Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00318-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-00318-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00318-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00318-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
24 de febrero de 2022
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00318-00
Demandante: DANIEL MAURICIO ORJUELA RUBIO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas: Acción de tutela – declara carencia actual de objeto por hecho
superado1
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Daniel
Mauricio Orjuela Rubio contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia –URNA–, por la dilación en
la expedición del acto administrativo que acredite la terminación de la práctica
jurídica.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 14 de enero de 2022 1 al buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y
remitido el mismo día al buzón de la Secretaría General del Consejo de Estado, el
señor Daniel Mauricio Orjuela Rubio, actuando en nombre propio, instauró acción de
1 Al respecto consultar Consejo de Estado – Sección Quinta sentencia del 12.12.19, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04623-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 512.19, Rad. 13001-
23-33-000-2019-00473-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 15.08.19, Rad. 13001-23-33-000-
2019-00255-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del 6.6.19, Rad. 85001-23-33-000-
2019-00034-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; sentencia del 14.02.19, Rad. 11001-03-15-000-2018-
00749-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 13.12.18, Rad. 11001-03-15-000-
2018-04225-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del 5.07.2019, Rad. 73001-23-33-000-
2018-00031-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 5.04.18, Rad. 11001-03-15-
000-2018-00404-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro; sentencia del 5.04.18, Rad. 11001-03-15-000-2018-
00417-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro; sentencia del 18.12.17, Rad. 08001-23-40-000-2017-00290-
01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que le sea amparado su derecho
fundamental al debido proceso.
2. El accionante consideró vulnerada la anterior garantía constitucional con ocasión
de la omisión del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia de expedir el acto administrativo mediante el
cual se aprueba la realización de la práctica jurídica, como requisito de grado para
obtener el título profesional de abogado, a pesar de que lo solicitó desde el 3 de
diciembre de 2021.
3. La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental y, como
consecuencia, pidió:
“(…) SEGUNDA: En consecuencia, se ORDENE al Consejo Superior de la
Judicatura- - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
que, en el término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación de la
providencia, proceda a resolver mi solicitud de certificación de judicatura
presentada el pasado 06 de Diciembre de 2021.
TERCERA: Se me notifique en debida forma la resolución que resuelva la
solicitud de certificación de mi judicatura, así como las providencias que se dicten
dentro de este trámite constitucional.”.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos probados que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Daniel Mauricio Orjuela Rubio solicitó vía correo electrónico el 3 de
diciembre de 2021 ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el reconocimiento de la práctica
jurídica adjuntando los siguientes documentos: i) formulario único de múltiples
trámites, copia de la cédula de ciudadanía, certificado de la terminación y aprobación
de materias expedido por la universidad respectiva, acta de posesión, resolución de
nombramiento y certificado de funciones jurídicas.
5. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con todos
los documentos e información solicitada, expidió la Resolución No. 545 del 26 de
enero de 2022, la cual fue notificada mediante oficio 545 del mismo año, enviada por
correo electrónico el 26 de enero del mismo año.
1.3. Fundamentos de la vulneración
6. El señor Orjuela rubio consideró vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso debido a la dilación injustificada de la Unidad de Registro Nacional de
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura en expedir
el acto administrativo por medio del cual se le resuelva la aprobación de su
judicatura.
7. Concluyó que “en mi caso en concreto están generando que no se me otorgue mi título
de abogado, puesto que no me he podido graduar en espera de la aprobación de mi práctica
de judicatura para así cumplir con uno de los requisitos necesarios exigidos por la
universidad.”
1.4. Trámite de la acción de tutela
8. Mediante auto del 31 de enero de 2022, se admitió la demanda de tutela y se
dispuso su notificación a la parte actora, así como al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
como autoridad judicial accionada.
1.5. Intervención
9. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.5.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
10. Mediante correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2022 la directora de la
unidad solicitó negar el amparo al no existir vulneración de algún derecho
fundamental, por tratarse de un hecho superado. Lo anterior, toda vez que mediante
Resolución N° 545, notificada mediante correo enviado el 26 de enero de 2022,
reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica al señor Orjuela Rubio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
11. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Orjuela Rubio en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, artículo 372 del Decreto Ley 2591 de
2 “ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre
las consecuencias penales del falso testimonio.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
1991, el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.13 del Decreto 1069 de 2015 modificado por
el artículo 1° del Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
12. Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró el
derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor Orjuela Rubio, debido
a la dilación injustificada en expedir el acto administrativo por medio del cual se
resuelva su petición de reconocimiento de la judicatura, para lo cual se deberá
resolver el siguiente problema jurídico:
¿Se configura en el presente caso el fenómeno de la carencia actual de objeto
por hecho superado?
13. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción de tutela; (ii) carencia actual de objeto; (iii) regulación
especial de la práctica jurídica y; (iv) análisis del caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
14. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.
15. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos judiciales pertinentes.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás
medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
3 “ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la
Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o
Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4
del presente decreto.”
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
16. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda
la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
17. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría
desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de
contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.
