Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00549-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00549-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00549-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
12 de mayo de 2022
Demandantes: Sebastián Londoño Cuestas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00549-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00549-01
Demandantes: SEBASTIÁN LONDOÑO CUESTAS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico y
desconocimiento del precedente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 10 de marzo de 2022, dictada por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que
declaró la improcedencia del amparo invocado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 21 de enero de 2022 al buzón
web de tutelas y habeas corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Sebastián
Londoño Cuestas, obrando en nombre propio y en representación de sus hijas
menores Dorianny Londoño Pérez y Luciana Londoño Mejía, ejerció acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, con el fin
de que les sean amparados sus derechos fundamentales “a la buena fe, presunción
de inocencia, dignidad humana, igualdad, debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y principio de justicia material”.
2. Los accionantes consideraron vulnerados los derechos invocados, con
ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala
Tercera de Decisión el 3 de septiembre del 2021, en el proceso de reparación
directa, identificado con el No. 66001-33-33-007-2018-00054-00/01 promovido por
el señor Sebastián Londoño Cuestas y otros1, contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, mediante la cual se confirmó el fallo del 25 de agosto
de 2020, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, que negó las
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Los demandantes al interior del proceso fueron los señores Sebastián Londoño Cuestas, obrando en nombre propio y en
representación de sus hijas menores, Dora Liliana Cuestas López, Johann Darío Montoya Cuestas y Tania Montoya Cuestas.
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Demandantes: Sebastián Londoño Cuestas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
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pretensiones de la demanda.
1.2. Pretensión
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías
fundamentales y, en consecuencia, pidió:
“ Ordenar a la Sala Tercera de Decisión del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA revertir los Defectos Fácticos advertidos
en la providencia judicial, en su dimensión positiva y negativa, y con sujeción a
lo acreditado dentro del proceso mediante las pruebas directas e indicios, con
arreglo al precedente judicial del Consejo de Estado y aplicando los artículos
240 y 242 del C.G.P., proceda a proferir nuevamente sentencia de segunda
instancia que se ajuste y reconozca lo que obre en el acervo probatorio.”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 22 de junio de 2016, en el barrio Villa Consota de Pereira, se presentó una
confrontación entre la comunidad y unos policías de cuatro patrullas motorizadas
después de que uno de los uniformados, al intentar separar a dos hermanos que
estaban peleando, neutralizara a uno de ellos. Ante tal situación, la comunidad
arremetió contra los miembros de tal institución con piedras y palos, por lo que
aquellos agentes solicitaron refuerzos. Uno de ellos propinó un disparo con arma de
fuego al suelo para disipar a la multitud; no obstante, la situación no pudo ser
controlada y los hechos desencadenaron una disputa violenta entre la comunidad y
la Policía.
5. El señor Sebastián Londoño Cuestas se encontraba en una casa ubicada en
aquel barrio. Al escuchar una detonación como si fuera un disparo, salió a ver lo
que estaba pasando y se encontró con el enfrentamiento. En medio de tal situación,
resultó herido gravemente con un proyectil de arma de fuego.
6. A partir de tales hechos, los señores Sebastián Londoño Cuestas2, Dora
Liliana Cuestas López, Johann Darío Montoya Cuestas y Tania Montoya Cuestas
promovieron proceso de reparación directa contra el Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, identificado con el radicado No. 66001-33-33-007-2018-00054-00/01. En
concreto, reclamaron el resarcimiento de los perjuicios derivados de las lesiones
provocadas al demandante.
7. Mediante sentencia del 25 de agosto de 2020, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira negó las pretensiones de la demanda,
2 Actuando en nombre propio y en representación de sus hijas menores Dorianny Londoño Pérez y
Luciana Londoño Mejía.
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al considerar que no se demostró que el disparo recibido por el señor Londoño
Cuestas se hubiera realizado con arma de dotación oficial.
8. Inconforme con la decisión, la parte actora apeló y mediante fallo del 3 de
septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión de
negar las pretensiones de la demanda. Esta autoridad judicial también sostuvo que
en el proceso no se acreditó que el disparo que recibió el señor Londoño Cuestas
hubiese sido realizado con arma de dotación oficial o por un agente estatal. Por
tanto, si bien el daño se comprobó, no sucedió lo mismo con el nexo causal entre
este y el actuar de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de
sus agentes.
1.4. Sustento de la vulneración
9. La parte actora sostuvo que la autoridad demandada, al confirmar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del medio de control de
reparación directa, incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente.
10. En cuanto al defecto fáctico, afirmó que las conclusiones del Tribunal,
relativas a que “en el bando de civiles se portaban armas de fuego”, carecían de
sustento probatorio lo cual creó “un manto de duda sobre quién pudo lesionar con arma
de fuego al civil”.
