Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00519-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00519-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00519-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00519-00
Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - TERCERA INSTANCIA - La
parte demandante pretende reabrir el debate jurídico y probatorio al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por la señora Ruth Elena Barrientos
Restrepo contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 18 de noviembre de 2021, la señora Ruth Elena Barrientos Restrepo, a través
de apoderado judicial, interpuso demanda de tutela contra el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección C, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia, “a las garantías
judiciales y a la protección judicial”, presuntamente vulnerados, al proferir el fallo de
28 de febrero de 2020, dentro del proceso de reparación directa (rad. 05001-23-31-
000-1995- 01680-01) que promovió junto con otros contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional y Policía Nacional.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente2:
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Expediente digital, folio 23 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00519-00
Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<<Solicito que de conformidad con lo expuesto y con la prueba obrante en el expediente se
tutelen los Derechos Fundamentales a la igualdad, al acceso a la Justicia, a las garantías
judiciales y a la protección judicial de la accionante y como consecuencia de lo anterior ruego
que se ordene dejar sin efectos la decisión de segunda instancia proferida por Consejo de
Estado dentro del proceso radicado número 050012331000 1995 01680 00 (31630) y se
ordene una valoración integral de la prueba con enfoque de protección de derechos
humanos y con consideración de los elementos indiciarios>>
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con
base en el artículo 86 Superior, de las pruebas allegadas y de lo expuesto por la
parte actora se tiene que:
3.1.- El 7 de noviembre de 1993, en horas de la madrugada, varios individuos,
después de violentar la puerta de entrada de la casa de habitación de la familia
Barrientos Restrepo en el Barrio Monserrate del municipio de Yarumal – Antioquia,
“después de sacar de la cama al señor Carlos Emilio Rendón, en presencia de su
esposa Ruth Elena Barrientos Restrepo, quien se encontraba en embarazo; sus hijos
y de [otros] familiares… dispararon en trece ocasiones en su contra, ocasionándole
la muerte”3.
3.2.- Quienes presenciaron el homicidio, aseguraron que la noche de los hechos,
entraron a la vivienda aproximadamente tres personas a cometer el ilícito y entre
ellos, pudieron distinguir “a un de ellos como miembro de la Policía Nacional -F2- [de
apellido Mosquera] y que operaba… con el Grupo de “Limpieza Social” denominado
“Los Doce Apóstoles”.4
3.3.- A su vez, se alegó que existían indicios de que el grupo de limpieza social que
asesinó al señor Carlos Rendón, al parecer estaba integrado y patrocinado por
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, e igualmente, se puso de presente
que la forma y circunstancias en que ocurrió el homicidio era común a la muerte de
varias personas cuyos asesinatos se le habían atribuido a dicho grupo delincuencial.
3.4.- Relata que la Personera Municipal de Yarumal ante la cantidad de muertes
violentas en el sector, inició investigación por la violación reiterada de derechos
humanos de los habitantes, en la que incluyó el homicidio del señor Rendón Naranjo,
la cual fue estudiada por la Defensoría del Pueblo y condensada en informe del 3 de
mayo de 1994, publicado en el periódico “El Colombiano”. En virtud de lo anterior,
dicha funcionaria fue amenazada, razón por la cual abandonó su cargo.
3 Expediente digital, folio 3 del escrito de demanda de reparación directa, disponible en el aplicativo SAMAI.
4 Ídem.
2
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.5.- Refiere que en el municipio de Yarumal se encuentra ubicada la base militar y
comando de Policía, pero dichas instituciones no adelantaron acción alguna ante la
serie de asesinatos que se presentaron en el año de 1993 por el Grupo “Los Doce
Apóstoles”, “olvidando así por acción, ora por omisión, el deber legal de proteger la
vida de los residentes en Colombia, que es la razón de su existencia” 5. Esta inercia
estatal, a juicio de la demandante, constituía indicio de que miembros de los
organismos de seguridad hacían parte del grupo de limpieza social.
3.6.- Por lo anterior, los señores Ruth Elena Barrientos Restrepo, Yorman Estivel
Rendón Barrientos, Yurliani Barrientos Restrepo, Eder Aleixo Barrientos Restrepo,
Luis Ángel Rendón Gallego, María Isnelda Rendón Naranjo, María Liduara Rendón
Naranjo, María Ofelia Naranjo Naranjo, Edgar Augusto Rendón Naranjo, María Orfilia
Rendón Naranjo, Luis Arturo Rendón Naranjo, Jesús Evelio Rendón Naranjo y Rosa
Emilia Rendón Naranjo, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, para que se
declarara patrimonialmente responsable a dichas entidades por la muerte del señor
Carlos Emilio Rendón Naranjo y por ende, se les condenara al pago de los perjuicios
causados al grupo familiar. En concreto, señalaron que la responsabilidad de la
administración “aparece comprometida: ya por ACCION, en el evento que se llegare
a probar que en la muerte… hubieran participado miembros del Ejército Nacional o
de la Policía Nacional; ora por OMISIÓN, al permitir las autoridades que un grupo de
“limpieza social” denominado “Los Doce Apóstoles” cometiera todo tipo de
asesinatos, sin hacer nada para evitarlo”6, es decir, por falla en el servicio por no
haber evitado el homicidio del señor Rendón Naranjo o su participación en dicho
hecho.
3.7.- En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas
y Chocó – Sala de Descongestión, en fallo de 3 de febrero de 2005, negó las
pretensiones de la demanda, al no encontrar acreditado un nexo entre el grupo al
margen de la ley “Los Doce Apóstoles”, el presunto homicida, Leonidas Pemberty, y
la participación de miembros de la Nación – Ministerio de Defensa en el asesinato
de Rendón Naranjo. Resaltó que, no se observó la falla en el servicio por parte de
las entidades estatales demandadas, toda vez que estaba probado que el occiso,
sentía temor por su vida desde antes de ser asesinado, pues había sufrido un
atentado previo 15 días antes al homicidio por supuestas deudas con los hermanos
Gómez, con quienes buscó laborar en una mina en el municipio de Barbacoas pero
huyó al advertir que su vida estaba en peligro y aquellos le dispararon, y habían
lanzado amenazas de acabar con su vida definitivamente, acorde con las
declaraciones rendidas por las señoras Diana Lined Barrientos Restrepo y María
5 Expediente digital, folio 4 del escrito de demanda de reparación directa, disponible en el aplicativo SAMAI.
Ídem.
