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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00481-01

Fecha
8 de junio de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00481-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo de tutela de primera instancia de 31 de marzo de 2022 proferido por la 15 Esta Sala de Subsección, en Sentencia de 20 de abril de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04068-01(AC), precisó que existen algunos asuntos respecto a los cuales los efectos de los cambios jurisprudenciales resultan materialmente restrictivos porque impiden un real y efectivo acceso a la administración de justicia, por ejemplo, los cambios de postura respecto a los presupuestos procesales de la acción, de manera que, en esos casos, la nueva postura jurisprudencial no puede observarse en los asuntos que se encuentran pendiente de decisión, sino, exclusivamente, a los nuevos procesos. Pero, en aquellos casos en los que no se impide al ciudadano acceder a la administración de justicia, se debe optar por observar la jurisprudencia vigente. 10 de 11 Radicación: 11001-03-15-000-2022-00481-01 Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma - niega ______________________________________________________________________________________________________________ Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00481-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

8 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 8 de junio de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00481-01
Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto fáctico/
Desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en un
proceso en el que se resolvió una demanda de reparación directa por privación de la
libertad. En la sentencia se negaron las pretensiones de la demanda, por no encontrarse
acreditado el carácter injusto de la detención.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
31 de marzo de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, en la cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 19 de enero de 2022, Daniel Alexis Henao Huertas presentó acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia, así como la vulneración a los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, al considerar que,
en la Sentencia de 15 de julio de 2021, proferida en el proceso de
reparación directa con Rad. 11001-33-36-038-2018-00272-01, se incurrió en
los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente, dado que, al
analizar la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta en su

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, 333

de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00481-01
Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
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contra se consideró que unos informes de policía constituían fundamento
suficiente para que la decisión fuera adecuada, necesaria y proporcional.
Además, porque, al estudiar el caso, se observó jurisprudencia posterior a
la ocurrencia de los hechos por los cuales se demandó.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, así́ como los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural,
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B, con la decisión proferida en segunda instancia el
pasado día quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) dentro del
medio de control de reparación directa con radicado No. radicado No.
11001-33-36-038-2018-00272-00 (01) promovido por el señor Daniel Alexis
Henao Huertas y otros.

Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia
de fecha quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B dentro del medio de control de reparación directa con radicado No.
radicado No. 11001-33-36- 038-2018-00272-00 (01) promovido por el señor
Daniel Alexis Henao Huertas y otros.

Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria
del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoren de
forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y
que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y
adecúen a las circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los
parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, Sección Tercera, en casos similares de privación
injusta de la libertad, en los cuales se ha declarado la responsabilidad de
las demandadas, cuando la imposición de la medida de aseguramiento,
estuvo sustentada en elementos materiales probatorios que carecen de
valor suasorio al momento de solicitarse; esto en los términos de la
jurisprudencia administrativa y constitucional.”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) El 3 de julio de 2016, Daniel Alexis Henao Huertas fue capturado
por agentes de la Policía Nacional, cuando caminaba por la calle 162 con
carrera 8, en la ciudad de Bogotá, en compañía de 5 amigos, al parecer,
porque 2 de ellos, momentos antes, habían participado en el hurto de una
suma de dinero, unas gafas y un celular.

5. 2) El 4 de julio de 2016, el Juzgado 65 Penal Municipal con funciones
de control de garantías de Bogotá legalizó su captura, le imputó el delito
de hurto agravado y calificado y le impuso una medida de aseguramiento
de detención preventiva, en el domicilio. El 25 de noviembre de 2016, se

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Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas
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Decisión: Confirma - niega
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llevó a cabo la audiencia de acusación y, el 29 de diciembre de 2016, se
realizó la audiencia preparatoria ante el juez de conocimiento del asunto.

6. 3) El 2 de junio de 2017, en desarrollo del juicio oral, el Juzgado 3
Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá anunció el
sentido del fallo absolutorio y ordenó la libertad inmediata del procesado.

7. 4) Por esos hechos, el 23 de agosto de 2018, el señor Henao Huertas
presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía
General de la Nación y Rama Judicial, con el fin de que se le repararan los
perjuicios causados con la privación injusta de su libertad. En el escrito
indicó que el asunto debía resolverse bajo un régimen objetivo de
responsabilidad, ya que, en ningún caso, los ciudadanos están llamados a
soportar una carga como la restricción de su libertad. Con todo, señaló
que en caso de encontrarse probada la falla en el servicio, así debía
declararse, ya que la fiscalía solicitó la legalización de la captura y la
imposición de una medida de aseguramiento y presentó un escrito de
acusación, sin realizar ninguna actividad investigativa previa y el juez
accedió a ello, sin contar con las pruebas suficientes para atribuir
responsabilidad al procesado.

