Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00464-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00464-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00464-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00464-00
Demandante: ROBERTO DE JESÚS CASTILLO RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto de Jesús Castillo
Rodríguez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 19 de enero de la presente anualidad, el señor Roberto de Jesús Castillo
Rodríguez interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad. Formuló las siguientes pretensiones:
Primera: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales del DEBIDO
PROCESO (Art. 29 C.N.) y la IGUALDAD (Art. 13 C.N.) que le asisten al señor
ROBERTO DE JESÚS CASTILLO RODRÍGUEZ, los cuales han sido vulnerados
por la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE
ESTADO, quien en la sentencia proferida el día 25 de noviembre de 2021,
expedida al resolver el recurso de apelación dentro del trámite del medio de
control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por
ROBERTO DE JESÚS CASTILLO RODRÍGUEZ en contra de la NACIÓN-
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00464-00
Demandante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES distinguido con el Radicado. N° 2018-00029, dispuso
negar la reliquidación y el reajuste de los sueldos básicos devengados en
servicio activo y de la asignación de retiro legalmente reconocida; incurriendo en
las causales contempladas por la sentencia C-590 de 2005 bajo los nomen iuris
de “DEFECTO SUSTANTIVO”, “DEFECTO FÁCTICO”, “DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE”, “VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN”,
“DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN”.
Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la
sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por la SUBSECCIÓN A DE LA
SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, la cual fue proferida dentro
del trámite del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO promovido por ROBERTO DE JESÚS CASTILLO RODRÍGUEZ en
contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES distinguido con el Radicado. N° 2018-
00029, mediante la cual se negó la reliquidación y el reajuste de los sueldos
básicos devengados en servicio activo y de la asignación de retiro legalmente
reconocida al señor ROBERTO DE JESÚS CASTILLO RODRÍGUEZ, así como
se impuso condena en costas de las dos instancias del trámite del proceso a
cargo del aquí demandante.
Tercera: Como resultado de la petición contenida en el numeral SEGUNDO (2),
ORDENAR a la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO
DE ESTADO que dentro del término no mayor a ocho (08) días hábiles
siguientes al momento en que reciba el expediente, profiera sentencia en la cual
se REVOQUE la condena en costas de primera instancia y se REVOQUE el
numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el día 25 de
noviembre de 2021 en el cual se impuso condena en costas de segunda
instancia a cargo del señor ROBERTO DE JESÚS CASTILLO RODRÍGUEZ.
Todo ello, ajustándose a la normatividad tanto sustancial como procedimental
vigente y tomando los correctivos necesarios para el respeto de los derechos
fundamentales del debido proceso e igualdad del señor ROBERTO DE JESÚS
CASTILLO RODRÍGUEZ.
1.2. Hechos
Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:
El señor Roberto de Jesús Castillo Rodríguez indicó que la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (en adelante CREMIL), mediante Resolución 1252 del 26 de abril
de 2006, le reconoció asignación de retiro en cuantía del 78% del sueldo básico que
percibía como teniente coronel del Ejército Nacional. El 28 de abril de 2017, solicitó
el reajuste de su asignación de retiro, «con el fin de lograr su reajuste e incremento
de conformidad con el IPC». Mediante Oficio 690 del 19 de mayo de 2017, CREMIL
negó la solicitud de reajuste.
Inconforme con lo anterior, el accionante en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho demandó a CREMIL y al Ministerio de Defensa, con
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Demandante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reajuste de su asignación de retiro.
El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 22 de noviembre de 2019,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante. Contra
esa decisión, el señor Castillo Rodríguez interpuso recurso de apelación y, en
providencia del 25 de noviembre de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado la confirmó e impuso condena en costas en segunda
instancia.
1.3. Argumentos de la tutela
El señor Roberto de Jesús Castillo manifestó que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en:
(i) Desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, según el cual la condena en costas no es automática «por el hecho
de la decisión adversa del recurso de apelación», sino que está sujeta a la
verificación de ciertos requisitos para su imposición. Para tal efecto, citó como
desconocidas las siguientes sentencias:
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de
febrero de 2016, radicado 2012-00060-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de
enero de 2015, radicado 2012-00701-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 5 de julio
de 2018, radicado 2013-00598-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de
julio de 2018, radicado 2013-00493-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de
septiembre de 2018, radicado 2014-00390-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de
septiembre de 2018, radicado 2014-00050-01.
• Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 17 de octubre de 2013,
radicado 2012-00282-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de
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Demandante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
septiembre de 2018, radicado 2012-00088-01.
• Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2008.
(ii) Defecto sustantivo, por interpretación errónea del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, dado que, en su criterio, fue condenado en costas únicamente por el
«resultado adverso del proceso», sin tener en cuenta que tal disposición normativa
no establece una condena en costas automática, sino que esta «es el resultado de
observar una serie de factores».
Igualmente, sostuvo que la autoridad judicial demandada no aplicó el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, que establece que solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. Al respecto, señaló que en la providencia cuestionada no indicó la
manera en que se habían causado las costas, ni fundamentó su decisión en
elementos probatorios.
(iii) Defecto fáctico, por indebida valoración del material probatorio que obraba en
el expediente. Expuso que se encontró demostrado, sin estarlo, que las entidades
demandadas «habían incurrido en gastos y erogaciones necesarias para su
comparecencia e intervención activa dentro del trámite del proceso».
(iv) Decisión sin motivación, al no expresar las razones fácticas y jurídicas que lo
llevaron a concluir que se debía imponer la condena en costas al demandante.
