Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00394-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00394-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00394-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: KATERIN LIZETH SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 8 de marzo de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 17 de enero de 20221, la señora Katerin Lizeth Sánchez, por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
1 Se advierte que, el 17 de mayo de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia2, con ocasión de
la sentencia del 9 de julio de 2021, por medio de la cual se confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
interpuesta por la hoy accionante en contra de la Nación – Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación. Formuló las siguientes pretensiones:
3.1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza
legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, vulnerados por
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con la decisión
proferida en segunda instancia el pasado nueve (09) de julio de dos mil
veintiuno (2021) dentro del medio de control de reparación directa con
radicado No. 76111-33-33- 003-2017-00097-01 promovido por la señora
Katerin Lizeth Sánchez y otros.
3.2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de
fecha nueve (09) de julio de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de reparación
directa con radicado 76111-33-33-003-2017-00097-01 promovido por la
señora Katerin Lizeth Sánchez y otros.
3.3. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela,
profiera una nueva decisión en la cual se valoren de forma adecuada los
medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en
el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las circunstancias
fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente
desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado,
Sección Tercera, en casos similares de privación injusta de la libertad, en los
cuales se ha declarado la responsabilidad de las demandadas, cuando la
imposición de la medida de aseguramiento, estuvo sustentada en elementos
materiales probatorios que carecen de valor suasorio al momento de
solicitarse; esto en los términos de la jurisprudencia administrativa y
constitucional.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos
fácticos jurídicamente relevantes:
2 Consideró desconocidos los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora Katerin Lizeth
Sánchez y otros demandaron a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por
los perjuicios causados con la privación de la libertad que soportó entre el 11 de
diciembre de 2015 y el 17 de junio de 2016.
Mediante providencia del 27 de febrero de 2019, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 9 de julio de 2021.
1.3 Argumentos de la tutela
Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto fáctico por indebida valoración probatoria del acta de registro y
allanamiento, de la medida de aseguramiento impuesta y de la providencia de
preclusión, elementos de convicción que, contrario a lo expuesto por el Tribunal,
demostraban la ajenidad de la señora Sánchez con los hechos investigados, por lo
que no era procedente declarar configurada el eximente de responsabilidad
consistente en la culpa exclusiva de la víctima.
Asimismo, señaló que se había incurrido en desconocimiento del precedente
jurisprudencial de las Altas Cortes, que han desarrollado el concepto de falla en el
servicio imputable a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial cuando
existe deficiente labor investigativa para la consecución de pruebas sólidas que
sustenten la vinculación de la accionante a un proceso penal, precedente
establecido en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, radicados 76001-23-31-000-2010-00877-01 del 25 de febrero de
2020 y 76001-23-31-000-2011-01813-01 del 19 de junio de 2020.
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Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
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Igualmente, en el punto de desconocer la jurisprudencia de esta Corporación que
considera que los informes de la policía no constituyen prueba indiciaria y solo
pueden ser utilizadas como criterios de investigación. Al respecto, citó las
sentencias de tutela del 15 de julio de 2021, radicado 2021-00238-01, del 23 de
abril de 2021, radicado 2021-00600-01, y del 30 de julio de 2021, radicado 2021-
00882-01, dictadas por diversas Secciones del Consejo de Estado.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 19 de enero de 2022, la magistrada sustanciadora de la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar a los señores magistrados del Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca y, como terceros con interés, al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, a la Nación – Rama Judicial, a la
Fiscalía General de la Nación y a los señores Pedro Nel Sánchez Alegría, Edward
Yesid Mogollón Muñoz, Consuelo Sánchez Alegría, Olga Lucía Sánchez Alegría,
Eliberto Sánchez Alegría, Robert Dalberto Morales Sánchez, Luz Marina Sánchez
Alegría, Sharon Meliza Morales Sánchez y Marcos Elier Martínez Hincapié
(demandantes en el asunto cuestionado).
2.2. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga,
por medio de su titular, se limitó a resumir los hechos del proceso de reparación
directa, sin hacer alusión alguna a la acción de tutela.
2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rindió el informe respectivo y
solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela, para lo cual manifestó que
en la providencia atacada se respetaron los preceptos jurisprudenciales sobre la
privación de la libertad, sin que se hubieran vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante y mucho menos el de la presunción de inocencia,
pues en el proceso ordinario se debatió únicamente la responsabilidad estatal
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Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
frente al supuesto daño antijurídico, sin que se tomaran atribuciones exclusivas
del juez penal.
