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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00332-01

Fecha
19 de mayo de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00332-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 10 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00332-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

19 de mayo de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00332-01
Demandante: GUILLERMO JOSÉ ARRÁZOLA NEGRETE

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00332-01
Demandante: GUILLERMO JOSÉ ARRÁZOLA NEGRETE
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Concurso de méritos.
Acto administrativo que declara la firmeza del registro de
elegibles. Requisito objetivo de la subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Guillermo José Arrázola Negrete, en nombre propio,
contra la sentencia de 10 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, dentro de la presente acción de tutela, en la que declaró
improcedente la solicitud por falta del requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante indicó que por medio del Acuerdo CSJBOA 17-609 de 6 de octubre
de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar convocó a concurso de
méritos para la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión
de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de
servicios, de los distritos judiciales de Cartagena, Bolívar y San Andrés, Isla.

Afirmó que se inscribió al referido concurso para el cargo identificado con el
Código 260423, denominado “Profesional Universitario de Centro u Oficina de
Servicios y de Apoyo”, y que mediante la Resolución CSJBOR18-518 de 23 de
octubre de 2018, fue admitido al concurso.

Sostuvo que una vez presentada la prueba de aptitudes y conocimientos, la cual
se llevó a cabo el 3 de febrero de 2019, fue proferida la Resolución CSJBOR19-
266 de 17 de mayo de 2019, y una vez se dieron a conocer los resultados1

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Demandante: GUILLERMO JOSÉ ARRÁZOLA NEGRETE

correspondientes, obtuvo un puntaje aprobatorio de 1000 puntos para el cargo al
que aspiró.

Adujo que el 21 de mayo de 2021, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar publicó la Resolución CSJBOR21-554 de 20 de mayo de 2021, “Por medio
de la cual se hace una exclusión en el cargo identificado con el código 260423,
dentro del Concurso de Méritos destinado a la conformación de los Registros
Seccionales de Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales,
Juzgados y Centros de Servicios, de los Distritos Judiciales de Cartagena, Bolívar
y San Andrés, Isla, convocado mediante Acuerdo No.CSJBOA17-609 del 06 de
octubre de 2017”, acto mediante el cual la autoridad administrativa lo excluyó del
concurso con fundamento en que no cumplía con el requisito de capacitación
mínima establecido para el cargo.

Finalmente, narró que frente a la anterior decisión presentó los recursos de
reposición y apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente mediante
las Resoluciones CSJBOR21-1556 de 22 de noviembre de 2021 del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar y CJR21-1137 de 31 de diciembre de 2021
de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, respectivamente.

2. Fundamentos de la acción

El accionante considera que los actos administrativos mediante los cuales fue
excluido del concurso de méritos al que se presentó vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso y los principios de buena fe y confianza legítima,
por cuanto, indicó, el Acuerdo CSJBOA 17-609 de 6 de octubre de 2017, no prevé
el requisito de “capacitación” en gestión de calidad para el cargo de profesional
universitario de centro u oficina de servicios grado 20, pues “no existe exigencia
de formación académica alguna diferente al título universitario en administración
de empresas, administración pública, derecho o ingeniería industrial”. De allí que,
arguyó, la exigencia que a través de los diferentes actos administrativos han
hecho las accionadas en relación con demostrar una capacitación mínima en esa
área atenta contra sus derechos fundamentales.

Sobre el particular, sostuvo que la Constitución Política, la ley y el acuerdo del
concurso de méritos delimitan las etapas y el procedimiento que debe llevarse a
cabo dentro de este, sin que esto hubiera sido garantizado en el trámite
correspondiente, toda vez que, pese a haber ocupado el primer lugar en la prueba
de conocimientos, competencias, aptitudes y habilidades, posteriormente fue
excluido por no haber supuestamente cumplido con el requisito de capacitación
mínima.

Añadió que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar debió motivar las
razones de la exclusión de acuerdo con el contenido del Acuerdo CSJBOA 17-609
de 6 de octubre de 2017, el cual no expresa una manera específica de acreditar
“conocimientos en la implementación, desarrollo y aplicación de sistemas de
gestión basados en las normas de calidad”, por lo que, considera, ningún precepto
obligaba a los aspirantes a presentar una certificación sobre la capacitación en el
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tema, “de manera que, puede suplirse, perfectamente, con las certificaciones
laborales de las que se extrae dicho conocimiento”.

