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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00382-01

Fecha
25 de marzo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00382-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la POLICÍA NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 110010315 000 2022 00382 01 Actores: AMADEO ZARATE USECHE Y OTROS. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00382-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315 000 2022 00382 01
Referencia: Acción de tutela
Actores: AMADEO ZARATE USECHE Y OTROS

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA IMPUGNADA. NO SE
CONFIGURARON LOS DEFECTOS ALEGADOS. NI EL ANÁLISIS NI LA
DECISIÓN CONTENIDA EN LA PROVIDENCIA CONTROVERTIDA
RESULTAN CAPRICHOSOS O ARBITRARIOS, SINO QUE FUERON
ADOPTADOS A PARTIR DEL ALCANCE DADO A LAS FUENTES
JURÍDICAS APLICABLES AL CASO Y A UN ANÁLISIS DE LAS
PARTICULARIDADES FÁCTICAS DE ESTE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
SEGURIDAD JURÍDICA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por los actores

contra el fallo de 10 de febrero de 2022, mediante el cual la

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 denegó el amparo solicitado.

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 110010315 000 2022 00382 01
Actores: AMADEO ZARATE USECHE Y OTROS.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores AMADEO ZARATE USECHE, MARIA ZUNILDA

TOVAR, MARCELA, YIRLEY, OSWALDO y LYDA ZARATE TOVAR

y el menor JSRZ2, actuando a través de apoderado judicial,

instauraron acción de tutela contra la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA3, con el fin de obtener el amparo de sus derechos

fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica que

estiman vulnerados, con ocasión de la sentencia de 17 de junio de

2021, proferida dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 110013336033 2015

00541 02.

I.2.- Hechos

Indicaron que son víctimas de desplazamiento forzado, desde el 14

de septiembre de 1999, cuando tuvieron que huir del MUNICIPIO

DE LA PALMA CUNDINAMARCA, con ocasión a una serie de

2
La Sala se reserva el nombre pro protección al menor de edad.
3
En adelante el TRIBUNAL.

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Actores: AMADEO ZARATE USECHE Y OTROS.

amenazas que recibieron por parte de grupos armados ilegales.

Sostuvieron que el 29 de julio de 2015, promovieron el medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 110013336033 2015 00541 00, contra la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO y POLICÍA NACIONAL, el

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y el MUNICIPIO DE LA

PALMA, con el fin de lograr la declaratoria de responsabilidad por la

falta de protección respecto a las amenazas a su vida y el

desplazamiento forzado del que fueron víctimas.

Agregaron que el proceso referido fue atribuido para su trámite en

primera instancia al JUZGADO TREINTA Y TRES

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ4 que,

mediante sentencia de 19 de agosto de 2019, accedió a las

pretensiones únicamente frente al MINISTERIO DE DEFENSA

EJÉRCITO NACIONAL y lo condenó al pago de 100 SMLMV en favor

de cada uno y denegó las demás súplicas de la demanda.

Expusieron que, como consecuencia del recurso de apelación

interpuesto por la entidad condenada, mediante sentencia de 17 de

junio de 2021, el TRIBUNAL revocó la decisión inicial y denegó las

pretensiones de la demanda, al estimar que si bien se encontraba

4
En adelante el JUZGADO.

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demostrado el daño, no se había probado la falla en el servicio alegada.

Aclararon que el TRIBUNAL señaló que se habían concentrado en

demostrar en daño, pero no en probar que las demandadas habían

incurrido en omisión a sus deberes de previsión y protección, además

porque nunca denunciaron ante el MINISTERIO DE DEFENSA la

situación, así como ante ninguna autoridad penal.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Señalaron que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL

incurrió en defecto fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta que fue

probado que el desplazamiento del cual fueron víctimas, “[…] fue

causado por una omisión del deber de protección que le correspondía

a las autoridades policivas y fuerzas militares del municipio, quienes

sí tenían conocimiento del conflicto presentado en la zona y la

presencia de grupos al margen de la Ley […]”.

Explicaron que el 3 de junio de 1999, el señor AMADEO ZARATE

USECHE “[…] rindió declaración en la Personería Municipal de la

Palma sobre los hechos acaecidos respecto de la muerte de su

hermano y su obligación de abandonar el municipio, motivo por el

cual las autoridades tenían el deber de proteger al denunciante y

tomar medidas encaminadas a prevenir el desplazamiento forzado de

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él y su núcleo familiar […]”.