6 Expediente digital, folio 7 del escrito de demanda de reparación directa, disponible en el aplicativo SAMAI
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Virgelina Restrepo Velásquez. Así, adujo el A quo, que el señor Rendon debió acudir
a las autoridades a denunciar a los agresores o en su defecto pedir protección a su
vida, hecho que tampoco se acreditó. A su vez, esgrimió los siguientes argumentos:
<<Respecto del sindicado Leonidas Penberty, la sala pudo constatar que no se trataba de un miembro
de la fuerza pública, pues para la época en que al parecer hacia parte del grupo al margen de ley “Los
Doce Apóstoles” no estaba vinculado a la institución, esto, porque la ficha de identificación obrante a
folio 45 anexo 8, figuraba como profesión: “soldado”, pero en el transcurso de la investigación Penal
se constató que desde hacía mucho tiempo, esto es, antes de la ocurrencia del hecho sub examen,
hacía parte de la población civil (a folios 135 anexo 20) y se dedicaba a conducir taxi (folio 69 anexo
5)
• Sobre las investigaciones aportadas al proceso, la sala pudo constatar que la Fiscalía Regional de
Medellín estuvo indagando la existencia del ya mencionado grupo y algunos posibles muertos que
estuvo causando en la jurisdicción del municipio de Yarumal, pero no se sabe en que terminó esa
investigación.
Tampoco se probó en este proceso que miembros de la Policía Nacional hayan pertenecido al grupo
delictivo “Los Doce apóstoles”, que hayan tenido nexos o que esta institución patrocinara el referido
grupo delincuencial.
Queda así entonces sin determinarse probatoriamente en este proceso, si las personas que le dieron
muerte a Rendon Naranjo, si eran del grupo delincuencial “Los Doce Apóstoles” o no; y si ese grupo
era patrocinado, o integrado en parte, por miembros la Policía o el Ejercito.
Es que no bastan los rumores o los testimonios de oidas para que sean suficientes la configuración
de la responsabilidad respecto de la entidad pública demandada. Esos rumores no alcanzan a tener
peso para convertirse en prueba que pueda llegar a endilgarle responsabilidad a la demandada. La
existencia de la lista de las personas que estaban en ella para ser asesinadas tampoco fue
demostrada. Esto se quedo en meros rumores de la gente.
Falta en este caso debatido, el elemento de la imputación del hecho a la entidad demandada que
haría que se le pudiera una vez imputado condenársele a los daños si estos fuesen antijurídicos. Pero
el hecho de ninguna manera, en este caso, se le puede endilgar al Ministerio de Defensa, lo que hará
que no se accedan a las pretensiones de la demanda>>7.
3.8.- Inconforme con la anterior decisión, la parte accionante interpuso recurso de
apelación, alegando que la responsabilidad del Estado no se predica solo cuando
hay participación directa de este en el hecho dañoso, y en el presente caso, “la
responsabilidad se plantea no solo por la acción, sino también por la omisión en que
incurrieron las autoridades al permitir que un grupo de “limpieza social” que estaba
operando en el municipio de Yarumal y sus alrededores asesinaron a quienes
consideraban indeseables; grupo delincuencial que fue aprovechado por quienes
tenían con que pagar”. Así, hizo énfasis en que, dentro del expediente se probó que
ninguna de las autoridades demandadas, tomó medidas encaminadas a controlar,
7 Expediente digital, folios 17 y 18 de la sentencia de 3 de abril de 2005, disponible en el aplicativo SAMAI.
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perseguir o detener a los miembros de este grupo delincuencial con el propósito de
salvaguardar la seguridad y garantizar la vida de los asociados8.
3.8.1.- Igualmente, afirmó que, el juez no solo debió pedir y valorar pruebas directas
de los hechos, sino acudir a la prueba indiciaria que reposa en el expediente y da
cuenta de la presencia del grupo subversivo en el territorio, la participación en el
homicidio de un agente de la Policía, la ola de asesinatos cometidos por aquellos
agentes paraestatales y que una de sus víctimas fue el señor Rendón Naranjo. En
concreto, indicó que no se valoró el testimonio de la señora Lilyam Soto Cárdenas,
quien para la época de los hechos laboraba como Personera Municipal de Yarumal
y oyó las denuncias de los habitantes sobre el actuar delictivo en la región, y las
declaraciones de las testigos presenciales Diana Lineth Barrientos y Nedis Darley
Barrientos “que identificaron dentro de los victimarios a un Agente de Policía;
asimismo que no se consideró que las determinaciones de la oficina de
investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación se solicitó
finalmente el análisis del caso desde la prueba indiciaria”9.
3.9.- El conocimiento del citado recurso correspondió por reparto al Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C, corporación que, el 20 de febrero de
202010 confirmó la decisión adoptada por el A quo, en razón a que, si bien encontró
acreditado el daño causado con la muerte del señor Carlos Emilio Rendón Naranjo,
las versiones de los testigos, además de ser vagas e imprecisas, fueron
contradictorias al identificar a los autores del crimen, y de ellas no se pudo colegir
que hubo participación de un agente del Estado, ni que este haya sido el autor
material del homicidio. Concluyó, del análisis probatorio, que solo fue acreditado que
el occiso, por su profesión de minero, no permanecía en Yarumal, y que 15 días
antes de morir, tuvo problemas con mineros de “Barbacoas” por una deuda de dinero,
razón por la que, inicialmente la familia creyó que lo mandaron matar los hermanos
Gómez, sumado a que, el Subjefe de la Sijin de Yarumal, concluyó dentro de la
investigación que adelantó la Policía Judicial por la muerte del señor Rendón
Naranjo, que su deceso fue producto de una venganza al tener problemas con
mineros “por deudas”.
