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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00353-00

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00353-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, por Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 110010315000 2022 00353 00 Actor: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00353-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2022 00353 00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO SE
CONFIGURARON LOS DEFECTOS ALEGADOS. SI BIEN EL ACTOR ES
BENEFICIARIO DE UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEBÍA
ACREDITAR QUE EFECTUÓ COTIZACIONES SOBRE LOS FACTORES
QUE RECLAMA EN LA LIQUIDACIÓN DE SU PENSIÓN. NO ES
PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS INVOCADAS,
PORQUE SU TESIS FUE MODIFICADA MEDIANTE LA SENTENCIA DE
UNIFICACIÓN APLICADA DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, A LA DIGNIDAD HUMANA
Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 110010315000 2022 00353 00
Actor: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ, actuando a través de

apoderado judicial, instauró acción de tutela con el fin de obtener el

amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la

igualdad, los cuales considera vulnerados por el TRIBUNAL, al

haber proferido la sentencia de 2 de diciembre de 2021, dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 760013333007 2014

00146 01.

I.2.- Hechos

Manifestó que prestó sus servicios como Detective en el

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS2

entre el 1o. de marzo de 1975 y el 2 de noviembre de 2000, razón

por la cual mediante Resolución núm. 19286 de 10 de agosto de

2001, la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL3

le reconoció una pensión de vejez.

2
En adelante DAS.
3
En adelante CAJANAL.

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3

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Actor: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ

Explicó que el 28 de octubre de 2013, solicitó a la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL -UGPP4 la reliquidación de su pensión con base en el 75%

de todos los factores de salario percibidos durante el último año de

servicio, para que le fueran incluidos en el cálculo respectivo las

primas de servicios, de vacaciones y de navidad.

Expuso que la petición aludida fue denegada, razón por la cual

promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación

760013333007 2014 00146 00, con la finalidad de obtener la

reliquidación de su pensión en los términos aludidos.

Agregó que el proceso referido fue atribuido para su trámite en

primera instancia al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO DE CALI que, mediante sentencia de 15 de

noviembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda.

Señaló que, como consecuencia del recurso de apelación que

interpuso la UGPP, mediante sentencia de 2 de diciembre de 2021,

el TRIBUNAL revocó la decisión del a quo y, en consecuencia,

denegó la reliquidación de su pensión, por considerar que no se

4
Em adelante la UGPP.

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Actor: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ

cumplían las reglas fijadas en la sentencia de unificación de 28 de

agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado5.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la providencia cuestionada incurrió en el defecto

sustantivo, porque en aplicación de la sentencia de unificación de

28 de agosto de 2018 aludida, el TRIBUNAL dio alcance al Decreto

1158 de 3 de junio de 19946, desconociendo que conforme con los

decretos 1045 de 7 de junio de 19787 y 1933 de 28 de agosto

19898 su pensión debía ser liquidada con la inclusión de los factores

reclamados, en la medida que fueron percibidos durante el último

año de servicios.

Sostuvo que la providencia acusada incurrió en el defecto

sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

contenido en las sentencias de unificación de 25 de febrero de

20169, 1o. de agosto de 201310 y 4 de agosto de 201011, proferidas

por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las que ésta

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, accionante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro, demandado: Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación, M. P.
César Palomino Cortés.
6
“Por el cual se modifica el artículo 6º del Decreto 691 de 1994”.
7
“Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales
de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”.
8
“Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad”.

9
Número único de radicación. 25000-2342-000-2013-01541-01.
10
Numero único de radicación 44001-23-31-000-2008-00150-01.
11
Número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01.

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5

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Corporación se “[…] apartó del precedente jurisprudencial de la

Corte Constitucional emitido en la Sentencia SU-230 de 2015 […]”.

Precisó que la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, no

podía ser aplicada de forma retroactiva, porque no existía al

momento en que adquirió su estatus pensional, así como tampoco

cuando interpuso la demanda origen de la controversia, además

porque no versa sobre los regímenes exceptuados, como el previsto

para los empleados del DAS.