Agregaron que, aunque no hayan solicitado la protección al

EJÉRCITO NACIONAL, “[…] la simple declaración de las amenazas

por grupos al margen de la Ley y la muerte violenta del hermano del

señor Amadeo Zarate, el Estado Colombiano tenía la obligación de

prevenirlo y brindarle la ayuda necesaria y disponer medidas de

cualquier naturaleza ante esa realidad […]”.

Sostuvieron que el TRIBUNAL desconoció que conforme con la

sentencia de 31 de agosto de 2017, proferida por el Consejo de

Estado dentro del expediente 13001233100020010149201, aun en

ausencia de solicitud expresa del interesado, si el Estado tuvo

conocimiento de la situación de riesgo por cualquier vía y se mantuvo

indiferente, está llamado a responder.

Citaron algunos apartes de la sentencia de 28 de agosto de 2018,

proferida por el Consejo de Estado, dentro del expediente con

número de radicado interno 32.988, en lo relativo a la

responsabilidad del Estado por la omisión en la adopción de medidas

de protección, tendientes a evitar las graves violaciones de derechos

humanos, en el marco del conflicto armado interno.

Sostuvieron que del material probatorio allegado al expediente “[…]

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no solo se logró evidenciar el daño causado a mis representados sino

también la omisión de las autoridades en su deber de protección, aun

cuando la situación de violencia y desplazamientos forzados eran de

conocimiento público […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior los actores pretenden lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Con fundamento en las consideraciones fácticas
y jurídicas expuestas, respetuosamente me permito solicitar al
Honorable Consejo de Estado, se sirva tutelar los derechos
fundamentales al debido proceso (art. 29 C. Pol.) y seguridad
jurídica (art. 83 C. Pol.) de mis poderdantes

SEGUNDA: En consecuencia, deje sin efectos la sentencia
proferida el día 17 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Subsección C y notificada el
13 de julio 2021.

TERCERO: Se ordene proferir una sentencia que cumpla con los
lineamientos fijados por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, en relación con la reparación integral a víctimas
del conflicto armado, en la que se concedan las pretensiones de
los demandantes […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL explicó que, en la sentencia cuestionada, “[…]

no se desconoció la calidad de víctimas de los accionantes y, por el

contrario, este presupuesto se encontró suficientemente probado, en

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virtud de la certificación expedida por el Personero del Municipio de

la Palma - Cundinamarca y su inscripción en el Registro Único de

Población Desplazada […]”.

Precisó que, no obstante, los actores no probaron la falla en el

servicio por parte del EJÉRCITO NACIONAL, por lo que se

equivocan al asumir “[…] la acción de tutela como una tercera

instancia para el medio de control de reparación directa […]”.

Agregó que, en ese orden de ideas, la acción de tutela es

improcedente, además que la providencia cuestionada fue proferida

con base en la valoración de todos los medios de prueba, así como

atendiendo a la jurisprudencia sobre la materia.

I.5.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA, vinculado en calidad de

tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que la

presente acción de tutela es improcedente, en razón a que, a su

juicio, no puede utilizarse como una tercera instancia para redefinir

un asunto ya resuelto por el juez natural.

Agregó que la parte actora “[…] pretende a través de esta instancia

subsanar los errores y la carencia de material probatorio que debió

allegar al proceso judicial, esto es, acreditar en debida forma la

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situación esbozada dentro de su escrito de demanda […]”.

Sostuvo que la decisión cuestionada fue proferida con base en la

totalidad del acervo probatorio, además atendiendo las normas y

jurisprudencia aplicables, por lo que, a su juicio, no hay lugar a

conceder el amparo pretendido.

I.5.3.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercera con

interés directo en las resultas del proceso, señaló que carece de

legitimación en la causa por pasiva, porque no está llamada a

responder por pretensiones que son elevadas contra una autoridad

judicial.

I.5.4.- El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, vinculado en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

aseguró que no hubo transgresión a las garantías deprecadas, en

razón a que la decisión cuestionada fue debidamente motivada, de

forma que se explicó que las pruebas allegadas al proceso eran

insuficientes para acreditar que la causa del desplazamiento forzado

que padecieron los demandantes obedeció al actuar o a la omisión

del EJÉRCITO NACIONAL.

I.5.5.- El MUNICIPIO DE LA PALMA, vinculado en calidad de

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tercero con interés directo en las resultas del proceso, no rindió

informe alguno pese a haber sido notificado en debida forma.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 10 de febrero de 2022, luego de advertir que

la acción de tutela cumplía con los requisitos generales de

procedibilidad, la SECCIÓN SEGUNDA efectuó el estudio del fondo

del asunto, para concluir que no había lugar a conceder el amparo

pretendido.

