RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-00407-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00407-00

Fecha
26 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00407-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020), dentro del proceso de proceso de nulidad simple No. 15001-23-31-000-2012- 00238-01 (23936). 41 Esta norma era la que se encontraba vigente al momento de la interposición del recurso: “Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.L.M.V.” 24 Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00 Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente por concepto de agencias en derecho a la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv), en favor de la parte contraria que intervino en el proceso, esto es, del Municipio de Puerto Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 y 255 del CPACA, y 365 y 366 del CGP.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-00407-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

26 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 16

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: MARGARITA DIANA SALAS SÁNCHEZ
Asunto: Causal 5° del artículo 250 del CPACA - nulidad originada en la
sentencia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado
contra la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el
diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020), dentro del proceso de nulidad
simple No. 15001-23-31-000-2012-00238-01 (23936).

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad simple (15001-23-31-
000-2012-00238-01).

1.1. El treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), la abogada Margarita
Diana Salas Sánchez presentó demanda de nulidad simple contra el artículo 4º del
Acuerdo No. 023 de veintinueve (29) de diciembre de dos mil cuatro (2004), “[p]or
medio del cual se modifican los acuerdos 083 de 1996, 052 de 1997, 051 de 1999,
034 de 2002 y se dictan otras disposiciones en materia de rentas municipales”,
expedido por el Concejo Municipal de Puerto Boyacá, mediante el cual se fijó como
hecho generador del impuesto de industria y comercio (ICA), entre otros, las
actividades de extracción, transformación de hidrocarburos y gas, sus derivados y
similares1.

1 Índice 2 de SAMAI, documento descrito como “ED_ANEXOI(.pdf) NroActua 2”. La norma
demandada establecía: “Artículo 4°. Modifíquese el artículo tercero del acuerdo 052 de 1997, el cual
quedará de la siguiente forma: Artículo 3°.- Impuesto de Industria y Comercio. // Hecho Generador.
1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

Como sustento de su demanda, la accionante invocó como normas vulneradas los
artículos 150.12, 287, 313 y 338 de la Constitución Política, 16 del Decreto 1056 de
1953 (Código de Petróleos) y 27 de la Ley 141 de 1994 (régimen de regalías), pues,
según afirmó, existe una prohibición general y absoluta que impide que las
entidades territoriales graven la exploración y explotación de hidrocarburos, gas,
sus derivados y similares; además, alegó la extralimitación en el ejercicio de la
potestad tributaria otorgada a dichas entidades y la inobservancia de la
jurisprudencia del Consejo de Estado referida a la alegada prohibición, la cual,
según indicó, conforme al artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 constituía “doctrina
probable” que se tornaba obligatoria para resolver el caso concreto.

1.2. Mediante sentencia de veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), el
Tribunal Administrativo de Boyacá declaró “la nulidad parcial del artículo cuarto del
Acuerdo No. 023 de 29 de diciembre de 2004 proferido por el Concejo Municipal de
Puerto Boyacá, particularmente en cuanto fijó como hecho generador del impuesto
de industria y comercio las actividades de ‘105. Extracción, transformación de
hidrocarburos sus derivados y similares’ y ‘107. Extracción, transformación de Gas
y sus derivados’.”2.

Para el Tribunal, dicha norma desconocía la prohibición fijada en los artículos 16 del
Decreto 1056 de 1953 y 27 de la Ley 141 de 1994, que impide a las entidades
territoriales gravar la exploración y explotación del petróleo, el gas, sus derivados y
similares3.

Está constituido en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades que se ejerzan,
comerciales e industriales o de servicio en el Municipio de Puerto Boyacá, directa y/o indirectamente
por personas naturales o jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma
permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.
Tarifas Industriales:
Código Actividad Tarifa
105 Extracción, transformación de hidrocarburos y sus 7 x mil
derivados
107 Extracción, transformación de gas y sus derivados 7 x mil

2 Índice 2 de SAMAI, documento descrito como “ED_ANEXOK(.pdf) NroActua 2”.
3 El artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 establece: “ARTÍCULO 16. La exploración y explotación

del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados y su transporte, las maquinarias y demás
elementos que se necesitaren para su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías
y oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos
o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial. (…)”. Por su parte, el artículo 27 de la Ley 141 de
1994 dispone: “ARTÍCULO 27. PROHIBICIÓN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Salvo las
previsiones contenidas en las normas legales vigentes, las entidades territoriales no podrán
establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de los recursos naturales no renovables.”.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

1.3. Apelada esta decisión por la entidad demandada, el diecisiete (17) de
septiembre de dos mil veinte (2020) la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó
la sentencia de primera instancia, al considerar que no se incurrió en la violación de
las normas superiores aducidas en la demanda.

Para empezar, la Sala precisó que, si bien la norma acusada había sido derogada
por el Acuerdo Municipal 023 de 2016, Estatuto Tributario de Puerto Boyacá,
adelantaría el estudio de legalidad teniendo en cuenta que mientras estuvo vigente
produjo efectos jurídicos y que la finalidad del medio de control que se ejerció
consiste en la protección del ordenamiento jurídico en abstracto.

Establecido lo anterior, la autoridad de segunda instancia indicó que la exención del
ICA sobre las actividades de extracción y transformación de hidrocarburos, gas, sus
derivados y similares, prevista en el artículo 16 del Código de Petróleos y
“reafirmada mediante la Ley 141 de 1994, no es de carácter absoluto, toda vez que
por cuenta de la Ley 14 de 1983 derivó en una «exención condicional» (…) en el
sentido de que los ingresos originados en actividades de explotación de canteras y
minas, diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, pueden ser gravados con
el referido tributo cuando el valor a que tenga derecho la jurisdicción municipal por
concepto de regalías sea inferior al monto correspondiente a la cuota liquidada por
concepto de ICA; de modo que, tanto el cobro del impuesto como de las regalías
coexisten. Pero, en caso de que lo que se pague por regalías sea igual o superior
al ICA causado en la jurisdicción municipal, el ingreso percibido por el sujeto pasivo
por la realización de dichas actividades estará exento del impuesto”.

