Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00464-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00464-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00464-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
26 de abril de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00464-01
Accionante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00464-01
Accionante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Condena en costas / Se modifica la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia proferida
el 18 de febrero de 2022 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente por falta de relevancia
constitucional la acción de tutela presentada por Roberto de Jesús Castillo
Rodríguez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer de la impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de
2017 y 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 19 de enero de 2022 Roberto de Jesús Castillo Rodríguez interpuso acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, pues
estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<Primera: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales del DEBIDO
PROCESO (Art. 29 C.N.) y la IGUALDAD (Art. 13 C.N.) que le asisten al señor
ROBERTO DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ, los cuales han sido vulnerados por
la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO,
quien en la sentencia proferida el día 25 de noviembre de 2021, expedida al resolver
recurso de apelación presentado dentro del trámite del medio de control de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por ROBERTO DE
JESUS CASTILLO RODRIGUEZ en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL y la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00464-01
Accionante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
distinguido con el radicado N° 2018-00029, dispuso negar la reliquidación y el
reajuste de los sueldos básicos devengados en servicio activo y de la asignación de
retiro legalmente reconocida; incurriendo en las causales […] de “DEFECTO
SUSTANTIVO”, “DEFECTO FÁCTICO”, “DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE”, “VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN”, “DECISIÓN SIN
MOTIVACIÓN”.
Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la
sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por la SUBSECCIÓN A DE LA
SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, la cual fue proferida dentro del
trámite del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
promovido por ROBERTO DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ en contra de la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES distinguido con el radicado N° 2018-00029, mediante la cual
se negó la reliquidación y el reajuste de los sueldos básicos devengados en servicio
activo y de la asignación de retiro legalmente reconocida al señor ROBERTO DE
JESUS CASTILLO RODRIGUEZ, así como se impuso condena en costas de las dos
instancias del trámite del proceso a cargo del aquí demandante.
Tercera: Como resultado de la petición contenida en el numeral SEGUNDO (2),
ORDENAR a la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE
ESTADO que dentro del término no mayor a ocho (08) días hábiles siguientes al
momento en que reciba el expediente, profiera sentencia en la cual se REVOQUE
la condena en costas de primera instancia y se REVOQUE el numeral segundo
de la parte resolutiva de la sentencia proferida el día 25 de noviembre de 2021 en
el cual se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo del señor
ROBERTO DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ.
Todo ello, ajustándose a la normatividad tanto sustancial como procedimental
vigente y tomando los correctivos necesarios para el respeto de los derechos
fundamentales del debido proceso e igualdad del señor ROBERTO DE JESUS
CASTILLO RODRIGUEZ>> (negrillas fuera de texto).
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 26 de abril de 2006 la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL),
mediante Resolución 1252, reconoció al accionante su asignación de retiro por 78%
del sueldo básico que percibía como teniente coronel del Ejército Nacional.
3.2.- El 28 de abril de 2017 el accionante solicitó el reajuste de su asignación de
retiro, <<con el fin de lograr su reajuste e incremento de conformidad con el IPC>>.
3.3.- El 19 de mayo de 2017, mediante Oficio 690, CREMIL negó dicha solicitud.
3.4.- Inconforme con lo anterior, el accionante demandó a CREMIL y al Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reajuste de su asignación de retiro.
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Accionante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
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la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
3.5.- El 22 de noviembre de 2019 el Tribunal Administrativo del Cauca negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante. Sobre las costas,
precisó que según el artículo 188 del CPACA, el juez debe pronunciarse sobre ellas,
y su liquidación y ejecución se rige por las normas del CGP. Añadió que según el
artículo 365 del CGP, para la condena en costas no se deben considerar los
elementos de carácter subjetivo atinentes a las actuaciones de las partes. En
consecuencia, condenó a la parte demandante por haber sido vencida del proceso.
3.6.- Como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el accionante, el
25 de noviembre de 2021 la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado confirmó el fallo de primera instancia e impuso condena en costas. El ad
quem afirmó que sí resultaba procedente la condena en costas en primera instancia
en contra del demandante, en tanto el análisis subjetivo de la conducta procesal no
es objeto de validación en dicha orden. Esto, debido a que los juicios subjetivos
referentes a la conducta de las partes no se deben verificar en casos como el
concreto, <<pues al no ser este un medio de control de nulidad tendiente a efectuar
un control abstracto de legalidad, solo se puede inferir la existencia de un interés
particular del libelista que implica el pago a favor de la contraparte de las respectivas
costas, luego de haber resultado vencido en la contienda judicial>>. Además,
conforme a la misma lógica, condenó en costas al demandante en segunda
instancia, pues resultó vencido en esa instancia y la parte demandada intervino al
presentar alegatos de conclusión.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante señala que la providencia atacada incurre en cinco defectos:
desconocimiento del precedente, sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución.
