Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00554-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00554-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00554-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
10 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00554-00
Demandante: José Ignacio Hemer Cera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00554-00
Demandante: JOSÉ IGNACIO HEMER CERA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA-
Temas: Derecho de petición. Práctica jurídica
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor José
Ignacio Hemer Cera contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor José Ignacio Hemer Cera ejerció acción de tutela 1 contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
por considerar vulnerados los derechos fundamentales de petición y al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales de petición y debido
proceso administrativo.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, para que a través de la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL
DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, profiera Resolución por
medio de la que se decida de fondo la solicitud de aprobación de práctica
jurídica, de radicado 33399, elevada por mi persona, el pasado 13 de
diciembre de 2021.”.
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
El señor José Ignacio Hemer Cera señaló que el 13 de diciembre de 2021 radicó ante
la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura, vía correo electrónico, al buzón
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Radicada el 21 de enero de 2022 en el sistema de recepción de tutela y habeas corpus en línea del Consejo
Superior de la Judicatura.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00554-00
Demandante: José Ignacio Hemer Cera
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co , los documentos necesarios para la expedición de
la certificación de aprobación de la práctica jurídica, asignándole el radicado 33399.
A la fecha de interposición de la acción de tutela de la referencia no se ha
proporcionado respuesta de fondo a la solicitud.
3. Argumentos de la tutela
El actor indicó que se le ha desconocido el derecho de petición, ya que no se le ha
dado cumplimiento al artículo 15 del Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010 el cual señala
que el término para resolver las solicitudes de aprobación de práctica jurídica es de 10
días hábiles, contados a partir del momento de la recepción de la totalidad de
documentos exigidos por el artículo 13 del mismo Acuerdo.
Adicionalmente, indicó que esta situación afecta lo consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política por cuanto no existe plena observancia de los términos previstos
por el ordenamiento jurídico, afectando el trámite con dilaciones injustificadas.
4. Trámite previo
Mediante auto del 25 de enero de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al demandante y al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia, y publicar en la página
web del Consejo de Estado la providencia, así como la notificación a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposiciones
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura informó que gestiona el trámite de las solicitudes
en orden de llegada al correo institucional designado para el efecto y, por ese mismo
medio, notifica las decisiones que en cada caso se adopten, asimismo, en el caso de
las tarjetas profesionales de abogado y licencias temporales se envían a la dirección
del domicilio registrado en la solicitud, debido al aumento desmesurado de solicitudes
de reconocimiento de prácticas jurídicas y de expedición de tarjetas profesionales de
abogados, que sobrepasan en gran medida la capacidad operativa de la Unidad con
los recursos disponibles hasta el momento, sumado a las medidas administrativas
adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el Covid-19.
Afirmó que con todos los documentos e información aportada por el accionante se
procedió a expedir la Resolución No. 642 de 2022, por medio de la cual se reconoció
el cumplimiento de la práctica jurídica.
De igual forma, señaló que, de conformidad con el Decreto Legislativo 491 del 28 de
marzo de 2020, dicha resolución fue remitida y notificada a la dirección de correo
electrónico que aportó la solicitante.
Por lo anterior, solicitó negar la acción de tutela porque, a su juicio, no existe
vulneración de ningún derecho fundamental en la actuación realizada por parte de la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y, por ende, se
trata de un hecho superado.
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Demandante: José Ignacio Hemer Cera
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de
los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
La Sala anticipa que declarará carencia actual de objeto por hecho superado por las
siguientes razones:
En el sub examine, el señor José Ignacio Hemer Cera solicitó la protección de los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso que, estimó vulnerado por el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.
De la lectura del expediente se observa que el señor José Ignacio Hemer Cera
mediante correo electrónico del 13 de diciembre de 2021 solicitó a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura la certificación de la práctica jurídica.
La Sala evidencia que, con ocasión a la presentación de la solicitud de amparo, la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura, mediante Oficio 642 del 28 de enero de 2022, resolvió la
anterior petición, así:
“De conformidad con el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, de
manera atenta, me permito remitirle y a su vez notificarle la Resolución número
642 de 28 de Enero de 2022 mediante la cual se resuelve la solicitud de práctica
jurídica como requisito alterno para optar al título de Abogado”.
La anterior respuesta y el acto administrativo proferido fueron notificados
electrónicamente al actor, de conformidad con el Decreto Legislativo No 491 del 28 de
marzo de 2020, conforme aparece en la siguiente captura de pantalla:
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Demandante: José Ignacio Hemer Cera
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede
presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: el
hecho superado y el daño consumado2. En lo que aquí interesa, hay que decir que el
hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie orden
judicial.
El señor José Ignacio Hemer Cera aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, no había resuelto
la petición radicada de manera electrónica el 13 de diciembre de 2021, sin embargo,
quedó probado que se dio respuesta mediante Oficio 642 del 28 de enero de 2022 y
que, además, mediante Resolución 642 de la misma fecha, le fue reconocida la
práctica jurídica a la parte accionante. Dicha información fue notificada a la interesada
de manera electrónica.
Por lo tanto, la Sala declarará carencia actual de objeto por hecho superado.
En todo caso, teniendo en cuenta el alto número de tutelas 3 presentadas contra la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura, por los mismos hechos que motivaron la tutela de la
referencia4, la Sala estima pertinente instar a esa entidad para que, en lo sucesivo,
2 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
3 La Sala, a la fecha, ha conocido más de 80 acciones de tutela por los mismos supuestos fácticos aquí estudiados.
4 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: sentencia del 8 de abril de 2021. Proceso Nro. 11001 -
03-15-000-2021-00977-00 (AC). C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia de 4 de febrero de 2021. Proceso
Nro. 1100103500020200493200 (AC). C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia del 18 de febrero de 2021.
Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-04824-00(AC). C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 26 de
noviembre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-04562-00(AC). M.P. Milton Chaves García; sentencia del
29 de abril de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01149-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del
13 de mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01793-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del
25 de marzo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00635-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y sentencia
del 25 de febrero de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00255-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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resuelva las peticiones de reconocimiento de práctica jurídica en el plazo de 10 días
hábiles, tal y como lo dispone el artículo 15 5 del Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado.
2. Instar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, para que, en lo sucesivo, resuelva las
peticiones de reconocimiento de práctica jurídica en el plazo de 10 días hábiles,
tal y como lo dispone el artículo 15 del Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010, a fin
de evitar que se repitan los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción
de tutela bajo estudio.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
5 ARTÍCULO 15.- De la resolución de la Solicitud: La solicitud para el reconocimiento de la judicatura será
resuelta mediante acto administrativo debidamente motivado por parte de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, en desarrollo de las funciones asignadas conforme a lo dispuesto en el
Acuerdo No. 003 de 1.996, Acuerdo No.235 de 1.996 y en el Acuerdo No. PSAA-10-7017 de julio de 2010, y los
que los aclaran, modifiquen o deroguen, proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
judicatura. El término para proferir el acto administrativo será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la
fecha en que sean allegados a la solicitud la totalidad de los documentos requeridos en el presente Acuerdo.
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