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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00397-00

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00397-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la señora María Leonor Villamizar, a través apoderado, en contra del Consejo de Estado – Sección Primera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00397-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. seis (06) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00397-00
Accionante: MARÍA LEONOR VILLAMIZAR CORZO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / Incidente de desacato /
Defecto orgánico, decisión sin motivación, defecto
procedimental absoluto y violación directa de la
Constitución / Proceso ejecutivo / Archivo del trámite
incidental

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora María Leonor Villamizar Corzo, mediante apoderado1, en contra
del Consejo de Estado – Sección Primera, por la presunta vulneración
de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición del
auto de 22 de octubre de 2021, que ordenó el archivo del trámite
incidental radicado número 11001-03-15-000-2021-00671-02.

1
El abogado Libardo Cajamarca Castro.

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ACCIÓN DE TUTELA
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Ac c i o n a n t e : M a r í a L e o n o r V i l l a m i z a r C o r z o

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia se fundamenta en los
siguientes:

1. HECHOS

En el escrito contentivo de la acción de la referencia, la parte accionante
señaló que:

1.1. Presentó tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, y de los principios
constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en las normas laborales, ocurrida con ocasión de
la expedición de la sentencia de 16 de diciembre de 2020.

1.2. El proceso fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Primera
que, a través de fallo de 23 de abril de 2021, negó las pretensiones de
la demanda.

1.3. Impugnada la decisión precitada, el Consejo de Estado – Sección
Quinta, mediante providencia de 10 de junio de 2021, revocó lo fallado
en primera instancia y, en su lugar, ordenó:

«PRIMERO: Revocar la sentencia de primera instancia del 23 de abril
de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, por
cuanto se configuraron los defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución.

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SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales incoados por la
señora María Leonor Villamizar Corzo conforme lo consignado en la
parte motiva de esta providencia, y en consecuencia, dejar sin efectos
la sentencia de 16 de diciembre de 2020 proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO: Ordenar a la Sección Segunda, Subsección “B” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que profiera nueva decisión con
base en los argumentos expuestos en la presente providencia
dentro de los 15 días siguientes al recibo de la notificación de esta».

1.4. El 30 de agosto de 2021 propuso incidente de desacato en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B, por el presunto incumplimiento del fallo de 10 de junio
de 2021.

1.5. El trámite correspondió al Consejo de Estado – Sección Primera
que, por medio de auto de 2 de septiembre de 2021, requirió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B,
para que informara sobre el cumplimiento que le había dado a las
órdenes impartidas en la sentencia del 10 de junio de 2021.

1.6. Mediante memorial de 16 de septiembre de 2021, el Tribunal
precitado informó haber proferido la sentencia de reemplazo de 26 de
julio de 2021, en la que dispuso:

«[…] 1. Revocase la sentencia proferida en audiencia el 6 de agosto de
2019 por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.,
mediante la cual ordenó seguir adelante la ejecución, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se
resuelve:

“No seguir adelante la ejecución contra la Administradora Colombiana
de Pensiones” […]».

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1.7. Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Estado – Sección
Primera, a través de auto de 22 de octubre de 2022, ordenó el archivo
del trámite incidental por considerar que ya se encontraba cumplido lo
ordenado en el fallo de tutela.

1.8. Contra esta providencia radicó recurso de súplica, el cual fue
resuelto por la parte accionada que, por medio de auto de 30 de
noviembre de 2022, rechazó por improcedente la solicitud.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«Al considerar que el Consejero Ponente desconoció la Constitución, la
ley y la jurisprudencia constitucional sobre la materia en su auto de
trámite del 22 de octubre del 2021 que ordena archivar el incidente de
desacato, es que este apoderado procede a interponer acción
constitucional contra el mismo, para que en respeto a los derechos
fundamentales de mi representada de acceso a la administración de
justicia y debido proceso, se proceda a constatar frente al contenido del
fallo de tutela dictado el 10 de junio del 2021 por el H. Consejo de Estado,
Sección Quinta, Consejera Ponente doctora LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su nueva
sentencia del 26 de julio del 2021 lo respetó sin discutirlo; y si encuentra
que no, tomé las medidas que el trámite incidental determinan, vale
decir, conminar al Tribunal tutelado a que respete sin cuestionarlo el fallo
de tutela. Ello sin perjuicio de las decisiones que en lo disciplinario
resulten del caso aplicar.