4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, la parte actora advirtió que el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia, “a las garantías
judiciales y a la protección judicial”, al incurrir en un defecto fáctico y desconocimiento
del precedente judicial, en los siguientes términos:
8 Expediente digital, folios 2 y 3 del escrito de demanda.
9 Expediente digital, folio 3 del escrito de demanda.
10 Notificada el 28 de mayo de 2021.
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4.1- Respecto del defecto fáctico, señaló que la Subsección demandada no valoró
debidamente que en fallo de 25 de noviembre de 1998, proferido por la Procuraduría
Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, dentro del proceso
disciplinario No. 008-144409 adelantado contra el Mayor Pedro Manuel Benavidez
Rivera, el Capitán Juan Carlos Meneses Quintero, el Teniente Franklin Alexander
Tellez Arévalo, el Cabo Segundo Jairo Rodríguez Venegas y el Agente Norbey de
Jesús Arroyave Arias, se concluyó la existencia de pruebas suficientes para
comprometer su responsabilidad en una situación sistemática de “ejecuciones
extrajudiciales”. Además, en dicho fallo se mencionó la denuncia realizada por el
Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP), con antelación a los
hechos, ante la Procuraduría Delegada de Yarumal sobre la existencia de un
escuadrón de la muerte financiado por comerciantes y ganaderos en la región, y que,
dentro de la investigación fueron recibidas las declaraciones de testigos que
ilustraban sobre la situación y otros elementos de prueba que comprometían la
responsabilidad de los uniformados, haciéndose alusión a la denuncia efectuada por
la Persona Municipal del Pueblo Lilyam Soto Cárdenas, sobre actos violentos y
homicidios presentados en Yarumal, entre ellos, el homicidio del señor Rendón
Naranjo.
Al respecto, refirió que al igual que lo hizo el juez de primera instancia en el proceso
de reparación directa, el Consejo de Estado, para proceder con el análisis de los
demás elementos de prueba, se centró en identificar prueba directa de la
participación del Estado, a través de agentes en ejercicio de sus funciones con arma
de dotación oficial, “sin dar crédito a los testimonios de oídas ni a la prueba de
contexto, ni a lo declarado por los testigos presenciales – que era la misma familia
de la víctima y desconociendo el impacto psicológico y el terror de presenciar la
muerte de un ser querido y de ser víctima de los mismos victimarios al conocer de
su dignidad institucional o poder económico”.
En este punto, hace énfasis en que el Ad quem al valorar los testimonios de quienes
presenciaron el homicidio y colegir que aquellos presentaban incoherencias sobre la
autoría del crimen por discrepancias en las declaraciones de unos y otros,
desconoció que el alto componente emocional que implica el presenciar el homicidio
de un familiar, el temor de los demandantes de perder sus propias vidas por
represalias del grupo ilegal implicado y la desconfianza institucional que tienen al
haber identificado dentro de los homicidas a un agente de la Policía Nacional, que
generó una limitante para los testigos de declarar desde el inicio de la investigación
lo que presenciaron y conocían sobre el asunto, por lo que, frente a las versiones
iniciales dadas por la familia, en las que se señaló que se creía que el asesinato se
perpetró por problemas de dinero con los hermanos Gómez, “debió valorarse bajo el
rasero de su propia humanidad y bajo las limitaciones propias que supone el recaudo
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probatorio en casos de ejecuciones extrajudiciales11”, y por ende, no desconocer lo
dicho en declaraciones posteriores donde se habla de la autoría del agente estatal y
de miembros del grupo “Los Doce Apóstoles”.
Seguidamente, mencionó que el juez demandado se limitó a hacer un recuento de la
prueba recaudada en el que concluyó desproporcionadamente y desconociendo el
contexto de los hechos y el temor enfrentado por los testigos que, si bien se arrimaron
al proceso varias demandas ciudadanas, de la Personera Municipal de Yarumal, del
CINEP y de la Procuraduría General de la Nación en las que se denunció la creación
del grupo de limpieza social que operó en la zona en los años 1993 y 1994, de estas
no se podía deducir la participación del grupo delincuencial en la muerte de Carlos
Rendón, pues, el objeto de la prueba son los hechos y en este caso, la actividad
probatoria no se dirigió a demostrar la omisión estatal alegada en la demanda.
Acto seguido, alegó que, al verificar el deber de seguridad y protección que fue
desconocido por el Estado y de lo cual emanaba su responsabilidad en el homicidio,
se hizo un análisis desarticulado de la prueba, principalmente de la declaración de la
Personera Lilyam Soto, las denuncias que daban cuenta del grupo ilegal en la zona
y de los testimonios de los familiares, precisando sobre esto último que “lo
cuestionable sería un relato idéntico y coordinado en detalles para un hecho que tuvo
ocurrencia mucho tiempo antes y que implicaba un impacto emocional traumático
por el hecho mismo y por la calidad de la víctima; por lo que los testimonios de las
testigos presenciales, sumado a los otros elementos establecidos con el acta de
levantamiento, como la ubicación del cadáver en el lugar y las lesiones halladas en
el cadáver y demás, conforman una unidad probatoria, que fue desarticulada por el
fallador, en contravía de la misma postura del Consejo de Estado, en relación con la
dificultad probatoria en estos casos”12.
4.2.- Frente al desconocimiento del precedente judicial, alegó que, de forma paralela
al presente asunto, se tramitaron dos procesos con radicados No. “05001-23-25-000-
1995-01209-01(21884) y 05001232500019950137201(21008)”, por los homicidios
de Luis Armando Holguín y Oscar Hernán Upegui Saldarriaga, los cuales sucedieron
en circunstancias similares al deceso del señor Carlos Emilio Rendón, en un periodo
de tiempo cercano, por los mismos victimarios y en la misma municipalidad, procesos
en los que se dio un tiempo de respuesta judicial diferente, y se dictaron decisiones
favorables a los accionantes al adoptarse “un enfoque de protección de derechos
humanos y de la prueba indiciaria” que desconoció la autoridad judicial demandada
en el proceso de reparación directa promovido por la actora.
