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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00408-00

Fecha
16 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00408-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento contra la sentencia de 25 de febrero de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-23-31- 000-2010-01141-01, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO. CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la parte recurrente. Por Secretaría, liquídense e inclúyase, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. 53 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504. 54 «Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente». 55 «8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 11001-03-15-000-2022-00408-00 Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Fondo Pensional TERCERO. Por Secretaría General, DEVOLVER el expediente del proceso ordinario al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00408-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

16 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00408-00
Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento
Demandado: Departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Fondo
Pensional
Tema: Alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia.
Principio de congruencia de las providencias. Improcedencia
del recurso extraordinario de revisión para controvertir la
valoración probatoria y el desconocimiento del precedente
Decisión: Declara infundado el recurso extraordinario de revisión y
condena en costas

Sentencia

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor José
Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, por conducto de apoderada judicial, contra la sentencia
de 25 de febrero de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 15001-23-31-000-2010-01141-01.

I. ANTECEDENTES

I.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1

I.1.1. Demanda2

El demandante, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda
contra el departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Fondo Pensional Territorial,
con el fin de solicitar la nulidad del oficio FPTB OJ-343/2010-012973 de 13 de abril de
2010, por el cual se le negó el reconocimiento de la sanción moratoria, la indexación «y
otros factores».

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada: i)
pagar la sanción moratoria «por el no pago oportuno y completo de sus cesantías
definitivas como Servidor Público del Departamento de Boyacá, reconocidas en valor
nominal en resolución (sic) No. 3691 de 26-12-1996, expedida por la entonces Caja de
Previsión Social de Boyacá, que ordenó el pago de un saldo insoluto de $1.316.932,87,

1 Índice 33 del aplicativo Samai. Descripción del documento: 37RECIBE
PRUEBAS_OneDrive_1_1872024zi(.zip) NroActua 33.
2 Folios 33 a 44.

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00408-00
Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento
Demandado: Departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Fondo Pensional

valor que se canceló sin indexación dentro del término previsto en el parágrafo transitorio
del artículo 3º de la citada Ley [244 de 1995], cantidad que después […] de 10 años, fue
modificada por el Honorable Consejo de Estado […], sanción que debe liquidarse desde
el vencimiento del término que tenía para cancelarlas hasta la fecha en que la cesantía
sea completamente cancelada y extinguida totalmente la obligación en forma legal»; ii)
cancelar «un día de salario por la no consignación oportuna y completa de las cesantías
de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990»; iii)
indexar los valores reconocidos; iv) sufragar intereses moratorios; v) dar cumplimiento al
fallo en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA; y vi) se condene en costas y
agencias en derecho.

El demandante manifestó que prestó sus servicios para el ente territorial demandado del
5 de marzo de 1993 al 4 de enero de 1995, período por el que le fueron otorgadas por la
entonces Caja de Previsión Social de Boyacá, a través de Resolución 3691 de 26 de
diciembre de 1996, las cesantías definitivas en la suma de $3.136.506,87, a la «cual se
le descontó $1.819.574.oo ya cancelados, quedando un saldo por pagar de
$1.316.932,87 como capital nominal ya que no fue indexada».

Sostuvo que, para obtener el valor de lo adeudado, inició proceso ejecutivo laboral, el
cual le correspondió al Juzgado Laboral del Circuito de Tunja, autoridad que libró
mandamiento solo por el capital nominal y no por la indexación ni por la sanción moratoria
de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995.

Aseveró que, hasta el día de presentación de la demanda, no se le ha cancelado
totalmente su obligación, dado que quedó un saldo de cesantías definitivas por pagar de
$24.363,00.

Señaló que, el no pago total, oportuno e íntegro de sus cesantías, «lo corrobora la justa
sentencia proferida después de casi 10 años de arduo litigio por el Honorable Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial Transitoria de Decisión
"2B", de fecha 27-0-2008 (sic), […] proferida en el expediente No. S-0261, que desató el
recurso extraordinario de súplica que interpuso el servidor público contra la sentencia de
03-05-2001, proferida por la Sección 2ª del Consejo de Estado, que a su vez desató el
recurso de apelación que presentó contra la de fecha 29-03-2000 proferida por el H.
Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantada por José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento contra la Caja de Previsión
Social de Boyacá, tendiente entre otros aspectos a que se declarara nulos algunos actos
administrativos dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se
resolvió revocar la decisión de primera instancia que había sido proferida el 29 de marzo
de 2000, ordenado indexar las cesantías definitivas y reconocer los intereses moratorios
sobre la suma indexada».

Indicó que, de acuerdo con el fallo judicial emitido en aquella acción ordinaria, el Consejo
de Estado reconoció que la indexación hace parte de la cesantías definitivas reconocidas
y que no se trata de una obligación diferente, de igual manera, que el departamento de
Boyacá no ha cumplido con la obligación de cancelar dentro del término señalado en el
artículo 2 de la Ley 244 de 1995 las cesantías definitivas en forma completa y oportuna,
omisión que conlleva automáticamente la causación de la sanción moratoria.

Refirió que, el 9 de marzo de 2010, presentó solicitud de reconocimiento de la sanción
moratoria ante la demandada, la cual fue negada a través del oficio FPTB OJ-343/2010-
012973 de 13 de abril de 2010.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00408-00
Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento
Demandado: Departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Fondo Pensional

Alegó que la negativa de la demandada de reconocer la sanción moratoria a que tiene
derecho viola los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 2º de la Ley 244 de 1995 y
65 del Código Sustantivo del Trabajo (CST); la Ley 1071 de 2006; y el Decreto 797 de
1949.

I.1.2. Sentencia de primera instancia3

La Sala de Decisión núm. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia
de 14 de agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas a la parte demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, desestimó la configuración de la excepción de la cosa juzgada frente a
la decisión de 27 de mayo de 2008 proferida por el Consejo de Estado, puesto que: i) en
aquel proceso el demandante reclamó la indexación de sus cesantías definitivas,
intereses moratorios sobre el valor indexado y la sanción moratoria conforme a los
artículos 4º de la ordenanza 2 de 1946 de la asamblea de Boyacá y 2º de la Ley 244 de
1995, mientras que ahora pidió dicha sanción, «por el no pago oportuno y completo del
saldo real de sus cesantías definitivas, es decir, del saldo identificado como concepto de
indexación, reconocida a la cesantía definitiva […] dentro [de aquel] fallo […], desde el
día que tenía para cancelarlas hasta la fecha en que […] sea completamente cancelada
y extinguida totalmente la obligación»; y ii) los actos acusados no son los mismos.

Sostuvo que «el valor reconocido a título de indexación no se trata per se de un derecho
laboral, sino del reconocimiento para mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero
que representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley
disponga como su propósito, y desde esa perspectiva, no resulta razonable que del valor
inflacionario, tenga derecho a la sanción moratoria establecida por la Ley 244 de 1995».