11. Señaló que la accionada:
“(…) dejó de valorar y tener por probados hechos que sí contaban con pruebas
directas e indiciarias que daban por demostrada la imputación del daño a los
agentes de la Policía Nacional, como lo es que entre los mismos patrulleros de
la policía existen versiones contradictorias entre quienes reconocieron que
mientras los miembros de la Policía estuvieron en el lugar se presentaron
persecuciones, hubo disparos y se tuvo la noticia que había un civil herido por
arma de fuego”
12. Con respecto a lo anterior, agregó que tal relato “guarda total correspondencia”
con los testimonios restantes, mientras que otros agentes de policía que también
estuvieron en el lugar de los hechos, manifestaron “que no se presentó ni persecución
ni disparos y, mucho menos, un civil herido”.
13. Indicó que, a diferencia del agente Edwin Alzate Bustos, ningún patrullero de
la policía “percibió un civil portando un arma de fuego” ni “hicieron uso de su arma de
dotación oficial porque no existía razón que lo ameritara”. Señaló que, según lo anterior,
se “acredita la ausencia de algún riesgo inminente en contra de los policías y, con ello, que
algún civil estuviera armado con arma de fuego”.
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14. Expuso que el Tribunal no contó con un “relato consistente para tener por
acreditado la existencia de un civil armado”, pues primero justificó el uso del arma de
fuego por parte del patrullero Alzate Bustos al ser agredido con palos y piedras y
después lo legitimó “porque vio que otra persona de la comunidad tenía un arma de fuego
y al ver en peligro su vida y la de su compañero”.
15. Puso de presente que el testimonio del patrullero Alzate Bustos indujo a error
al Tribunal pues dio “por demostrado la existencia de un arma de fuego en el bando de
los civiles sin que exista otra prueba que ayude a soportar dicha determinación”. Al
respecto agregó que:
“está demostrado todo lo contrario, ya que en el contrainterrogatorio del
testimonio del patrullero de la policía EMANUEL FERNANDO RENDÓN,
compañero de Álzate Bustos, cuando fue inquirido la razón para que no hubiese
considerado hacer uso de su arma de fuego en contraposición al uso que si le
había dado su compañero de cuadrante, indicó, sin vacilación, que los hechos
no justificaban hacer uso y que no había percibido un civil portando un arma de
fuego.” (Sic a toda la cita).
16. Señaló que, de conformidad con los testimonios de los civiles que estuvieron
presentes en los hechos, era claro que “la policía empezó a disparar en contra de los
civiles con los que tenían el enfrentamiento y estaban persiguiendo”, por lo que no tenía
sustento lo considerado por el Tribunal relativo a que “ningún testigo fue contundente
en indicar que el disparo realizado al civil fue producto de un arma de dotación oficial”.
17. Adujo que la autoridad judicial demandada tampoco tomó en consideración
que los testimonios de los agentes de policía Jorge Leonardo Betancourt, Gustavo
Adolfo Ruíz Guzmán y Jaime Arturo Puerres Meneses guardaban “total relación con
las declaraciones allegadas por los testigos de la parte demandante” y, a su vez, fueron
“diametralmente diferentes a las manifestadas por sus compañeros, también agentes de
policía”.
18. Arguyó que, según esta versión de los hechos en la que coincidían los
miembros de la institución y los civiles:
“sí hubo una persecución entre los policías y los jóvenes, que en la persecución
si hubo varios disparos y que estando los policías en el barrio Villa Consota de
la ciudad de Pereira tuvieron conocimiento de que un civil había resultado herido
con arma de fuego”.
19. Manifestó que lo anterior es indicio suficiente para demostrar la
responsabilidad del Estado y el nexo causal entre el daño y el actuar de la Policía.
Lo anterior, pues el hecho de que el patrullero Alzate Bustos y otros miembros de la
institución sostuvieran una versión opuesta, demostraba que éstos buscaron “con
algún propósito distorsionar o cambiar ostensiblemente la realidad en la que ocurrieron
(error inducido)”. Al respecto agregó:
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“(…) este indicio le otorga al operador judicial la convicción suficiente para
considerar que dicha intención de distorsión de la realidad tiene como objetivo
ocultar el hecho de que efectivamente fue un agente de la policía quien realizó
el disparo que causó la grave herida en la humanidad del señor SEBASTIAN
LONDOÑO mientras era perseguido y, con esa nueva versión, querer exonerar
su eventual responsabilidad”
20. Indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta otro indicio que acreditaría la
responsabilidad del Estado, relativo al “saldo de heridos que tuvo el enfrentamiento”. Al
no existir reporte de algún policía herido con arma de fuego, mientras que se
acreditó que un civil (el señor Londoño Cuestas) sí fue víctima de dicho perjuicio,
argumentó que era posible concluir “que en el bando de los civiles no existía (…) arma
de fuego”.
21. Sostuvo que los testimonios según los cuales:
“los agentes de la policía estaban haciendo uso de sus armas de dotación
oficial, son suficientes para considerar que uno de esos disparos impactó en el
cuerpo de SEBASTIAN LONDOÑO, sin que se pueda pretender que exista un
testigo que haya podido percibir, inalteradamente, cual agente de policía fue el
que impactó el cuerpo del civil en semejante caos y descontrol que se
presentaba en el momento cuando todas las personas”.