Agregó que esa situación vulnera el principio de confianza legítima, por cuanto
otorgó un alcance diferente al requisito de “conocimientos” y estableció una
condición no contemplada en la convocatoria, lo que comporta un cambio en las
reglas de juego que afecta su derecho a acceder a cargos y funciones públicas,
pues de manera arbitraria llenó de contenido el requisito de “conocimientos”
señalado en el acuerdo de la convocatoria.

Adujo que el Acuerdo No. PSAA 13-10036 de noviembre 7 de 2013 del Consejo
Superior de la Judicatura, “Por el cual se modifican los Acuerdos 22 y 97 de 1994,
025 de 1997, 250 y 346 de 1998, respecto de los requisitos mínimos y niveles
ocupacionales de los cargos de las Unidades y Oficinas de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura”, señala en su artículo 6º que “Se entiende
por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridos o
desarrollados mediante el ejercicio de una profesión, ocupación, arte u oficio”.

Sostuvo que la presente solicitud procede como mecanismo transitorio para la
protección de los derechos fundamentales ante la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual es inminente, por cuanto, aduce, para el cargo de Profesional
Universitario de Centro de Servicios Judiciales del SPA grado 20 en la ciudad de
Cartagena existe una sola vacante, de tal suerte que con su exclusión el Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura lo apartan de
manera arbitraria de la posibilidad de acceder al cargo por el cual concursó y que
tiene la expectativa legítima de ocupar por haber tenido el mejor desempeño en
las pruebas de conocimiento.

Finalmente, añadió que el perjuicio es grave por cuanto se modificaron
injustificadamente y de modo desleal las reglas establecidas en el Acuerdo
CSJBOA 17-609 del 6 de octubre de 2017, lo que desconoce abiertamente las
reglas vinculantes del concurso, y es urgente e impostergable por cuanto es
necesario tomar medidas expeditas y rápidas que sean eficaces y oportunas para
impedir la consumación del daño, “pues acudir al proceso contencioso
administrativo no tiene la misma eficacia en la rapidez que se requiere para
conservar el derecho afectado”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO. Se declare la vulneración de mis derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, BUENA FE y CONFIANZA
LEGÍTIMA.

SEGUNDO. Se declare la cesación de efectos jurídicos de la Resoluciones No.
CSJBOR21-554 20 de mayo de 2021 proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, No. CSJBOR21-1556 del 22 de noviembre de 2021
proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, y No. CJR21-
1137 proferida el 31 de diciembre de 2021 por la Unidad de Carrera Judicial del 3

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Consejo Superior de la Judicatura, y en consecuencia, se me incluya en el
registro de elegibles, previa calificación de los demás componentes”.

4. Pruebas relevantes

Se allegaron copias de la Resolución No. CSJBOR18-518 de 23 de octubre de
2018, de la Resolución No. CSJBOR19-266 17 de mayo de 2019, de la Resolución
No. CSJBOR21-554 20 de mayo de 2021 de la Resolución No. CSJBOR21-1556
22 de noviembre de 2021 expedidas por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, y de la Resolución No. No. CJR21-1137 de 31 de diciembre de 2021,
emanada de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura.

5. Trámite procesal

Mediante auto de 20 de enero de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a las
autoridades demandadas.

En la misma providencia se negó la medida provisional solicitada por el actor,
tendiente a que se suspendieran los efectos del acto administrativo cuestionado a
través de la presente acción de amparo, luego de considerar que la medida
solicitada no resultaba necesaria ni urgente para garantizar los derechos
fundamentales invocados por el actor, y que la pretensión de la tutela y la de la
medida provisional comparten el mismo objeto, de modo tal que era pertinente
estudiar ese asunto en una etapa posterior a la de la admisión, una vez se
contara con todos los elementos de juicio para ello.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura

La Directora de la unidad rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la
acción o que se niegue su prosperidad, habida cuenta de que, declaró, en el caso
no se vulneraron los derechos del accionante.

Afirmó que en el artículo 12 del Acuerdo CSJBOA17-609 de 6 de octubre de 2017,
expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, se encuentra
contemplada la posibilidad de efectuar exclusiones dentro del proceso en
cualquier etapa, circunstancia conocida por todos los participantes, sin que ello
constituya la afectación indebida del proceso de selección.

Refirió que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos
administrativos en firme, como lo es el registro de elegibles del cargo al cual
participó el actor, mismo que por su propia naturaleza se encuentra amparado por
el principio de legalidad, por lo que en el caso no se satisface el requisito de
subsidiariedad, ante la existencia de mecanismos judiciales ordinarios para discutir
las decisiones adoptadas.
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Agregó que, aunado a lo anterior, en el caso no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción.