Precisó que «la sanción moratoria prevista en el régimen especial del auxilio de cesantía,
se causa en el evento en que el empleador incumpla con la obligación de efectuar el pago
solicitado por cesación definitiva del servicio, y para el caso concreto, la entidad territorial
acreditó el pago en virtud de la liquidación base de su reconocimiento, sin que pueda
tener como hecho nuevo el reconocimiento de indexación de dicho monto plausible de
sanción moratoria bajo la consideración que el monto declarado en la sentencia judicial
hace parte del capital real que debió reconocer la accionada al momento de su pago,
pues su reconocimiento no dependió directamente de la causación de las cesantías, sino
precisamente deviene del incumplimiento del empleador ante la inobservancia de la fecha
en que se debió efectuar la consignación de esa prestación».

I.1.3. Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de
25 de febrero de 2021, confirmó la providencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, analizó el marco normativo del auxilio de
cesantías y de la sanción moratoria por el pago tardío o extemporáneo de las cesantías,
para posteriormente resolver el caso concreto.

Analizó las pruebas a partir de las cuales tuvo por demostrado que: «(i) el actor prestó
sus servicios para el departamento de Boyacá del 5 de marzo de 1993 al 4 de enero de
1995; (ii) solicitó sus cesantías definitivas el 30 de noviembre de 1995, reconocidas con
Resolución 3691 de 26 de diciembre siguiente; (iii) inició proceso ejecutivo, asignado al

3 Folios 306 a 317.

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Juzgado Laboral del Circuito de Tunja, que mediante auto de 12 de febrero de 1996
ordenó librar mandamiento por concepto de la referida prestación (sin conceder el pago
de la sanción moratoria también reclamada), cuya liquidación del crédito fue aprobada,
con proveído de 23 de julio de 1996, en la suma de $24.363,oo, correspondiente a
intereses; (iv) a través de sentencia de 27 de mayo de 2008, el Consejo de Estado (sala
especial transitoria de decisión 2B de la sala de lo contencioso-administrativo, expediente
11001-03-15-000 2001-00261-01 [S-261]), aunque negó las pretensiones del accionante
orientadas a que se ordenara reconocer «la indemnización moratoria prevista en el
artículo 4º de la Ordenanza 2 de 24 de mayo de 1946, en armonía con el artículo 2º de la
Ley 244 de 1995», dispuso pagarle, «por […] la indexación de su cesantía, la suma de
[…] ($402.917.50)»; y (v) el 19 de marzo de 2010 solicitó del demandado la sanción
moratoria, negada por medio de oficio FPTB OJ.343/2010 de 13 de abril posterior».

Seguidamente, puso de presente que la sanción moratoria «es una penalidad de orden
pecuniario (no un derecho laboral4) dirigida al empleador negligente y moroso de cancelar
a un exservidor los valores causados por cesantías durante el lapso durante el cual este
prestó sus servicios, cuanto más si esos recursos podrían estar destinados a su
manutención y la de su familia mientras se encuentre cesante, es decir, hasta cuando
logre una nueva vinculación laboral u obtenga alguna fuente de ingresos que asegure su
subsistencia o mínimo vital».

Consideró que, al encontrarse acreditado que el departamento de Boyacá le sufragó al
demandante el 23 de abril de 1996, las cesantías definitivas que este reclamó desde el
30 de noviembre de 1995, no puede pregonarse que la indexación reconocida con
posterioridad por la jurisdicción contencioso-administrativa5 dé lugar a la imposición de la
citada sanción (como lo entiende el actor), pues la normativa que la consagra no lo prevé
así. Como sustento de ello, trajo a colación la sentencia de 27 de noviembre de 2020 6,
en la que se resolvió un asunto similar en ese mismo sentido.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento promovió recurso extraordinario de
revisión con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA7. Como sustento de
la causal invocada, desarrolló los siguientes argumentos:

«(I) NO OBSERVA LAS REGLAS LEGISLATIVAS PARA SU PRODUCCIÓN».

Adujo que la sentencia objeto de este recurso no observó las reglas que regulaban su
producción, al no haber sido el resultado de la aplicación estricta, justa y rigurosa de los
artículos 164, 176, 281 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos
162 y 187 del CPACA, 29 y 229 Constitucionales.

Señaló que la providencia cuestionada incurrió en un defecto de valoración probatoria al
desconocer que, en la sentencia de 27 de mayo de 2008 proferida por el Consejo de
Estado, la cual hizo tránsito a cosa juzgada material y formal, se reconoció «que la
entidad territorial, a pesar del pago parcial nominal que realizó, seguía siendo deudora
de la cesantía definitiva del actor, cosa juzgada que objetivamente impide cualquier duda

4 Ver sentencia de unificación de 18 de julio de 2018, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-15).
5 Hecho nuevo que invoca el actor para incoar la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
6 Expediente 17001-23-33-000-2018-00047-01 (5452-2019).
7 «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación».

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al respecto». Tal omisión incidió en que se concluyera erróneamente que la obligación
por cesantías definitivas estaba saldada cuando en realidad permanecía en mora.

Anotó que: «si bien la sentencia en RER citó la prueba consistente en la sentencia de 27
de mayo de 2008, que desató el recurso extraordinario de súplica, lo hizo para
desconocer no solo su ratio decidendi, su parte resolutiva, sino también la cosa juzgada,
en contra de los derechos laborales del ex servidor, lo que afecta tanto la legitimidad del
Estado Social de Derecho, Democrático, Humanista, Igualitario y JUSTO que consagró
la Constitución de 1991, así como los principios de legalidad, legitimidad y la justicia del
fallo recurrido y los deberes de trasparencia, suficiencia judicial y de igualdad –SU-055
de 201816-, contra los cuales decidió».

Señaló que la sentencia objeto de este recurso inobserva «los abundantes precedentes
jurisprudenciales de las Altas Cortes que enseñan desde antaño que el pago de una
deuda cuyo valor no ha sido actualizado, no se entiende completo y, por consiguiente, no
extingue la obligación». Igualmente, que se incurriera en la indebida interpretación y
aplicación de la sentencia de unificación SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018, pues no
resultaba aplicable a su situación particular.

«1.2. EN RELACIÓN A (II), LA SENTENCIA ENGENDRÓ SU PROPIA NULIDAD POR
FALTA DE CONGRUENCIA EN CUANTO FUE PROFERIDA SIN MOTIVACIÓN
RESPECTO DEL REAL PROBLEMA JURÍDICO AL NO HABER ANALIZADO LOS
PUNTOS DE DEBATE».

Manifestó que, en la sentencia cuestionada se incurrió en falta de congruencia porque no
respondió a los planteamientos formulados en la demanda, «no tuvo en cuenta lo
afirmado en esos precedentes, utilizándose como distractor argumentativo la naturaleza
jurídica de la sanción moratoria, entendida como una penalidad y no como un derecho
laboral, lo que no era el núcleo del debate ni hacía parte del mismo».