22. Concluyó que al existir indicios suficientes para acreditar la responsabilidad
por parte de los agentes de Policía, el Tribunal incurrió en defecto fáctico al valorar
indebidamente el material probatorio aludido y negar las pretensiones de la
demanda.
23. En relación con el desconocimiento del precedente alegado, afirmó que la
accionada “inaplicó o aplicó inadecuadamente el precedente jurisprudencial sentado por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto la acreditación del elemento
Imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado a través de la prueba indiciaria y
los demás elementos probatorios”
24. Citó textualmente extensos apartados de las sentencias del Consejo de
Estado que a continuación se relacionan:
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
– Subsección A. Sentencia del 26 de mayo de 2016, radicado No.
760012331000200800142-01 (39.020). M.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
– Subsección B. Sentencia del 9 de julio de 2021, radicado No. 05001-23-31-
000-1997-03012-01 (45868). M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
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25. Las citas textuales traídas a colación por la parte actora contienen las
distintas conclusiones a las que llegó la Sala de Decisión al interior de cada proceso,
a partir de los indicios y distintos elementos materiales probatorios que hacían parte
de los respectivos expedientes.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
26. A través de auto del 27 de enero de 2022, el magistrado ponente de la
Sección cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó la notificación de la
parte accionante, del Tribunal Administrativo de Risaralda, y vinculó como terceros
con interés legítimo a la Policía Nacional y a los señores Dora Liliana Cuestas
López, Johann Darío Montoya Cuestas y Tania Montoya Cuestas.
27. A su vez, consideró lo siguiente:
El despacho estima que no es necesario vincular al Juzgado Séptimo
Administrativo de Pereira, que dictó la providencia de primera instancia en el
proceso de reparación directa con radicado 66001-33-33-007-2018-00054-01,
pues en la solicitud de amparo únicamente se cuestiona la actuación del
Tribunal Administrativo de Risaralda. Tampoco se advierte que al juzgado le
asista interés directo ni indirecto en el resultado de la acción de tutela de la
referencia, toda vez que la decisión que se dicte en este asunto no le afectaría.”
(Subrayas fuera del texto)
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda
28. Por medio de escrito enviado el 2 de febrero de 2022 al correo electrónico de
la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente de la decisión
cuestionada se opuso a las pretensiones de la acción constitucional al considerar
que no se configuró ninguno de los defectos alegados por la parte actora y solicitó
que sean denegadas las pretensiones de la demanda.
29. Transcribió la parte considerativa de la sentencia objeto de tutela y manifestó
que en el proceso de reparación directa no se evidenció que la herida sufrida por el
señor Londoño Cuestas fuera producida con arma de dotación oficial. Por lo
anterior, arguyó que no se evidenció el nexo de causalidad entre la actividad del
personal policial y el daño sufrido por el demandante.
30. Manifestó que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora simplemente pretende reabrir un debate debidamente
concluido. Agregó que la acción constitucional tiene un mero interés económico,
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pues lo que la parte demandante reclama es el reconocimiento de las
indemnizaciones denegadas en el proceso ordinario.
31. Argumentó que el asunto estudiado no tiene una relación directa con una
presunta afectación de derechos fundamentales, debido a que no se acreditó
ninguna vulneración al debido proceso, pues la decisión adoptada “ no riñe con la
Constitución y no es incompatible con la jurisprudencia aplicable al asunto, así como
tampoco se observa decisiones caprichosas y arbitrarias”
32. Puso de presente que la acción constitucional no cumplió con el requisito de
subsidiariedad, dado que los demandantes pueden ejercer el recurso extraordinario
de revisión, sin precisar bajo qué causal de procedencia.
1.6.2. Policía Nacional
33. A través de mensaje de datos remitido el 4 de febrero de 2022, el jefe del
Grupo de Asuntos Jurídicos de la entidad solicitó “denegar las súplicas de los
accionantes ante la improcedencia de la acción de tutela, aunado a que tampoco se
vislumbra la existencia de vulneración alguna a sus derechos fundamentales”.
34. Expuso que en el proceso de reparación directa, se logró desvirtuar la
existencia de elementos probatorios suficientes frente a la imputabilidad de
responsabilidad de la Policía Nacional por la actuación de sus funcionarios en los
supuestos de hecho en los que se generó el daño alegado.
35. Señaló que los testimonios que obran en el expediente son contradictorias
entre sí:
“pues mientras unos testigos, amigos y habitantes del sector aseveraron ver a
los policías haciendo una línea de fuego, otros señalaron que formaron una
escuadra para disparar y otros afirmaron verlos correr tras los jóvenes inmersos
en la asonada haciendo disparos indiscriminadamente”
36. Indicó que el Tribunal fundamentó su providencia en una valoración detallada
de todos los elementos probatorios obrantes en el expediente, debido a que estudió
las declaraciones contradictorias entre los testigos y funcionarios de la Policía junto
con la historia clínica, lo que le permitió concluir que no se acreditó la existencia del
nexo causal entre el daño y el actuar de la entidad.