Ello por cuanto si bien es cierto formalmente existe una sentencia que
pretendía dar cumplimiento a la orden dada por el Juez de tutela, ello no
significa que por haberse dictado exista un debido cumplimiento.

Es que es claro que operador constitucional accionado incurre en un
desconocimiento injustificado y sistemático de nuestra Carta Política y
desconoce que las órdenes contenidas en las decisiones de tutela,
dirigidas a la protección de los derechos fundamentales, tienen que
acatarse y cumplirse sin excepción y que la autoridad responsable de la

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vulneración (en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”) tiene el deber de cumplir la orden
encaminada a la protección de los derechos fundamentales en los
términos que lo indique la sentencia de tutela, sin que tenga permitido
hacer nuevos racionamientos, análisis o modificar la esencia de la
decisión de tutela, lo que conlleva a que el suscrito apoderado tenga que
recurrir nuevamente a este mecanismo constitucional con el fin de que
se garanticen los derechos fundamentales de mi representada». (sic en
toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que el Consejo de Estado – Sección
Primera, con la expedición del auto de 22 de octubre de 2022, incurrió
en:

 Defecto orgánico: por cuanto pese a que el fallo de tutela lo
conoció un juez colegiado, el auto acusado que ordenó el archivo
del trámite incidental lo dictó sólo el ponente, situación que cerró
el camino judicial para que la accionante pudiera solicitar que otra
instancia adicional revisara lo decidido.

 Defecto procedimental absoluto: porque se actuó
completamente al margen de las normas que señalan el trámite
de los incidentes de desacato, toda vez que se revisó únicamente
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección B profirió la sentencia de reemplazo y no las
consideraciones expuestas en la decisión.

 Decisión sin motivación: teniendo en cuenta que no se analizó
de manera lógica si efectivamente los argumentos dados por el
Tribunal cumplían con la orden de tutela de 10 de junio de 2021,
«aspecto este que se reitera una vez más vulnera los derechos
fundamentales de mi representada, al no haberse satisfecho las

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garantías alcanzadas por esta mediante la acción constitucional
que se adelantó bajo el radicado 11001031500020210067101».

 Violación directa de la Constitución: de lo consagrado en los
artículos 29 y 86, porque se omitió estudiar si se había dado la
correcta ejecución de la sentencia de tutela.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 20 de enero de 2022, el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la referencia y
ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Primera, como
accionado, y al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de
Bogotá, a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
a la Sección Quinta del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, como terceros interesados en las resultas del
proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

5. INTERVENCIONES

5.1. Colpensiones, por conducto de la directora de acciones
constitucionales, solicitó que se rechace por improcedente la acción de
tutela de la referencia por considerar que no se ha materializado ningún
vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales, sino que lo
pretendido por la parte accionante es usar el mecanismo constitucional
como una tercera instancia.

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5.2. El Juzgado Veintitrés Administrativo de Bogotá, mediante su
titular, indicó que las actuaciones surtidas en primera instancia fueron
conformes con el derecho, respetando los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
accionante en todas y cada una de las etapas procesales adelantadas.

5.3. El Consejo de Estado – Sección Primera, a través del consejero
Oswaldo Giraldo López, expuso que la parte accionante no adujo ningún
sustento para señalar cuál es el procedimiento que debe seguirse en el
trámite de los incidentes de desacato, ni mucho menos indicó la norma
procesal que fue desatendida y, en su lugar, argumentó que esta causal
se configuró ante el desconocimiento de los lineamientos fijados por la
Sección Quinta de la corporación en el fallo de tutela del 10 de junio de
2021, cuando dicha providencia es la que amparó los derechos
fundamentales de la accionante y no tiene ninguna relación con el
trámite de los incidentes.

