados […].
5.8. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó lo siguiente:
[…] PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por cuanto
nos encontramos ante (i) la ausencia del requisito de subsidiariedad; (ii) por
cuanto no obra prueba siquiera sumaria que acredite la supuesta
vulneración de derechos fundamentales por parte del Gobierno Nacional y
(iii) por falta de legitimación en la causa por activa.
En su defecto, solicitamos negar el amparo solicitado por cuanto no se ha
vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de quien acciona con la
expedición por parte del Gobierno nacional del Decreto 1408 hoy Decreto
1615 de 30 de noviembre de 2021, por cuanto: Las medidas restrictivas para
las personas que no quieren vacunarse están justificadas constitucionalmente,
pues: (i) No obliga a la vacunación contra la Covid-19 a ningún ciudadano
colombiano; (ii) es razonable y está encaminada permitir la vida en sociedad y
económica en medio de la pandemia, protegiendo la salud en conexidad con
la vida de todos los colombianos y residentes en el país, y en ese sentido se
justifica la limitación al derecho a la libertad de locomoción; (ii) desarrolla el
principio de solidaridad que sustenta la prestación de servicios de salud -
artículos 48, 49 Y 95 de la Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria y
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Accionantes: Rafael Robles Solano
encuentra plena justificación en el hecho de que no se interviene en la
decisión de no vacunarse, pero acude a la restricción como único mecanismo
para evitar que la población no vacunada facilite la circulación del virus y el
riesgo de mutación, lo que gravemente sí afecta o al menos pone en riesgo la
vida de todos los colombianos y residentes en el país. […].
5.9. Los ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, por intermedio
de sus apoderados judiciales y a través de escritos separados, rindieron informes
en los que plasmaron argumentos coincidentes con aquellos expuestos por el
Presidente de la República e, igualmente, solicitaron que se declarara
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia o que, en su defecto, el
mismo se negara, ante la ausencia de vulneración de los derechos que se afirman
transgredidos.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela
presentada por la parte accionante en contra del Presidente de la República, del
Ministerio de Salud y Protección Social y por el Ministerio del Interior, en
virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en
armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
VI.2. Cuestión previa
7. Mediante auto de 12 de enero de 2022, el despacho a cargo del doctor Fredy
Hernando Ibarra Martínez, magistrado de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma
providencia, remitió este expediente para que se estudiara su posible acumulación
con el proceso con radicado número 11001-03-15-000-2021-07578-00), por existir
identidad de objeto, causa petendi y parte accionada.
8. Para resolver lo pertinente, es necesario poner de relieve que, el Decreto 1834
de 2015, en el artículo 2.2.3.1.3.1, fija la regla para el reparto de tutelas masivas,
en los siguientes términos:
[…] Artículo 2.2.3.1.3.3. Las acciones de tutela que persigan la protección de
los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o
vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o
de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas
1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la
primera de ellas.
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con
posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia. (Se destaca)
9. A su vez, el artículo 2.2.3.1.3.33 del mismo decreto dispone que la acumulación
de procesos procede hasta antes de dictarse la respectiva sentencia.
10. Como se logra apreciar de las normas transcritas, las acciones de tutela que
tengan una misma causa, objeto y parte pasiva4, serán resueltas por el juez que,
en primer lugar y de acuerdo con las reglas de competencia, hubiere
avocado el conocimiento de la primera de ellas, incluso después de haberse
proferido el respectivo fallo.
11. Con fundamento en las anteriores premisas, en el sub examine, se advierte que
si bien el proceso de la referencia con el expediente 11001-03-15-000-2021-
07578-00 guardan identidad de objeto, causa petendi y de accionados, la realidad
es que actualmente ya no resulta procedente ordenar su acumulación, habida
cuenta que en este último ya se dictó sentencia el 17 de enero de 2022.
12. Sin embargo, teniendo en cuenta que se cumplen los supuestos del artículo
2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015, se avocará el conocimiento de la acción
de tutela de la referencia, en aras de garantizar de que, frente a una misma
situación de hecho, no se produzca una decisión disímil en detrimento de la
seguridad jurídica y la igualdad; decisión que se adopta en la presente
providencia en virtud de los principios de celeridad y economía procesal
característicos de la acción de tutela.
VI.3. Problemas jurídicos
13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra acto administrativo de carácter
general.
b) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por los actores como consecuencia de la expedición del Decreto
número 1408 de 3 de noviembre de 2021.