Asimismo, porque no explicó si las entidades demandadas efectivamente habían
incurrido en los gastos judiciales ni «cuál era la medida o valor en que las costas se
causaron».
(v) Violación directa de la Constitución, porque desconoció el principio de
favorabilidad. Según dijo, en materia de imposición de costas existe disparidad de
criterios entre las dos subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
razón por la cual debió aplicarse la tesis de la Subsección B de esta Corporación,
«dado que, en aplicación de ésta, el demandante no resultaba condenado en
costas».
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Demandante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 20 de enero de 2022, se admitió la presente acción de tutela y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y, como terceros con interés, al ministro de
Defensa Nacional, al comandante general del Ejército Nacional y al director general
de CREMIL. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
2.1. CREMIL pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, porque no
se vulneraron los derechos fundamentales del actor y, además, porque no se logró
probar que existiera algún tipo de fraude en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
2.2. El Ejército Nacional indicó que lo pretendido por el accionante es utilizar la
acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario. Expresó que la
condena en costas «fue bien dirimida y es un riesgo procesal que la parte actora
conocía al momento de impetrar el medio de control y que debe asumir por acudir a
la jurisdicción sin causa».
2.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado argumentó que
la decisión cuestionada estuvo fundamentada en las sentencias del 7 de abril de
2016, radicados 4492-2013 y 1291-2014, en los que se determinó el criterio objetivo-
valorativo para la imposición de costas en vigencia del CPACA. Por tal razón, indicó
que no desconoció el precedente de la Corporación, ni tampoco incurrió en los
defectos alegados.
De igual modo, señaló que el accionante demuestra su inconformidad respecto de la
postura adoptada en la providencia cuestionada, por lo que resulta evidente que está
utilizando la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario.
Agregó que la decisión de condena en costas tuvo fundamento legal y
jurisprudencial «pacífico en la Subsección A bajo el criterio objetivo de imposición
que desarrolló el mismo CPACA, que solamente se aplicó en debida forma para el
referido medio de control».
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20121, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.
Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
1 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
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e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos2, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
2 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».
2. Problema jurídico
En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, deberá
abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron
los defectos endilgados por la parte actora a la providencia del 25 de noviembre de
2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
3. Análisis de la Sala
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
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Demandante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
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Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
4. Caso concreto y solución del problema jurídico
En el caso bajo estudio, el señor Roberto de Jesús Castillo Rodríguez alegó que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al condenarlo en
costas en segunda instancia, incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución, defecto fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente.
En la sentencia del 25 de noviembre de 2021, en relación con la condena en costas,
la autoridad judicial demandada consideró lo siguiente:
De la condena en costas
Esta Subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para
la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –
CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente,
o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).
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e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por
éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP16, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva
valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las
partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la
obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos
en los que se ventile un interés público.
Al margen de lo expuesto, la parte demandante aseguró en su recurso de
apelación, que no debió ser objeto de imposición de costas debido a que el a
quo no valoró su actitud procesal diligente a lo largo de la actuación.
Sin embargo, lo cierto es que esos juicios subjetivos referentes a la conducta de
las partes no se deben verificar en casos como el presente en vigencia de la
actual normativa procesal, pues al no ser este un medio de control de nulidad
tendiente a efectuar un control abstracto de legalidad, solo se puede inferir la
existencia de un interés particular del libelista que implica el pago a favor de la
contraparte de las respectivas costas, luego de haber resultado vencido en la
contienda judicial.
En conclusión: sí resultaba procedente la condena en costas en primera
instancia en contra del demandante, en tanto el análisis subjetivo de la conducta
procesal asumida por este no es objeto de validación frente a dicha orden
impositiva, habida cuenta de que el presente medio de control se instauró en
procura de derechos particulares en los que la parte que resulte vencida en
juicio, indispensablemente debe cancelar lo correspondiente a dicha carga
procesal conforme a la normativa actual que no predica la aplicación de juicios
de valor sobre el particular.
De la condena en costas de segunda instancia
Bajo el hilo argumentativo desarrollado en la resolución del tercer problema
jurídico, en el presente caso se condenará en costas al demandante y a favor de
las entidades demandadas, en la medida que conforme el numeral 3° del artículo
365 del CGP, el primero resultó vencido en segunda instancia al confirmarse en
su totalidad la sentencia recurrida, y además la parte pasiva intervino en esta
instancia al presentar escrito de alegatos de conclusión conforme a la constancia
secretarial visible a folio 243 del cuaderno 2.
De entrada, la Sala advierte que lo pretendido por el accionante carece de
relevancia constitucional. En efecto, aunque el demandante pretenda darle el cariz
de vicios o defectos a sus argumentos, es evidente que se encuentra inconforme
con la decisión de las autoridades judiciales de condenarla en costas, inconformidad
que, en últimas, tiene un móvil económico, pues, como se sabe, la condena en
costas procesales implica el reconocimiento a favor de la parte contraria de los
gastos en que incurrió para impulsar el proceso (expensas) y de los honorarios de
abogado (agencias en derecho).
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Demandante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
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Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En suma, lo que pretende la parte actora es que se la releve de pagar los gastos
derivados de la condena en costas que le impusieron por haber sido vencida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, circunstancia que,
a todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y, por
ende, escapa al ámbito de protección del juez de tutela.
En definitiva, la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto de Jesús Castillo
Rodríguez carece de relevancia constitucional, porque las pretensiones
encaminadas a la exoneración del pago de la condena en costas están desprovistas
del carácter iusfundamental, lo que impide su estudio de fondo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Roberto
de Jesús Castillo Rodríguez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
12
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