Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00371-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-00371-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00371-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00371-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
RESPECTO DEL DEFECTO FÁCTICO ALEGADO TODA VEZ QUE NO SE
CUMPLE CON EL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
LA PARTE ACTORA NO EXPUSO CON CLARIDAD LAS PRUEBAS QUE
PRESUNTAMENTE SE DEJARON DE ANALIZAR, ADEMÁS, LO
PRETENDIDO CON ELLO ES REABRIR UN DEBATE ZANJADO
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO. DENIEGA EL AMPARO FRENTE
AL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE ENDILGADO, PUES EL
TRIBUNAL FUNDAMENTÓ SU DECISIÓN EN LA JURISPRUDENCIA
EMITIDA TANTO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL COMO POR EL
CONSEJO DE ESTADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
1 En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
Los señores REINALDO MANRIQUE DURÁN, REINALDO
MANRIQUE ALMENDARES, PATRICIA DURÁN DE MANRIQUE y
BEATRIZ GARCÍA DE DURÁN, actuando en nombre propio, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a sus juicios, les fueron
vulnerados por el Tribunal al proferir la providencia de 30 de junio
de 2021, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 11001-33-43-059-
2016-00212-01.
I.2. Hechos
Refirieron que el 9 de abril de 2012, el señor REINALDO
MANRIQUE DURÁN fue capturado y, posteriormente, recluido en
establecimiento carcelario y penitenciario por el presunto punible de
tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones en el
Municipio de La Mesa – Cundinamarca.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
Sostuvieron que mediante sentencia de 9 de julio de 2012, el
Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá declaró al señor
REINALDO MANRIQUE DURÁN autor por los delitos que se le
acusaban, por lo que se le impuso pena privativa de la libertad de
72 meses, permaneciendo recluido en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de La Mesa desde el 9 de abril de 2012
hasta el 23 de abril de 2015.
Relataron que, como consecuencia de las condiciones crueles y
degradantes que tuvo que soportar el señor REINALDO
MANRIQUE DURÁN en el centro de reclusión, debido a las
condiciones mínimas de higiene y salubridad, el 6 de abril de 2016
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad Penitencia y
Carcelaria – USPEC, a la cual le fue asignado el número único de
radicación 2016-00212-00.
Indicaron que el proceso fue conocido en primera instancia por el
Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá2
que, en sentencia de 16 de diciembre de 2019, declaró la
responsabilidad administrativa y extracontractual del INPEC, por el
2 En adelante el Juzgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
daño antijurídico sufrido por los actores, como consecuencia de los
tratos inhumanos, vulneradores del derecho a la dignidad humana
recibidos por el señor REINALDO MANRIQUE DURÁN, originados
en una serie de omisiones debido a la problemática estructural del
hacinamiento carcelario, daños que no estaba en la obligación de
soportar al no ser inherentes a su estado de reclusión.
Señalaron que la anterior decisión fue objeto de recurso de
apelación, el cual fue desatado por el Tribunal que, mediante
sentencia de 30 de junio de 2021, revocó el fallo del a quo en su
totalidad y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, al
estimar que de las pruebas recaudadas no se logró acreditar la
vulneración de las condiciones dignas de reclusión, por lo que no
existía evidencia de la existencia de un daño antijurídico, de tal
forma que el hecho de existir un número superior de reclusos a los
permitidos, no constituye per se el daño por el cual se pretende una
reparación.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, el Tribunal incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas recaudadas en el proceso que
daban cuenta del hacinamiento y las malas condiciones de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
estructura física, así como la insuficiencia de servicios públicos
dentro del centro de reclusión, por lo que se debió declarar la falla
en el servicio.
Relataron que sí estaba probada la falla en el servicio, tan es así
que el fallador de primera instancia declaró la responsabilidad del
Estado, por lo que no se explica por qué el Tribunal no evidenció la
grave violación de las garantías fundamentales dentro del
establecimiento carcelario.