11 Expediente digital, folio 11 del escrito de demanda.
12 Expediente digital, folio 19 del escrito de demanda.
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En concreto, mencionó que el juez de instancia desconoció que, para el momento en
que se dictó sentencia, ya se había establecido por el Consejo de Estado “las
dificultades probatorias en este tipo de casos y se había planteado, la posibilidad de
su abordaje a través de la prueba indiciaria”13. En consecuencia, citó lo dispuesto
por esta Corporación dentro del expediente No. 21884 sobre la dificultad probatoria
en estos casos y el valor de los indicios para fijar la responsabilidad de las
autoridades estatales ligada con el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
su posición de garante y comparando esto con el análisis probatorio efectuado en el
caso bajo estudio, reiteró que este tratamiento diferenciado en el enfoque del caso,
se traduce en la vulneración de los derechos de los demandantes, pues, por ejemplo,
se pasó por alto que el informe de la SIJIN no fue tan claro sobre las circunstancias
y partícipes del homicidio del señor Rendón Naranjo y dejó de lado que uno de los
implicados identificado por la familia era parte de la misma institución a la que
pertenecía dicho ente investigador, luego, su análisis debió ser más sustentado para
darle credibilidad. Igualmente, vuelve y menciona que, en la sentencia de 28 de
febrero de 2020, se exigió a los demandantes prueba directa, exacta y concreta de
los victimarios.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto del 24 de enero de 2022, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada. Adicionalmente,
vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y Policía
Nacional, así como a Yorman Estivel Rendón Barrientos, Yurliani Barrientos
Restrepo, Eder Aleixo Barrientos Restrepo, Luis Ángel Rendón Gallego, María
Isnelda Rendón Naranjo, María Liduara Rendón Naranjo, María Ofelia Naranjo,
Edgar Augusto Rendón Naranjo, María Orfilia Rendón Naranjo, Luis Arturo Rendón
Naranjo, Jesús Evelio Rendón Naranjo y Rosa Emilia Rendón Naranjo, como
terceros interesados en el proceso.
5.1.- Igualmente, allí se requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que
remitiera, en calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado 05001-
23- 31-000-1995-01680-00.
6.- El magistrado Guillermo Sánchez Luque14, ponente de la decisión demandada,
se remitió a las consideraciones esgrimidas en la providencia para justificar la
improcedencia de la acción de tutela.
7.- La Policía Nacional solicitó declarar improcedente el amparo constitucional, por:
i) no cumplir con el requisito de inmediatez, pues al revisar la página web de consulta
13 Expediente digital, folio 13 del escrito de demanda.
14 Expediente digital, intervención contenida en 1 folio.
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de procesos de la Rama Judicial se advirtió que la sentencia objeto de demanda fue
notificada el 31 de mayo de 2021 y la acción de tutela se radicó hasta el 20 de enero
de 2022, ii) inexistencia del defecto fáctico alegado al considerarse que la valoración
probatoria efectuada por el Consejo de Estado fue acertada y coherente, pues de los
testimonios y diferentes piezas documentales, no era factible deducir
responsabilidad del Estado por acción u omisión, en el homicidio del señor Rendón
Naranjo15.
8.- El 14 de febrero de 2022, el apoderado de la parte actora remitió copia de las
“Observaciones a la respuesta dada por el Estado Colombiano, en el caso de la
señora Gladys Elena Jaramillo Suárez y sus familiares y otros”16 dentro del proceso
de referencia P-1473-08, adelantado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, documento suscrito por dicho apoderado con fecha de 17 de julio de 2014,
en el que, en lo referente al caso en estudio, acudió a dicha instancia internacional
por la demora irrazonable en dictar sentencia final dentro del sistema legal interno
en el proceso de reparación directa y solicitando que en los otros dos casos con
radicación No. 21008 y 21884, se ordenara al juez de segunda instancia, reconocer
los perjuicios a la vida de relación a los respectivos demandantes, los cuales no
fueron pedidos en su momento, “por cuanto al momento de presentarse las
demandas no era reconocido dicho perjuicio en el Estado Colombiano” 17. A su vez,
puso de presente que en el caso del señor Rendón Naranjo, el Estado debía adoptar
una decisión garantista como la dictada en esos otros dos asuntos.
9.- Mediante correo electrónico del 31 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, informó que se envió en físico y en calidad de préstamo el expediente
con radicado No. 05001-23- 31-000-1995-01680-00.
II. CONSIDERACIONES
C. De la acción de tutela contra providencias judiciales
10.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales18.
10.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
15 Expediente digital, intervención contenida en 11 folios.
16 Expediente digital, documento contenido en 31 folios, disponible en el aplicativo SAMAI.
17 Expediente digital, página 6 del escrito de observaciones.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior19.
10.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes20:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
10.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional21.
En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
21 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00519-00
Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional22 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 23 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada
relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales24; e (iii)
impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales25.
10.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales26: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
22 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En
este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que
el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por
esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez
natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de
la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia”.
23 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia
constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa
con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser
planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,
T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
24 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia
iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No
se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que
no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas
del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de
indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de
los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”.
25 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no
da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que
origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-
102 de 2006 de la Corte Constitucional.
26 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00519-00
Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”27.
10.7.- Igualmente, conviene apuntar que cuando se controvierte una providencia
judicial dictada por una alta Corporación como la Corte Suprema de Justicia o el
Consejo de Estado, como ocurre en el presente caso, la propia Corte Constitucional
ha sido enfática en precisar que la procedencia de la acción de tutela es aún mucho
más restrictiva, pues supone la acreditación de un requisito adicional “en atención a
que los aludidos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la
jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones”28. En este sentido, ha puesto de
presente que, además de verificarse el cabal cumplimiento de los presupuestos
generales y específicos de procedibilidad del recurso de amparo constitucional
formulado contra la respectiva providencia judicial, debe evidenciarse “la
configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del
juez constitucional”29, esto es, “cuando la decisión riña de manera abierta con la
Constitución y se torne definitivamente incompatible con el alcance y límites de los
derechos fundamentales que han sido desarrollados por la jurisprudencia
constitucional” 30 , pues en otras circunstancias, “los principios de autonomía e
independencia judicial y, especialmente, la condición de órganos supremos dentro
de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones
probatorias, aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del
caso y hubiera llegado a otra conclusión”31.