En ese sentido, sostuvo que lo previsto en el ordinal c) del numeral 2° del artículo
39 de la Ley 14 de 1983 constituía una excepción a la regla general contenida en el
artículo 16 del Código de Petróleos, relacionada con la posibilidad de gravar la
actividad de exploración y explotación de hidrocarburos y gas con el impuesto de
industria y comercio, disposición que fue declarada exequible mediante sentencia
C-335 de 1996.

Así, explicó que aunque en sentencia de 26 de septiembre de 2011 (radicación
18213) la Sección Cuarta se había apartado de la línea jurisprudencial previa que
aplicaba la exención condicional, para afirmar que en ningún caso los municipios
podían gravar la explotación de hidrocarburos, los fundamentos jurídicos esgrimidos
en ese fallo habían desaparecido, “porque se estableció que, por las normas

3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

posteriores a dicha codificación, la exención debatida no tenía un carácter absoluto”,
posición que fue avalada por la Corte Constitucional en las sentencias C-669 de
2002 y C-1071 de 2003, en las que se precisó que los cobros por regalías y por el
impuesto a la explotación de recursos no renovables, son compatibles y pueden
coexistir4.

Así, la Sala precisó que “en el artículo 16 del Código de Petróleos se encuentra una
exención general, pero que de modo particular, en cuanto se refiere al impuesto de
industria y comercio, el legislador estableció una exención en la letra c. del ordinal
2° del artículo 39, de la Ley 14 de 1983. En consecuencia, para juzgar la juridicidad
de normas municipales que gravan con el ICA la actividad de explotación de
hidrocarburos y gas, el parámetro de legalidad no está dado por el Código de
Petróleos como lo pretende la demandante, sino por el artículo 39 de la Ley 14 de
1983 (codificado en el artículo 259 del Decreto Ley 1333 de 1986), esto, en atención
a que es una ley posterior que regula de manera especial la exención respecto del
impuesto de industria y comercio, cuyo alcance normativo es respetado por el
artículo 27 de la Ley 141 de 1994. // Es por ello que la Sala considera que, con
fundamento en la citada norma de la Ley 14 de 1983, los municipios se encuentran
facultados para gravar la explotación de canteras y minas (diferentes de sal,
esmeraldas y metales preciosos), pero deben abstenerse de realizar el cobro del
impuesto cuando las regalías a que tenga derecho la entidad territorial sean iguales
o superiores a lo que correspondería pagar por concepto de ICA. Esta norma de
exención es la que no puede ser transgredida por el gravamen establecido en las
disposiciones acusadas, sin embargo, dada la naturaleza del supuesto de hecho de
la exención, tal presupuesto fáctico solo puede verificarse en casos particulares, sin
que de ello derive una ilegalidad de las normas acusadas.”.

Con base en lo anterior, concluyó que las normas acusadas no vulneraban las
disposiciones superiores alegadas por la demandante.

4 “Artículo 259º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, continuarán vigentes: (…) 2. Las

prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904. Además, subsisten para los Departamentos y
Municipios las siguientes prohibiciones:
(…) c) La de gravar con el impuesto de industria y comercio la explotación de canteras y minas
diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las regalías o participaciones para el
Municipio sean iguales o superiores a lo que corresponderá pagar por concepto del impuesto de
industria y comercio; (…)”. Artículo declarado exequible con la sentencia C-335 de 1996.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

Finalmente, frente al argumento esgrimido por la demandante según el cual, de
conformidad con el artículo 114 de la Ley 1395 de 20105, el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado referido a que las entidades territoriales no
pueden gravar la explotación de los recursos naturales no renovables, constituye
“doctrina probable”, la Sección indicó que la citada norma “incorpora en su
presupuesto normativo un sujeto calificado para su aplicación, esto es, entidades
públicas de cualquier orden que se encarguen de las actividades referidas, y cuya
función consiste en la absolución de peticiones o la expedición de actos
administrativos, no en la resolución de asuntos judiciales. Por lo dicho, dicha norma
no está dirigida a los organismos jurisdiccionales, que se encuentran sometidas
únicamente a la Constitución y a la ley, como fue expresado por la Corte
Constitucional en sentencia C-539 de 2001 (…).”6.

1.4. El trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020) la demandante solicitó la
adición y aclaración de la sentencia, solicitud que fue negada mediante providencia
de tres (3) de diciembre de la misma anualidad7.

2. El recurso extraordinario de revisión

El diecisiete (17) de enero de dos mil veintidós (2022)8, la señora Margarita Diana
Salas Sánchez, actuando en nombre propio y representándose judicialmente a sí
misma, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de diecisiete
(17) de septiembre de dos mil veinte (2020) proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado9, alegando la materialización de la causal de revisión prevista
en el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, “[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”,
lo cual sustentó en tres razones:

5 “ARTÍCULO 114. Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar
pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o
comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos,
conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de
actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria
o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco
o más casos análogos”.
6 Índice 2 de SAMAI, documento descrito como “ED_ANEXOC(.pdf) NroActua 2”.
7 Índice 2 de SAMAI, documento descrito como “ED_ANEXON(.pdf) NroActua 2”.
8 Índice 2 SAMAI, documento descrito como “ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) Nro Actua 2”.
9 Índice 2 SAMAI, documento descrito como “ED_MARGARITASALASRE(.pdf) NroA ctua 2”.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

i) La configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 133.2 del
Código General del Proceso (CGP), la cual opera “[c]uando el juez procede
contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia”;
ii) La falta de modulación de los efectos de la sentencia con la que se cambió
de posición jurisprudencial y,
iii) La violación del derecho al debido proceso.

