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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00441-01

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00441-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 29 de julio de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00441-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – tercera instancia - la parte actora pretende
reabrir el debate jurídico al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial del
señor Héctor Tapiero Huelgos en contra de la sentencia proferida el 29 de julio de
2021, por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la
cual se resolvió:

<< PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por el señor Héctor Tapiero Huelgos, contra el Tribunal Administrativo del
Tolima y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991, para los fines allí contemplados.

TERCERO. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO
SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de
esta providencia, por secretaría general de la Corporación, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión >> (negrillas del
texto original)

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 18 de enero de 2022, el señor Héctor Tapiero Huelgos, instauró demanda de
tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo de Tolima, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
a la legalidad, al debido proceso, a la seguridad social y a la favorabilidad,

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al proferir los
fallos del 16 de diciembre de 2019 y 29 de julio de 20211, respectivamente, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 73001-33-33-004-2018-
00028-00/01, que promovió en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Pensional y Parafiscales – UGPP –.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a las siguientes2:

<< 11.1. Se conceda la presente acción de tutela por la abierta vulneración de
los derechos fundamentales expuestos a lo largo de este escrito y por los
defectos fácticos y sustantivo enunciados.

11.2. Se deje sin efectos las sentencias de 16 de diciembre de 2019 y 29 de
julio de 2021 proferida por las autoridades judiciales accionadas, y se concedan
las pretensiones de la demanda ordenando liquidar la pensión hasta la fecha
de retiro del servicio, con el último año de servicio y conforme los factores
salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 sobre los que se me hizo
descuento de aportes durante toda la vida laboral en el cuerpo de custodia y
vigilancia INPEC, conforme lo establecido en la resolución número RDP 038076
del 17 de diciembre de 2014 y a la Circular número 000027 del 12 de junio de
2013 >>.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.1.- El señor Héctor Tapiero Huelgos estuvo vinculado como Dragoneante del
cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria del INPEC durante el
periodo comprendido entre el 8 de junio de 1985 y el 15 de diciembre de 2015.

3.2.- Mediante Resolución número 21709 del 22 de diciembre de 2011, CAJANAL
reconoció al accionante, la pensión de jubilación, por un valor de $722.000, que
corresponde al 75 % del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de los
10 últimos años, tomando en cuenta solamente el factor salarial denominado sueldo.
En dicho acto administrativo, se indicó que el accionante adquirió el estatus jurídico
de pensionado el 17 de julio de 2002, esto es, al cumplir los 20 años de servicios
conforme lo establecido en la Ley 32 de 1986.

3.3- El 12 de junio de 2013, a través de la Circular 000027 el Director General del
INPEC ordenó realizar descuentos de aportes para pensión conforme los factores

1
Sentencia notificada el 5 de agosto de 2021.
2
Expediente digital, Folio 14 del escrito de demanda.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, esto es, asignación básica mes,
auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados,
prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y vacaciones.

3.4.- El 17 de diciembre de 2014, a través de la Resolución RDP 038076, la UGPP
reliquidó la pensión del accionante, por un valor de $1.483.255, conforme a los
factores salariales establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978:
asignación básica (sueldo, sobresueldo), bonificación por servicios prestados,
subsidio de alimentación, auxilio de transporte y las primas de navidad, de servicios
y vacaciones.

3.5.- Mediante Resolución No. 005460 del 16 de diciembre de 2015, se aceptó la
renuncia del actor, a partir de esa misma fecha.

3.6.- El 29 de noviembre de 2016, la parte actora solicitó a la UGPP la reliquidación
de su pensión por la inclusión de nuevos tiempos y además que se reconocieran
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, por
favorabilidad, incluyendo los viáticos, la prima de riesgo y el subsidio de unidad
familiar, en virtud de los factores que ya habían sido reconocidos del artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978.

3.7.- En la Resolución RDP 013300 de 30 de marzo de 2017, la UGPP negó las
solicitudes elevadas por el accionante. En desacuerdo con lo anterior, presentó
recurso de apelación, el cual fue resuelto, a través de la Resolución RDP 025532 de
20 de junio de 2017, confirmando la decisión.

3.8.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
actor promovió demanda en contra de la UGPP, con el fin de que se declarara la
nulidad de los referidos actos administrativos y, en consecuencia, se accediera a las
pretensiones solicitadas ante dicha entidad.

