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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00397-01

Fecha
26 de agosto de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00397-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de junio de 2022, por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00397-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

26 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C.,veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Radicación número: 110010315000202200397 01

Accionante: MARÍA LEONOR VILLAMIZAR CORZO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DE UNA ALTA CORTE –
Procedencia excepcional. Además de los presupuestos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se debe evidenciar la
configuración de una anomalía de tal entidad que imponga la intervención del juez
constitucional / DEFECTO ORGÁNICO – No se configuró / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN
– No se configuró porque la autoridad judicial accionada sí expuso las razones de su
decisión.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte tutelante
contra la sentencia de 6 de junio de 2022, mediante la cual la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

La señora María Leonor Villamizar Corzo, por conducto de apoderado judicial,
instauró demanda de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia. La tutelante elevó las siguientes pretensiones
(trascripción literal con posibles errores incluidos):

Al considerar que el Consejero Ponente desconoció la Constitución, la ley y la
jurisprudencia constitucional sobre la materia en su auto de trámite del 22 de

1

Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

octubre del 2021 que ordena archivar el incidente de desacato, es que este
apoderado procede a interponer acción constitucional contra el mismo, para
que en respeto a los derechos fundamentales de mi representada de acceso a
la administración de justicia y debido proceso, se proceda a constatar frente al
contenido del fallo de tutela dictado el 10 de junio del 2021 por el H. Consejo
de Estado, Sección Quinta, Consejera Ponente doctora LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
su nueva sentencia del 26 de julio del 2021 lo respetó sin discutirlo; y si
encuentra que no, tomé las medidas que el trámite incidental determinan, vale
decir, conminar al Tribunal tutelado a que respete sin cuestionarlo el fallo de
tutela. Ello sin perjuicio de las decisiones que en lo disciplinario resulten del
caso aplicar.

Ello por cuanto si bien es cierto formalmente existe una sentencia que
pretendía dar cumplimiento a la orden dada por el Juez de tutela, ello no
significa que por haberse dictado exista un debido cumplimiento.

Es que es claro que operador constitucional accionado incurre en un
desconocimiento injustificado y sistemático de nuestra Carta Política y
desconoce que las órdenes contenidas en las decisiones de tutela, dirigidas a
la protección de los derechos fundamentales, tienen que acatarse y cumplirse
sin excepción y que la autoridad responsable de la vulneración (en este caso
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“B”) tiene el deber de cumplir la orden encaminada a la protección de los
derechos fundamentales en los términos que lo indique la sentencia de tutela,
sin que tenga permitido hacer nuevos racionamientos, análisis o modificar la
esencia de la decisión de tutela, lo que conlleva a que el suscrito apoderado
tenga que recurrir nuevamente a este mecanismo constitucional con el fin de
que se garanticen los derechos fundamentales de mi representada.

2. Hechos relevantes

La señora María Leonor Villamizar Corzo interpuso demanda de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con el
fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia; como consecuencia, se dejara
sin efectos la sentencia del 16 de diciembre de 20201, dictada en el proceso
ejecutivo promovido contra Colpensiones (radicado No. 2016-00066).

El proceso de tutela fue conocido en primera instancia por la Sección Primera del
Consejo de Estado, la que, mediante providencia de 23 de abril de 2021, negó el
amparo solicitado.

1
En esa decisión el tribunal dispuso:
1) Revócase la sentencia proferida en audiencia el 6 de agosto de 2019 por el Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., mediante la cual ordenó seguir adelante la ejecución,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar se resuelve: no
seguir adelante la ejecución contra la Administradora Colombiana de Pensiones.
2) En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al juzgado de origen.
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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

En segunda instancia, la Sección Quinta de la Corporación, por medio de fallo del
10 de junio de 2021, resolvió:

PRIMERO: Revocar la sentencia de primera instancia del 23 de abril de
2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, por cuanto se
configuraron los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.

SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales incoados por la señora
María Leonor Villamizar Corzo conforme lo consignado en la parte motiva de
esta providencia, y en consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de 16 de
diciembre de 2020 proferida por la Sección Segunda, Subsección ‘B’ del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO: Ordenar a la Sección Segunda, Subsección ‘B’ del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que profiera nueva decisión con base en los
argumentos expuestos en la presente providencia dentro de los 15 días
siguientes al recibo de la notificación de esta. (…)

Con ocasión de lo anterior, el 26 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, profirió sentencia de reemplazo,
pero “con los mismos argumentos expresados en la sentencia que fue objeto de la
acción de tutela, ordenando revocar nuevamente la sentencia proferida el día 6 de
agosto de 2019 por el Juzgado 23 Administrativo de Bogotá, y como consecuencia
de ello ordena NO SEGUIR ADELANTE la ejecución contra Colpensiones…”.

La parte demandada formuló incidente de desacato ante la Sección Primera del
Consejo de Estado, la que, mediante auto de 22 de octubre de 2021, lo archivó,
tras considerar que no hubo incumplimiento de la orden de tutela.

Contra la anterior decisión se presentó el recurso de súplica, el cual se negó por
improcedente por medio de proveído del 30 de noviembre de 2021.

3. Fundamentos de la demanda

La tutelante señaló que se configuró un defecto orgánico porque la decisión de
archivar el incidente de desacato se adoptó en un auto de ponente y no de la Sala,
pese a que, en principio, al ponente solo le corresponde proferir los autos de
impulso procesal y a la Sala o Sección los que definen el asunto en la respectiva
instancia.

Expuso: “… el Consejero Ponente con su decisión incurrió en defecto orgánico, en

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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

tanto dejó consolidada la decisión de archivo de desacato y sin posibilidad de
ejercer otro mecanismo de defensa judicial, pues ni siquiera contra el mismo hubo
posibilidad de interponer recurso alguno”.

Agregó que se incurrió en un defecto procedimental, porque la autoridad judicial
accionada actuó al margen de las normas que regulan el trámite incidental, bajo el
entendido de que desconoció por completo los lineamientos fijados por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en el fallo de tutela del 10 de junio de 2021. Precisó
(trascripción literal con posibles errores incluidos):

De la lectura de las consideraciones plasmadas en el auto del 22 de octubre
del 2021 expuestas atrás, pareciera que el Ponente ni siquiera leyó el fallo de
tutela cuyo cumplimiento debía verificar, sino que simplemente dio por ciertas
las falaces afirmaciones del Tribunal tutelado, al punto que admite que al
existir una sentencia dictada por ese tribunal luego del fallo de tutela, es
motivo suficiente para entender cumplida la orden dada en el fallo de tutela
que era: proferir nueva sentencia.

Alegó que la providencia cuestionada constituye una decisión sin motivación,
porque el consejero ponente dispuso el archivo del trámite incidental sin exponer
de manera suficiente las razones por las que consideró que se había dado cabal
cumplimiento a la orden de tutela, sino que “en un simplismo puro se limita a
transcribir los argumentos dados por la Subsección B, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin analizar de manera lógica si
efectivamente eso era lo ordenado en la sentencia de tutela del día 10 de junio del
2021”.

Finalmente, planteó que se incurrió en una violación directa de la Constitución,
toda vez que, al no estudiar la correcta ejecución de la sentencia de tutela, se
desconocieron los artículos 86 y 29 superiores.