6.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar

El Presidente de la corporación rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, por cuanto, indicó, la acción de tutela no se
constituye en la vía idónea para controvertir actos administrativos, ante la
existencia de un mecanismo principal como lo es la acción contencioso
administrativa, a través del medio de control de simple nulidad, en el cual se
puede ventilar la inconformidad respecto de la forma como están contenido los
requisitos para el cargo de profesional universitario de centros de servicios grado
20 en el acuerdo CSJBOA17-609 de 2017, acto administrativo de carácter general.

Sostuvo que junto con el medio de control aludido, el actor puede solicitar como
medida cautelar lo aquí pretendido de forma transitoria, que no es más que dejar
sin efecto las resoluciones por las cuales se excluyó de la convocatoria,
generándose los mismos efectos de lo pretendido en la acción de tutela, conforme
con la sentencia SU-617 de 2013, proferida por la Corte Constitucional.

Finalmente, adujo que aun cuando el accionante manifiesta que no se ha
respetado el debido proceso con la actuación de esa corporación, se trata
precisamente de hacerlo valer, no solo para él, sino para todos los participantes de
la convocatoria, ya que la obligación de excluir a los participantes que no reúnan
los requisitos mínimos para ocupar un respectivo cargo deviene de lo dispuesto en
el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 12 del artículo 2° del Acuerdo
No. CSJBOA 17-609 de 6 de octubre de 2017, que indica: “3. Las solicitudes de
los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria o que no
acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazarán
mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía
gubernativa”.

6.3. Respuesta del señor Luis Enrique Trespalacios Orozco

Como de integrante del Registro Seccional de Elegibles conformado para la
provisión del cargo de Profesional Universitario de Centro u Oficina de Servicios
grado 20 del Distrito Judicial de Cartagena Bolívar y San Andrés, Isla, el tercero
rindió informe en el que indicó que la acción de tutela no está instituida para
debatir las reglas generales del concurso, en atención a su carácter subsidiario
frente a otros medios ordinarios de defensa judicial idóneos y eficaces.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en fallo de 10 de febrero de 2022, declaró
improcedente la solicitud por falta del requisito de subsidiariedad.

Luego de hacer referencia a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y la
improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y
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eficaces, refirió que la Corte Constitucional1 ha estimado que la acción de tutela no
constituye un medio alternativo que pueda ser empleado para reemplazar las
demás acciones judiciales, pues de ser así, se desconocería la estructura
jurisdiccional del Estado y las competencias asignadas a cada uno de sus
órganos.

Afirmó que, en tal sentido, este mecanismo tampoco resulta procedente cuando el
titular del derecho amenazado o vulnerado ha contado con la posibilidad de
ejercer las acciones ordinarias o especiales ante las autoridades jurisdiccionales
creadas para conocer de los litigios originados en actos de la administración.

Adujo que, en ese sentido, en el caso bajo estudio se advierte que la Resolución
CSJBOR22-14 de 17 de enero de 2022, expedida por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, declaró en firme los Registros Seccionales de Elegibles
correspondientes al concurso al que se presentó el actor, por lo que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es el entorno adecuado para controvertir las
decisiones de la administración, pues el legislador estableció los recursos
procesales idóneos y eficaces para tal efecto.

Sostuvo que, en ese sentido, el actor debe ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011, con el fin de
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados, actuación judicial en
el marco del cual, a efectos de evitar la consumación o agravación del daño,
puede pedir que se decreten medidas cautelares, las cuales se encuentran
reguladas en los artículos 229 a 241 del CPACA.

Agregó que ante la posible afectación de otros derechos o la urgencia de su
protección, el actor puede solicitar el decreto de medidas cautelares en el curso de
la acción ordinaria, medios que se presentan en la legislación como eficaces e
idóneos para lograr una verdadera tutela judicial, tornando innecesaria la
intervención del juez de tutela para la protección transitoria de los derechos
fundamentales cuando se trata de asuntos que se deben debatir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Finalmente, indicó que a juicio de esa Sala no se está en presencia de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez constitucional para hacer
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, toda vez que de los
documentos obrantes en el expediente de tutela y de lo relatado por el actor, no se
advertía la existencia de un peligro de tal magnitud que afecte con inminencia
y de manera grave su subsistencia, y que en tal sentido, se requiera una medida
impostergable por parte de este juez constitucional para neutralizar dicha
afectación, máxime si se tiene que el acto definitivo es de 31 de diciembre de
2021, encontrándose en término para la interposición de la demanda del medio de
control previamente referido.