Precisó que el «foco era dilucidar si teniendo en cuenta la sentencia que desató el recurso
extraordinario de súplica, el actor tenía derecho a la sanción moratoria reclamada por el
no pago total y oportuno de su cesantía definitiva, problema jurídico que dejó sin análisis
alguno la sentencia, amén de confundir la sanción moratoria reclamada por el actor en
esta 2ª ANYRD con la no procedencia de la sanción moratoria en el periodo de gracia
que estableció el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995, afectando
con ello el debido proceso y el acceso a la justicia y dejando sin resolver los reales puntos
litigiosos que planteó el recurrente en su demanda y en sus recursos».

Señaló que la sentencia de 27 de noviembre de 2020 en la que se fundamentó la
providencia objeto de este recurso no resultaba aplicable a su caso, debido a que: i) la
indexación no es un reajuste, «sino que económica y jurídicamente es la cesantía
misma»; ii) versó sobre el caso de un docente; iii) «no tiene mayor poder de vinculación
que la sentencia de 27 de mayo de 2008 que desató el recurso extraordinario de súplica
que él formuló y que llevó al Consejo de Estado a condenar al Departamento de Boyacá
a cancelarle la cesantía debidamente indexada, dictaminando que la entonces Caja de
Previsión Social de Boyacá no había cumplido su obligación de cancelar en forma
completa sus cesantías definitivas»; y iv) no estaba vigente para el momento en que
presentó la demanda.

Advirtió que no se encuentra acreditado en el plenario que el departamento de Boyacá
haya cancelado totalmente sus cesantías definitivas.

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A partir de lo expuesto, concluyó que «las premisas que llevaron a la errada conclusión
del fallo que se ataca, son falsas y por tanto existe una evidente falta de motivación del
mismo al carecer de argumentos que sustenten la decisión adoptada, que en ese sentido
se muestra incoherente, así como incongruente con los planteamientos formulados por
el demandante, en tanto no dio respuesta al problema jurídico de la litis, el cual consistía
en dilucidar si se había realizado o no el pago total y oportuno de la cesantía definitiva a
que tenía derecho el actor y si, en consecuencia, procedía el pago de la sanción moratoria
a partir del vencimiento del referido periodo o año de gracia».

«1.3. EN LO REFERENTE A (III), LA SENTENCIA PROCREÓ SU PROPIA NULIDAD
AL PROCEDER CONTRA PROVIDENCIA EJECUTORIADA PROFERIDA POR EL
HCE EN EL MARCO DE UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA, DE MEJOR
JERARQUÍA Y DE ABSOLUTO PODER VINCULANTE HASTA PARA LA PROPIA
CORPORACIÓN, POR LO CUAL BIEN PUEDE AFIRMARSE QUE FUE PROFERIDA
POR “EL SUPERIOR”: ARTÍCULOS 133.2 DEL CGP Y 29 CONSTITUCIONAL».

Afirmó que la sentencia objeto de revisión incurrió en causal de nulidad porque dio por
pagadas las cesantías definitivas, pese a que el Consejo de Estado en la providencia de
27 de mayo de 2008 determinó lo contrario. Es decir, «la sentencia decidió en contra de
lo decidido en una providencia de mayor jerarquía proferida en un asunto ventilado entre
las mismas partes, por los mismos hechos y que hizo tránsito a cosa juzgada material,
por lo que bien puede afirmarse que fue proferida por el Superior, así ambas lo hubieran
sido por el Consejo de Estado pero una en sede del recurso extraordinario de súplica,
con efectos vinculantes absolutos hasta para la misma corporación».

III. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El recurso extraordinario de revisión se presentó ante la Secretaría General del Consejo
de Estado el 18 de enero de 2022 y se asignó a la Sala Dieciocho Especial de Decisión
de esta Corporación.

Mediante proveído de 11 de julio de 20228, se inadmitió el recurso extraordinario de
revisión, con el fin de que la parte actora (i) enviara por medio electrónico copia de la
demanda, de sus anexos, de la adición y de la subsanación a la entidad demandada, así
como al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y (ii)
anexara la constancia de notificación y ejecutoria de la sentencia recurrida.

En auto de 6 de septiembre de 20229, se rechazó el recurso extraordinario de revisión, al
haberse considerado que se omitió aportar la constancia de notificación y ejecutoria de
la sentencia recurrida.

Posteriormente, a través de providencia de 31 de mayo de 2024 10, se revocó el auto del
6 de septiembre de 2022 que rechazó el recurso extraordinario de revisión y, en
consecuencia, se ordenó proveer sobre su admisión.

Por auto de 2 de julio de 202411, se admitió el recurso extraordinario de revisión
promovido por el demandante contra la sentencia de 25 de febrero de 2021 proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-23-31-000-2010-01141-01.

8 Índice 4 del aplicativo Samai.
9 Índice 10 del aplicativo Samai.
10 Índice 19 del aplicativo Samai.
11 Índice 25 del aplicativo Samai.

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Asimismo, se ordenó notificar personalmente al departamento de Boyacá - Secretaría de
Hacienda - Fondo Pensional Territorial de Boyacá y al Ministerio Público. Igualmente, se
requirió a la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá y a la secretaría de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, para que allegaran copia digital o el
hipervínculo de consulta del citado expediente.

A través de auto de 30 de septiembre de 202412, se resolvió sobre el decreto y práctica
de las pruebas aportadas y solicitadas por las partes. Posteriormente, el 15 de octubre
de 202413 el expediente ingresó al Despacho para sentencia.

IV. INTERVENCIONES

IV.1. El departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda se opuso a las pretensiones
del recurso extraordinario de revisión.

Sostuvo que «la sentencia hoy demandada, tuvo un análisis jurídico en la medida que
estudió las normas legales, los antecedentes, aplicando relación con la Ley y atendiendo
al material probatorio y normativo que obraba en el expediente, conforme se verifica en
las consideraciones de la misma».

Refirió que la extinta Caja de Previsión Social del Boyacá, mediante Resolución 3691 del
26 de diciembre del 1995, liquidó y ordenó el pago cesantías definitivas al demandante.
Esta resolución fue cumplida mediante pago total el día 23 de abril de 1996, tal y como
consta en los soportes contables que reposan en el expediente administrativo, con
ocasión del proceso ejecutivo No 96002, adelantado por el Juez Laboral del Circuito,
proceso que se encuentra archivado por pago de la obligación. Es así como, en vía
ejecutiva laboral ya se encuentra saldada la obligación laboral cesantías definitivas desde
hace más de 28 años, y por tanto extinguida.

Indicó que la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 no aplica para el caso en
estudio, toda vez que al señor José Guillermo Sarmiento Roa, se le canceló las cesantías
definitivas, dentro del plazo de gracia otorgado por el parágrafo transitorio del artículo 3
de la misma norma, lo cual impide que se genere cualquier clase de sanción moratoria.

Manifestó que, «este medio de impugnación no es una oportunidad procesal para reabrir
un debate propio de las instancias, ni para suplir las deficiencias probatorias que hayan
podido presentarse durante el trámite del proceso en cuestión».