Para tal efecto, señaló que, pese a que en el escrito de tutela la parte

actora había señalado que el TRIBUNAL había incurrido en el

defecto fáctico, “[…] lo cierto es que en los argumentos de

inconformidad también expone que aquel desatendió el precedente

jurisprudencial relativo a la responsabilidad del Estado, por graves

violaciones a los derechos humanos, concretamente, en casos de

desplazamiento forzado interno a causa del conflicto armado […]”.

Expuso que, en relación con el defecto fáctico, no vislumbraba que

la apreciación probatoria del TRIBUNAL haya sido irracional o

caprichosa, toda vez que este valoró las pruebas documentales, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, para concluir que si bien era

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cierto que se demostró que los demandantes fueron víctimas del

desplazamiento forzado, también lo era que no lograron acreditar

que el EJÉRCITO NACIONAL conocía de las amenazas que

recibieron y, en ese orden de ideas, no podía exigírsele a la entidad

que adoptara alguna conducta para evitar la lesión.

Agregó que el TRIBUNAL accionado explicó razonablemente que la

demostración de la situación de orden público en el

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA para la época de los

hechos, no implicaba indefectiblemente la responsabilidad del

EJÉRCITO NACIONAL en el desplazamiento de los actores, puesto

que la autoridad al no conocer su situación particular no estaba en la

capacidad de adoptar las medidas necesarias particulares para

garantizar la seguridad de aquellos.

Explicó que, en ese orden de ideas, “[…] las conclusiones de la

autoridad judicial accionada, en cuanto a las pruebas y la

insuficiencia de aquellas para acreditar el nexo de causalidad

respecto al daño objeto de reclamación por parte de los aquí

accionantes, por la falla en el servicio, no resulta irrazonable o

insuficiente y se ajusta a las reglas de la sana crítica y a los principios

de independencia y autonomía judicial propios del juez natural […]”.

Manifestó que, en relación con el desconocimiento del

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precedente, evidenciaba que “[…] las decisiones a las que alude la

accionante no constituyen por sí solas un precedente judicial

aplicable al caso concreto, en los términos de la Ley 1437 de 2011,

argumento que resulta suficiente para colegir que no le asiste razón

a aquella […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los actores impugnaron la decisión proferida en primera instancia,

alegando que “[…] contrario al argumento del fallador, el particular

no está obligado a demostrar que hay una denuncia de por medio

para endilgar la responsabilidad al ejército nacional, cuando el orden

público y el conflicto armado en el territorio, era de público

conocimiento […]”.

Explicaron que el “[…] Estado Colombiano al no evitar los sucesos

violatorios de los derechos humanos del grupo de demandantes

incurrió en la omisión constitucional aludida, toda vez que debían

tener el mínimo de conocimiento de la situación de peligro de la zona

y actuar conforme a ello […]”.

Precisaron que además de que sí pusieron en conocimiento su

situación particular a las autoridades locales, la notoriedad de la

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grave situación de orden público en el MUNICIPIO DE LA PALMA

se podía evidenciar de la “[…] existencia del Informe del Conflicto

Armado interno –CEDEPAZ – Nuestra Historia, publicado en la página

de la Presidencia de la República [...]”.

Manifestaron que conforme con la jurisprudencia del Consejo de

Estado5, el desplazamiento forzado es una consecuencia propia de la

omisión del Estado en sus obligaciones de protección a los habitantes

del territorio nacional.

Agregaron que conforme con la jurisprudencia de esta Corporación6,

en este tipo de asuntos la responsabilidad del Estado se configura a

partir del desconocimiento de sus deberes de garantía frente a la

población civil, máxime cuando se requiere la ejecución de acciones

efectivas sobre el orden público.

Apuntaron que, además, la Corte Constitucional7 también ha

señalado que “[…] el Estado Colombiano tiene el deber jurídico de

impedir la producción de actuaciones que atenten contra los derechos

humanos […]”.

5
Citó apartes de la sentencia de 21 de febrero de 2010, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, dentro del expediente con número de radicado interno 31.093.
6
Citó apartes de la sentencia de 3 de diciembre de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, dentro del expediente con número de radicado interno 35413 y mencionó la sentencia de 8
de agosto de 2012, expedida por la misma sección dentro del expediente 19980.