Respecto a lo primero, de acuerdo con la recurrente “la sentencia del 17 de
septiembre de 2020 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado (Anexo
C) procedió en contra de los parámetros establecidos en las sentencias C-669 de
2002 y C-1071 de 2003 de la Corte Constitucional (Anexo D), los cuales en forma
clara y expresa, tal y como se explicó y probó en los anteriores hechos B y C,
establecieron que el Congreso de la República deberá expedir una nueva ley que
autorice y reglamente el cobro de ICA en las actividades de explotación de recursos
naturales no renovables de hidrocarburos, todo lo cual indica que el literal C del
ordinal 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 invocado como fundamento de la
sentencia por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado cuya revisión se
solicita en esta oportunidad no es la ley que autorice y reglamente esta ley”. En ese
sentido, sostiene que se desconoció el precedente constitucional, que prevalece
frente al de otras jurisdicciones, de conformidad con el cual la facultad de imponer
tributos a la explotación de recursos naturales no renovables se encuentra en
cabeza del Congreso de la República.

Además, afirma que la Sección Cuarta del Consejo de Estado “legisló” al declarar
la legalidad del aparte acusado, bajo una interpretación equívoca de las sentencias
C-669 de 2002 y C-1071 de 2003, ya que, si bien en ellas se determinó que el
Congreso de la República podía establecer, mediante ley, el cobro de impuestos
paralelamente al cobro de regalías, hasta el momento ello no ha ocurrido y las
distintas iniciativas legislativas que se han promovido para esos efectos, han sido
finalmente archivadas. En este punto, aduce, además, que en la sentencia
impugnada se desconoció que “el artículo 27 de la Ley 141 de 1994 indicó
expresamente que las entidades territoriales no podrán establecer ningún tipo de
gravamen a la explotación de recursos naturales no renovables, luego no es cierto
ni es adecuado inferir que este artículo acepte y sea compatible con el mandato de
la letra c del ordinal 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983”.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

En cuanto al segundo reproche, indica que si bien el Consejo de Estado puede
cambiar su posición jurisprudencial, debe modular sus efectos para no generar un
escenario de inseguridad jurídica en los contribuyentes, quienes quedaron
“expuestos a la imposición de sanciones y pago de intereses moratorios, a pesar de
haber actuado de acuerdo con la posición de una alta Corte”, razón por la cual la
sentencia impugnada debió tener efectos prospectivos a fin de respetar el principio
de confianza legítima y el derecho a la igualdad entre los contribuyentes.

Finalmente, en lo que respecta a la violación al debido proceso, la recurrente señala
que la providencia objeto de revisión desatendió el principio de legalidad, lo cual
explicó en los siguientes términos:

“El derecho al debido proceso se vulnera con la sentencia proferida por
varias razones, así:

1. Desconoce el derecho a la igualdad de acuerdo con lo expuesto en el
capítulo anterior. El derecho a la igualdad es una de las garantías inherentes
al derecho al debido proceso.

2. Se desconoce la seguridad jurídica, según lo expuesto anteriormente.

3. El Consejo de Estado justifica el cambio de su posición indicando que está
acogiendo la interpretación de la Corte Constitucional consistente en
considerar que son compatibles las regalías y el impuesto de industria y
comercio y que en la Ley 141 de 1994 se reguló la forma de pagar las
regalías.

Esta interpretación tiene dos errores de fondo que generan una ilegalidad
violatoria del principio de legalidad inmerso en el derecho al debido proceso:

a) La Ley 141 de 1994 fue modificada por la Ley 1530 de 2012 que
modificó el régimen de regalías y su forma de pago. En consecuencia,
cualquier interpretación que se hiciera tenía que tener en cuenta dicha
modificación y no simplemente limitarse a citar una norma modificada.
b) La Sección Cuarta del Consejo de Estado se atribuyó una potestad
legislativa porque el Congreso había desgravado la actividad y frente a
lo que ya se había pronunciado manifestando expresamente que: (i)
Desde el 2002 había desgravado la actividad; (ii) Que decidía mantener
la desgravación de la actividad. En consecuencia, no hay ninguna norma
habilitante que permita entender como sujeta la actividad y por lo tanto
se tiene que la sentencia viola el principio de legalidad al no existir ningún
sustento legal.”

Con fundamento en estas alegaciones, solicita que se declare la nulidad de la
sentencia acusada y que se devuelva el proceso para que se dicte una nueva
providencia o se rehaga lo actuado, según corresponda.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

3. Trámite del recurso y oposición

3.1. Por auto de diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022) el Despacho
admitió el recurso y ordenó la notificación personal de quienes habían fungido como
demandados dentro del proceso ordinario de nulidad, así como del Ministerio
Público10.

3.2. Durante el término de traslado, el cinco (5) de abril de dos mil veintidós (2022),
el Municipio de Puerto Boyacá presentó escrito oponiéndose a su prosperidad.

En primer lugar, sostuvo que no se configura la causal de nulidad de la sentencia
prevista en el artículo 133.2 del CGP, pues en las sentencias C-669 de 2002 y C-
1071 de 2003 se estableció “la coexistencia entre impuestos y regalías, concluyendo
que constitucionalmente es compatible el cobro de impuestos a la explotación de
recursos no renovables, junto con el cobro de regalías”11. Además, precisó que no
es cierto que en esas providencias se haya exhortado al Congreso de la República
a legislar sobre el ICA en las actividades de explotación de recursos naturales no
renovables de hidrocarburos.

De otra parte, sostiene que “es falso el argumento del recurrente al afirmar que:
‘desde el año 2002 no existe ninguna ley que facultara a los municipios para el cobro
del impuesto de industria y comercio a las actividades de explotación de recursos
naturales no renovables de hidrocarburos’”, ya que el ordinal c) del numeral 2º del
artículo 39 de la Ley 14 de 1983 ⎯que no puede entenderse derogado por la Ley
756 de 2002⎯, así lo permite, según lo precisó la Corte Constitucional en sentencia
C-567 de 1995, cuando la regalía resulta ser inferior a lo que correspondería pagar
por concepto de ICA.

3.3. A su turno, el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió el
concepto No. 22-104 de siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022), solicitando
que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión12.