2.4. La Fiscalía General de la Nación manifestó que la tutela resulta improcedente
por cuanto existe otro mecanismo judicial de defensa, de cual no ha hecho uso
(sin especificar cuál); porque la parte actora no sustentó las causales específicas
de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y porque con la
interposición de la presente acción se pretende recuperar oportunidades
procesales perdidas.
2.5. Los señores Pedro Nel Sánchez Alegría, Edward Yesid Mogollón Muñoz,
Consuelo Sánchez Alegría, Olga Lucía Sánchez Alegría, Eliberto Sánchez
Alegría, Robert Dalberto Morales Sánchez, Luz Marina Sánchez Alegría, Sharon
Meliza Morales Sánchez y Marcos Elier Martínez Hincapié guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
Mediante providencia del 8 de marzo de 2022, la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado negó las pretensiones de la tutela, para lo cual
manifestó que las sentencias dictadas por la Sección Tercera, Subsección A, del
Consejo de Estado no constituían precedente, en cuanto no eran sentencia de
unificación, por lo que, respecto al valor probatorio de los informes de policía en
casos de demandas de privaciones, son solo conclusiones probatorias
consideradas por los jueces en cada caso particular, en ejercicio de su autonomía
judicial como conductores del proceso.
De otra parte, aseguró que el Tribunal accionado valoró la totalidad de las
pruebas obrantes en el expediente, sin que se evidenciara la configuración del
defecto fáctico alegado, por lo que se presentaba era una inconformidad de la
accionante con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural, que no
constituye un fundamento para que prosperen las pretensiones de la tutela.
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4. Impugnación
La parte demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró en su
totalidad los argumentos de la tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20123, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante
de algún derecho fundamental.
3Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.
Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
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Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
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Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos4, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».
Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.
4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 8 de marzo de 2022, por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado. Para ello, se examinará, en primer lugar, el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento de demostrarse que se
cumplió este y todos los requisitos generales, se analizará la existencia o no de los
defectos alegados contra la sentencia proferida el 9 de julio de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dictada en el proceso de reparación
directa promovido por la hoy accionante y otros en contra de la Nación - Rama
Judicial y Fiscalía General de la Nación.
3. Análisis de la Sala
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico
En los términos de la acción de tutela, el reproche formulado por la señora Katerin
Lizeth Sánchez radica en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
proferir la providencia del 9 de julio de 2021, incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración de los documentos obrantes en el expediente, los cuales,
contrario a lo expuesto por el Tribunal, demostraban la ajenidad de la señora
Sánchez en los hechos investigados; y en desconocimiento del precedente
jurisprudencial emanado de las Altas Cortes, específicamente de la Sección
Tercera, Subsección A, de esta Corporación sobre la configuración de la falla en
el servicio ante la deficiente labor investigativa para la consecución de pruebas
sólidas que sustenten la vinculación de la accionante a un proceso penal.
De entrada, a diferencia de lo considerado por el a quo, la Sala advierte que,
respecto a la configuración del defecto fáctico, la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, justamente porque se está ejerciendo para convertir
este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una
instancia adicional del proceso de reparación directa.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo del 27 de febrero de 2019 dictado por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga y los
propuestos en la demanda de tutela de la referencia, se evidencia que los vicios
por defecto fáctico en que supuestamente incurrió la autoridad judicial demandada
fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido.
En el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que examinar
nuevamente los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de negar las pretensiones de la demanda de reparación directa,
tendientes a controvertir la configuración de la culpa exclusiva de la víctima que
declaró el despacho de primera instancia, los cuales fueron resumidos por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca así:
Se interpuso recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia
indicando que si bien es cierto que la captura de la señora Katerin Lizeth
Sánchez tuvo que darse a raíz de haberse encontrado en la vivienda en
donde se incautaron los elementos, yerra al afirmar que solamente por su
presencia en el lugar debió ser sometida a una judicialización e imponérsele
una medida privativa de la libertad, pues se debió valorar los elementos
materiales probatorios para concluir si tenía injerencia la demandante en las
conductas delictivas, cosa que no existía por lo que se declaró la preclusión
en cuanto a la señora Sánchez, por lo que no debió tan siquiera ser llevada a
audiencia de control de garantías.
Por otro lado, hizo un recuento de las pruebas arrimadas en el proceso penal,
en las cuales no se hacía mención o se relacionaba a la demandante con los
hechos delictivos ni con la empresa criminal, de igual forma tampoco se
valoró en debida forma el testimonio de la demandante, el cual fue apartado
de las consideraciones de la sentencia recurrida.