3
[…] El juez de tutela que reciba las acciones de tutela podrá acumular los procesos en virtud de la aplicación de los
artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del presente decreto, hasta antes de dictar sentencia, para fallarlos todos en la misma
providencia […].
4
Sobre el análisis de los elementos que deben configurarse para predicar la aplicabilidad del artículo 2.2.3.1.3.1. del
Decreto 1069 de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 1834 de 2015, ver: Corte Constitucional, Auto 172 de 2016,
C.P. Alberto Rojas Ríos.
8
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Accionantes: Rafael Robles Solano
VI.4. Caso concreto
14. Elciudadano Rafael Robles Solano solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, a la igualdad, a la honra y a la libertad de locomoción, los
cuales estimó vulnerados por el por el Presidente de la República, del Ministerio
de Salud y Protección Social y por el Ministerio del Interior como consecuencia
de la expedición del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 2021, a través
del cual se reglamenta la obligación de las entidades territoriales de adicionar a los
protocolos de bioseguridad la exigencia del carné de vacunación contra la Covid-
19, como requisito de ingreso a «(i) eventos presenciales de carácter público o
privado que impliquen asistencia masiva y, (ii) bares, gastrobares, restaurantes,
cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de
ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos,
museos, y ferias».
VI.4.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia con
ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021
15. En relación con la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de
Decisión en reciente providencia de 9 de septiembre de 20215 precisó que dicho
fenómeno jurídico se presenta en las siguientes eventualidades: «[…] i) por hecho
superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación a los
derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el pronunciamiento del
juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos
del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre
las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de materia […]».
16. Particularmente, y en lo atiente a la carencia actual de objeto por sustracción
materia, la Sala concluyó que tal figura: «[…] se configura en aquellos casos en
que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe
tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y,
en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado […]».
17. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:
[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00300-00
Accionantes: Rafael Robles Solano
“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a
todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción6” […] (negrillas fuera del texto).
18. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida
como un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los
derechos fundamentales de las personas y debido a esto, al desaparecer las
causa que da origen a dicha vulneración, como sería, por ejemplo, la derogatoria
del acto administrativo que presuntamente vulnera las garantías fundamentales
del accionante, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.
19. En este contexto, se pone de relieve que el Decreto número 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5º del Decreto
número 1615 de 30 de noviembre de 20217, norma cuyo tenor literal prescribe:
«[…] el presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408
del 3 de noviembre de 2021 […]» (negrillas fuera del texto).
20. Ahora bien, en los casos sub examine se advierte que las pretensiones de la
acción de tutela persiguen la protección de los derechos fundamentales invocados
por la parte actora y, como consecuencia de ello, que se suspenda el Decreto
número 1408 de 3 de noviembre de 2021, que conminaba a las entidades
territoriales para que adicionaran a sus protocolos de bioseguridad la exigencia del
carné de vacunación, como requisito para ingresar a «(i) eventos presenciales de
carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y, (ii) bares,
gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos,
bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de
diversiones y temáticos, museos, y ferias».
6
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-653 de 17 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
7
“Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”.
10
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Accionantes: Rafael Robles Solano
21. En atención a lo anterior, y en consideración a que el objeto del presente
proceso consiste en que se suspendan los efectos del Decreto número 1408 del 3
de noviembre de 2021, para la Sección es claro que en el caso de autos se
configura la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en el
entendido que el acto administrativo que presuntamente vulneró los
derechos fundamentales de los accionantes, no está surtiendo efectos
jurídicos en este momento, debido a su derogatoria expresa.
22. Cabe resaltar que, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de
2021, al tenor literal numeral 5° del artículo 91 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA8, se materializa el
supuesto normativo denominado «pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo» como fenómeno derivado, en este caso concreto, de la falta de
vigencia del referido acto administrativo9.
23. Es pertinente poner de relieve que el atributo de la ejecutoriedad hace
referencia a que un determinado acto administrativo, una vez en firme, sea
exigible y produzca efectos jurídicos, circunstancia que no se presenta en este
caso en razón a la referida derogatoria.
24. Ahora bien, es oportuno precisar que, aunque el Decreto 1408 de 2021 fue
derogado, lo cierto es que surtió efectos mientras estuvo vigente y, en ese
sentido10: «[…] el hecho que un acto administrativo objeto de control no esté
produciendo efectos jurídicos no impide la realización del juicio de legalidad por
los efectos que pudo producir durante el tiempo en que estuvo vigente […]», razón
por la cual será el juez ordinario -como juez natural de este tipo de controversias- y no
el juez constitucional de tutela, el encargado de analizar la legalidad del acto y de
disponer o no la adopción de las medidas cautelares que se estimen pertinentes.