37. Concluyó que en el asunto estudiado no se configuró ningún perjuicio
irremediable o amenaza inminente e injustificada, por lo que la tutela se torna
improcedente como mecanismo transitorio para acceder a las pretensiones
elevadas.
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1.6.3. Dora Liliana Cuestas López y Tania Montoya Cuestas
38. Mediante correo electrónico enviado el 8 y 9 de febrero de 2022, las señoras
Montoya Cuestas y Cuestas López, respectivamente, solicitaron que fueran
vinculadas al presente trámite constitucional en calidad de accionantes y pidieron
que se accediera a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela.
39. Con escrito enviado el 1º de febrero de 2022, el señor Londoño Cuestas
manifestó que el señor Johann Darío Montoya Cuestas falleció el 2 de junio de
2019, motivo por el cual Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira reconoció a la señora Dora Liliana Cuestas como su sucesora procesal al
interior del proceso de reparación directa.
1.7. Sentencia de primera instancia
40. Por medio de sentencia proferida el 10 de marzo de 2022, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar
que no cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
41. Frente a la solicitud elevada por las señoras Montoya Cuestas y Cuestas
López, consideró que no era necesario tenerlas como demandantes en este proceso
constitucional, “por cuanto ya fueron vinculadas como terceras con interés y ejercieron las
garantías de defensa y contradicción”.
42. Argumentó que la parte actora se limitó a reiterar los argumentos que expuso
en el proceso de reparación directa, pues, si bien alega la configuración de un
defecto fáctico, lo que realmente pretende es que “se reabra el debate respecto de la
valoración probatoria referida al origen de la lesión sufrida por el señor Sebastián Londoño
Cuestas y al nexo de causalidad con la actividad de la Policía Nacional”.
43. Puso de presente que los argumentos relacionados con la valoración de los
testimonios rendidos en el proceso de reparación y con los indicios de
responsabilidad del Estado, fueron expuestos en el trámite ordinario y reiterados en
la tutela. Por tanto, según su criterio, esto evidencia que la parte actora pretende
simplemente obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
44. En relación con el desconocimiento del precedente alegado, adujo que los
accionantes buscan cuestionar la valoración de las pruebas indiciarias obrantes en
el proceso ordinario. Al respecto afirmó:
“El demandante cita el precedente para efecto de cuestionar la valoración
probatoria desde el punto de vista de los indicios, pero sin identificar subreglas
que hagan dudar de la razonabilidad de la decisión atacada o que pongan en
evidencia la indebida aplicación u omisión de las reglas de la lógica, de la sana
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crítica o de la experiencia. En últimas, del precedente invocado no puede
colegirse que la valoración probatoria haya sido caprichosa o contraevidente”.
1.8. Impugnación
45. A través de correo electrónico enviado el 23 de marzo de 2022 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la
sentencia proferida el 10 de marzo de 2022, notificada el 16 del mismo mes y año y
solicitó que se revocara para que, en su lugar, se acceda al amparo de sus
derechos.
46. Sostuvo que en el escrito de tutela se expusieron detalladamente las razones
en las que se fundamentó la vulneración de derechos fundamentales alegada, las
cuales distan de los argumentos expuestos dentro del proceso de reparación
directa.
47. Indicó que el a quo erró al centrar su estudio en los argumentos que
estructuraron el defecto fáctico como requisito específico de procedibilidad del
amparo, sin tener en cuenta que el análisis de tal vicio de fondo “procede una vez se
supera el estudio de las causales procesales, sin que sea viable confundir o combinar el
estudio de unos y otros requisitos (genéricos y específicos), indistintamente, para
determinar la procedencia de la acción”
48. Enfatizó que en el texto de la demanda se señaló con detenimiento los
derechos fundamentales que consideró vulnerados y se expuso detalladamente las
razones que soportan la relevancia constitucional del presente asunto, lo cual no
fue tenido en cuenta al momento de proferir el fallo de primera instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
49. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia del 10 de marzo de 2022, dictada por el Consejo
de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Auto de vinculación
50. Si bien el a quo constitucional decidió, expresamente, no vincular al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, en calidad de tercero con
interés, la magistrada que funge como ponente de la presente decisión, profirió en
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trámite de segunda instancia auto del 4 de mayo de 2022, por medio del cual se
resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: En aplicación de los artículos 136 y 137 del Código General del
Proceso, ORDENAR que por intermedio de la Secretaría General, se ponga en
conocimiento del Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira la nulidad
saneable que se presenta en el proceso de la referencia para que, dentro de los
tres (3) días siguientes a su notificación: i) alegue la nulidad si a bien lo tiene; ii)
se pronuncie sobre la solicitud de amparo sin alegar la nulidad; o, iii) guarde
silencio. En estos dos últimos eventos, aquella se entenderá saneada.
SEGUNDO: REMITIR copia del escrito de tutela, del auto admisorio de la
demanda, el fallo de primera instancia y de esta providencia al mencionado
sujeto”.