Sostuvieron que también se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial dispuesto por la Corte Constitucional que, en
sentencia T-861 de 2013, hizo especial énfasis en los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad, con
fundamento en lo considerado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y el estado de cosas inconstitucional del
sistema penitenciario del país establecido en la sentencia T-153 de
1998.
Añadieron que la Sección Tercera del Consejo de Estado3 en un
caso similar al suyo, declaró la responsabilidad de las demandadas
por los daños a la dignidad e integridad causados por las
3Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 20 de noviembre de
2020, C.P. Alberto Montaña Plata, expediente identificado con el número 18001-23-33-
000-2013-00216-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
condiciones inhumanas que padecieron en centro penitenciario y
carcelario.
Finalmente, expusieron que se desconoció lo dispuesto por el
Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo de Bogotá que, en
sentencia de 8 de diciembre de 2020, identificada con el número
único de radicación 11001-33-43-058-2016-00210-00, realizó en
un estudio acucioso del daño que produce el hacinamiento y todas
las consecuencias que se derivan de ello, de tal forma que de las
pruebas arrimadas al proceso, era del caso colegir a simple vista
que la capacidad del centro penitenciario durante el tiempo que
estuvo recluido el señor MANRIQUE DURÁN estuvo excedida,
pues las personas recluidas duplicaban los cupos disponibles,
resultando evidente el daño antijurídico.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó que se amparen sus derechos
fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDA: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera – Subsección “A”, dentro del proceso de
reparación directa cursado en contra de la Nación – Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC - Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y Rama Judicial, con
radicado número 11001 3343 059 2016 00212 00 y ordenar a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
autoridad judicial que se profiriera un fallo de reemplazo en el
que se valore adecuadamente la prueba que descubre el
hacinamiento de establecimiento Carcelario para la época en que
estuve recluido, los cuales configuran una responsabilidad del
estado al causar un daño antijuridico a mi persona y por regla
general al constituir un hecho notorio, los cuales no obliga una
ser probado, pues de público conocimiento […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El Tribunal indicó que la solicitud de amparo carece del
requisito de relevancia constitucional, pues lo pretendido por los
actores es crear una tercera instancia dentro del proceso ordinario,
toda vez que en la presente acción constitucional se busca declarar
la responsabilidad de las entidades demandadas, de tal forma que
los argumentos expuestos en el escrito de tutela están
encamonados a controvertir lo dispuesto por esa Corporación,
atacando su contenido, lo cual no resulta de recibo.
Sumado a lo anterior, resaltó que no se evidencia la ocurrencia de
un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional en el asunto, además, las inconformidades no se
orientan a evidencias la vulneración de los derechos fundamentales,
sino a que el juez de tutela se constituya en una instancia adicional
dentro del proceso de reparación directa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
Sostuvo que, contrario a lo advertido en el escrito de tutela, si bien
es claro que se reconoció la problemática que surge por las
condiciones precarias que se han denunciado y reconocido dentro
de los establecimientos de reclusión carcelaria, dicha situación por
sí misma no constituye un daño antijurídico, tal como lo ha
sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado4, por lo que al
no haberse demostrado los tratos crueles, inhumanos o denigrantes
esgrimidos, no se reúnen las características expuesta por la
jurisprudencia aplicable al asunto.
En ese mismo sentido, en cuanto al alegado desconocimiento del
precedente, advirtió que no desconoce la violación sistemática que
ocurre dentro de los centros de reclusión, no obstante, la víctima
directa no demostró cual fue la afectación que sufrió de manera
cierta, determinada y personal.
Así las cosas, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo
o, en su defecto, denegar las pretensiones de la acción de tutela de
la referencia.
I.6. Intervinientes
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 73001-23-31-000-1999-1240-01
(20.614), CP: Mauricio Fajardo Gómez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
I.6.1.- El INPEC solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo, toda vez que no se satisfacen los requisitos de inmediatez
y subsidiariedad, máxime cuando lo pretendido por la parte actora
es revivir una discusión judicial que ya goza de cosa juzgada y que
no puede ser discutida en este trámite constitucional, pues son
asuntos propios del litigio.