1
Sobre el carácter residual de la acción de tutela se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-771 de
2004, T- 1277 de 2005, T-1112 de 2005, T-255 de 2007. 6

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8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
tanto, indicó, la solicitud sí es procedente, en tanto, conforme con el análisis
efectuado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sobre el
principio de subsidiariedad, en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-
2021-05927-012, en los casos en los que el concurso de méritos se encuentra en
la fase de nombramientos para el cargo al cual aspiró el accionante y el asunto
reviste relevancia, existe un perjuicio irremediable y la acción de tutela es
procedente como mecanismo transitorio, por cuanto se plantea una tensión que
involucra el principio de mérito como garantía de acceso a la función pública y ello,
a todas luces, trasciende de un ámbito administrativo y se convierte en un asunto
de carácter constitucional, que torna necesaria una decisión pronta, eficaz y que
garantice la protección de los derechos fundamentales.

Agregó que en dicha decisión se indicó que “entre el momento en que se presente
la solicitud de conciliación extrajudicial como requisito previo a demandar ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, se interponga la demanda, se defina la
procedencia de las medidas cautelares y se surtan todas las etapas del proceso,
la audiencia inicial, de pruebas, de alegatos y juzgamiento, el nombramiento de los
candidatos que superaron las etapas de la convocatoria ha transcurrido y el
derecho de acceso a cargos y funciones públicas del accionante se ha
cercenado”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 10 de febrero
de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad, y si es
viable hacer el estudio de fondo, a pesar de que se dictó un acto administrativo
que declaró en firme los Registros Seccionales de Elegibles correspondientes al
concurso al que se presentó el actor.

2
M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 7

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3. Improcedencia general de la acción de tutela contra actos administrativos

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20153:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría

3
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett. 8

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un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación
requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."4 (Negrilla por
fuera del texto)

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos5, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de
tutela por falta del requisito de procedencia de la subsidiariedad, luego de concluir
que, en tanto los cuestionamientos del señor Guillermo José Arrazola Negrette
están dirigidos a atacar las decisiones contenidas en los actos administrativos por
medio de los cuales las autoridades accionadas lo excluyeron del concurso de
méritos en el que participó, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
entorno adecuado para controvertir las decisiones de la administración, pues el
legislador estableció los recursos procesales idóneos y eficaces para tal efecto.

En la impugnación, el accionante manifestó que conforme con el análisis
efectuado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sobre el
presupuesto de la subsidiariedad, en la acción de tutela con radicado 11001-03-
15-000-2021-05927-016, en los casos en los que el concurso de méritos se
encuentra en la fase de nombramientos para el cargo al cual aspiró el accionante
y el asunto reviste relevancia, existe un perjuicio irremediable, por lo que la
presente acción sería procedente como mecanismo transitorio.

4
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
6
M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 9

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4.2. En consonacia con lo decidido por el a quo, para la Sala en el caso el
requisito de la subsidiariedad se encuentra incumplido, en tanto dadas las
particularidades concretas del caso, en el que existe un acto administrativo que
conformó el registro de elegibles para el cargo de Profesional Universitario de
Centro u Oficina de Servicios y de Apoyo, de los Distritos Judiciales de Cartagena,
Bolívar y San Andrés, Isla, grado 20, para el que concursó el accionante, el medio
de defensa judicial ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y
eficaz para que el actor obtenga la nulidad de dicho acto administrativo, mismo
que considera lesionó su derecho subjetivo particular, así como la reparación del
daño supuestamente ocasionado por este, por lo que el mencionado requisito no
se cumple.

En el presente caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se erige
como un mecanismo judicial idóneo y eficaz, pues, conforme con los artículos 229
y siguientes de la Ley 1437 de 2011, junto con la demanda el actor puede pedir el
decreto de medidas cautelares, como la suspensión provisional del acto
administrativo que dejó en firme el registro de elegibles que se censura, por tener
implicaciones en su situación particular y concreta, misma que puede decretarse a
petición de parte debidamente sustentada, si el juez o magistrado ponente las
considera necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del
proceso y la efectividad de la respectiva sentencia.