Finalizó formulando las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro
de lo no debido, temeridad, cosa juzgada y genérica e innominada.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

La Sala Dieciocho Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 24914 y

12 Índice 37 del aplicativo Samai.
13 Índice 44 del aplicativo Samai.
14 Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones

o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.

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10715 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16,
y 29 del Acuerdo núm. 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

5.2. Análisis de la oportunidad del recurso extraordinario de revisión

La Sala considera que el presente recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro
del término previsto en el inciso primero del artículo 251 del CPACA, debido a que la
sentencia recurrida fue notificada mediante edicto publicado en la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 21 de mayo de 202117, quedando ejecutoriada el 28 del
mismo mes y año18; y este mecanismo fue radicado el 18 de enero de 202219.

5.3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala Especial de Decisión determinar si la providencia objeto de
revisión incurrió en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA por
presuntamente haber incurrido en falta de congruencia y violación al debido proceso.

5.4. Del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que implica una
excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de impugnación de las sentencias
que han producido plenos efectos jurídicos.

El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya definido el
legislador y tiene como propósito garantizar la justicia real y material como valor fundante
del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-
871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:

Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a
colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor
una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores
a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habetur” para evitar que prevalezca
una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido.

Como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada,
las decisiones que se producen con ocasión de su interposición son de carácter
excepcional, restrictivo, y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la
ley, con el fin de evitar que se convierta en una instancia adicional20. No comporta

15 «Artículo 107. Integración y composición. […] Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de

decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de
investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados,
uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno».
16 modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021.
17 SAMAI; 15001233100020100114101. Índice 21.
18 El edicto se fijó entre el 21 y 25 de mayo de 2021.
19 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento ED_CORREO_DIEGOMARIO(.PDF) NroActua 2.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993,

Rad. 1992-00037-00 (Rev).

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entonces una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate judicial, suplir la omisión
probatoria de las partes, corregir yerros en la interpretación o la aplicación del derecho o
en la valoración de las pruebas. Un entendimiento distinto equivaldría a convertir el
recurso en un juicio en el que se discutirían nuevamente los asuntos ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada21.

El recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la demanda consagrados en el
artículo 252 del CPACA, en los que, además de designar las partes y su representante,
el nombre y domicilio del recurrente y los hechos y omisiones que le sirven de
fundamento, deberá señalar con precisión la causal y exponer los motivos que justifican
su procedencia22.

5.5. La causal de revisión del numeral 5º del artículo 250 del CPACA

El numeral 5º del artículo 250 del CPACA previó como causal de revisión la de «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación23 ha precisado que,
para la configuración de esta causal, deben estar reunidos los siguientes presupuestos:

(i) Que contra la decisión objeto del recurso extraordinario no proceda el recurso de
apelación.

(ii) Que la causal de nulidad se haya originado en la sentencia, y no antes, ya que la
proposición de nulidades procesales está sometida a las reglas de procedibilidad
establecidas en el artículo 134 del Código General del Proceso (CGP).

(iii) Debe corresponder a alguno de los vicios señalados por el artículo 133 ibidem o
alguna de las siguientes situaciones: cuando se le haga más gravosa la situación al
demandante sin que exista demanda de reconvención; en los eventos en que la
providencia carezca de motivación24; cuando se profiera un nuevo fallo en un proceso
concluido con sentencia en firme; si se procede a dictar sentencia cuando previamente
se ha aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención; si se
profiere fallo como única actuación; cuando se condena a quien no ha sido parte en el
proceso; cuando se dicta sentencia después de ocurrida alguna de las causales de
interrupción o suspensión; o cuando existe un mayor o menor número de magistrados o
de votos a los previstos.

21 Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-
01 [47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, MP Guillermo Sánchez Luque Consejo
de Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad.

2012-00231-00 (Rev).
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018. C.P.

Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01.
24 Frente a la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, esta Corporación ha precisado

que “se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se sustenta en circunstancias manifiestamente
erróneas, incompletas o de actitudes dolosas”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. María Adriana Marín.
Expediente radicación nro. 11001 03 26 000 2019 00143 00 (64827). Así mismo la Corporación ha dicho
que esta causal también se presenta por violación al debido proceso por falta de congruencia. En este
punto ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de abril de
2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013 00358 00.

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Así mismo, la jurisprudencia ha explicado que25 «se desprende del artículo 29
constitucional, cuya violación puede originar la nulidad del fallo respectivo, cuando la
transgresión […] se presente directamente en el fallo, por ejemplo, cuando no existe
coherencia entre la parte motiva y la resolutiva, o se decide por fuera de los términos que
originaron la controversia».

Igualmente, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación26, «en principio,
esta causal está limitada a los vicios procesales que surgen al momento de la expedición
de la sentencia, mas no los acaecidos en etapas anteriores27. La jurisprudencia de la Sala
Plena de esta Corporación28, sin embargo, ha aceptado como hechos constitutivos de
esta causal los vicios procesales ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre que
el afectado no haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los
conoció cuando fue proferida la sentencia recurrida29. Quien considere fue afectado, en
todo caso, tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad o
alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión será una
anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y
aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista
en el artículo 134 del Código General del Proceso (C.G.P.) o para proponer nulidades
que quedaron saneadas en los términos del artículo 136 ibidem».

También procede esta causal cuando la sentencia viola el debido proceso constitucional,
esto es, cuando se afecta el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso
que está integrado por las siguientes garantías mínimas: i) el principio de legalidad; ii) el
principio del juez natural; iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada
juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el
derecho a la defensa; vii) el derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la
no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controvertir
pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in
pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero
permanente o ciertos parientes; xii) el principio de independencia judicial; xiii) el derecho
de acceso a la administración de justicia; así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta
Corporación:

25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de abril de 2015. C.P.

Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013 00358 00.
26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecisiete Especial de Decisión.

Sentencia del 26 de enero de 2023. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Expediente radicación nro.
11001 03 15 000 2019 04168 00.
27 Cita original: “La Sala Plena, en uno de sus pronunciamientos concluyó que esa causal de revisión exige

que el vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que, por ende, no es posible “alegar
como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia,
máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de
oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del
deber que el artículo 145 ejusdem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe ‘antes de dictar sentencia’”. Sentencia del 2 de marzo de 2010, exp. 11001- 03-15-000-2001-0091-
01”.
28 Cita original: “En este sentido, la Corporación se ha pronunciado en las siguientes providencias: del 31

de mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-00294-00; del 9 de marzo de 2010, expediente
número 1100103150002002-1024-01; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 7 de febrero
de 2006, expediente número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 18 de octubre de 2005, expediente
número 11001-03-15-000-2000-00239-00, y del 20 de abril de 2004, expediente número 11001-03-15-000-
1996 0132-01”.
29 Cita original: “La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada

en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no
apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”. Sentencia del 2 de marzo
de 2010, exp. 11001-03-15-000-2001-0091-01”.