3.9.- El asunto le correspondió, en primera instancia, al Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, despacho que, el 16 de diciembre de
2019, negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, al considerar que para el
28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, el
accionante se encontraba vinculado al cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC,
por lo cual le era aplicable el régimen de la Ley 32 de 1986, respecto a edad y tiempo
de servicio pero no el IBL que se debía determinar con los factores salariales sobre
los que efectivamente se hubieren efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema
de Pensiones durante los últimos 10 años de servicio, acorde con lo dispuesto en la
Sentencia de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Indicó que, conforme al certificado de salarios, el demandante cotizó durante los
últimos 10 años de servicios comprendidos entre el 15 de diciembre de 2005 y el 15
de diciembre de 2015 sobre la asignación básica y bonificación por servicios
prestados, por lo que al ser contrastados con el Decreto 1158 de 1994, eran dichos
factores los que debían tener en cuenta para establecer el ingreso base de
liquidación.

Sin embargo, al analizar el acto de reconocimiento de la pensión, el juez de primera
instancia advirtió que la entidad demandada tuvo en cuenta otros factores como el
auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima servicios y que
además se liquidó la prestación con el promedio de lo devengado entre el primero
de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014 y no con base en los últimos 10 años, por
lo que al ser más favorable, el despacho resolvió no emitir un pronunciamiento sobre
las pretensiones relacionadas con este punto.

De igual forma, manifestó que, a pesar de la existencia de la Circular 00027 de 12
de junio de 2013 del Subdirector Jurídico Pensional de la entidad, en el proceso no
existía constancia de que el demandante hubiere cotizado sobre factores diferentes
a la asignación básica y la bonificación por servicios.

3.10.- En desacuerdo con lo anterior, la parte actora presentó recurso de apelación
El 29 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima, confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

4.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que las autoridades
judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a la legalidad, al
debido proceso, a la seguridad social y a la favorabilidad, toda vez que incurrieron
en un defecto sustantivo por violación directa de la constitución y en un defecto
fáctico, por valoración defectuosa de la prueba.

En relación con el defecto sustantivo alega que este se presenta porque en las
providencias acusadas se desconoce el artículo 48 de la Constitución Política, toda
vez que “sólo quedan cuatro regímenes especiales vigentes en Colombia, conforme
al Acto Legislativo 01 de 2005, y uno de esos cuatro regímenes es el de Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria y Carcelaria, del cual hice parte durante
más de treinta y tres años. Por lo tanto, mal hace el Tribunal Administrativo el traer
a colación la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de
2018 que se refiere al régimen de transición. Régimen que no tiene ninguna relación
con la pensión de los miembros de cuerpo de custodia INPEC”.

Sobre el defecto fáctico, aduce que este se configura porque “en el proceso está
demostrado hasta la saciedad que se me hicieron descuento de aportes por toda la
vida laboral sobre los factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Para ello solo hay que ir a la resolución número RDP 038076 del 17 de diciembre de
2014 y a la Circular número 000027 del 12 de junio de 2013 de la Dirección General
del INPEC, las que se encuentran en el expediente y a las que las sentencias
accionadas hacen referencia. Pero además tal situación también se explica con los
certificados laborales obrantes en el proceso”.

4.1.- Señala que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el artículo 4 y
el parágrafo 5 del artículo 48 de la Constitución, normas que, a su juicio, resultaban
aplicables al caso en concreto, pues el ingreso del demandante al INPEC se dio con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, por lo que, para
liquidar su pensión, debía tenerse en cuenta el régimen especial previsto en las
Leyes 33 de 19853 y 32 de 19864, así como los factores salariales establecidos en el
Decreto 1054 de 19785 y no, el régimen general de pensiones, ni mucho menos el
régimen de transición de que trata la Ley 100 de 1993. En tal sentido, precisó que:

<<el único Régimen de Transición aplicable a las Pensiones del Personal del
CCVPCN es el que consagra el Parág. 5 del Art. 48 de la Constitución Política
de Colombia, que separa los dos (2) regímenes, el Especial - del General en
virtud de la vigencia del Dto. 2090/0310 y protege los derechos adquiridos y
las expectativas legítimas de los funcionarios respecto al derecho a
pensionarse con las reglas o normas anteriores a la entrada en vigencia de la
Ley 100/93.>>

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 20 de enero de 2022, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Tolima y al Juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en calidad de tercero interesado
en el proceso y requirió a las autoridades judiciales vinculadas al presente asunto
para que, remitieran de forma digital copia de las actuaciones adelantadas en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
accionante contra la UGPP, con radicado 73001333300420180002800.

