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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00396-01

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00396-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 14 de marzo de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Notificar a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00396-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00396-01
Demandante: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN
B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide1 la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
14 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que negó las pretensiones de la tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

El 14 de enero de la presente anualidad, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por conducto de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, porque consideró vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Formuló las siguientes
pretensiones:

1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial,
dentro del expediente de reparación directa No. 19001-23-31-000-2010-00082-01
en el que actúan como demandantes la señora Marcia Milagros Valencia y otros,
y demandada la Nación – Rama Judicial.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto lo ordenado en el
numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 28 de mayo de
2021, dentro del proceso de reparación directa No. 19001-23-31-000-2010-
00082-01 en el que actúan como demandantes la señora Marcia Milagros

1 Se advierte que, el 2 de junio de 2022, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente para

elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00396-01
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Valencia y otros; y, o en su defecto se sirva ordenar a la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un nuevo fallo en el que se deje
sin efectos lo ordenado en el numeral séptimo de la parte resolutiva de la referida
providencia.

De igual forma, como medida provisional solicitó lo siguiente:

1. SUSPENDER LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA emitida dentro del proceso de reparación directa 19001-23-31-000-
2010-00082-01 en el que actúan como demandantes la señora Marcia Milagros
Valencia y otros, y demandadas la Nación – Rama Judicial.

2. SE ORDENE A LA SECRETARÍA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO
DE ESTADO O DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, ABSTENERSE
DE EMITIR CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDO
GRADO emitida dentro del proceso de reparación directa No. 19001-23-31-000-
2010-00082-01 en el que actúan como demandantes la señora Marcia Milagros
Valencia y otros, y demandadas la Nación – Rama Judicial.

3. En caso de que ya se haya expedido la constancia de ejecutoria mencionada
en el numeral anterior, suspender tal CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE LA
SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO emitida dentro del proceso de reparación
directa 19001-23-31-000-2010 -00082-01 el que actúan como demandantes la
señora Marcia Milagros Valencia y otros, y demandadas la Nación – Rama
Judicial.

4. De no considerarse lo solicitado en los numerales 1, 2 y 3 se SUSPENDA LO
ORDENADO en el numeral CUARTO de la parte resolutiva del fallo de fecha, en
la que el que se ordenó: “(...CUARTO: ORDENAR que la Nación – Rama Judicial,
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, emita un comunicado
en el cual reconozca el daño antijurídico que causó y pida perdón por la afectación
al buen nombre de Marcia Milagros Valencia Landa, en los términos expuestos
en esta decisión)

Lo anterior con el objetivo de no hacer nugatorio el efecto de un eventual fallo de
tutela a favor de los intereses de la Nación – Rama Judicial, y teniendo en cuenta
la amenaza cierta y real de afectación injustificada al buen nombre de la entidad
habida consideración de que, en caso de expedirse la constancia de ejecutoria
del fallo de segunda instancia, se estaría imponiendo en cabeza del Director
Ejecutivo de Administración Judicial una obligación de hacer la cual es
absolutamente infundada, impertinente, inconsecuente con las funciones del
Director Ejecutivo y con el principio de autonomía judicial y violatoria de los
derechos fundamentales de la entidad que represento.

Para el análisis de esta medida provisional, de manera respetuosa, pido se tengan
en cuenta todos los argumentos expuestos más adelante en el capítulo de
fundamentos jurídicos de esta solicitud de amparo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00396-01
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1.2. Hechos

Del escrito de tutela la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora Marcia Milagros
Valencia Landa y sus familiares demandaron a la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales y
morales sufridos con ocasión de la privación injusta de la libertad que aquella soportó
entre el 29 de marzo de 2008 y el 25 de julio de ese mismo año.