7
Citó las sentencias C -1184 de 2008 y T – 078 de 2013.

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Concluyeron que la decisión cuestionada deriva en una infracción de

los derechos deprecados, dado que “[…] se demostró que los hechos

causantes del daño sí deben ser imputados al Estado y con ello la

reparación del mismo como consecuencia de la conducta omisiva de

las autoridades […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

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el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la POLICÍA NACIONAL solicitó que se declare

su falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no es

la llamada a responder por las obligaciones origen de la controversia.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia

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que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independiente de la prosperidad o no de la

solicitud de amparo, comoquiera que la POLICÍA NACIONAL fue

parte en el proceso que dio lugar a la acción de tutela de la referencia,

es claro que debía ser notificada de la existencia del presente trámite,

en razón al interés directo que le asiste en las resultas de este y, en

consecuencia, se denegará su desvinculación, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

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genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho

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fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto

la sentencia de 17 de junio de 2021, proferida por el TRIBUNAL,

mediante la cual revocó la decisión del JUZGADO y, en su lugar,

denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control

de reparación directa, identificado con número único de radicación

110013336033 2015 00541 02.

A la citada providencia los accionantes atribuyen la vulneración de

sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad

jurídica, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada había incurrido en defecto fáctico, por cuanto desconoció

que sí había puesto en conocimiento de las autoridades

administrativas locales los hechos que originaron su desplazamiento

forzado, además que la situación de orden público del municipio en

el que residían era de evidente conocimiento.

Además, los actores sostuvieron que conforme con la jurisprudencia

del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, al Estado le

corresponde la garantía de seguridad a los ciudadanos y que el

desplazamiento forzado es una consecuencia de la omisión en sus

obligaciones de protección.

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En el curso de la primera instancia, luego de analizar el caso bajo los

lineamientos de los defectos fáctico y desconocimiento del

precedente judicial, la SECCIÓN SEGUNDA denegó el amparo

pretendido por los actores, por cuanto encontró razonable el análisis

efectuado por la autoridad judicial accionada en la providencia

cuestionada.

En la impugnación los actores iteraron que habían puesto en

conocimiento de las autoridades administrativas locales su situación

particular, además que el estado del orden público del municipio en

el que residían era conocido en general, por lo que no tenían la

obligación de denunciar penalmente los hechos o solicitar la

protección directa a las autoridades militares o de policía.

Por otro lado, reiteraron que conforme con la jurisprudencia del

Consejo de Estado y la Corte Constitucional, al Estado le corresponde

garantizar la seguridad de los ciudadanos, en particular, en lo que

concierne al marco del conflicto armado interno, por lo que la omisión

de sus obligaciones en este aspecto conlleva su responsabilidad.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

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ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

e incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del

precedente judicial, al expedir la sentencia de 17 de junio de 2021,

en cuanto los actores estiman que no se valoraron las pruebas que

demostraban que las autoridades locales conocían de su situación

particular, además que en razón al conocimiento generalizado del

estado del orden público no requerían efectuar ningún otro tipo de

denuncia o solicitud de protección militar.

En ese orden de ideas, se entrará a examinar el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto los actores plantean con

suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se

configuran los defectos aludidos; contra la decisión cuestionada no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

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tutela se interpuso en un plazo razonable8, la solicitud identifica los

hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se

trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la

Sala hará mención al marco jurídico general de los defectos alegados,

para enseguida efectuar su estudio de forma conjunta.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20139, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,

8
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
9
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

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Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces

en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente10 […]”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

10
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.

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vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial11.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)12.

Caso concreto

Los actores aducen que el TRIBUNAL desconoció que habían puesto

en conocimiento de las autoridades locales su situación particular,

además que el estado del orden público del municipio en el que

residían era conocido en general, por lo que no tenían la obligación

de denunciar penalmente los hechos o solicitar la protección directa

a las autoridades militares o de policía.

Ahora bien, en la providencia cuestionada, el TRIBUNAL exoneró de

11
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
12
Ver sentencia T-292 de 2006.

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responsabilidad por el desplazamiento forzado de los actores al

EJÉRCITO NACIONAL, luego de efectuar el siguiente análisis:

“[…] III.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Ahora bien, frente a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, el Departamento de Cundinamarca y el Municipio de la
Palma no se evidencia responsabilidad alguna, pues no obra
medio de prueba que permita imputarle el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas no profiriendo condena en su
contra.

[….]

6.2. ALCANCE Y LIMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN

6.2.1. Precisando que la alzada que ocupa a esta Sala de
Decisión, se rige por el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, y de manera
supletoria o subsidiaria, por el Código General del Proceso - CGP,
cabe señalar que, debe ser resuelto con sujeción a los
argumentos de inconformidad invocados por el recurrente, por
cuanto trata de apelante único, y conforme al artículo 328 del
precitado C.G.P.

