Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00331-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00331-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00331-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00331-00(394)
Actor: DIEGO SERNA RÍOS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y
DEPARTAMENTO DE RISARALDA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - las causales de revisión son taxativas y
restrictivas / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN –CPACA- existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación / NULIDAD DE LA
SENTENCIA- FALTA DE CONGRUENCIA- La congruencia interna se refiere a la correspondencia
que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la congruencia
externa se relaciona con la coherencia entre la parte resolutiva y la demanda, su contestación o el
recurso interpuesto.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Diego
Serna Ríos contra la sentencia de 17 de septiembre de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante la cual se
confirmó el fallo de primera instancia, en un proceso ordinario instaurado por el
recurrente.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte recurrente asegura que la sentencia antes señalada carece de
congruencia por cuanto omitió resolver sobre todas las pretensiones elevadas en
la demanda y no expuso razones claras y suficientes para justificar dicha omisión.
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1
1.1. El señor Diego Serna Ríos presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional y el Departamento
de Risaralda- Secretaría de Educación con el fin de que se declarara la nulidad de
1 El expediente del proceso de nulidad y restablecimiento se encuentra, en formato digital, en el
índice 38 de SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00331-00(394)
Actor: Diego Serna Ríos
Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
los actos que negaron el reconocimiento de intereses moratorios a su favor, por el
pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial ordenada por el
Gobierno Nacional, desde que se hicieron exigibles hasta que se efectuó el pago.
Para el efecto, se elevaron las siguientes pretensiones:
Primera.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 23696 del 19 de
Diciembre de 2015, notificada el día 15 de Enero de 2016, por medio de la
cual desconocieron y negaron los intereses moratorios generados con ocasión
al pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación salarial.
Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor
tiene pleno derecho a que LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores
a su causación hasta el día en que fue efectivo el pago total del retroactivo por
homologación y nivelación salarial, esto es, enero de 2013.
Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar al actor los intereses moratorios a que tiene
derecho, liquidados con base al interés bancario corriente desde la fecha de
causación hasta la fecha efectiva de pago; en consideración a que, el pago de
la nivelación salarial debe hacerse al igual que el salario, por períodos de
treinta (30) días, por tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento, su no pago
genera automáticamente la obligación de cancelar los intereses aludidos.
Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor del actor, los intereses
reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir el valor
que por concepto de indexación salarial se reconoció.
Quinta.- Se ordene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto
en el inciso segundo del artículo 192 del CPACA., igualmente que en virtud de
la voluntad contemplada en el poder conferido se haga entrega de los dineros
al apoderado.
Sexta.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, pagar a favor de mi mandante, los intereses
moratorios, conforme lo ordena el inciso 3ero. del artículo 192 del CPACA.
Séptima.- Se condene en costas a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y a LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, en caso de que se oponga a las pretensiones de
esta demanda. (…)
En los fundamentos de hecho de la demanda se indicó que “la obligación de
reconocer el pago de la homologación inició a partir del mes de enero de 1996,
como consecuencia de la expedición de la Resolución 2480 de 12 de julio de 1995
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00331-00(394)
Actor: Diego Serna Ríos
Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
(que transfirió al personal administrativo) y hasta el 31 de diciembre de 2009, tal
como lo indica la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012”; sin embargo, en
el caso del señor Diego Serna Ríos, el período iba hasta el año 2002.
Agregó que ”según consta en certificación de pago original expedida por la
Secretaría de Educación, el retroactivo reconocido a mi representado(a) fue
cancelado en enero de 2013, lo que evidencia que la obligación fue cancelada
tardíamente”; por ende, “la no nivelación salarial y en consecuencia el no pago
oportuno del retroactivo, genera el pago de intereses moratorios tal como lo
establece el artículo 17 del CCA y el artículo 1617, 1649, del Código Civil y demás
concordantes”.
Refirió que solicitó a la autoridad de educación departamental el reconocimiento y
pago de intereses moratorios, el 7 de octubre de 2015, a lo cual se otorgó respuesta
negativa mediante Oficio 23696 de 19 de diciembre de 2015.