Mencionó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con falsa motivación determina
que el título ejecutivo nada señaló respecto a si la pensión de mi representada
tenía tope o no, cuando es todo lo contrario conforme consta en el auto
transcrito atrás, el cual hace parte de la sentencia que se ejecuta.

Así que repitiendo esa falacia sin justificación legal alguna, pone el Tribunal en
entredicho y desconoce un título ejecutivo complejo, como es el ejecutado,
para sostener su argumento de que si Colpensiones le puso tope a la pensión
de mi representada, la misma debía iniciar otra acción independiente de

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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

nulidad y restablecimiento del derecho, aspecto este que el fallo de tutela del
10 de junio del 2021, dilucidó con suficiente claridad y precisión, parámetro
que no fue atendido por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B” en la sentencia del 26 de julio del 2021.

Así las cosas es claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”, en su fallo del día 26 de julio del 2021
reabre nuevamente el debate constitucional dado en sede de tutela y
desconoce la ratio decidendi con base en la que se adoptó el fallo de tutela del
día 10 de junio del 2021, pues de acuerdo con lo explicado anteriormente es
evidente que dicho operador judicial pasa por alto que su análisis se
encontraba limitado a (i) emitir una sentencia de reemplazo que no podía
desbordar el margen propio del proceso ejecutivo, ni realizar apreciaciones
distintas a las propias del procedimiento establecido, ni mucho menos le
estaba permitido reabriendo el debate ya finalizado por el Juzgado Veintitrés
(23) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con fallo de 11 de marzo de 2011, (ii) la
obligación de dar observancia yaplicación a la sentencia de unificación del 12
de septiembre de 2014 proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado (exp.25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014), que no hizo y (iii)
La prohibición de limitar el derecho de mi representada aceptando los
condicionamientos realizados por la entidad a cargo de su reconocimiento,
referente al tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lo anteriormente señalado, permite concluir claramente que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” de forma
grosera y arbitraria decide emitir un fallo defectuoso que omite flagrantemente
las instrucciones dadas en la parte considerativa del fallo de tutela del día 10
de junio del 2021, lo cual en el sentir del suscrito apoderado hace tabla rasa a
lo resuelto por el H. Consejo de estado en el citado fallo de tutela, vulnerando
con dicho actuar el derecho al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justica de mi representada, perpetuando además
indefinidamente la afectación a sus derechos fundamentales.

Y todo ello en las narices del funcionario judicial que sin reato decide archivar
el incidente de desacato.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia de 20 de enero de 2022, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó
notificar a la autoridad judicial accionada y vinculó, como terceros con interés, al
Juzgado 23 Administrativo de Bogotá, a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, a la Sección Quinta del Consejo de Estado y al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los que se pronunciaron en los
siguientes términos:

4.1.1. La Sección Primera del Consejo de Estado, por conducto del consejero
Oswaldo Giraldo López, indicó que no es posible predicar la configuración de un
defecto procedimental, bajo el entendido de que no se señaló cuál es el
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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

procedimiento que debe seguirse en el trámite de los incidentes de desacato y
tampoco se indicó cuál es la norma procesal desatendida. Agregó que se
fundamentó dicho defecto en el desconocimiento del fallo de tutela de 10 de junio
de 2021 “cuando dicha providencia es la que amparó los derechos fundamentales
de la accionante y no tiene ninguna relación con el trámite de los incidentes”.

En cuanto al defecto orgánico, dijo que la tutelante “no aludió a ninguna fuente
formal ni a la jurisprudencia para concluir que la decisión que fue proferida debía
serlo por conducto de la sala, por lo que teniendo en cuenta su argumentación, no
logró acreditar la configuración de este defecto”.

Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que los diferentes despachos del Consejo de
Estado han proferido decisiones de ponente en las que se abstienen de abrir el
incidente de desacato2.

2
Como fundamento de esa afirmación relacionó las siguientes providencias:
“Sección Primera
• Auto del 3 de marzo de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 02472 01. C.P.: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
• Auto del 9 de abril de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 04333 01. C.P.: Hernando
Sánchez Sánchez.
• Auto del 24 de mayo de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2017 01980 02. C.P.: Roberto
Augusto Serrato Valdés.
Sección Segunda
• Auto del 2 de febrero de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 03829 01. C.P.: Gabriel
Valbuena Hernández.
• Auto del 24 de febrero de 2020. Expediente nro. 11001 0315 000 2018 00547 02. C.P.: Gabriel
Valbuena Hernández.
• Auto del 22 de octubre de 2020. Expediente nro. 11001 0315 000 2018 00681 05. C.P.: Gabriel
Valbuena Hernández.
Sección Tercera
• Auto del 2 de febrero de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 03079 01. C.P.: José Roberto
Sáchica Méndez.
• Auto del 17 de febrero de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 03106 01. C.P.: María Adriana
Marín.
• Auto del 15 de octubre de 2019. Expediente nro. 11001 0315 000 2019 01644 01. C.P.: Martín
Bermúdez Muñoz.
• Auto del 10 de junio de 2020. Expediente nro. 11001 0315 000 2019 03079 02. C.P.: Marta Nubia
Velásquez Rico.
• Auto del 9 de octubre de 2020. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 00802 02. C.P.: José Roberto
Sáchica Méndez.
Sección Cuarta
• Auto del 5 de agosto de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 03416 01. C.P.: Stella Jeannette
Carvajal Basto.
• Auto del 1 de octubre de 2019. Expediente nro. 11001 0315 000 2018 01760 02. C.P.: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
• Auto del 1 de octubre de 2019. Expediente nro. 11001 0315 000 2018 03018 02. C.P.: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
Sección Quinta
• Auto del 12 de mayo de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2021 00528 00. C.P.: Luis Alberto
Álvarez Parra.
• Auto del 4 de junio de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2021 01087 01. C.P.: Rocío Araújo
Oñate.
• Auto del 14 de diciembre de 2020. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 03913 02. C.P.: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez”.
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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Refirió que tampoco puede hablarse de la configuración de este defecto por no
permitirle interponer un recurso contra el auto que ordenó el archivo del trámite
incidental, pues, según el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia
constitucional, solo el auto que sanciona por desacato es objeto del grado
jurisdiccional de consulta.

Resaltó que “llama la atención” que en el recurso de súplica interpuesto contra el
auto que se cuestiona -rechazado por improcedente por auto de 30 de noviembre
de 2021- “nada dijo sobre la competencia para proferir el auto que no abre el
incidente o que lo archiva”.

De otra parte, señaló que no se advierte la existencia de una decisión sin
motivación, pero sí se evidencia es que se pretende “es insistir en la manera como
el juez natural de la causa debió decidir el asunto, lo que se sale de la esfera del
juez constitucional, ya que lo ordenado por la Sección Quinta fue que se profiriera
una nueva decisión, sin que haya dispuesto que se resolviera de una forma
específica”.

Adujo que la tutelante se limitó a descalificar la providencia cuestionada con
manifestaciones que, de ninguna manera, sustentan el defecto alegado.

Manifestó que tampoco se fundamentó la violación directa de la Constitución,
porque se afirma que se trasgredió el artículo 86 de la C.P., pero no se explicaron
las razones de esa afirmación y, además, esa norma prevé el procedimiento de la
acción de tutela y la decisión cuestionada se adoptó en el trámite de un incidente
de desacato, regulado por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

Por lo expuesto, solicitó negar el amparo reclamado por la señora María Leonor
Villamizar Corzo.

