Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00363-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00363-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00363-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00363-01
Accionante: NELSON DE JESÚS RUA BEDOYA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: Tutela contra providencia judicial / debido proceso,
mínimo vital, seguridad social, igualdad / proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho /
reliquidación asignación de retiro
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 17 de marzo de 2022
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la
cual declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Nelson de Jesús Rua Bedoya respecto de los defectos sustantivo y
violación directa de la Constitución y negó las pretensiones en relación
con los defectos procedimental y el desconocimiento del precedente.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital, seguridad social, igualdad y el principio de in
dubio pro operario tiene sustento en los siguientes:
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1. HECHOS
El señor Nelson de Jesús Rua Bedoya presentó medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para que se reliquidara su
asignación de retiro teniendo en cuenta el 45% de la prima de
actividad que devengó en servicio activo.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado 22 Administrativo
Oral del Circuito de Medellín que, mediante providencia del 2 de
agosto de 2018, negó las pretensiones.
Contra la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de
apelación debido al cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, a
través de sentencia del 16 de junio de 2021, la confirmó.
2. PRETENSIONES
La parte accionante pidió lo siguiente:
«1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso,
mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social,
mantenimiento del poder adquisitivo de mi pensión, in dubio pro
operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la
Corporación violado.
2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA el 16 de junio de 2021 en el
proceso con Rad. 050013333 022 2018 00081 01.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el
debido proceso, el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el
mantenimiento de las condiciones de vida logradas con mi trabajo-
vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del
entendimiento más favorable de las normas laborales.
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4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente
para proteger y restablecer mis derechos fundamentales» (sic en
toda la cita).
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante aseguró que la sentencia del 16 de junio de 2021
del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los siguientes
defectos:
• Defecto procedimental: por cuanto aseguró que se violó el
principio de congruencia y de non reformatio in pejus, puesto
que el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió el problema
jurídico desde una perspectiva diferente a la planteada en el
recurso de apelación desconociendo los límites trazados por el
Juzgado en la sentencia apelada «que era inmodificable en lo
apelado, pues termina concluyendo que no es viable el reajuste
porque la normativa que gobierna mi asignación de retiro es la
vigente al momento en que se me confirió el derecho».
• Defecto sustantivo: pues afirmó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia desconoció los artículos 23, 24 y 25
del Decreto 4433 de 2004, y los artículos 1 y 2 numerales 2.1 y
2.4 y el numeral 3.1. del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 de
acuerdo con la cual se deben reajustar las asignaciones de
retiro conforme con las normas y criterios ahí fijados.
• Violación directa de la Constitución: porque vulneró su
derecho a la igualdad respecto a otros pensionados que
accedieron con anterioridad al derecho y toda vez que afectó su
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mínimo vital al mantener la liquidación de la asignación de
retiro sobre un salario inferior al que recibió. Además, advirtió
que debió darse aplicación al in dubio pro operario e interpretar
las normas aplicables a su favor.
• Desconocimiento del precedente: toda vez que a su juicio el
Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció la sentencia de
unificación SU-1073 de 12 de diciembre de 2012 proferida por
la Corte Constitucional y las providencias expedidas por el
Consejo de Estado de 12 de abril de 2012, rad.
11001032500020060001600, 28 de febrero de 2013, rad.
11001032500020070006100 y 23 de octubre de 2014, rad.
11001032500020070007701.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 24 de enero de 2022, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado admitió la acción de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, como accionado y al
Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín y a la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, como terceros interesados, para que
se pronunciaran sobre los hechos que originaron la solicitud
constitucional.
5. INTERVENCIONES
5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de una de
sus magistradas, señaló que en el presente asunto no se cumplieron
los requisitos procesales y materiales que permitan una decisión
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favorable al accionante teniendo en cuenta que la sentencia judicial
reprochada fue proferida de acuerdo con las normas y jurisprudencia
aplicable y respetando los principios del debido proceso.
En ese orden de ideas, precisó que no se violó la non reformatio in
pejus en tanto, «en la sentencia de primera instancia se negaron las
pretensiones de la demanda y se condenó en costas, mientras que en
segunda instancia la decisión fue confirmada, salvo en relación con la
condena en costas, revocando la misma y beneficiando al apelante
único, de allí que no pueda concluirse una vulneración al principio
constitucional».
5.2. El juez 22 administrativo oral del circuito de Medellín
afirmó que al expedir la providencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho valoró la totalidad
de las pruebas frente a las normas vigentes y aplicables al caso, de
tal manera que no vulneró ningún derecho del accionante.