1.2. Al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho le correspondió el número
de radicado 66001-23-33-000-2016-00495-00. En primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, en sentencia de 22 de
mayo de 2018, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte
actora, con base en los argumentos que a continuación se resumen:
A través del Decreto 258 de 2 de marzo de 2005, modificado por el Decreto 986 de
31 de agosto de 2010, la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de
Risaralda realizó la homologación y nivelación salarial de los cargos administrativos
de su planta, pagados con recursos del Sistema General de Participaciones.
El Decreto Departamental 1062 de 29 de septiembre de 2010, modificado por el
Decreto 990 de 31 de octubre de 2011, asignó la correspondiente denominación de
código, grado y asignación mensual al personal administrativo del sector educativo,
según se determinó en la planta de cargos homologados.
El Ministerio de Educación Nacional, por medio de oficio 2011EE187 del 3 de enero
de 2011, aprobó la liquidación de la suma correspondiente al retroactivo adeudado
por el proceso de homologación y nivelación salarial y, posteriormente, certificó el
valor de la deuda por la homologación del Departamento de Risaralda, respecto al
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Actor: Diego Serna Ríos
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
período comprendido entre 1999 y 2009, en la suma de $31.542’582.914, la cual
solicitó a la Dirección General del Crédito Público y Tesoro Nacional.
Constituido el respectivo encargo fiduciario mediante proceso de licitación
adjudicado el 11 de julio de 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
aprobó los términos y condiciones pactados con la fiduciaria y, el 17 de diciembre
de 2012, suscribió acuerdo de pago con el Departamento de Risaralda.
El Consejo de Estado, en casos similares, ha establecido que el Ministerio de
Educación Nacional y los departamentos no incurrieron en una dilación injustificada
de pago, dadas las múltiples etapas que resultaban necesarias y debieron
superarse para efectuar los pagos adeudados por concepto de retroactivo, producto
de la homologación y nivelación salarial dispuesta por el Gobierno Nacional,
entendimiento que es extensible al caso, por identidad de los fundamentos fácticos
y jurídicos.
Adicionalmente, no se causaron intereses de mora por las actuaciones de las
entidades demandadas, por cuanto se realizó la actualización monetaria de las
sumas que fueron pagadas.
La Directiva No. 10 de 30 de junio de 2005, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, fijó los parámetros para el reconocimiento del retroactivo producto de la
homologación y nivelación salarial, y determinó que sólo había lugar a reconocerse
respecto de los derechos que no hubieran prescrito, para lo cual debían tenerse en
cuenta las fechas de las reclamaciones recibidas con ese fin.
El pago del retroactivo en el Departamento de Risaralda, por el proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo,
se realizó entre los años 1996 y 2009, lapso que el Consejo de Estado ha
considerado justificado para el desarrollo e implementación de las etapas surtidas
en esa actuación administrativa.
A través de la Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012 se reconoció y ordenó
el pago del retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial a favor
del señor Diego Serna Ríos, por el período comprendido entre los años 1996 y
2002. Según certificación expedida por la dependencia de recursos humanos de la
Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, en enero de 2013 se pagaron
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al demandante, por concepto de retroactivo, las siguientes sumas: $957.004 por el
año 1996; 954.697 por el año 1997; 1’546.728 por el año 1998; 1’268.667 por el
año 1999; $1’420.017 por el año 2000; 3’426.308 por el año 2001 y $3’546.873 por
el año 2002. Del valor total cancelado, el accionante aceptó que un “gran
porcentaje” de éste correspondió a la indexación sobre el valor neto reconocido.
El pago de intereses de mora es incompatible con la indexación porque ambos
obedecen a la misma causa, según han indicado el Consejo de Estado y la Corte
Suprema de Justicia; por consiguiente, como el pago que se hizo al demandante
fue debidamente actualizado, no procedía reconocer intereses de mora, dado que
en él “ya estaba involucrado el componente inflacionario que afecta el poder
adquisitivo del dinero”. Si bien dicho pago se materializó en el año 2013, con
posterioridad al proceso de homologación y nivelación salarial, lo cierto es que lo
adeudado fue indexado y no obedeció a una dilación injustificada.
