Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00300-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00300-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00300-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
16 de junio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00300-01
Demandante: RAFAEL ROBLES SOLANO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00300-01
Demandantes: RAFAEL ROBLES SOLANO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL
INTERIOR, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Exigencia de carné
de vacunación del COVID-19. Improcedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Rafael Robles Solano, en nombre propio, contra la
sentencia de 17 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, en la que declaró la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante afirmó que, con el propósito de facilitar la reactivación económica, el
Gobierno Nacional decidió “flexibilizar el aforo a ciertos sitios públicos y privados,
permitiendo inclusive en algunos lugares, hasta el 100% de asistencia masiva,
siempre que se cumpla con las nuevas normas de bioseguridad y los protocolos
dispuestos para ellos”, y que, para tal efecto, se expidieron los Decretos 1408 de 3
de noviembre de 2021, 580 de 31 de mayo de 2021, numeral 24 y las
Resoluciones Nos. 738 y 777 de 2021.
Sostuvo que las entidades accionadas al imponer la exigencia obligatoria del
carné de vacunación incurrieron en un abuso de sus funciones y en una franca
contradicción del objeto principal del Decreto 580 de 2021, que busca “regular la
fase de aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable y la
reactivación económica segura que regirá en Colombia en el marco de la
emergencia sanitaria declarada por el COVID-19”.
Señaló que el Decreto 1408 de 3 de noviembre de 2021, “al exigir prueba de la
vacunación para poder ingresar a diferentes establecimientos, entonces está
modificando la vacuna voluntaria, para volverla obligatoria”, y que, el Gobierno
Nacional, en vez de optar por desarrollar campañas pedagógicas implementó una
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medida coercitiva y violatoria de los derechos fundamentales de las personas,
para así lograr que una mayor de cantidad de personas se vacune.
Indicó que las entidades accionadas desconocieron que las vacunas tienen una
eficacia relativa “porque no inmunizan totalmente a los vacunados, por cuanto
estos siguen expuestos a ser contagiados por cualquier persona”, y agregó que
dicha eficacia relativa se puede advertir de los nuevos protocolos de bioseguridad,
los cuales mantienen el uso tapabocas y de las advertencias que se imprimen
sobre las vacunas, en las que se indica que “la vacunación contra el SARS-CoV-
2/COVID-19 , reducirá la posibilidad la enfermedad”.
Finalmente, reprochó la imposición de la industria farmacéutica a los gobiernos
para eximir de responsabilidad a los laboratorios, además de exigir la firma del
consentimiento informado como condición para acceder a las vacunas, cuando
sostiene, en las advertencias descritas como información previa buscan justificar
la validez de dichas vacunas, aun cuando su eficacia es relativa.
2. Fundamentos de la acción
El actor considera que la imposición de la exigencia obligatoria del carné de
vacunados para poder ingresar a diferentes establecimientos, contenida en el
Decreto 1408 de 3 de noviembre de 2021, vulnera los derechos fundamentales a
la vida, la libertad, la libre expresión, la libre circulación, a la información y a la
honra, por cuanto, indicó “el hecho de impedir mi ingreso a ciertos sitios, por no
portar el carnet de vacunación, conlleva que sea discriminado en público y en
privado, como exponerme a los riesgos resultantes de ser perseguido por no estar
vacunado”.
Adujo que el Gobierno Nacional desconoce que el Decreto 1408 de 3 de
noviembre de 2021, dispone el reconocimiento y la inclusión de personas que
hayan decidido no vacunarse, en tanto dispone que “en la organización y dentro
de las estrategias de retorno a las actividades de manera presencial se deberá
incluir a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no
vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad".
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“La presente Tutela, pretende como objeto principal la consignada como número 1° y
las signadas bajo números 2°, 3°, 4° y 5°, como pretensiones subsidiarias, mientras la
Presidencia, los Ministerios del Interior, de Salud y Protección Social, consiguen
superar las evidentes contradicciones que concurren a las arbitrarias disposiciones,
aclaran y definen los parámetros conceptuales de las expresiones relacionadas a
continuación:
1°. Solicito la suspensión inmediata de: imponer la presentación obligatoria del carnet
de vacunación para ingresar a determinados sitios públicos o privados, lo cual
configura un acto discriminatorio y conlleva el riesgo de ser perseguido por no estar
vacunado.
