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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00559-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00559-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Gustavo Correa Palacio, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00559-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

17 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00559-00
Demandante: Gustavo Correa Palacio.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00559-00
Demandante: GUSTAVO CORREA PALACIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO
15 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – Desconocimiento del
Precedente- Asignación de retiro Decreto 2070 de 2003.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor
Gustavo Correa Palacio contra el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Gustavo Correa Palacio ejerció acción de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección A del Tribunal Administrativo Cundinamarca y el Juzgado Quince
Administrativo de Bogotá, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de
justica. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales A LA IGUALDAD, DERECHO A LA
IGUALDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES, AL DEBIDO PROCESO, A LA
SEGURIDAD SOCIAL, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, por cuanto la sentencias proferidas por EL JUZGADO
QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN A, el
14 de marzo de 2019 y 04 de noviembre de 2021, incurrieron por lo menos en 3 defectos
o casuales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias
judiciales: 1. Defecto material o sustantivo, 2. Desconocimiento del precedente y 3
violación directa de la constitución.

2. Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO la sentencia del 4 noviembre de 2021 y en su lugar
se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA SUB SECCIÓN A, que en el término que el Juez de tutela considere
prudente, profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la ley, el precedente judicial y los propios del fallo de la presente tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00559-00
Demandante: Gustavo Correa Palacio.

3. CONMINAR a la Sala del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN A, para que aplique las sentencias de unificación
proferidas por el Consejo de Estado, toda vez que las mismas son obligatorias para las
autoridades, pues así lo dispone los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, por los
efectos vinculantes de las mismas” 1.

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El señor Gustavo Correa Palacio ingresó el 22 de abril de 1983 a la Policía Nacional
como agente y fue retirado del servicio mediante Resolución núm. 0420 del 2 de marzo
de 2004.

Mediante Resolución nro. 04495 del 24 de agosto de 2004, la Caja de Retiro de la
Policía Nacional (en adelante CASUR) reconoció la asignación de retiro, sin embargo,
la prima de actividad fue reconocida solo en un 20 % del sueldo básico con fundamento
en el Decreto 1213 de 1990.

El 20 de octubre de 2017, el demandante solicitó a CASUR el reajuste de la asignación
de retiro con la inclusión de la totalidad de la prima de actividad y ordenara el pago del
retroactivo respectivo con fundamento en el Decreto 2070 de 2003. Mediante Oficio E-
00003-201723908 del 26 de octubre de 2017, CASUR negó dicha solicitud.

Por lo anterior, el señor Correa Palacio ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra CASUR, con la finalidad de que se declarara la
nulidad de los referidos actos administrativos y que, como consecuencia, se ordenara
el incremento de la asignación de retiro con inclusión de la prima de actividad y se
reconociera el pago de retroactivo de las sumas dejadas de percibir.

El Juzgado 15 Administrativo Oral de Bogotá, en sentencia del 19 de marzo de 2019,
negó las pretensiones de la demanda al considerar que los actos demandados se
encontraban ajustados al ordenamiento jurídico. Dicha decisión fue apelada y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 4 de noviembre de 2021, confirmó la decisión apelada.

3. Argumentos de la tutela

El demandante indicó que la providencia objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo
por error grave en la aplicación del artículo 106 del Decreto 1213 de 1990, el cual
establece que los 3 meses de alta se contabilizan, únicamente, para efectos de
prestaciones sociales, por lo que el hoy accionante adquirió la calidad de retirado el
día en que le fue notificada la resolución mediante la cual fue retirado del servicio
activo, y no la fecha en la que CASUR efectuó el reconocimiento de la asignación de
los 3 meses de alta.

Así mismo, estimó que el Tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo por no
estarse a lo dispuesto en los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011 que prescriben
la aplicación de las normas de manera uniforme en situaciones con los mismos

1
Índice 3 de SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00559-00
Demandante: Gustavo Correa Palacio.

supuestos fácticos y jurídicos, toda vez que omitió el precedente judicial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que en sentencia del 7 de marzo de 2013, radicado
11001-33-31-010-2007-00575-01 y del 10 de julio de 2014, radicado 11001-33-31-702-
2009-00041-01, sobre el reconocimiento de la prima de actividad en los términos del
Decreto 2070 de 2003.

Adujo que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial, dado que se apartó
de la posición asumida en las sentencias del 4 de septiembre de 2017, del 7 de marzo
de 2013, del 10 de julio de 2014, 1° de marzo de 2018, dictadas por la Subsección A
y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 2, sobre la aplicación del Decreto
2070 de 2013.