25. Sobre el particular, se pone de presente que en esta Sección actualmente
cursan más de 150 demandas instauradas en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, a través de las cuales se busca que
se declare la nulidad del Decreto número 1408 de 2021, siendo la primera en ser
8
«[…] ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes
casos:
(…)
5. Cuando pierdan vigencia. […]».
9
«[…] ARTÍCULO 89. CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES. Salvo
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan
ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto
podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021, Exp.
11001-03-24-000-2012-00323-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. En el mismo sentido ver las siguientes providencias: de 27
de marzo de 2003, Expediente: 0171 (7095), M.P. Camilo Arciniegas Andrade; de 10 de marzo de 2010, Expediente:
11001032400020040038001, M.P. María Claudia Rojas Lasso; de sentencia de 22 de noviembre de 2012, Expediente:
11001032400020080010000, M.P. María Elizabeth García González, de 10 de mayo de 2018, Expediente 11001-03-24-
000-2008-00248-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, entre otras.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00300-00
Accionantes: Rafael Robles Solano
admitida la promovida por el señor José Ignacio Morales Arriaga, con radicación
11001-03-24-000-2021-00686-0011, y en las cuales se solicitó que se decrete la
suspensión previsional del plurimencionado decreto.
26. Asimismo, es pertinente resaltar que si bien es cierto que el Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021 exigió nuevamente la presentación del carné de
vacunación o certificado digital para ingresar a ciertos lugares, también lo es que
este juez constitucional, en el marco de proceso de la referencia, no puede emitir
un pronunciamiento de fondo frente al mismo, en tanto que se trata de actos
administrativos distintos, autónomos e independientes y en relación a los cuales
no existe plena identidad jurídica, tal como se puede evidenciar del siguiente
cuadro comparativo:
DECRETO 1408 DE 2021 DECRETO 1615 DE 2021 DIFERENCIAS
(03 de noviembre, 2021) (30 de noviembre, 2021)
Artículo 1. Objeto. El Artículo 1. Objeto. El presente N/A
presente Decreto tiene por Decreto tiene por objeto impartir
objeto impartir instrucciones en virtud de la
instrucciones en virtud de emergencia sanitaria generada
la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus
generada por la pandemia COVID 19.
del Coronavirus COVID-
19.
Artículo 2. Exigencia del Artículo 2. Exigencia del 1) Se modificaron las fechas de exigencia del inicio
Carné de Vacunación. Carné de Vacunación. Las del esquema de vacunación y para tener el
Las entidades territoriales entidades territoriales deberán esquema de vacunación completo:
deberán adicionar a los adicionar a los protocolos de
protocolos de bioseguridad vigentes, la Decreto Decreto
bioseguridad vigentes, la presentación obligatoria del 1408 1615
presentación obligatoria carné de vacunación contra el Requisito Para Para
del carné de vacunación Covid-19 o certificado digital de inicio mayores de mayores de
contra el Covid-19 o vacunación disponible en el link: esquema de 18 años, 12 años,
certificado digital de mivacuna.sispro.gov.co, en el vacunación desde el 16 desde el 1°
vacunación disponible en que se evidencie, como mínimo, de de diciembre
el link: el inicio del esquema de noviembre de 2021.
mivacuna.sispro.gov.co, vacunación, como requisito de de 2021.
en el que se evidencie, ingreso a: (i) eventos
como mínimo, el inicio del presenciales de carácter público Para
esquema de vacunación, o privado que impliquen mayores de
como requisito de ingreso asistencia masiva y, (ii) bares, 12 años,
a: (i) eventos presenciales gastrobares, restaurantes, cines, desde el 30
de carácter público o discotecas, lugares de baile, de
privado que impliquen conciertos, casinos, bingos y noviembre
asistencia masiva y, (ii) actividades de ocio, así como de 2021.
bares, gastrobares, escenarios deportivos, parques Requisito N/A Para
restaurantes, cines, de diversiones y temáticos, esquena de mayores de
discotecas, lugares de museos, y ferias. vacunación 18 años,
baile, conciertos, casinos, completo (2 desde el 14
bingos y actividades de Parágrafo 1. El cumplimiento de dosis) de diciembre
ocio, así como escenarios las normas aquí dispuestas de 2021.