8. 5) El 16 de julio de 2020, el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá
profirió Sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de
la demanda. El juzgado consideró que la captura fue legal, toda vez que
se efectuó bajo una situación de flagrancia y la medida de aseguramiento
fue adecuada, necesaria y proporcional, ya que se sustentó en el
señalamiento directo que la víctima del hurto hizo en contra del procesado
y el informe que sobre los hechos rindió la Policía Judicial. Además, porque
tuvo como finalidad asegurar los intereses de la comunidad, dado que, por
la forma como ocurrieron los hechos, esto es, con ejercicio de la violencia,
se infería que el procesado representaba un peligro para los coasociados.
En este caso, la privación de la libertad era una carga que el ciudadano
debía soportar, pues, en ese momento, existían serios indicios en su contra
que sugerían su responsabilidad en los hechos.

9. 6) En contra de esa providencia, la parte actora presentó recurso de
apelación, en el que solicitó se revocara la decisión y, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la demanda2. Por lo que, el 15 de julio de

2 En el escrito, la parte actora alegó que el juez no analizó integralmente el material probatorio que obraba en el

expediente, toda vez que dio por acreditada la situación de flagrancia, pese a que esa circunstancia no se
configuró, pues a quien le encontraron las gafas hurtadas fue a uno de los compañeros del señor Huertas Henao,
pero no a él, quien simplemente iba pasando por el lugar y se encontró con quien presuntamente cometiera el
hecho punible. Además, indicó que, al momento de la captura, el joven no se mostró nervioso ni angustiado,
precisamente, por su ajenidad en los hechos. Por otra parte, adujo que el juez consideró adecuada, necesaria y
proporcional la medida de aseguramiento, entre otras cosas, porque el procesado representaba un peligro para
la sociedad dada la circunstancias como ocurrieron los hechos, sin embargo, esas circunstancias no estaban
probadas, por lo que la finalidad que se pretendía cumplir con la medida quedaba sin sustento. En todo caso, el
procesado fue absuelto, porque la víctima del hurto no lo reconoció como uno de sus agresores de manera que

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00481-01
Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
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2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió Sentencia de segunda instancia, en la que confirmó
la decisión del juzgado. El tribunal advirtió que, en el expediente, no
obraba la grabación de la audiencia en la cual se impuso la medida de
aseguramiento en contra del procesado, por lo que (se trascribe) “no se
puede indicar que las entidades que integran la parte demandada
incurrieron en una falla del servicio, pues la misma no fue probada en el
plenario”. No obstante, refirió que, con los elementos probatorios
aportados, se podía inferir que la detención a la que fue sometido el
demandante fue legal, ya que el juez, al momento de su imposición,
contaba con un informe de policía sobre la captura en flagrancia y la
denuncia presentada por la víctima, a partir de lo cual se configuraba una
inferencia razonable de participación del procesado en los hechos objeto
de investigación. De manera que, al no existir una falla, el daño no era
imputable a las entidades demandadas.

10. 7) La decisión fue notificada a las partes, el 19 de julio de 2021.

11. Como fundamento de la vulneración la parte accionante señaló
que la Sentencia de 15 de julio de 2021, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al negar las
pretensiones de la demanda, vulneró su derecho al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, ya que se configuró:

12. 1) Un defecto fáctico, toda vez que consideró que un informe de
policía era prueba suficiente para fundamentar la medida de
aseguramiento de detención preventiva, pese a que tanto la Corte
Suprema de Justicia como el Consejo de Estado han establecido que ese
elemento no puede ser valorado como prueba y solo debe considerarse
un criterio orientador en la investigación3. Además, no le otorgó ningún
valor a la sentencia absolutoria, pese a que allí se afirmó que el procesado
no participó en los hechos por los cuales se adelantó el proceso penal.

13. 2) Un desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido
en las Sentencias de 20 de febrero de 20204 y 19 de junio de 20205,
proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación,
en las que se declaró la responsabilidad del Estado, porque la privación
injusta se originó en una medida de aseguramiento impuesta con base en
un informe de policía que carecía de valor probatorio. Asimismo, por la no
aplicación de la Sentencia de unificación de 17 de octubre de 20136,

la privación de la libertad a la que fue cometido quedó sin sustento jurídico y dado que el demandante sufrió un
daño especial y grave que no estaba en la obligación de soportar, debía ser reparado.
3 En ese sentido se citaron las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de

octubre de 2020, exp. 56082.; Sentencia de 25 de julio de 2019, exp. 54760; Sentencia de 4 de septiembre de
2020, exp. 43514.
4 Rad. 76001-23-31-000-2010-00877-01(48313).
5 Rad. 76001-23-31-000-2011-01813-01(57353).
6 Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23.354).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00481-01
Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
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también proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, en la cual
se adoptó un régimen objetivo de responsabilidad para el análisis de casos
de privación injusta de la libertad, toda vez que la restricción de la libertad
no es una carga que, por lo general, deba ser soportada por los
ciudadanos.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.