Además, sostuvo que la señora Villamizar Corzo no señaló qué fue
aquello que considera no se tuvo en cuenta para proferir la decisión, de
modo que no se logra advertir la configuración de una decisión sin
motivación y, por el contrario, lo que pretende es insistir en la manera
como el juez natural de la causa debió decidir el asunto, lo que se sale
de la esfera del juez constitucional, ya que lo ordenado por la Sección
Quinta fue que se profiriera una nueva decisión, sin que haya dispuesto
que se resolviera de una forma específica.

En lo atinente a la violación directa de la Constitución, precisó que
tampoco se desprende la configuración de este defecto, en la medida
que señala que se transgredió el artículo 86 superior sin explicar las
razones por las que considera ello es así y la citada norma regula el
procedimiento de la acción de tutela, mientras que, el auto

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controvertido fue proferido en el trámite de un incidente de desacato
que está regulado por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

5.4. El Consejo de Estado – Sección Quinta, por medio de consejero
Pedro Pablo Vanegas Gil, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

5.5. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».2

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados en
la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Primera, con la expedición del
auto de 22 de octubre de 2021, que ordenó el archivo del trámite
incidental radicado número 11001-03-15-000-2021-00671-02,
incurrió en un defecto orgánico, procedimental absoluto, decisión
sin motivación y violación directa de la Constitución y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de la parte
accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el defecto orgánico, iv) la decisión sin
motivación, v) el defecto procedimental absoluto, vi) la violación directa
de la Constitución y vii) el caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

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En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al
alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración
de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

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3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala de Subsección que la
pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de manera
central si la parte accionada incurrió en la violación de los derechos
fundamentales ya señalados.

Así mismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; y se tiene, igualmente, que la interposición del
mecanismo se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto
la providencia cuestionada se profirió el 22 de octubre de 2021 y la
acción de tutela se presentó el 17 de enero de 2022.

No se trata de irregularidades procesales ni de una tutela contra tutela.

3.2. DEFECTO ORGÁNICO

En lo que atañe al defecto orgánico, ha dicho la Corte Constitucional en
sentencia T-643-2017 que se refiere a un vicio relacionado a la
competencia, es decir que la autoridad que profirió la providencia
cuestionada, carece de competencia para conocer del asunto a resolver.
Tiene como fuente principal el artículo 121 de la Constitución, el cual
dispone que las autoridades del Estado solo pueden ejercer las
funciones que les asigna la Constitución y la ley.4

Al respecto, la misma Corte, en sentencia SU072-2018, precisó que se
configura en dos situaciones: (i) cuando el peticionario se encuentra
supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada
y no tiene otro mecanismo de defensa como es el caso de una decisión
que está en firme y fue dada por un funcionario que carecía de manera

4
Corte Constitucional SU072 - 2018

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absoluta de competencia, y cuando (ii) en el transcurso del proceso, el
actor puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta y
dicha situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el
trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una
actuación erigida sobre una competencia inexistente 5.

Según la Corte Constitucional6, este defecto tiene un (i) carácter
funcional cuando los jueces desconocen su esfera de competencias y
por el contrario interfieren en ámbitos funcionales que no les
corresponden de acuerdo a lo que dicta la Constitución Política y la ley,
y extralimitan su ejercicio quebrantando el derecho fundamental al
debido proceso; y un (ii) carácter temporal, cuando la autoridad a pesar
de contar con atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace
por fuera del termino consagrado para ello7.

3.3. DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN

La jurisprudencia constitucional8 ha señalado que la falta de motivación
de una providencia como causal de procedencia de una tutela contra
providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto atacado carece
de legitimación, debido a que el funcionario judicial encargado de
adoptar determinada decisión, incumplió su obligación de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, lo cual deriva
en una decisión arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional 9 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un
defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede

5
Corte Constitucional SU072-2018
6
Sentencia T-267-2013
7
Sentencia T-267-2013 Corte Constitucional.
8
Sentencia C-590 de 2005
9
Sentencia T-233 de 2007

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estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de
la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio de
autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá cuando
la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y «se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez,
es decir en una arbitrariedad10».

Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional11 que cuando se estipule
que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el juez
constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a
obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no sustente
las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial
que ostentan los administradores de justicia.

3.4. DEFECTO PROCEDIMENTAL

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el
juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido 12. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto,
y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto13.

En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es)

10
Sentencia T-709 de 2010
11
Sentencia T-041 de 2018
12
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.

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de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea
porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente
–desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso” 14 o porque iii)
“pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”15 […]».

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente
que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii)
que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda
corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de
todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales16.

3.6. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

14
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
16
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de
2014.

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Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»17.

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha
dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con
el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo,
la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus
fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe
aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad»18.

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como
los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4°) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.

17
Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
18
Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

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4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
la señora María Leonor Villamizar, mediante apoderado, en contra del
Consejo de Estado – Sección Primera, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, ocurrida con ocasión de la expedición del
auto de 22 de octubre de 2021, proferido por el Consejo de Estado –
Sección Primera, que ordenó el archivo del trámite incidental radicado
número 11001-03-15-000-2021-00671-02.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. En primer lugar, la parte accionante alega la configuración de un
defecto orgánico por cuanto el auto acusado fue una decisión de
ponente, pese a que la sentencia de tutela de 10 de junio de 2021 fue
proferida en Sala de Sección.

Frente a esto, es necesario indicar que, según lo dispone el Decreto
2591 de 1991, ante el incumplimiento de una orden emitida en un fallo
de tutela el beneficiario puede solicitar, de manera simultánea o
sucesiva, su acatamiento por medio del denominado trámite de
cumplimiento y/o que se sancione a la autoridad incumplida a través
del incidente de desacato.

Asimismo, por regla general el competente para conocer del trámite de
cumplimiento es el juez de primera instancia, por ser el encargado de
hacer cumplir la orden impartida, así provenga esta del fallo de segunda
instancia o de revisión, ya que mantiene la competencia hasta tanto no

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se cumpla la orden a cabalidad. Sin embargo, en múltiples decisiones19
dictadas por esta corporación se ha precisado que cuando no se da
apertura o se archiva un trámite incidental, la decisión es de ponente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la posibilidad de exigir el
cumplimiento del fallo de tutela se encuentra prevista en los artículos
23 y 27 del Decreto 2591 de 1991 y el fundamento constitucional de
este trámite radica en la obligación estatal de garantizar al sujeto
afectado que el fallo por medio del cual se concede la tutela le va a
satisfacer el goce pleno de sus derechos.

En términos de la Corte Constitucional, la obligación principal del juez
constitucional consiste en hacer cumplir la orden de tutela, pues hace
parte de la garantía de amparo de los derechos fundamentales
vulnerados y constituye el fin de la actividad estatal. Por ello, al
considerarse que ya se cumplió con lo ordenado en el trámite de tutela,
se hace inocuo realizar un nuevo estudio por parte de la Sala que dictó
la decisión, cuando se trata de cuerpos colegiados, sino que el juez
ponente, al conocer directamente del trámite, es quien puede
pronunciarse en los casos en que hay absoluta certeza sobre el
cumplimiento de la orden de tutela que sustenta el incidente de
desacato.

En ese orden de ideas, se advierte que con la decisión de 22 de octubre
de 2021 no se incurrió en un defecto orgánico, puesto que el Consejo
de Estado – Sección Primera, a través del consejero Oswaldo Giraldo
López, sí tenía competencia para realizar el estudio de la misma, al ser

19
Por ejemplo, véase: Auto del 2 de febrero de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 03829 01.
C.P.: Gabriel Valbuena Hernández. Auto del 2 de febrero de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020
03079 01. C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Auto del 17 de febrero de 2021. Expediente nro. 11001
0315 000 2020 03106 01. C.P.: María Adriana Marín.

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un auto que dispuso el archivo de un trámite incidental, tal como lo ha
establecido la jurisprudencia de esta corporación.