(i) Tribunal Administrativo de Tolima6

3
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público”.
4
“Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.”
5
“Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales
de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.”
6
Intervención contenida en 20 folios.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

6.- El 25 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo de Tolima manifestó que no
incurrió en los defectos que le fueron endilgados, pues en la sentencia proferida
expuso las razones de hecho y de derecho que estimó pertinentes y que sirven como
fundamento de la decisión enjuiciada.

(ii) Unidad Administrativa Especial de Gestión de Pensional y Parafiscales –
UGPP –7

7.- El 25 de enero de 2022, la UPGG, solicitó que la solicitud de amparo se declare
improcedente, al considerar que: (i) en la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo, no se incurrió en el defecto material o sustantivo, sino que por el
contrario la misma se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial
que regula el tema, para determinar que al accionante no le asistía el derecho a la
reliquidación de la pensión de vejez; (ii) la parte actora no puede pretender usar la
acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas
por el juez competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento
establecido en la Ley para el efecto; y (iii) la acción de tutela no es el mecanismo
judicial idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando
ya se ha pronunciado el juez competente de la causa respetando la doble instancia.

C. Sentencia de primera instancia

8.- Mediante sentencia del primero de marzo de 2022, la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional, pues no se identificaron de forma razonable
los hechos que supuestamente generan la vulneración alegada, aunado a que el
accionante buscar convertir la acción constitucional en una tercera instancia, al
esbozar los mismos argumentos que fueron planteados en el proceso ordinario, los
cuales, además, fueron resueltos por el juez natural de la causa.

D. La impugnación

9.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación; para
el efecto, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de amparo y, además,
manifestó que “sólo decir que no es cierto lo de falta de relevancia constitucional. Si
el derecho a la seguridad social, favorabilidad, de legalidad y debido proceso no
tienen relevancia constitucional, entonces no sé qué la tiene, amén de un defecto
fáctico imperdonable que conllevó a un error jurídico (…) Tampoco es cierto lo de la
falta de motivación de la vulneración que alegué, lo que quise fue hacer énfasis en
el error en cuanto a la pretensión subsidiaria de la demanda en el sentido de que la
accionada no reconoció la pensión de jubilación del suscrito hasta la fecha en que

7
Intervención contenida en 10 folios.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

laboré, ni con los factores salariales sobre los cuales hice aportes para pensión, junto
con el empleador. Las demás situaciones fácticas y jurídicas están dilucidadas y
debatidas ampliamente en las sentencias de primera y segunda instancia y sigo
pensando que no era menester traerlas a colación en la presente acción” 8.

9.1.- Sumado a lo anterior, indicó que la Sección Segunda, centró de forma
equivocada, su análisis “en la pretensión principal de la demanda, esto es, que la
pensión sea reliquidada con el promedio del 75 % de todos los factores salariales
devengados durante el último año (…)” y al hacerlo “(…) Los falladores de instancia
en la tutela equivocaron el camino, ya que ese no era el objetivo de la presente acción
de tutela, la misma estaba y está orientada a la vulneración de la pretensión
subsidiaria de la demanda, esto es, que al suscrito se le hizo descuento de aportes
en toda su vida laboral sobre los factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045
de 1978 y la Ugpp y las autoridades judiciales accionadas se negaron a dicho
reconocimiento hasta la fecha del retiro del servicio penitenciario: 15 de diciembre
de 2015”9.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

10.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 199110.

F. Análisis del caso concreto

11.- Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el
fallo impugnado, proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela por no encontrarse acreditado el requisito
de relevancia constitucional.