14. En Sentencia de 31 de marzo de 2022, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela.

15. En primer lugar, consideró que la sentencia enjuiciada no
desconoció el precedente jurisprudencial vigente en materia de
responsabilidad del Estado por privación de la libertad, puesto que, en la
Sentencia SU-72 de 2018, la Corte Constitucional estableció que el juez
puede aplicar el régimen de responsabilidad que mejor se ajuste al asunto
y debe analizar si la decisión que restringió preventivamente la libertad fue
inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, esto de acuerdo
con los criterios previamente establecidos en la Sentencia C-37 de 1996.
También refirió que la autoridad judicial accionada acogió la línea
jurisprudencial imperante en el momento de proferirse la sentencia
ordinaria, de manera que no existió una observancia arbitraria de la
jurisprudencia.

16. En segundo lugar, manifestó que, según la reiterada jurisprudencia
del Consejo de Estado y lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia
en el Auto del 16 de abril de 2015, en vigencia de la Ley 600 de 2000, los
informes de Policía Nacional ya sean de vigilancia, inteligencia o de
campo, no tienen valor probatorio como prueba autónoma, según lo
previsto en el artículo 314 ídem, por lo que la jurisprudencia ha coincidido
en que deben apreciarse como criterios orientadores de la investigación.
No obstante, en vigencia de la Ley 906 de 2004, los procesos se rigen por el
principio de libertad probatoria y no existe disposición legal alguna que
excluya los informe de policía como elementos de prueba. De modo que
el tribunal, al valorar los informes de policía para construir una inferencia
razonable sobre la participación del procesado en los hechos, no incurrió
en el alegado defecto fáctico.

17. La parte demandante presentó impugnación en contra de la
anterior decisión, en la que solicitó se revocara la decisión de primera
instancia y se accediera al amparo solicitado.

18. Por una parte, reiteró que el tribunal incurrió en una indebida
valoración de la prueba, ya que, tal como lo señalaba la providencia
citada por el juez de tutela de primera instancia, esto es, el Auto del 16 de

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00481-01
Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
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abril de 2015 proferido por la Corte Suprema de Justicia, los informes de
policía, en vigencia de la Ley 906 de 2004, no constituyen pruebas, sino
hasta el momento en que son incorporados al proceso en la etapa de
juicio oral, por lo que el tribunal sí incurrió en un defecto fáctico al atribuir al
contenido del informe de policía suscrito el 3 de junio de 2016 el valor de
indicios en contra del procesado y, con base en ello, justificar la legalidad
de la privación de la libertad.

19. Por otra parte, insistió en que se desconoció la jurisprudencia vigente
al momento de la presentación de la demanda, esto es, la Sentencia de
unificación de 17 de octubre de 2013 proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la cual se adoptó un régimen objetivo para el
análisis de los casos de privación injusta de la libertad, y alegó que la
observancia de la jurisprudencia reciente vulneró los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica, ya que la demanda se presentó de
acuerdo con los criterios establecidos en la jurisprudencia anterior.

20. Por último, indicó que el tribunal no contaba con el audio que
contenía la diligencia en la que se impuso la medida de aseguramiento,
de manera que resultaba irrazonable que concluyera que tal medida se
ajustó a la ley y a la Constitución sin conocer el contenido de esa decisión.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

21. Deberá establecerse, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si existen razones suficientes para
confirmar la Sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en la cual se negaron las pretensiones de la
acción de tutela, por no encontrarse configurados los defectos alegados,
o si se debe modificar o revocar el fallo impugnado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7

22. La Sala advierte que en este caso se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe
recurso idóneo y eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente
vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la

7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00481-01
Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas
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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
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última actuación del proceso (19/7/2021)8 y la de interposición de la
presente acción de tutela (19/1/2022)9. No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relacionó con una Sentencia de segunda instancia
dictada en el marco de un proceso de reparación directa. Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de
los derechos fundamentales del demandante, en el marco de un proceso
de reparación directa por privación de la libertad, respecto del cual se
alegó una indebida valoración probatoria y el desconocimiento del
precedente. Asimismo, no se advierte que los argumentos planteados sean
una reiteración de aquellos presentados en el proceso ordinario.