I.6.2.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
refirió que no existe vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados en la decisión cuestionada, la cual, por
demás, ya hizo tránsito a cosa juzgada, fue emitida conforme a
derecho y se encuentra en firme desde hace 7 meses, resultando
así la solicitud de amparo extemporánea.
Destacó que la solicitud de amparo también resulta improcedente,
toda vez que la parte actora pretende reabrir un debate que ya fue
surtido en doble instancia en el marco del proceso contencioso en el
que, además, se encontró un eximente de responsabilidad, por lo
que no se configuran los reproches esgrimidos por los actores.
I.6.3.- La USPEC solicitó que se le desvincule de la presente acción
constitucional, toda vez que carece de legitimación en el asunto,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
pues no ha vulnerado los derechos fundamentales que el actor
predica.
I.6.4.- El Juzgado se opuso a las pretensiones de la parte actora,
puesto que no ha cercenado los derechos fundamentales que se
invocan y en la decisión proferida el 16 de diciembre de 2019, se
respetaron todas las garantías de los accionantes, por lo que
solicitó denegar el amparo deprecado.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la USPEC solicitó su desvinculación en la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la USPEC fue parte demandada dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2016-00212-01, que aquí se discute, le asiste interés
como tercero interesado en las resultas de la acción de tutela de la
referencia, razón por la que la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia
de la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que
se deje sin efecto la providencia de 30 de junio de 2021
proferida por el Tribunal, por medio de la cual revocó la decisión del
a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda
promovida dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2016-00212-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte
actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
por indebida valoración de las pruebas recaudadas en el proceso
que daban cuenta del hacinamiento y las malas condiciones de
estructura física, así como la insuficiencia de servicios públicos
dentro del centro de reclusión, por lo que se debió declarar la falla
en el servicio.
Sumado a lo anterior, adujeron que también se incurrió en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
desconocimiento del precedente dispuesto por la Corte
Constitucional en sentencia T-861 de 2013, por la Sección Tercera
del Consejo de Estado5 y por el Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo de Bogotá, en lo que respecta al hacinamiento
carcelario y el estado de cosas inconstitucional del sistema
penitenciario.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si el Tribunal
incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente
endilgado, al proferir la providencia de 30 de junio de 2021, dentro
del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 2016-00212-01.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
5Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 20 de noviembre de
2020, C.P. Alberto Montaña Plata, expediente identificado con el número 18001-23-33-
000-2013-00216-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial endilgado, la
Sala advierte que se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora plantea, con suficiente
carga argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la
autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales;
contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable6 y, por último, la solicitud identifica los hechos y
derechos que se estiman lesionados.
Ahora, contrario ocurre respecto del defecto fáctico alegado, pues
frente al mismo es del caso advertir que el actor se limitó a
sostener que “[…] al valorar erróneamente las pruebas que demostraban
un daño antijuridico, derivado del hacinamiento, hecho notorio que trajo
consigo una flagrante vulneración de manera imperiosa a derechos como
la vida, la dignidad humana, la integridad física, y entre otros derechos
humanos, los cuales se vieron quebrantados por los tratos inhumanos o
degradantes, las condiciones de insalubridad, la deficiencia administrativa
y por la sobrepoblación carcelaria, los cuales no estaba en la obligación de
soportar y por tanto debe ser reparado en los términos del artículo 90 de
6 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
la Constitución Política[…]”, sin identificar de forma alguna los medios
probatorios a los que hacía referencia y pretendiendo reabrir un
debate sobre el particular, ya zanjado en sede ordinaria.
La Sala ha discurrido respecto de la ausencia de carga
argumentativa que cuando se alegue el defecto fáctico, no basta
con que el actor haga una narración de los hechos ocurridos con
anterioridad a que fueran proferidas las providencias cuestionadas,
sino que debe identificar qué pruebas no fueron valoradas.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,
cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe
discutirse una cuestión de “evidente relevancia constitucional”.