Aunado a lo anterior, no se aportó prueba que indique que la Resolución 1858 de
31 de diciembre de 2012 hubiera sido anulada en sede administrativa,
“concretamente respecto de lo que aquí se pretende por concepto de los intereses
moratorios que habría generado el proceso de homologación y nivelación salarial”.
Lo dispuesto en la sentencia C-367 de 1995 no resulta aplicable por cuanto en dicha
oportunidad la Corte Constitucional se refirió a la mora en el pago de las pensiones,
aspecto ajeno a la controversia propuesta por el accionante; tampoco constituye
sustento jurídico de las pretensiones el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, referido
a los intereses que generan las sentencias ejecutoriadas de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, toda vez que la norma aplicable al caso es la Ley 1437
de 2011.
No existe necesidad de efectuar pronunciamiento frente a la excepción de
prescripción, en consideración a la desestimación de las pretensiones formuladas
en la demanda.
Procede la condena en costas, en atención a lo reglado en los artículos 188 del
CPACA y 365 del CGP, a cargo de la parte actora, las cuales serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal.
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Actor: Diego Serna Ríos
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1.3. Contra la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de apelación.
En un extenso escrito refirió, en síntesis, que la providencia adolecía de un error de
interpretación fáctica y jurídica frente al caso concreto, “pues no es procedente que
se diga que la nivelación y homologación salarial se canceló en tiempo oportuno,
cuando del acervo probatorio se evidencia que la misma se causó desde los años
1996-2002 y solo fue cancelada entre los años 2012-2014, es decir,
aproximadamente 16 años después de haberse efectuado la transferencia de
personal; si para el Tribunal nunca hubo una deuda o una mora en el pago,
entonces cuál es la explicación al pago de la misma años después, e incluso
indexada?”.
Argumentó que desconocer el origen y fuente de las obligaciones es inadmisible, y
que esto permitiría al Estado desconocer derechos laborales, como los intereses
moratorios. Indicó que la ley prevé que la mora es una sanción por no pagar a
tiempo, mientras que la indexación ajusta la deuda a valores actuales debido a la
inflación, lo que implica naturalezas jurídicas diferentes.
Afirmó que el retroactivo debió pagarse con intereses moratorios y no de manera
indexada, ya que el pago se realizó con un retraso de 16 años. Argumentó, además,
que no aplicaba el artículo 178 del CCA, sino los artículos 1608, 1617 y 1649 del
Código Civil, ya que el derecho surgió del proceso de homologación y nivelación
salarial, no de una providencia judicial.
Sostuvo que según el artículo 1608 del Código Civil, al no realizarse el pago en el
plazo establecido, se incurre en mora, lo que implica el pago de intereses sobre el
capital adeudado, sin incompatibilidad con la indexación. Además, en su concepto,
no se requieren precedentes judiciales específicos y pueden considerarse
sentencias2 de otras jurisdicciones que corroboraron la sanción por intereses de
mora por el pago tardío de acreencias laborales.
Finalmente, respecto a la condena en costas de la primera instancia, señaló que no
basta con que la parte sea vencida; se requiere una valoración del juez sobre la
conducta durante el proceso. Afirmó que no hubo acciones temerarias ni gastos
demostrados por la parte demandada, por lo que la condena impuesta no era
procedente.
2 Citó, al respecto, las sentencias C-367 de 1995 y las proferidas por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, el 28 de agosto de 2012 (39130) y el 18 de marzo de 2015 (53406).
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1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de 17 de septiembre de 2020, confirmó la providencia apelada.
Para sustentar su decisión, comenzó por explicar los hechos que antecedieron al
proceso de homologación y nivelación salarial, desde la nacionalización de la
educación primaria y secundaria en el año 1975, la posterior descentralización del
servicio educativo ordenada en la Ley 60 de 12 de agosto de 1993, lo que dio lugar
al ajuste de cargos y salarios del personal administrativo transferido a los entes
territoriales, las etapas que se surtieron durante el proceso de homologación y
nivelación salarial, hasta el reconocimiento y orden de pago del retroactivo a favor
del personal del departamento de Risaralda, a través de las Resoluciones 1858 de
2012 y 1384 de 2013.