4.1.- Afirma que se desconoce el precedente fijado por el Consejo de Estado1 y la
Corte Constitucional2, según el cual la condena en costas no es automática <<por
el hecho de la decisión adversa del recurso de apelación>>, sino que está sujeta a
la verificación de ciertos requisitos para su imposición.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de febrero de 2016,
radicado 2012-00060-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de
enero de 2015, radicado 2012-00701-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 5 de julio de 2018, radicado 2013-00598-01. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia del 19 de julio de 2018, radicado 2013-00493-01. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de septiembre de 2018, radicado 2014-00390-
01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de septiembre de 2018,
radicado 2014-00050-01. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 17 de octubre de 2013,
radicado 2012-00282-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de
septiembre de 2018, radicado 2012-00088-01.
2 Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2008.
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Accionante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
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la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
4.2.- Sobre el defecto sustantivo, sostiene que la autoridad accionada interpretó
erróneamente el artículo 188 del CPACA, dado que, en su criterio, fue condenado
en costas únicamente por el <<resultado adverso del proceso>> sin tener en cuenta
que tal disposición normativa no establece una condena en costas automática, sino
que esta <<es el resultado de observar una serie de factores>>. Considera que la
autoridad judicial accionada no aplicó el numeral 8 del artículo 365 del CGP, que
establece que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación. Al respecto, señaló que la providencia
cuestionada no indicó la manera en que se habían causado las costas, ni
fundamentó su decisión en elementos probatorios.
4.3.- En cuanto al defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio,
expone que se halló demostrado, sin que sea cierto, que las entidades demandadas
<<habían incurrido en gastos y erogaciones necesarias para su comparecencia e
intervención activa dentro del trámite del proceso>>.
4.4.- Afirma que se configuró un defecto por decisión sin motivación en tanto la
autoridad accionada no expresó las razones fácticas y jurídicas que llevaron a
concluir que se debía imponer la condena en costas al accionante. Así mismo,
porque no explicó si las demandadas efectivamente habían incurrido en los gastos
judiciales ni <<cuál era la medida o valor en que las costas se causaron>>.
4.5.- Por último, sostiene que hubo violación directa de la Constitución porque la
autoridad accionada desconoció el principio de favorabilidad. En criterio del
accionante, en materia de imposición de costas existe disparidad de criterios entre
las dos subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, razón por la
cual debió aplicarse la tesis de la Subsección B de esta Corporación, <<dado que,
en aplicación de ésta, el demandante no resultaba condenado en costas>>.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- En escrito del 28 de enero de 2022 la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado (accionada) argumenta que la decisión cuestionada estuvo
fundamentada en las sentencias del 7 de abril de 2016, radicados 4492-2013 y
1291-2014, en las que se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición
de costas en vigencia del CPACA. Por tal razón, indica que no desconoció el
precedente de la Corporación ni tampoco incurrió en los defectos alegados.
5.1.- Señala que el accionante demuestra su inconformidad respecto de la postura
adoptada en la providencia cuestionada, por lo que resulta evidente que está
utilizando la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario.
Agrega que la decisión de condena en costas tuvo fundamento legal y
jurisprudencial <<pacífico en la Subsección A bajo el criterio objetivo de imposición
que desarrolló el mismo CPACA, que solamente se aplicó en debida forma para el
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Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
referido medio de control>>.
6.- En escrito del 25 de enero de 2022 CREMIL (tercero con interés) solicita que se
declarare improcedente la solicitud de amparo porque no se vulneraron los derechos
fundamentales del actor y no se probó que existiera algún tipo de fraude en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
7.- En escrito del 26 de enero de 2022 el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
(tercero con interés) indica que lo pretendido por el accionante es utilizar la acción
de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario. Expresa que la condena
en costas <<fue bien dirimida y es un riesgo procesal que la parte actora conocía al
momento de impetrar el medio de control y que debe asumir por acudir a la
jurisdicción sin causa>>.