Bajo esa expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no está
diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de
reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud
de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad,
sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento
de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional 7,
de manera tal que “sólo aquellas vulneraciones comprometedoras
7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho
podrán ser examinadas en sede de tutela”.8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
la Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”
[11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
8 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de
radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser
una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no
da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación
de la acción suponga el desconocimiento de un derecho
fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones
judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada
por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1
del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del
recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso
justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su
especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para
la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en
general y, en particular, contra providencias judiciales.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de
mera legalidad [14]. Si bien no siempre es fácil delimitar los
asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido particularmente
cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes
originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido
proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que
es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es
fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural [16]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la
publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición
de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando
se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal
como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013. […]”. (Resaltado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de
2001.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y, (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
En suma, la Sala advierte que en cuanto al defecto fáctico
endilgado, no está llamado a prosperar, toda vez que la parte
actora no cumplió con la carga argumentativa de identificar las
pruebas que echa de menos y que no fueron tenidas en cuenta
dentro del proceso de reparación directa, máxime cuando no se
advierte en tal inconformidad la existencia de una cuestión que sea
de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la presunta
trasgresión de los derechos fundamentales de la parte actora, sino
la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por el
juez natural y que obedecen a un debate surtido en sede ordinaria,
en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de
otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad
respecto del desconocimiento del precedente alegado, corresponde
determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en dicho yerro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
al proferir la sentencia de 30 de junio de 2021, dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2016-00212-01.
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de
acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente
y los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de
la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es
absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros
valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca
el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la
Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y
concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la
ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los
casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto
por el precedente17”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela
cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las
partes. En especial, respecto del precedente vertical, la
Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que
el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Constitución
Política, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de
la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la
eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido
proceso judicial18.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)19.
Caso concreto
17 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
18 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
19 Ver sentencia T-292 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
En el asunto sub examine la actora plantea que la autoridad judicial
accionada, al conocer del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2016-00212-01,
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, por lo que era
del caso declarar la falla en el servicio penitenciario.
Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la
providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de
la decisión expuestos por la autoridad judicial accionada.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] DEL REGIMEN DE RESPONSABLIDAD EN MATERIA DE
PERSONAS RECLUIDAS EN CENTROS CARCELARIOS O DE
DETENCIÓN
De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado20, en
consonancia con la de la Corte Constitucional, las personas
detenidas en centros de reclusión oficiales se encuentran,
respecto del Estado, en una relación especial de sujeción21 en
20 Ver, por ejemplo, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 18800, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez
21 Sobre el contenido y alcance de las relaciones de especial sujeción la Corte
Constitucional señaló: “La jurisprudencia constitucional ha sostenido que entre el Estado y
las personas que se encuentran privadas de la libertad surge un vínculo de “especial
relación de sujeción”, dentro del cual las autoridades penitenciarias y carcelarias pueden
limitar y restringir el ejercicio de ciertos derechos de los internos, siempre y cuando dichas
medidas estén dentro de los criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y
proporcionalidad. Lo cual implica: (i) La subordinación de una parte (los internos) a la otra
(el Estado). (ii) Esta subordinación se concreta en el sometimiento del recluso a un
régimen jurídico especial, controles disciplinarios y administrativos, y la posibilidad de
restringir el ejercicio de ciertos derechos, inclusive fundamentales. (iii) Este régimen, en
cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos
fundamentales, debe ser autorizado por la Carta Política y la ley. (iv) La finalidad del
ejercicio de la potestad y limitación en mención es la de garantizar los medios para el
ejercicio de los otros derechos de las personas privadas de libertad, buscando cumplir con
el objetivo principal de la pena, que es la resocialización. (v) Como derivación de la
subordinación, surgen algunos derechos especiales, en cuanto a las condiciones materiales
de existencia en cabeza de los internos. (vi) El deber del Estado de respetar y garantizar
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
virtud de la cual, ven limitados algunos de sus derechos y
libertades y restringida la autonomía para responder por su
propia integridad; razón por la que el Estado se constituye en
garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos
por el acto mismo de la privación de la libertad. Al respecto la
Corte Constitucional ha sostenido22:[…]
Ahora bien, es en virtud de esta garantía que el Estado debe
asumir la responsabilidad por los daños que, causados en el
marco específico de la reclusión, implican la afectación de
derechos que no pueden entenderse limitados o suspendidos por
ella. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
manifestado23:[…]
Por otro lado, en aquellos casos, en los que el daño cuya
indemnización se demanda, sea el resultado de la vulneración de
derechos que de ningún modo pueden entenderse limitados,
restringidos o suspendidos por la privación de la libertad, como es
el caso de la dignidad humana, el caso concreto debe estudiarse
en aplicación del régimen general de responsabilidad, esto es, el
fundado en la falla del servicio, cuando se evidencie que la
administración penitenciaria funcionó anormalmente o fue
negligente en el cumplimiento de sus deberes.