Se hizo alusión a la petición elevada por el demandante para el reconocimiento de
intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo, también al oficio de 19 de
diciembre de 2015, mediante el cual se negó dicha solicitud y se aclaró al
peticionario que no existían rubros pendientes porque la obligación adeudada se
había pagado, indexada, así como a la certificación expedida por la dependencia
de recursos humanos del Departamento de Risaralda, en la que se hizo constar las
sumas canceladas al señor Diego Serna Ríos, en el año 2013, por concepto de
retroactivo, según lo ordenado en Resolución 1853 de 2012, con el pago
actualizado de la suma ordenada3.
Se aclaró, además, que las figuras de intereses moratorios e indexación difieren en
que la primera tiene una naturaleza sancionatoria, debe estar estipulada en una
norma y obedecer a una causa injustificada, relacionada con un acto de mala fe o
intención del deudor de incumplir su obligación, mientras que la segunda busca
corregir la pérdida del poder adquisitivo del dinero por el paso del tiempo, cuando
la tardanza en el pago obedece a una razón válida, como ocurrió con el proceso de
homologación y nivelación salarial, el cual requirió no solo de la disponibilidad
presupuestal, sino de etapas y ajustes para determinar los montos finales a pagar.
A partir de lo anterior, se concluyó que no quedó demostrado que el Ministerio de
Educación Nacional o el Departamento de Risaralda hubieran incurrido en “dilación
injustificada del pago a través de maniobras dolosas o evasivas que buscaran
3 Se precisó que el acto administrativo en comento había reconocido y ordenado el pago de
$30’081.571, de los cuales $13’120.294 correspondían al retroactivo por concepto de homologación
y nivelación salarial, y el restante a la indexación de dicho valor.
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enervar la obligación, sino que en efecto se debieron surtir múltiples etapas propias
e inherentes al desembolso y transferencia de recursos de la Nación a entidades
territoriales, en las que además se efectuaron sendos ajustes, pero todo bajo el
entendido de que se canceló el monto correspondiente a la indexación para
contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo”.
Por ende, se consideró que no le asistía razón al apelante, porque la tardanza en
el pago del retroactivo no implicaba necesariamente el reconocimiento de intereses
de mora dado que así no estaba previsto “en el contexto normativo aplicable al
asunto”, ni se probó el actuar doloso de la administración para cumplir con la
obligación; por el contrario, existió una justificación razonable para esa dilación.
En lo que concierne a la inconformidad expuesta frente a la condena en costas, se
hizo alusión a las sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas en los procesos con
radicado interno 4492-2013 y 1291-2014, a través de las cuales la Sección
Segunda del Consejo de Estado explicó que en vigencia del CPACA, ésta atendía
a un criterio objetivo, que excluía la valoración de la mala fe o temeridad de las
partes, salvo en los asuntos en los que se ventilaba un interés público.
Con base en el razonamiento anterior, se confirmó la condena en costas impuesta
en primera instancia; pero la Sala se abstuvo de imponerla en la segunda instancia
por cuanto la demandada no intervino durante el trámite de la apelación.
2. El recurso extraordinario de revisión
2.1. El 13 de enero de 2022, el señor Diego Serna Ríos, a través de apoderado
judicial, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 17 de
septiembre de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el número 266-001-23-33-000-2016-00495-01 (índice 2 SAMAI).
Propuso la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de nulidad
originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación.
Consideró que el fallo adolece de incongruencia por cuanto se negaron “todas y
cada una de las pretensiones por un objeto distinto del pretendido en la demanda
y una causa diferente a la invocada, esto es, de manera citra petita”. Explicó que
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en la demanda se pretendía el reconocimiento y pago de intereses moratorios por
el período comprendido entre los años 1996 a 2013, generados por la demora en
el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial que se generó a raíz
de la descentralización de la educación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 60
de 1993. Aclaró que, en su criterio, los intereses de mora se causaron desde 1996,
porque desde ese año el personal administrativo del sector educativo del nivel
nacional fue incorporado al nivel territorial, de modo que desde esa época debieron
nivelarse los salarios; además, dichos intereses “en los ámbitos jurídicos operan de
pleno derecho, por mandato legal”.