2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

23. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la acción
de tutela por las razones que se exponen a continuación:

24. En este caso no se configuró un defecto fáctico por indebida
valoración de un informe de policía. En efecto, tal como lo planteó el juez
de tutela en primera instancia, la Corte Suprema de Justicia, en el Auto de
16 de abril de 201510, precisó que los informes de policía, en vigencia de la
Ley 600 de 2000, no podían considerarse elementos de prueba, ya que, el
artículo 314 de ese cuerpo normativo prevé de manera expresa que (se
trascribe) “las exposiciones o entrevistas de personas recogidas por
funcionarios de policía judicial en informes «no tendrán valor de testimonio
ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la
investigación»”. No obstante, en vigencia de la Ley 906 de 2004, (se
trascribe) “no existe una norma que niegue la posibilidad de valorar dichos
informes ni les atribuya la condición de «criterios orientadores de la
investigación»”.

25. Además, la Corte expuso que los informes de policía deben
considerarse como medios de información, esto es, una categoría de
medio cognoscitivo, los cuales no constituyen prueba, pero sí pueden ser
valorados (se trascribe) “para fines diversos al de discernir la
responsabilidad penal de un procesado”. Entonces, si bien es cierto que,
tal como lo plantea la parte accionante, los informes de policía no
constituyen prueba, se debe tener en cuenta que, bajo Ley 906 de 2004,
ningún elemento es prueba en tanto no sea producido e incorporado en
audiencia pública ante el juez de conocimiento, por lo que los elementos

8 Para efectos de determinar la inmediatez se cuenta el término razonable desde la última providencia, esto es,

la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa.
9 Según acta Individual de reparto.
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 16 de abril de 2015. Exp. Nº 44.557

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Decisión: Confirma - niega
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recaudados previamente constituyen medios cognoscitivos que podrán
fundamentar las decisiones que se adopten en el trámite del proceso
penal, tales como las medidas cautelares o las medidas de aseguramiento.

26. Cabe anotar que la grabación de la audiencia preliminar en la que
se impuso la medida de aseguramiento no fue aportada al proceso, por lo
que el tribunal no pudo verificar con precisión las razones y elementos
materiales probatorios que fundamentaron esa decisión. Las
consideraciones realizadas respecto al informe de policía se realizaron en
el marco de un análisis de las etapas del proceso penal, con lo cual el
tribunal pretendió evidenciar que el proceso se adelantó en cumplimiento
de las normas procesales, pero el argumento principal para rechazar las
pretensiones de la demanda se centró en la falta de acreditación del
carácter de injusto de la privación de la libertad.

27. Por lo anterior, se advierte que, en el presente asunto, el tribunal no
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues
aplicó debidamente las disposiciones legales y observó los
pronunciamientos jurisprudenciales relativos al valor probatorio de los
informes de policía.

28. Por otra parte, la entidad accionante refirió que se desconoció el
precedente, toda vez que la sentencia de segunda instancia que resolvió
el proceso de reparación directa contrarió lo establecido en la Sentencia
de 20 de febrero de 202011, la Sentencia de 19 de junio de 202012 y la
Sentencia de unificación de 17 de octubre de 201313, proferidas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

29. Respecto a las 2 primeras providencias, en las que se adujo que la
privación de la libertad de los demandantes fue injusta, porque tuvo como
sustento una medida de aseguramiento ilegal fundamentada en unos
informes de policía con base en los cuales no se podía configurar siquiera
un indicio de responsabilidad, la Sala observa que este defecto no se
encuentra configurado, dado que en los asuntos alegados como
desconocidos no se fijaron reglas de unificación para aplicar en todos los
casos en los que analiza la responsabilidad del Estado por privación injusta
de la libertad de un ciudadano, por lo que se trata de una decisión con
efectos inter partes que no constituye un precedente para el caso objeto
de estudio. Además, el criterio de valoración de los informes de policía es
el señalado en los párrafos anteriores, pues así lo estableció la ley y lo
interpretó el órgano especializado en la materia.

11 Rad. 76001-23-31-000-2010-00877-01(48313).
12 Rad. 76001-23-31-000-2011-01813-01(57353).
13 Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23.354).

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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
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30. En lo que refiere a la Sentencia de unificación de 17 de octubre de
2013 , también proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, en
14

la cual se adoptó un régimen objetivo de responsabilidad para el análisis
de casos de privación injusta de la libertad, la Sala considera pertinente
aclarar que en la Sentencia SU-72 de 2018, proferida por la Corte
Constitucional, se determinó que, ni la Constitución, ni la Ley 270 de 1996,
establecen un título único de imputación de responsabilidad para los casos
de privación de la libertad. Por ello, es al juez de la responsabilidad al que
le corresponde determinar el respectivo título de imputación para cada
caso en concreto y, a partir de ello, establecer también si el daño fue o no
antijurídico.