3. HECHOS PROBADOS
el principio de eficacia de los derechos fundamentales, en especial con el desarrollo de
conductas activas. (…) // Así, con la privación del derecho de libertad de un individuo nace
una relación de especial sujeción entre el Estado y el recluso dentro de la cual surgen
tanto derechos como deberes mutuos, fundamentándose “por un lado, el ejercicio de la
potestad punitiva y, por otro, el cumplimiento de las funciones de la pena y el respeto por
los derechos de la población carcelaria”. // La Corte ha clasificado sus derechos
fundamentales en tres categorías: (i) aquellos que pueden ser suspendidos, como
consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre locomoción); (ii)
aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado
(como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal); y (iii)
derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse
a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro, dado a que son inherentes a la
naturaleza humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la
salud y el derecho de petición, entre otros. // De esta manera, nace para el Estado la
obligación de “garantizar que los [internos] puedan ejercer plenamente los derechos
fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquellos que les han sido
[limitados]. Ello implica, no solamente que el Estado no deba interferir en la esfera de
desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en acción para asegurarle a
los internos el pleno goce de los mismos”. // Lo anterior obedece a que las personas que
están detenidas intramuros se encuentran en una condición de indefensión y
vulnerabilidad en relación con la dificultad que tienen para satisfacer por sí solas sus
necesidades. Sentencia T-266 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En el mismo
sentido ver, entre muchas otras, sentencias T-596 de 1992, T-222 de 1993, T-065 de
1995, T-705 de 1996, T 153 de 1998, T-966 de 2000 y T-687 de 2003.
22 Sentencia T-266 de 2013, precitada.
23 Sentencia de 20 de febrero de 2008. exp. 16996. C. P. Enrique Gil Botero.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
Observa la Sala que, de acuerdo con el material probatorio
aportado al proceso se puede establecer, entre otros, los
siguientes hechos relevantes
• El señor REINALDO MANRIQUE DURÁN fue condenado por el
Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del
09 de julio de 2012 a la pena de 72 meses de prisión y negando
la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. (fl.
17 c.1).
• La aprehensión del señor REINALDO MANRIQUE DURÁN se
materializó el 09 de abril de 2012, hasta el día 23 de abril de
2015 –por libertad condicional- fecha en la cual se encontraba
cumpliendo su pena en el Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de La Mesa (fls. 17 a 20 c.1).