Finalmente, señaló que la providencia objeto de tutela incurrió en violación directa de
la Constitución Política, por darle un trato desigual respecto a otros agentes en
situaciones iguales a las suyas, a los que se les ha reconocido en su asignación
mensual la totalidad de la prima de actividad percibida, de conformidad con el Decreto
2070 de 2003.

4. Trámite Previo

Mediante auto del 25 de enero de 20223, se admitió la acción de tutela se ordenó
notificar a las partes, y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía –CASUR-, como
tercero interesado en los resultados de la presente acción, a quienes se les remitió
copia de la demanda.

5. Oposiciones

El Juez Quince Administrativo Oral de Bogotá4 afirmó que no vulneró ninguna de
las garantías constitucionales aducidas por el tutelante, sino que, todo lo contrario, a
la luz de la normativa existente y la jurisprudencia aplicable, se adoptó una decisión
ajustada a la ley, la cual fue confirmada por el superior funcional.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A5, considera que en el presente asunto se evidencia que la parte
demandante pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional para
variar el sentido de decisiones debidamente fundadas utilizando la herramienta de
amparo constitucional como una tercera instancia.

Finalmente manifestó que no se reúnen los requisitos para la procedencia de la acción
de tutela, así como tampoco se observa que los hechos narrados demostraran la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, es necesario
entonces que se de prevalencia al principio de autonomía e independencia judicial y
como consecuencia de ello se declarare la improcedencia del amparo de tutela.

2
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, expedientes nros. 17001 -33 33-
000-2015- 00061-01 (0256-16), nro. 11001-33-31-010-2007-00575-01 (2108-2010), 11001-33-31-702-2009-00041-
01, 17001-23-33-000-2014-00342-01(4311-15), respectivamente.
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Índice 4 SAMAI.
4
Índice 9 SAMAI.
5
Índice 10 SAMAI.
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Demandante: Gustavo Correa Palacio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
6
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
7 8
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Previo a resolver si las providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política,

6 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
7 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
8 La configuración de una causal especial de procedibilidad supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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la Sala verificará si se cumple el requisito de relevancia constitucional, el cual tiene
como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de
tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 9 ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el
estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda
con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que
se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con

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una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el presente caso, se encuentra que la acción de tutela no cumple el requisito
general de relevancia constitucional, porque se emplea para insistir en los argumentos
que se presentaron y discutieron en el proceso ordinario y que ya fueron decididos por
los jueces competentes, como se pasa a evidenciar.

A juicio de la parte actora, con la providencia del 4 de noviembre de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en defecto
fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
Política. Para la demandante: i) se interpretó de forma errónea la aplicación del artículo
106 del Decreto 1213 de 1990, toda vez que la contabilización de los 3 meses de alta
es solo para efectos de prestaciones sociales, por lo que para el reajuste solicitado se
debía contar la fecha de retiro, cuando aún se encontraba vigente el Decreto 2070 de
2003; y ii) al proferir la providencia objeto de tutela no se tuvo en cuenta el precedente
judicial fijado por el Consejo de Estado, en las sentencias del 7 de marzo de 2013, 10
de julio de 2014, y 4 de septiembre de 2017, dictadas por la Sección Segunda,
Subsección A y B del Consejo de Estado, sobre la aplicación y debida interpretación
del Decreto 2070 de 2013, en lo que se refiere a la prima de actividad.

Sin embargo, de la simple comparación entre los argumentos expuestos en el recurso
de apelación ejercido contra la sentencia de primera instancia proferida en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y los de la solicitud de amparo, se
evidencia, sin mayor esfuerzo, que se trata de una reiteración, con la que la parte
actora pretende provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela, como
pasa a verse:

Argumentos en que la parte actora funda el
recurso de apelación contra la sentencia de Argumentos de la acción de tutela
primera instancia
PRIMER ERROR: Considerar que la fecha de El JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL
retiro o de desvinculación del actor y la fecha a CIRCUITO DE BOGOTÁ Y EL TRIBUNAL
partir de la que se le reconoce la asignación ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
mensual es la misma, para el caso en concreto SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN A,
del demandante la fecha de su retiro fue el 16 incurrieron en vía de hecho por desconocimiento
de marzo de 2004 como da cuenta la hoja de del precedente judicial puesto que decidieron
servicios, y la fecha a partir de la cual se le apartarse de las reglas previstas en la sentencia
reconoce la asignación mensual es el 16 de de unificación del 07 de marzo de 2013; y de igual
junio de 2004 como consta en la resolución forma de la sentencia emanada por la
04495 del 24 de agosto de 2004. SUBSECCION “B” del CONSEJO DE ESTADO,
del 10 de julio de 2014, radicación No.
El Consejo de Estado ha sostenido 110013331702200900041 01 (2602-2011), (…) en
reiteradamente que para el caso de los un caso con similitud fáctica y jurídica.
miembros de la fuerza pública se tiene en
cuenta para efectos del reconocimiento de la
asignación, las disposiciones vigentes a la En consecuencia, no podía la entidad demandada
fecha de retiro, no la fecha en que la respectiva ni menos el Tribunal accionado darle efectos
caja pagadora expide el acto administrativo del retroactivos para el reconocimiento de la
reconocimiento, pues entre la primera y la asignación mensual de los demandantes, toda vez