[…]

6.4. ASPECTOS SUSTANCIALES 6.4.1- En labor de desatar los
interrogantes planteados es tesis de la Sala, que procede
revocar la sentencia proferida en primera instancia, toda vez
que, de los elementos materiales probatorios que obran en el
expediente, no es posible advertir la responsabilidad del Estado,
en atención a que, si bien encuentra demostrado el daño, no se
encuentra probada falla en el servicio alegada en la demanda.

[…]

6.4.3.4. Presupuestos para la configuración de la
responsabilidad extracontractual del Estado cuando se trata de
un desplazamiento forzado

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado
que el estudio del desplazamiento forzado debe hacerse
bajo la óptica de la falla del servicio, bien sea por el
incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones

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constitucionales y legales, en virtud de las cuales debe
preservarse los derechos de toda persona a no ser desplazado,
desarraigado y despojado de sus bienes como consecuencia del
conflicto armado interno, o de violaciones sistemáticas de los
derechos humanos o, del derecho internacional humanitario, o
por la inactividad determinante39, en la que se encuentran
incursas las autoridades públicas “en el cumplimiento de las
funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido”, de tal
manera que se hace necesario evaluar el contenido de las
obligaciones [deberes normativos o positivos] fijadas por el
ordenamiento jurídico a cada entidad u órgano de la
administración pública llamado a cumplirlas y, el grado o nivel
de cumplimiento para el caso específico.

[…]

6.5. CASO CONCRETO

6.5.1.3. Consecuencialmente y en contraste con el debate que
se suscita en esta instancia, conforme decantó antes, asumen
como relevantes los siguientes hechos probados:

• Desde el 14 de septiembre de 1999, El señor AMADEO ZARATE
USECHE (jefe de hogar), la señora MARÍA ZUNILDA TOVAR
(esposa y/o compañera), y sus hijos y nieto YIRLEY ZARATE
TOVAR, ALBEIRO ZARATE TOVAR, MARCELA ZARATE TOVAR,
ALDEMAR ZARATE TOVAR, OSWALDO ZARATE TOVAR y LYDA
ZARATE TOVAR se encuentran incluidos en el programa -
Registro Único de Víctimas (RUV), a causa del desplazamiento
forzado desde la Palma Cundinamarca, siendo acreedores para
el 22 de noviembre de 2018- fecha en que se allega certificación
al Juzgado de primera Instancia la suma de $2.625.000 por
concepto de atención humanitaria, no siendo recibida para dicha
fecha pago de indemnización administrativa.

• En Informe Certificado emitido el 3 de junio de 1999, por el
Personero Municipal de la Palma Cundinamarca, se desprende
que el señor AMADEO ZARATE USECHE residente en la vereda la
Hoya de Tudela, jurisdicción del Municipio de la Palma, quien
manifestó que a raíz de la muerte violenta de su hermano JAIME
ZARATE USECHE, ocurrida el 10 de septiembre de 1998, a
manos de personas desconocidas se ha visto precisado a
abandonar su casa y propiedad y se dirige a Santafé de Bogotá
D.C.

• El señor AMADEO ZARATE USECHE y su núcleo familiar no
efectuaron denuncia al Ministerio de Defensa Nacional, en
relación a su circunstancia de desplazamiento forzado, ni
tampoco se surtió denuncia penal con antelación a los hechos

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ocurridos el 14 de septiembre de 1999.

• Así mismo, aunque se informa de manera reiterada en la
demanda y alegatos que el señor AMADEO ZARATE USECHE
recibió amenazas por grupos armados al margen de la Ley,
tampoco se evidencia constancia de ello.

6.5.2. Análisis del caso y decisión

6.5.2.1. De los medios de convicción aducidos al plenario,
emerge probado el primer elemento de la responsabilidad, a
saber, la existencia del daño, respecto de la pretensión
indemnizatoria por el hecho víctimizante de desplazamiento
forzado, por tanto, procede subsiguientemente acometer
análisis sobre el título de imputación.

6.5.2.1.1. Es así contrastado que en ámbito de la realidad
procesal se establece con certidumbre, que siendo el señor
AMADEO ZARETE USECHE y su núcleo familiar habitantes de la
Finca “El Triunfo” Municipio de la Palma – Departamento
Cundinamarca se vieron forzados a su desplazamiento a la
ciudad de Bogotá, la UARIV, los inscribió en el Registro Único de
Víctimas por el hecho victimizarte de desplazamiento forzado,
en virtud del cual, su grupo familiar ha recibido asistencia
estatal, a través de la UARIV, que le he hecho entrega de varias
ayudas humanitarias en marco del programa desarrollado por
dicha entidad, por el mencionado hecho víctimizante.