• Según la cartilla biográfica del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de La Mesa, el interno desde su traslado a ese centro
fue ubicado en un Alojamiento interno, así (fl. 102 c.1):
Mediante informe suscrito por el Director del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Mesa, el
día 19 de febrero de 2019, se realizó una descripción de las
instalaciones físicas del establecimiento, la capacidad del mismo,
el número de internos con los que contaba para la época que
estuvo recluido el demandante, el suministro de agua potable y
servicios públicos (fls. 211 a 215 c.1)
4. Del caso concreto
[…]
Frente a estos argumentos, la Sala en primer lugar, expone las
siguientes apreciaciones:
a. En el sub judice se advierte que no se especificó claramente el
daño cuya indemnización pretende la parte actora, puesto que se
limitó a solicitar que se declarara la responsabilidad de las
demandadas, por la sistemática violación a los derechos
humanos, consistente en el trato inhumano y degradante que
sufrió el señor Manrique Duran mientras estuvo recluido en el
Establecimiento Carcelario de La Mesa (c/marca), por las
siguientes causas: i) Hacinamiento, que lo obligó al dormir en el
piso; ii) Instalaciones sanitarias insuficientes; iii) Carencia del
servicio de agua para beber, para el aseo personal y para lavar la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
ropa; iv) Infraestructura inadecuada para recibir las visitas; y v)
Carencia absoluta en la prestación de servicios médicos.
b. Al respecto, advierte la Sala que las circunstancias señaladas,
representan el estado de cosas inconstitucional, propio de los
establecimientos carcelarios en nuestro país, caracterizado por un
hacinamiento que entró en un período de alarma desde el año
1995, de acuerdo con la Corte Constitucional24 , y que ha sido el
resultado de la negligencia con que se ha manejado el tema
carcelario en el país, así: […]
c. En atención a lo anterior, la Corte Constitucional25 ha
considerado que, en virtud de la necesidad de proteger los
derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la
igualdad, la salud y la dignidad humana, el Estado tiene la
obligación de procurar a los reclusos un mínimo de condiciones
materiales que se refieren básicamente a “alimentación, agua,
vestuario, utensilios de higiene, celda, condiciones de higiene,
salubridad, seguridad, servicios sanitarios, asistencia médica y
descanso nocturno, entre otras”. Sin embargo,
independientemente de los recursos económicos con los que se
cuente, debe garantizar que sea verificado de manera
permanente el estado de salud de los detenidos y abstenerse de
tratarlos en forma denigrante.
Con observancia de lo expuesto y de conformidad con el material
probatorio obrante en el expediente y las cargas obligacionales
definidas por la ley, se advierte lo siguiente:
▪ En primer lugar, estima la Sala que no resultaría sorprendente
que el señor REINALDO MANRIQUE DURÁN se haya visto
sometido a soportar dificultades de todo orden, dentro de las que
destacan las relacionadas con la falta de infraestructura física
adecuada, no obstante, no se allegó ni se solicitó ningún medio
24 Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz -
expedientes acumulados T 137.001 y 143.950- (en esta providencia se acumularon
varias acciones de tutela interpuestas por reclusos de la Cárcel Nacional de Bellavista de
Medellín y la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá). Con posterioridad a esta decisión, la
Corte se ha pronunciado sobre el estado de cosas inconstitucional de las cárceles
colombianas en las sentencias T-530 de 1999 (esta sentencia hace referencia a las
cárceles La Modelo, La Picota y El Buen Pastor de la ciudad de Santafé de Bogotá), T-
1291/2000 (el peticionario se encontraba recluido en la Penitenciaría Nacional de Picaleña
de la ciudad de Ibagué), T-256 de 2000 (el peticionario se encuentra detenido en la Cárcel
de Bellavista), T-257 de 2000 (el actor estaba recluido en la Cárcel Distrital “Bellavista” de
Medellín), T-1077 de 2001 (el peticionario se encontraba detenido en los calabozos de la -
DIJIN-), C-157 de 2002 (demanda de inexequibilidad del artículo 153 de la Ley 65 de
1993 “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, referido a la permanencia
de menores en establecimientos de reclusión), T-1030 de 2003 (acción de tutela
instaurada por los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Combita, Boyacá ) contra
el INPEC) y T-1096 de 2004 (el peticionario se encontraba recluido en la cárcel de
Chaparral, Tolima).
25 Ver por ejemplo, sentencia T-690 de 2010, M.P. Humberto Sierra Porto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
probatorio durante el proceso, con el fin de probar las
circunstancias que rodearon la privación de su libertad.