Arguyó que, en ese orden de ideas, en la medida que durante el

último año de servicios devengó las primas de servicios, de

vacaciones y de navidad, dichos factores debían tenerse en cuenta

para liquidar su pensión.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…]4- Solicito respetuosamente para este caso en concreto:

4.1 Dejar sin efectos la Sentencia de Segunda Instancia de la
Sala de Decisión Oral No.4 del 2 de diciembre de 2021
Magistrada Ponente Dra. LUZ ELENA SIERRA VALENCIA,
proferida dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho – DEMANDANTE: JOSE MIGUEL LOPEZ LOPEZ –
DEMANDADO: UGPP – Radicado No.76-001-33-33-007-2014-

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Actor: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ

00146-01 y dictando un fallo sustitutivo que se ajuste a
derecho no violando el debido proceso por las aplicación
indebida de la normatividad y desconocimiento del precedente
judicial vertical y conceder el reajuste de la pensión especial de
vejez del actor, con el 75% de la asignación promedio
devengado durante el último año de servicios (1 de noviembre
de 1999 hasta el 1 de noviembre de 2000) incluyendo todos los
factores salariales y que fueron debidamente certificados como
Detective Profesional del extinto DAS (salario básico,
bonificación por servicios prestados, prima de riesgo, prima de
nivelación, prima de antigüedad, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA
DE VACACIONES Y PRIMA DE NAVIDAD (conocida también
como prima de diciembre), a partir del 28 de Octubre de 2010,
conforme a la prescripción trienal de los derechos causados,
fecha en la que el actor da inicio a la reclamación
administrativa del reajuste de su pensión de vejez incluyendo
los factores de salario descritos y hacer los descuentos por
aportes sobre los factores de salario que no hayan sido objeto
de la deducción legal. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés

directo en las resultas del proceso, señaló que si bien al actor le es

aplicable el régimen especial previsto en el Decreto 1933 de 1989,

por ser beneficiario del régimen de transición, esto solo concierne a

la edad y tiempo de servicio, por lo que al haber adquirido su

estatus pensional el 28 de febrero de 1995, la liquidación de su

pensión debía ser efectuada sobre los factores taxativamente

señalados en el Decreto 1158 de 1994, dentro de los cuales no

están enunciados la prima de servicios, la prima de vacaciones ni la

prima de navidad.

Agregó que al asunto bajo examen le son aplicables las sentencias

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C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017

y SU-023 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional, así como

la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, proferida por

el Consejo de Estado, conforme con las cuales, incluso en el

régimen de transición, las pensiones deben ser liquidadas con base

en el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio

y sobre los factores efectivamente cotizados.

Concluyó que la providencia no incurrió en defecto alguno, por lo

que la acción de tutela es improcedente, en la medida que lo

pretendido es reabrir el debate sobre un asunto ya definido por el

juez natural.

I.5.2.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, pese a que fueron notificados

en debida forma, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

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número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia

judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 201212

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en

presencia de la violación de derechos constitucionales

fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó

como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P.
Dra. María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-01328.

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sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte

Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta

Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado

en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero

doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-

02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de

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propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 2 de diciembre de 2021, por

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medio de la cual el TRIBUNAL revocó la decisión del a quo y, en su

lugar, denegó la reliquidación de su pensión, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 760013333007 2014 00146 01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su

juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto

sustantivo por cuanto omitió aplicar los decretos 1045 de 1978 y

1933 de 1989, conforme con los cuales su pensión debía ser

liquidada con base en el 75% de los factores devengados durante

su último año de servicios, incluyendo, las primas de servicios,

de vacaciones y de navidad.

De igual forma, el actor estima que se configuró el defecto

sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

contenido en las sentencias de unificación de 25 de febrero de

2016, 1o. de agosto de 2013 y 4 de agosto de 2010.

Además, afirmó que no resultaba aplicable a su caso la sentencia

de unificación de 28 de agosto de 2018, porque no existía al

momento en que adquirió el estatus pensional ni cuando interpuso

la demanda origen de la controversia.

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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y,

de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos sustantivo y sustantivo

por desconocimiento del precedente jurisprudencial, al haber

proferido la sentencia de 2 de diciembre de 2021 aludida.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con

suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se ha

incurrido en los defectos aludidos; contra la decisión cuestionada no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA)

y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción

de tutela se interpuso en un plazo razonable13 y, por último, la

solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial,

para resolver el fondo del asunto, la Sala hará mención al marco

jurídico de los defectos alegados y enseguida los analizará de forma

13
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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conjunta en el caso concreto.

Del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional14 ha

precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial

aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la

que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que

contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 200915, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e)
a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
M.P Mauricio González Cuervo.

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legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional16 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa

ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión

“[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca

del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos

elaborados por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar

la incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que una

providencia judicial adolece de defecto sustantivo cuando la

autoridad jurisdiccional se “[…] aparta del precedente judicial –

horizontal o vertical17 – sin justificación suficiente […]” pues el

precedente es de carácter obligatorio, en atención a que de acuerdo

16
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha
diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es
el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el
Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los
que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los
encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte
Constitucional. Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014

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Actor: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ

con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces si bien

tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar

deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que solo es

procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y

cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) que se

haga una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente

aplicado a casos similares y (ii) que se expongan las razones

suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado

al asunto estudiado.