Mediante sentencia dictada el 6 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo del
Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La providencia en
mención fue objeto de apelación ante la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo
de Estado, la que, en providencia del 28 de mayo de 2021, modificó la decisión de
primera instancia y resolvió lo siguiente:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 6 de febrero de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Rama Judicial responsable por la privación
injusta de la libertad de Marcia Milagros Valencia Landa, durante el período
comprendido entre el 29 de marzo y el 25 de julio de 2008.
TERCERO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar, por concepto de
perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas:

Demandante Indemnización
Marcia Milagros Valencia Landa 39.50 SMLMV
Pablo Cesar Marroquín Ararat 39.50 SMLMV
Cristina Liseth Marroquín Valencia 39.50 SMLMV
Dominga Ofelia Landa 39.50 SMLMV
Dooglas Graciano Barreiro Landa 19.75 SMLMV
Yudy Alexandra Landa 19.75 SMLMV
Silvio Alexander Ortiz Landa 19.75 SMLMV
John Edinson Ramírez Landa 19.75 SMLMV
Fanny Fabiola Ramírez Landa 19.75 SMLMV
William Landa 19.75 SMLMV
Teófila Froilana Piñero 19.75 SMLMV

CUARTO: ORDENAR que la Nación – Rama Judicial, dentro del mes siguiente a
la ejecutoria de esta providencia, emita un comunicado en el cual reconozca el
daño antijurídico que causó y pida perdón por la afectación al buen nombre de
Marcia Milagros Valencia Landa, en los términos expuestos en esta decisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00396-01
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

QUINTO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar a Marcia Milagros
Valencia Landa la suma de $3.568.333,82, a título de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas
OCTAVO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo.
NOVENO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el
Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C.
DÉCIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la Corporación
de origen para lo de su cargo.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora considera que la sentencia censurada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y SU-
072 de 2018, según las cuales, en los eventos de privación de la libertad, «la
absolución, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del
Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en
tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración ».

Asimismo, la providencia atacada incurrió en defecto sustantivo, por aplicación
indebida del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 e interpretación errónea de las
sentencias de 14 de noviembre de 2011 y 28 de agosto de 2014, proferidas por esta
Corporación, pues los casos de privación injusta de la libertad deben ser analizados
bajo el título de imputación de falla del servicio.

A juicio de la entidad demandante, el fallo cuestionado desconoció que las decisiones
y medidas adoptadas tanto por la Fiscalía como por la Rama Judicial contra de la
señora Marcia Milagros Valencia Landa no fueron injustas, sino el resultado del
análisis de los requisitos que el estatuto procesal y sustantivo penal vigente exigía
para esa época.

De otra parte, señaló que la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación
hizo un reconocimiento extrapetita de un perjuicio de carácter no pecuniario
denominado «daño al buen nombre», por lo que, en su criterio, la sentencia atacada
no atiende a la congruencia ni a la legalidad, al ordenar «disculpas públicas», que son
un elemento propio de las políticas de justicia transicional como forma de reparación

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00396-01
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

simbólica, todo lo cual «deslegitima la actividad judicial y desnaturaliza y atenta contra
el principio de autonomía e independencia judicial, regulada en el artículo 228 de la
Constitución».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 20 de enero de 2022, se admitió la presente acción de tutela y
se ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado. Asimismo, se ordenó vincular como terceros
con interés, a la totalidad de los demandantes en el proceso de reparación directa con
radicado 19001-23-31-000-2010-00082-01 y se negó la medida cautelar.

2.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por intermedio del
magistrado ponente, sostuvo que la decisión cuestionada contiene los argumentos y
elementos necesarios para que se tome la decisión que en derecho corresponda.

2.3. Los señores Marcia Milagros Valencia Landa, Pablo César Marroquín Ararat,
Cristina Liseth Marroquín Valencia; Dominga Ofelia Landa, Yudy Alexandra Landa,
William Landa, Justino Landa, Douglas Graciano Barreiro Landa, Silvio Alexander
Ortiz Landa; Jhon Edinson Ramírez Landa, Fanny Fabiola Ramírez Landa y Teófila
Froilana Piñero, demandantes en el proceso de reparación directa con radicado
19001-23-31-000-2010-00082-01, guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, a través de providencia
del 14 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la tutela, por considerar que la
sentencia cuestionada no contraría la postura jurisprudencial señalada en las
sentencias C - 037 de 1996 y SU - 072 de 2018, dado que la autoridad judicial tiene
la potestad de aplicar el título de imputación de daño especial, según las
particularidades del caso.