Para el agente del Ministerio Público, el fallo impugnado sí tuvo en cuenta las
sentencias C-669 de 2002 y C-1071 de 2003 de la Corte Constitucional, pues, de

10 Índice 4 de SAMAI.
11 Índice 11 de SAMAI, documento descrito como “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CONTESTACIONRECURSO(.pd f) NroActua 11”.
12 Índice 12 de SAMAI.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

hecho, “el cambio de línea jurisprudencial se hizo precisamente teniendo en cuenta
las decisiones de la Corte Constitucional, en donde en un principio se aplicaba su
tesis inicial de la que no era posible gravar con el cobro de regalías y con impuesto
de industria y comercio la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos;
no obstante, en pronunciamientos posteriores, la misma Corte Constitucional
determinó que el cobro de regalías y de impuestos pueden coexistir,
correspondiéndole al legislador determinar las políticas aplicables para determinar
la imposición de ambos”; en ese sentido, consideró justificado el cambio de postura
jurisprudencial que asumió la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Además, sostuvo que si bien es cierto que es el legislador el que debe regular la
forma en que se implementará el cobro de regalías y de impuestos para la
explotación de recursos naturales no renovables, ya existe un marco normativo que
habilita a los municipios para efectuar el cobro de ICA respecto de tales actividades,
solo que con la exigencia de respetar la condición de que, en el evento en que el
monto que reciben por concepto de regalías sea igual o superior a lo percibido por
concepto de ICA, no pueden proceder con dicho cobro.

Por último, adujo que no se presentó violación al debido proceso, toda vez que la
demanda de nulidad versó sobre un acuerdo municipal que mantuvo incólume su
presunción de legalidad, produciendo efectos que sus destinatarios conocieron
desde su expedición, de manera que no se explica por qué debían entonces
modularse los efectos de la decisión impugnada.

3.4. Por auto de treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022) el Despacho
decretó como pruebas del proceso las documentales aportadas con el recurso
extraordinario de las cuales se corrió traslado a las partes sin que se efectuara
observación alguna13.

3.5. El trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022), el proceso entró al Despacho
para adoptar la decisión que en derecho corresponda14.

13 Índice 14 de SAMAI. Las pruebas documentales decretadas fueron la demanda de nulidad simple,

las sentencias de primera y segunda instancia, la solicitud de adición y aclaración de la sentencia y
el auto que la resolvió, las sentencias C-669 de 2002 y C-1071 de 2003 de la Corte Constitucional,
el Acuerdo No. 023 de 29 de diciembre de 2004, proferido por el Concejo Municipal de Puerto Boyacá
(Boyacá), las Gacetas del Congreso No. 462 y 665 de 2010, No. 135 y 500 de 2013 y No. 1196 de
2020, y un recorte de prensa sobre el trámite del proyecto de ley No. 004 de 2012 surtido ante la
Cámara de Representantes.
14 Índice 20 de SAMAI.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Especial de Decisión No. 16 es competente para tramitar y decidir el
presente recurso extraordinario de revisión, en los términos del inciso primero del
artículo 249 del CPACA15, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del
artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento Interno de la Corporaciónꟷ16, por
tratarse de un recurso contra una sentencia dictada por una Sección del Consejo de
Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida el diecisiete (17) de
septiembre de dos mil veinte (2020) por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
dentro del proceso de nulidad simple No. 15001-23-31-000-2012-00238-01 (23936),
se encuentra incursa en la causal 5ª de revisión contemplada en el artículo 250 del
CPACA, esta es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y con la causal señalada por
la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.

3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las diferentes
jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable y de cosa
juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento
de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia
es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional al concluir que se trata
de un mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico

15 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por

las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
16 “ARTÍCULO 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de

competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: // 1. Los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la
Constitución”17.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico18, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley19. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este
recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los
jueces administrativos.

Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la
sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una
instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los
yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas
o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario20.

Adicionalmente, como es un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de
este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que “[c]omo dicho recurso
afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones
que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional,
restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la ley,
con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”21 (Se resalta).

17 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-090 de 1998.
18 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que “Con todo, el

principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la
cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este
sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para
evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de
la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013,

radicado 11001-03-15-000-2012-00231-00.
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 27, sentencia del 3 de diciembre de 2019,

radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00 (REV).
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,

radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
11

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.

4. La causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.”

De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda,
de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro,
que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el
legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha
configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del
Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición22.

Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”23.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar: i) que el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que
se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalía es
de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que,
de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta24.

22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado

11001-03-15-000-2017-02519-00.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019,

radicado 11001-33-31-035-2008-00180-01.
24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado

11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
12

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por
regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia’”25. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la
sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente,
evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la
posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.

En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos
los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de
la sentencia26: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal
de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el
segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 Superior27.

El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código
General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 28, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan al

del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-
00894-00.
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado

11001-03-15-000-2015-02493-00.
26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado

11001-03-15-000-1998-00157-01; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia
del 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-
02342-00, y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 2, sentencia del 1° de noviembre de
2019, radicado 11001-03-15-000-2013-02216-00.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado

11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No.
11001-03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida
por la Sala Especial de Decisión N° 10, radicado 11001-03-15-000-2012-00230-00.
28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019,

radicado 11001-03-15-000-2018-01415-00.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación de
una determinada norma.

Así, según la jurisprudencia de esta Corporación29 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede
acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que
terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido
o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece
firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un
número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio
de non reformatio in pejus; iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte
dentro del proceso; v) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de
jurisdicción; vi) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias
procesales previas; vii) cuando el demandado es condenado por cantidad superior
o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la
invocada en ésta; viii) cuando la sentencia carece totalmente de motivación, o ix)
cuando la sentencia carece de congruencia interna o externa.

En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de
que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un lado,
que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el
recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad
procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con
implicaciones graves en la garantía del debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar el
asunto sub examine.