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En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión, esta
corporación, en sentencia del 5 de abril de 201630, explicó que, igualmente, se ha aceptado
que pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos procesales como
causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración directa del artículo 29
Constitucional, evento en el cual corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice
contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento, circunstancia
que se deriva de la exigencia de actuar como juez de constitucionalidad y de
convencionalidad en garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen en un
proceso judicial31.

[…]

Así lo entendió también la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26) de esta Corporación,
al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto
procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen
en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo
29”32.

Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando una causal diferente a
las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad originada en el fallo se deriva
del desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial es el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para invalidar el fallo
de instancia, pues no toda irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la
providencia que ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial en la medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el núcleo
esencial o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso33.

5.6. El principio de congruencia en las providencias judiciales

El principio de congruencia «tiene por objeto garantizar el derecho al debido proceso de
las partes, de manera que las mismas tengan certeza que en la sentencia únicamente
sean abordados aspectos relacionados con los hechos y pretensiones aducidos en la
demanda y su contestación, así como en las demás oportunidades procesales previstas
en el ordenamiento jurídico»34.

De ahí que «el principio de congruencia es entendido como el deber legal que tienen los
funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con fundamento
en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las
partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita,35 como regla general»36.

30 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. Radicación:

110010315000 2008 00320 00.
31 La posición sostenida en la citada Ob.Cit. 26 fue ratificada por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del 8.05.2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro
Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), en la que se unificó el criterio sobre el alcance de la causal, precisando que
puede configurarse cuando se evidencia una violación del artículo 29 Constitucional – debido proceso.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga Mélida Valle

de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron otras dos decisiones
en igual sentido.
33 Cfr radicado 2021-00012-00 del 6 de mayo de 2021; CP Rocío Araujo Oñate.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de mayo de

2025, expediente 05001 2333 000 2013 01364 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de

7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 27 de junio de 2024, expediente 11001-03-25-000-2021-00044-00 (0135-2021). C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.

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La congruencia de las providencias debe ser interna y externa, con el fin de salvaguardar
la unidad temática entre lo pedido en la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos
que emergen de la controversia, la contestación y los cuestionamientos del recurso de
apelación37. Por tanto, la incongruencia se acredita en los siguientes casos:

cuando al demandado se le condena por cantidad superior a la pedida (“ultra petita”), o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la
misma (“extra petita”), o cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones
(“minus petita”). En la misma línea, el Consejo de Estado ha puntualizado que la alegación
sobre el quebrantamiento del citado principio no admite el cuestionamiento a la apreciación
probatoria o a la actividad interpretativa desarrollada por el juez, así como tampoco permite
calificar el acierto de la decisión censurada o examinar la posible configuración de errores
in iudicando.38

5.7. Análisis de la causal invocada

El recurrente manifestó que en la sentencia cuestionada se incurrió en la causal 5ª del
artículo 250 del CPACA: i) por falta de congruencia al no responder a los planteamientos
formulados en la demanda; ii) por indebida valoración de las pruebas; iii) por
desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la naturaleza de la indexación y
aplicación indebida de las sentencias SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018 y de 27 de
noviembre de 2020; iv) por carecer de motivación; y v) por desconocer los efectos de la
cosa juzgada de la providencia de 27 de mayo de 2008 proferida por el Consejo de Estado
dentro de un proceso que promovió previamente.

Para resolver lo anterior, la Sala pone de presente lo siguiente:

• El demandante presentó demanda contra el departamento de Boyacá - Secretaría de
Hacienda - Fondo Pensional Territorial, con el fin de solicitar la nulidad del oficio FPTB
OJ-343/2010-012973 de 13 de abril de 2010, por el cual se le negó el reconocimiento de
la sanción moratoria, la indexación «y otros factores».

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada: i)
pagar la sanción moratoria «por el no pago oportuno y completo de sus cesantías
definitivas como Servidor Público del Departamento de Boyacá, reconocidas en valor
nominal en resolución (sic) No. 3691 de 26-12-1996, expedida por la entonces Caja de
Previsión Social de Boyacá, que ordenó el pago de un saldo insoluto de $1.316.932,87,
valor que se canceló sin indexación dentro del término previsto en el parágrafo transitorio
del artículo 3º de la citada Ley [244 de 1995], cantidad que después […] de 10 años, fue
modificada por el Honorable Consejo de Estado […], sanción que debe liquidarse desde
el vencimiento del término que tenía para cancelarlas hasta la fecha en que la cesantía
sea completamente cancelada y extinguida totalmente la obligación en forma legal»; ii)
cancelar «un día de salario por la no consignación oportuna y completa de las cesantías
de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990»; iii)
indexar los valores reconocidos; iv) sufragar intereses moratorios; v) dar cumplimiento al
fallo en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA; y vi) se condene en costas y
agencias en derecho.

37 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión,

sentencia de 3 de marzo de 2025, expediente 11001-03-15-000-2023-04267-00.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión.

Sentencia de 4 de agosto de 2023. Radicación: 11001-03-15-000-2022-04218-00. C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.

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• La Sala de Decisión núm. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia
de 14 de agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda, al considerar, en síntesis,
que «el valor reconocido a título de indexación no se trata per se de un derecho laboral»,
y que «la sanción moratoria prevista en el régimen especial del auxilio de cesantía, se
causa en el evento en que el empleador incumpla con la obligación de efectuar el pago
solicitado por cesación definitiva del servicio, y para el caso concreto, la entidad territorial
acreditó el pago en virtud de la liquidación base de su reconocimiento, sin que pueda
tener como hecho nuevo el reconocimiento de indexación de dicho monto plausible de
sanción moratoria bajo la consideración que el monto declarado en la sentencia judicial
hace parte del capital real que debió reconocer la accionada al momento de su pago,
pues su reconocimiento no dependió directamente de la causación de las cesantías, sino
precisamente deviene del incumplimiento del empleador ante la inobservancia de la que
(sic) fecha en que se debió efectuar la consignación de esa prestación».

• Inconforme con la decisión anterior, el aquí recurrente presentó recurso de apelación
argumentando, en síntesis, que el Tribunal erró al concluir que la indexación no es «per
se un derecho laboral, pese a lo cual no indicó ni explicitó la naturaleza que según su
arbitrio le correspondía», con lo que no solo desconoció la providencia del Consejo de
Estado de 27 de mayo de 2008, ya ejecutoriada, sino que tergiversó la naturaleza jurídica
y económica de las cesantías definitivas. Adicionalmente, sostuvo que «la indexación de
un derecho (civil, laboral, etc.) sigue la naturaleza jurídica del derecho indexado», por lo
que «la indexación hace parte de las cesantías y que hasta que no se pague, el pago no
es completo, total ni oportuno».