12.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha reconocido que para determinar si una
acción de tutela satisface el requisito de relevancia constitucional es necesario entrar
a examinar dos elementos, a saber11:

8
Expediente digital, Escrito de impugnación, fl. 1.
9
Expediente digital, Escrito de impugnación, fl. 3 – 4.
10
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
11
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento anotado, en
tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la
decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la
determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas
de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

13.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el recurso de apelación
presentado contra la sentencia de 16 de diciembre de 2019, emitida por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el contenido de la sentencia
enjuiciada, no encuentra esta Sala que el Tribunal accionado haya quebrantado las
prerrogativas superiores alegadas por la parte accionante, así como tampoco que
hubiere incurrido en los defectos específicos que se le atribuyen. Ciertamente, una
revisión de los planteamientos aducidos en la demanda de tutela permite advertir
que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una
instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado
y concluido, al pretender reabrir un debate jurídico ya zanjado por el juez natural de
la causa por no estar de acuerdo con la decisión de confirmar la decisión de primera
instancia y, en consecuencia, no acceder al reajuste pensional solicitado.

14.- En efecto, la Sala advierte que los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela
para sustentar la configuración de un defecto sustantivo, por indebida aplicación del
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, así como del Decreto 2090 de
2003, para efectos de liquidar la pensión reconocida, pues, a juicio del demandante,
el régimen pensional aplicable es el establecido en la Ley 32 de 1986, también
fueron planteados en el recurso de apelación, tal como pasa a verse:
8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

“II. DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En términos generales la fundamentación jurídica de la sentencia es acertada,
excepto en la parte final de la misma en que se afirma que los factores a tener en
cuenta son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, esto es, la asignación
básica mensual y la bonificación por servicios prestados, siendo que durante toda la
vida laboral de mi poderdante se le hicieron descuentos de aportes sobre los
factores salariales establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, tal como
lo demuestran los certificados laborales aportados, la Circular 000027 de 12 de julio
de 2013 proferida por el Director General del INPEC y hasta la propia resolución
número RDP 038076 del 17 de diciembre de 2014.

Por eso es afortunado cuando en la sentencia se expresa: ‘Ahora bien, como quiera
que lo Ley 32 de 1986 y el Decreto- Ley 407 de .1994, no determinaron el Ingreso
base de liquidación de la pensión del personal de custodia y vigilancia del INPEC y
a estos, por desempeñar una actividad de las denominadas de alto riesgo, no les
resulta aplicable la normatividad vigente para los empleados públicos del orden
nacional consagrada en la Ley 33 de 1985, resulta necesario acudir a lo previsto en
el artículo 4° de la Ley 4 de 1966, que ordena la liquidación de la pensión de
Jubilación sobre el 75% de todos los factores devengados en el último año de
servicios, cuyo tenor literal es el siguiente:
(…)

Igualmente, como quiera que las referidas normas no determinaron los factores
salariales que debían ser tenidos en cuenta al momento de la liquidación en de la
pensión de jubilación, para dichos efectos debe remitirse a lo dispuesto en las
normas vigentes para los empleados públicos del orden Nacional que no son otras
que las contenidas en el Decreto 1045 de 1978, que en su artículo 45 dispone: (…)’
Que es precisamente como se debió fallar, ordenando el reconocimiento de la
pensión de jubilación de mi poderdante con el último año de servicios y con los
factores salariales contemplados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Ello
atendiendo lo establecido en el propio Acto Legislativo 01 de 2005 y al que su
señoría hace referencia, en el sentido que: ‘Para la liquidación de las pensiones
solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones’”12. (negrilla del texto original)

15.- Sobre el defecto fáctico, en el escrito de apelación, la parte actora señaló que:
“IV. DEL CONTENIDO DE LA CIRCULAR 00027 DEL 12 DE JUNIO DE 2013 Y DE
LOS CERTIFICADOS LABORALES APORTADOS (…) El contenido de la circular
00027 del 12 de junio de 2013 es absolutamente cierto y es injusto que el Despacho

12
Expediente digital, Rad. 73001333300420180002800, Cuaderno 1ª, Escrito de Apelación, fl. 175.
9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

haga conjeturas infundadas poniendo en duda su contenido y aplicación, después
de haber decretado y tenido como prueba dicho documento.

La Circular 00027 del 12 de junio de 2013 se hizo efectiva por parte del INPEC a
partir de julio de 2014, es decir, a partir de esa fecha se empezó a descontar en
aportes pensionales sobre los factores salariales establecidos en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978.

