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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00475-00

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00475-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la acción de tutela interpuesta por la señora Paula Daniela Triana Sánchez, a nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REGÍSTRESE la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00475-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

3 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00475-00
Accionante: PAULA DANIELA TRIANA SÁNCHEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA

TEMA: Tutela por presunta mora en el reconocimiento de
práctica jurídica para optar al título profesional de
abogada / Derecho fundamental de petición /
Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Paula Daniela Triana Sánchez, quien actúa a nombre propio,
en contra de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la educación y al trabajo se fundamenta en los siguientes:

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1. Hechos

El 25 de noviembre de 2021, la accionante radicó ante la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura la documentación necesaria para la
acreditación de su práctica jurídica, asignándosele el número de
trámite 31264. Sin embargo, a la fecha de la presentación de la
acción de tutela de la referencia, no había recibido respuesta alguna.

2. Pretensiones

La accionante solicita:

«TUTELAR mis derechos fundamentales de petición, debido proceso, en
conexidad con el derecho al trabajo y educación.

ORDENAR a la entidad accionada Consejo Superior de la Judicatura
Seccional Bogotá D.C – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia a través de su representante legal y/o quien
haga sus veces en uso de las atribuciones inherentes al cargo, proceda
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la sentencia, dar trámite y a resolver claro, de
fondo, completo y congruente a la solicitud calendada el día 25 de
noviembre del año 2021, mediante la emisión del respectivo acto
administrativo y con finalidad de obtener la acreditación de mi
judicatura y poder graduarme para optar al título de abogada».

3. Fundamentos de la acción

Manifiesta la señora Paula Daniela Triana Sánchez que la demora en
la que ha incurrido la entidad accionada quebranta abiertamente sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y al
trabajo.

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4. Trámite procesal

Mediante auto de 25 de enero de 2022, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura, como accionado, para que rindiera el respectivo informe.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

5. Intervenciones

5.1. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia aportó al
plenario copia de la Resolución 483 de 25 de enero de 2022, por
medio de la cual reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica a la
accionante, misma que le fue comunicada mediante oficio de igual
número y fecha a través del correo electrónico suministrado en la
solicitud.

Adicional a esto, allegó un documento en el que se relacionan 2.387
solicitudes de reconocimiento de práctica jurídica y 1.126 pendientes
por resolver.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

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Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».1

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar:

 ¿La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura vulneró el
derecho fundamental al debido proceso, educación y trabajo
de la demandante, al no resolver la solicitud de
reconocimiento de la práctica jurídica para obtener su título
de abogada?

1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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3. Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto”.

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante,
salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.

4. Del debido proceso administrativo

La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso
administrativo es un derecho fundamental que se traduce en una
garantía para todas las personas de que la administración estará
sometida a los límites que este supone, de tal suerte que comprende
los principios de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad e

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incorpora la obligación de las autoridades públicas del ámbito
administrativo, de ceñirse a los principios que rigen la función pública.

Al respecto, ha explicado:

“4.1.1. El debido proceso administrativo se ha entendido como la
regulación jurídica que tiene por fin limitar en forma previa los
poderes estatales así “que ninguna de las actuaciones de las
autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se
encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la
ley”2. Desde la perspectiva antes señalada, este derecho no es más
que una derivación del principio de legalidad con arreglo al cual
“toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar
previamente señalada en la ley, como también las funciones que les
corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una
determinada decisión” (artículos 4º y 122 C. N.)3. De este modo, las
autoridades sólo podrán actuar en el marco establecido por el
sistema normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean
eventualmente afectadas conocerán de antemano los medios con
que cuentan para controvertir las decisiones adoptadas y estarán
informadas respecto del momento en que deben presentar sus
alegaciones y ante cuál autoridad.

Ha subrayado la Corte Constitucional 4 que la garantía del debido
proceso en asuntos administrativos supone que el Estado se ajuste a
las reglas previstas en el ordenamiento jurídico y ello no sólo cuando

2
Corte Constitucional. Sentencia T-917 de 2008. En aquella ocasión le correspondió a la sala de Revisión
determinar si en el caso sub judice la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tunja, al
abstenerse de levantar las medidas cautelares que recaían sobre bienes y derechos sucesorales del
peticionario “pese a existir proceso contencioso administrativo atacando el mandamiento de pago y la
decisión negativa a las excepciones” había desconocido los derechos constitucionales fundamentales del
actor y se procedía conferir la tutela como mecanismo transitorio para resolver un perjuicio irremediable.
La Corte efectuó un conjunto de consideraciones muy importantes respecto de la importancia de respetar
el debido proceso en las actuaciones administrativas y resolvió conceder el amparo invocado.
3
Ibíd. Consultar asimismo Corte Constitucional. Sentencia T-982 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-1308 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En aquella ocasión el
correspondió a la sala de Revisión determinar si el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca,
al haberse abstenido de proclamar el resultado de las votaciones efectuadas para designar al rector,
había desconocido los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
participación ciudadana, a elegir y ser elegido, al trabajo y a ejercer profesión u oficio de la persona que
obtuvo las mayorías requeridas para ser elegida rector de la Universidad accionada. Llegó a la conclusión
la Corte que en el caso bajo análisis se había acreditado de manera plena la mayoría exigida en las
normas reglamentarias de la Universidad “para proceder a la designación del rector de dicho centro
educativo, y que, por ello, al negarse el Consejo Superior a declarar el resultado electoral a favor del
accionante vulneró su derecho fundamental al debido proceso administrativo, en cuanto a la obligación
de acatar las formas propias de cada juicio.