Caso concreto

En el presente caso el disenso del actor radica en el hecho de que el

TRIBUNAL haya negado la reliquidación de su pensión, con la

inclusión de todos los factores devengados durante el último año de

servicios, en particular, las primas de servicios, de vacaciones y de

navidad.

Ahora bien, en efecto, mediante la sentencia de 2 de diciembre de

2021, el TRIBUNAL denegó las pretensiones del actor, por las

siguientes razones:

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“[…]

1. PROBLEMA JURÍDICO

La controversia jurídica en esta instancia, se circunscribe a
determinar si el actor tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de jubilación con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicios como ordenó el A
quo, o si por el contrario, debe liquidarse de conformidad con
lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y los factores salariales del Decreto 1158 de 1994.

Para resolver el anterior problema, se estudiará la sentencia de
unificación de jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2018, proferida con ocasión de las
sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230
de 2015, en las que se interpretó que el ingreso base de
liquidación de los regímenes pensionales anteriores a la Ley
100 de 1993, no hace parte del régimen de transición; y
adicionalmente, se establecieron los factores salariales que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación.

Además, se estudiará el régimen pensional de los empleados
del extinto DAS y la jurisprudencia del Consejo de Estado
respecto del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del
régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994.

[…]

Se encuentra acreditado que el actor estuvo vinculado al
Departamento Administrativo de Seguridad en calidad de
Detective, desde el 1 de marzo de 1975 hasta el 2 de
noviembre de 2000; y que es beneficiario del régimen de
transición del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, porque se
vinculó a esa institución antes del 4 de agosto de aquel año.

[…]

Una vez efectuado el anterior recuento fáctico, teniendo en
cuenta, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado citada en esta providencia, la Sala considera que, el
actor no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez
con la inclusión de factores salariales, tales como, la prima de
servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad como
ordenó el A quo.

En efecto, la referida Sección ha señalado que a los detectives
del DAS beneficiarios del régimen de transición del artículo 4
del Decreto 1835 de 1994, también se les debe calcular el
ingreso base de liquidación de acuerdo a las reglas fijadas por

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la Sala Plena de esa Corporación en la sentencia de unificación
de jurisprudencia del 28 de agosto de 2018, es decir, de
conformidad con lo previsto en el artículo 21 y el inciso 3° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además de tener en cuenta
los factores salariales del Decreto 1158 de 1994 efectivamente
cotizados.

En este sentido, la entidad demandada mediante la Resolución
No. RDP 033841 del 25 de julio de 2013, reliquidó
correctamente la pensión con el promedio de lo cotizado en el
último año de servicio, pues al 1 de abril de 1994 cuando entró
en vigencia la 100 de 1993, ese era el tiempo que le hacía falta
para causar el derecho a la pensión, sin embargo, no se
pueden incluir los citados emolumentos porque no se
encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre
estos no se efectuaron las cotizaciones correspondientes al
sistema de pensiones. […]”.

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL encontró que el actor en su condición de ex detective

del DAS, es beneficiario del régimen de transición previsto en el

artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, porque se vinculó a esa

institución antes de la entrada en vigencia de dicha norma y, en

consecuencia, la pensión debía ser reconocida con base en las

normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

No obstante, precisó que el actor no tenía derecho a la reliquidación

en los términos que reclamaba, esto es, con la inclusión de las

primas de servicios, de vacaciones y de navidad, porque estos

factores no se encontraban enunciados en el Decreto 1158 de 1994

y, en particular, porque sobre estos no se efectuaron las

cotizaciones correspondientes al sistema de pensiones.

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Para tal efecto, el TRIBUNAL destacó que conforme con la

jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a los

detectives del DAS beneficiarios del régimen de transición, también

se les debe calcular el ingreso base de liquidación de acuerdo con

las reglas fijadas por la Sala Plena de esa Corporación en la

sentencia de unificación de jurisprudencia de 28 de agosto de 2018.

En ese orden de ideas, la Sala no encuentra que el TRIBUNAL

haya incurrido en el defecto sustantivo que el actor alega, porque

no desconoció que este sea beneficiario del régimen de transición y,

en particular, porque su decisión se acompasa con las reglas

jurisprudenciales unificadas actuales, conforme con las cuales para

que sea procedente el reconocimiento de una pensión con base en

determinados factores salariales es necesario que sobre estos se

hayan efectuado las respectivas cotizaciones, esto último, que no

fue probado en el proceso ordinario respecto de los emolumentos

que el accionante pretendía que le fueran tenidos en cuenta para el

cálculo de la prestación.