• En la decisión objeto de este recurso se formuló el siguiente problema jurídico:

De acuerdo con el recurso de apelación39, corresponde en esta oportunidad a la Sala
determinar si le asiste o no el derecho al accionante al reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias, por el no pago
oportuno de sus cesantías definitivas, comoquiera que el ente territorial demandado se ha
sustraído de pagar la indexación de dicha prestación, conforme lo ordenó el Consejo de
Estado en sentencia de 27 de mayo de 2008, como lo alega el demandante.

• Para resolver el anterior problema jurídico, en la decisión recurrida se tuvo en cuenta el
siguiente material probatorio:

a) Certificaciones laborales de 2 de marzo de 2007 y 8 y 9 de julio de 2008 de la dirección
de servicios administrativos del departamento de Boyacá, según las cuales el actor prestó
sus servicios para ese ente territorial, entre el 5 de marzo de 1993 y el 4 de enero de 1995
(ff. 285, 288 y 289, en su orden).

b) Resolución 3691 de 26 de diciembre de 1995 (ff. 234 a 235 y 7 a 8 c. proceso ejecutivo
laboral), con la que la entonces caja de previsión social de Boyacá40 en respuesta a la
petición del accionante de 30 de noviembre del mismo año, reconoce la suma de

39 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más
desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
40 Contraloría general de Boyacá, informe a 31 de diciembre de 2011 del fondo pensional territorial de

Boyacá: «La Caja de Previsión Social de Boyacá fue liquidada en el año 2001 tras presentar insolvencia
económica, poseía aportantes en materia pensional y debieron ser trasladados forzosamente al seguro
social, creándose así el Fondo Territorial de Boyacá. La dirección del Fondo Pensional Territorial de Boyacá
está a cargo del Gobernador de Boyacá y desde el año 1995 mediante la Ordenanza 017 de 1995, dicho
fondo se encuentra

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$3’136.506,87 por concepto de cesantías definitivas, valor al cual deben descontarse
$1’819.574,oo, cancelados previamente como cesantía parcial; acto administrativo
notificado al interesado el 28 de los mismos mes y año, quien «LA ACEPTA Y RENUNCIA
A T[É]RMINOS DE EJECUTORIA».

c) Escrito de demanda ejecutiva laboral interpuesta por el demandante el 11 de enero de
1996 (expediente 96002), en la que pidió al Juzgado Laboral del Circuito de Tunja (i) librar
mandamiento de pago contra la mencionada entidad por $1.316.932,87, con ocasión de las
cesantías definitivas reconocidas mediante Resolución 3691 de 26 de diciembre de 1995,
no pagadas; y (ii) «la indemnización, consistente en una cantidad igual al último salario
diario por cada día de retardo» en el pago de dicha prestación, decidido mediante auto de
12 de febrero del mismo año, en el sentido de conceder la primera pretensión, al paso que
la segunda fue negada, «ya que la demandada […] no es […] empleadora sino solamente
una entidad de previsión social» (ff. 10 a 12 y 15 a 17 c. proceso ejecutivo laboral,
respectivamente).

d) Comprobante de pago sin número (ff. 78 y 236), en el que consta que la caja de previsión
social de Boyacá pagó al actor, el 23 de abril de 1996, «POR CONCEPTO DE CESANTIA
DEFINITIVA RESOLUCION No. 3691 DE 1995. POR SUS SERVICIOS AL
DEPARTAMENTO […] DURANTE 1 AÑOS 10 MESES […] TIEMPO COMPRENDIDO
ENTRE EL 5 DE Marzo DE 1993 AL 4 DE enero DE 1995 LA SUMA DE 3’136.507.00 […]»
(sic), con deducciones por «CESANTIA PARCIAL CANCELADA [de] $1’819.574.00», para
un «SALDO A GIRAR [de] $1’316.933.00».

e) Proveído de 23 de julio de 1996 (ff. 23 y 24 c. proceso ejecutivo laboral), por el que el
Juzgado Laboral del Circuito de Tunja aprobó la liquidación de crédito dentro del proceso
referido en la letra c, así:

[…]

f) Auto de 11 de abril de 2002, a través del cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Tunja41 acepta el desistimiento de las pretensiones y termina el proceso «por acuerdo
extraprocesal» (f. 56 c. proceso ejecutivo laboral).

g) Sentencia de 27 de mayo de 2008 (ff. 6 a 28), por cuyo conducto la sala especial
transitoria de decisión 2B de la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado
(expediente 11001-03-15-000-2001-00261-01 [S-261], C P. Marco Antonio Velilla Moreno)
desató el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el accionante contra el fallo de 3
de mayo de 2001 de la sección segunda42, en la que se destacan los siguientes apartes:

Como quiera que se encuentra demostrado dentro del expediente que el actor recibió el pago de
su cesantía definitiva el 25 de abril de 1996, es decir, dentro del plazo de gracia otorgado por el
parágrafo transitorio del artículo 3º antes trascrito, para la Sala no queda duda alguna de que el
actor no tenía derecho a los intereses moratorios ni a la indemnización por mora que reclama,
razón por la cual la decisión frente a estas pretensiones será denegatoria.

Sobre la pretensión de indexación de la cesantía, la Sala considera que debe ser despachada
favorablemente, pues por el hecho de no poderle ser reconocida la indemnización por mora que
reclama, establecida en la Ley 244 de 1995, no puede dejarse de lado que es un hecho notorio
y, por tanto, de público conocimiento, que día a día el dinero se deprecia y que el poder adquisitivo
del peso colombiano se ve menguado con el simple transcurrir del tiempo, razón por la cual es
justo y equitativo que la extemporaneidad en el pago de la prestación reclamada por aquél le sea
resarcida con dicha indexación o, lo que es lo mismo, que la suma percibida por concepto de
cesantía definitiva no pierda el poder adquisitivo que tenía para la fecha en que tal obligación se
hizo exigible […].

41 Que asumió el conocimiento de esas diligencias el 27 de marzo de 1998 (f. 26 c. proceso ejecutivo

laboral).
42 Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-23-31-000-1998-00714-01 (2726-00), C P.

Ana Margarita Olaya Forero.

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En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos fictos o presuntos
derivados del silencio administrativo del FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (antes CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ), esto es,
en cuanto no indexaron la cesantía definitiva del actor, pretensión que éste le formuló el 6 de
noviembre de 1997.

A título de restablecimiento del derecho ordenará a la demandada pagar al actor la suma de
cuatrocientos dos mil novecientos diecisiete pesos con 50/100 ($402.917.50) [se subraya].

h) Oficio FPTB OJ.343/2010 de 13 de abril de 2010 (ff. 2 a 5), por medio del cual el fondo
pensional territorial de Boyacá de la secretaría de hacienda de ese departamento, en
respuesta a la petición del demandante de 19 de marzo anterior, entre otros aspectos, le
informó:

La extinta Caja de Previsión Social de Boyacá, mediante Resolución No 3691 del 26 de diciembre
de 2005 (sic), liquidó y ordenó el pago de cesantías definitivas, al señor JOSE GUILLERMO ROA
SARMIENTO, dando aplicación a las normas legales […], en especial a la ley 244 de 1995. Esta
resolución fue cumplida mediante pago total el día 23 de abril de 1996 […], con ocasión del
proceso ejecutivo No 96002, adelantado por él mismo ante el Juez Laboral del Circuito, proceso
que se encuentra archivado por pago de la obligación.