4.2. En segundo lugar, si bien la parte accionante alega la configuración
de un defecto procedimental absoluto, una decisión sin motivación y
una violación directa de la Constitución, de los fundamentos de la
acción se tiene que su inconformidad radica en que considera que la
Sección Primera del Consejo de Estado, al momento de ordenar el
archivo del trámite incidental, se limitó a valorar si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
había o no dictado la sentencia de reemplazo, pero no estudió las
consideraciones de fondo sobre el caso concreto.

Al respecto, se observa lo siguiente:

i. En el auto de 22 de octubre de 2021 se analizó el problema jurídico
planteado en la sentencia de reemplazo de 26 de julio de 2021, el cual
se centró en establecer si Colpensiones debía las sumas pedidas en la
demanda, por las que se solicitó librar y se libró mandamiento de pago
y se dictó sentencia o si, por el contrario, efectuó el pago total de la
obligación derivada de la sentencia que se aduce como título ejecutivo.

ii. Asimismo, se explicó:

«Una vez abordó los argumentos expuestos en el fallo de tutela,
continuó con el análisis del caso concreto. Allí consideró:

“CASO CONCRETO

La parte actora reclama de la jurisdicción ordenar el pago forzado de
las diferencias causadas entre lo que se le pagó por concepto de
mesadas pensionales y lo que, a su juicio, debió pagársele según lo
ordenado en la sentencia que se aduce como título ejecutivo, desde el
30 de noviembre de 2012 hasta el 31 de octubre de 2015, más los
intereses moratorios causados desde el 1 de noviembre de 2015 hasta
que se efectúe el pago total de la obligación.

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En el expediente está probado lo siguiente:

Mediante Resolución nro. 026930 del 26 de junio de 2009, el Instituto
de Seguros Sociales – Seccional Cundinamarca reconoció pensión de
jubilación a la señora María Leonor Villamizar Corzo, en cuantía de
$7.449.575 para el año 2009, cuyo ingreso a nómina de pensionados
quedó en suspenso hasta que se acreditara el retiro definitivo del
servicio.

A través de la Resolución nro. 004658 del 17 de febrero de 2010, el ISS
en cumplimiento de un fallo de tutela reliquidó la pensión de jubilación,
fijando la mesada en $11.114.027, dejando en suspenso el ingreso a
nómina de pensionados hasta que se acreditara el retiro definitivo del
servicio.

La señora María Leonor Villamizar Corzo, por intermedio de apoderado
judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en la que solicitó ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación,
de manera que fuera a igual al 75% de la asignación mensual más
elevada percibida en el último año de servicio, incluyendo todos los
factores salariales devengados en ese último año.

Mediante sentencia proferida el 11 de marzo de 2011 el Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la
demanda, ordenando reliquidar la pensión de jubilación de manera que
fuera equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada,
incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios.

A través de la Resolución nro. 31333 del 28 de septiembre de 2012 el
ISS en cumplimiento de la anterior sentencia reliquidó la pensión,
quedando el valor de la mesada en $14.720.390 a partir del año 2012;
sin embargo, dejó en suspenso el ingreso a nómina y el pago de la
mesada pensional hasta tanto se acreditara el retiro definitivo del
servicio.

Mediante Resolución GNR 172390 del 5 de julio de 2013, “por la cual
se incluye en nomina (sic) una pensión de vejez”, COLPENSIONES
reliquidó la pensión, quedando la mesada en $14.720.390, efectiva a
partir del 30 de noviembre de 2012, fecha en la cual se acreditó el retiro
definitivo del servicio; también se efectuó la liquidación del retroactivo
el que arrojó un valor de $118.074.068. En dicha resolución se señaló
que el pagó ingresaría en nómina de julio de 2013 y se pagaría en el
período de agosto de 2013.