4.1.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó su desvinculación de la
presente actuación, por falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el
entendido de que no participó en el trámite incidental de desacato que dio lugar a
la interposición de la presente acción de tutela.

4.1.3. El Juzgado 23 Administrativo de Bogotá sostuvo que a ese despacho
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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

judicial no se le atribuyeron acciones u omisiones que se traduzcan en
generadores de amenaza o violación de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la accionante.

4.1.4. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones se opuso al
amparo solicitado, tras considerar que no se han vulnerado los derechos
fundamentales de la tutelante y que lo pretendido es convertir esta acción en una
instancia adicional, sin tener en cuenta que solo la Corte Constitucional puede
revisar estas decisiones a través de la selección.

Añadió que se configura la figura de la cosa juzgada y, en ese sentido, la acción
de tutela no puede revivir situaciones que ya fueron resueltas en otro proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, adujo que su competencia se relaciona con la
administración del régimen de prima media con prestación definida en materia
pensional y, por tanto, no puede acceder a lo solicitado por la tutelante, lo que se
traduce en una falta de legitimación en la causa por pasiva.

5. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 6 de junio de 2022, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado.

Respecto del defecto orgánico, se expuso (trascripción literal):

… por regla general el competente para conocer del trámite de cumplimiento
es el juez de primera instancia, por ser el encargado de hacer cumplir la orden
impartida, así provenga esta del fallo de segunda instancia o de revisión, ya
que mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad.
Sin embargo, en múltiples decisiones3 dictadas por esta corporación se ha
precisado que cuando no se da apertura o se archiva un trámite incidental, la
decisión es de ponente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la posibilidad de exigir el cumplimiento del
fallo de tutela se encuentra prevista en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591
de 1991 y el fundamento constitucional de este trámite radica en la obligación
estatal de garantizar al sujeto afectado que el fallo por medio del cual se
concede la tutela le va a satisfacer el goce pleno de sus derechos.

3
Original de la cita: “Por ejemplo, véase: Auto del 2 de febrero de 2021. Expediente nro. 11001
0315 000 2020 03829 01. C.P.: Gabriel Valbuena Hernández. Auto del 2 de febrero de 2021.
Expediente nro. 11001 0315 000 2020 03079 01. C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Auto del 17
de febrero de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 03106 01. C.P.: María Adriana Marín”.
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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

En términos de la Corte Constitucional, la obligación principal del juez
constitucional consiste en hacer cumplir la orden de tutela, pues hace parte de
la garantía de amparo de los derechos fundamentales vulnerados y constituye
el fin de la actividad estatal. Por ello, al considerarse que ya se cumplió con lo
ordenado en el trámite de tutela, se hace inocuo realizar un nuevo estudio por
parte de la Sala que dictó la decisión, cuando se trata de cuerpos colegiados,
sino que el juez ponente, al conocer directamente del trámite, es quien puede
pronunciarse en los casos en que hay absoluta certeza sobre el cumplimiento
de la orden de tutela que sustenta el incidente de desacato.

En ese orden de ideas, se advierte que con la decisión de 22 de octubre de
2021 no se incurrió en un defecto orgánico, puesto que el Consejo de Estado
– Sección Primera, a través del consejero Oswaldo Giraldo López, sí tenía
competencia para realizar el estudio de la misma, al ser un auto que dispuso
el archivo de un trámite incidental, tal como lo ha establecido la jurisprudencia
de esta corporación.

Frente a los demás defectos -procedimental, decisión sin motivación y violación
directa de la Constitución-, indicó (trascripción literal):

… si bien la parte accionante alega la configuración de un defecto
procedimental absoluto, una decisión sin motivación y una violación directa de
la Constitución, de los fundamentos de la acción se tiene que su
inconformidad radica en que considera que la Sección Primera del Consejo de
Estado, al momento de ordenar el archivo del trámite incidental, se limitó a
valorar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B había o no dictado la sentencia de reemplazo, pero no estudió
las consideraciones de fondo sobre el caso concreto.

Al respecto, se observa lo siguiente:

i. En el auto de 22 de octubre de 2021 se analizó el problema jurídico
planteado en la sentencia de reemplazo de 26 de julio de 2021, el cual se
centró en establecer si Colpensiones debía las sumas pedidas en la demanda,
por las que se solicitó librar y se libró mandamiento de pago y se dictó
sentencia o si, por el contrario, efectuó el pago total de la obligación derivada
de la sentencia que se aduce como título ejecutivo.

ii. Asimismo, se explicó:

«Una vez abordó los argumentos expuestos en el fallo de tutela, continuó con el
análisis del caso concreto. Allí consideró:
“CASO CONCRETO
La parte actora reclama de la jurisdicción ordenar el pago forzado de las
diferencias causadas entre lo que se le pagó por concepto de mesadas
pensionales y lo que, a su juicio, debió pagársele según lo ordenado en la
sentencia que se aduce como título ejecutivo, desde el 30 de noviembre de
2012 hasta el 31 de octubre de 2015, más los intereses moratorios causados
desde el 1 de noviembre de 2015 hasta que se efectúe el pago total de la
obligación.
En el expediente está probado lo siguiente:
Mediante Resolución nro. 026930 del 26 de junio de 2009, el Instituto de
Seguros Sociales – Seccional Cundinamarca reconoció pensión de jubilación a
la señora María Leonor Villamizar Corzo, en cuantía de $7.449.575 para el año
2009, cuyo ingreso a nómina de pensionados quedó en suspenso hasta que se
acreditara el retiro definitivo del servicio.
A través de la Resolución nro. 004658 del 17 de febrero de 2010, el ISS en
cumplimiento de un fallo de tutela reliquidó la pensión de jubilación, fijando la

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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

mesada en $11.114.027, dejando en suspenso el ingreso a nómina de
pensionados hasta que se acreditara el retiro definitivo del servicio.
La señora María Leonor Villamizar Corzo, por intermedio de apoderado judicial,
instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó
ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación, de manera que fuera a igual
al 75% de la asignación mensual más elevada percibida en el último año de
servicio, incluyendo todos los factores salariales devengados en ese último año.
Mediante sentencia proferida el 11 de marzo de 2011 el Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la
demanda, ordenando reliquidar la pensión de jubilación de manera que fuera
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada, incluyendo todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios.
A través de la Resolución nro. 31333 del 28 de septiembre de 2012 el ISS en
cumplimiento de la anterior sentencia reliquidó la pensión, quedando el valor de
la mesada en $14.720.390 a partir del año 2012; sin embargo, dejó en
suspenso el ingreso a nómina y el pago de la mesada pensional hasta tanto se
acreditara el retiro definitivo del servicio.
Mediante Resolución GNR 172390 del 5 de julio de 2013, “por la cual se incluye
en nomina (sic) una pensión de vejez”, COLPENSIONES reliquidó la pensión,
quedando la mesada en $14.720.390, efectiva a partir del 30 de noviembre de
2012, fecha en la cual se acreditó el retiro definitivo del servicio; también se
efectuó la liquidación del retroactivo el que arrojó un valor de $118.074.068. En
dicha resolución se señaló que el pagó ingresaría en nómina de julio de 2013 y
se pagaría en el período de agosto de 2013.
Según el documento que se observa a folio 142 del expediente, el 2 de agosto
de 2013 Colpensiones le pagó a la señora María Leonor Villamizar Corzo el
valor de $131.083.630 por concepto de retroactivo».