Pese a lo anterior, alegó que, en la sentencia, erróneamente se “entendió que la
reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un mes entre el 31 de
diciembre de 2012, cuando se reconoció y se ordenó el pago del consecuente
retroactivo, y el mes de enero de 2013, cuando se efectuó el pago correspondiente,
por lo que tal lapso fue razonable, según la comprensión del despacho”. Por lo
anterior, estimó que “en la sentencia hay desarmonía entre lo resuelto y lo
debidamente pedido”, sin que se hubieran expuesto las razones de esa omisión.
Afirmó, además, que no se falló conforme a las normas preexistentes, en la medida
en la que no se explicaron las razones de hecho y de derecho por las que no había
lugar a reconocer intereses de mora; “en su lugar, el escenario es una mera
interpretación argumentativa que no se encuentra soportada en la ley (…) al
tratarse de los intereses de mora, la decisión no tuvo el análisis concreto al caso”.
Manifestó que se confundieron las figuras de la indexación y los intereses de mora
y, aunque en la demanda se mencionó que los intereses de mora se liquidan sobre
el capital neto sin incluir la indexación, en la sentencia se afirmó que el demandante
pretendía el reconocimiento de ambos emolumentos, los cuales son incompatibles.
Concluyó que los vicios señalados generaron la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso.
2.2. La demanda se inadmitió mediante auto del 25 de abril de 2022 para que se
acreditara el cumplimiento de la carga establecida en el numeral 8º del artículo 162
de la Ley 1437 de 2011 (índice 4 SAMAI).
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Satisfecho el requerimiento, en proveído de 12 de mayo de 2022 se admitió el
recurso extraordinario de revisión (índice 12 SAMAI). Las notificaciones se
efectuaron en debida forma (índices 15 y 17 SAMAI).
2.3. El Ministerio de Educación Nacional señaló que no se configuró la causal de
revisión invocada; por el contrario, el recurrente pretende reabrir el debate jurídico
que se encuentra concluido. Aseguró que no existe disparidad entre lo pedido, lo
debatido y lo probado, pues la fijación del litigio es congruente con las pretensiones
de la demanda.
Hizo alusión al proceso de homologación y nivelación salarial, y aclaró que impartió
ciertas directrices para llevarlo a cabo; sin embargo, la responsabilidad por la
descentralización de la educación quedó en cabeza de los entes territoriales.
Agregó que los intereses de mora buscan sancionar y penalizar económicamente
a quienes incurran en mora en el pago de sus obligaciones, lo que no ocurrió en el
caso que se estudia, pues lo que se dio no fue el incumplimiento de obligaciones
salariales sino “una simple equiparación de cargos como consecuencia de una
decisión administrativa”.
Se refirió al marco normativo que sirvió de fundamento al proceso de homologación
y nivelación salarial, así como al concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, de 14 de diciembre de 2016, sobre el procedimiento para
llevarlo a cabo, de lo cual concluyó que “producto de las homologaciones o
modificación a la homologaciones resulta el pago de un retroactivo y no el
reconocimiento de prestaciones periódicas”; además, en el caso del demandante
no hubo demora injustificada; luego, no debían reconocerse intereses moratorios.
Finalmente, mencionó que el pago concomitante de intereses de mora e indexación
es incompatible, según han establecido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, por lo que solicitó declarar infundado el recurso (índice 20 SAMAI).
El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, por considerar que la sentencia cuestionada no vulneró la regla procesal
de congruencia, dado que el estudio se refirió a la improcedencia del
reconocimiento de intereses de mora, bajo el argumento de que dentro del proceso
de homologación no existe norma que obligue su pago y tampoco se pactó dicha
sanción en el acto administrativo que reconoció el retroactivo. Añadió que la
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
decisión guarda consonancia con jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado,
en procesos similares y, en todo caso, la sentencia no se refirió a “períodos por
determinar de intereses, sino que como bien se dijo, refirió a la razón por la cual no
se reconocen intereses indistintamente del período en que fueron causados”.
(índice 22 SAMAI).