6.5.2.2. Panorama fáctico del que precisa señalar,
asumiendo la estructuración de la imputación jurídica
que, en relación al desplazamiento forzado esta Sala de
Subsección ha fijado su posición en el sentido que el título
por el que debe analizarse la responsabilidad de las
entidades públicas demandadas es el de falla en el
servicio, empresa en relación a la cual le corresponde a la
parte actora acreditar la acción, omisión o extralimitación
de las funciones en que ha incurrido las autoridades.

Al efecto, no se arrimó material probatorio, puesto que el objeto
de la prueba allegada por los demandantes se encaminó
esencialmente a la acreditación del hecho victimizaste del
desplazamiento forzado, pero en modo alguno a demostrar que
las entidades accionadas incurrieron en omisión determinante de
sus deberes de previsión y protección, pues no se acreditó que
se hubiera omitido repeler la actuación de los actores armados
ilegales, ni ejecutar actividades de inteligencia, patrullaje,
inspección, vigilancia y demás.

Por el contrario de la realidad probatoria se observa que si bien

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obran las declaraciones por los hechos de desplazamiento ante
la Personería del Municipio de la Palma y ante la UARIV, las
mismas tienen como propósito el reconocimiento de la condición
de desplazado en los términos la Ley 387 de 1997 reglamentada
por el Decreto 2569 de 2000, más no pueden tomarse como un
requerimiento a los entes accionados para que actúen en un caso
concreto; frente a lo cual era necesario que al menos existieran
las denuncias u oficios en tal sentido dirigidos a tales
autoridades.

Además, conforme se decantó en los hechos probados los
demandantes no efectuaron denuncia al Ministerio de
Defensa Nacional, en relación a su circunstancia de
desplazamiento forzado, ni tampoco se surtió denuncia
penal.

Así mismo, la sala no encuentra de recibo, el argumento
fundamento de la sentencia de primera instancia, basado
en que por el hecho de ser de “público conocimiento la
situación de violencia generalizada en el Municipio de la
Palma Cundinamarca”, premisa que se fundamente en el
documento denominado “panorama actual de
Cundinamarca” emitido en diciembre de 2001 que se
encuentra publicado en la página de la presidencia de la
Republica, en el que no solo se hace un análisis de la
situación de dicha región, sino de otras de Colombia” y al
evidenciar presencia del Ejército Nacional en el citado
Municipio, conllevan a concluir el incumplimiento de los
deberes de protección y seguridad por el desplazamiento
forzado que fueron víctimas los accionantes, sin sopesar
que se hacía igualmente necesario que las víctimas
acreditaran que habían acudido ante la autoridad
competente a efectos de invocar protección Estatal.

De igual forma dichas premisas en las cuales, si bien ponen en
contexto la situación de violencia generalizada que enfrenta el
país y en particular en el Departamento de Cundinamarca, que
ha puesto a miles de conciudadanos en estado de vulnerabilidad,
pobreza extrema y desintegración familiarmente, para el caso
en particular dicha investigación no conllevó a determinar de
manera individual que señor AMADEO ZARATE USECHE y su
grupo familiar se vieron trasgredido sus derechos en razón del
actuar del Ejercito Nacional, pues solo se describen hechos de
tinte periodístico y estadístico en la zona, sin con ello se permita
establecer las posibles amenazas y atropellos padecidos por los
demandantes y la omisión del Estado.

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Al respecto el H. Consejo de Estado ha hecho énfasis en que el
deber de protección del Estado hacia sus asociados no constituye
una carga absoluta, que imponga prevenir cualquier hecho
delictivo, no obstante, si está llamado a responder cuando se
cause perjuicios con hechos que pudo y debió haber previsto,
impedido o mitigado, al respecto se predica:

“En efecto, se ha aceptado que en aquellos casos en que el
administrado solicita de manera expresa la adopción de medidas
de protección y estas han sido desatendidas, se compromete la
responsabilidad del Estado cuando se materializa la amenaza o
el riesgo, con fundamento en el desconocimiento del ámbito
obligacional a cargo de la administración, que debe analizarse
en cada caso particular con el fin de establecer, (i) si le imponía
determinada conducta positiva o negativa a la demandada y, (ii)
si esta omitió ejecutarla (…) Bajo ese supuesto, se ha
encontrado configurada la responsabilidad de la administración
en aquellos eventos en que, pese a que el afectado ha promovido
expresas solicitudes de protección, estas han sido retardadas,
omitidas o adoptadas en forma insuficiente. No obstante,
también se ha aceptado que existen eventos en que los riesgos
para determinados sujetos resultan previsibles para las
autoridades, aún en ausencia de solicitud expresa del
interesado, casos en los que sólo es preciso acreditar, para
efectos de la responsabilidad estatal, que por cualquier vía el
Estado tenía conocimiento de la situación de riesgo; no obstante,
se mantuvo indiferente”.