Con fundamento en la apelación en cita, Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en providencia del 9 de julio de 2021, resolvió lo siguiente frente al caso
concreto:
En el caso concreto resulta predicable la incidencia o participación de la
conducta del encartado en la generación del daño alegado, es decir, se
vislumbra culpa grave desde el punto de vista civil, de la señora Katerin Lizeth
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Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Sánchez en las averiguaciones realizadas por el ente investigador o en la
imposición de la medida de aseguramiento, pues fue capturada en flagrancia
en el allanamiento realizado por la Sijin en el domicilio de su acompañante, en
el cual se incautaron armas y drogas, por lo que, el Juzgado de control de
garantías dispuso valorar los medios de convicción recaudados en contra de
la actora como contundentes para demostrar su posible intervención en el
hecho punible, siendo esto una deducción lógica dado el contexto en que se
desarrollaron los hechos, pues no puede pasarse por alto que el decomiso de
esta droga y de las armas y que la demandante de manera despreocupada
por su integridad personal, accediera a pernoctar en la casa de un extraño, del
cual solo tenía trato hacia menos de un mes, si bien reprochable, la
motivación de actuar como actuó, esta Sala de decisión se enfoca en afirmar
que esto es un claro comportamiento negligente y descuidado de la propia
víctima con las consecuencias ya conocidas.
Sin perjuicio de lo anterior, llama poderosamente la atención a esta Sala de
decisión, que la demandante asumiera una posición negligente y descuidada a
su integridad personal al acompañar en su domicilio a un extraño, asumiendo
riesgos innecesarios.
Ahora bien, lo cierto es que las pruebas arrimadas en un inicio permitieron
vincular a la señora KATERIN LIZETH SANCHEZ en las conductas punibles
investigadas; por lo que viendo el caso concreto bajo la óptica del derecho
civil, se evidencia que la demandante actuó con culpa grave desde un punto
de vista civil, por ser acompañante del otro implicado que asumió una posición
más activa y al final aceptó toda la responsabilidad en la comisión del ilícito,
siendo absuelta únicamente por esta situación.
Bajo estas circunstancias, resulta lógico que, de acuerdo a los hechos, la
captura en flagrancia y el material incautado; la señora Sánchez fuera
vinculada en la investigación penal y posteriormente se le impusiera la medida
restrictiva de la libertad que debió soportar, teniendo en cuenta que las
pruebas indicaban que a por las circunstancias había presuntamente
participado en las conductas punibles o al menos se expuso a ellas.
De suerte que, concluye esta instancia juzgadora que a pesar de que, la
investigación penal por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de
armas de fuego accesorios, partes o municiones, fabricación, tráfico y porte de
armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas
o explosivos y Trafico, fabricación o porte de estupefacientes en contra del
demandante, culminó por preclusión que fuere solicitada por la Fiscalía, lo
cierto es que ello no derrumba las apreciaciones y decisiones jurídicas que en
su momento adoptó el Juez de Control de Garantías para la aprehensión,
habida cuenta que contó en su momento con elementos materiales de prueba
para inferir en ese momento con grado de certeza que la demandante podía
estar involucrada en los hechos delictivos.
En consecuencia, el juez de garantías profirió la decisión advirtiendo los
elementos conducentes para inferir la presunta participación de la joven en el
ilícito.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Finalmente se resalta que la sola solicitud de preclusión no desdibuja los
hallazgos que surgieron en un principio al proceso penal, los cuales
conllevaron a que el juez resolviera en su momento la necesidad de la medida
preventiva, de suerte que, la finalización del proceso por preclusión no elimina
los elementos de prueba que existían en la audiencia preliminar y que
señalaban a la demandante como posible responsable en la comisión de los
ilícitos.
Por lo dicho, la privación de la libertad en centro carcelario en contra de la
demandante obedeció en su momento a los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad, de ahí que se deba determinar que no existen
méritos para comprometer la responsabilidad del Estado. De igual forma, en el
caso concreto se observaron los estándares convencionales de derechos
humanos como parámetro de determinación de la antijuricidad de la privación
de la libertad, pues la detención se dispuso conforme al marco normativo, es
decir, el Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha de la definición de
la situación jurídica de la encartada, pese a que el derecho a la libertad no es
un derecho absoluto, en virtud de la necesidad de asegurar razones de interés
común y de interés general entendiendo que los derechos están limitados por
la seguridad de todos.
En esta caso se satisficieron los criterios formales de reserva de ley y de
competencia, así como los materiales de racionalidad y proporcionalidad en la
adopción de la medida de aseguramiento que resultaba apenas lógica dada la
gravedad de los delitos que se imputaban (tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes en concurso con porte de arma de fuego), por lo que se
considera ejercicio razonable de la potestad normativa de la detención, en
este caso la privación preventiva no fue la regla general, sino la excepción.