Por eso en el Formato No. 3 (B) Certificación de Salarios Mes a Mes para Liquidar
Pensiones del Régimen de Prima Media se afirma: ‘En el caso de los regímenes
especiales en la Cacilla No. 27 (asignación básica mensual) el valor de la
asignación básica mensual será suma de los factores salariales que no están
incluidos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se han efectuado
cotizaciones para pensión (EJ.: Sobre sueldo INPEC, prima de antigüedad que
se paga de manera mensual etc.) siempre y cuando exista una norma que
especifique que estos factores son válidos para pensión’. Mire como la entidad
en el mismo Formato No. 3 está indicando que se trata de una lista abierta o numerus
apertus o, en otros términos, que en el certificado no están taxativamente
establecidos los factores salariales que se toman en cuenta al expedir esa
certificación.

Efectivamente para entender el sentido de la Circular 00027 de 12 de junio de 2013
hay que Ir hasta las certificaciones laborales expedidas por el INPEC, contenidas en
los folios 25 a 41 del expediente.

Al observar el Formato No 3 (B) Certificación de Salarlos Mes a Mes número 2016-
523 del 20 de septiembre de 2016, a folio 35 se encontrará que la asignación básica
para los meses de enero a junio de 2014 era de $1.485.177 y a partir de julio subió
a $1.712.219 (con la remuneración por servicios prestados ascendió a $2.203.173)
y de agosto a noviembre fue de $1.604.728 y para diciembre se elevó a $3.461.735.
Aumento de valores que se Incrementan para el año 2015.

(…) En el Certificado de Valores Pagados número 1124, folios 36 a 40 se establece
Que desde 1994 hasta junio de 2014 no se hicieron descuentos sobre los siguientes
factores salariales: la prima de riesgo, subsidio de alimentación, subsidio de unidad
familiar, auxilio de transporte. bonificación de recreación, prima de vacaciones, prima
de navidad y prima de servicios y en todos ellos, mes por mes aparece el valor
devengado. Pero a partir del mes de julio de 2014 (cuando se empezó a hacer
efectiva la Circular 00027 de 12 de junio de 2013) hasta el mes de diciembre de 2015
registra en cero (0.00) el subsidio de alimentación, subsidio de unidad familiar, el
auxilio de transporte, bonificación de recreación, la prima de vacaciones, la prima de
navidad y la prima de servicios. Por qué aparecen en cero estos últimos factores
salariales desde julio de 2014 hasta diciembre de 2015? Porque a partir de esa fecha
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

los valores que corresponden fueron tenidos en cuenta en el Formato No. 3 (B)
Certificación de Salarios Mes a Mes, que registra los factores y valores sobre los
cuales se hicieron descuento de aportes para pensión.

Por lo que no es cierto como se afirma en la sentencia que: ‘no existe constancia
alguna de que el demandante hubiese cotizado sobre factores diferentes a los
reseñados atrás, esto es, asignación básica y bonificación por servicios prestados’.

(…) Como si fuera poco, con el contenido de la Circular 00027 del 12 de junio de
2013, con los certificados laborales en los que se explica qué factores salariales y
valores devengaba mi prohijado y cómo .se hicieron los descuentos hasta junio de
2014 y la forma en que se asumieron tales descuentos a partir de julio de 2014
cuando se empezó a dar cumplimiento a la Circular 00027 del 12 de junio de 2013,
a lo que anterior debe sumarse el contenido del oficio UGPP 20129900000403 del
21 de marzo de 2012, en el que la demandada afirma: ‘En consecuencia para el
efecto, es decir, en relación a los factores que se deben tener en cuenta para
liquidarla pensión de jubilación para los empleados del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria INPEC, es necesario acudir al Decreto 1045 de 1978,
advirtiendo que respecto de los factores que no hicieron descuentos, se debe
ordenar que estos se realicen en virtud del principio de sostenibilidad
financiera del sistema’. Oficio en el que se justifica y ratifica plenamente los
descuentos sobre toda la vida laboral de mi prohijado que no se habían realizado
(los del artículo 45 del decreto 1045 de 1978).

Por lo tanto, se debió acceder a las pretensiones de la demanda ordenando la
reliquidación de la pensión de mi prohijado sobre los factores salariales sobre los
que efectivamente hizo aportes en pensión que no fueron otros que los establecidos
en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978”13 (negrilla y subraya del texto original).