deportivos, parques de estará a cargo de los
diversiones y temáticos, propietarios, administradores u Para
museos, y ferias. organizadores de eventos mayores de
presenciales de carácter público 12 años,
Parágrafo 1. El o privado que impliquen desde el 28
cumplimiento de las asistencia masiva y en aquellos de diciembre
normas aquí dispuestas lugares antes señalados. En de 2021.
estará a cargo de los caso de incumplimiento las En ambos decretos se exceptúa de ambas
propietarios, autoridades competentes medidas a la población entre 0 y 12 años.
administradores u adelantarán las acciones
organizadores de eventos correspondientes. 2) Se agregan los siguientes parágrafos:
presenciales de carácter
público o privado que Parágrafo 2. La exigencia del Parágrafo 3: Min. Salud y Min. Interior podrán
impliquen asistencia carné de vacunación contra el ampliar las medidas a otras actividades o sectores.
masiva y en aquellos Covid-19 o certificado digital de
lugares antes señalados. vacunación disponible en el link: Parágrafo 4. Las personas que hacen parte de
11
Fue admitida mediante auto de 25 de noviembre de 2021, por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00300-00
Accionantes: Rafael Robles Solano
En caso de rnivacuna.sispro.gov.co, en el una investigación con vacunas AntiCOVID-19
incumplimiento las que se evidencie, como mínimo, deberán presentar un certificado que los acredite
autoridades competentes el inicio del esquema de como tal.
adelantarán las acciones vacunación, como requisito de
correspondientes. ingreso para las actividades aquí Parágrafo 5. Día libre para servidores públicos y
dispuestas entrará en vigencia a trabajadores oficiales que en el mes de diciembre
Parágrafo 2. La exigencia partir del 1 de diciembre de 2021 completen sus esquemas de vacunación o
del carné de vacunación para mayores de 12 años; se apliquen dosis de refuerzo.
contra el Covid-19 o exceptúa de esta medida a la
certificado digital de población entre 0 y menor a 12 Parágrafo 6. Insta al sector privado a otorgar un
vacunación disponible en años. día libre a empleados o contratistas que en el mes
el link: de diciembre completen sus esquemas de
mivacuna.sispro.gov.co, La exigencia del carné de vacunación o apliquen dosis de refuerzo.
en el que se evidencie, vacunación contra el Covid-19 o
como mínimo, el inicio certificado digital de vacunación
del esquema de disponible en el link: *EN EL DECRETO 1408 EL PARÁGRAFO 3
vacunación, como mivacuna.sispro.gov.co, en el DECÍA:
requisito de ingreso para que se evidencie el esquema de Parágrafo 4. El Ministerio de Salud y Protección
las actividades aquí vacunación completo -mínimo Social en conjunto con el Ministerio del Interior,
dispuestas entrará en dos dosis-, como requisito de quedan facultados para determinar la fecha desde
vigencia a partir del 16 de ingreso para las actividades aquí la cual se realizar la exigencia de carné con
noviembre de 2021 para dispuestas, entrará en vigencia esquema de vacunación completo.
mayores de 18 años y a partir del 14 de diciembre de
desde el 30 de noviembre 2021 para mayores de 18 años; → Esto se definió para el Decreto 1615 de 2021.
de 2021 para mayores de y desde el 28 de diciembre de
12 años; se exceptúa de 2021 para mayores de 12 años;
esta medida a la población se exceptúa de esta medida a la
entre O y 12 años. población entre y 12 años.
Parágrafo 3. El Ministerio Parágrafo 3. El Ministerio de
de Salud y Protección Salud y Protección Social en
Social en coordinación coordinación con el Ministerio
con el Ministerio del del Interior, podrá ampliar esta
Interior, podrá ampliar medida a otras actividades o
esta medida a otras sectores, de acuerdo con la
actividades o sectores, de evolución de la pandemia contra
acuerdo con la evolución el Covid -19 Y el avance del
de la pandemia contra el Plan Nacional de Vacunación.