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Demandante: Gustavo Correa Palacio.

segunda trascurren los llamados 3 meses de que el retiro de la institución del señor AG (R)
alta que tiene como objetivo la elaboración de GUSTAVO CORREA PALACIO, se produjo el día
la hoja de servicios (…) 16 de marzo de 2004, no el 16 de junio de 2004,
Para el caso que nos ocupa, el CONSEJO DE como erradamente lo consideraron los accionados
ESTADO SUBSECCION “A” profirió sentencia en el proceso ordinario; es decir antes de que se
de UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA el declara la inexequibilidad del mentado decreto
07 de marzo de 2013, Consejero Ponente: 2070 de 2003. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. (…)
Radicación No. 11001 33 31 010 2007 00575
01 (2108-10) Actor: LUIS EDUARDO MEDINA la calidad de retirado del accionante la adquirió el
SARMIENTO. Demandado: Caja de Sueldos día en que le fue notificada la resolución mediante
de Retiro de la Policía Nacional. RECURSO la cual fue retirado del servicio activo y no la fecha
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. en la que CASUR efectúa el reconocimiento de la
asignación mensual de retiro, pues entre una fecha
SEGUNDO ERROR: (…) la calidad de retirado y la otra han transcurrido lo que se conoce como
el demandante la adquirió el 16 de maro de los TRES MESES DE ALTA, que tienen como
2004 y el 16 de junio de 2004, pues entre una finalidad la elaboración de actuaciones
fecha y la otra han trascurrido lo que se conoce administrativas, como la conformación de la hoja
como los TRES MESES DE ALTA, que tienen de servicios y el expediente prestacional para ser
como finalidad la elaboración de actuaciones enviado a la entidad pagadora de la asignación
administrativas como la conformación de la mensual de retiro.
hoja de servicios y el expediente prestacional (…)
para se enviado a la entidad pagadora de la Por lo anterior y teniendo en cuenta el precedente
asignación mensual, entonces mal podía judicial, como causal de procedibilidad contra
negarse las pretensiones de la demanda por sentencias judiciales, ha sido un tema abordado y
considerar que el actor le fue reconocida su enriquecido por la H. Corte Constitucional, por lo
asignación después de la declaratoria de que se puede inferir razonablemente, que en el
exequibilidad del decreto 2070 de 2003. caso sub examine, en las sentencias, objeto de la
presente acción; se desconoció totalmente el
(…) que de acuerdo a la hoja de servicio precedente judicial, es decir las sentencias
registra como fecha de retiro el 16 de maro de proferidas con anterioridad por el Consejo de
2004, es desde ese momento en que se Estado.
produce desvinculación de la Policía Nacional, (…)
creando una situación jurídica consolidada, por Las sentencias proferidas en primera y segunda
lo que es claro que esta última fecha, el decreto instancia por el juzgado y el Tribunal de alzada,
2070 de 003 se encontraba vigente, siendo esta vulneran flagrantemente el derecho a la igualdad
la norma que debió aplicar el a quo para proferir frene a la Ley de la accionante, por cuanto a otras
la decisión de primera instancia. personas en situaciones iguales a las de la
accionante, se les ha reconocido en su asignación.

TERCER ERROR: apartarse del precedente (…)
judicial, (…) constituye una vía de hecho, por tal Por lo anterior es claro que el señor AG (R)
razón y por las razones expuestas debe ser GUSTAVO CORREA PALACIO, fue retirado del
revocada la sentencia de primera instancia ya servicio por llamamiento a calificar servicios el 16
que efectivamente existe pronunciamientos del de marzo de 2004, esto es, y porque ya había
máximo órgano de la jurisdicción contenciosa dejado acreditado el tiempo de servicio para el
administrativa que han concluido que la norma reconocimiento de la asignación mensual de retiro.
aplicable para el caso de los miembros de la Que de acuerdo a la hoja de servicios registra
fuerza pública es la vigente al momento que se como fecha de retiro el 16 de marzo de 2004, es
le notifica el acto administrativo de retiro (…) desde ese momento en que se produce su
desvinculación de la Policía Nacional, creando una
situación jurídica consolidada, por lo que es claro
que para esta última fecha el decreto 2070 de 2003
se encontraba vigente, siendo esta la norma que
debió aplicar la accionada para proferir la
respectiva sentencia de segunda instancia.

