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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00559-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00559-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00559-01 Actor: GUSTAVO CORREA PALACIO DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00559-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

26 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00559-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: GUSTAVO CORREA PALACIO

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
LA ACCIÓN DE TUTELA. EN SU LUGAR, SE DENIEGA EL AMPARO
SOLICITADO. EL TRIBUNAL NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS
SUSTANTIVO, SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE, NI VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
ENDILGADOS. LA DECISIÓN CUESTIONADA SE ENCUENTRA
RAZONADA Y AJUSTADA A DERECHO. NO EXISTE CRITERIO
UNIFICADO RESPECTO DEL RÉGIMEN APLICABLE FRENTE AL
PORCENTAJE DEL RECONOCIMIENTO DE LA PRIMA DE ACTIVIDAD.
DECRETO 2070 DE 2003.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
SEGURIDAD SOCIAL Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 17 de febrero de 2022, mediante la cual la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1, declaró

improcedente la acción de tutela.

1
En adelante Sección Cuarta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00559-01
Actor: GUSTAVO CORREA PALACIO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor GUSTAVO CORREA PALACIO, actuando a través de

apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al

principio de legalidad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por

el JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ2 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA-

SUBSECCIÓN A-3, al proferir, respectivamente, las providencias de

14 de marzo de 2019 y 4 de noviembre de 2021, dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 11001-3335-015-2017-00458-01.

I.2.- Hechos

Indicó que ingresó a la Policía Nacional como Agente Alumno el 22

de abril de 1983 y fue retirado del servicio activo mediante

2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante el Tribunal.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00559-01
Actor: GUSTAVO CORREA PALACIO

Resolución núm. 0420 de 2 de marzo de 2004.

Adujo que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA

NACIONAL – CASUR4 a través de Resolución 04498 de 24 de agosto

de 2004, le reconoció asignación mensual de retiro, con fundamento

en el Decreto 1213 de 8 de junio de 19905 y con inclusión de la

“PRIMA DE ACTIVIDAD” en cuantía equivalente al 20% del sueldo

básico.

Señaló que a la fecha de su retiro, esto es, el 16 de marzo de 2004,

se encontraba vigente el Decreto Ley 2070 de 25 de julio de 2003 6,

toda vez que el mismo fue declarado inexequible por la Corte

Constitucional mediante sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004;

razón por la que solicitó ante CASUR el reconocimiento y pago de la

PRIMA DE ACTIVIDAD con su respectivo retroactivo, petición que

fue resuelta desfavorablemente por esa entidad mediante Oficio

núm. E-00003-201723908-CASUR de 26 de octubre de 2017.

Afirmó que como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

contra CASUR, la cual correspondió en primera instancia al

4
En adelante CASUR.
5
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional”
6
“Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares”.

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4

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Actor: GUSTAVO CORREA PALACIO

JUZGADO que, mediante sentencia de 14 de marzo de 2019, denegó

las pretensiones al considerar que el decreto 2070 de 2003 no le era

aplicable en tanto el 20% de la prima actividad fue incluida en la

asignación básica mensual y, en consecuencia, los actos demandados

estaban ajustados al ordenamiento jurídico.

Resaltó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 4 de noviembre

de 2021, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en defecto sustantivo por: i) inaplicación del artículo 45 de la Ley

270 de 1996, que establece los efectos de la sentencia; ii)

interpretación errada del artículo 106 del Decreto 1213 de 1990, el

cual establece que los tres meses de alta se contabilizan únicamente

para efectos de prestaciones sociales, esto es, para liquidar los

haberes percibidos en actividad, no como fecha real del retiro del

servicio, por lo que la calidad de retirado la adquirió el primer día en

la que le fue notificada la resolución de retiro y no la fecha en la que

se efectuó el reconocimiento de la asignación de retiro; iii)

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Actor: GUSTAVO CORREA PALACIO

inaplicación de los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, que

establecen la obligatoriedad para las autoridades de aplicar las

normas de manera uniforme y las sentencias de unificación.

Añadió que también incurrieron en defecto sustantivo por

desconocimiento del precedente judicial establecido por el

Consejo de Estado en sentencia de 7 de marzo de 2013 7, entre

otras8, por medio del cual el Alto Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, al resolver un recurso extraordinario de revisión,

realizó un análisis respecto del reconocimiento de la prima de

actividad previsto en el Decreto 2070 de 2003.

Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

violación directa de la Constitución, en razón a que en un asunto9

con similitud fáctica y jurídica, se accedieron a las pretensiones de la

demanda.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia de 7 de marzo de 2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, identificada con número
único de radicación 11001-33-31-010-2007-00575-01 (2108-10).
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia de 4 de septiembre de 2017, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, identificada con número
único de radicación 17001-23-33-000-2015-00061-01 (0256-16).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia
de 1 de marzo de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, identificada con número único de radicación
17001-23-33-000-2014-00342-01 (4311-15).
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
sentencia de 10 de julio de 2014, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila identificada con número único
de radicación 11001-33-31-702-2009-00041-01(2602-2011), demandante Miguel Ángel Hernández
Hernández

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Actor: GUSTAVO CORREA PALACIO

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales A LA IGUALDAD,
DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES, AL
DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD,
por cuanto la sentencias proferidas por EL JUZGADO QUINCE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB
SECCIÓN A, el 14 de marzo de 2019 y 04 de noviembre de 2021,
incurrieron por lo menos en 3 defectos o casuales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales:
1. Defecto material o sustantivo, 2. Desconocimiento del
precedente y 3 violación directa de la constitución.

2. Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO la sentencia del 4 noviembre
de 2021 y en su lugar se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN A, que en
el término que el Juez de tutela considere prudente, profiera una
nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la ley, el precedente judicial y los propios del
fallo de la presente tutela.

3. CONMINAR a la Sala del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN A, para que
aplique las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de
Estado, toda vez que las mismas son obligatorias para las
autoridades, pues así lo dispone los artículos 10 y 270 de la Ley
1437 de 2011, por los efectos vinculantes de las mismas. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la acción de tutela de la referencia

resulta improcedente, en la medida que lo pretendido por el actor es

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controvertir el criterio interpretativo del juez de conocimiento, lo que

contraviene el principio de autonomía e independencia de los jueces.

Resaltó que la providencia contiene las razones en las que se

fundamentó, por lo que solicitó no dar alcance al amparo.

I.5.2.- El JUZGADO manifestó que los fundamentos de hecho y de

derecho que sirvieron de fundamento para adoptar la decisión

cuestionada, se encuentran debidamente contenidas en la sentencia

proferida el 14 de marzo de 2019.

Agregó que durante el trámite procesal garantizó el debido proceso

del demandante y que la sentencia fue proferida conforme la

normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

I.6.- Interviniente

I.6.1. CASUR pese a haber sido notificado de la presente acción de

tutela en debida forma, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

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Mediante sentencia de 17 de febrero de 2022, la SECCIÓN CUARTA

declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que no se

encontró satisfecho el requisito general de la relevancia

constitucional.

Para tal efecto, luego de comparar los argumentos expuestos en el

recurso de apelación y los presentados en la solicitud de amparo,

advirtió que se trató de una reiteración con el que el actor pretende

provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela.

Consideró que la acción de tutela pretendió revivir la discusión

jurídica respecto del reajuste de la asignación de retiro, asunto que

ya fue resuelto por la autoridad judicial.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora manifestó que la sentencia impugnada desconoció

que la acción de tutela pretende el amparo de su derecho a la

igualdad en las decisiones judiciales, previsto en la Constitución

Política, en la declaración de los derechos del hombre y ciudadano,

el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la convención

americana de derechos humanos.

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Precisó que el asunto reúne los requisitos de procedencia y además

contiene la suficiente carga argumentativa para demostrar que la

autoridad judicial incurrió en los defectos alegados y añadió que esta

Corporación en asuntos similares en sede de tutela ha amparado los

derechos fundamentales deprecados, por cuanto los Tribunales

Administrativos han incurrido en las vías de hecho que demanda.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos

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de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitand o sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 14 de marzo de 2019 y 4 de

noviembre de 2021, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO

y el TRIBUNAL, por medio de las cuales se denegaron las

pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 11001-3335-015-2017-00458-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al

principio de legalidad habida cuenta que, a juicio del actor, las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo

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por inaplicación del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, interpretación

errada del artículo 106 del Decreto 1213 de 1990, e inaplicación de

los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011.

Añadió que incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento

del precedente judicial establecido por el Consejo de Estado en

sentencia de 7 de marzo de 2013, entre otras.

Igualmente, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en violación directa de la Constitución, en razón a que en

un asunto con similitud fáctica y jurídica, se accedieron a las

pretensiones de la demanda.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos, tanto la providencia de 14 de marzo de 2019 proferida

por el JUZGADO como la dictada el 4 de noviembre de 2021 por el

TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta

vulneración de los derechos fundamentales invocados a la sentencia

proferida por el ad quem, toda vez que fue esta la que dio por

terminado el proceso.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00559-01
Actor: GUSTAVO CORREA PALACIO

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si el

TRIBUNAL incurrió en los defectos alegados.