Al respecto, la Sala señala que, en efecto, al proferir la sentencia en

cuestión, el TRIBUNAL tuvo en cuenta la sentencia de unificación

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de 28 de agosto de 201818, proferida por el Consejo de Estado, en

la cual, entre otros aspectos, se fijaron los parámetros para la

interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de

199319, en lo que respecta a la transición en el régimen general de

pensiones.

Ahora bien, la sentencia de unificación referida fue tenida en cuenta

por el TRIBUNAL porque en ésta se explicaron las razones por las

cuales las pensiones reconocidas bajo los regímenes anteriores a la

Ley 100 de 1993, solo pueden ser liquidadas con base en los

factores sobre los que fueron hechos aportes al Sistema de

Seguridad Social, posición que tiene fundamento en el principio de

sostenibilidad del sistema pensional consagrado en el artículo 4820

de la Constitución Política, cuyo alcance es general incluso para

los regímenes especiales.

En este sentido, en la sentencia de 28 de agosto de 2018, en

mención, el Consejo de Estado señaló:

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 52001 23 33 000 2012
00143 01.
19
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
20
“[…] El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional,
respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de
acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a
la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo
establecido en ellas.

[…]

Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales
cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]”

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“[…] 96. La segunda subregla es que los factores
salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión
de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se
hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.

[…]

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el
cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la
pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de
servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los
cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección
Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4
de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de
1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los
mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicio, va en contravía
del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La
inclusión de todos los factores devengados por el servidor
durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la
Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las
expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que
“constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo,
para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la
voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de
configuración enlistó los factores que conforman la base de
liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha
base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los
que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del
sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho
irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del
territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado,
en acatamiento de los principios constitucionales de
universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza
que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide

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conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii)
se respeta la debida correspondencia que en un sistema de
contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que
el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad
financiera del sistema […]” (Destacado fuera de texto)

Así mismo, las reglas de la providencia en cita, así como el Decreto

1158 de 1994, han sido aplicados por la SUBSECCIÓN “A” DE LA

SECCIÓN SEGUNDA21 de esta Corporación, al resolver demandas

de reliquidación de pensión de ex detectives del DAS beneficiados

con el régimen de transición, así:

“[…] de lo probado en el proceso se desprende que el
accionante laboró como detective para el DAS del 8 de
octubre de 1979 al 1 de noviembre de 2000, habiendo
cumplido más de 20 años en dicha condición, por lo que la
entonces Cajanal, le reconoció una pensión de vejez con
fundamento en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989,
mediante la Resolución 07416 de 23 de octubre de 2002, […]
calculada con el promedio de lo cotizado entre el 1 de abril de
1994 y el 31 de octubre de 2000, de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de la
asignación básica y la bonificación por servicios
prestados, en consonancia con los emolumentos
establecidos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como
ingreso base de cotización.

Así las cosas, se tiene que la pensión de vejez del actor le fue
liquidada según lo señalado en el inciso 3° del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, en atención a las reglas fijadas por esta
Corporación, en la sentencia de 28 de agosto de 2018 (citada
en el marco jurídico de esta providencia), teniendo en cuenta
que en referido inciso el legislador excluyó del régimen de
transición la expectativa de que la pensión de los beneficiarios
de la transición se calculara con el ingreso base de liquidación
dispuesto en el régimen anterior que les fuera aplicable. Lo
anterior, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución
Política, en cuanto dispone que “Para la liquidación de
las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “A”,
sentencia de 13 de noviembre de 2020, CP CÉSAR PALOMINO CORTÉS, numero único de radicación
52001-23-31-000-2011-00431-01.

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sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (...)”.

Sobre este punto, es preciso anotar que aun cuando la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, en la que se
expuso la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, en relación con el ingreso base de liquidación pensional,
se profirió con posterioridad a la providencia de primera
instancia, la sala plena de esta Corporación aclaró que “(...)
por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma
retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en
este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes
de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha
operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables”.

En conclusión, se aclara que aunque el actor es
beneficiario del régimen de transición del Decreto
artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, en lo que respecta
al IBL de su mesada, éste debe calcularse en los
términos de lo dispuesto en inicio del 3° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, como bien lo hizo Cajanal. Por
ende, se revocará la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda
[…]”. (Destacado fuera de texto).