8.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica (interviniente), pese a estar
debidamente notificada, guardó silencio.
E. Fallo impugnado
9.- En sentencia del 18 de febrero de 2022 la Subsección A, Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.
9.1.- El a quo del proceso de tutela consideró que el accionante se encuentra
inconforme con la decisión de las autoridades judiciales de condenarlo en costas,
inconformidad que tiene un móvil económico, pues la condena en costas implica el
reconocimiento a favor de la parte contraria de los gastos en que incurrió para
impulsar el proceso.
9.2.- Señaló que lo que pretende la parte actora es que se le releve de pagar los
gastos derivados de la condena en costas que le impusieron por haber sido vencida
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, circunstancia
que, a todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y,
por ende, escapa al ámbito de protección del juez de tutela.
F. Impugnación
10.- Mediante escrito radicado el 24 de febrero de 2022 el accionante impugnó la
sentencia del 18 de febrero de 2022 proferida por la Subsección A, Sección Tercera
del Consejo de Estado. Reitera los argumentos usados para defender la
configuración de los defectos alegados y añade lo siguiente:
10.1.- Insiste en que sí es procedente la acción de tutela, pues fue condenado a
pagar costas sin que se acreditaran los presupuestos axiológicos necesarios para
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Accionante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
la procedencia de dicha condena, lo que implica desconocer el derecho al debido
proceso. Reitera que en otros procesos similares sí se concedieron las pretensiones
de los accionantes, por lo cual hubo vulneración al derecho a la igualdad.
10.2.- Afirma que la imposición de la condena en costas según el factor objetivo por
el mero resultado del proceso quebranta la normativa que reglamenta la imposición
de la condena en costas, y transgrede los precedentes jurisprudenciales emitidos
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que conduce
a la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.
10.3.- Señala que el accionante no cuenta con mecanismos ordinarios de defensa
judicial dentro del proceso ordinario que le permitan controvertir la decisión de
imponer costas en su contra. Las herramientas que confiere el ordenamiento
procesal administrativo solamente le permiten controvertir el valor concreto en que
se fija o tasa dicha condena, pero no refutar el hecho de tener que pagar costas.
10.4.- Reitera que la autoridad accionada impuso la condena en costas sin verificar
que se hubiesen efectuado gastos y se hubiese realizado actuación procesal alguna
por la parte demandada en el proceso. La autoridad accionada manifestó que por el
sólo hecho de la decisión desfavorable del recurso de apelación, esta disposición le
autorizaba para imponer la condena en costas a cargo del accionante.
II. CONSIDERACIONES
11.- La Sala confirmará parcialmente la decisión de primera instancia, pues
encuentra adecuado del criterio del a quo según el cual la acción de tutela no cumple
con el requisito de relevancia constitucional3 en lo relacionado con la condena en
costas impuesta por el Tribunal Administrativo del Cauca en primera instancia. Sin
embargo, sí considera superado este requisito para efectos del reparo relacionado
con la condena en costas impuesta en segunda instancia por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, cargo que será negado.
11.1.- Sobre este último reparo, si bien el accionante alega la configuración de cinco
defectos distintos (desconocimiento del precedente, sustantivo, fáctico, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución), lo cierto es que se centra en un
defecto sustantivo (interpretación errónea del 188 del CPACA), desconocimiento del
3 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de
relevancia constitucional porque el accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad, y explica los defectos que considera configurados en la decisión
atacada: desconocimiento del precedente, sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y violación
directa de la Constitución. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala en relación con este
punto.
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Accionante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
precedente (sentencias del Consejo de Estado4 y Corte Constitucional5) y fáctico
(ausencia de valoración probatoria con respecto a los gastos incurridos por la
demandada en segunda instancia). En consecuencia, esta Sala analizará sus
reparos conforme a estos tres defectos.
12.- En los escritos de tutela e impugnación el accionante solicita que se revoque la
sentencia del 25 de noviembre de 2021 de la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cual confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del
Cauca que lo condenó en costas en primera instancia, y además también lo
condenó en costas en segunda instancia. Si bien afirma la configuración de cinco
defectos, es posible sintetizar su reparo en dos argumentos: la autoridad accionada
condenó en costas (i) con base en una interpretación errónea del artículo 188 del
CPACA, pues la condena fue <<automática>> al no precisar, con base en las
pruebas del proceso, cómo se habían causado dichas costas; y (ii) esto desconoció
precedentes del Consejo de Estado que permitían concluir que el accionante no
debía ser condenado en costas.
