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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00462-00

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00462-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: 22 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00462-00 Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales del actor y, en consecuencia, ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA - CÓRDOBA que, dentro de los cinco (5) días a la notificación de la presente providencia, adelante todas las gestiones necesarias para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del accionante. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá COMUNICAR tal novedad de manera inmediata al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA- CÓRDOBA. SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA- CÓRDOBA que, una vez se disponga el certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo del actor, deberá pronunciarse, en un término de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del accionante. 23 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00462-00 Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-00462-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00462-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

TESIS: AMPARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR. EL
DERECHO AL GOCE Y DISFRUTE DEL PERÍODO DE VACACIONES
INDIVIDUALES DE LOS EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL QUE LES
ASISTE LEGALMENTE, NO SE PUEDE AFECTAR POR ASUNTOS DE
ÍNDOLE ADMINISTRATIVO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: VIDA, SALUD, TRABAJO Y
VACACIONES.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

MONTERÍA- CÓRDOBA1, el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA2 y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA - CÓRDOBA 3.

1
En adelante Tribunal.
2
En adelante Consejo Seccional.
3
En adelante Dirección Ejecutiva Seccional.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00462-00
Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo y al disfrute

de sus vacaciones, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL,

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el CONSEJO

SECCIONAL y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL al negarle

el disfrute de sus vacaciones y los recursos económicos para su

correspondiente reemplazo como funcionario del Juzgado Segundo

Promiscuo Municipal de Planeta Rica.

I.2.- Hechos

Afirmó que se ha desempeñado como Juez Segundo Promiscuo

Municipal de Planeta Rica, en provisionalidad, desde el 20 de

diciembre de 2013.

3

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Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

Señaló que con ocasión a las vacancias judiciales causadas para los

años 2018 y 2019, el CONSEJO SECCIONAL determinó que los

Juzgados Promiscuos Municipales del Distrito Judicial de Montería,

debían atender la función de control de garantías durante el período

de la vacancia judicial, dentro de los que se incluyó el despacho que

preside.

Sostuvo que el TRIBUNAL en decisiones tomadas en las sesiones

ordinarias núms. 061 de 13 de diciembre de 2018 y 065 de 05 de

diciembre de 2019, acordó suspenderle el disfrute de las vacaciones

causadas para los años 2018 y 2019.

Indicó que solicitó ante el TRIBUNAL la concesión del disfrute de

las vacaciones causadas en los años 2018 y 2019, para el período

comprendido desde el 12 de enero hasta el 24 de febrero de 2022.

Resaltó que la secretaria del TRIBUNAL le informó la aprobación

del disfrute de sus vacaciones por espacio de 44 días, encargando

las funciones al secretario del despacho judicial.

4

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Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

Aduce que el TRIBUNAL le comunicó que se ejecutarían las

gestiones de apropiación presupuestal ante la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL, con el propósito de nombrar el

reemplazo para suplir el período de vacaciones por cuanto el

secretario del despacho no había aceptado el encargo de funciones.

Arguyó que el TRIBUNAL le comunicó la suspensión de las

vacaciones concedidas en razón a que la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL mediante Oficio DESAJMOO21-909 de 29 de

noviembre de 2021, manifestó la imposibilidad de la asignación de

los recursos, argumentando que el despacho judicial pertenece al

régimen de vacaciones colectivas y no era viable la apropiación

presupuestal.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Señaló que acude al presente mecanismo constitucional para

solicitar el amparo de sus garantías constitucionales, con el fin de

que se le ordene a las accionadas que efectúen una solución

administrativa y de fondo a sus intereses laborales.

5

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Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

Arguyó que acudió ante su nominador con el fin de obtener el

derecho del disfrute de sus vacaciones, pero las mismas le fueron

suspendidas por necesidad del servicio. Así mismo, manifestó que

le fue suspendido el disfrute de vacaciones colectivas para la

vacancia judicial comprendida entre diciembre de 2021 y enero de

2022.

Por otra parte, indicó que las vacaciones o descanso para los

trabajadores es un derecho fundamental que debe ser protegido,

por lo que, a su juicio, las entidades accionadas no pueden alegar

situaciones administrativas para vulnerar el acceso a dicha

prestación social.