En ese contexto, afirmó que no se desatendió lo previsto en artículo 68 de la Ley 270
de 1996, sino que por el contrario se armonizó con lo previsto en los artículos 90 de
la Carta Política y 414 del Decreto 2700 de 1991.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De otra parte, señaló que, aunque en la demanda de reparación directa no se pidió el
reconocimiento de medidas simbólicas, ello no impide que la autoridad judicial las
imponga, dado que la privación injusta de la libertad comporta violación de un derecho
constitucional y convencionalmente protegido, por tanto, el juez natural estaba
facultado para ordenarla de manera oficiosa.

4. Impugnación

Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada de la entidad
demandante señaló que el fallo de tutela no realizó un análisis coherente y reiteró los
argumentos planteados en la demanda.

Insistió en que las decisiones y medidas adoptadas tanto por la Fiscalía como por la
Rama Judicial contra la señora Marcia Milagros Valencia Landa no fueron injustas,
razón por la cual la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por daño
especial desconoce la sentencia de constitucionalidad C-037 de 1996 y la sentencia
de unificación SU-072 de 2018.

Agregó que no existe sustentó fáctico, probatorio ni jurídico para sostener la condena
impuesta a la Rama judicial, ya que las medidas de reparación deben ser correlativas,
oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado, situación que no solamente no
se analizó y ni siquiera se mencionó por parte del operador judicial en la sentencia
cuestionada.

Como apoyo de sus argumentos, citó apartes de las sentencias proferidas por esta
Corporación el 28 de agosto de 2014, 9 de marzo de 2016, 8 de mayo y 13 de agosto
de 2020, para sostener que los perjuicios causados por la afectación a bienes o
derechos convencionalmente protegidos deben estar probados y su reconocimiento
extrapetita desconoce el principio de congruencia y el derecho de defensa que le
asiste a la Rama Judicial.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado,
siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento
jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones
judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el
juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos
que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en
que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.
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En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional,
en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones
proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían
verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la
acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de
alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto
fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido,
(vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación
directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.
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Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad
o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es
necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en
alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que
han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no
se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que
son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que
dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos3, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias
dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la
Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos generales y la
configuración de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de
tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, «sólo
tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional
al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 14 de marzo de 2022, proferido por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el cual negó
las pretensiones de la tutela.

Para tal efecto, primero se analizará si en el caso concreto la solicitud de amparo

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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cumplió con los requisitos generales de la tutela y, solo en el evento de superarlos, la
Sala descenderá al análisis de fondo, con el fin de establecer si se configuraron o no
los defectos atribuidos a la sentencia del 28 de mayo de 2021, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, de esta Corporación.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de mayo de 2021 y se notificó a
través de edicto desfijado el 16 de julio siguiente, mientras que la solicitud de amparo
se presentó el 14 de enero de 2022, esto es, dentro de los seis meses de haberse
notificado la decisión. Este término resulta razonable.

3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este
requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos disponibles en
el proceso ordinario.

3.1.4. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte actora alegó que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
derechos tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de tutela. Además,
se observa que la parte actora cumplió con la carga argumentativa en relación con los
defectos endilgados a la providencia objeto de tutela (desconocimiento del precedente
y defecto sustantivo) y que no se está utilizando el mecanismo de amparo
constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario.

Cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, corresponde a la Sala estudiar
los requisitos especiales para la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales.

3.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora

3.2.1. Del desconocimiento del precedente jurisprudencial

El Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial idónea para generar
precedentes, al resolver un determinado asunto, establece el alcance de una norma o
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resuelve un problema jurídico específico y el juez, en un caso semejante que se
presenta con posterioridad, afronta la situación desconociendo que en dicho
pronunciamiento se definió, en principio de manera vinculante, el alcance de la
disposición aplicable o se fijó una regla para resolver esa clase de problemas jurídicos.

En estos casos, entonces, la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del derecho a la igualdad y resguardar la eficacia de otros principios
básicos del orden constitucional.

Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría de
los precedentes, se tiene que, para identificarlos, es preciso realizar un análisis técnico
de la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir entre el decisum,
la ratio decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte resolutiva de la sentencia,
aquello que se dictamina en el caso concreto y que, dependiendo del tipo de
pretensión invocada ante el juez administrativo, tendrá fuerza erga omnes o efecto
inter partes. Por su parte, la ratio decidendi «corresponde a aquellas razones de la
parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido de la
decisión y de su contenido específico» o, en su definición original, a la «formulación
del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la base de la
decisión judicial». Finalmente, el obiter dictum será «lo que se dice de paso» en la
providencia, esto es, «aquello que no está inescindiblemente ligado con la decisión».

Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga omnes
o inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez, se impone
señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro ordenamiento
constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, y de
amparar derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la fuerza
vinculante de los precedentes judiciales que han resuelto situaciones análogas
anteriores. Lo anterior, en el sentido antes descrito, conforme al cual «únicamente se
forma precedente a partir de la ratio decidendi que resuelve un caso».

De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada como
ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene que,
conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la sentencia T-
292 de 2006, para determinar si un precedente es relevante o no «se deben tener en
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

cuenta factores como que: i) ‘En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una
regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii)La ratio debió haber servido
de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante, iii) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la
sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante
al que debe resolverse posteriormente’. En este sentido será razonable que cuando
en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con
el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el
precedente».

En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá
desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central
de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración
que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada
caso concreto.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección
del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de
la confianza legítima.

3.2.2. Del defecto sustantivo

Lo primero que conviene decir es que, en general, el defecto sustantivo es una forma
auténtica de violación directa de la ley (norma), que, a su vez, ocurre por falta de
aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea.

Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juzgador ignora
su existencia o porque, a pesar de que la conoce, no la aplica a la solución del caso.
También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta la existencia ineficaz
de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio.

En los dos últimos supuestos, el juzgador examina la norma, pero cree,
equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. Ese es un evento
típico de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón a
que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso y no se hizo valer en
la parte resolutiva de la sentencia.

La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto jurídico, que se hace
valer, se aplica, a pesar de no ser pertinente para resolver el asunto que es objeto de
decisión. Por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se
encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional.

Y, finalmente, la interpretación errónea sucede cuando la norma que se aplica es la
que regula el asunto por resolver, pero el juzgador le da un alcance errado y así, la
aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido que no le
corresponde.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional considera que el defecto sustantivo se
presenta cuando4: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso
concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la ley le

4
Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.

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reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la
norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han
definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar
una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida
y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la que se aplicó.

4. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso particular, los señores Marcia Milagros Valencia Landa y sus familiares
instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Rama Judicial y
la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente
responsables por la privación de la libertad que aquella soportó entre el 28 de marzo
de 2018 y el 25 de julio del mismo año. Esta controversia culminó con la sentencia del
28 de mayo de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado, la cual es objeto de la presente tutela.

Concretamente, los reproches formulados por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial radican en que la autoridad judicial accionada (i) accedió a las pretensiones
de la demanda, basada en la aplicación indebida del artículo 68 de la Ley 270 de 1996;
(ii) desconoció el precedente establecido por la Corte Constitucional en las sentencias
C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, dado que condenó a la entidad bajo el título de
imputación del daño especial, y (iii) profirió un fallo extrapetita, por cuanto ordenó que
se ofrecieran excusas públicas a las víctimas, sin contar con el debido sustento
probatorio y a pesar de que ese tipo de reparación del daño al buen nombre no fue
solicitado en la demanda.

En orden a resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
transcribir los apartes pertinentes de la providencia del 28 de mayo de 2021, proferida
por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, así:

La Sala advierte que, si bien en el expediente obra el acta de las audiencias de
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento de detención preventiva en contra de la ahora demandante, la
Sala no cuenta con el registro del audio de la diligencia, por lo que no es

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posible realizar un análisis de dicha decisión, con el fin de constatar si se
profirió de manera legal o no.