10.8.- De cuanto hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo
27 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
28 Sentencia SU-050 de 2018 de la Corte Constitucional.
29 Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional.
30 Sentencia SU-397 de 2019 de la Corte Constitucional.
31 Sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
adecuadamente formulados por el interesado32.
D. Análisis del caso concreto
11.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar
si las circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple el
requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C, en el fallo de 28 de febrero de 2020,
incurrió en los yerros o vicios alegados por la parte accionante y si se justifica la
adopción de medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.
E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
12.- Ab initio, la Sala advierte que la acción de amparo cumple con el presupuesto
de inmediatez. En efecto, revisado el aplicativo SAMAI, se advierte que, el fallo de
28 de febrero de 2020 fue notificado a las partes mediante correo electrónico, en
oficios identificados con Nos. 20634 a 20638 del 31 de mayo de 2021, por lo que, el
término de 6 meses aceptado jurisprudencialmente para incoar la tutela fenecería el
30 de noviembre de 2021. Así pues, se observa que la demanda fue interpuesta el
18 de noviembre de 2021, tal como consta en constancia de correo electrónico de la
Rama Judicial – Oficina de Reparto de Medellín, en el que se indica: “Se ha
registrado la Tutela en Línea con número 607404” y se refiere como accionante el
apoderado de la señora Ruth Elena Barrientos y como parte demandada al Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección C. Igualmente, en dicha fecha, consta en
el aplicativo SAMAI, correo electrónico de remisión del proceso a esta Corporación
por parte del asistente administrativo de la Oficina de Tutelas de la Oficina de Apoyo
Judicial de Medellín.
13.- De otra parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber33:
32 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre
de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y
SU-490 de 2016.
33 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela,
de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación
contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
14.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se
formulara la demanda de reparación directa, las pruebas arrimadas por los extremos
procesales y el contenido en sí mismo considerado de la sentencia proferida en
segunda instancia, no encuentra esta Sala que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado haya transgredido los derechos fundamentales
aducidos por la parte actora, así como tampoco que hubiere incurrido en ninguno de
los defectos específicos que se le atribuyen. Ciertamente, una revisión de los
planteamientos expuestos en la demanda de tutela permite advertir que su propósito
es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o
complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al
pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar
de acuerdo con la decisión de negar la indemnización administrativa que endilga al
Estado por acción u omisión por el homicidio del señor Carlos Rendón.
15.- En relación con el defecto fáctico y el sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial alegado, se advierte que la parte actora pretende convertir la
acción constitucional de la referencia en una tercera instancia. Lo anterior se puede
corroborar al revisar el recurso de apelación promovido contra el fallo de 3 de febrero
de 2005, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y
Chocó – Sala de Descongestión y los argumentos expuestos en la demanda de
tutela, pues, en los dos escritos se plantea: i) indebida valoración probatoria con
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Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
respecto al informe y declaración de la señora Lyliam soto, Personera Municipal de
Yarumal para la época de los hechos, el informe de la Procuraduría General de la
Nación, y los testimonios de los familiares que presenciaron el homicidio y, ii) una
exigencia de prueba directa de los hechos, sin darle el debido valor a la prueba
indiciaria para acreditar la participación del grupo “Los Doce Apóstoles” y del agente
de Policía de apellido Mosquera identificado por los demandantes, con lo que se
prueba la responsabilidad del Estado en el homicidio del señor Carlos Rendón.
16.- Así, en el recurso de apelación formulado en el proceso de reparación directa,
la parte actora planteó las mismas inconformidades, resumidas en la sentencia
enjuiciada así:
<<El Tribunal no valoró el testimonio de la doctora Lyliam Soto Cárdenas, quien para la época de los
hechos laboraba como Personera Municipal del Municipio de Yarumal y le tocó escuchar denuncias
que la gente por temor ante lo que se estaba manejando por las autoridades no se atrevía a dejar por
escrito (funcionaria que por amenazas tuvo que abandonar el cargo). (…) Asombra, por decir lo
menos, que las autoridades legalmente constituidas, en las diferentes intervenciones procesales
(Fiscalía), a pesar de lo evidente de los hechos y de la existencia del grupo de “limpieza social”,
desconozcan la existencia del grupo armado, y peor aún, ignoren la cadena de homicidios cometidos
en la localidad entre los años 1993 y 1994: hechos que se convirtieron de público conocimiento entre
la sociedad Yarumaleña, primero por lo sistemático de los mismos, tanto que se adelantaron las
ejecuciones a plena luz del día y sin importar ya si eran o no presenciadas por las personas; la
recurrencia de los graves sucesos dejó al descubierto, o por lo menos se volvió público el comentario
entre los asociados en el sentido que los distintos homicidios no eran hechos aislados, sino un bien
coordinado accionar agenciado desde un supuesto organismo de seguridad local creado, auspiciado
y apoyado económicamente por prestante comerciantes de la localidad… Las autoridades solo
vinieron a actuar cuando tuvo que renunciar la Personera por amenazas y la Procuraduría General
de la Nación a través de la Oficina Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos e
Investigaciones Especiales hizo de manera relámpago varios allanamientos en el municipio de
Yarumal…Un juez no puede esperar que quien delinque deje huella de su delito, y corresponde
a este cuando no hay prueba directa acudir a la prueba indiciaria, porque no puede permitirse
que el silencio, alimentado desde luego por el temor o la situación de pánico colectivo que
genera la sistemática ocurrencia de hechos cutos mensajes de desolación y muerte se dirigen
hacia todo el entorno social buscándose con ello, simultáneamente, crear condiciones de
impunidad para promotores como para ejecutores, lleve a la administración de justicia a no
buscar los elementos necesarios que edifiquen certeza para evitar que el caos que genera la
impunidad siga imperando.