iii. Siguiendo dichos fundamentos, advirtió que la sentencia de reemplazo encontró
que la parte ejecutada expidió la Resolución Núm. 172390 de 2013, en el que fijó
como tope de la pensión 25 SMLMV, de conformidad con la sentencia C–258 de 2013
y, en ese sentido, respecto del pago de la obligación se comprobó que:

«[…] mediante cheque girado a nombre de la señora María Leonor Villamizar
Corzo por valor de $131.083.635,67, se evidencia que la entidad ejecutada solo
le descontó la suma de $2.334.800 por concepto de seguridad social y le
incrementó la mesada pensional del mes de junio de 2013 en $13.009.586,
cuando debió descontar el valor de $14.880.386,87 por concepto de seguridad
social y sumar la mesada pensional correcta del mes de junio de 2013
($12.674.250).
En el cuadro anterior se evidencia que hay una diferencia de $12.880.904,87
que corresponde a lo que COLPENSIONES pagó en exceso a la ejecutante.
Así las cosas, si la entidad ejecutada pagó unas mesadas más altas y una
suma adicional, no hay deuda como tampoco hay causación de intereses
moratorios, es decir, la obligación quedó satisfecha por COLPENSIONES.
Por lo anterior, no le asiste razón al a quo cuando señala que la excepción de
pago no se encuentra probada pues, como se señaló anteriormente, la entidad
ejecutada sufragó el total de la obligación derivada del título ejecutivo. En
consecuencia, se declarará probada dicha excepción […]».

Así las cosas, el Consejo de Estado – Sección Primera sí empleó la carga
argumentativa necesaria para acreditar que la sentencia de reemplazo de 26
de julio de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B, sí cumplió con la orden de tutela del 10 de
junio de 2021 por la Sección Quinta de esta corporación, toda vez que dicha
decisión se fundamentó en que se debía verificar dentro del proceso ejecutivo
que la condena impuesta se hubiese pagado de manera estricta o no.

Sobre ello, en el fallo de tutela en cuestión, se expuso:

«De lo anteriormente descrito se logra evidenciar que la directriz impartida es
precisa señalando los derechos adquiridos por la accionante y las obligaciones
que tiene para con ella Colpensiones, razón por la cual, esta orden funda el
10

Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

margen legal a través del cual la accionante pretendía hacer valer sus derechos
en el curso del proceso ejecutivo sin dilación o limitaciones respecto de estos;
así pues, el hecho de que el Tribunal indicara que debía demandar a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el aparte incluido
respecto del tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, reabriría
el debate jurídico ya resuelto en el fallo de 11 de marzo de 2011, el cual debía
dársele cumplimiento sin restricción alguna so pena de incurrir en una conducta
abiertamente violatoria a la administración de justicia.
Así pues, en los procesos ejecutivos no se discuten derechos, ni se reconocen
obligaciones, pues se trata del cumplimiento forzado de una acreencia no
pagada.
Por lo que, la actividad del juez de la ejecución es verificar si la condena
impuesta mediante sentencia judicial fue cumplida de manera estricta o no, sin
tener que acudir a razonamientos o análisis de hechos que complementen,
modifiquen, adicionen e incluso aclaren el contenido del título de recaudo».

De conformidad con el análisis realizado, se advierte que las conclusiones a
las que llegó la parte accionada para resolver el caso no obedecieron a un
capricho o arbitrariedad, sino que se basaron en las normas jurídicas
aplicables al asunto y a lo que la jurisprudencia ha señalado para el caso
concreto, por lo que no se encuentra que la decisión acusada haya incurrido
en ninguna de las causales específicas de procedibilidad alegadas.

6. La impugnación

La tutelante impugnó la anterior decisión, para lo que insistió en que “si bien es
cierto dentro del proceso ejecutivo No. 11001333502320160006601 formalmente
existe una sentencia que pretendía dar cumplimiento a la orden dada por el Juez
de tutela en el expediente 11001031500020210067101, ello no significa que por
haberse dictado exista un debido cumplimiento, aspecto este que desconoció el
Consejero Ponente, Dr. OSWALGO GIRALDO LÓPEZ, integrante Sección Primera
al archivar el incidente de desacato y este despacho al resolver la tutela de la
referencia”.

Reiteró que, con el fallo de 26 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, desconoció la orden de tutela,
“se extralimitó en el cumplimiento de sus funciones al desconocer la orden judicial
dada por un juez de la República y la reiterada jurisprudencia constitucional”.

Señaló que sí se configuraron los defectos alegados, toda vez que se desconoció
el procedimiento establecido y se desatendió el deber de las autoridades judiciales
de cumplir las formas propias de la acción de tutela y el incidente de desacato,
dado que “se apartó de la obligación que se encuentra en cabeza del Juez de
tutela, que es precisamente lograr el cumplimiento de los fallos de las acciones de
amparo; pese a la exposición que he realizado en múltiples oportunidades al

11

Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

manifestar que aún están siendo vulneradas las garantías fundamentales de mi
representada, que se repite fueron amparadas por el Juez se negó a abrir el
incidente de desacato”.

Sostuvo que la confrontación entre la sentencia cuestionada, la que la dejó sin
efectos -dictada el 16 de diciembre de 2020- y el fallo dictado en reemplazo
-proferido el 26 de julio de 2021- evidencia que “no existió ningún cambio
sustancial, por el contrario entre estos existe una reproducción similar que permite
ver que en efecto no se cumplieron las órdenes impartidas en el fallo de tutela…”.

Reiteró que el cotejo del fallo de tutela del 10 de junio de 2021 y la decisión
dictada en cumplimiento de esa orden evidencian que se incurrió en desacato,
porque “en ningún aparte se avizora alguna de las DIRECTRICES fijadas por el
juez de tutela, por el contrario, se repite es un fallo casi idéntico al que se ordenó
revocar”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales4.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características5.

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12

Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son6:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
13

Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado7.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Conviene mencionar que, la Corte Constitucional ha sostenido que cuando se
controvierten providencias judiciales dictadas por las altas cortes -como en el caso
bajo estudio-, además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y los
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente, en sentencia
SU–573 de 2017, se indicó:

Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’8. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:

‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado
a otra conclusión’.

Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.

2. Análisis de la Sala

En el caso bajo estudio, la señora María Leonor Villamizar Corzo alega que la
Sección Primera del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con la decisión del 22
de octubre de 2021 –dictada en el incidente de desacato promovido contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B–, por
medio de la cual se consideró y resolvió lo siguiente (transcripción de forma
literal):

8
Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
15

Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

7. De las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que la Subsección B,
Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela del 10 de junio de 2021,
profirió la sentencia del 26 de julio de 2021 en la que dispuso:

‘[…] 1. Revocase la sentencia proferida en audiencia el 6 de agosto de 2019 por
el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., mediante la cual
ordenó seguir adelante la ejecución, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia y, en su lugar, se resuelve: ‘No seguir adelante la
ejecución contra la Administradora Colombiana de Pensiones’ […]’.

