Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00524-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00524-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00524-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
3 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00524-00
Accionante: MICHAEL ANDRÉS CAICEDO HENAO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA
TEMA: Tutela por presunta mora en la expedición de la
tarjeta profesional / carencia actual de objeto por
hecho superado
Acción de Tutela - sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el
señor Michael Andrés Caicedo Henao, actuando en nombre propio, en
contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
El accionante, quien actúa en nombre propio, instaura la presente
acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición,
con fundamento en los siguientes:
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00524-00
Demandante: Michael Andrés Caicedo Henao
1. Hechos
1.1. El 17 de diciembre 2021, el señor Michael Andrés Caicedo
Henao radicó ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia la solicitud
de expedición y registro de su tarjeta profesional de abogado, petición
sobre la cual la entidad acusó recibido.
1.2. Manifiesta que a la fecha de presentación de la acción de tutela,
no ha recibido respuesta a lo solicitado, lo que quebranta su derecho
fundamental de petición, en tanto la entidad ha excedido los plazos
legalmente establecidos para resolver dicho trámite.
2. Pretensiones
El accionante solicita:
«Primera. TUTELAR el Derecho Fundamental de Petición vulnerado
por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA,
al no resolver la petición del 17 de diciembre de 2021, formulada por
la suscrita accionante para la expedición de la tarjeta profesional.
Segunda. ORDENAR al accionado que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo expedir la tarjeta del suscrita
MICHAEL ANDRES CAICEDO HENAO identificado con cedula de
ciudadanía No. 1062323758 de Santander de Quilichao.
Tercera. Las demás medidas y ordenes que el Juez de tutela
considere conducentes, para el amparo de mis derechos
fundamentales».Sic toda la cita
3. Trámite procesal
Mediante auto de 25 de enero de 2022 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia como accionado.
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Demandante: Michael Andrés Caicedo Henao
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia informó que le asignó al accionante la Tarjeta Profesional de
Abogado N.º 376.804 con fecha de expedición de 2 de febrero de
2022, como consta en el Acta de Registro de Tarjeta Profesional N.º
2507, por lo que solicitó negar las pretensiones de la tutela, al
configurarse un hecho superado.
Manifestó que el incremento desmesurado de solicitudes de
expedición de tarjetas profesionales, entre otros trámites, supera la
capacidad administrativa de la entidad, por lo que está resolviendo las
peticiones en estricto orden de llegada.
Informó que el accionante podrá acceder a la certificación de vigencia
de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o
consultada por la internet, a través del servicio de “Certificado de
Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario,
desde la página web de la Rama Judicial o en el link
www.ramajudicial.gov.co,https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Ce
rtificado.aspx, escogiendo la calidad de “Abogado” y verificar así la
titularidad y vigencia del documento.
Finalmente, indicó que los respectivos documentos fueron enviados al
contratista para la elaboración del plástico de la Tarjeta Profesional de
Abogado y, una vez sea entregada a la Unidad, la remitirá a través
del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por el
accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar:
¿La Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho
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fundamental de petición del accionante, al no resolver la
solicitud de inscripción de la tarjeta profesional formulada el 17
de diciembre de 2021?
2. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto”.
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante,
salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Tarjeta profesional de abogado. Trámite de inscripción y
registro.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996, la función de inscripción y registro de la tarjeta
profesional de abogado recae en cabeza del Consejo Superior de la
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Judicatura, trámite que es requisito indispensable para ejercer la
abogacía.
Al respecto, el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo 1389 de 2002,
dentro de las funciones asignadas a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, señala la de organizar y llevar el Registro Nacional de
Abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional, de
conformidad con los reglamentos proferidos para tal efecto por la
autoridad competente.
En ese sentido, esta Sala de Subsección1 ha señalado que, si bien no
existe norma especial que establezca el trámite y el término en el cual
se debe realizar la inscripción y hacer entrega de la tarjeta
profesional, ello se rige por las reglas del procedimiento
administrativo general establecidas en los artículos 34 y siguientes de
la Ley 1437 de 2011, y el incumplimiento de este puede suponer una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso
administrativo.
4. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Michael Andrés Caicedo Henao invoca
la protección de su derecho fundamental de petición, ocurrida con
ocasión de la falta de respuesta a la solicitud instaurada el 17 de
diciembre de 2021.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que:
1
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Radicado N. º
11001-03-15-000-2021-00365-00. Demandante: Juan José Cardona López.
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Demandante: Michael Andrés Caicedo Henao
i. El 17 de diciembre de 2021, el accionante solicitó ante el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, la expedición y registro de su tarjeta
profesional de abogado.
ii. Mediante Acta de Registro de Tarjeta Profesional N.º 2507 se le
asignó al señor Michael Andrés Caicedo Henao la Tarjeta Profesional
N.º 376.804, con fecha de expedición 2 de febrero de 2022.
iii. La anterior decisión fue notificada al interesado por correo
electrónico remitido el 10 de febrero de 2022.
Así las cosas, la Subsección colige que, aunque la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia sobrepasó los
términos previstos para resolver los trámites para la expedición de la
tarjeta profesional, a la fecha, ya resolvió de fondo la solicitud
formulada por el accionante, puesto que expidió la Tarjeta Profesional
N.º 376.804 de 2 de febrero de 2022 y notificó al interesado el 10 de
febrero de 2022 lo que denota que la causa que dio origen a la
vulneración de los derechos fundamentales alegada por el
demandante ha sido superada.
De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que
reporta la conculcación del derecho desaparece, situación frente a la
cual, cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto,
pues nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden respecto
de una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias
diferentes a la del juez constitucional.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
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«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86
de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el
objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata
y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados
en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece
el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera
expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las
órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular
que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos
fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como
mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto
a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso
concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al
objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»2.
Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los cuales aunque
las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en
apariencia el hecho generador de la acción ha sido superado, en el
fondo este se encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la
luz de las garantías constitucionales, de acuerdo a la interpretación
que en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y
su «posible superación».
Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la expedición de
la tarjeta profesional y la debida comunicación al interesado, cualquier
decisión que esta Sala de Decisión dicte resultaría inane, toda vez que
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
tramitó y notificó respuesta a la solicitud objeto de la petición, lo que
impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
2
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela
instaurada por el señor Michael Andrés Caicedo Henao,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REGÍSTRESE la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
La anterior provide ncia f u e considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la f echa.
G ABRIEL V ALBUEN A HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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