La Sala observa que, contrario a lo considerado por el a quo, en el

presente caso se cumple con el requisito de la relevancia

constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga

argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad

judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y vulneró sus

derechos fundamentales invocados; contra la decisión cuestionada

no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable10 y, por último, la solicitud

identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial

accionada incurrió en los defectos endilgados al proferir la sentencia

de 4 de noviembre de 2021, dentro del medio de control de nulidad

10
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 11001-3335-015-2017-00458-01.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial

En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las

decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras

jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente

jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de

unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de

la Ley 169 de 31 de diciembre de 189611 y el 270 de la Ley 1437 de

18 de enero de 201112; así como su respaldo jurisprudencial las

sentencias C-836 de 9 de agosto de 200113; C-816 de 1o. de

noviembre de 201114; C-179 de 13 de abril de 201615; y T-102 de

11
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
12
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el
Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de
unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al
mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el
artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
13
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina
probable).
14
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
15
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).

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25 de febrero de 201416.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,

ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”17 (Destacado fuera de
texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso

determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos

fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y

a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del

debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por

la Corte Constitucional18, según el cual la actividad interpretativa que

se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial

está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación

de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los

funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por

16
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente
jurisprudencial).
17
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
18
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.

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la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado

por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el

mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo

de 200819, indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación […]”. (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia

constitucional, cuya doctrina es obligatoria20, la regla del respeto del

precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no

puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,

o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación

concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de

19
Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.

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supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente

judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en

pronunciamientos anteriores de la Sala21, a saber: i) la disanalogía o

falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y

el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación

significativa de la situación social, política o económica en la que se

debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de

precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que

sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como

precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la

jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la

consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser

contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se

fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el

juez que se separa del precedente asume una especial carga de

argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,

razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio

de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse

a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo
de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00.

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fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se

sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento

injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración

del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales22.

Del defecto sustantivo

La Corte Constitucional23 ha precisado que el defecto sustantivo se

presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma

claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente

lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados

mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

22
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-
15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-
03-15-000-2012-01797-00.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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T-949 de 200924, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional25 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados

por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

24
M.P Mauricio González Cuervo.
25
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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Violación directa de la Constitución

En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es

menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-

024 de 5 de abril de 201826, manifestó que:

«[...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas un
quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin embargo, esta
Corte estableció una causal denominada violación directa de la
Constitución, originada en la obligación que le asiste a todas
las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del
mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de normas”. De
manera que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales. […]» (Resaltado fuera de texto).

Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se

estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la

Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición ius

fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al margen

de los dictados de la Constitución”27.

En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede

la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la

26
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas
Silva.

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Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de

interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el

precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho

fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el Juez en sus

resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el

principio de interpretación conforme a la Constitución 28. En el

segundo caso, ha dicho esa Corporación que, en virtud del artículo

4º Superior, el Juez debe aplicar las disposiciones constitucionales

con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción

de inconstitucionalidad, cuando advierta incompatibilidad entre estas

y aquellas.

Caso concreto

La Sala advierte que comoquiera que los reproches endilgados en

cuanto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial y violación directa de la Constitución están dirigidos a

demostrar un desconocimiento de los pronunciamientos emitidos por

esta Corporación sobre el asunto en cuestión, se abordarán en

conjunto, pues están estrechamente relacionados.

28
Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010,
Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.

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Revisado el expediente, se evidencia que el TRIBUNAL mediante

providencia de 4 de noviembre de 2021, confirmó la decisión del

Juzgado que, mediante sentencia de 14 de marzo de 2019, despachó

desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la

providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de la

decisión proferida por el TRIBUNAL, en la cual se indicó lo siguiente:

“[…] Agotadas las distintas etapas propias de la instancia y sin que
se adviertan motivos de nulidad que puedan invalidar total o
parcialmente lo actuado, procede el juzgador colectivo a realizar el
estudio de las diversas piezas del expediente para a partir de allí,
adoptar la decisión que en derecho y justicia corresponda, atendido
el acervo probatorio arrimado al plenario.

El artículo 48 de la Constitución, tal como quedó modificado por el
acto legislativo constitucional No. 01 de 2.005 establece que la
seguridad social es un servicio público y derecho fundamental
irrenunciable, imprescriptible e inalienable. Esto, implica, que
puede ser reclamado en cualquier tiempo, sin perjuicio de
prescripción de mesadas pensionales.