5. Caso concreto

29 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 5, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado

11001-03-15-000-2009-00494-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de abril de 2015, radicado 2008-35319-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26,
sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-
04345-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de noviembre de
2019, radicado 11001-03-25-000-2013-00233-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 24 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2014-00325-00,
y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2019-00894-00.
14

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

Conforme con lo explicado en el acápite que precede, corresponde establecer si en
la situación objeto de estudio se materializan los supuestos para la procedencia de
la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para empezar, es claro que la sentencia de diecisiete (17) de septiembre de dos mil
veinte (2020) no era pasible del recurso de apelación porque esta decisión se
produjo, precisamente, al resolver la alzada formulada por la parte demandada
dentro de un proceso de nulidad simple, surtiendo así las instancias que previó la
ley para ese medio de control.

Ahora bien, como se reseñó, son tres las razones o motivos de nulidad alegados
por la parte recurrente que, según su dicho, se habrían materializado al momento
de expedir la sentencia acusada:

i) La configuración de la causal de nulidad procesal prevista en el numeral
2° del artículo 133 del Código General del Proceso;
ii) La falta de modulación de los efectos de la sentencia, al haberse
modificado la posición jurisprudencial imperante hasta el momento, y
iii) La violación al debido proceso.

Pasa la Sala a examinar cada uno de estos reproches.

a) Sobre la causal de nulidad prevista en el artículo 133.2 del CGP

Afirma la recurrente que se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 2
del artículo 133 del CGP ⎯de acuerdo con la cual el proceso es nulo, en todo o en
parte, “[c]uando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive
un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva
instancia”⎯, pues, según afirma, la Sección Cuarta del Consejo de Estado “procedió
en contra de los parámetros establecidos en las sentencias C-669 de 2002 y C-1071
de 2003 de la Corte Constitucional”, al haber llegado, en la providencia acusada, a
una conclusión que resultaría contraria a la esbozada por la Corte en los fallos
señalados.

Pues bien, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, con esta
causal se busca evitar que el inferior actúe en contra de lo dispuesto en providencia

15

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

ejecutoriada del superior, lo cual “tiene su razón de ser en que la administración de
justicia está organizada jerárquicamente por instancias y grados de conocimiento
del proceso, razón por la cual las decisiones que toma el superior y que se
encuentran ejecutoriadas son de obligatorio cumplimiento para el inferior, quien
deberá acatarlas así se encuentre en desacuerdo con las mismas”30.

Para que ella se configure, de acuerdo con el tenor literal del artículo en comento,
es necesario que i) dentro de un mismo proceso ii) exista una decisión del inferior
que desconozca una proferida por el superior jerárquico. En ese sentido, la Corte
Suprema de Justicia ha señalado:

“Si el motivo de nulidad estriba en que el juez ‘procede contra providencia
ejecutoriada del superior’, ello sólo podrá acontecer cuando el juzgador
inferior desconoce, de algún modo, lo resuelto por el superior en
determinada providencia que haya decidido uno de los recursos
legalmente admisibles frente a ella, en el respectivo proceso; desde
luego, ello es así, porque la aludida causal de nulidad (…) está
encaminada a preservar el orden de los procesos y el acatamiento de las
resoluciones judiciales por parte de los jueces de grado inferior, quienes
dentro de la competencia funcional que se ejerce en relación con un
proceso determinado, deben cumplir las decisiones proferidas por los
jueces de grado superior, cuando estos resuelvan los recursos de
queja, súplica, apelación, casación y revisión, o en su caso la
consulta (…)”31 (se destaca).

A partir de esa premisa, es claro que el supuesto de hecho que alega la recurrente
en este caso no se enmarca dentro de la causal de nulidad alegada, pues, en primer
lugar, lo que ella aduce es la supuesta inobservancia de decisiones adoptadas en
procesos distintos a aquél en el que se produjo el fallo de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, y, además, porque tales decisiones fueron expedidas por una
autoridad judicial que no es superior jerárquico de esta Corporación, esto es, por la
Corte Constitucional.

Así ha tenido oportunidad de indicarlo el Consejo de Estado en casos análogos al
presente; por ejemplo, en auto de dieciocho (18) de mayo de dos mil veinte (2020),
dictado dentro del proceso de reparación directa 85001-33-33-002-2014-00144-01
(61033), al decidir una solicitud de nulidad formulada por el alegado

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 1º de abril

de 2009, radicado 52001-23-31-000-2001-00122-01 (32800).
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de diciembre de 1999,

expediente 5292.
16

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, esta Corporación
señaló:

“En el sub lite no se configura la causal de nulidad analizada, ya que es
absolutamente claro que la Corte Constitucional no es juez de instancia
en los asuntos contencioso administrativos; además, al igual que el
Consejo de Estado tiene categoría de alta corte y, por tales razones, no
es su superior funcional y, finalmente, en relación con el asunto de la
referencia, con anterioridad a la sentencia del 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera, en el proceso de la referencia no se había dictado una
orden judicial que le impidiera a la Sala Plena declarar probada la
excepción de caducidad”.

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, al resolver un recurso
extraordinario de revisión en el que también se alegaba el acaecimiento de la causal
de nulidad prevista en el artículo 133.2 del CGP por la supuesta inobservancia de
dos decisiones dictadas por la Corte Constitucional, señaló:

“Esa expresión [el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior]
no admite una interpretación diferente a que la decisión desconocida provenga
de quien supera en jerarquía al funcionario que dicta la sentencia censurada,
siendo producidas ambas en el mismo trámite.

Por ende, los proveídos de cualquier naturaleza en asuntos diferentes al que
es objeto de estudio por este sendero excepcional, así tengan una relación
conceptual o identidad de tema, no encajan en el supuesto que se indica.