(…) En la investigación de la Procuraduría hay innumerables declaraciones que comprometen
seriamente a miembros de la Policía y del Ejército acantonados en el Municipio de Yarumal con el
grupo de “Limpieza Social” denominado “Los Doce Apóstoles”, quienes, por acción o por omisión
fueron participes de las muertes sistemáticas perpetradas por dicho grupo. Una de esas declaraciones
como se ha dicho es de la doctora Lilian Soto Cárdenas (…)
El testimonio de la doctora Lilyam Soto Cárdenas, es contundente para vincular tanto a miembros del
Ejército como de la Policía Nacional acantonados en el Municipio de Yarumal con el grupo
denominado Los Doce Apóstoles, grupo de “limpieza social” que… ajustició… a quienes consideraba
indeseables para la sociedad (…)
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Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Varios testigos (Diana Lineth Barrientos… .y Nedis Darley Barrientos… ) que presenciaron la
muerte de CARLOS EMILIO RENDON NARANJO, son enfáticos en afirmar que Agente de la
Policía Nacional perteneciente al F2 de apellido MOSQUERA, de contextura alta, moreno,
robusto, participó en la muerte de RENDON NARANJO, indicando que aunque no disparó si
acompañó al que disparó de apellido PEMBERTY y que hacía parte de los Doce Apóstoles.
(…) Si el honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, en su sentir, no encuentra prueba directa
para determinar la responsabilidad de la Nación en la muerte del señor CARLOS EMILIO RENDON
NARANJO, debe acudir a la prueba indiciaria, que es abundante en el expediente para
determinar la responsabilidad del Estado ora por acción ora por omisión, y que es un medio
de convicción que aparece de la deducción o inferencia del hombre cuando antes se ha
establecido, plenamente, un hecho indicador de esa deducción -hecho indicado-; mediante la
deducción lógica se infiere un hecho, antes, desconocido; o también es el fenómeno que
permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido.
(…) Analizadas en conjunto todas las pruebas allegadas al expediente, es dado concluir que con la
muerte del señor CARLOS EMILIO RENDON NARANJO, se produjo una clara falta o falla en el
servicio.>>34 (Se resalta).
16.1.- Así, al examinar el contenido de la decisión cuestionada, en virtud del principio
de la libre apreciación de la prueba que rige en materia procesal, se advierte que el
juez de lo contencioso administrativo realizó una debida valoración probatoria,
estudiando en conjunto los supuestos fácticos y el material probatorio obrante en el
expediente ordinario, lo que le permitió concluir que no era clara la responsabilidad
de los agentes del Estado en el homicidio.
16.2.- En efecto, el análisis de la instancia judicial accionada empezó por indicar que,
como hechos probados a la luz de las pruebas obrantes en el expediente, podía
tenerse que, antes del homicidio del señor Rendón Naranjo, i) el 15 de septiembre
de 1993, “la personera del municipio de Yarumal, Lillyam Soto Cárdenas” remitió
informe al Procurador Departamental y a la Defensora del Pueblo de Antioquia, por
aumento del índice de muertes violentas en el municipio, el cual fue ampliado el 2 y
3 de noviembre de 1993, actualizando el listado de homicidios, remitiéndolo también
a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, y que ii) el 4 de
octubre de 1993, un ciudadano de Yarumal se quejó ante la Procuraduría Delegada
para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la existencia del grupo de limpieza
social denominado “Los Doce Apóstoles”, que operaba con anuencia de la Policía y
el Ejército Nacional.
16.3.- A continuación, dio por probada la muerte del señor Carlos Rendón, el día 7
de noviembre de 1993, en horas de la madrugada por parte de tres sujetos que
entraron a la residencia de aquel y le causaron múltiples heridas de bala, y mencionó
34 Expediente digital, folios 297 a 316 del Cuaderno principal dentro del expediente No. 05001-23- 31-000-
1995-01680-00.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
como cierto que, acorde con el informe de los hechos suscrito por el Subjefe de la
SIJIN de Yarumal, suscrito el 17 de noviembre de 1993, la muerte del señor Rendón
Naranjo, fue producto de una venganza “porque trabajaba en una mina del sector del
“Doce” cerca a municipio de Caucasia y allá tuvo problemas con mineros “por
deudas” y huyó al municipio de Yarumal donde tres sujetos no identificados lo
asesinaron”35. A su vez, dio por acreditadas las amenazas contra la vida e integridad
de la personera de Yarumal por denuncias contra el grupo “Los Doce Apóstoles”,
acorde con las respectivas copias de las denuncias.
16.4.- Seguidamente, la Sala determinó como cierto que, en el año 1993, el Batallón
de Ingenieros N°. 4 Pedro Nel Ospina, el Distrito Siete del Departamento de Policía
de Yarumal y la Procuraduría Departamental de Antioquia no iniciaron
investigaciones penales, ni disciplinarias contra soldados o agentes de Policía o del
F2 por la muerte de Carlos Emilio Rendó Naranjo, “tampoco obra en sus archivos
información sobre un agente del F2 de “apellido Mosquera” ni de un grupo
denominado “los doce Apóstoles”, según da cuenta copia auténtica de oficios n°.
007193 de 15 de abril, 120 de 30 de octubre, 4241 de 13 de noviembre y oficio sin
número de 27 de noviembre de 1993 y certificaciones de 26 y 29 de noviembre de
1996, respectivamente (f. 79, 147-148, 156-159, 163, c. 1)”36.
16.5.- Continuó diciendo que estaba acreditado que el 12 de julio de 1994, el Fiscal
Seccional 136 de la Unidad Antiextorsión y Secuestro de Yarumal informó al Jefe de
la Unidad Seccional de Fiscalías de Yarumal que Ruth Elena Barrientos, compañera
permanente del occiso, “quiere colaborar con la investigación del hecho y sus
autores, pues […] confesó que por temor a las represalias no declaró todo lo que
sabía […] pues todas las sospechas sobre los autores recaen en un agente de la
Policía de apellido Mosquera y un integrante de los doce apóstoles, Leo Pemberty,
quien disparó y causó la muerte de su esposo […]”, según da cuenta copia auténtica
del Oficio N°. 173 de esa fecha (f. 128 c. 1)”. Igualmente, adujo que estaba probado
que, en el mes de marzo de 1995, la Oficina de Investigaciones Especiales de la
Procuraduría General de la Nación concluyó que existían graves indicios acerca de
la participación de agentes del Estado –“Policía SIJIN”- en los homicidios selectivos
o de “limpieza social” del grupo denominado “los doce apóstoles”37.