2°. Alcances del aforo: De conformidad con lo prescrito de facilitar en algunos lugares
hasta el 100% de asistencia masiva a ciertos sitios públicos y privados siempre que
se cumpla con las normas de bioseguridad y los nuevos protocolos dispuestos para
ellos, entonces, se permita el acceso sin exigir el carnet de vacunación.
3°. Precisar el concepto de aislamiento selectivo: Dentro del marco de estas
regulaciones, teniendo en cuenta [el] alcance del distanciamiento individual
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responsable y reactivación económica que regirá a Colombia en el marco de la
emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, como corresponde al aislamiento
selectivo habilitado y extendido a eventos públicos o privados, que impliquen
aglomeraciones, porque en principio, a estas restricciones no concurren a los
restaurantes y demás lugares de esparcimiento que se encuentren con ambientes
amplios y buena ventilación.
4°. Definir cuáles son las medidas necesarias para propiciar las condiciones de
bioseguridad que faciliten el reencuentro cierto en las actividades sociales, deportivas
y culturales, que permitan promover la salud y el bienestar integral de la población
colombiana, como predican en dichos Decretos.
5°. Conminar al Gobierno, para que disponga mientras tanto, el inicio de masivas
campañas pedagógicas y publicitarias para estimular y fomentar la vacunación que
permita llegar a la pretendida inmunidad de rebaño”.
4. Pruebas relevantes
Con la solicitud no se allegó ningún documento.
5. Trámite procesal
En sentencia de primera instancia de 17 de febrero de 2022, el Consejo de
Estado, Sección Primera, negó la acumulación con el expediente 11001-03-15-
000-2021-07578-00, con ocasión del envió por parte de la Subsección “B” de la
Sección Tercera de esta Corporación, y avocó el conocimiento de la acción de
tutela de la referencia, en aras de garantizar que, frente a una misma situación de
hecho, no se produjera una decisión disímil en detrimento de la seguridad jurídica
y la igualdad, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal
característicos de la acción de tutela.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Presidencia de la República
El asesor jurídico de la Presidencia de la República rindió informe en el que
solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor,
en tanto, informó, no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados por parte del Gobierno Nacional.
Luego de hacer una amplia exposición sobre el estado actual de la pandemia y la
nueva crisis global de salud pública ocasionada por el COVID-19, afirmó que la
acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un carácter residual y
subsidiario, y que en el caso no se cumple con el requisito de procedibilidad de la
subsidiariedad, por cuanto la parte actora no demuestra una afectación directa y
subjetiva a sus derechos, presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto
1408 de 2021, en tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas que no
se proyectan hacia la materialización de un perjuicio irremediable.
Indicó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la
legalidad de un acto administrativo de carácter general e impersonal, como lo es el
Decreto 1408 de 2021 y ahora el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, el
cual surge como una respuesta estatal para mitigar los efectos nocivos de la
pandemia generada por el COVID 19 en el marco de la emergencia sanitaria, con
la finalidad de proteger la salud y la vida, la vida en sociedad y la reactivación
económica prevaleciendo el principio constitucional del interés general.
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Añadió que la parte accionante cuenta con un mecanismo de defensa judicial que
le permite controvertir la constitucionalidad y la legalidad del Decreto 1408 de
2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contencioso
administrativa.
Agregó que con la expedición del Decreto 1408 de 2021, así como con las
múltiples decisiones adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la
emergencia sanitaria, producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la
garantía de derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños
irreparables, como las pérdidas humanas, o las nefastas consecuencias en la
sostenibilidad financiera de un sin número de hogares.