Para resolver precisó cuáles eran las pretensiones formuladas en la demanda
ejecutiva y los hechos en las que se sustentaban, así:

‘La señora María Leonor Villamizar Corzo, actuando a través de apoderado
judicial, instauró demanda ejecutiva en la que solicitó librar mandamiento de
pago a su favor y en contra de COLPENSIONES por las siguientes sumas de
dinero:
‘1.1.1 Por la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($65.728.351),
correspondiente al salario insoluto de las diferencias resultantes entre lo pagado
mensualmente sin la reliquidación ordenada en la sentencia y lo que se debió
pagar mensualmente con dicha reliquidación entre el 30 de noviembre de 2012,
fecha en la que la demandante acreditó su retiro del servicio y el 31 de octubre
de 2015.
1.1.2. PRETENSIÓN QUE SE ADICIONA: Se ordene el pago de los intereses
moratorios a partir del 01 de noviembre de 2015 hasta cuando se realice el
pago total de la obligación, los cuales se deben calcular sobre el capital insoluto
señalado en el numeral 1.1.1 de esta demanda.
1.1.3. Por las sumas correspondientes a las diferencias que se causen a partir
de la presentación de este escrito y hasta que se realice el pago total de la
obligación, se reliquide y se incluya reliquidada en nómina.
1.1.4. PRETENSIÓN QUE SE ADICIONA. Se ordena el pago de los intereses
moratorios a partir del 01 de noviembre de 2015, los cuales se calcularán sobre
las diferencias que se causen a partir del 01 de noviembre de 2015 hasta
cuando se realice el pago total de la obligación de conformidad con lo señalado
en la pretensión 1.1.3 de esta demanda (…)’.
Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:
‘(…) 2.3. La sentencia que sirve de título de recaudo que quedó ejecutoriada el
día 11 de mayo de 2011.
2.4. La sentencia así expedida es un título ejecutivo porque contiene en ella una
obligación clara, expresa y exigible a favor de la demandante y a cargo de la
demandada.
2.5. El extinto Instituto de Seguros Sociales – ISS profirió la Resolución nro.
031333 de 28 de septiembre de 2012 en la que solo reconoció como mesada
pensional para el año 2012 la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS
VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/00 ($14.720.390.00).
2.6. No obstante, la liquidación de la mesada pensional de la demandante para
el año 2012, incluyendo todos los factores salariales y liquidándola sobre el
setenta y cinco por ciento (75%) del salario más alto devengado en último año
de servicios (sic) la suma de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA
Y TRES MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VENTICINCO
CENTAVOS ($16.373.891.25) conforme al siguiente cuadro que se realiza
tomando como base la certificación expedida por la dirección ejecutiva de
administración judicial (…)’.

Teniendo en cuenta lo anterior, formuló el siguiente problema jurídico:

‘Esta sentencia se profiere en atención a lo dispuesto por el H. Consejo de
Estado, Sección Quinta, en fallo de fecha 10 de junio de 2021, en el que se
ordenó a este Tribunal que ‘… profiera nueva decisión con base en los
argumentos expuestos en la presente providencia …’.

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Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

El problema jurídico consiste en establecer si la ejecutada debe las sumas
pedidas en la demanda, por las cuales se solicitó librar y se libró mandamiento
de pago y se dictó sentencia o si, por el contrario, efectuó el pago total de la
obligación derivada de la sentencia que se aduce como título ejecutivo’.

Ahora bien, previo a estudiar el caso concreto, el tribunal se refirió a cada una
de las consideraciones expuestas en el fallo de tutela y para ello precisó que
lo ordenado por la Sección Quinta consistió en que se profiriera una nueva
sentencia ‘con base en los argumentos expuestos en la presente providencia’.

Al efecto, frente a lo señalado en el fallo de tutela consistente en que se
desconoció el precedente de la sentencia de unificación del 12 de septiembre
de 2014, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, y se
incurrió en defecto sustantivo, el tribunal explicó:

‘[…] Del análisis de los temas tratados se extraen las siguientes
CONCLUSIONES
La ratio decidenci de la sentencia de septiembre 12 de 2014 se puede sintetizar
de esta manera: El régimen pensional de la magistrada de Alta Corte
demandante no era el establecido en la Ley 4 de 1992, Dec. 1359 de 1993 y
normas complementarias, sino el establecido en el Decreto 546 de 1971 debido,
según se afirmó, a que estaba en el régimen de transición de la Ley 100 de
1993.
Por su parte, la ratio decidendi en la sentencia ejecutiva (de diciembre 16 de
2020) es la siguiente: No está acreditada una obligación clara, expresa y
exigible, en la medida en que de acuerdo con la liquidación detallada efectuada
por la Contadora del Tribunal, con el pago efectuado por la demandada se
satisfizo la obligación que tenía con la demandante, teniendo en cuenta además
que Colpensiones había pagado sumas en exceso y hecho descuentos por
aportes con destino al sistema de seguridad social, por valores inferiores a los
que legalmente correspondían.
En cuanto a la decisión de la demandada (en la Res. 172390 de 2013) de
acatar lo ordenado en la Sentencia C – 258 de 2013, en el sentido de fijar como
tope de la pensión 25 salarios mínimos, en caso de inconformidad de acuerdo
con la jurisprudencia constante del H. Consejo de Estado debió la actora
cuestionar judicialmente la Resolución 172390 de 2013, con el fin de que el juez
de la acción de nulidad y restablecimiento resolviera si el cumplimiento de la
aludida sentencia C – 258 se ajustaba o no al ordenamiento jurídico.
No se hizo objeción alguna a la liquidación efectuada por la Liquidadora
Contadora del Tribunal, según la cual no había deuda a favor de la actora,
sustento del fallo dictado el 16 de diciembre de 2020 por la Subsección B,
Sección Segunda del Tribunal.
La sentencia de septiembre de 12 de 2014:
• No es precedente en materia de régimen pensional de los magistrados de la
sala administrativa de consejo seccional, pues en dicho fallo de 12 – 09 – 14 se
ocupa del régimen pensional de una magistrada de Alta Corte.
(…)
• Ni siquiera es antecedente (anterior) del fallo proferido el 11 de marzo de 2011
por el Juzgado 23 Administrativo de Bogotá; éste no pudo tener como sustento
el de 12 – 09 -14.
• En el fallo de marzo 11 de 2011 el Juzgado 23 Administrativo no ordenó
que la mesada pensional de la demandante no tuviera el tope de 25
salarios mínimos.
(…)
• En el expediente de la tutela nro. 2021 00671 no obra prueba de que exista
decisión judicial mediante la cual se hubiera anulado la Resolución 172390 de
2013, expedidas por Colpensiones, por la cual se reliquidó la pensión de la
demandante con ocasión del retiro del servicio. Como no se han formulado
reparos por la vía judicial adecuada (la de nulidad y restablecimiento del
derecho) a la obligación allí reconocida y liquidada, dicha Resolución 172390
sigue surtiendo efectos.
En el fallo de tutela de junio 10 de 2021 se usan las mismas dos afirmaciones
para pretender sustentar todos los cargos (defectos) endilgados al fallo de