▪ En efecto, no se demostró que el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario, presentara una grave situación de hacinamiento que
hubiera expuesto al demandante a una afectación profunda de
sus derechos y garantías como interno.
▪ Así las cosas, no hay lugar a señalar que se hubiera vulnerado
su derecho a la dignidad humana dentro del establecimiento
carcelario por cuanto no se demostró que hubiera sido objeto de
tratos crueles, inhumanos degradantes, si se tiene en cuenta que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recogiendo
definiciones adoptadas por los organismos europeos de Derechos
Humanos estableció que “(a) el trato inhumano es aquel que
causa un sufrimiento físico, mental o psicológico severo, por lo
cual resulta injustificable, y (b) el trato degradante es aquel que
humilla gravemente al individuo frente a los demás, o le compele
a actuar en contra de su voluntad”26. Así mismo, se estableció
que para adquirir el carácter de inhumano o degradante el trato
debe tener un nivel mínimo de severidad, esto se debe evaluar en
cada caso particular. Es decir que para distinguir la tortura con los
tratos crueles depende del grado de severidad y gravedad de los
actos.
▪ Por otro lado, no se demostró la violación del derecho a la visita
familiar en condiciones dignas, por cuanto, no se allegaron
pruebas para determinar que el centro de reclusión no contaba
con instalaciones físicas adecuadas para garantizar este derecho.
▪ Adicionalmente, resulta pertinente destacar que si las
condiciones de reclusión que soportó el señor REINALDO
MANRIQUE DURÁN, hubieran vulnerado de manera grave sus
derechos humanos, no se explica porque en ese momento no
presentó una denuncia o queja ante las autoridades competentes
por estos hechos.
Corolario de lo anterior, las pruebas recaudadas en el proceso,
resultan insuficientes para acreditar una vulneración a las
condiciones dignas de reclusión del demandante, razón por la
cual, no se evidencia la existencia de un daño antijurídico que se
pueda imputar en contra de las entidades demandadas.
Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto con anterioridad, la
Sala concluye que el hecho de existir un número superior de
reclusos a los permitidos, no demuestra por sí solo el daño por el
cual se pretende una reparación; por lo cual, debe darle la razón
26Corte Constitucional. Sentencia T-741 del 6 de agosto de 2004. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
a la entidad recurrente, al exponer que deben analizarse las
condiciones propias de cada caso.
En consecuencia, dado que las deficiencias de los
establecimientos carcelarios, no constituyen, per se, un daño
antijurídico y como quiera que, no se está en presencia de un
daño cierto, resulta forzoso para la Sala REVOCAR la decisión del
a quo, y en su lugar negar las pretensiones de la demanda […]”.
De lo anterior se extrae que la autoridad judicial accionada, al
conocer del medio de control de reparación directa en segunda
instancia, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda al considerar que no se logró
demostrar una vulneración a las condiciones dignas de reclusión del
señor REINALDO MANRIQUE DURÁN, de tal forma que las
deficiencias de los establecimientos carcelarios no constituyen, per
se, un daño antijurídico.
El Tribunal estimó que no se especificó ni se probó claramente el
daño cuya reparación se pretendía, toda vez que la parte actora se
limitó a solicitar la declaratoria de responsabilidad de las
demandadas, sin presentar prueba alguna que llevara a la plena
convicción de que se configuró el daño antijurídico mientras el
señor MANRIQUE DURÁN estuvo privado de la libertad, esto es,
que hubiere sido objeto de tratos crueles, inhumanos o
degradantes, por lo que, si bien no resulta sorprendente que el
mismo se vio sometido a soportar dificultades de todo orden,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
dentro de las que se destacan las relacionadas con la falta de
infraestructura física adecuada, no se evidencia una grave situación
de hacinamiento que lo expusiera a una afectación profunda de sus
derechos y garantías como interno.