Visto lo anterior, es palmario que la presente solicitud de amparo, respecto de la
presunta configuración del defecto fáctico, deviene en improcedente, justamente
porque busca revivir la discusión planteada y decidida en el proceso de reparación
directa. Obsérvese que las inconformidades planteadas por la parte actora en la
tutela son sobre la culpa exclusiva de la víctima, argumentos que igualmente
fueron planteados ante el juez de segunda instancia en el proceso ordinario, el
cual resolvió, razonablemente, i) que la conducta de la señora Katerin Lizeth
Sánchez, desde el punto de vista civil, fue negligente y ii) que su captura y
privación de la libertad fue proporcional a las circunstancias propias del caso
concreto en los que fue capturada en el domicilio en el que encontraron
estupefacientes y armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas,
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
elementos materiales de prueba de los cuales se podía inferir que la demandante
podía estar involucrada en los hechos delictivos.
A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no
los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya
fue decidido razonablemente por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto
jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal
para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia
adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino
que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez
natural5.
La Sala precisa que la tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional
y, por ende, no puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que
pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. El ejercicio
hermenéutico que realiza el juez natural en la decisión judicial forma parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela
cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
que haga necesaria su intervención.
En suma, se concluye que, respecto del defecto fáctico alegado, lo que existe en
el presente caso es una discrepancia de criterio de la parte actora con la
providencia demandada, diferencia que, en sentir de la Sala, no constituye razón
suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Ahora, respecto al desconocimiento del precedente alegado, precisa la Sala que,
para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales por dicho
defecto, en reiterada jurisprudencia se ha expresado que se deben observar las
siguientes reglas6:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció7.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio
jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse
(principios de transparencia y razón suficiente8).
6
Sobre el tema, ver, entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
7
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica» (se destaca).
8
En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto9.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y
la garantía de la confianza legítima.
En el caso concreto, la parte actora considera como desconocidas las sentencias
de tutela del 15 de julio de 2021, radicado 2021-00238-01, del 23 de abril de 2021,
radicado 2021-00600-01, y del 30 de julio de 2021, radicado 2021-00882-01; sin
embargo, se advierte que la decisión y órdenes contenidas en la parte resolutiva
de las sentencias de tutela siempre tienen efectos inter partes, razón por la cual
las providencias de esta naturaleza alegadas como desconocidas no constituyen
precedente jurisprudencial vinculante.
De otra parte, respecto de las sentencias dictadas por esta Subsección con
radicados 76001-23-31-000-2010-00877-01 del 25 de febrero de 2020 y 76001-23-
31-000-2011-01813-01 del 19 de junio de 2020, precisa la Sala que no guardan
similitud con el asunto bajo estudio. En efecto, una vez estudiados los mismos se
observó que, en dichos casos, se demostró que la única prueba con la cual se le
dictó medida de aseguramiento habían sido los informes de la policía, por lo que
se estableció la responsabilidad del estado al advertir que en ausencia de más
pruebas indiciarias y se manifestó que, en estos casos, los informes de policía
solo podían ser utilizados como criterios de investigación.
9
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00394-01
Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
De lo anterior se evidencia que no guarda ninguna relación las sentencias en
mención con el asunto bajo estudio, toda vez que la señora Sánchez fue
capturada al interior de una residencia en la cual se encontraron estupefacientes,
armas y municiones, siendo dicha captura en flagrancia y los informes de policía
los determinantes para inferir, en ese momento, la relación de la hoy accionante
con el hecho delictual y, en consecuencia, la imposición de la medida de
aseguramiento en su contra.
De igual forma, resalta la Sala que, tal como se advirtió de la transcripción de la
sentencia atacada, las pretensiones de la demanda de reparación directa se
negaron bajo la valoración armónica de todas las pruebas aportadas al proceso
ordinario y las declaraciones rendidas en el mismo, que llevaron a concluir que la
privación de la libertad de la accionante fue proporcional a las circunstancias del
caso concreto.
Por todo lo dicho, la Sala modificará la decisión de primera instancia, en el sentido
de declarar improcedente el amparo solicitado, respecto del defecto fáctico
alegado, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En lo
demás, confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Modificar la sentencia del 8 de marzo de 2022, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, la cual quedará así:
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Demandante: Katerin Lizeth Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por la señora
Katerin Lizeth Sánchez, respecto del defecto fáctico alegado, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, por lo aquí señalado.
SEGUNDO: Negar el amparo solicitado por la señora Katerin Lizeth Sánchez, en
lo concerniente al desconocimiento del precedente, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Notificar a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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