De igual forma, en sentencia de 8 de octubre de 2020, la

SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA22 de esta

Corporación indicó:

“[…]de las pruebas anteriormente enunciadas se
desprende que el accionante laboró para el DAS entre el
14 de noviembre de 1986 y el 3 de agosto de 2011, esto
es, por 24 años, 8 meses y 18 días, lapso durante el cual
desempeñó funciones de detective especializado 206-13, por lo
que la entonces CAJANAL, por medio de la Resolución 40649
del 29 de marzo de 2012, le reconoció una pensión de
jubilación de conformidad con los requisitos de edad y tiempo,
así como con la tasa pensional (75%), contenidos en el Decreto

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”,
sentencia de 20 de octubre de 2020, CP SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, numero único de radicación
25000-23-42-000-2015-05021-01.

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1047 de 1978, en concordancia con el Decreto 1933 de 1989.

54. Dicha prestación fue calculada sobre el promedio de lo
cotizado entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de diciembre de
2007, con inclusión de la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados, como lo preceptúa el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en armonía con los
emolumentos establecidos en los Decretos 691 y 1158 de
1994 como ingreso base de cotización (IBC).

55. Así las cosas, se tiene que al accionante le fue
calculada su pensión de jubilación con fundamento en el
inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por
la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado,
establecidas en las sentencias citadas en el acápite
precedente, en el sentido de que en tal inciso el
legislador excluyó del régimen de transición la
expectativa de las personas beneficiarias de este de
obtener su pensión con el IBL que consagraba el
régimen anterior al que se encontraban afiliados al
entrar en vigor aquella, por lo que se someten a lo
dispuesto en la mencionada norma o en el artículo 21
ibídem, según corresponda, tal como lo hizo la extinta
CAJANAL en el presente caso; lo que además guarda
relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone
que «(p)ara la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones (…).» […]”
(Destacado fuera de texto)

En ese orden de ideas, más allá de la aplicación o no del

determinado régimen pensional para el caso concreto, lo cierto es

que en el curso del proceso ordinario origen de la controversia el

actor no probó que sobre los factores a los que alude se efectuaron

las cotizaciones respectivas, razón por la cual sus disensos no están

llamados a prosperar.

Por otro lado, en relación con el presunto desconocimiento de las

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sentencias de unificación de 25 de febrero de 201623, 1o. de

agosto de 201324 y 4 de agosto de 201025, proferidas por la Sección

Segunda del Consejo de Estado, la Sala destaca que estas

providencias fueron proferidas bajo la tesis que disponía la

inclusión, en el ingreso base de liquidación de las pensiones, de

todos los factores devengados por el servidor de manera habitual y

periódica, esto de manera independiente del hecho de si sobre los

mismos se hicieron o no aportes o cotizaciones al Sistema de

Pensiones.

No obstante, dicha posición fue rectificada en la sentencia de

unificación de 28 de agosto de 2018 aludida, de acuerdo con la cual

las pensiones reconocidas bajo los regímenes anteriores a la Ley

100 de 1993, solo pueden ser liquidadas con base en los

factores sobre los que fueron hechos aportes al Sistema de

Seguridad Social, como fue señalado en precedencia, razón por la

cual, tampoco se advierte la configuración del defecto sustantivo

por desconocimiento del precedente judicial.

Cabe resaltar que la citada sentencia de unificación de 28 de agosto

de 2018 tiene efectos retrospectivos, pues en esta la

Corporación señaló que las reglas jurisprudenciales que allí se

23
Número único de radicación. 25000-2342-000-2013-01541-01.
24
Numero único de radicación 44001-23-31-000-2008-00150-01.
25
Número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01.

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fijaron se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en

sede administrativa como judicial, así:

“[…]

Efectos de la presente decisión

[…]

115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general,
ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva,
método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que
las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este
pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias;
salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta
decisión garantizan la seguridad jurídica y dan
prevalencia a los principios fundamentales de la
Seguridad Social, por ello no puede invocarse el
principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no
aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de
esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada
[…]” (destacado fuera del texto)

Así las cosas, comoquiera que el proceso ordinario origen de la

controversia, para el momento en que fue proferida la sentencia de

unificación, se encontraba en trámite, dado que estaba a la espera

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del fallo de segunda instancia, las reglas unificadas resultaban

aplicables conforme con lo expuesto en cita.

Por lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada

no incurrió en los defectos estudiados, toda vez que la providencia

cuestionada está motivada con fundamento en el marco jurídico

aplicable, por lo que el hecho de que el actor no comparta la tesis

allí dispuesta no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, revocó la decisión del a quo y denegó las

pretensiones de la demanda.

Las anteriores razones, imponen a la Sala denegar el amparo

solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, por

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las razones expuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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