Sostuvo que en el caso no se observa la configuración de un perjuicio irremediable
que haga procedente el recurso de amparo como mecanismo transitorio, e indicó
que el actor no se encuentra legitimado en la causa por activa para promover el
presente mecanismo de amparo, dado que asume la vocería de toda la sociedad y
de terceros en particular, sin que se acredite que actúa como como representante
legal, jurídico o agente oficiosos de ninguna otra persona.
Finalmente, refirió que en el caso particular y concreto no obra prueba siquiera
sumaria de la presunta obligatoriedad de la inoculación, mucho menos de la
vulneración de los derechos invocados.
6.2. Respuestas de los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social
La asesora jurídica del Ministerio del Interior y el del Ministerio de Salud y
Protección Social rindieron informes en términos similares, en el que solicitaron
negar las pretensiones de la acción, mediante escrito en el que reiteró la
exposición sobre el estado actual de la pandemia y la nueva crisis global de salud
pública ocasionada por el COVID-19 expuesta por la Presidencia de la República
en su contestación a la demanda.
Sostuvieron que la solicitud debe negarse ante la ausencia de vulneración de los
derechos invocados, dado que las medidas restrictivas para las personas que no
quieren vacunarse se encuentran justificadas constitucionalmente, por cuanto: “(i)
No obliga a la vacunación contra la Covid-19 a ningún ciudadano colombiano; (ii)
es razonable y está encaminada permitir la vida en sociedad y económica en
medio de la pandemia, protegiendo la salud en conexidad con la vida de todos los
colombianos y residentes en el país, y en ese sentido se justifica la limitación al
derecho a la libertad de locomoción; (ii) desarrolla el principio de solidaridad que
sustenta la prestación de servicios de salud -artículos 48, 49 y 95 de la
Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria y encuentra plena justificación en
el hecho de que no se interviene en la decisión de no vacunarse, pero acude a la
restricción como único mecanismo para evitar que la población no vacunada
facilite la circulación del virus y el riesgo de mutación, lo que gravemente sí afecta
o al menos pone en riesgo la vida de todos los colombianos y residentes en el
país”.
Finalmente, pusieron de presente que esas carteras ministeriales han sido
notificadas de multiplicidad de acciones de tutela en contra del Decreto 1408 de
2021, así como también de gran número de fallos sobre el mismo tema, “todos
ellos coincidentes en negar o declarar la improcedencia del mecanismo tutelar, por
no cumplirse con el requisito de subsidiariedad”.
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6.3. Los demás vinculados al trámite constitucional aun cuando fueron
debidamente vinculados, guardaron silencio.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, en fallo de 17 de febrero de 2022, declaró
la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
Hizo referencia al fenómeno de la carencia de objeto por sustracción materia, del
que concluyó que “se configura en aquellos casos en que deja de existir el objeto
jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión, por lo
cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez
constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del
derecho fundamental invocado”. Agregó que el Decreto número 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5° del Decreto
número 1615 de 30 de noviembre de 2021, norma cuyo tenor literal prescribe que
“el presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3
de noviembre de 2021”.
Afirmó que, en tal sentido, este mecanismo tampoco resulta procedente cuando el
titular del derecho amenazado o vulnerado ha contado con la posibilidad de
ejercer las acciones ordinarias o especiales ante las autoridades jurisdiccionales
creadas para conocer de los litigios originados en actos de la administración1,
como ocurría en el caso.
Adujo que, en ese sentido, en tanto las pretensiones de la presente acción de
tutela persiguen que se suspenda el Decreto número 1408 de 3 de noviembre de
2021, en el caso se configuraba la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, en el entendido que el acto administrativo que presuntamente vulneró los
derechos fundamentales de los accionantes, no está surtiendo efectos jurídicos en
este momento, debido a su derogatoria expresa.
Sostuvo que, no obstante, aunque el Decreto 1408 de 2021 fue derogado, lo cierto
es que surtió efectos mientras estuvo vigente y, en ese sentido el hecho de que
un acto administrativo objeto de control no esté produciendo efectos jurídicos, no
impide la realización del juicio de legalidad por los efectos que pudo producir
durante el tiempo en que estuvo vigente, razón por la cual será el juez ordinario,
como juez natural de este tipo de controversias, y no el juez constitucional de
tutela, el encargado de analizar la legalidad del acto y de disponer o no la
adopción de las medidas cautelares que se estimen pertinentes.