16.- A su turno, estos reproches fueron resueltos por la autoridad judicial accionada,
en la sentencia de 29 de julio de 2021, como se expone a continuación:

16.1.- En primer lugar, el tribunal accionado analizó el marco normativo en materia
pensional del personal de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, así hizo
alusión a las Leyes 32 de 1986 y 100 de 1993, los Decretos 691 de 1993, 407 de
1994, 2090 de 2003 y 1590 de 2006, al igual que al Acto legislativo 1 de 2005, por
el cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución, en el sentido de aclarar la
vigencia de los regímenes pensionales para los funcionarios del INPEC. Sobre el
caso del accionante precisó que “En este punto, es menester advertir que el caso
bajo estudio no se trata de una pensión reconocida con el Sistema General de
Pensiones, sino que, por el contrario, es un régimen especial contenido en la Ley 32

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Expediente digital, Rad. 73001333300420180002800, Cuaderno 1ª, Escrito de Apelación, fl. 176 - 179.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de 1986, ante la condición del demandante cuando fungió como dragoneante del
INPEC”.

16.2.- Además, precisó que “sobre la reliquidación pensional de ese personal, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, se pronunció mediante sentencia de tutela
proferida dentro del proceso con radicación 11001-03- 15-000-2019-01015-01, C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, de fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve
(2019), donde indicó: “La Sala advierte que en la determinación del Ingreso Base de
Liquidación de los beneficiarios del régimen de transición fijado en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, no existía una posición pacífica de discusión al respecto entre
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, hasta el momento en el que el
primero de los mencionados emitió la de 28 de agosto de 2018 que avaló la tesis de
la Corte Constitucional.

(…)

Aunado a lo anterior, si bien es cierto no hay precedente de unificación frente al
régimen especial del personal del INPEC, es necesario traer a colación la sentencia
de fecha 11 de junio de 2020, proferida dentro del proceso con radicación No. 15001
23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017), donde la Sala Plena de la Sección segunda
del Consejo de Estado, unificó su criterio en el régimen de pensión de jubilación de
la Rama Judicial y del Ministerio Público/ Beneficiarios de la transición normativa de
la Ley 100 de 1993, en lo atinente a su Ingreso Base de Liquidación, para lo cual
precisó:

‘En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la siguiente manera:
iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre;
b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o
posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo
menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico
de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993,
según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC
certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a
la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el
que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el
DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del
Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

modificación de la Ley 332 de 1996;2 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto
1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del
Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público’”.

16.3.- A partir de las normas y precedentes reseñados, la autoridad judicial concluyó
que el Consejo de Estado ha venido sentando una posición uniforme sobre la forma
de liquidar la pensión de quienes se encuentran en el régimen de transición
contenido en el artículo 36 del Sistema General de Pensiones, precisando que la
edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo debe ser la contenida en la norma
especial, y lo atinente al ingreso base de liquidación debe calcularse de conformidad
a los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993.

16.4.- Advirtió que en el caso del accionante la normatividad aplicable para el
reconocimiento pensional, en lo temas relacionados con la edad, el tiempo de
servicio y la tasa de reemplazo era la contenida en la Ley 32 de 1986 y que el ingreso
base de liquidación se debía determinar de conformidad a lo dispuesto en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puntualmente a partir del 75% de los factores
salariales sobre los que hizo cotizaciones durante los últimos 10 años de servicios,
y que se encuentran previstos en el Decreto 1158 de 1994.

16.5.- En este punto, la autoridad judicial manifestó que “si bien como lo afirma el
accionante en la Resolución No. RDP038076 de 17 de diciembre de 2014, para
establecer el ingreso base de liquidación se incluyen factores salariales diferentes a
los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, tales como auxilio de alimentación,
auxilio de transporte, bonificación servicios prestados, prima de navidad, prima de
vacaciones y que en la misma resolución se ordenó realizar descuentos para
pensión de no haberse realizado, lo cierto es que tal y como lo afirma la entidad en
la Resolución RDP013300 de 30 de marzo de 2017, por favorabilidad la no debe
reliquidarse”.