La Corte precisó en SC de 31 de mayo de 2006, rad. 1997-10152-01, reiterada
en la SRC6958-2014, que:

‘Con relación a la causal de nulidad procesal consagrada en el artículo 140
(num 3º) del C. de P. C., modificado a su vez por el Decreto 2282 de 1989
[hoy artículo 133.2 del CGP], ha dicho repetida y uniformemente esta Sala,
que cualquiera que constituya el motivo o irregularidad que al reseñado
efecto pueda dar lugar, el mismo ha debido presentarse dentro de la
actuación judicial donde se reclama la declaración de existencia del aludido
vicio procesal y la imposición de las consecuencias a él inherentes.

Sobre el particular, sostuvo la Corte en oportunidad anterior, que según se
infiere de la naturaleza y estructura de los motivos en que se sustenta la
causal de nulidad, ‘sólo cabe considerar los vicios procesales que
dimanen del mismo proceso o actuación procesal en curso para su
configuración; o, lo que es igual, no incluye, para su estructuración los
trámites o las providencias judiciales surtidas y dictadas en otros
procesos preexistentes a aquél en que se alegan, por significativa que
pueda ser la relación o conexidad entre unos y otros’ (sent. De 2 de
diciembre de 1999, exp. 5292).

c.-) La calidad de ‘superior’ a que se refiere el precepto referenciado, está
vinculado directamente con la forma como están conformadas las
jurisdicciones, pues, según el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, modificado
por el 4º de la Ley 1285 de 2009,

La Rama Judicial del Poder Público está constituida por:

17

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:
a) De la Jurisdicción Ordinaria:
1. Corte Suprema de Justicia.
2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de
familia, de ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia
múltiple, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a
la ley;
b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:
1. Consejo de Estado.
2. Tribunales Administrativos.
3. Juzgados Administrativos
c) De la Jurisdicción Constitucional:
1. Corte Constitucional;
d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz (…)

(…) De lo dicho se extrae que las decisiones de la Corte Constitucional, sin
desconocer la incidencia que tienen en la hermenéutica de la ley como labor
reservada a los jueces, no se producen por ser ‘superior funcional’ de estos,
sino en virtud de desempeñarse como guardiana de la ‘integridad y supremacía
de la Constitución’.

(…) Concretando las anteriores precisiones al aspecto que es materia de
análisis, independientemente de los efectos que puedan tener en la jurisdicción
ordinaria los pronunciamientos de la constitucional, lo cierto es que el motivo
de nulidad a que se refiere el numeral 3 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil [hoy artículo 133.2 del CGP] invocado en uso del recurso
de revisión, no los comprende.

Como la causal se refiere es a decisiones opuestas en un solo proceso,
provenientes de dos autoridades de diferente rango dentro de una misma
estructura jurisdiccional, si la providencia que se discute es el fallo de una
Sala Civil de Tribunal Superior, no puede perderse de vista que su superior
jerárquico es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y no la Corte
Constitucional.

(…) Cualquier reclamo por la desatención de precedentes de la Corte
Constitucional o la indebida aplicación de normas por el desconocimiento de
sentencias de inexequibilidad, debe ser abordado por los restantes medios
idóneos al alcance de los involucrados en el pleito, ajenos a la razón que se
propuso en este caso, que no se extiende a disparidades entre esa especial
jurisdicción y los pronunciamientos de los jueces ordinarios al administrar
justicia.

g.-) En esta oportunidad se señalan como desconocidas las ‘sentencias de la
Corte Constitucional C-955 y SU-813’, sin embargo, como ya se dejó dicho, a
pesar de los alcances generales de la SU-813 de 2007 y los diferentes
pronunciamientos de esa alta Corporación sobre la exequibilidad de las normas
que rigen la materia, la misma no es ‘superior’ de la autoridad colegiada que
produjo el fallo atacado, lo que deriva en la falta de demostración de la razón
de inconformidad expresada” (Se resalta)32.

A partir de lo anterior, es claro que, en tanto las sentencias que se reputan
contrariadas corresponden a dos providencias dictadas por la Corte Constitucional
⎯C-669 de 2002 y C-1071 de 2003⎯, no se cumplen los requisitos previstos para

32Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. SC12559-2014 del 18 de
septiembre de 2014, expediente 11001-02-03-000-2012-02110-00.
18

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

la procedencia de la causal de nulidad, pues se trata de providencias proferidas en
procesos judiciales diferentes por una autoridad judicial que, como se indicó, no es
superior funcional del Consejo de Estado.

Por lo demás, la Sala advierte que los argumentos relacionados con alegados
defectos de interpretación de las sentencias de constitucionalidad atrás señaladas,
en los que supuestamente habría incurrido la Sección Cuarta de esta Corporación,
pretenden reabrir un debate que ya fue zanjado en las instancias y que es ajeno a
este tipo de recursos que, como lo ha indicado el Consejo de Estado, “(…) no es
una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir
la deficiencia probatoria. Tampoco es un medio para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias. Es decir, el recurso extraordinario de
revisión no puede servir para cuestionar la actividad interpretativa del juez33 o
para corregir errores in iudicando, sino que fue consagrado para discutir y ventilar
hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión
mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o
adulterados-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes
para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una
persona con mejor derecho-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta
última carezca de razón de ser –como en el caso de la causal cuarta-, o deben poder
ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la
sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación-. En otros términos, el
recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas injustamente, esto es,
por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar lo que, en
términos legales y jurisprudenciales se conocen como errores judiciales, es
decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho),
falta de aplicación de la norma correspondiente o indebida aplicación de la
misma (error de derecho).”34 (Negrilla fuera de texto).