24. En efecto, en dicha acta se dejó constancia que la adopción de la medida de
aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario observaba “los
requisitos para adoptar[la]”, que contaba con los elementos probatorios para
sustentarla, y además “la imputada fue capturada por orden judicial y se trata[ba]
de una conducta pluriofensiva que ataca[ba] el orden público y la seguridad
ciudadana”. Adicionalmente, se sostuvo que la medida cumplía con los “requisitos
de racionalidad y proporcionalidad”, sin embargo, no se conocen sus
fundamentos o el contenido de los elementos materiales probatorios
presentados para sustentarla, por lo que, ante la posibilidad de que haya
ocurrido un daño especial, se analizará el caso bajo un régimen objetivo de
responsabilidad…

Como puede observarse, en el proceso penal no se probó, con el grado de certeza
necesario para proferir sentencia condenatoria, la responsabilidad de Marcia
Milagros Valencia Landa en los hechos investigados, razón por la cual el Juzgado
2 Penal del Circuito Especializado de Popayán profirió sentencia absolutoria a su
favor, en aplicación del principio de in dubio pro reo. No obstante, la demandante
principal estuvo detenida 3 meses y 27 días. 27.

La Sala advierte que a lo largo del proceso penal se practicaron los testimonios
de Gloria Fanny Marroquín Ararat, Pablo Cesar Marroquín Ararat, Diego Luis
Otero Ararat, Aida Luz Ararat Carabalí y Jhon Edison Ramírez Landa y se
allegaron las facturas telefónicas del abonado desde el cual se habrían sostenido
varias comunicaciones con los presuntos secuestradores, que dieron cuenta de
la ausencia de participación de la acusada en la conducta investigada. Lo
anterior, toda vez que, de un lado, confirmaron el desconocimiento que se tenía
acerca del contenido de esas comunicaciones, así como de sus emisores y
destinatarios. De otro, permitieron establecer que el teléfono móvil fue destinado
para la venta de minutos por valor de “$400 y $500”.

Así, se evidencia que la privación de la libertad de Marcia Valencia fue
desproporcionada, dado que en el proceso penal no existían elementos de
juicio suficientes que evidenciaran su participación en el delito imputado.
Es decir, el Estado, con independencia de que su actuación fuere legítima,
rompió el principio de igualdad de las cargas públicas que debe soportar
todo ciudadano, al generársele a la aquí demandante un daño anormal,
especial y grave. En efecto, al no poderse desvirtuar su presunción de inocencia,
ante la ausencia de pruebas suficientes que permitieran atribuir su
responsabilidad penal en la conducta investigada, no existe ningún título jurídico
que pueda justificar la privación provisional de su libertad, por lo que el daño
antijurídico alegado debe ser reparado.

29. Así las cosas, se encuentra que la entonces procesada estuvo privada de la
libertad debido a un proceso penal en la que se dispuso su absolución de todos
los cargos imputados. Por lo que, en el presente asunto, la antijuridicidad del daño
se deriva de la imposibilidad que surgió dentro del proceso de sustentar
definitivamente la restricción de su derecho a la libertad, lo que le generó un daño
especial que deberá ser indemnizado.
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La anterior transcripción evidencia que la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, a fin de determinar la responsabilidad del Estado en el caso concreto,
no contó con el registro de audio de la audiencia de medida de aseguramiento, para
determinar si la detención de la señora Marcia Milagros Valencia Landa había sido
legal, adecuada, proporcional y razonable y si el juez penal de conocimiento cumplió
o no con su deber para revisar su legalidad.

No obstante, encontró que la autoridad penal absolvió de toda responsabilidad a la
señora la señora Marcia Milagros Valencia Landa, dado que las pruebas recaudadas
no lograron demostrar su participación en el delito investigado, lo cual generó un daño
anormal, especial y grave, al no poderse desvirtuar su presunción de inocencia, por lo
que concluyó que este daño era imputable al Estado, a título de daño especial.

Igualmente, consideró que la responsabilidad de la Rama Judicial se deducía de haber
investigado a la señora Marcia Milagros Valencia con fundamento en pruebas que no
demostraban el suficiente grado de certeza de la responsabilidad penal, lo cual, en su
criterio, quedó en evidencia en la sentencia absolutoria.

Contrario a lo afirmado por la parte actora, en criterio de la Sala, los argumentos
expuestos por la autoridad judicial accionada, de cara a la resolución de la
controversia planteada en el proceso de reparación directa, lejos de desconocer el
precedente jurisprudencial o de aplicar indebidamente el artículo 68 de la Ley 270 de
1996, se acompasan a lo establecido por las altas cortes en aquellos eventos en los
que se reclama una indemnización del Estado por la privación de la libertad.