Finalmente, sostuvo que si bien el Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021
exigió nuevamente la presentación del carné de vacunación o certificado digital
para ingresar a ciertos lugares, también lo es que el juez constitucional no puede
emitir un pronunciamiento de fondo frente al mismo, en tanto que se trata de actos
administrativos distintos, autónomos e independientes y en relación a los cuales
no existe plena identidad jurídica.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, por
cuanto, sostuvo, se trata de un pronunciamiento elusivo, por cuanto no es cierto
1
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-461 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo.
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que se hubiera derogado la obligación de exigir el carné de vacunas para ingresar
a determinados sitios públicos o privados.
Afirmó que existe una contradicción en el fallo, cuando se insiste en que la
vacunación en contra del COVID 19 no tiene carácter obligatorio de conformidad
con la Ley 2064 de 2020 y con el Decreto 109 de 2021, pues el Decreto 1615 de
2021 indica que se debe exigir sin excepción en todo evento o lugar el carnet de
vacunación completo de acuerdo con las fechas anteriormente señaladas, "lo cual
significa que las vacunas sí son obligatorias, y que las demás razones en contra,
son falsas”.
Finalmente, solicitó que “se evalúen y valoren seriamente alcance de los
argumentos consignados de mi parte y se pronuncien puntualmente sobre el
objeto de la tutela, que consiste como soporte legal el pretender se suspenda de
inmediato la exigencia y presentación obligatoria del carnet de vacunación o
carnet digital o que la misma sea derogada, pues mis pretensiones siguen
incólumes frente a la vulneración de los Derechos Fundamentales invocados y
porque conducen a la tipificación de un evidente PERJUICIO IRREMEDIABLE, en
cuanto a que con ello reitero, quedo en riesgo y desprotegido, siendo además
expuesto a inminentes acosos y peligrosas persecuciones discriminatorias en
público y privado, como resultado de la imposición obligatoria del carnet de
vacunación”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 17 de febrero
de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró la
carencia actual de objeto por sustracción materia, y si conforme al dicho del actor
en la acción de tutela la exigencia obligatoria del carné de vacunación para poder
ingresar a diferentes establecimientos contenida en el Decreto 1408 de 3 de
noviembre de 2021, vulnera los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la
libre expresión, la libre circulación, a la información y a la honra, por cuanto,
indicó, “el hecho de impedir mi ingreso a ciertos sitios, por no portar el carnet de
vacunación, conlleva que sea discriminado en público y en privado, como
exponerme a los riesgos resultantes de ser perseguido por no estar vacunado”.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
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medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
En desarrollo del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1º del artículo
6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será
improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para
resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.
Además, de conformidad con los numerales 2º a 5º de dicha norma, tampoco se
considera procedente cuando para proteger el derecho se pueda invocar el
habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos; cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado y, por último, “5.
cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Dentro de esta última causal de improcedencia, se encuentran contemplados los
actos administrativos de carácter general o impersonal, es decir, aquellos que
“crea, modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada
directamente con alguna persona o cosa determinada”2.
Debido a que la acción de tutela esta concebida como un mecanismo excepcional
para la protección individual o subjetiva de los derechos fundamentales, en
principio, no constituye el medio apto para impugnar judicialmente actos
administrativos de carácter general o impersonal3, pues el ordenamiento jurídico
establece otros medios de defensa judicial que permiten verificar la
constitucionalidad y la legalidad de esa clase de actuaciones. En particular, (i) la
acción de nulidad por inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 135 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)4 y (ii) la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 137 ibíd5. Así
2
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Colombia: Librería Ediciones del
Profesional LTDA. Cuarta Edición, 2005, p. 85.
3
Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2014, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
4
“Artículo 135. Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por
sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el
Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos
237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa
disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la
demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de
cualquier norma constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su
juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.