• A partir de lo anterior, se efectuaron las siguientes consideraciones:

De las pruebas relacionadas, se desprende que (i) el actor prestó sus servicios para el
departamento de Boyacá del 5 de marzo de 1993 al 4 de enero de 1995; (ii) solicitó sus
cesantías definitivas el 30 de noviembre de 1995, reconocidas con Resolución 3691 de 26
de diciembre siguiente; (iii) inició proceso ejecutivo, asignado al Juzgado Laboral del
Circuito de Tunja, que mediante auto de 12 de febrero de 1996 ordenó librar mandamiento
por concepto de la referida prestación (sin conceder el pago de la sanción moratoria también
reclamada20), cuya liquidación del crédito fue aprobada, con proveído de 23 de julio de
1996, en la suma de $24.363,oo, correspondiente a intereses; (iv) a través de sentencia de
27 de mayo de 2008, el Consejo de Estado (sala especial transitoria de decisión 2B de la
sala de lo contencioso-administrativo, expediente 11001-03-15-000 2001-00261-01 [S-
261]), aunque negó las pretensiones del accionante orientadas a que se ordenara
reconocer «la indemnización moratoria prevista en el artículo 4º de la Ordenanza 2 de 24
de mayo de 1946, en armonía con el artículo 2º de la Ley 244 de 1995», dispuso pagarle,
«por […] la indexación de su cesantía, la suma de […] ($402.917.50)»; y (v) el 19 de marzo
de 2010 solicitó del demandado la sanción moratoria, negada por medio de oficio FPTB
OJ.343/2010 de 13 de abril posterior.

En el asunto sub examine, el accionante sostiene que al a quo no prestó mientes (sic) en
que el fallo de 27 de mayo de 2008 del Consejo de Estado avaló que «la propia naturaleza
jurídica y económica que se le ha asignado a la figura de la “indexación”, […] le corresponde
la misma naturaleza del derecho indexado, esto es, civil, laboral, etc., pues no se trata de
otra cosa distinta y diferente sino del mismo derecho, que para el caso, era laboral y, lo
adeudado tanto nominal como realmente eran [las] cesantías definitivas […]» (f. 321), razón
por la cual, al haberse concedido a su favor la indexación de estas por la tardanza en su
pago, la consecuencia obvia y natural es que, como una y otras constituyen la misma
obligación, le asiste el derecho al pago de la sanción moratoria.

En tal sentido, cabe recordar, en primer lugar, que la sanción moratoria es una penalidad
de orden pecuniario (no un derecho laboral43) dirigida al empleador negligente y moroso de
cancelar a un exservidor los valores causados por cesantías durante el lapso durante el
cual este prestó sus servicios, cuanto más si esos recursos podrían estar destinados a su
manutención y la de su familia mientras se encuentre cesante, es decir, hasta cuando logre

43Ver sentencia de unificación de 18 de julio de 2018, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-15).

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una nueva vinculación laboral u obtenga alguna fuente de ingresos que asegure su
subsistencia o mínimo vital.

Ahora bien, como se explicó en el acápite precedente (marco jurídico), el legislador
determinó con claridad y precisión los períodos dentro de los cuales la Administración, una
vez recibe la petición del interesado, debe reconocer y pagar las cesantías definitivas, sin
embargo, en la controversia que ahora nos ocupa, resulta necesario aplicar el parágrafo
transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995, según el cual «las entidades públicas del
Orden Nacional, Departamental, Municipal o Distrital, [que] se pongan al día en el pago de
las Cesantías Definitivas atrasadas» dentro del «término de un (1) año, contado a partir de
la vigencia de [esa] Ley» (29 de diciembre de 1995), no se les impondrá «la sanción prevista
en el parágrafo del artículo 2o.» ibidem.

Entonces, como se encuentra acreditado que el departamento de Boyacá le sufragó al
demandante, el 23 de abril de 1996, las cesantías definitivas que este reclamó desde el 30
de noviembre de 1995, no puede pregonarse que la indexación reconocida con
posterioridad por la jurisdicción contencioso-administrativa44 dé lugar a la imposición de la
citada sanción (como lo entiende el actor), pues la normativa que la consagra, se reitera,
no lo prevé así.

En similares términos concluyó esta sala de decisión, en providencia de 27 de noviembre
de 202045, al precisar:

20. Conforme a lo establecido y contrario a lo señalado por la parte actora, la sanción moratoria
solo tiene lugar en el evento en que la administración no cumpla con la obligación de cancelar las
cesantías dentro del plazo legal previsto por el legislador, que puede variar de acuerdo a la
situación concreta de cada beneficiario, de manera que el hecho de que la administración haya
liquidado un monto por cesantías definitivas que luego haya sido objeto de un reajuste, no
conlleva a determinar que desde la fecha de la solicitud de reconocimiento de la prestación hasta
el pago de la misma, no se hayan cumplido con los términos establecidos por la ley para tal efecto.

Por consiguiente, con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía
con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la
sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

De lo expuesto, la Sala advierte que, en la sentencia objeto de este recurso se emitió un
pronunciamiento sobre todos los extremos planteados por las partes en el litigio, por lo
que no omitió ningún aspecto de los que fueron expuestos en la demanda acorde con los
hechos y las pretensiones formuladas por el demandante.

En efecto, en la sentencia cuestionada se consignaron con suficiencia las razones
jurídicas por las cuales la condena reconocida en la providencia de 27 de mayo de 200846
por concepto de pago de indexación de las cesantías del demandante no generaba, de
manera automática, el reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de
1995. En tal sentido, se explicó que dicha sanción es una penalidad de orden pecuniario,
y no un derecho laboral, la cual se causa única y exclusivamente cuando la administración
incumple la obligación de reconocer y pagar las cesantías dentro del término legalmente
previsto para ello, situación que no aconteció en este caso.

44 Hecho nuevo que invoca el actor para incoar la presente acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
45 Expediente 17001-23-33-000-2018-00047-01 (5452-2019).
46 Proferida por la Sala Especial Transitoria de Decisión 2B de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Consejo de Estado dentro del expediente 11001-03-15-000-2001-00261-01.

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De ahí que la Sala considera que la sentencia objeto de este recurso fue proferida de
manera congruente con los hechos y las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, motivo por el cual no se vulneró el debido proceso al señor
José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento en cuanto al desconocimiento del principio de
congruencia alegado.