2.2.1. Intervención del Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira
51. Mediante escrito remitido el 11 de mayo de 2022 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, la juez titular del despacho remitió
informe mediante el cual solicitó “negar por improcedente la acción de tutela de la
referencia”.
52. Después de describir detalladamente el trámite surtido por el Juzgado en la
primera instancia del proceso de reparación directa y de reiterar los motivos de la
decisión, sostuvo que el mecanismo de amparo no cumplió con las subreglas de
derecho establecidas por la Corte Constitucional en relación con la procedencia de
la tutela contra providencia judicial, las cuales citó y expuso con suficiencia.
53. Señaló que:
“contrario a los fines teleológicos de la acción de tutela en contra de providencia
judicial y la vulneración de derechos fundamentales, la parte demandante lo que
realmente pretende es que se le realice un nuevo estudio sobre las dos
instancias ya surtidas”.
54. Afirmó que en la providencia cuestionada se observaba una valoración
juiciosa de las pruebas allegadas y un estudio fundado debidamente en la ley y
jurisprudencia, por lo que lo decidido “no obedeció a un ejercicio de improvisación, sino
a la correcta administración de justicia”.
55. Argumentó que el presente asunto carece de relevancia constitucional, pues
la controversia propuesta no trascendía de ser un conflicto legal “como se desprende
del mismo contenido de la acción de tutela donde se refutan posiciones asumidas sobre
todo en segunda instancia”.
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2.3. Problema jurídico
56. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 10 de marzo de 2022, por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, a través de la cual, declaró la improcedencia del amparo
solicitado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?
57. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema
● ¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Risaralda los derechos fundamentales
accionados, por presuntamente incurrir en los defectos alegados al proferir
la sentencia del 3 de septiembre de 2021 mediante la cual se confirmó el fallo
del 25 de agosto de 2020, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Pereira que negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa interpuesta por la parte actora contra la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional?
58. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) generalidades de los defectos alegados; iv) análisis del caso en
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
59. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
3
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su
procedencia.5
60. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.
61. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
62. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
63. Para la Sala es necesario precisar que, a diferencia de lo planteado por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado como juez de primera instancia, este
requisito sí se encuentra cumplido en el caso en concreto, por cuanto, al revisar
el escrito de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la controversia
propuesta por la parte actora es de naturaleza constitucional al solicitar la protección
de sus derechos fundamentales “a la buena fe, presunción de inocencia, dignidad
humana, igualdad, debido proceso, de acceso a la administración de justicia y principio de
justicia material”.
64. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, los accionantes cumplen con
el requisito de evidenciar una tensión entre la providencia censurada y el núcleo
esencial de los derechos fundamentales alegados, mediante la exposición de los
motivos por los que consideran que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió
en defecto fáctico y desconocimiento del precedente, cargos expuestos en los
numerales 9-25 de la presente providencia.
65. En efecto, este requisito mínimo implica que la parte accionante, con
suficiencia en la parte motiva de la demanda interpuesta, evidencie la tensión que,
de acuerdo con su criterio jurídico, existe entre los derechos fundamentales
invocados y el fallo proferido por la autoridad judicial.
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66. Dicha pericia argumentativa en la exposición del criterio de los demandantes
con respecto a la relación entre la providencia judicial y la vulneración de sus
derechos fundamentales, es lo que permite la superación de este requisito y
evidencia que la controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo
anterior, se cumple con independencia del yerro en el razonamiento jurídico en que
pueda incurrir la parte actora, pues precisamente lo acertado o erróneo de su
proceder argumentativo es lo que debe ser indagado con suficiencia por el juez en
las consideraciones de fondo que sustenten su decisión.
2.5.2. Tutela contra tutela
67. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue
proferida en segunda instancia del proceso de reparación directa con radicado No.
66001-33-33-007-2018-00054-00/01.
2.5.3. Inmediatez
68. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda fue
proferida el 3 de septiembre de 2021. Dado que el accionante interpuso la tutela el
21 de enero de 2022, la Sala considera que se presentó dentro de un término
razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
69. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
20057, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.5.4. Subsidiariedad
70. En relación con los argumentos expuestos en el escrito de la demanda, se
acredita que la parte tutelante no dispone de otros medios de defensa judicial
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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ordinarios ni extraordinarios para cuestionar la providencia dictada en segunda
instancia, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, toda vez que ninguna de las
razones presentadas se puede adecuar a las causales de procedencia de los
recursos extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia
2.6. Generalidades de los defectos alegados
2.6.1. Defecto Fáctico8
71. Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 20159, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales, a continuación, son traídos a colación
en la presente decisión.
72. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso.
73. Aquellos casos en los que se configura el defecto en referencia, cuentan con
las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración y ésta fue negada; ello,
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del
defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y
Omisión de decreto práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla
y práctica de con los parámetros arriba señalados.
pruebas De esta manera, se requiere:
indispensables 1. Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
para fallar el asunto 2. Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
8 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp:
11001-03-15-000-2019-04664-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp:
11001-03-15-000-2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13 de febrero de 2020,
exp: sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
9 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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3. Que se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
4. Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente y resultando decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, aquellos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas
del acervo oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio Así las cosas, el defecto en este evento se configura siempre que:
determinante para 1. Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
identificar la el juez.
veracidad de los 2. Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
hechos alegados oportunamente al proceso
por las partes 3. Se señalen las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
4. Se precise, razonadamente, la incidencia de estos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se
entiende alterado.