El Departamento de Risaralda no se pronunció en esta etapa procesal.
2.4. En proveído de 24 de enero de 2023 se ordenó requerir al Tribunal
Administrativo de Risaralda el envío del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado con el número 66001-23-33-000-2016-00495-00 (índice 31
SAMAI).
El 7 de marzo de 2023 se dio cumplimiento al requerimiento (índice 38 SAMAI).
III. CONSIDERACIONES
1. Caducidad
El primer inciso del artículo 251 del CPACA establece que el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es
de un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
cuestionada.
La sentencia recurrida fue proferida el 17 de septiembre de 2020 y se notificó por
medios electrónicos el 13 de enero de 20214, por lo que quedó ejecutoriada el 18
de enero siguiente5, de modo que el plazo para demandar transcurrió entre el 19
de enero de 2021 y el 19 de enero de 2022.
Como la demanda se radicó el 13 de enero de 2021, se concluye que fue oportuna.
2. Competencia
La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de 17 de septiembre de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en atención a lo
4 Según se observa en el índice 24 de SAMAI del expediente electrónico del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
5 Para el momento en el que se profirió y notificó la sentencia no habían entrado a regir las
modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00331-00(394)
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dispuesto en los artículos 1076 y 2497 del CPACA, de conformidad con la distribución
de negocios al interior del Consejo de Estado fijada en el artículo 29 8 del Acuerdo
No. 80 de 2019.
3. Recurso extraordinario de revisión –marco normativo y jurisprudencial
El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar
contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión,
ajustada a la ley.
El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio
con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede ser
empleado como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o
interpretativo.
Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y
6 Artículo 107. Integración y composición. “El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta
y un (31) Magistrados. (…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
7 Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
8 Artículo 29. “Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)”.
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exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden
a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado9.
4. Caso concreto
El recurso extraordinario de revisión que es materia de análisis no está llamado a
prosperar, por las razones que a continuación se exponen.
La parte actora invocó la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de
nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación.
Se alegó que la providencia recurrida adolece de incongruencia, porque no se
pronunció sobre la totalidad de las pretensiones elevadas en la demanda,
puntualmente, en lo que concierne al reconocimiento de intereses de mora por el
retardo en el pago del retroactivo derivado de la homologación y nivelación salarial
de los cargos administrativos del sector educativo en el Departamento de Risaralda,
y tampoco se razonó clara y suficientemente dicha omisión.
Las manifestaciones del recurrente, de encontrarse acreditadas, darían lugar a la
configuración de una vía de hecho por falta de motivación o por incongruencia entre
lo resuelto y lo pedido, siendo esa la razón que habilita el estudio de fondo de los
cuestionamientos referidos, por parte de esta Sala.
El principio de congruencia, consagrado en el artículo 281 del Código General del
Proceso, delimita el contenido de las decisiones judiciales, para que éstas se
profieran de acuerdo con los argumentos y alcance de las peticiones y excepciones
formuladas por las partes, de modo que exista identidad jurídica entre lo resuelto y
las pretensiones y excepciones oportunamente aducidas, salvo que la ley otorgue
facultades o competencias oficiosas al juzgador.
Esta Corporación ha considerado que la congruencia se divide en interna y externa.
La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda propende porque la decisión
contenida en la parte resolutiva de la providencia sea concordante con lo pedido en
la demanda, en su contestación o en el recurso interpuesto. Se ha indicado, así,
que:
El petitum, entonces, deberá expresar claramente la modificación o reforma que
se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del
9 Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de
8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto
interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida entre
el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los
artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A., en concordancia con el 305
del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los hechos en
que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con
el objeto de resolver todas las peticiones’. No debe olvidarse, además, que
conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva ‘deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda...’. La
congruencia interna, está referida a la armonía y concordancia que debe existir
entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas,
probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa, con la decisión
plasmada en la parte resolutiva de la sentencia10.