En efecto, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en
eventos de privación injusta de la libertad, en sentencia de unificación SU 72 de
20185, la Corte Constitucional precisó que ni el artículo 90 de la Constitución Política,
ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad
como un evento resarcible, así como tampoco la sentencia C-037 de 1996, que
determinó la exequibilidad condicionada del ese artículo, determinan un régimen
específico de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a los eventos de
privación injusta de la libertad6.

5 Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
6 Ibidem. Acápites 117 y 118.

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En esa oportunidad, a partir de pronunciamientos dictados por la Sección Tercera de
esta Corporación, la Corte Constitucional reiteró que en materia de reparación directa
se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. Por tanto, definir de manera rigurosa el título de
imputación en estos eventos, como lo pretende la parte actora, contraviene la
interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y, de contera, el régimen general
de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política7.

De acuerdo con la referida providencia de unificación, el juez puede escoger entre un
régimen de responsabilidad subjetivo u objetivo, en función del carácter demostrativo
de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma, y agrega que las
causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el
derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 19918.

Lo anterior guarda relación con lo sostenido en el fallo de unificación del 19 de abril
de 2012, en el que la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación (exp.
21.515) señaló que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la
Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad del
Estado, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso
concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como
jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Más ampliamente,
señaló que:

7. Al no existir consagración constitucional de ningún régimen de
responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos
jurídicos de sus fallos. Los títulos de imputación hacen parte de los elementos
argumentativos de la motivación de la sentencia.

En la actualidad, las decisiones judiciales que se consideran admisibles son
únicamente aquellas que tienen como sustento, criterios o parámetros
distinguibles que puedan ser revisados y analizados desde una órbita externa a la
decisión misma. Bajo esa perspectiva, cada providencia judicial conlleva una
elección entre diferentes opciones de solución, que, según el criterio del fallador,
se escoge por mostrarse como la más adecuada al caso concreto.

En ese orden de ideas, la razón por la cual se exige al juez dicha motivación tiene
que ver con la necesidad de observar el itinerario recorrido para la construcción y
toma de la decisión adoptada, de manera que se disminuya el grado de
discrecionalidad del fallador quien deberá siempre buscar la respuesta más

7 Ibidem, acápites 119 y 120.
8 Ver sentencia del 3 de octubre de 2019, radicado 50001-23-31-000-2006-10260-01(54095), Sección

Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.
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acertada, garantizando así una sentencia argumentada, susceptible de ser
controvertida en tal motivación por vía de impugnación por las partes que se vean
perjudicadas.

En el caso colombiano, la obligatoriedad de motivación de las sentencias
judiciales, encuentra su antecedente más cercano en el artículo 163 de la
Constitución de 1886, regla ésta que fue excluida de la Carta Política de 1991 y
que vino a ser incorporada de nuevo con la expedición de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia. Así mismo, el Código Contencioso Administrativo
contempla los elementos esenciales que deben contener las sentencias judiciales,
entre los cuales aparece de manera expresa la necesidad de motivación.

En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que
el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no
privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor
de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que
consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que
habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la
adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de
justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde
una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda
entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación
de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo
título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada
evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios
constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del
Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.

Así las cosas, determina la Sala que la sentencia cuestionada se profirió bajo criterios
de razonabilidad, al analizar el asunto bajo los postulados normativos y
jurisprudenciales vigentes. Nótese que se trató de indagar si la medida de
aseguramiento impuesta atendió los requisitos legales previstos por la norma procesal
penal, no obstante, la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial no aportó el registro de audio de la respectiva audiencia, por lo que mal hace
ahora en afirmar que la privación de la señora Valencia Landa no fue injusta, cuando
en el fallo de reparación directa ni siquiera se probó tal circunstancia.

