Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00343-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00343-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-00343-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00343-00
Actora: Leticia Novoa Martínez
Demandado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al incurrir en una presunta mora judicial
dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación
110010315000202107398-00, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al incurrir en una
presunta mora judicial dentro de la acción de tutela identificada con el número único
de radicación 110010315000202107398-00, vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
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Actora: Leticia Novoa Martínez
Presupuestos fácticos
2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que presentó una acción de tutela contra la i) Corte Constitucional, el ii)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y iii) la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, al considerar que le vulneraron sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.
4. Adujo que a la fecha de haberse presentado la acción de tutela, la autoridad
judicial accionada no ha proferido la respectiva sentencia, incurriendo de esta
manera en una mora judicial.
La solicitud de tutela
Pretensiones
5.La Sala al estudiar el amparo presentado por la actora evidencia que lo solicitado
es que se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado que profiera la
respectiva sentencia al interior del proceso de tutela identificada con el número
único de radicación 110010315000202107398-00.
6. La actora consideró que “[…] interpongo acción de tutela por violación de los
derechos fundamentales al debido proceso y la administración de justicia
constitucional en sede de acción de tutela, por cuanto HAN TRASCURRIDO MÁS
DE DIEZ DÍAS ENTRE LA SOLICITUD DE TUTELA Y SU RESOLUCION […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de enero de 2022; i) admitió la
acción de tutela, y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del
Consejo de Estado y iii) vinculó a la Corte Constitucional, al Ministerio de Hacienda
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Actora: Leticia Novoa Martínez
y Crédito Público y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
8.La Sección Quinta del Consejo de Estado expresó que:
“[…] Tal y como quedó consignado en el primer informe presentado dentro de la
acción de tutela de la referencia, una vez fueron recibidas las contestaciones
requeridas dentro del trámite constitucional No. 11001-03-15-000-2021-07398-00,
el expediente de tutela fue ingresado al despacho el 19 de enero de 2021, en
consecuencia, fue registrado el correspondiente proyecto de fallo para la Sala de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, convocada para el jueves 27 de enero de
2022.
El día de ayer, el proyecto de fallo de la acción de tutela 11001-03-15-000-2021-
07398-00, fue aprobado por la totalidad de los magistrados que conforman la
Sección Quinta de esta Corporación, por lo que en la actualidad la providencia se
encuentra en la Secretaría General del Consejo de Estado para efectuar la
respectiva notificación a las partes y terceros intervinientes dentro del proceso.
En consecuencia, se reitera la solicitud de NEGAR la presente acción de tutela, toda
vez que las providencias proferidas en el marco del proceso 2021-07398-00, fueron
expedidas inmediatamente el expediente ingresó al despacho y, a la fecha, ya se
profirió el correspondiente fallo […]”.
9. La Corte Constitucional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, solicitaron que se le
desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
10.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
11. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
12. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
13. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
14. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[5]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
4 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.
15. La Sala advierte que la Corte Constitucional, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, solicitaron
su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
16. Al respecto, es preciso indicar que la actora presentó solicitud de tutela contra
la i) Corte Constitucional, el ii) Ministerio de Hacienda y Crédito Público y iii) la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en ese orden de ideas,
se evidencia que fungían como parte demandada al interior del proceso de tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202107398-00.
17. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Corte Constitucional, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones les asiste interés en la decisión de tutela que se profiera, por lo que
se declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
alegadas.
Problema Jurídico
18. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la
respuesta al anterior interrogante es negativa, ii) corresponde establecer si la
Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en mora judicial al no haber proferido
sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 110010315000202107398-00, lo que trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la actora.
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19.Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i)
la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de
tutela; ii) análisis del caso concreto y finalmente las iii) conclusiones de la Sala.
Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
20.La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
21.Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto
por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20056, se pronunció en el
siguiente sentido:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos
sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera
significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la
necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
22.Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado7:
[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela
pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que
la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha
situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de
amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
6 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
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Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que
la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
23.Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección8.
24.En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada, o
el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la
acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Análisis del caso concreto
25.Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
26.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
8 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
27.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:
27.1. Copia del informe rendido por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el
presente trámite de tutela.
Solución del caso concreto
28. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde
a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud presentada por la actora ha sido
tramitada.
29. La Sala evidencia que obra copia del informe de tutela rendido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en donde se informó lo siguiente:
“[…] Tal y como quedó consignado en el primer informe presentado dentro de la
acción de tutela de la referencia, una vez fueron recibidas las contestaciones
requeridas dentro del trámite constitucional No. 11001-03-15-000-2021-07398-00,
el expediente de tutela fue ingresado al despacho el 19 de enero de 2021, en
consecuencia, fue registrado el correspondiente proyecto de fallo para la Sala de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, convocada para el jueves 27 de enero de
2022.
El día de ayer, el proyecto de fallo de la acción de tutela 11001-03-15-000-2021-
07398-00, fue aprobado por la totalidad de los magistrados que conforman la
Sección Quinta de esta Corporación, por lo que en la actualidad la providencia se
encuentra en la Secretaría General del Consejo de Estado para efectuar la
respectiva notificación a las partes y terceros intervinientes dentro del proceso.
En consecuencia, se reitera la solicitud de NEGAR la presente acción de tutela, toda
vez que las providencias proferidas en el marco del proceso 2021-07398-00, fueron
expedidas inmediatamente el expediente ingresó al despacho y, a la fecha, ya se
profirió el correspondiente fallo […]”.
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30. De igual manera, la Sala al consultar el Sistema de Información Judicial
Colombiano de procesos "Justicia Siglo XXI", evidenció que la Sección Quinta del
Consejo de Estado profirió la respectiva sentencia el 27 de enero de 2022 dentro
del marco de la acción de tutela identificada con el número único de radicación
110010315000202107398-00, la cual a su vez fue debidamente notificada a las
partes el 31 de enero de 2022.
31. En consecuencia, la Sala, al revisar el acervo probatorio obrante en el
expediente, considera que en el presente caso se presentó el fenómeno jurídico de
la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite
de la presente acción de tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió la
respectiva sentencia de tutela el 27 de enero de 2022.
32.Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, ha señalado lo siguiente9:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de
la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de
la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante10. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado11 […]”. (Resaltado por la Sala).
33. En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, toda vez que entre el momento de la presentación de la acción
de tutela y el momento en que se dictara la respectiva sentencia, la Sección Quinta
del Consejo de Estado profirió la respectiva sentencia el 27 de enero de 2022
dentro del marco de la acción de tutela identificada con el número único de
radicación 110010315000202107398-00, la cual a su vez fue debidamente
9 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
11 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00343-00
Actora: Leticia Novoa Martínez
notificada a las partes el 31 de enero de 2022.
Conclusiones de la Sala
34.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Corte Constitucional, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
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Actora: Leticia Novoa Martínez
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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