La Corte Constitucional, por su parte, se ha referido a este principio procesal, para
precisar lo siguiente:
[E]l juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por consiguiente,
es su obligación explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis
de fondo de alguna de las pretensiones. Adicionalmente, el juez tiene a su cargo
el deber de fallar con fundamento en la realidad fáctica demostrada, por cuanto,
su decisión, de ninguna manera, puede fundamentarse en lo que dicho
funcionario considera que pudo ser, pero que las partes ni él de oficio, lograron
establecer en el curso de la actuación procesal11.
En tal virtud, la sentencia debe ser objeto de revisión extraordinaria cuando falta al
principio de congruencia, es decir, cuando carece de coherencia externa y/o interna,
razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su
competencia, la que, se insiste, está determinada por las pretensiones y
fundamentos de la demanda, o los argumentos del recurso.
Ahora bien, en cuanto al marco competencial del juez de la segunda instancia, la
jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en varias ocasiones12, para
establecer que se encuentra determinado por los aspectos que fueron materia de
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de
2002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección
Segunda– Subsección B, M.P. Cesar Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.
11 Corte Constitucional, sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la
sentencia T-079 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 En sentencia de unificación de 9 de febrero de 2012, proferida en el proceso con radicado interno
20.104, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que la
competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente que estén íntimamente ligados al asunto materia de impugnación,
aunque no hayan sido expresamente mencionados en el recurso.
Dicho criterio fue corroborado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, proferida en el proceso con radicado rad. 2001-03068-
01(46005), M.P. Danilo Rojas Betancourth.
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controversia y los asuntos que tácitamente están incluidos, conforme lo establece
el artículo 32813 del CGP.
La Corte Constitucional ha explicado, además, que “la competencia funcional del
juez se restringe al pedido de las partes; es decir, a las súplicas de la demanda y a
las excepciones propuestas por la contraparte. El juez de segunda instancia, por su
parte, debe decidir a partir de los aspectos del fallo de primera instancia que fueron
objeto de impugnación y la Corte Suprema de Justicia no puede revisar, de manera
oficiosa, decisiones del juez de segunda instancia que en forma expresa no le
hayan sido sometidas”. En ese sentido, ha considerado que se vulnera el principio
de consonancia cuando la sentencia no está en conexión con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda.
De acuerdo con lo expuesto, en el caso que se estudia, la competencia de la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación se circunscribía a los
aspectos que fueron materia de controversia en el recurso de apelación interpuesto
por el accionante contra la sentencia de primera instancia. Cualquier omisión o
falencia evidenciada en esa primera sentencia debió alegarse en la alzada, con el
fin de que el juzgador ad-quem se pronunciara al respecto.
En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que es materia de análisis,
el tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, luego de
considerar, entre otros, que no se causaron intereses de mora, por cuanto el
retroactivo adeudado al actor se pagó, indexado, y esas dos figuras -la indexación
y el interés moratorio- eran incompatibles porque obedecían a la misma causa;
además, el retardo estuvo justificado en el proceso que debió adelantarse para
lograr la homologación y nivelación salarial.
El accionante, dentro de los múltiples argumentos que esgrimió en el recurso de
apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia, alegó que el
13 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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retroactivo debió liquidarse con intereses de mora, no indexado, por haberse
pagado con un retardo de 16 años, teniendo en cuenta que la obligación se causó
“desde los años 1996-2002”, cuando se hizo la transferencia del personal
administrativo a los entes territoriales. Adicionalmente, reprochó la condena en
costas.
Con base en lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación, en punto a la discusión sobre la generación de intereses de mora,
explicó la diferencia entre éstos y la indexación y, precisó que los primeros
requerían previsión expresa en una norma y debían obedecer a una causa
injustificada, por una acción de mala fe o la intención de incumplir la obligación.
Con base en lo anterior, concluyó que en el caso del señor Diego Serna Ríos no
debían reconocerse intereses moratorios, porque el retardo en el pago sí tuvo una
causa justificante, en razón a las etapas que tuvieron que adelantarse para finiquitar
el proceso de homologación y nivelación salarial; así mismo, por cuanto en dicho
proceso no se previó el pago de intereses moratorios y tampoco existía disposición
legal que impusiera tal carga.