12.1.- El problema jurídico sobre la procedencia de la condena en costas de primera
instancia fue analizado de forma extensa por la autoridad accionada en los
siguientes términos:
<<Tercer problema jurídico. ¿Procedía la condena en costas de primera
instancia en contra del demandante sin haber tenido en cuenta la conducta
procesal asumida por este? Frente a este interrogante la Subsección tendrá como
tesis que, sí procedía la condena en costas de primera instancia en contra del
demandante, tal como se sustenta a continuación:
De la condena en costas. Esta Subsección sentó posición sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio
objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena
en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de febrero de 2016,
radicado 2012-00060-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de
enero de 2015, radicado 2012-00701-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 5 de julio de 2018, radicado 2013-00598-01. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia del 19 de julio de 2018, radicado 2013-00493-01. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de septiembre de 2018, radicado 2014-00390-
01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de septiembre de 2018,
radicado 2014-00050-01. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 17 de octubre de 2013,
radicado 2012-00282-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de
septiembre de 2018, radicado 2012-00088-01.
5 Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2008.
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la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral,
se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía
según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de
2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la
hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el
CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo
funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva
valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de
las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de
costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el
juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de
los asuntos en los que se ventile un interés público.
Al margen de lo expuesto, la parte demandante aseguró en su recurso de
apelación, que no debió ser objeto de imposición de costas debido a que el a
quo no valoró su actitud procesal diligente a lo largo de la actuación.
Sin embargo, lo cierto es que esos juicios subjetivos referentes a la conducta
de las partes no se deben verificar en casos como el presente en vigencia de la
actual normativa procesal, pues al no ser este un medio de control de nulidad
tendiente a efectuar un control abstracto de legalidad, solo se puede inferir la
existencia de un interés particular del libelista que implica el pago a favor de la
contraparte de las respectivas costas, luego de haber resultado vencido en la
contienda judicial.
En conclusión: sí resultaba procedente la condena en costas en primera instancia
en contra del demandante, en tanto el análisis subjetivo de la conducta procesal
asumida por este no es objeto de validación frente a dicha orden impositiva, habida
cuenta de que el presente medio de control se instauró en procura de derechos
particulares en los que la parte que resulte vencida en juicio,
indispensablemente debe cancelar lo correspondiente a dicha carga procesal
conforme a la normativa actual que no predica la aplicación de juicios de valor
sobre el particular […]>> (negrilla y subrayado fuera de texto).
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12.2.- Si bien el accionante pretende darle el cariz de vicio o defecto a su reparo, la
Sala estima que la tutela es improcedente porque los fundamentos que la soportan
son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación6.
13.- Aun considerando los argumentos del accionante, se advierte que la autoridad
accionada concluyó de forma adecuada que sí resultaba procedente la condena en
costas en contra del demandante en tanto <<el análisis subjetivo de la conducta
procesal asumida por este no es objeto de validación frente a dicha orden
impositiva, habida cuenta de que el presente medio de control se instauró en
procura de derechos particulares en los que la parte que resulte vencida en juicio,
indispensablemente debe cancelar lo correspondiente a dicha carga procesal
conforme a la normativa actual que no predica la aplicación de juicios de valor sobre
el particular>>. Este criterio es consecuente con lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA y con la posición fijada por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado7.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en lo que
respecta al cargo relacionado con la condena en costas en segunda instancia
14.- Los requisitos se cumplen pues: i) el accionante indicó de manera clara los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente
relevancia constitucional porque el cargo no fue objeto de análisis en el proceso
ordinario, pues el reparo se origina en la sentencia de segunda instancia en tanto
allí fue donde se fijaron las costas que el accionante ahora controvierte; iii) se
encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, porque la parte actora utilizó
todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales; iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez),
puesto que la providencia cuestionada se profirió el 25 de noviembre de 2021, y la
tutela se presentó el 19 de enero de 2022, es decir, dentro del término de los seis
6 En cuanto a las costas, el apelante señaló que la decisión de primera instancia no tuvo en cuenta
que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado ha expresado en reiteradas ocasiones
que la imposición de dicha carga no tiene procedencia automática contra la parte vencida del
proceso. Sostuvo que, por el contrario, dicha subsección ha afirmado que su determinación se
encuentra supeditada a la estructuración cabal de varios presupuestos fácticos. Precisó que si bien
es deber del juez pronunciarse sobre las costas, ello no implica que en todos los casos se fije dicha
condena al extremo perdedor en el litigio. Afirmó que es necesario analizar varios aspectos dentro
de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, para descartar una apreciación
netamente objetiva sobre el particular. Por último, resaltó que la jurisprudencia del Consejo de Estado
también pone de relieve la exigencia de examinar la conducta procesal.