Adicionalmente, la sentencia cuestionada consideró que la privación de la libertad que
sufrió la señora Marcia Milagros Valencia Landa «supera las cargas públicas que debe
soportar un ciudadano», argumento ajustado a derecho para reconocer la
indemnización por los perjuicios padecidos, dado que, según lo entendió la autoridad
judicial demandada, en el proceso penal no se logró desvirtuar la presunción de
inocencia.

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En ese contexto, la Sala no ve de qué manera la autoridad judicial accionada habría
podido incurrir en los defectos que se le endilgan, máxime cuando aparece con
claridad meridiana que el fallo se profirió en ejercicio de la autonomía e independencia
que caracterizan la labor del juez, en virtud de la cual se concluyó que se había
presentado una ruptura del equilibrio de los ciudadanos frente a las cargas públicas y,
por ende, el Estado debía responder patrimonialmente por los daños derivados de la
privación de la libertad que soportó la señora Valencia Landa.

Finalmente, precisa la Sala que, aunque la parte actora considera que el
«reconocimiento extrapetita» del daño al buen nombre no resulta congruente con las
peticiones de la demanda en el proceso ordinario, ni «atiende a la legalidad» ordenar
disculpas públicas, lo cierto es que esta Corporación, en sentencia de unificación del
28 de agosto de 20149, estableció que cuando existe una afectación de bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados, el juez, de oficio o a
solicitud de parte, en ejercicio del control de convencionalidad subjetivo, puede
ordenar una medida de reparación no pecuniaria, en virtud del principio sustancial de
la «restitutio in integrum», sin que ello afecte la congruencia del fallo. Así lo expresó:

De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en
materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte,
la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se
encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su
reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de
reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar
más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes
hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y
afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación
familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de
crianza”.

REPARACION NO PECUNIARIA
AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O DERECHOS
CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS
Criterio Tipo de Modulación
Medida
En caso de violaciones Medidas de De acuerdo con los hechos
relevantes a bienes o reparación probados, la oportunidad y
derechos convencional integral no pertinencia de los mismos, se
y constitucionalmente pecuniarias. ordenarán medidas reparatorias
amparados no pecuniarias a favor de la
víctima directa y a su núcleo
familiar más cercano.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicado 66001-23-31-000-

2001-00731-01(26251), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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[…] Así mismo, se observa que para la consideración de este tipo de medidas
la base constitucional se desprende los artículos 90 y 93 de la Carta Política, la
base legal del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y del artículo 63.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. Adicionalmente, y para
garantizar el derecho a la reparación integral de la víctima, se tiene en cuenta
que debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia ante la
primacía del principio sustancial de la “restitutio in integrum”, máxime cuando
existe la vulneración del derecho internacional de los derechos humanos.

Visto lo anterior, estima la Sala que el cargo por incongruencia tampoco tiene vocación
de prosperidad, pues, si bien es cierto que en el proceso ordinario los demandantes
no solicitaron medidas de reparación no pecuniarias, también lo es que la autoridad
judicial accionada, en ejercicio del control de convencionalidad subjetivo, estaba
facultada para ordenarlas, de conformidad con el criterio jurisprudencial del Consejo
de Estado contenido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201410.

En conclusión, los supuestos defectos invocados por la entidad accionante son
realmente meras inconformidades que no tienen la capacidad de derruir la
argumentación edificada por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado, en la sentencia del 28 de mayo de 2021, en la que, se insiste, se tuvo en
cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación; asimismo,
se interpretaron y aplicaron razonablemente las normas que rigen el asunto. El hecho
de que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no los comparta, no habilita
al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el juez
natural.

La tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde
el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses, menos aún si la providencia
que se cuestiona ha sido proferida por un órgano de cierre, caso en el cual, se reitera,
la propia Corte Constitucional ha venido sosteniendo que para la prosperidad de la
tutela es necesario que la decisión contenga una anomalía de tal entidad que riña
abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que esa Corporación ha trazado
al definir el alcance y límite de derechos fundamentales, circunstancias que, vale decir,
en este caso no se presentan.

Bajo ese contexto, la Sala concluye que no se vulneraron los derechos fundamentales
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, toda vez que no se acreditó que

10 Ibidem.

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la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado hubiera incurrido en los
defectos alegados.

En suma, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 14 de marzo de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el siguiente enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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