I.4.- Pretensiones

La parte actora requirió el amparo de los derechos fundamentales

invocados como violados y, en consecuencia, solicitó:

“[…]1. Con fundamento a lo expuesto anteriormente, solicito la
protección de mis derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, a la salud, al trabajo en condiciones dignas y
justas, derecho al descanso remunerado – vacaciones, los cuales
considero vulnerados, y por consiguiente se ordene al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA;
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA – SALA
ADMINISTRATIVA; DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE

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Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO; DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÓRDOBA y EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA -
CÓRDOBA, que dispongan de todo lo necesario para que se
expida u ordenen la correspondiente disponibilidad presupuestal
para el rubro del nombramiento en encargo por vacaciones del
funcionario que deba remplazarme.

2. Que cumplido lo anterior, la Sala de Gobierno del TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA -
CÓRDOBA, proceda a concederme el disfrute de mis vacaciones
del 11 de enero al 23 de febrero de 2022, o previa coordinación
de fechas con el suscrito. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL hizo un recuento

del régimen de vacaciones de los jueces de la República y resaltó

que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 270 de 1996, las

vacaciones individuales serán concedidas por la Sala Administrativa

del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de

Gobierno del respectivo Tribunal de acuerdo con las necesidades del

servicio.

Manifestó que en otras ocasiones ha negado la solicitud relacionada

con la disponibilidad presupuestal con cargo al rubro denominado

“servicios prestados por vacaciones personal titular”, por cuanto el

nivel central no autoriza a las seccionales la disposición de los

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rubros económicos para el reemplazo de un funcionario con ocasión

a las vacaciones.

Señaló que para la provisión de las vacaciones del funcionario a

cargo del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Planeta Rica

debe verifica si en la planta labora personal con los requisitos para

ejercer las funciones de Juez y, en caso afirmativo, el Tribunal

Superior de Montería podrá encargar como juez al empleado

idóneo, no obstante, si por algún motivo la persona no acepta el

encargo, se procederá a solicitar al nivel central el suministro de los

recursos económicos para efectuar el nombramiento.

Finalmente, indicó que ya ha sido abordado el tema en diferentes

instancias a fin de buscar una solución que no comprometa su

responsabilidad por desacatar una directriz de la Unidad de

Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

I.5.2.- El TRIBUNAL, el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el CONSEJO SECCIONAL y el

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE PLANETA RICA, pese a

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ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

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autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, el señor DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO,

actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la

salud, al trabajo y a las vacaciones.

El actor atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al

hecho de que se le haya negado el derecho a disfrutar sus

vacaciones con ocasión a la negativa de la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la disponibilidad presupuestal

para nombrar su reemplazo durante dicho período.

4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política".

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Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la

acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de

procedibilidad y, de ser así, establecer si la denegación de la

expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que

garantice la contratación de una persona que reemplace al actor,

vulnera sus derechos fundamentales al impedir el disfrute pleno de

sus vacaciones.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se

originó con ocasión a la expedición del Oficio núm. DESAJMOO21-

909 de 29 de noviembre de 2021, a través del cual la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición del certificado

presupuestal mencionado, mientras que la acción de tutela fue

radicada el 7 de diciembre de 2021.

Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala

también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que, por

una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección

inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de

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los trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de

control y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, en la

medida que el actor advierte que es necesario que para el disfrute

de sus vacaciones se debe efectuar un nombramiento de remplazo

durante ese tiempo5.

Verificado lo anterior, procede la Sala a abordar el estudio del fondo

del asunto.

Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la

Rama Judicial

Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución

Política establece:

“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte

5
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de
tutela en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 11001031500020210285301.

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Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor

de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado,

derecho que tiene como propósito que el empleado recupere las

energías ante el desgaste normal de las mismas, originado por la

actividad laboral.

Al efecto, en sentencia C-019 de 20046 la Corte Constitucional

señaló:

“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus
fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud
física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores
espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas
al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el
conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse
paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples
manifestaciones.