Se requiere entonces que:
1. La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
Valoración de indebida valoración por el juez
irracional o 2. Se indique la razón del por qué, en cada caso en particular,
arbitraria de las la consideración del operador judicial se aleja de las reglas
pruebas aportadas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación
con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.
3. Se señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
Dictar sentencia su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
con fundamento en ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
pruebas obtenidas haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le
con violación del fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido
debido proceso proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
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1. Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
2. Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
3. Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
74. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
75. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
76. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallado.
2.6.2. Desconocimiento del precedente
77. Para esta Sala10, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar
un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en
el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.
78. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces de las altas Cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción,
ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe
dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos
normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
79. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios
y operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
10 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación
11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la
providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia
de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.
80. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales
que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues aquellas
corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma
cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente
una actividad creadora del juez como tal11.
81. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: i) la decisión que considera desatendida;
ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.
2.7. Caso concreto
82. Los accionantes afirmaron que el Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante sentencia del 3 de septiembre de 2021 que confirmó la providencia del 25
de agosto de 2020 del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira, que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa
ejercido por los accionantes contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, vulneró los derechos fundamentales invocados.
83. La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
fáctico y desconocimiento del precedente por las razones expuestas del numeral
9 al 25 de la presente providencia.
84. En relación con el defecto fáctico, la Sala encuentra que, de acuerdo con los
argumentos presentados por los demandantes, su censura se enmarca en el evento
de valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas, cuyos
presupuestos que posibilitan su configuración fueron expuestos con antelación; por
lo anterior, se procederá a evaluar si se cumplió con los requerimientos exigidos
para que se declare que la autoridad incurrió en el defecto en mención.
85. En síntesis, la parte actora alegó que la autoridad accionada valoró
indebidamente las pruebas obrantes en el expediente y, por tanto, desconoció los
indicios que permitían concluir la existencia del nexo causal entre el daño padecido
por el señor Londoño Cuestas y el actuar de la Policía Nacional; no obstante, la Sala
advierte que negará el amparo invocado por las razones que a continuación se
11 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
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presentan.
86. El Tribunal Administrativo de Risaralda estableció que, conforme con el
material probatorio, la presencia de los miembros de la Fuerza Pública en el lugar
de los hechos obedeció a que los habitantes del sector solicitaron su apoyo debido
a una riña entre dos hermanos que se estaba presentando. Indicó que, al llegar al
sitio, los uniformados se encontraron con “un ambiente hostil y acalorado ya que se
habían presentado agresiones entre los protagonistas de la disputa”.
87. Agregó que, por tanto, el agente Alzate Bustos neutralizó al agresor y, en tal
momento, miembros de la comunidad arremetieron contra los policías, con palos y
piedras por lo que estos solicitaron refuerzos. Puso de presente que, en medio de
tal confusión, dicho patrullero dispara con su arma de dotación al suelo con el fin de
disipar a la multitud, “sin embargo, con ello la situación se torna incontrolable y se forma
una asonada en contra de los uniformados”.
88. Señaló que en medio del enfrentamiento entre civiles y agentes de la
institución, resultaron heridos tanto el señor Londoño Cuestas, como 3 miembros
de la Policía Nacional.
89. Con el fin de determinar si el daño padecido por el accionante fue causado
por oficiales de la entidad, el Tribunal estudió detalladamente cada uno de los
testimonios y declaraciones rendidos en el proceso y concluyó que no era posible
establecer con certeza que el perjuicio padecido fue producto de una falla en el
servicio por parte de la Policía Nacional. Al respecto señaló:
“En el lugar de los hechos dada la magnitud de los disturbios presentados en
virtud a la asonada contra la fuerza pública, se escucharon varias detonaciones,
las cuales no se tiene certeza de quién las realizó porque si bien los testigos
amigos y habitantes del sector dicen que fue la policía la que realizó los
disparos, sus declaraciones no son lo suficientemente convincentes para
afirmar que en efecto los policías fueron los que accionaron las armas o el arma
de fuego que hirió al demandante, en razón a que ante el Juzgado dijeron ver
que los policías hicieron una línea de fuego, otro dijo que formaron una escuadra
y que desde donde estaban disparaban a la gente indiscriminadamente, sin
embargo, hay también declaraciones incluso de los mismos policías que fueron
el apoyo del cuadrante 16 que informan que se llevó a cabo una persecución a
unos muchachos por espacio de dos cuadras que les estaban arrojando piedras
y agrediéndolos físicamente, esos policías fueron Jorge Betancur García y
Andrés Bartolo López, mismos que refirieron que tan pronto se bajaron de la
moto empezaron a perseguir a los muchachos que los estaban atacando con
piedras, que los persiguieron sin accionar su arma de fuego”
90. Puso de presente que, de acuerdo con los testimonios de los señores Jorge
Hernán Flórez Galeano, José Guillermo Arias Soto y Jhony Esteban Arias Correa,
los agentes de Policía dispararon de forma indiscriminada “comprendiéndose con ello
que hicieron múltiples detonaciones, de 7 a 10 disparos”; no obstante, aseguró que:
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“al realizar la inspección al lugar de los hechos, lo único que se encontraron
fueron piedras por todo el sitio y respecto a las cuatro vainillas y los dos
proyectiles que obraban como elementos probatorios dentro de la investigación
penal, no fueron recolectados en la escena sino entregadas a los investigadores
del CTI por los señores Ericson Damián Galeano y Román de Jesús Sánchez
habitantes del sector, y de los cuales no se pudo determinar si efectivamente
fueron percutidos por armas de dotación oficial, de estos elementos solo se
pudo establecer que eran aptos para ser cotejados pero no que fueron
expulsados de un arma policial”.