En lo que respecta al reproche de la falta de motivación de la sentencia acusada, resulta
oportuno destacar que la jurisprudencia de esta Corporación47 ha sido enfática en señalar
que la nulidad originada en la sentencia, por ausencia de motivación, se presenta
únicamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho
o de derecho que le permiten arribar a una decisión48, circunstancia que claramente no
se presenta en este caso dado que, del examen de la providencia censurada se observa
que se incluyeron los elementos fácticos, probatorios y jurídicos que sirvieron de
fundamento para confirmar la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones
de la demanda.

Ahora bien, en lo atinente al reparo relacionado con la indebida valoración probatoria, se
evidencia que no coincide con los eventos que viabilizan la configuración de la causal
invocada, ya que prevalece la autonomía e independencia de la autoridad judicial que
efectúa dicho análisis, razón por la que este argumento no será estudiado de fondo. Al
respecto, la Sala Trece Especial de Decisión, en sentencia de 7 de abril de 201549, indicó:

debe tenerse en cuenta que la apreciación o valoración probatoria que haga el juez en la
sentencia sea que se haga de una forma u otra, no puede ni debe considerarse como
violación al debido proceso, salvo que se trate de una evidente arbitrariedad o una ausencia
total de motivación.

Y eso es así, porque dicha apreciación es una actividad propia de la labor de juzgamiento
del juez, que se encuentra revestida por el principio de autonomía e independencia judicial
y por el principio de la sana crítica.

5.1.6.- En ese sentido, el desacuerdo en la valoración de las pruebas no puede ser
desatado mediante el ejercicio del recurso extraordinario de revisión. De ser así, se
convertiría este recurso en un escenario para evaluar el grado de convencimiento de los
razonamientos de los jueces ordinarios y, por ende, en una tercera instancia, lo que
vulneraría el principio de cosa juzgada.

No puede perderse de vista que la interpretación y valoración probatoria es un asunto
propio del debate que debe surtirse en el proceso ordinario de conocimiento.50
[Negrillas por fuera del texto original]

Respecto del reparo del demandante asociado con que se desconoció el precedente
jurisprudencial y se aplicó indebidamente las sentencias SUJ-012-S2 de 18 de julio de

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia

de 27 de febrero de 2019, C.P. Guillermo Sánchez Luque, núm. único de radicación 54001 33-31-006-
2011-00207-01 (59706).
48 Sobre el particular: «la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación se presenta

solamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que
le permiten arribar a una decisión. En efecto, esta causal no procede para controvertir las razones del fallo
ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que, a juicio del recurrente,
hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que
se discutirían nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada». [La negrillas y subrayas
fuera de texto].
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia

de 7 de abril de 2015. Radicación: 11001-03-15-000-2013-02724-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
50 Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil- sentencia 076 del 11 de marzo de 1991.

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2018 y de 27 de noviembre de 2020 a su caso, la Sala advierte, como bien lo ha dicho
esta Corporación51 en otras ocasiones, la inobservancia del precedente jurisprudencial
no constituye un defecto orientado a evidenciar una nulidad originada en la sentencia,
sino al examen de aspectos de fondo del fallo acusado, motivo por el cual tampoco será
estudiado de fondo.

Sobre la improcedencia del recurso extraordinario de revisión por desconocimiento del
precedente judicial, la Sala Trece Especial de Decisión en la citada sentencia del 7 de
abril de 2015, consideró:

Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial –esto es,
la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o sentencias que tengan la entidad de
precedente-, la legislación prevé el denominado recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, procedente, sí, contra las sentencias de única y segunda instancia
proferidas por los tribunales administrativos, cuando contraríen o se opongan a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado, en los términos de los artículos 256 a 268
del CPACA.

De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tendría cabida la
acción de tutela contra providencia judicial para garantizar la aplicación de una sentencia
de unificación o de un precedente judicial, en los términos expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, con el fin de proteger el derecho fundamental
de igualdad.

Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de tutela contra
providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del precedente y, por ende, por
la violación del derecho a la igualdad, al considerar que el recurso extraordinario de revisión
no es el mecanismo judicial idóneo para atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya
que no fue previsto por el legislador como una causal de dicho recurso52.

Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del recurso extraordinario
de revisión.

En cuanto al motivo de inconformidad relacionado con el supuesto desconocimiento de
los efectos de la cosa juzgada de la providencia de 27 de mayo de 2008 proferida por la
Sala Especial Transitoria de Decisión 2B del Consejo de Estado, dentro del expediente
11001-03-15-000-2001-00261-01, a partir del cual el recurrente alegó la configuración de
la causal del numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso, la Sala advierte
que el mismo está orientado a controvertir el análisis que para el efecto realizó el juez de
instancia, mas no a demostrar la configuración de la causal alegada, por lo que resulta
claro que se persigue reabrir la discusión jurídica que ya se surtió.

La Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión no procede para controvertir
las razones del fallo y mucho menos para reiterar la controversia que se planteó en el
marco del proceso respectivo, pues en tal evento, se estaría utilizando este mecanismo
excepcional como una instancia adicional.

51 Sobre la imposibilidad de considerar el desconocimiento del precedente judicial como un presupuesto

configurativo de la nulidad originada en la sentencia, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera. Sentencia de 22 de agosto de 2022. Radicación:
11001-03-26-000-2018-00064-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia de 4 de agosto de 2020. Radicación:
11001-03-15-000-2016-03553-00. C.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión. Sentencia de 12 de mayo de 2025. Radicación: 11001-
03-15-000-2022-01303-00. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
52 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012, entre otras.

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En este contexto, la Sala encuentra que, aunque el recurrente invoca la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA su verdadera finalidad con este recurso es
reabrir el debate y controvertir la tesis jurídica adoptada por el juez natural del asunto
respecto de los efectos derivados de la providencia de 27 de mayo de 2008 y de la
procedencia de la sanción moratoria en su caso particular, siendo este un propósito ajeno
al recurso extraordinario de revisión dada su naturaleza excepcional.

Ello, en consideración a lo señalado por esta Corporación en otras oportunidades, al
precisar que «No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados
en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito
de la aludida causal»53.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala Especial de Decisión
concluye que los argumentos expuestos por el demandante no configuran la causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, motivo por el cual se declarará infundado.

5.8. De la condena en costas

De conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 201154,
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, y el artículo 365 del Código General
del Proceso55, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, se condena
en costas a la parte recurrente, por concepto de agencias en derecho, dado que el
recurso extraordinario se declarará infundado.

Las agencias en derecho se fijarán en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia, en atención a los criterios definidos para su
causación en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Dieciocho Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento contra la sentencia de 25 de febrero
de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-23-31-
000-2010-01141-01, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión.

SEGUNDO. CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la parte
recurrente. Por Secretaría, liquídense e inclúyase, la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

53 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P

Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
54 «Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
55 «8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su

comprobación».

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TERCERO. Por Secretaría General, DEVOLVER el expediente del proceso ordinario al
tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la
fecha.

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Consejero de Estado Consejera de Estado
Con salvamento parcial de voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Consejero de Estado
Consejera de Estado
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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