7 Al respecto ver sentencias del 7 de abril de 2016: expedientes: 4492-2013, demandante María del
Rosario Mendoza Parra; y 1291-2014, demandante José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00464-01
Accionante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
meses precisado tanto por esta Corporación8 como por la Corte Constitucional9; y
v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
H. No se configuran los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente porque la condena en costas de la autoridad accionada se
fundamenta en las pruebas del proceso, parte de una interpretación adecuada
del artículo 188 del CPACA y se adecúa al criterio del Consejo de Estado
15.- Al analizar las pretensiones de la acción de tutela es posible apreciar que el
accionante cuestiona, no solo la condena en costas de primera instancia, sobre la
cual se declarará la ausencia de relevancia constitucional, sino también aquella de
segunda instancia, que es procedente analizar. En efecto, en su pretensión tercera
solicita que <<se REVOQUE la condena en costas de primera instancia y se
REVOQUE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el
día 25 de noviembre de 2021 en el cual se impuso condena en costas de segunda
instancia>> (negrilla fuera de texto). Al respecto, esta Sala observa que el ad quem
del proceso ordinario acudió a la misma lógica normativa usada para confirmar la
condena en costas de primera instancia con el fin de imponer costas en segunda
instancia:
<<Bajo el hilo argumentativo desarrollado en la resolución del tercer problema
jurídico [sobre la condena en costas de primera instancia], en el presente caso
[sentencia de segunda instancia] se condenará en costas al demandante y a favor
de las entidades demandadas, en la medida que conforme el numeral 3.º del artículo
365 del CGP, el primero resultó vencido en segunda instancia al confirmarse
en su totalidad la sentencia recurrida, y además la parte pasiva intervino en
esta instancia al presentar escrito de alegatos de conclusión conforme a la
constancia secretarial visible a folio 243 del cuaderno 2>> (negrilla fuera de
texto).
15.1.- Así bien, no es cierto que la autoridad accionada haya omitido valorar las
pruebas del proceso; según el accionante, <<impuso la condena en costas sin
verificar que se hubiesen efectuado gastos y se hubiese realizado actuación
procesal alguna por la parte demandada en desarrollo del proceso>>. Por el
contrario, la autoridad accionada señaló de forma explícita en su fallo que <<la parte
pasiva intervino en esta [segunda] instancia al presentar escrito de alegatos de
conclusión conforme a la constancia secretarial visible a folio 243 del cuaderno 2>>,
de manera que encontró probado el despliegue de recursos para la defensa de los
intereses de la entidad demandada, lo cual daba lugar a condenar en costas al
demandante. En consecuencia, esta Sala no observa configurado el defecto fáctico
alegado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-
02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00464-01
Accionante: Roberto de Jesús Castillo Rodríguez
Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
15.2.- Por otra parte, según apreció también para el caso de las condenas
impuestas en primera instancia, y en la medida que el criterio normativo fue el mismo
en ambas instancias, el criterio utilizado por el ad quem es consecuente con lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA y con la posición fijada por la Subsección
A, Sección Segunda del Consejo de Estado10, por lo que tampoco se observa la
configuración de un defecto sustantivo o desconocimiento del precedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia proferida el 18 de
febrero de 2022 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SEGUNDO: CONFÍRMASE la improcedencia con respecto al cargo relacionado con
la condena en costas de primera instancia, y NIÉGASE la solicitud de amparo con
respecto al cargo relacionado con la condena en costas de segunda instancia.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
10 Al respecto ver sentencias del 7 de abril de 2016: expedientes: 4492-2013, demandante María del
Rosario Mendoza Parra; y 1291-2014, demandante José Francisco Guerrero Bardi.
11
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