91. Por tanto, consideró que no existía plena certeza de que las vainillas y
proyectiles que obraban en el plenario fueron producto de los hechos en los que
resultó herido el señor Londoño Cuestas. A su vez, afirmó que, de acuerdo con las
declaraciones testimoniales, tanto algunos civiles como los agentes de policía:
“portaban armas de fuego pues la razón para que Edwin Alzate Bustos
accionara su pistola para dar el primer disparo fue porque vio que otra persona
de la comunidad tenía un arma de fuego y al ver en peligro su vida y la de su
compañero la accionó contra el antejardín de la casa donde se presentaba la
riña, para disuadir a las personas que los estaban atacando”
92. En este orden de ideas, para el Tribunal fue razonable concluir que el
patrullero Alzate Bustos actuó en “cumplimiento normal de sus deberes”, ya que los
miembros de la institución “estaban ante una asonada de la comunidad, recibiendo
agresiones no solo verbales sino también físicas”. Agregó que el disparo al suelo
perpetrado por él fue en defensa propia y con el fin de “ controlar en cierta medida la
situación” sin que se hubiera acreditado que “en ese instante nadie saliera herido por la
percusión de su arma”.
93. Adujo que si bien los testigos manifestaron que en la confrontación se
escucharon distintas detonaciones, no se tenía certeza si provenían por parte de los
miembros de la Fuerza Pública pues, al realizar la revisión de armas a los
uniformados que estuvieron en el lugar de los hechos, todos “tenían su dotación de
cartuchos y proveedores intactos y al que le faltaba un cartucho -Edwin Alzate Bustos- fue
el que hizo el disparo al suelo para calmar a la comunidad alterada”.
94. Indicó que con ello también se desvirtuó la aseveración de los apelantes
relativa a que el accionante resultó herido en una persecución realizada por agentes
de Policía a algunos jóvenes presentes en el enfrentamiento:
“máxime por la forma en que el proyectil ingresa en el cuerpo del lesionado
Sebastián Londoño Cuestas, según anotación dejada en la historia clínica del
Hospital San Jorge - porque no fue allegado otro elemento de prueba que
permita determinar una situación diferente-, fue por ingreso en hipocondrio
izquierdo con salida por región lumbar del mismo lado, o sea que el proyectil
salió por la espalda e ingresó por el hipocondrio del mismo lado, lo que pone en
tela de juicio la afirmación realizada en la demanda en cuanto se afirma los
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policías atacaron al demandante durante una persecución, lo que daría a
entender que el proyectil ingresó por la espalda del afectado”.
95. Por lo descrito con antelación, el Tribunal Administrativo de Risaralda
concluyó que no era posible establecer un juicio de responsabilidad contra la entidad
demandada pues “lo único que ata la herida con la imputación es la hora de atención en
el Centro Hospitalario, situación que por sí sola imposibilita endilgar responsabilidad a la
entidad demandada”, aunado a que los testimonios no brindaron plena certeza en la
existencia de un nexo causal entre el perjuicio padecido por el señor Londoño
Cuestas y el actuar de la Policía Nacional.
96. Contrario a lo alegado por los accionantes respecto de la presunta valoración
indebida y desconocimiento de las pruebas obrantes en el expediente, esta Sala
encuentra que el Tribunal Administrativo de Risaralda llevó a cabo un análisis
integral del acervo probatorio acorde con las reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia; en efecto, fue dicho examen holístico del conjunto de las pruebas al
interior del proceso lo que le permitió concluir que, en el caso en concreto, no se
logró acreditar la existencia de una responsabilidad del Estado a título de falla del
servicio, pues los elementos con los que se contó no fueron suficientes para
determinar con certeza el nexo causal entre el daño y el actuar de la institución.
97. Al respecto, es necesario manifestar que al juez de tutela no le compete llevar
a cabo una valoración de las pruebas obrantes en el proceso ordinario en el cual se
profirió la sentencia censurada, pues ello trasciende la órbita del juez constitucional.