Así las cosas, y no habiéndose acreditado la imputación de las
entidades demandadas, visto que la activa no cumplió con la
carga de demostrar que la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército nacional se le hubiese impuesto (i) determinada
conducta positiva o negativa y, (ii) si esta omitió ejecutarla, tal
y como lo ha establecido el H. Consejo de Estado la Sala
revocará la sentencia de primera instancia por la cual se
accedieron las pretensiones de la demanda […]”. (Destacado
fuera texto)

Conforme con la transcripción en cita, la Sala observa que, en la

providencia cuestionada, el TRIBUNAL no desconoció que estuviese

acreditado que los actores son víctimas de desplazamiento forzado,

dado que se encontraban inscritos en el Registro Único de Victimas,

con ocasión a los hechos a los que aluden haber ocurrido el 14 de

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septiembre de 1999.

De igual forma, el TRIBUNAL no omitió que el señor AMADEO

ZARATE USECHE, en su calidad de jefe del hogar que conforman los

actores, haya declarado ante la Personería del MUNICIPIO DE LA

PALMA que “[…] a raíz de la muerte violenta de su hermano JAIME

ZARATE USECHE, ocurrida el 10 de septiembre de 1998, a manos de

personas desconocidas se ha visto precisado a abandonar su casa y

propiedad y se dirige a Santafé de Bogotá D.C […]”.

No obstante, el TRIBUNAL estableció que conforme con la

jurisprudencia de la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación los

asuntos relacionados con desplazamiento forzado debían analizarse

desde la perspectiva de la falla del servicio, esto es, desde un

régimen de responsabilidad subjetivo, lo que implicaba la necesidad

de acreditar la acción, omisión o extralimitación de las funciones en

que ha incurrido la autoridad a la que se le atribuía la

responsabilidad.

A partir de dicha precisión, el TRIBUNAL encontró que los actores

no efectuaron denuncia al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,

en relación con su circunstancia de desplazamiento forzado, ni

tampoco se surtió denuncia penal, por lo que no se podía atribuir

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responsabilidad al EJÉRCITO NACIONAL por la supuesta omisión

de sus obligaciones.

Además, señaló que no podía atribuirse responsabilidad al

EJÉRCITO NACIONAL por la información contenida en el

documento “Panorama actual de Cundinamarca” emitido en

diciembre de 2001 y que se encuentra publicado en la página de la

Presidencia de la República, porque para tal efecto era igualmente

necesario que las víctimas acreditaran que habían acudido ante dicha

autoridad a efectos de invocar protección Estatal, en particular,

porque el documento aludido no está encaminado a establecer las

circunstancias concretas de los actores.

Precisado lo anterior, la Sala no advierte que la valoración que la

autoridad judicial accionada hizo de las pruebas desborde el marco

de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica razonable y, por ende,

que esté configurado el defecto fáctico alegado, toda vez que, en

efecto, conforme con la jurisprudencia de la SECCIÓN TERCERA de

esta Corporación, ese tipo de asuntos son juzgados bajo un régimen

de responsabilidad subjetiva, lo que implica que no solo es

necesario demostrar la existencia del daño, sino además que la

autoridad a la que se le atribuye la responsabilidad tenía

conocimiento de la situación particular y omitió la ejecución de sus

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competencias.

Al respecto, en sentencia de 13 de agosto de 202113, la SECCIÓN

TERCERA de esta Corporación señaló:

“[…] Recuerda la Sala que, en casos como el formulado, la
jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterada hasta la
actualidad, siendo una postura consolidada aquella según la cual
la Administración responderá patrimonialmente, a título de falla
en el servicio por omisión en el cumplimiento del deber de
brindar seguridad y protección a las personas, al menos en dos
eventos:

“i) cuando se solicita protección especial con indicación de las
especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la
persona y ii) cuando sin que medie solicitud de protección
alguna, de todas maneras resulta evidente que la persona la
necesitaba en consideración a que existían pruebas o indicios
conocidos que permitieran asegurar que la persona se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra
su vida, en razón de sus funciones”

De acuerdo con dicho criterio, para que el Estado responda por
el incumplimiento de la obligación de brindar protección y
seguridad, se debe establecer que las autoridades tenían
conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se
encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita
y hace exigible la actuación y protección de las autoridades”.