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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

diciembre 16 de 2020: a) Que se desconoció el precedente (desconocimiento
que, como antes se explicó, no existe) y b) Que en el fallo del ejecutivo se dijo
(se hizo la apreciación) que si se considera que la demandada se apartó de lo
decidido en la sentencia del Juzgado 23 de marzo 11 de 2011, en caso de estar
inconforme con tal decisión, podía demandarse(la) a través de la acción de
nulidad y restablecimiento. Esta presunta causal de vía de hecho no lo es en
realidad, por cuanto esa afirmación corresponde a la postura pacífica de la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado sobre la procedencia de demandar por
dicha vía judicial cuando so pretexto de cumplir un fallo judicial, se excede,
desborda el mismo o se adoptan decisiones diferentes.
Ahora, no existe esa presunta orden incumplida por Colpensiones pues, como
atrás se explicó, en la sentencia de marzo 11 de 2011 el Juzgado 23
Administrativo de Bogotá no ordenó que la mesada podría ser mayor a 25
salarios mínimos; es más nada dispuso sobre tope alguno de la mesada.
Como consecuencia de todo lo expuesto, la decisión que deba tomarse al
resolver la impugnación de la sentencia se sustenta en las siguientes premisas:
La sentencia de septiembre 12 de 2014 no es precedente vinculante para
proferir este fallo pues, de aplicarla, esta sentencia ejecutiva quedaría incursa
en causal de vía de hecho por abierto desconocimiento de la sentencia C 258
de 2013 y varias sentencias de unificación de la H. Corte Constitucional -los
verdaderos precedentes-.
El acto administrativo que debe tomarse como referente para establecer el valor
de la mesada pensional y, consecuencialmente, si hay o no deuda a cargo de la
demandada es la Resolución 172390 de 2013, expedida por Colpensiones, acto
administrativo que según lo que da cuenta el expediente, no ha sido anulado ni
suspendido y ni siquiera demandado, por lo que mantiene todos sus efectos.
Así las cosas, con esos presupuestos se procede al examen del caso concreto,
específicamente de las pretensiones, las excepciones y lo que el material
probatorio evidencia respecto de unas y otras, para obtener respuesta al
interrogante de si subsiste alguna deuda a favor de la demandante ya cargo de
la demandada’. (Se destaca)

Una vez abordó los argumentos expuestos en el fallo de tutela, continuó con el
análisis del caso concretó. Allí consideró:

‘CASO CONCRETO
La parte actora reclama de la jurisdicción ordenar el pago forzado de las
diferencias causadas entre lo que se le pagó por concepto de mesadas
pensionales y lo que, a su juicio, debió pagársele según lo ordenado en la
sentencia que se aduce como título ejecutivo, desde el 30 de noviembre de
2012 hasta el 31 de octubre de 2015, más los intereses moratorios causados
desde el 1 de noviembre de 2015 hasta que se efectúe el pago total de la
obligación.
En el expediente está probado lo siguiente:
Mediante Resolución nro. 026930 del 26 de junio de 2009, el Instituto de
Seguros Sociales – Seccional Cundinamarca reconoció pensión de jubilación a
la señora María Leonor Villamizar Corzo, en cuantía de $7.449.575 para el año
2009, cuyo ingreso a nómina de pensionados quedó en suspenso hasta que se
acreditara el retiro definitivo del servicio.
A través de la Resolución nro. 004658 del 17 de febrero de 2010, el ISS en
cumplimiento de un fallo de tutela reliquidó la pensión de jubilación, fijando la
mesada en $11.114.027, dejando en suspenso el ingreso a nómina de
pensionados hasta que se acreditara el retiro definitivo del servicio.
La señora María Leonor Villamizar Corzo, por intermedio de apoderado judicial,
instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó
ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación, de manera que fuera a igual
al 75% de la asignación mensual más elevada percibida en el último año de
servicio, incluyendo todos los factores salariales devengados en ese último año.
Mediante sentencia proferida el 11 de marzo de 2011 el Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la
demanda, ordenando reliquidar la pensión de jubilación de manera que fuera
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada, incluyendo todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios.

18

Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

A través de la Resolución nro. 31333 del 28 de septiembre de 2012 el ISS en
cumplimiento de la anterior sentencia reliquidó la pensión, quedando el valor de
la mesada en $14.720.390 a partir del año 2012; sin embargo, dejó en
suspenso el ingreso a nómina y el pago de la mesada pensional hasta tanto se
acreditara el retiro definitivo del servicio.
Mediante Resolución GNR 172390 del 5 de julio de 2013, ‘por la cual se incluye
en nomina (sic) una pensión de vejez’, COLPENSIONES reliquidó la pensión,
quedando la mesada en $14.720.390, efectiva a partir del 30 de noviembre de
2012, fecha en la cual se acreditó el retiro definitivo del servicio; también se
efectuó la liquidación del retroactivo el que arrojó un valor de $118.074.068. En
dicha resolución se señaló que el pagó ingresaría en nómina de julio de 2013 y
se pagaría en el período de agosto de2013.
Según el documento que se observa a folio 142 del expediente, el 2 de agosto
de 2013 Colpensiones le pagó a la señora María Leonor Villamizar Corzo el
valor de $131.083.630 por concepto de retroactivo.

SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS
(…)
• EXCEPCIÓN DE PAGO
En el caso de autos, se observa que el a quo mediante sentencia proferida en
audiencia el 6 de agosto de 2019, ordenó seguir adelante la ejecución por la
suma pedida en la demanda, sin haber efectuado liquidación que le permitiera
confrontar lo pagado por la entidad ejecutada, es decir, lo devengado por la
ejecutante en el periodo respecto del cual pretende la reliquidación de la
mesada,
incluido el retroactivo con las sumas que resulten del reajuste con los factores
salariales acreditados en el proceso y al final dilucidar si existía o no deuda a
favor de la ejecutante.
Sobre esta excepción se encuentra probado lo siguiente:
La entidad ejecutada, mediante Resolución GNR 172390 reliquidó la mesada
pensional de la parte ejecutante en cuantía de $14.720.390, efectiva a partir del
30 de noviembre de 2012 y calculó el retroactivo desde esa misma fecha hasta
el 30 de junio de 2013, arrojando el valor de $118.074.068. En ese mismo acto
administrativo, con fundamento en la sentencia C – 258 del 7 de mayo de
2013, dicha entidad redujo la mesada pensional a 25 salario mínimo
legales mensuales vigentes.
Como la entidad de previsión redujo las mesadas pensionales a 25 salarios
mínimos a partir del 1 de julio de 2013, se entiende que esa es una decisión
independiente del cumplimiento del fallo y, por ende, dicho acto en ese aparte
es demandable a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Ahora bien, el objetivo de la liquidación es clarificar si hay alguna duda a favor
de la parte ejecutante causada desde el 30 de noviembre de 2012 hasta el 30
de junio de 2013, este aspecto se resuelve con el ejercicio liquidatorio hecho
por la Contadora del Tribunal que en seguida aparece:
(…)
En el cuadro anterior se calculó el valor de la mesada pensional sin tener en
cuenta algún tope, la que equivale a $16.112.211,13 y también se calculó la
mesada pensional con el tope de 25 SMLMV, la que asciende a $14.167.500.
(…)
Según el cuadro anterior, la entidad ejecutada le pagó a la parte ejecutante las
mesadas pensionales causadas desde el 30 de noviembre de 2012 hasta el 30
de junio de 2013 pero por un valor mayor a los 25 SMLMV.
Respecto del pago efectuado mediante cheque girado a nombre de la señora
María Leonor Villamizar Corzo por valor de $131.083.635,67, se evidencia que
la entidad ejecutada solo le descontó la suma de $2.334.800 por concepto de
seguridad social y le incrementó la mesada pensional del mes de junio de 2013
en $13.009.586, cuando debió descontar el valor de $14.880.386,87 por
concepto de seguridad social y sumar la mesada pensional correcta del mes de
junio de 2013 ($12.674.250) (…).
(…)
En el cuadro anterior se evidencia que hay una diferencia de $12.880.904,87
que corresponde a lo que COLPENSIONES pagó en exceso a la ejecutante.