31. Así las cosas, la aplicación del título de imputación de falla de
servicio por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca obedeció
al ejercicio de la autonomía que la propia jurisprudencia le atribuyó al juez
de lo contencioso administrativo para resolver este tipo de controversias
(responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad).

32. Aunado a lo anterior, el hecho de que en el caso concreto la
autoridad judicial demandada no haya analizado la controversia a la luz
del régimen objetivo de responsabilidad, por sí mismo, no constituye un
defecto, pues, la jurisprudencia vigente a la fecha, tal como se indicó en el
párrafo anterior, abrió la posibilidad de que el juez de la responsabilidad
determine, a partir de los hechos materiales, el régimen a aplicar, sin que
de ello derive, necesariamente, en el deber de estudiar ambos regímenes
de forma simultánea o escalonada.

33. En ese sentido, era posible analizar los hechos de privación de la
libertad de Daniel Alexis Henao Huertas bajo un régimen subjetivo de
responsabilidad, pues un análisis bajo un régimen objetivo no supone un
mandato legal para todos los casos.

34. En el proceso de reparación directa, la autoridad judicial accionada
no encontró probada la antijuridicidad del daño, en tanto la medida
restrictiva de la libertad no fue aportada al proceso. Con todo, realizó un
esfuerzo argumentativo para esclarecer si la detención fue legal o no, con
base en las restantes piezas procesales aportadas al expediente, y
encontró que, con base en los elementos recaudados, se podía afirmar
que la captura y la medida de aseguramiento fueron legales. En
consecuencia, en este caso, no se evidencia la configuración de un
defecto sustantivo y/o de un desconocimiento del precedente pues la
decisión cuestionada se fundamentó en que la parte actora no probó la
ilegalidad, irrazonabilidad o desproporcionalidad de la detención.

14 Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23.354).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00481-01
Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

35. Por último, respecto a la inconformidad de la parte accionante sobre
la observancia de una jurisprudencia posterior a la ocurrencia de los
hechos, esto es, la Sentencia SU-72 de 2018, proferida por la Corte
Constitucional, debe advertirse que, por una parte, dicha providencia se
sustentó en los criterios previamente adoptados en la Sentencia C-37 de
1996 y, por otra parte, se trató de la sentencia de una unificación vigente
al momento de resolver el asunto, proferida por el órgano autorizado para
interpretar la Constitución, por lo que resultaba imperativo acatar su
contenido. En efecto, por lo general, los cambios en las posturas
jurisprudenciales son aplicables a los casos a resolver desde el momento en
que aquellos se profieran, ya que resultaría contrario a los fines del derecho
que los jueces no pudieran modificar su postura y estuvieran forzados a
adoptar un enfoque estático de la actividad judicial. Además, en este
caso, no se observa que la aplicación de la postura adoptada por la Corte
Constitucional, en la Sentencia SU-72 de 2018, vulnerara los derechos del
accionante15, quien tenía la carga de probar el carácter injusto del daño
alegado y no lo hizo, lo que conllevó a la negación de sus pretensiones.

36. Entonces, dado que la parte actora no demostró la configuración de
un defecto factico, así como tampoco el desconocimiento de un
precedente jurisprudencial del cual se pudiera derivar una vulneración al
derecho al debido proceso, igualdad y acceso a la administración, la Sala
negará el amparo solicitado.

2.4. Conclusión

37. La Sala confirmará la Sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la cual se negaron las
pretensiones de la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, el
fallo de tutela de primera instancia de 31 de marzo de 2022 proferido por la

15 Esta Sala de Subsección, en Sentencia de 20 de abril de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04068-01(AC), precisó

que existen algunos asuntos respecto a los cuales los efectos de los cambios jurisprudenciales resultan
materialmente restrictivos porque impiden un real y efectivo acceso a la administración de justicia, por ejemplo,
los cambios de postura respecto a los presupuestos procesales de la acción, de manera que, en esos casos, la
nueva postura jurisprudencial no puede observarse en los asuntos que se encuentran pendiente de decisión,
sino, exclusivamente, a los nuevos procesos. Pero, en aquellos casos en los que no se impide al ciudadano
acceder a la administración de justicia, se debe optar por observar la jurisprudencia vigente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00481-01
Demandante: Daniel Alexis Henao Huertas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la cual se negaron las
pretensiones de la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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