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se trata de adelantar trámites a partir de los cuales sea factible
deducir responsabilidades de orden disciplinario o los atinentes al
control y vigilancia. Esta garantía debe hacerse efectiva del
mismo modo en los trámites que las personas inician con el
objeto de ejercer sus derechos ante la administración o con el
fin de cumplir con una obligación y abarca el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
El propósito consiste, pues, en evitar que la suerte de las
personas quede al albur de una decisión arbitraria o de una
ausencia de decisión por dilación injustificada.” 5 (Negrillas
fuera del texto) […].

5. Caso concreto

En el presente asunto, la accionante alega la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y al trabajo
toda vez que desde el 25 de noviembre de 2021 solicitó el
reconocimiento de la práctica jurídica, sin que a la fecha de
presentación de la acción de tutela recibiera respuesta alguna, lo que
le ha impedido obtener su título profesional de abogada.

Ahora bien, sobre la acreditación de la judicatura como requisito para
optar al título de abogado, la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura expidió el Acuerdo número PSAA10-7543 del 14 de
diciembre de 2010 «Por medio de la cual se reglamenta la judicatura
como requisito alternativo para optar el título de abogado», en el que
determinó las modalidades bajo las cuales puede realizarse: i) En
calidad de ad honorem en las entidades previamente autorizadas por
la ley; ii) en el desempeño de un cargo remunerado, ya sea en
entidades del Estado o personas jurídicas del sector privado, conforme
a las normas legales vigentes; y iii) en el ejercicio de la profesión con

5
T-909 de 2009 M.P Mauricio González Cuervo.

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licencia temporal con buena reputación moral y buen crédito.
Igualmente, para el desarrollo de cada modalidad de judicatura fijó un
término en específico.

Por otra parte, sobre el reconocimiento de dicha práctica jurídica,
estableció que el interesado debe allegar: i) el formulario único para
múltiples trámites, debidamente diligenciado; ii) fotocopia del
documento de identidad; iii) el certificado de terminación y
aprobación de materias; iv) el certificado del tiempo de servicios y
funciones detalladas expedido por el jefe inmediato, jefe de personal
o quien haga sus veces; y v) la consignación bancaria por el valor que
corresponde a este trámite, entre otros.

De igual forma, determinó que la solicitud debe radicarse ante la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura o los directores
Seccionales de Administración Judicial en cuyo territorio se cumplieron
las labores que se pretenden acreditar, o, bien, ante la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, y que debe
ser resuelta por el director de la Unidad, mediante acto administrativo
debidamente motivado, en el término de 10 días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo de la solicitud con la totalidad de los
documentos requeridos.

Descendiendo al caso concreto se observa, de conformidad con los
elementos probatorios que reposan en el expediente, que el 25 de
noviembre de 2021 la demandante solicitó el reconocimiento de la
práctica jurídica, la cual, a la fecha de presentación de la tutela, no
había sido resuelta.

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Lo anterior fue corroborado por la misma Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de Justicia, que, en su informe, aportó copia
de la Resolución 483 de 25 de enero de 2022, por medio de la cual le
reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica a la accionante,
decisión que fue notificada el 25 de enero de 2022 al correo
electrónico aportado en la petición.

Así las cosas, la Subsección colige que, aunque la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia sobrepasó los
términos previstos reglamentariamente para resolver los trámites
tendentes al reconocimiento de la práctica jurídica, a la fecha, ya
resolvió de fondo la solicitud formulada por la accionante, puesto que
expidió la Resolución 483 de 25 de enero de 2022, notificada a la
interesada el día 25 de enero de 2022, lo que denota que la causa
que dio origen a la vulneración del derecho fundamental alegado por
la demandante ha sido superada.

De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que
reporta la conculcación del derecho desaparece, situación frente a la
cual, cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto,
pues nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a
una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias
diferentes a la del juez constitucional.

En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86
de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el

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objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata
y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados
en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece
el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera
expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las
órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular
que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos
fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como
mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto
a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso
concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al
objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»6.

Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la expedición de
la resolución de reconocimiento de la práctica jurídica y su debida
notificación a la interesada, cualquier decisión que esta Sala de
Decisión dicte resultaría inane, toda vez que la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia tramitó y notificó
respuesta a la solicitud objeto de la petición, lo que impone declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

6
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO en la acción de tutela interpuesta por la señora
Paula Daniela Triana Sánchez, a nombre propio, en contra del Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REGÍSTRESE la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ





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