Conforme con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, habida cuenta de que contra la
Resolución CSJBOR22-14 de 17 de enero de 2022, expedida por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante la que se declaró la firmeza del
Registro Seccional de Elegibles del cargo al que se presentó el actor, este puede
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento, medio idóneo y eficaz
que no puede ser reemplazado por esta acción constitucional, de naturaleza
residual y subsidiaria.

4.3. Ahora bien, se ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela
para controvertir actos administrativos aun respecto de aquellos dictados en un
concurso de méritos para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, el
accionante manifestó que en su caso esto puede ocurrir porque para el cargo de
Profesional Universitario de Centro de Servicios Judiciales del SPA grado 20 en la
ciudad de Cartagena existe una sola vacante, de tal suerte que con su exclusión lo
apartan de manera arbitraria de la posibilidad de que acceder al cargo.

En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política indica que la acción de tutela
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. El Decreto 2591 de 1991, a su turno, en el artículo 6 expresa que el
mecanismo constitucional resulta improcedente “1. Cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante”.
10

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00332-01
Demandante: GUILLERMO JOSÉ ARRÁZOLA NEGRETE

En esa línea, la Corte Constitucional ha reiterado que tratándose de la provisión
de cargos públicos mediante el sistema de concurso de méritos, el único perjuicio
que habilita el amparo es aquel que cumple con las siguientes condiciones: “(i) se
produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir
no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su ocurrencia es inminente;
(iv) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición
de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es de tal
magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales7” .

En el presente caso, no se configura el perjuicio irremediable alegado por el
demandante con la decisión administrativa de excluirlo del concurso de méritos,
porque, contrario a lo manifestado por este respecto al ingreso en carrera de los
elegibles del concurso en el que participó, el registro de elegibles de la
convocatoria en la que participó se encuentra en firme a partir del 27 de octubre
de 2021 y tiene una vigencia de cuatro años8, a lo que se agrega que no puede
asegurarse que el nombramiento en la vacante del cargo al que aspiró se efectúe
previo a la adopción de una medida provisional por parte del juez ordinario.

De igual forma, no se observa la gravedad del perjuicio alegado, pues aun cuando
los derechos fundamentales invocados por el actor revisten un interés
constitucional relevante, no se avizora que los mismos se encuentren frente a una
grave amenaza de vulneración, porque, en caso de accederse a su
reincorporación al concurso, no existe certeza de que el actor deba ser nombrado
en el cargo al que aspiró, ni tampoco que en los tiempos señalados por este se
vayan a proveer las vacantes.

En definitiva, la acción de tutela formulada por el señor Guillermo José Arrázola
Negrete resulta improcedente porque no cumple con el presupuesto de la
subsidiariedad, en tanto cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ordinario
para ventilar la discusión propuesta ante el juez constitucional, y no se encuentra
acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que habilite el mecanismo de
protección constitucional como mecanismo transitorio.

Por lo demás, frente al argumento expuesto en la impugnación, conforme con el
cual la acción es procedente como mecanismo transitorio de acuerdo a lo decidido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-05927-019, la Sala aclara que dicha
sentencia constituye un precedente judicial horizontal, por lo que, conforme con el
desarrollo jurisprudencial sobre la materia, no se puede imponer como criterio de
decisión en el caso, ya que se debe maximizar la autonomía judicial frente a las
decisiones de otra autoridad judicial que actúa en igualdad funcional, a lo que se

7
Sentencia T-716 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en la sentencia de 24 de abril de 2019,
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Expediente 2019-01152-00
8
Acuerdo CSJNS17-395 4 de octubre de 2017.
9
M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 11

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00332-01
Demandante: GUILLERMO JOSÉ ARRÁZOLA NEGRETE

agrega que esta Sala ha decidido recientemente casos similares en sentido
contrario al allí expresado10.

En definitiva, la acción de tutela formulada por el señor Guillermo José Arrázola
Negrete es improcedente porque no cumple con el presupuesto de la
subsidiariedad, en tanto cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ordinario
para ventilar la discusión propuesta ante el juez constitucional, relativa a la firmeza
del Registro Seccional de Elegibles del concurso en el que participó.

Adicionalmente, para el momento de la presentación de la solicitud de amparo
constitucional no se encontró acreditada la existencia de un perjuicio irremediable
que habilitara el mecanismo de protección constitucional como mecanismo
transitorio, por lo que la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la solicitud.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 10 de febrero de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

10
Sentencia de 5 de mayo de 2022, rad. 2021-07365-01, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 12

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00332-01
Demandante: GUILLERMO JOSÉ ARRÁZOLA NEGRETE

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

13

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