Covid -19 Y el avance del
Plan Nacional de Parágrafo 4. Las personas que
Vacunación. hacen parte de una
investigación con vacunas
Parágrafo 4. El Ministerio AntiCOVID-19 aprobados por el
de Salud y Protección Instituto Nacional de Vigilancia
Social en conjunto con el de Medicamentos y Alimentos -
Ministerio del Interior, INVIMA-, como requisito de
quedan facultados para ingreso para las actividades aquí
determinar la fecha desde dispuestas deberán presentar el
la cual se realizar la certificado emitido por el Centro
exigencia de carné con de Investigación en el que se
esquema de vacunación está desarrollando el ensayo
completo. clínico que los acredite como
personas en investigación
clínica con vacunas contra el
Covid-19.
Parágrafo 5. El Gobierno
Nacional dará un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
servidores públicos y
trabajadores oficiales que en el
mes de diciembre completen sus
esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Parágrafo 6. El Gobierno
Nacional insta al sector privado
a otorgar un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
empleados o contratistas que en
el mes de diciembre completen
sus esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00300-00
Accionantes: Rafael Robles Solano
Protección Social.
Artículo 3. Criterio y 1) Se agrega este artículo sobre CRITERIO Y
condiciones para el desarrollo CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
de las actividades bajo LAS ACTIVIDADES BAJO ESQUEMAS DE
esquemas de vacunación VACUNACIÓN COMPLETOS:
completos. El desarrollo de
todas las actividades aquí - Se debe exigir sin excepción en todo evento o
dispuestas se realizará, de lugar el carnet de vacunación completo de acuerdo
acuerdo con los siguientes con las fechas anteriormente señaladas.
criterios:
Todo evento presencial de - Puede haber un aforo del 100% cuando se
carácter público o privado que cumpla con el criterio y condición.
implique asistencia masiva a
bares, gastrobares,
restaurantes, cines, discotecas,
lugares de baile, conciertos,
casinos, bingos y actividades de
ocio, así como escenarios
deportivos, parques de
diversiones y temáticos,
museos, y ferias deberá exigir
sin excepción el carnet de
vacunación con esquema
completo de acuerdo con las
fechas señaladas en el artículo
anterior. Los aforos podrán ser
del 100% de acomodación
cuando se cumpla con este
criterio y condición.
Artículo 3. Artículo 4. Comunicación de N/A
Comunicación de las las medidas y órdenes en
medidas y órdenes en materia de orden público
materia de orden público emitidas por alcaldes y
emitidas por alcaldes y gobernadores. Las
gobernadores. Las instrucciones y órdenes que
instrucciones y órdenes emitan los gobernadores y
que emitan los alcaldes municipales y distritales
gobernadores y alcaldes en materia de orden público, con
municipales y distritales relación a la emergencia
en materia de orden sanitaria por causa del
público, con relación a la Coronavirus COVID19 deben
emergencia sanitaria por ser previamente justificadas y
causa del Coronavirus comunicadas al Ministerio del
COVID-19 deben ser Interior, y deberán ser
previamente justificadas y autorizadas por esta entidad.
comunicadas al Ministerio
del Interior, y deberán ser
autorizadas por esta
entidad.
Artículo 4. Vigencia. El Artículo 5. Vigencia. El El Decreto número 1615 de 2021 deroga
presente Decreto rige a presente Decreto rige a partir de expresamente el Decreto 1408 de 2021.
partir de su expedición. su publicación y deroga
el Decreto 1408 del 3 de
noviembre de 2021.
27. En virtud de lo expuesto, para la Sala es claro que, dadas las diferencias
anteriormente advertidas, será el juez ordinario -o constitucional- que conozca de las
correspondientes acciones judiciales en contra del Decreto 1615 de 2021, el
llamado a emitir el pronunciamiento a que hubiere lugar.
28. Por último, la Sala pone de presente que esta Sección, mediante los fallos de
15 de diciembre de 202112 y de 17 de enero de 202213, tuvo la ocasión de analizar
un asunto idéntico al presente, adoptando la misma decisión que en esta
oportunidad se prohíja en su integridad, en el sentido de señalar la carencia actual
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00300-00
Accionantes: Rafael Robles Solano
de objeto por sustracción de materia respecto de la acción de tutela que había
sido interpuesta en contra del Decreto número 1408 de 2021.
29. Así las cosas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la acumulación del presente expediente al proceso con
radicado 11001-03-15-000-2021-07578-00 (Actora: Ana de Jesús Gallo) y, como
consecuencia de ello, AVOCAR el conocimiento del mecanismo de amparo de la
referencia, de conformidad con las consideraciones previamente expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia
de la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P:(15)
CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por todos los integrantes de la Sala de
Decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial Samai.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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