En atención a los referidos argumentos, la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 4 de noviembre de 2021,
confirmó la decisión recurrida, al considerar que, si bien el señor Gustavo Correa
Palacio se retiró del servicio el 16 de marzo de 2004, lo cierto es que se le reconoció
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Demandante: Gustavo Correa Palacio.

la asignación mensual de retiro mediante la Resolución nro. 04495 del 24 de agosto
de 2004, esto es, cuando ya había sido declarado inexequible el Decreto 2070 de 2003,
por lo que no le resultaba aplicable dicha disposición y era viable que la administración,
únicamente, reconociera el 20 % de la prima de actividad conforme al Decreto 1213
de 1990. Para tal efecto, señalo:

“El demandante fue retirado del servicio activo por medio de acto de 16 de marzo de
2.004 y afirma – reclama se le debió reconocer la asignación de retiro aplicando el
Decreto 2070 de 2.003. Este Decreto rige desde el día 28 de julio de 2.003, fecha de su
publicación en el Diario Oficial No. 45.262.

Al demandante se le reconoció asignación de retiro por medio de la Resolución No.
04495 de 24 de agosto de 2.004 (fl. 7 del expediente) como Agente de la Policía y según
las disposiciones del Decreto 1213 de 1.990, teniendo como base 21 años y 26 días de
servicio.

El Decreto No. 2070 de 2.003, derogó del Decreto 1213 de 1.990 únicamente el artículo
125 (artículo 45 sobre vigencia y derogatorias), relativo a materia distinta a la prima de
actividad como parida computable para asignación de retiro.

A folio 4 del expediente, obra documento que certifica cuáles los factores de salario
devengados por el demandante durante el último año de servicio y se reseña entre otros,
la prima de actividad en cuantía del veinte por ciento (20%) de la asignación básica. En
este documento, se consigna que el demandante fue retirado el día 16 de junio de 2.004,
cumplido los tres (3) meses de alta.

Como bien lo declara la providencia recurrida, el Decreto 2070 de 2.003, fue declarado
inexequible mediante sentencia C- 432 de 6 de mayo de 2.004, es decir, estuvo vigente
sólo poco menos de un año, hasta el día 6 de mayo de 2.004, es decir, antes del
reconocimiento de la asignación de retiro del demandante – recurrente, a quien se le
reconoció por Resolución No. 04495 de 24 de agosto de 2.004, con efectos fiscales
desde el día 16 de junio de la misma anualidad.

En ese orden de cosas, al haber incluido como partida computable en la asignación de
retiro del demandante una prima de actividad equivalente al 25%, se aplicó debidamente
la norma vigente (Decreto No. 095 de 1.989), por lo que el acto demandado fue expedido
conforme a derecho y por tanto, la providencia impugnada ha de ser confirmada10”.

De manera que, en el presente caso, la tutela busca revivir la discusión jurídica
respecto del reajuste de la asignación de retiro, asunto que ya fue resuelto por la
autoridad judicial demandada, luego, resulta cierto que los argumentos tanto en la
apelación contra la sentencia de primera instancia y la tutela son idénticos, lo que
conduce necesariamente a señalar que el mecanismo constitucional se ejerció como
instancia adicional al proceso contencioso-administrativo que se cuestiona por esta
vía.

Como se indicó, por más informal que sea la tutela y aunque sus objetivos sean la
salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de
los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las

10
Cita textual del fallo de segunda instancia, pero que del estudio del problema jurídico y la norma en discusión
se trata del Decreto 1213 de 1990.
8
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00559-00
Demandante: Gustavo Correa Palacio.

decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso cuestionado, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Respecto de los casos similares en los que Casur concilió el pago de la liquidación de
la asignación de retiro con la prima de actividad y que aduce el demandante en el
escrito de tutela, la Sala precisa que dicha entidad es autónoma para definir, a través
del Comité de Conciliación, en qué casos propone o no fórmulas conciliatorias,
circunstancia que, en todo caso, no tiene incidencia alguna en las decisiones de las
autoridades judiciales objeto de tutela.

Con todo, en el presente caso no se encuentra satisfecho el requisito general de
relevancia constitucional y, en esa medida, se impone declarar improcedente la acción
de tutela que ejerció el señor Gustavo Correa Palacio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Gustavo Correa
Palacio, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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