Para arribar a tales conclusiones, la autoridad judicial accionada se
apoyó en la jurisprudencia dispuesta por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado y en los conceptos establecidos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la
dignidad humana en los establecimientos carcelarios, referente al
estado de cosas inconstitucionales de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios, entre otras, la sentencia T-153 de
1998.
En este punto, la Sala destaca que no comparte los planteamientos
esgrimidos por la parte actora al estimar que se incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, tal como se
expuso en líneas anteriores, la autoridad judicial accionada
precisamente fundamentó su decisión en la jurisprudencia
constitucional dispuesta para el asunto, esto es, la sentencia T-153
de 1998 que el actor echa de menos, así como en las sentencias T-
615 de 2008, T-355 de 2011 y T-266 de 2013, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
Sumado a lo anterior, la jurisprudencia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado sirvió de soporte para emitir la
decisión que ahora se reprocha, tan es así que el Tribunal puso de
presente la sentencia de 20 de febrero de 200827, que prevé la
garantía del Estado de asumir la responsabilidad por los daños
causados en el marco específico de la reclusión, cuando estos se
encuentran probados.
En efecto, el Tribunal sostuvo que, de conformidad con la
jurisprudencia emitida por la Sección Tercera de esta Corporación,
en los casos en los que el daño cuya indemnización se demanda, y
que sea consecuencia de la vulneración de derechos y garantías
que de ningún modo pueden verse limitados por la privación de la
libertad, como es el caso de la dignidad humana, el caso concreto
debe analizarse desde la óptica del régimen general de
responsabilidad, esto es, la falla del servicio, siempre que se
demuestre que la administración penitenciaria funcionó
anormalmente o fue negligente del cumplimiento de sus deberes,
situación que no se logró evidenciar en el asunto sub examine.
27 C.P. Enrique Gil Botero, exp. 16996.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
Ahora, en cuanto a la sentencia de 20 de noviembre de 202028,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado que el actor
considera desconocida, se advierte que en ese asunto la Sala
declaró la falla en el servicio al encontrar “suficientemente
acreditada la ocurrencia de un trato cruel, inhumano y degradante
que ha violado los derechos a la dignidad e integridad de las
internas del Cunduy”, lo cual no acaeció en el caso concreto, tal
como se expuso en líneas anteriores, por lo que no se guarda
identidad fáctica ni jurídica con el asunto sub examine.
Finalmente, en cuanto a la sentencia de 8 de diciembre de 2020
proferida por el Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo de
Bogotá, dentro del proceso identificado con el número único de
radicación 11001-33-43-058-2016-00210-00, se destaca que la
misma no comporta la obligatoriedad de las sentencias de
unificación, ni se trata de una decisión en la cual la Corte
Constitucional haya fijado el alcance de derechos fundamentales, o
el Consejo de Estado, como órgano de cierre, haya unificado criterio
sobre el particular.
Así las cosas, el cargo por desconocimiento del precedente judicial
alegado por los actores no tiene vocación de prosperidad, en la
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 20 de noviembre de
2020, C.P. Alberto Montaña Plata, expediente identificado con el número 18001-23-33-
000-2013-00216-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
medida que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión
en la jurisprudencia emitida tanto por la Corte Constitucional como
por el Consejo de Estado, sin que de ello se desprenda vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados.
Por lo anterior, para la Sala ni el análisis ni la decisión contenida en
la providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino
que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica
de la demanda respectiva y a las fuentes jurídicas y
jurisprudenciales aplicables al caso, de tal suerte que lo que se
advierte es la inconformidad de la parte actora con las razones de
la providencia judicial acusada, no así la configuración de las
falencias que se alegan.
Así las cosas, la Sala no vislumbra vulneración de los derechos
deprecados, razón por la cual se impone denegar el amparo
solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la Unidad
Penitencia y Carcelaria -USPEC-, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela
respecto al defecto fáctico invocado, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado en cuanto al
desconocimiento del precedente alegado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00371-00
Actores: REINALDO MANRIQUE DURÁN Y OTROS
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero
de 2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.