5.3. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional guardó
silencio.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de sentencia del 17
de marzo de 2022, declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Nelson de Jesús Rua Bedoya respecto de los
defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, porque
fueron sustentados en los mismos argumentos de inconformidad que
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manifestó el accionante en la jurisdicción contenciosa y negó las
pretensiones en relación con los defectos procedimental y el
desconocimiento del precedente, toda vez que no existió una violación
al principio de la non refomatio in pejus en el entendido que en
primera instancia el juez negó las pretensiones de la demanda y el
Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó esa decisión y además
porque «cuando el apelante único impugna un aspecto global de la
sentencia de primera instancia, el juez de segunda instancia queda
habilitado para revisar todos aquellos aspectos que estén
intrínsecamente relacionados con la materia objeto de apelación, así
el recurrente no se haya referido de manera expresa, sin que eso
implique el desconocimiento del artículo 320 del Código General del
Proceso».
Asimismo, indicó que las sentencias referidas por el accionante como
desconocidas realizaron un control abstracto de legalidad y no
precisaron ninguna regla de decisión respecto de la cual se pudiera
deprecar el desconocimiento del precedente alegado.
7. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia con
fundamento en las razones que manifestó en el escrito de tutela, esto
es, que la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en los defectos alegados y por esa razón vulneró los derechos
fundamentales que invocó en protección.
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II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20191,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
• ¿La presente acción de tutela en contra de la sentencia del 16
de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, cumple con el requisito de inmediatez?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, ii) el principio de inmediatez y iii) el caso
concreto.
1 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth
García González.
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después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
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iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.2. DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
La acción de tutela tiene por objeto la pronta e inmediata protección
de los derechos fundamentales que una persona considere violados o
amenazados, de allí la importancia de ser ejercida dentro de un
término prudencial para evitar la consumación de las consecuencias
negativas que conlleve la transgresión aludida por el accionante en
cada caso.
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En otros términos, la amenaza o la vulneración del derecho
fundamental es lo que le otorga celeridad al trámite de tutela y le da
el carácter de preferente a esta acción constitucional frente a otros
medios ordinarios de protección consagrados en la ley. Sobre ello, en
sentencia T-504 de 2010, la Corte Constitucional indicó:
«Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que
la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que
debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y
justa de la acción.»
Así las cosas, el principio de inmediatez es uno de los aspectos que
debe analizar el funcionario judicial pues de ese estudio emerge la
finalidad del mecanismo, que es, la protección inmediata de los
derechos fundamentales. En consecuencia, si el juez constitucional
evidencia que existió una demora en su interposición, esta situación
puede indicarle que, en principio, la protección de los derechos
fundamentales reclamada puede realizarse a través de la vía
ordinaria, o que no existe vulneración de derecho fundamental
alguno.
4. CASO CONCRETO
De acuerdo con los argumentos expuestos en el numeral anterior y
una vez analizadas las pruebas obrantes en el plenario, la Sala de
Decisión Advierte que la presente acción incumplió con el requisito de
inmediatez.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la sentencia reprochada (i) fue
proferida el Tribunal Administrativo de Antioquia el 16 de junio de
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2021, fue notificada el 17 de junio de 2021, quedó ejecutoriada el 21
de junio de 20214 y (iii) la tutela fue presentada el 17 de enero de
20225, es decir, cumplido un término mayor de seis (6) meses,
sin que se evidencie alguna justificación en la demora para
interponerla, pues a pesar de que el accionante manifestó que estaba
en tiempo, porque se debe tener en cuenta la vacancia judicial, lo
cierto es que este periodo de la Rama Judicial no afecta de forma
alguna el ejercicio de la tutela teniendo en cuenta que los Juzgados
Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad continúan en funcionamiento y ante ellos podía
interponer la acción considerando que todos los funcionarios judiciales
de Colombia son jueces constitucionales.
En ese orden de ideas, la Sala debe reiterar: el juez constitucional
parte de la presunción de que, si se está ante una vulneración de
derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables
e inmediatas, el titular del derecho afectado debe procurar su
protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e
injustificada para interponer la tutela, genera duda acerca de la
urgente necesidad de la protección constitucional que se puede
obtener vía esta acción.
Congruente con ello, si bien no existe un término legal que indique en
que momento se debe presentar la acción de tutela, lo cierto es que la
jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta
corporación ha sido pacifica en aceptar que dicho plazo – seis meses -
resulta razonable y proporcional, sobre todo tratándose del presente
4 Según las pruebas visibles en el expediente digital.
5 De acuerdo con el acta de reparto visible en SAMAI.
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asunto en el que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable o un caso fortuito o fuerza mayor que justificara la
tardanza.
En ese orden de ideas, conforme las razones precedentes la Sala de
Decisión confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente el amparo solicitado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del 17 de marzo de 2022
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la
cual declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Nelson de Jesús Rua Bedoya respecto de los defectos sustantivo y
violación directa de la Constitución y negó las pretensiones en relación
con los defectos procedimental y el desconocimiento del precedente.
SEGUNDO. – DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Nelson de Jesús Rua Bedoya en contra del
Tribunal Administrativo de Antioquia por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
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TERCERO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTA.-REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABR IE L VA LBUENA H ERNÁNDE Z
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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