Por todo lo anterior, este cargo no está llamado a prosperar.

b) Sobre la nulidad por falta de modulación de los efectos de la sentencia

33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de

2010, radicado 11001-03-15-000-2008-00480-00.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia de 29 de abril de 2015, radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01 (26239).
19

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

La recurrente sostiene que la sentencia es nula por la falta de modulación de los
efectos de la decisión, pues ella generó un escenario de inseguridad jurídica para
los contribuyentes que, bajo el panorama jurisprudencial que existía antes de la
sentencia acusada, entendían que la actividad de exploración y explotación de
hidrocarburos estaba exonerada del impuesto de industria y comercio, quedando
ahora “expuestos a la imposición de sanciones y pago de intereses moratorios, a
pesar de haber actuado de acuerdo con la posición de una alta Corte”. A su juicio,
esto genera una vulneración del principio de confianza legítima de los
contribuyentes y del derecho a la igualdad entre aquellos que accedieron a la
exoneración del impuesto y quienes se verán obligados a su pago, vulneración que
solo puede ser evitada si se determina que la regla fijada en el fallo debe regir hacia
el futuro, sin admitir su aplicación a hechos acaecidos con anterioridad a la
expedición de la sentencia.

Al respecto, lo primero que se advierte es que la recurrente no explicó el por qué la
falta de modulación de los efectos de una sentencia constituye una causal de
nulidad de las que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, más allá
de plantear consideraciones relacionadas con los supuestos efectos que tendría la
aplicación inmediata de la sentencia acusada y con lo que, en su opinión, hubiera
resultado más conveniente o adecuado en relación con ese punto. Lo dicho por la
recurrente, en realidad, lo que denota es su inconformidad con lo decidido en esa
providencia, aspecto que, como ya se anotó, no puede ser controvertido a través de
este recurso extraordinario que no es un escenario para continuar el debate de las
instancias.

Al margen de lo anterior, analizado el fallo objeto de este recurso ⎯que, valga
precisar, no es una decisión de unificación⎯, lo que se advierte es que la Sala, al
efectuar el recuento del devenir de la jurisprudencia constitucional en torno al tema
de compatibilidad entre las regalías y el ICA, consideró, a partir de distintos
pronunciamientos del máximo órgano de esa jurisdicción, que “el cobro de regalías
es constitucionalmente compatible con el cobro de impuestos a la explotación de
recursos no renovables”, de manera que concluyó que “para juzgar la juridicidad de
normas municipales que gravan con el ICA la actividad de explotación de
hidrocarburos y gas, el parámetro de legalidad no está dado por el Código de
Petróleos como lo pretende la demandante, sino por el artículo 39 de la Ley 14 de
1983 (codificado en el artículo 259 del Decreto Ley 1333 de 1986), esto, en atención
a que es una ley posterior que regula de manera especial la exención respecto del

20

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

impuesto de industria y comercio, cuyo alcance normativo es respetado por el
artículo 27 de la Ley 141 de 1994”.

Bajo ese entendimiento, la Sección procedió entonces a fallar el caso concreto,
concluyendo que la disposición acusada no había vulnerado el ordenamiento
jurídico superior.

En este escenario, no se advierte cómo la Sala hubiera podido modular los efectos
de un fallo en el que concluyó la legalidad de un aparte normativo de un acto
administrativo particular y concreto ⎯que gozó de presunción de legalidad desde
su expedición⎯, y en cuya parte resolutiva únicamente dispuso negar las
pretensiones de la demanda que pretendían la nulidad parcial de dicho acto.

En todo caso, esta Sala encuentra que la fijación como hecho generador del
impuesto de industria y comercio de las actividades de extracción y transformación
de hidrocarburos, gas, sus derivados y similares en el municipio de Puerto Boyacá,
fue efectuada por el Concejo Municipal de Puerto Boyacá en el Acuerdo No. 23 de
2004 (el cual estuvo vigente hasta el 2016, cuando se expidió un nuevo Estatuto
Tributario en ese municipio), y no, como parece afirmarlo la recurrente, en la
sentencia atacada, circunstancia que deja sin fundamento la acusación de que el
fallo proferido por la Sección Cuarta hubiere podido comportar, en sí mismo, una
vulneración del principio de seguridad jurídica, de la confianza legítima o del
derecho a la igualdad de los involucrados, simplemente porque ella en nada
modificó el panorama tributario generado por el Acuerdo cuestionado.

En ese sentido, como lo puso de presente el Ministerio Público, la decisión
impugnada lo que hizo fue declarar la legalidad de un acto cuyos efectos nunca se
suspendieron y al amparo del cual se generaron situaciones que de manera alguna
fueron afectadas por la sentencia acusada.

Por lo anterior, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

c) Sobre la violación del debido proceso

Finalmente, la recurrente alega que con la sentencia impugnada se desconoció el
derecho al debido proceso porque: i) se vulneró el derecho a la igualdad; ii) se
inobservó el principio de seguridad jurídica, y iii) se llegó a una interpretación errada

21

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

que genera “una ilegalidad violatoria del principio de legalidad inmerso en el derecho
al debido proceso”, en tanto no se tuvo en cuenta que la Ley 141 de 1994 35 fue
modificada por la Ley 1530 de 201236 y como quiera que la Sección Cuarta “se
atribuyó una potestad legislativa porque el Congreso había desgravado la actividad
(…)”.

Pues bien, lo primero que se advierte es que los dos primeros reclamos formulados,
relacionados con la alegada vulneración del derecho a la igualdad y del principio de
seguridad jurídica, también fueron planteados como sustento de la falta de
modulación de los efectos de la sentencia, de manera que basta reiterar lo atrás
señalado para despacharlos desfavorablemente pues, en últimas, la recurrente lo
que hace en este cargo es reiterar lo dicho en el anterior respecto de la supuesta
violación de esas garantías.