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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Así las cosas, si la entidad ejecutada pagó unas mesadas más altas y una
suma adicional, no hay deuda como tampoco hay causación de intereses
moratorios, es decir, la obligación quedó satisfecha por COLPENSIONES.
Por lo anterior, no le asiste razón al a quo cuando señala que la excepción de
pago no se encuentra probada pues, como se señaló anteriormente, la entidad
ejecutada sufragó el total de la obligación derivada del título ejecutivo. En
consecuencia, se declarará probada dicha excepción […]’.

Teniendo en cuenta lo señalado en precedencia, el despacho precisa lo
siguiente:

i) La orden que profirió la Sección Quinta de esta Corporación en el fallo de
tutela del 10 de junio de 2021 consistió, como se transcribió líneas atrás, en
que la Subsección B, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, debía proferir una nueva decisión ‘con base en los argumentos
expuestos en la presente providencia’.

(ii) Está acreditado que, en cumplimiento de lo anterior la Subsección B,
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la
sentencia del 26 de julio de 2021 en la que se refirió a los argumentos
expuestos en el fallo de tutela.

(iii) Para ello precisó que la parte ejecutada, atendiendo lo ordenado en la
sentencia del 11 de marzo de 2011, expidió la Resolución nro. 172390 de
2013, en el que fijó como tope de la pensión 25 SMLMV, de conformidad con
la sentencia C – 258 de 2013 y, en ese sentido, indicó que el citado fallo del 11
de marzo de 2011 ‘no ordenó que la mesada pensional de la demandante no
tuviera el tope de 25 salarios mínimos’.

(iv) Adicionalmente, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el fallo
de tutela sobre el defecto por desconocimiento del precedente, expuso que la
sentencia del 12 de septiembre de 2014 se profirió con posterioridad a la
providencia que constituye título ejecutivo, esto es, la emitida el 11 de marzo
de 2011.

(v) Así las cosas, el despacho considera que hay lugar a archivar el incidente
de desacato, puesto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya
cumplió con lo ordenado en el fallo de tutela, consistente en que se profiera
una nueva decisión con base en los argumentos allí expuestos, los cuales
tuvo en cuenta el tribunal, sin que ello implicara que la nueva providencia
resulte favorable a los intereses de la accionante.

Pues bien, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional precisó que la
acción de tutela procede, de manera excepcional, contra las decisiones proferidas
en un incidente de desacato, siempre que se pretenda obtener la protección de un
derecho fundamental vulnerado en el trámite incidental y que se cumplan los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Posteriormente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional ahondó
sobre las condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato
y precisó que debían cumplirse los siguientes requisitos:

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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

i) “La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es
decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado
el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–”.

ii) “Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos)”.

iii) “Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio”.

Dado que en el presente asunto se cumplen los referidos requisitos, la Subsección
procede a verificar si se configuran los defectos alegados por la tutelante.

2.1. Defecto orgánico

Se alegó que se configuró este defecto porque la decisión de archivar el incidente
de desacato promovido por la ahora tutelante contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, se adoptó mediante auto de
ponente y no de la Sala.

Los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 establecen que el accionante,
dentro de la acción de tutela, cuenta con dos mecanismos que puede utilizar
simultánea o sucesivamente ante el incumplimiento de la orden emitida en el fallo
proferido en su caso, a saber: el trámite de cumplimiento y el incidente de
desacato. Este último, además de buscar el cumplimiento de la decisión, estudia
la posibilidad de que sea sancionada la persona que debió cumplir dicha orden y
no lo hizo.

En línea con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, “de
acuerdo con una interpretación sistemática de dicho decreto”, cualquier solicitud

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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

relacionada con el cumplimiento de un fallo de tutela y la apertura de un incidente
debe ser tramitada ante el juez que conoció la tutela en primera instancia9.

Por su parte, se tiene que el artículo 410 del Decreto 306 de 1992 “por medio del
cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”, señala que “para la interpretación
de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto
2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento
Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto”.

A su vez, el artículo 35 del Código General del Proceso -legislación actual-
consagra:

9
En Auto 460 de 30 de noviembre de 2020. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas, se expuso que
“existen cuatro razones constitucionales que sirven de sustento a esa aseveración”:
i) La plena eficacia de la garantía procesal del grado jurisdiccional de consulta. Según el inciso
segundo del artículo 52 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, cuando el trámite incidental por
desacato concluya con la sanción al incumplido, el auto mediante el cual se impone debe ser sometido
al grado jurisdiccional de consulta, que se surte ante el respectivo superior jerárquico. Siendo así, a fin
de garantizar que en cualquier situación se pueda surtir este mecanismo de control, el competente
para conocer del desacato debe ser el juez que tramitó la primera instancia.
(ii) La necesidad de garantizar la igualdad en las reglas de competencia. Una interpretación
estrictamente gramatical de la expresión ‘la sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite
incidental’ contenida en el artículo 52 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, permitiría concluir que en
ocasiones la autoridad competente para conocer el incidente de desacato sería el juez de segunda
instancia, o incluso la Corte Constitucional. Sin embargo, esta Corporación ha sostenido que dicha
interpretación desconoce el principio de igualdad en los procedimientos y afecta la seguridad jurídica,
en tanto al permitir que sean las particularidades del caso las que determinen cuál es la autoridad
judicial competente se estaría estableciendo un trato diferenciado a las partes en los procesos de
tutela. Por esa razón, en todos los casos debe entenderse que el juez competente es el que conoció de
la acción de tutela en primera instancia.
(iii) El poder de irradiación del principio de inmediación en el trámite de tutela. Según este principio el
juez está en la obligación de sustanciar, en la medida de lo posible, personal y directamente el trámite
de tutela, así como practicar las pruebas pertinentes y verificar el cumplimiento de sus providencias. Esto significa que el juez debe vincularse activamente con todos los trámites que cursen en su
despacho sobre asuntos de tutela. De entender que el juez competente para conocer el incidente de
desacato o el cumplimiento de la sentencia es el de segunda instancia o la Corte Constitucional, la
autoridad que eventualmente conocería del grado de consulta sería una que hasta el momento ha sido
ajena totalmente al trámite de la tutela. Por el contrario, radicar la competencia en el juez de primera
instancia garantiza la inmediación en el trámite de la acción de tutela, no solo durante el trámite del
desacato, sino también en aquel que se debe surtir en grado de consulta.
(iv) La interpretación sistemática del Decreto estatutario 2591 de 1991 en lo que tiene que ver con las
funciones del juez de primera instancia. El artículo 27 del decreto, que trata sobre los poderes
disciplinarios del juez de tutela y su deber constitucional de garantizar el cumplimiento de los fallos de
tutela, se encuentra ubicado en el conjunto de disposiciones que regulan el trámite de esa acción en
primera instancia. Por otro lado, el artículo 36 de dicho estatuto establece que la Corte, después de
surtir el trámite de revisión, debe remitir los expedientes y las sentencias proferidas a los jueces de
primera instancia con el fin de que estos notifiquen la decisión y adopten las medidas necesarias para
adecuar el fallo a lo decidido por la Corporación. 10
“ARTÍCULO 4o. DE LOS PRINCIPIOS APLICABLES PARA INTERPRETAR EL
PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL DECRETO 2591 DE 1991.