16.6.- A su vez, dio por ocurrido que el 8 de junio del 2000, la Unidad Especializada
de Fiscalías abrió investigación penal por el homicidio de Carlos Emilio Rendón
Naranjo y ordenó la captura de “León o Leonidas Pemberty Zapata” como presunto
responsable de los delitos de homicidio y conformación de grupos ilegales armados,
y que el CINEP informó a la Comisión Colombiana de Juristas, Defensoría del
35 Expediente digital, folio 8 de la sentencia de 28 de febrero de 2020.
36 Ídem.
37 Expediente digital, folio 9 de la sentencia de 28 de febrero de 2020.
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Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Pueblo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y
Americas Watch, sobre la conformación de un “escuadrón de muerte” o grupo de
“limpieza” apoyado por comerciantes y ganaderos de la región con la finalidad de
exterminar a “personas indeseables” y colaboradores de la guerrilla 38.
16.7.- Bajo este contexto fáctico probado, pasó a analizar la responsabilidad del
Estado por daños causados por la fuerza pública al haber sido alegado por la parte
actora que uno de los perpetradores del crimen era agente de la Policía Nacional.
Sobre el particular, la Sala de Decisión enjuiciada, citó lo dicho por Diana Lined
Barrientos, Ruth Elena Barrientos, María Virgelina Restrepo y Nedis Darleny
Barrientos39, y determinó que estas declaraciones, contrario a lo defendido por la
parte actora, no permitían establecer una autoría material del daño antijurídico por
un agente estatal, por ser “vagas e imprecisas, pues afirmaron “se oyó decir”, “me
dice que”, “supongo que”, “la gente que lo vio me dijo” y “así lo aseguró un amigo”.
Además, son contradictorias en aspectos determinantes”, tales como, la
identificación de los autores y la persona que disparó al señor Rendón Naranjo. Al
respecto, se considera de vital importancia citar el análisis efectuado por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado:
<<15.1 Identificación de los autores del homicidio.
En la declaración que rindieron ante el Jefe de la Unidad Investigativa de Policía Judicial y el Fiscal
Seccional 43 de Yarumal Antioquia, el 9, 11 y 18 de noviembre de 1993, Diana Lined y Nedis Darleny
Barrientos Restrepo y María Virgelina Restrepo Velásquez manifestaron que eran tres sujetos, que
no los conocían, que estaba muy oscuro y que “ni la ropa les pudieron ver” y Ruth Elena Barrientos
Restrepo aseguró “nosotros vimos que eran tres, no les vimos la ropa, ni la cara y con el susto ni de
la voz me acuerdo” (f. 108-111, 113-119 c. 1).
Las mismas personas declararon ante el Juez Civil del Circuito de Yarumal, por comisión del Tribunal
A quo, que reconocieron a uno de los sujetos que era “el agente Mosquera” y que lo habían visto con
anterioridad a los hechos “en el comando de la Policía”. Ruth Elena Barrientos Restrepo llegó a decir,
incluso, “esa noche lo distinguí” (f. 130-131 c. 1).
Las testigos también se contradijeron respecto de la razón por la que inicialmente manifestaron no
reconocer a ninguno de los autores del homicidio. En efecto, mientras Diana Lined y Nedis Darleny
Barrientos Restrepo afirmaron que no denunciaron que uno de los autores de la muerte de Carlos
Emilio Rendón Naranjo era un agente del F2, porque “cuando nosotras lo vimos no lo denunciamos
por miedo, porque de pronto volvían a la casa y nos mataban a nosotros […]” y aseguraron que los
tres sujetos, antes de retirarse del lugar de los hechos, no les hicieron ninguna advertencia y que solo
preguntaron si había más hombres (f. 136-137 y 185-187 c.1). Por el contrario, Ruth Elena Barrientos
Restrepo aseguró que no lo denunciaron, porque los tres sujetos las habían amenazado de atentar
contra sus vidas si hablaban (f. 130-131 c. 1). En el mismo sentido se pronunció ante el Fiscal
Seccional 136 de la Unidad Antiextorsión y Secuestro de Yarumal [hecho probado 9.9].
38 Ídem.
39 Expediente digital, folios 12 y 13 de la sentencia de 28 de febrero de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00519-00
Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
En definitiva, las versiones de los testigos a más de vagas e imprecisas, acusan serias
contradicciones al identificar a los autores del crimen y los motivos por los que guardaron
silencio al inicio de la investigación.
15.2 Persona que disparó contra Carlos Emilio Rendón Naranjo.
Ruth Elena y Nedis Darleny Barrientos Restrepo, en sus declaraciones ante el Juez Civil del Circuito
de Yarumal, afirmaron que la persona que disparó contra Carlos Emilio Rendón Naranjo era “León o
Leo Pemberty” que es “miembro de los doce apóstoles” grupo subsidiado por los comerciantes de
Yarumal (f. 136-137 c. 1).
Por el contrario, Diana Lined Barrientos Restrepo narró que “el agente Mosquera” fue el que disparó
contra Rendón Naranjo (f. 134-135 c. 1). Además, Nedis Darleny Barrientos Restrepo declaró que su
hermana Diana Lineth se equivocó en su declaración “porque ella se pasmó y entonces ella pensó
que era Mosquera, yo vi que no era Mosquera, pues Mosquera estaba parado en la pieza de mi mamá
pendiente que nadie saliera y dando órdenes y el otro estaba parado al pie de la pieza de nosotros”
(f. 136-137 c. 1).
Las declaraciones de las testigos presenciales son, pues, disímiles respecto del autor material
del homicidio de Rendón Naranjo. Aunque los declarantes coinciden en asegurar que un
agente del Estado intervino en los hechos (aunque no a qué título), se aprecian serias
inconsistencias y lagunas en los hechos narrados por los distintos declarantes. Esta
divergencia en un aspecto fundamental de los hechos no solo les resta credibilidad sino que
evidencia una inconsistencia que la Sala no puede pasar por alto, máxime si se trata de testigos
presenciales. De ahí que estas declaraciones no permiten concluir que hubo participación de
un agente del Estado, ni que este haya sido el autor material del homicidio. Por tanto, la prueba
testimonial no permite acreditar los hechos alegados en la demanda, pues en ella se advierten
contradicciones y vacíos que impiden darles credibilidad.