Según el documento que se observa a folio 142 del expediente, el 2 de
agosto de 2013 Colpensiones le pagó a la señora María Leonor
Villamizar Corzo el valor de $131.083.630 por concepto de retroactivo».

iii. Siguiendo dichos fundamentos, advirtió que la sentencia de
reemplazo encontró que la parte ejecutada expidió la Resolución Núm.
172390 de 2013, en el que fijó como tope de la pensión 25 SMLMV, de

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conformidad con la sentencia C–258 de 2013 y, en ese sentido,
respecto del pago de la obligación se comprobó que:

«[…] mediante cheque girado a nombre de la señora María Leonor
Villamizar Corzo por valor de $131.083.635,67, se evidencia que la
entidad ejecutada solo le descontó la suma de $2.334.800 por
concepto de seguridad social y le incrementó la mesada pensional del
mes de junio de 2013 en $13.009.586, cuando debió descontar el valor
de $14.880.386,87 por concepto de seguridad social y sumar la
mesada pensional correcta del mes de junio de 2013 ($12.674.250)

En el cuadro anterior se evidencia que hay una diferencia de
$12.880.904,87 que corresponde a lo que COLPENSIONES pagó en
exceso a la ejecutante.

Así las cosas, si la entidad ejecutada pagó unas mesadas más altas y
una suma adicional, no hay deuda como tampoco hay causación de
intereses moratorios, es decir, la obligación quedó satisfecha por
COLPENSIONES.

Por lo anterior, no le asiste razón al a quo cuando señala que la
excepción de pago no se encuentra probada pues, como se señaló
anteriormente, la entidad ejecutada sufragó el total de la obligación
derivada del título ejecutivo. En consecuencia, se declarará probada
dicha excepción […]».

Así las cosas, el Consejo de Estado – Sección Primera sí empleó la carga
argumentativa necesaria para acreditar que la sentencia de reemplazo
de 26 de julio de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, sí cumplió con la
orden de tutela del 10 de junio de 2021 por la Sección Quinta de esta
corporación, toda vez que dicha decisión se fundamentó en que se
debía verificar dentro del proceso ejecutivo que la condena impuesta
se hubiese pagado de manera estricta o no.

Sobre ello, en el fallo de tutela en cuestión, se expuso:

«De lo anteriormente descrito se logra evidenciar que la directriz
impartida es precisa señalando los derechos adquiridos por la

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accionante y las obligaciones que tiene para con ella Colpensiones,
razón por la cual, esta orden funda el margen legal a través del cual la
accionante pretendía hacer valer sus derechos en el curso del proceso
ejecutivo sin dilación o limitaciones respecto de estos; así pues, el
hecho de que el Tribunal indicara que debía demandar a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el aparte
incluido respecto del tope de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, reabriría el debate jurídico ya resuelto en el fallo de 11 de
marzo de 2011, el cual debía dársele cumplimiento sin restricción
alguna so pena de incurrir en una conducta abiertamente violatoria a
la administración de justicia.

Así pues, en los procesos ejecutivos no se discuten derechos, ni se
reconocen obligaciones, pues se trata del cumplimiento forzado de una
acreencia no pagada.

Por lo que, la actividad del juez de la ejecución es verificar si la condena
impuesta mediante sentencia judicial fue cumplida de manera estricta
o no, sin tener que acudir a razonamientos o análisis de hechos que
complementen, modifiquen, adicionen e incluso aclaren el contenido
del título de recaudo».

De conformidad con el análisis realizado, se advierte que las
conclusiones a las que llegó la parte accionada para resolver el caso no
obedecieron a un capricho o arbitrariedad, sino que se basaron en las
normas jurídicas aplicables al asunto y a lo que la jurisprudencia ha
señalado para el caso concreto, por lo que no se encuentra que la
decisión acusada haya incurrido en ninguna de las causales específicas
de procedibilidad alegadas.

Por lo anterior, al no existir vulneración alguna de derechos
fundamentales, esta Sala de Subsección negará el amparo solicitado
mediante la acción de tutela interpuesta por la señora María Leonor
Villamizar, mediante apoderado, en contra del Consejo de Estado –
Sección Primera.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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III. FALLA

PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la señora María Leonor Villamizar, a través
apoderado, en contra del Consejo de Estado – Sección Primera, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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