Ahora, para analizar el reproche relativo a los supuestos errores en los que habría
incurrido la Sección al momento de interpretar las normas que regulan el tema,
resulta relevante precisar que los vicios graves de la sentencia que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 Superior y que son susceptibles de dar paso a una
nulidad originada en el fallo como causal de revisión, deben ser de naturaleza
procesal, pues, como lo ha indicado esta Corporación, “en nuestro procedimiento
civil no es de recibo la teoría de las ‘nulidades constitucionales’ con carácter
indeterminado, por considerar que tal teoría genera inseguridad jurídica37. // En ese

35 “Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula

el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se
establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones”.
36 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”. Ley

derogada a partir del 1 de enero de 2021 por el artículo 211 de la Ley 2056 de 2020 con excepción
de los artículos del 106 al 126 y 128 para efectos de la transitoriedad de los procedimientos
administrativos a que se refieren los artículos 199 y 200 de la Ley 2056 de 2020.
37 Pie de página de la cita: “LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio, Código General del Proceso, Dupré

Editores Ltda., Bogotá, 2016, páginas 911, 913 y 914. La jurisprudencia y la doctrina en el campo
procesal civil han sido permanentes y unánimes en desterrar las mal denominadas nulidades
constitucionales, que se enseñorean dentro del proceso penal que con base en amañadas
interpretaciones del art. 29 de la C. P. pretenden erigir las menores e intrascendentes irregularidades
en causales de nulidad, lo que viene a dejar el criterio de cada juez decidir si en determinada
circunstancia es o no causal de nulidad generándose, como lo evidencia la práctica penal, caóticas
situaciones en torno al punto, que es una de las causas de la impunidad en dicha rama, en la que el
medio de defensa al que acuden los abogados no se enfoca a demostrar la inocencia o
circunstancias atenuantes del ilícito de sus defendidos, sino a que se declaren nulidades que dejan
sin efecto la actuación cuya reposición será improbable. (...). Que quede, entonces, perentoriamente
señalado que dentro del proceso civil colombiano está erradicada la teoría de las nulidades
constitucionales, también denominada del antiprocesalismo, en virtud de la cual está al arbitrio del
fallador determinar si la irregularidad es de aquellas que permiten anular la actuación, pues esa labor
la realizó previamente el legislador y es por eso que con todo acierto ha dicho la corte que ‘la teoría
del llamado antiprocesalismo, de la cual se hizo uso y abuso antes del nuevo Estatuto Procesal Civil,
permitía considerar a discreción del juzgador la existencia de irregularidades cuya gravedad y
trascendencia no tenían pauta y que, al ser comúnmente aceptadas con ese carácter, implicaban
22

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

sentido, la nulidad que emerge del fallo debe ser de naturaleza procesal; además,
se ha precisado que la nulidad derivada de la providencia no puede confundirse con
el defecto en el contenido del fallo relacionado con su fundamentación jurídica o
probatoria, que resuelva el fondo de la controversia38”39.

Este entendimiento, excluye los eventos en los que se pretenda debatir la
comprensión jurídica del fallador o reabrir debates propios de la instancia respectiva.

Bajo esa premisa, es claro que los supuestos errores en los que habría incurrido la
Sección Cuarta al momento de interpretar el marco normativo y jurisprudencial del
asunto puesto en su conocimiento, no es una cuestión que pueda ser reconducida
a una nulidad procesal ni a una anomalía que ponga en grave riesgo el derecho al
debido proceso, pues, en realidad, responde a una discrepancia con la
fundamentación jurídica planteada en el fallo, aspecto que, como ya se ha indicado,
escapa a esta herramienta judicial que dado su alcance y carácter excepcional, no
comporta una nueva instancia del trámite ordinario.

Así, las razones de la recurrente buscan revivir la controversia ya resuelta por la
autoridad judicial de segunda instancia, autoridad que, con suficiencia
argumentativa, emitió un pronunciamiento de fondo; cosa distinta es que este no
haya estado acorde con los intereses de la parte actora, sin que ello haga prosperar
el recurso de revisión, debido a que se insiste, este no se puede emplear para
“controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni (…) corregir los errores
de apreciación de los hechos y/o de las pruebas, en que a juicio del recurrente
hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un
juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada”, sino solo para de verificar que “se atiendan
las reglas procesales propias de la sentencia que de incumplirse viciarían su
validez”40.

derrumbar la estabilidad de los procesos por las más nimias circunstancias con claro
desconocimiento no sólo del fenómeno y alcance de la preclusión procesal, sino de la misma lealtad
debida al juez y a la contraparte”.
38 Pie de página de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena

Especial de Decisión, providencia del 19 de marzo de 2020, exp: 2018-02341 (REV).”
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2021, radicado

11001-03-26-000-2018-00081-00. Además, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 16 de julio de 2007, radicado 11001-03-15-000-2007-00653-00 y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión No. 10, sentencia de 1 de noviembre de 2016, radicado 11001-03-15-000-
2012-00230-00.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013,

radicado 25000-23-26-2006-00568-01(33059).
23

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

Por lo anterior, este último cargo tampoco está llamado a prosperar.

6. Costas

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya estaba en vigencia Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las
costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo con las modificaciones que introdujo dicha
legislación, en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General
del Proceso.

Así, el inciso final del artículo 255 del CPACA dispone que “[s]i se declara infundado
el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.”

Bajo ese entendido y como quiera que en el presente asunto se encuentra probado
que el municipio de Puerto Boyacá presentó escrito de oposición al recurso
extraordinario de revisión, la Sala condenará en costas por agencias en derecho a
la parte recurrente, de conformidad con los parámetros establecidos en el Acuerdo
N.° PSAA16-10554 de cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016) proferido por
el Consejo Superior de la Judicatura41, y fijará por dicho concepto la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv), atendiendo a la
naturaleza, duración y complejidad del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 16, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado el diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020), dentro del proceso
de proceso de nulidad simple No. 15001-23-31-000-2012- 00238-01 (23936).

41 Esta norma era la que se encontraba vigente al momento de la interposición del recurso: “Artículo

5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.L.M.V.”
24

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00407-00
Recurrente: Margarita Diana Salas Sánchez

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente por concepto de
agencias en derecho a la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente (smlmv), en favor de la parte contraria que intervino en el proceso, esto es,
del Municipio de Puerto Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
188 y 255 del CPACA, y 365 y 366 del CGP.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR (E)
Consejero Consejero
Con salvamento parcial de voto

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera Consejero
Con aclaración de voto Con salvamento parcial de voto

25

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.