2.4. Carencia actual de objeto
18. La Sala ha explicado en reiteradas ocasiones4 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.
19. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
20. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una
situación sobreviniente.
21. Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre
de 2016, señaló que:
«La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues,
al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del
juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
4 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15 de noviembre de 2017, Expediente No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro y del 19 de octubre de 2017, Radicado No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, entre
otras.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y
contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.5
“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original)
“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente6».
22. Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.7
23. En palabras de la Corte Constitucional, la «…primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de
hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se
evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por
acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos
que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer…»8.
24. En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
5 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se
transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
6 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se
transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
7 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19.
8 Sentencia T-481 del 1º de septiembre de 2016.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.
25. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal.9
26. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:
«En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí
para Corte en sede de Revisión,10 incluir en la argumentación de su fallo el
análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en
la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la
decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado,
incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la
situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo
considera”.11 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en
estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la
reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre
el hecho superado12”.13» (Destacado fuera de texto).
27. (ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto ha sostenido el Tribunal
Constitucional: «[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en
que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el
daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es
factible que el juez de tutela dé una orden al respecto».14
9 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
10 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual
se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
11 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
12 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
13 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
14 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
28. (iii) Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el
supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la
vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de
la acción de tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la
autoridad demandada.
29. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:
“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga
en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada”.15
2.5. Regulación especial de la práctica jurídica
30. La práctica jurídica como requisito alterno para optar por el título de abogado, se
encuentra reglamentado en los Acuerdos nro. PSAA10-7017 y PSAA10-7543 de
2010, este último que fue modificado por el Acuerdo nro. PSAA12-9338 de 2012,
actos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
31. En relación con el plazo que tiene la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia para expedir la certificación de reconocimiento de la práctica
jurídica, el artículo 15 del referido Acuerdo nro. PSAA10-7543 de 2010 establece:
“ARTÍCULO QUINCE.- De la resolución de la Solicitud: La solicitud para el
reconocimiento de la judicatura será resuelta mediante acto administrativo
debidamente motivado por parte de la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, en desarrollo de las funciones asignadas conforme a lo
dispuesto en el Acuerdo No. 003 de 1.996, Acuerdo No.235 de 1.996 y en el
Acuerdo No. PSAA-10-7017 de julio de 2010, y los que los aclaran, modifiquen o
deroguen, proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
judicatura. El término para proferir el acto administrativo será de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que sean allegados a la solicitud la
totalidad de los documentos requeridos en el presente Acuerdo”
32. De la norma en cita se extrae que la unidad cuenta con un término de 10 días
hábiles, que se computan a partir de la fecha en que el interesado radique la solicitud
correspondiente con todos los documentos que se requieren en el artículo 13 de este
acuerdo.
15 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
2.6. Caso concreto
33. Del escrito de tutela se desprende que la parte actora solicita que la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura expida, en la brevedad posible, el acto administrativo que resuelva su
petición de reconocimiento de la judicatura.
34. La Sala encuentra que, del informe allegado con la contestación de la tutela por
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura, en el presente asunto, se encuentra configurada la
carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que lo pretendido en
la acción de tutela ya fue ordenado mediante la Resolución N° 545 del 26 de
enero de 2022, por medio de la cual le reconoció al accionante el cumplimiento de la
práctica jurídica.
35. En la pluricitada resolución la autoridad accionada dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para
optar al título de Abogado a DANIEL MAURICIO ORJUELA RUBIO, quién se identifica con
cédula de ciudadanía No. 1110589144, y acredita que egresó de la UNIVERSIDAD DE
IBAGUÉ.”.
36. De los documentos adjuntos a la contestación de la tutela se allegó: i) la
Resolución N° 545 de 2022, ii) el oficio 545 del 26 de enero de 2022 y iii) el correo
electrónico del 26 de enero del 2022 mediante el cual se notifica lo anterior16, como
se observa a continuación:
16 Se tiene que este fue enviado al correo a través del cual el señor Orjuela Rubio radicó su solicitud,
este es, “danielorjuela20@hotmail.com” información que fue verificada y coincide con la contenida en
las pruebas obrantes en el plenario.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
37. En ese orden, en atención a que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia ya expidió el acto
administrativo que reconoció la práctica jurídica del accionante, el cual le fue remitido
al correo electrónico por él indicado “danielorjuela20@hotmail.com”, se declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado toda vez que desapareció la
circunstancia que podía originar algún quebranto de los derechos fundamentales del
demandante, de ahí que cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala
resultaría inane debido a que la posible vulneración cesó con la actuación de la
autoridad enjuiciada.
2.7. Conclusión
38. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado pues en el
curso del trámite de la presente tutela cesó la presunta vulneración del derecho
fundamental reclamado por el señor Orjuela Rubio, con ocasión a que la entidad
accionada realizó las gestiones necesarias para superar dicha afectación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Daniel Mauricio Orjuela Rubio
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00318-00
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela interpuesta por el señor Daniel Mauricio Orjuela Rubio, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.