5
“Artículo 137. Nulidad
Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y
registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes
casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
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como, (iii) las demandas de inconstitucionalidad que se tramitan ante la Corte
Constitucional (art. 245, numeral 5º de la Constitución Política), contra los decretos
con fuerza de ley dictados por el Gobierno en ejercicio de facultades
extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, por su contenido
material o por vicios de procedimiento en su formación.
En sentencia T-111 de 2008, la Corte Constitucional advirtió que, cuando la tutela
se dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, deben
cumplirse los siguientes supuestos para la procedencia: “(i) Que se está ante una
amenaza cierta, consistente en que de la aplicación de un acto de carácter
general, impersonal y abstracto, se derive una afectación de los derechos
fundamentales de una persona y, (ii) Que, en tal eventualidad, el acudir a las vías
ordinarias podría comportar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.
Además, mediante sentencia C-132 de 20186, dicha corporación judicial precisó
los criterios desarrollados a través de una línea de interpretación uniforme7 e
identificó las reglas de procedencia de las acciones de tutela contra un acto de
carácter general, impersonal y abstracto.
En concreto, señaló que por regla general la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo y apropiado para controvertir este tipo de actos. Sin embargo, también
advirtió que la jurisprudencia constitucional ha admitido dos excepciones a dicha
regla de improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter abstracto y general, a saber:
“cuando (i) la persona afectada carece de medios ordinarios para procurar la defensa
de sus derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para cuestionar esa
clase decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y cuando (ii) la aplicación del acto administrativo general amenace o
vulnere los derechos fundamentales de una persona. Además, (…) la acción de tutela
es procedente contra las determinaciones de orden general en el evento que éstas
causen daños a los derechos fundamentales de las personas y que devengan en
perjuicios irremediables”.
Asimismo, de comprobarse alguna de las dos últimas hipótesis, el juez
constitucional está habilitado para “hacer uso de la facultad excepcional
consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un
carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo
por parte del juez competente”8.
Por último, en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
20159, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i) inminente,
es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es, tiende a un
resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la inminencia; (ii)
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un
derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”.
6
M.P. Alberto Rojas Ríos.
7
Cfr., entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de
2005, T-435 de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-
31 de 1993.
8
Corte Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
9
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o remedio de
forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser de gran
intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad.
En suma, teniendo en cuenta las características esenciales de la acción de tutela,
dicho mecanismo constitucional, por regla general, es improcedente para
controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto. Su procedibilidad
únicamente se habilita (i) cuando la persona afectada carezca de mecanismos
judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, por
no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y, (ii) cuando sea posible establecer que el contenido del acto de
carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Además, (iii) cuando se
trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Solo en los dos
últimos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del
juez competente.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el presente asunto, el accionante considera que la exigencia obligatoria del
carné de vacunación para poder ingresar a diferentes establecimientos, contenida
en el Decreto 1408 de 3 de noviembre de 2021, vulnera los derechos
fundamentales a la vida, la libertad, la libre expresión, la libre circulación, a la
información y a la honra, por cuanto, indicó, “el hecho de impedir mi ingreso a
ciertos sitios, por no portar el carnet de vacunación, conlleva que sea discriminado
en público y en privado, como exponerme a los riesgos resultantes de ser
perseguido por no estar vacunado”.
En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado, en fallo de 17 de
febrero de 2022, declaró la carencia actual de objeto por sustracción de materia,
en tanto, indicó, el Decreto 1408 de 3 de noviembre de 2021 fue derogado
expresamente por el artículo 5° del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021,
norma cuyo tenor literal prescribe que “el presente Decreto rige a partir de su
publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”, por lo que el
objeto jurídico sobre el que recae la tutela ha desaparecido.