En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el derecho
a un descanso remunerado por las labores desarrolladas al
servicio del empleador, quien a su vez tiene el deber de
causarlas contablemente, al igual que la obligación de pagarlas al
empleado dentro de los términos de ley. Es decir, el empleado
tiene derecho al disfrute de un tiempo libre a título de vacaciones,
durante el lapso legalmente causado y con el pago previo de ese
derecho, pues no sería justo ni razonable el que un trabajador
saliera a “disfrutar” sus vacaciones desprovisto del
correspondiente ingreso económico. Claro es que unas
vacaciones carentes de recursos se tornarían en un hecho
contraproducente a los intereses y derechos del titular y su
familia, ante la permanencia del gasto que implica su existencia y
desarrollo.

6
Mp Jaime Araújo Rentería.

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Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional, con
arreglo a los términos y plazos establecidos en la ley.
Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin el
concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero de
las vacaciones […]”. (Negrillas fuera del texto)

De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano

mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19627, dispone:

“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
las mismas […].

Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y

funcionarios de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el

artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo 19968, en los siguientes

términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa
de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de
los Tribunal Nacional (sic), las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

7
“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”
8
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo
Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno
del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador
en los demás casos, por un término de veintidós días continuos
por cada año de servicio […]”.

Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los

empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a

saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera

colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala

Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la

Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados

Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,

Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la

Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses [...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la

RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus

vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por

tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.

Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de

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juicio obrantes en el plenario9, se encuentra probado de forma

relevante lo siguiente:

• El actor se desempeña como Juez Municipal y ejerce sus funciones

en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Planeta Rica, cargo

del que fue nombrado en provisionalidad.

• El accionante solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Montería que le fueran concedidas las vacaciones a que tenía

derecho, prestación social que fue suspendida por el nominador por

razones de la necesidad del servicio según consta en los oficios

allegados al plenario y que reposan en el expediente digital.

• El citado Despacho judicial solicitó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL expedir el certificado de disponibilidad presupuestal

en aras de garantizar el nombramiento de un reemplazo, que

sustituyera al actor mientras disfruta de sus vacaciones.

• Mediante Oficio núm. DESAJMOO21-909 de 29 de noviembre de

2021, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición
9
Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2, del
expediente de la referencia.

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del certificado de disponibilidad presupuestal aludido, por las

siguientes razones:

“[…] En atención a su oficio número 13903 de 29/11/2021,
dirigido a la Dirección Ejecutiva de administración judicial de
Montería, mediante el cual solicita disponibilidad presupuestal
para reemplazo por vacaciones no disfrutadas así:

JUEZ SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE PLANETA RICA, DR.
DANIEL POSSO CORCHO, quien solicitó vacaciones a partir del
12-01-2022, debido a lo descrito en el oficio en mención,
teniendo en cuenta que de acuerdo a lo contemplado en la ley
270 de 1996 en su artículo 146 este despacho judicial pertenece
al régimen de vacaciones colectivas y no es posible conceder
disponibilidad presupuesta!, para este caso el Honorable Tribunal
Superior de Montería designó para reemplazo por vacaciones del
titular del Despacho a RICARDO ANDRES PATERNINA GARCES
SECRETARIO en propiedad, sin embargo, el empleado en mención
informó por escrito ante el Tribunal Superior de Montería el día
25-11.2021, su voluntad de no aceptar un encargo de funciones
como juez debido a la excesiva carga laboral. Debido a lo
expuesto con anterioridad no es posible conceder la disponibilidad
presupuestal.
De mi parte como empleada de la DESAJ Montería, soy consciente
del derecho fundamental de disfrutar vacaciones sin ningún tipo
de condicionamientos de cada uno de los servidores judiciales de
Córdoba, sin embargo, es mi deber cumplir con las directrices del
Consejo Superior de la Judicatura como órgano administrativo de
la Rama Judicial. Ante esta situación los servidores judiciales se
ven abocados a interponer acciones constitucionales contra El
Consejo Superior de la Judicatura para proteger sus derechos
fundamentales, así ha sucedido en este y en otros distritos
judiciales, la mayoría de los fallos judiciales han resultado
favorables a los jueces o empleados pero sus efectos son inter
partes, por tanto, solo aplican para cada caso particular. […]”.

Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial

aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que las

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circunstancias administrativas no pueden limitar el goce y disfrute

del período vacacional que legalmente le asiste al actor, teniendo

en cuenta la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al

trabajo, donde el descanso constituye una garantía fundamental del

empleado, además de una prestación social y un derecho

económico relacionado con la salud y la seguridad social de las

personas.

Debe entenderse, además, que la función judicial comprende un

desgaste intelectual y moral especial, que amerita en

contraprestación, condiciones adecuadas de descanso y distracción

que redunden en la renovación de fuerzas para el ejercicio de sus

actividades laborales posteriores al período vacacional.

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta

de restricciones administrativas no es una obligación que deba

soportar la parte actora, además porque las dificultades de la carga

laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no

pueden proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los

despachos judiciales.

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Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento de la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, en su informe, según el

cual el disfrute de las vacaciones y la expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de

remplazo depende única y exclusivamente del nivel central y que la

negativa a las peticiones del actor obedece al cumplimiento de una

directriz emitida por la Unidad de Planeación de la Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial.

Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho

al trabajo en condiciones dignas del actor, rompería el desarrollo

armónico y eficiente de las tareas asignadas a cada funcionario,

máxime si se tiene en cuenta la carga laboral que en particular

debe atender un juzgado promiscuo municipal.

Al respecto, se destaca que, en asuntos como el presente de forma

reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en

dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el

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reemplazo del empleado durante sus vacaciones10.

El criterio aludido no solo ha sido acogido por esta Sala sino que

también es sostenido por la SECCIÓN CUARTA y la SECCIÓN

QUINTA de esta Corporación.

Así, en sentencia de 19 de agosto de 202111, la SECCIÓN CUARTA

señaló:

“[…] De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole
administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se tiene
en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental
derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.

[…]

De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a
la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez. En
consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional – Bogotá - Cundinamarca, Dirección Financiera
y al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que, de manera coordinada, dentro de

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
agosto de 2021,CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de
agosto de 2021, CP Milton Chaves García, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04630-00.

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treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, adelanten las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan, para que la Juez 17 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá nombre el
reemplazo de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez, y así
materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado […]”

De igual forma, en sentencia de 9 de septiembre de 202112, la

SECCIÓN QUINTA expuso:

“[…] En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996,
de modo que, conforme a lo expuesto en precedencia, la Sala
considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones dignas
del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón, por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, por lo
que se impone tutelar el derecho conculcado y, en consecuencia,
se dispondrá:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales adopte las medidas que se requieren para conceder las
vacaciones del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón. La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director
seccional, para proveer los mencionados recursos […]”.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concederá el amparo

solicitado y, en consecuencia, ordenará a la DIRECCIÓN

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de
septiembre de 2009, CP Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 1100103-15-000-
2021-04993-00.

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00462-00
Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE

MONTERÍA - CÓRDOBA que, dentro de los cinco (5) días a la

notificación de la presente providencia, adelante todas las gestiones

necesarias para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal

que garantice la provisión de los recursos necesarios con el

propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del actor. Una

vez cuente con los recursos necesarios deberá comunicar tal

novedad de manera inmediata al TRIBUNAL.

Asimismo, la Sala ordenará al TRIBUNAL que, una vez se disponga

el certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en

provisionalidad el reemplazo del actor, deberá pronunciarse, en un

término de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de dicha

comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del

accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00462-00
Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales del actor y, en

consecuencia, ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA -

CÓRDOBA que, dentro de los cinco (5) días a la notificación de la

presente providencia, adelante todas las gestiones necesarias para

expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la

provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el

reemplazo de las vacaciones del accionante. Una vez cuente con los

recursos necesarios deberá COMUNICAR tal novedad de manera

inmediata al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE MONTERÍA- CÓRDOBA.

SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MONTERÍA- CÓRDOBA que, una vez se disponga el

certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en

provisionalidad el reemplazo del actor, deberá pronunciarse, en un

término de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de dicha

comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del

accionante.

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00462-00
Actor: DANIEL ENRIQUE POSSO CORCHO

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto parcial

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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