98. En relación con el desconocimiento del precedente alegado, lo relativo a
la sentencia del 26 de mayo de 201612 está relacionado con las conclusiones a las
que llegó, a partir del análisis probatorio, las Subsección “A” de la Sección Tercera
de esta Corporación. Por tanto, lo traído a colación por la parte actora no
corresponde a una regla o subregla de derecho desatendida, sino al proceder
hermenéutico de aquella Sala de Decisión que, frente a las particularidades del
asunto estudiado, relativas a un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía
Nacional que involucró graves vulneraciones a derechos humanos, concluyó que se
contaba con los indicios suficientes para declarar administrativa y patrimonialmente
responsable al Estado.
99. Al tratarse de situaciones de hecho y elementos probatorios disímiles, no es
posible establecer que la autoridad accionada debía llevar a cabo la misma
interpretación y llegar a la misma conclusión a la que, en su momento, arribó la
Sección Tercera – Subsección “A” del Consejo de Estado.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera– Subsección A.
Sentencia del 26 de mayo de 2016, radicado No. 760012331000200800142-01 (39.020). M.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00549-01
100. Por su parte, con respecto a la sentencia del 9 de julio de 202113, la parte
demandante cita textualmente la definición de “indicio” que dicha providencia recoge
de la siguiente forma:
“Ante la ausencia de medios de prueba con base en los cuales pueda tenerse
por demostrado de manera directa determinado hecho, el juez puede valerse
de hechos probados que no acreditan su ocurrencia, pero que permiten inferirla,
y por tal razón se denominan <<indicios>>. Estando probado un hecho (que es
el hecho indicador o el indicio), el juez infiere la ocurrencia de otro a través de
una <<regla de experiencia>> que le permite inducir tal conclusión como la más
probable”
101. A su vez, citó los presupuestos que, de acuerdo con dicho fallo, deben
tenerse en cuenta para la estructuración del indicio:
a.- En la medida en que se trata de dar por demostrada una hipótesis por ser la
más probable, el juez debe determinarla y establecer cuál o cuáles son las otras
hipótesis que descarta incluyendo en esta categoría solo las que puedan
considerarse como plausibles. Y debe hacerlo porque la gravedad o el valor
demostrativo del indicio dependerá de descartar las demás probabilidades por
considerar que la que la resulta más creíble o adecuada, es la que se da por
demostrada.
b.- La inferencia debe surgir de una regla de la experiencia que debe ser
expuesta por el juez para mostrar la corrección de la deducción y descartar otras
reglas que lógicamente podrían determinar la solución contraria; y no puede
corresponder a una inferencia que requiera el dictamen de un perito para tenerla
por acreditada. (…)
c.- El hecho indicador o indicio debe estar debidamente probado con otros
medios de prueba, y el juez debe indicar por qué razón lo tiene por demostrado.
d.- El razonamiento debe hacerse considerando todos los hechos probados y
particularmente aquellos que podrían tenerse como indicio de la hipótesis que
se está descartando.”
102. Al respecto, se ha señalado que el Tribunal llegó a la conclusión de que no
se acreditó el nexo causal entre el daño padecido y el actuar de la institución
demandada pues no existían elementos materiales probatorios que permitieran con
certeza establecer la responsabilidad por falla del servicio, ni tampoco indicios que
posibilitaran inferir la existencia de una alta probabilidad de que el perjuicio padecido
por el señor Londoño Cuestas hubiera sido perpetrado por miembros de la Policía
Nacional.
103. En tal sentido, este precedente alegado como desconocido no es aplicable al
caso en concreto. Esto, en consonancia con lo concluido con antelación relativo a
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B.
Sentencia del 9 de julio de 2021, radicado No. 05001-23-31-000-1997-03012-01 (45868). M.P.
Martín Bermúdez Muñoz.
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que el actuar del Tribunal estuvo acorde con las reglas de la lógica y la sana crítica.
Por tanto, no es posible acceder al amparo constitucional, pues se desestima la
configuración de los defectos alegados.
2.8. Conclusión
104. Si bien los demandantes cumplieron con todos los requisitos de procedibilidad
de la presente tutela contra providencia judicial, la Sala negará el amparo de los
derechos solicitados, pues se concluye que el Tribunal Administrativo de Risaralda,
al proferir la sentencia censurada, no incurrió en defecto fáctico ni en
desconocimiento del precedente y, en consecuencia, no vulneró los derechos
fundamentales accionados.
105. Siendo ello así, se revocará la sentencia de primera instancia del 10 de marzo
de 2022 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción constitucional promovida por la parte actora, para, en su
lugar, negar el amparo de los derechos solicitados.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la providencia del 10 de marzo de 2022 dictada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que DECLARÓ IMPROCEDENTE la acción
de tutela promovida por el señor Sebastián Londoño Cuestas, obrando en nombre
propio y en representación de sus hijas menores Dorianny Londoño Pérez y Luciana
Londoño Mejía para, en su lugar, DENEGAR la protección de los derechos
invocados.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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