4.2. Del análisis de los actos administrativos de los que se alega la vulneración
iusfundamental, la Sala encuentra que les asiste razón a las autoridades
demandadas al afirmar que la acción de tutela no cumple con el requisito de la
subsidiariedad, dado que los reparos formulados frente al Decreto 1408 de 2021,
más que relacionarse con la vulneración de derechos fundamentales, ostentan un
carácter constitucional y legal propio de los medios de control de nulidad por
inconstitucionalidad (art. 135 del CPACA) o de simple nulidad (art. 137 del
CPACA), por lo que de ser estudiados de fondo por el juez constitucional se
estarían usurpando las funciones del juez natural.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00300-01
Demandantes: RAFAEL ROBLES SOLANO
En efecto, esta Sala10 ha sido del criterio de que los medios de control idóneos
para discutir la constitucionalidad o legalidad de los actos administrativos de
carácter general, impersonal y abstracto, como lo es el Decreto 1408 de 2021, son
la nulidad por inconstitucionalidad o la simple nulidad, pues en ellos se pueden
solicitar las medidas cautelares previstas en el artículo 229 a 241 del CPACA,
incluidas las de urgencia, las cuales tienen la misma eficacia de la acción de
tutela.
Sobre el particular, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares en
las acciones contencioso administrativas como un mecanismo de defensa
provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable, razón por la que es deber del actor agotar dicho medio, en primer
término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. Según
el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un perjuicio
irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el juez
ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se
ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
Por lo anterior, es claro que la acción de tutela fue presentada sin cumplir el
requisito de la subsidiariedad, al existir otros medios de defensa judicial para
ventilar el debate constitucional y legal propuesto por el actor.
4.3. Ahora bien, la Sala no desconoce que eventualmente puede activarse la
competencia del juez de tutela para definir si los actos generales, impersonales y
abstractos11 vulneran de manera directa y flagrante derechos fundamentales y si
puede otorgarse el amparo transitorio hasta que el juez administrativo decida de
fondo sobre la legalidad del acto.
Sin embargo, en el asunto bajo examen no se lograron acreditar los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional12 para habilitar la procedencia
excepcional de la acción de tutela dado que no es posible determinar que el
contenido del acto administrativo demandado afecte directamente derechos
fundamentales, y en el escrito de tutela el demandante no alegó la ocurrencia de
un perjuicio irremediable o de alguna situación que hiciera necesaria la
intervención del juez constitucional con el fin de decretar medidas urgentes, ni
tampoco la existencia de un daño o menoscabo material o moral grave que haga
impostergable el estudio constitucional.
En ese sentido, la Sala observa que los cargos y pretensiones presentadas por el
accionante contra las autoridades accionadas con ocasión del Decreto 1408 de
10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de junio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-
02006-00, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 6 de mayo de 2021, exp. Nº 76001-23-33-000-2021-
00001-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia de 4 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-
2018-04478-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
11 De conformidad con el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede
contra actos generales, impersonales y abstractos.
12
De conformidad con la sentencia C-132 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos, es necesario que se acredite (i)
que el accionante carece de mecanismos judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos
fundamentales, por no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de naturaleza constitucional o
(ii) que se pueda establecer que el contenido del acto administrativo afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Además, (iii) también debe verificarse si lo que se
pretende es conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.
10
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Demandantes: RAFAEL ROBLES SOLANO
2021 no superan el requisito de subsidiariedad, pues, como fue alegado por las
accionadas en la contestación, el medio de control de simple nulidad y el de
nulidad por inconstitucionalidad regulados en los artículos 135 y 137 de la Ley
1437 de 2011, se erigen como mecanismos judiciales idóneos a través de los
cuales los ciudadanos pueden cuestionar los actos administrativos de carácter
general, como los censurados en el presente caso.
Por las razones expuestas, la Sala revocará el fallo impugnado que declaró la
carencia actual de objeto por sustracción de materia, y declarará la improcedencia
de la acción de tutela por desatender el requisito de subsidiariedad, en tanto se
interpuso contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto como el
Decreto 1408 de 2021 y por cuanto el demandante cuenta con otros medios de
defensa judiciales eficaces e idóneos para la defensa de sus intereses, como lo
son el medio de control de simple nulidad y de nulidad por inconstitucionalidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 17 de febrero de 2022, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas. En su lugar,
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Rafael Robles Solano contra la Presidencia de la Republica, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
11
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