Se desprende de lo anterior que, contrario a lo aducido por el recurrente, la
providencia cuestionada se ocupó de resolver el aspecto de disenso expuesto en
el recurso de apelación, relacionado con la causación de intereses de mora. En el
razonamiento efectuado resulta irrelevante el período al que se alude en el recurso
extraordinario de revisión, pues la decisión fue clara en establecer que no se
reunían los presupuestos para considerar la configuración de dicha sanción
pecuniaria, se reitera, porque el retardo en el pago del retroactivo no fue
injustificado ni obedeció a una actuación de mala fe o a la intención de desobedecer
la orden legal de homologación y nivelación salarial, y tampoco se advirtió norma
que contemplara la generación de esos intereses por el pago tardío en procesos
como ese.
El ad-quem no olvidó ni confundió, entonces, el período en el que se hizo exigible
el pago de intereses moratorios, como insinúa la demanda. Su razonamiento se
centró en exponer las razones por las cuales no era viable acceder a la petición del
accionante, para lo cual tuvo en cuenta los planteamientos de la demanda y del
recurso de apelación, siendo relevante mencionar que la providencia expresamente
reconoció que el proceso de homologación se consolidó desde 1996 hasta 2009 y,
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aunque el pago se realizó sólo hasta el año 2013, se consideró que la suma
adeudada debía pagarse debidamente actualizada, y no con intereses de mora, por
las razones que se han expuesto con suficiencia en esta providencia.
En el escrito introductorio se afirmó, además, que los argumentos empleados por
la Subsección A de la Sección Segunda no cuentan con sustento legal; sin
embargo, no se hizo referencia a normas supuestamente desconocidas o
indebidamente aplicadas. Únicamente se adujo que los intereses de mora operan
de pleno derecho ante el incumplimiento en el pago, sin otorgar una explicación
concisa sobre el error de interpretación u omisión en los que supuestamente
incurrió el juzgador.
Se advierte, así, que la inconformidad del recurrente no se relaciona con un
pronunciamiento judicial incompleto o una extralimitación en la competencia, sino
con su inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural de la causa, lo
cual no es viable ni aceptable en el marco del recurso extraordinario de revisión. En
efecto, pese a los argumentos expuestos en la sentencia, el demandante no
comparte la interpretación del ad-quem, y es esa la razón que lo condujo a la
interposición del presente medio judicial.
No obstante, como se expuso en acápite anterior, el recurso extraordinario de
revisión no puede ser empleado como una oportunidad para reabrir el debate
jurídico, probatorio y fáctico propio de la instancia procesal culminada, y tampoco
es procedente para cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la
discusión de los problemas debatidos en sede ordinaria, toda vez que no comprende
una tercera instancia. Ciertamente, ”no se pueden discutir en él los asuntos de fondo
(fuente de la mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas
debatidas en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna 14”;
“no resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se
realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada
regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al
ámbito de la aludida causal”15.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
exp. REV–173, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez; posición reiterada en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 39906, M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
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De acuerdo con lo expuesto, concluye la Sala que la sentencia cuestionada no se
encuentra incursa en nulidad por violación del debido proceso, por cuanto la
decisión adoptada guarda total correspondencia con el asunto planteado en el
proceso ordinario y aparece motivada.
Como consecuencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
5. Condena en costas
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que “si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”.
El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte, que sólo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.
En el presente asunto, el Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda,
de manera oportuna, y presentó argumentos dirigidos a que se declarara infundado
el recurso extraordinario de revisión. Por consiguiente, se impondrá, en su favor,
agencias en derecho.
El Departamento de Risaralda, pese a que fue notificado, no intervino en el proceso,
por lo que la Sala se abstendrá de reconocer costas en su favor, dado que no
aparecen demostradas.
Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en el
artículo 5º, numeral 9º, del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose de recursos
extraordinarios, en veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión desarrollada por la profesional del
derecho que ejerció la representación legal del Ministerio de Educación Nacional,
se tasará a su favor, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de 17 de septiembre de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora. Se fija por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la ejecutoria de esta sentencia, a favor del Ministerio de Educación
Nacional.
Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
firmado electrónicamente firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR (E) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Salvamento parcial de voto
firmado electrónicamente firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
VF
19
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