[…]

En el sub judice, no se probó que los demandantes pusieran en
conocimiento de las autoridades una situación de amenaza
contra sus vidas o que el peligro contra su integridad fuera
evidente, como se desprende de las siguientes pruebas:

[…]”.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección “A”, sentencia
de 13 de agosto de 2021, CP Marta Nubia Velásquez Rico, número único de radicación 73001-23-33-
000-2015-00652-02(64893).

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De igual forma, en relación con el deber de poner en conocimiento la

situación particular del desplazado ante la autoridad a la cual se le

atribuye responsabilidad, esta Sala14 ha señalado:

“[…] la Sala advierte que dicha prueba sí fue tenida en cuenta
por el Tribunal, habida cuenta que fue relacionada y analizada
en las consideraciones expuestas de la providencia enjuiciada;
sin embargo, la misma no conducía a determinar que el daño
ocasionado a la parte allí demandante fuera atribuible al
EJÉRCITO y/o la POLICÍA NACIONAL, pues si bien en ella el
señor BARRETO MOLANO ponía de presente que había sufrido
un atentando y que requería de ayuda económica, no solicitó
protección especial para él ni para su núcleo familiar, con
el objeto de que el Estado les hubiera garantizado
eficazmente seguridad e integridad y la permanencia real
sobre sus bienes, máxime, si se tiene en cuenta que
tampoco se evidenció dentro del plenario denuncia alguna
ante la Fuerza Pública en la que se pusiera de manifiesto
el presunto desplazamiento forzado […]”. (Destacado fuera
de texto)

Ahora bien, cabe precisar que si bien los actores señalan que

pusieron en conocimiento de las autoridades administrativas locales

su situación particular, esto es, a través de la declaración que su jefe

de hogar rindió ante la personería del municipio donde residían, lo

cierto es que en la providencia cuestionada solo se estudió la

responsabilidad del EJÉRCITO NACIONAL, porque era este quien

había sido condenado en la primera instancia del proceso ordinario y

el único que promovió el recurso de apelación respectivo.

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2021
04946 00.

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De manera que si los actores estimaban que las autoridades

administrativas locales habían omitido sus deberes frente al

desplazamiento que les pusieron en conocimiento, debieron haber

formulado su disenso a través de la apelación contra la sentencia de

primera instancia, porque fue en esta en la que se les libró de

responsabilidad, pues como está visto, nunca solicitaron la

intervención del EJÉRCITO NACIONAL en su asunto, por lo que esta

entidad no podía haber sido condenada.

Además, el análisis que efectuó el TRIBUNAL al documento que

describía la situación del orden público en el MUNICIPIO DE LA

PALMA, también resulta razonable porque no se demuestra que el

mismo haya estado encaminado a evidenciar la situación particular

de los actores, ni que este sea el medio idóneo para haber puesto en

conocimiento dicha situación al EJÉRCITO NACIONAL.

Por otro lado, en relación con las providencias que citan los actores

como fundamento de su impugnación, la Sala advierte que el hecho

de que en estas la Corte Constitucional o el Consejo de Estado

establezcan el deber del Estado en la protección de los habitantes del

territorio nacional y su relación con el desplazamiento forzado, no

implica por sí solo la configuración del defecto por desconocimiento

del precedente jurisprudencial, puesto que lo que correspondía

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demostrar a los interesados era que en dichas providencias fueron

resueltos casos análogos o similares al traído a colación y, en

particular, que dichas decisiones gozaban de obligatoriedad para el

TRIBUNAL.

No obstante, la Sala ni siquiera advierte que las providencias

invocadas por los actores en su impugnación sean sentencias de

unificación o de alguna en la que la Corte Constitucional haya fijado

el alcance de derechos fundamentales propios del asunto bajo

estudio.

En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión

contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o

arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las

fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las

particularidades fácticas de este.

Situación distinta es que los actores no compartan la tesis allí

dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la

decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía

judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió

el asunto sometido a su consideración.

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De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de los

accionantes con las razones de la providencia judicial acusada, no así

la configuración de las falencias que se alegan, por lo que, en la

medida que el a quo denegó el amparo solicitado dicha decisión será

confirmada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la POLICÍA

NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de marzo de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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