Para la interpretación de las
disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no
sean contrarios a dicho Decreto.
“Cuando el juez considere necesario oír a aquél contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y
dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinde declaración por medio de certificación
jurada, el juez solicitará la respectiva certificación”. 22

Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

ARTÍCULO 35. ATRIBUCIONES DE LAS SALAS DE DECISIÓN Y DEL
MAGISTRADO SUSTANCIADOR. Corresponde a las salas de decisión dictar las
sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de
liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la
oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado
sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de
decisión.

Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la sala o por el magistrado
sustanciador, no admiten recurso.

A solicitud del magistrado sustanciador, la sala plena especializada o única podrá
decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se
trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o
establecer un precedente judicial (se destaca).

En ese contexto, la Subsección concluye que no se incurrió en el defecto orgánico
alegado, toda vez que el magistrado sustanciador es el competente para proferir el
auto cuestionado sin necesidad de la intervención de los demás integrantes de la
Sección Primera del Consejo de Estado, habida cuenta de que la decisión de
archivar el trámite incidental no se encuentra dentro de las providencias que
corresponde adoptar a la sala de decisión, según el artículo 35 del CGP, aplicable
por remisión expresa del artículo 4 del Decreto 306 de 1992.

2.2. Decisión sin motivación

La tutelante también predica que se incurrió en una decisión sin motivación
–también se alegó la configuración de un defecto sustantivo y la violación directa
de la Constitución fundamentados en los mismos argumentos–, porque la Sección
Primera del Consejo de Estado dispuso el archivo del trámite incidental sin
exponer, de manera suficiente, las razones por las que consideró que se había
dado cumplimiento a la orden de tutela.

Para la Subsección no hay lugar a predicar dicho defecto –el que se configura por
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional11–, pues basta con revisar
la decisión cuestionada para establecer, sin mayor hesitación, que la autoridad
judicial accionada expuso, de manera clara y amplia, las razones por las que
consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, no incumplió la orden de tutela contenida en el fallo de 10 de junio

11
Sentencia T-041 de 16 de febrero de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

de 2021 y que, por ende, debía archivarse el incidente de desacato promovido por
la señora Villamizar Corzo.

En efecto, se tiene que en la providencia cuestionada, la autoridad judicial
accionada -con el fin de establecer si había lugar o no a tramitar el incidente de
desacato- señaló que en fallo de tutela de 10 de junio de 2021, la Sección Quinta
del Consejo de Estado consideró que, al proferir la sentencia de 16 de diciembre
de 2020 -en el proceso ejecutivo promovido por la tutelante contra Colpensiones-,
la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente y violación
directa a la Constitución y, por ende, le ordenó proferir una “nueva decisión con
base en los argumentos expuestos en la presente providencia dentro de los 15
días siguientes al recibo de la notificación de esta”.

A su vez, señaló que, mediante sentencia de 26 de julio de 2021, dicho tribunal
dictó la sentencia de reemplazo y, en ese sentido, procedió a verificar si cumplió
con las directrices o lineamientos trazados por el juez de tutela -Sección Quinta
del Consejo de Estado-.

En ese sentido, realizó un recuento de las pretensiones y de los hechos en los que
se fundamentó la demanda ejecutiva -que dio origen a la acción de tutela y al
incidente fundamento de la presente actuación- y del problema jurídico, el que, en
atención al fallo de tutela, delimitó en los siguientes términos:

El problema jurídico consiste en establecer si la ejecutada debe las sumas
pedidas en la demanda, por las cuales se solicitó librar y se libró mandamiento
de pago y se dictó sentencia o si, por el contrario, efectuó el pago total de la
obligación derivada de la sentencia que se aduce como título ejecutivo.

La autoridad judicial accionada también constató que en el fallo de reemplazo se
hizo alusión a las consideraciones por las que la Sección Quinta del Consejo de
Estado accedió al amparo solicitado y se concluyó que la orden de amparo era
dictar una nueva decisión con base en los argumentos expuestos en esa
providencia y que así lo efectuó.

Otra cosa es que, luego del respectivo análisis frente a las consideraciones del

24

Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

fallo de tutela12, la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca decidiera -al igual que ocurrió en el fallo que se dejó sin efectos-
“no seguir adelante la ejecución contra la Administradora Colombiana de
Pensiones”.

En ese contexto, la Sala estima que la Sección Primera del Consejo de Estado
-competente para verificar el cumplimiento del fallo como juez de primera
instancia- sí verificó y expuso las razones por las que consideró que no hubo
incumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela del 10 de junio de 2020.

Conviene mencionar que por el hecho de que no se concluyera -como lo pretende
la tutelante- que al mantener el sentido de la decisión inicial (la que quedó sin
validez) existe un incumplimiento de la orden de tutela, no se puede predicar que
la labor de la Sección Primera del Consejo de Estado y, por ende, la decisión
fueron contrarias a derecho y menos aun cuando se trata de una providencia
dictada por una alta corte, en la que, tal como lo estableció la Corte Constitucional
en sentencia SU-573 de 2017, debe existir “la configuración de una anomalía de
tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”.

Por lo anterior, se concluye que la Sección Primera del Consejo de Estado sí
motivó la decisión de archivar el trámite incidental en debida forma y que por el
hecho de que la señora María Leonor Villamizar Corzo no se encuentra de
acuerdo con sus planteamientos no puede alegarse la existencia de una decisión
sin motivación, pues, como lo ha establecido la Corte Constitucional13:

… la ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con
el razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto,
porque el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de
tutela se inmiscuya en meras controversias interpretativas. Su competencia,
ha dicho la Corte, ‘se activa únicamente en los casos específicos en que la
falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de
voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad’.
12
Que lo llevó a concluir:
“La sentencia de septiembre 12 de 2014 no es precedente vinculante para proferir este fallo pues, de
aplicarla, esta sentencia ejecutiva quedaría incursa en causal de vía de hecho por abierto
desconocimiento de la sentencia C - 258 de 2013 y varias sentencias de unificación de la H. Corte
Constitucional -los verdaderos precedentes-.
El acto administrativo que debe tomarse como referente para establecer el valor de la mesada
pensional y, consecuencialmente, si hay o no deuda a cargo de la demandada es la Resolución
172390 de 2013, expedida por Colpensiones, acto administrativo que según lo que da cuenta el
expediente, no ha sido anulado ni suspendido y ni siquiera demandado, por lo que mantiene todos sus
efectos”.
13
Sentencia T-041 de 16 de febrero de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación número: 110010315000202200397 01
Accionante: María Leonor Villamizar Corzo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Así las cosas, la Subsección confirmará la decisión de primera instancia, toda vez
que en la providencia del 22 de octubre de 2021 no se configuraron los defectos
alegados y que la determinación de archivar el incidente de desacato promovido
por la ahora tutelante contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, devino de un análisis con una carga argumentativa válida
y razonable, propia de la autonomía del operador judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de junio de 2022, por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con las
razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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