Sólo se acreditó que Carlos Emilio Rendón Naranjo, por su profesión de minero, no permanecía en el
municipio de Yarumal, donde vivía su familia y que, quince días antes de su muerte, tuvo problemas
con mineros de “Barbacoas” por una deuda de plata, razón por la cual sus familiares creen “que a él
lo mandaron a matar los hermanos Gómez” [núm. 12]. El Subjefe de la Sijin de Yarumal concluyó,
dentro de la investigación que adelantó la Policía Judicial por la muerte de Carlos Emilio Rendón
Naranjo, que su muerte fue producto de “una venganza”, porque trabajaba en una mina del sector del
“Doce” cerca al municipio de Caucasia y allá tuvo problemas con mineros “por deudas” y huyó al
municipio de Yarumal donde tres sujetos no identificados lo asesinaron. Según este documento, la
causa de la muerte fue “venganza” [hecho probado 9.6].
Las certificaciones y oficios del Batallón de Ingenieros n°. 4 Pedro Nel Ospina, el Distrito Siete del
Departamento de Policía de Yarumal y la Procuraduría Departamental de Antioquia dan cuenta que
no se abrió investigación penal o disciplinaria contra algún miembro de las fuerzas militares o de
Policía por la muerte de Carlos Emilio Rendón Naranjo. Tampoco obra en sus archivos, según estos
documentos, información sobre un agente de Policía o del F2 de “apellido Mosquera” que ejerciera
funciones en el año de 1993. Las minutas de guardia y los libros de vigilancia de la Policía de Yarumal,
Antioquia no señalan que para el año 1993 un agente de la Policía de apellido “Mosquera” prestara
sus servicios en el Departamento de Policía de Yarumal, Antioquia (f. 1-234 y 1-259 c. 5 y 6). Estos
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00519-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
documentos no fueron tachados de falsos en los términos del artículo 289 CPC y no fueron
desvirtuados por otro medio probatorio>>40. (Se resalta)
16.8.- Finalmente, sobre la responsabilidad estatal por omisión del deber de
seguridad y protección, tras analizar el acervo probatorio, concluyó que estaba
acreditado en el proceso que “varios ciudadanos del municipio de Yarumal,
Antioquia, la Personera Municipal, el Centro de Investigación y Educación Popular -
CINEP- y la Procuraduría General de la Nación denunciaron la creación de un grupo
de “limpieza social” que operó en el municipio de Yarumal, Antioquia, durante los
años 1993 y 1994”, pero que de dichas denuncias no podía deducirse la participación
del grupo de “limpieza social” en la muerte del señor Rendón Naranjo, pues si bien
no se “desconoce la gravedad de las denuncias hechas, pero ello no es suficiente
para deducir responsabilidad alguna de la entidad demandada”. Por último, citó lo
previsto en el artículo 177 del CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 168 y
267 CCA, según el cual, quien alega un daño debe demostrar la ocurrencia del
mismo para que se produzca el efecto pretendido, ya que la sola afirmación de la
demandante no es suficiente para acreditarlo, y como no encontró acreditada la
participación de un agente de la Policía en el homicidio de Carlos Emilio Rendón
Naranjo, ni que este haya solicitado protección ni que la Policía haya omitido sus
deberes de seguridad y protección, determinó que no se configuró una falla en el
servicio y la muerte de Carlos Emilio Rendón Naranjo no era imputable a las
entidades demandadas41.
16.9.- De esta manera, la Sala considera que las circunstancias fácticas que dieron
paso a la decisión sometida a estudio, y de los fundamentos jurídicos que expuso la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no se deduce que dicha
autoridad hubiere valorado indebidamente los medios de prueba. Por el contrario, la
decisión cuestionada en esta sede encuentra claro sustento en el principio de libre
valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en
realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probatorio
aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales que lo
delimitan y que resultaban aplicables al caso.
17.- En lo relativo al desconocimiento del precedente judicial, esta Sala advierte que
también carece de relevancia constitucional por cuanto, va dirigido a discutir
presuntas reglas jurisprudenciales desconocidas por el Ad quem con respecto a la
valoración de la prueba indiciaria en este tipo de casos, buscando imponer su
interpretación de los hechos y pruebas, para obtener una decisión judicial favorable
a sus pretensiones, desconociéndose que el juez accionado hizo un análisis
completo y a profundidad de los elementos probatorios que fueron puestos a su
40 Expediente digital, folios 12 a 16 de la sentencia de 28 de febrero de 2020.
41 Expediente digital, folio 19 de la sentencia de 28 de febrero de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00519-00
Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
conocimiento, siendo evidente entonces que la acción de tutela busca reabrir el
debate jurídico zanjado por el juez natural de la causa.
18.- En definitiva, la Sala estima que la determinación de confirmar el fallo de primera
instancia estuvo fundada en la sana crítica, con una carga argumentativa válida y
razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de las
pruebas de manera conjunta, la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso,
sin que pueda decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de la parte
actora.
19.- Visto lo anterior, estima esta Sala que las presuntas deficiencias alegadas
respecto de la decisión adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso
de reparación directa, responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa
sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como
una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste
al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.
20.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal42.
21.- Insiste también esta Sala en que los derechos, expectativas e intereses que se
llevan al conocimiento de la judicatura, de cara la preexistencia de un conflicto, la
mayoría de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo
que solo resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del
juez se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia,
que se presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, asunto que,
como ya se vio, no se reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión judicial
y la de la parte que no resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste al
operador judicial la importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en
aplicación y desarrollo de la anterior premisa.
22.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su
42 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00519-00
Accionante: Ruth Elena Barrientos Restrepo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
objeto es reabrir un debate tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo
que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los
derechos fundamentales.
23.- Así las cosas, habrá de declararse improcedente el amparo impetrado por la
señora Ruth Elena Barrientos Restrepo, al no encontrarse acreditado el presupuesto
de relevancia constitucional.
24.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE43
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
43VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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