16.6.- Por lo anterior, fue enfático en anotar que “si la entidad procediera a reliquidar
la pensión del accionante en los términos de la posición actual del Consejo de
Estado, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
deberán incluirse los factores sobre los que se efectuaron cotizaciones de los últimos
10 años anteriores al retiro del servicio, del 16 de diciembre de 2005 al 15 de
diciembre de 2015 (...) En cambio, al revisar la forma en que se encuentra liquidada
la pensión del demandante, se advierte que fueron incluidos otros factores que no
se encuentran contemplados en la Ley 100 de 1993 y únicamente fueron liquidados
por un año de servicio, desde 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014 (…) En
este sentido, del contenido de las resoluciones demandadas, se aprecia que la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP en
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

aplicación del principio de favorabilidad se abstuvo de modificar el reconocimiento
que ya le había sido efectuado al señor HÉCTOR TAPIERO HUELGOS, pues lo
cierto es que debió haber tomado como base el promedio de lo devengado o
cotizado durante los ultimo diez (10) años de servicios, es decir, siguiendo las reglas
establecidas en el régimen de transición del Sistema General de Pensiones, así
mismo, para establecer el Ingreso Base de Liquidación debió tener en cuenta los
factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994”.

16.7.- Finalmente, concluyó que una vez “revisado el expediente, se aprecia a folio
43 certificación del Director y Pagador del establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad Carcelario Justicia y Paz Espinal Tolima, en la que indica que el señor
Héctor Tapiero Huelgos devengó durante el periodo comprendido entre el 1 de julio
de 2014 al 16 de diciembre de 2015, se causaron a su favor comisión de servicio o
desplazamiento, no es posible tenerlos en cuenta, en tanto por favorabilidad no se
reliquidará la pensión del accionante como se explicó. Por tales motivos se
despachará desfavorablemente la pretensión elevada referente a la reliquidación
pensional, como quiera que la misma estuvo ajustada a ley y la jurisprudencia, tal y
como lo consideró la Juez de primera instancia”.

17.- Bajo este escenario, no hay duda de que la parte actora propuso en sede de
tutela los argumentos expuestos en el escrito de apelación y que estos, a su vez,
fueron resueltos en su totalidad por el Tribunal Administrativo de Tolima.

17.1.- Además, de la lectura total del fallo acusado se observa que se citaron las
normas que el juez consideró aplicables al caso concreto, asimismo, que este
estudió los hechos y las pruebas aportadas y, con base en ese análisis determinó
válidamente que en comienzo el régimen pensional aplicable al caso objeto de
estudio, era el previsto en Ley 32 de 1986 y el Ingreso Base de Liquidación debía
calcularse en los términos de la Ley 100 de 1993, pese a esto, el juez de segunda
instancia advirtió que la aplicación de las mencionadas normas desmejoraría la
prestación reconocida al accionante, razón por la cual, en virtud del principio de
favorabilidad optó por inaplicar las normas referidas garantizando de esta manera
los derechos que este considera vulnerados.

18.- Por las razones expuestas, esta Sala considera que la determinación de
confirmar el fallo de primera instancia no comporta una actuación arbitraria o abusiva
y, por el contrario, encuentra que la misma fue proferida dentro del marco de la sana
crítica, autonomía e independencia judicial, con una carga argumentativa válida y
razonable, sustentándose en disposiciones claramente aplicables al caso en
concreto, sin que pueda decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de
la parte actora.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

19.- De lo expuesto, también resulta evidente que el presente asunto comporta una
tercera instancia, al pretender reabrir un debate tramitado y concluido en las
instancias respectivas, lo que desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como
mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales.

20.- Visto lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una discrepancia valorativa
sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como
una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste
al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.

21.- Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando éstas se
fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de
las normas que son aplicables a la causa y en una valoración adecuada de las
pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión arbitraria del
juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial, y en éstos al del juez natural, los cuales, en
forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley -sustancial y procesal-14.

22.- Insiste también esta Sala en que los derechos, expectativas e intereses que se
llevan al conocimiento de la judicatura, de cara a la preexistencia de un conflicto, la
mayoría de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo
que sólo resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del
juez se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia,
que se presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, asunto
que, como ya se vio, no se reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión
judicial y la de la parte que no resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste
al operador judicial la importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en
aplicación y desarrollo de la anterior premisa.

23.- Por lo expuesto anteriormente, la acción de tutela que se examina se torna
improcedente, al no cumplir con el presupuesto de relevancia constitucional, en
consecuencia, esta Sala confirmará la sentencia de 29 de julio de 2021, proferida
por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo del Consejo de Estado.

24. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de

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Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
15

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00441-01
Demandante: Héctor Tapiero Huelgos
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 29 de julio de 2021, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Ausente con permiso

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

15
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

16

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