El demandante fue retirado del servicio activo por medio de acto
de 16 de marzo de 2.004 y afirma – reclama se le debió reconocer
la asignación de retiro aplicando el Decreto 2070 de 2.003. Este
Decreto rige desde el día 28 de julio de 2.003, fecha de su
publicación en el Diario Oficial No. 45.262.

Al demandante se le reconoció asignación de retiro por medio de la
Resolución No. 04495 de 24 de agosto de 2.004 (fl. 7 del
expediente) como Agente de la Policía y según las disposiciones del
Decreto 1213 de 1.990, teniendo como base 21 años y 26 días de
servicio.

El Decreto No. 2070 de 2.003, derogó del Decreto 1213 de 1.990
únicamente el artículo 125 (artículo 45 sobre vigencia y

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25

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derogatorias), relativo a materia distinta a la prima de actividad
como parida computable para asignación de retiro.

A folio 4 del expediente, obra documento que certifica cuáles los
factores de salario devengados por el demandante durante el
último año de servicio y se reseña entre otros, la prima de actividad
en cuantía del veinte por ciento (20%) de la asignación básica. En
este documento, se consigna que el demandante fue retirado el día
16 de junio de 2.004, cumplido los tres (3) meses de alta.

Como bien lo declara la providencia recurrida, el Decreto 2070 de
2.003, fue declarado inexequible mediante sentencia C- 432 de 6
de mayo de 2.004, es decir, estuvo vigente sólo poco menos de un
año, hasta el día 6 de mayo de 2.004, es decir, antes del
reconocimiento de la asignación de retiro del demandante –
recurrente, a quien se le reconoció por Resolución No. 04495 de 24
de agosto de 2.004, con efectos fiscales desde el día 16 de junio
de la misma anualidad.

En ese orden de cosas, al haber incluido como partida computable
en la asignación de retiro del demandante una prima de actividad
equivalente al 25%, se aplicó debidamente la norma vigente
(Decreto No. 095 de 1.989), por lo que el acto demandado fue
expedido conforme a derecho y por tanto, la providencia
impugnada ha de ser confirmada. […]”.

De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que la

autoridad judicial accionada, al conocer del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia,

consideró que no le asistía derecho al actor para el reconocimiento y

pago del reajuste de la asignación de retiro mediante la reliquidación

del factor “Prima de Actividad” conforme con lo dispuesto en el

Decreto 2070 de 2003.

Para arribar a tal conclusión, la autoridad judicial accionada encontró

que, de acuerdo con la Resolución núm. 04495 de 24 de agosto de

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2004, al actor se le reconoció y ordenó pagar asignación mensual de

retiro, efectiva a partir del 16 de junio de 2004, fecha de

vencimiento de los 3 meses de alta y para la cual ya no se encontraba

vigente el Decreto 2070, al ser este declarado inexequible mediante

sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004, por lo que el reconocimiento

de la asignación de retiro se regía en su integridad por el Decreto

1213 de 1990.

Por otra parte, indicó que al haberse incluido como partida

computable en la asignación de servicio el 25 % equivalente a la

prima de actividad se aplicó debidamente la norma vigente, por lo

que reitero que el acto administrativo acusado fue expedido

conforme a derecho.

Frente a las anteriores consideraciones, el actor alega que el

TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del

precedente judicial establecido por el Consejo de Estado en la

sentencia de 7 de marzo de 201329, entre otras, por medio de la cual

el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al resolver un

recurso extraordinario de revisión, realizó un análisis respecto del

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia de 7 de marzo de 2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, identificada con número
único de radicación 11001-33-31-010-2007-00575-01 (2108-10).

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27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00559-01
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reconocimiento de la prima de actividad previsto en el Decreto 2070

de 2003.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala recuerda que la

prima de actividad fue reconocida mediante el Decreto 1213, como

partida computable dentro de la asignación de retiro de los Agentes

de la Policía Nacional y, posteriormente, el Decreto 2070 varió sus

términos y porcentajes de pago, de la siguiente manera:

Reconocida a los Agentes de la Policía
Nacional que lleven entre 20 y 25 años de
DECRETO 1213 DE 1990 servicio, en un porcentaje del 20% del
sueldo básico.
Reconocida a los Agentes de la Policía
Nacional que lleven por lo menos 15 años de
DECRETO 2070 DE 2003 servicio, en un porcentaje del 50% del
monto de las partidas computables a las
que se refiere el artículo 23 de esa
normativa.

Cabe resaltar que el Decreto 2070 de 2003, fue declarado inexequible

por la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 de 6 de mayo

de 2004, por lo que a partir de dicha decisión, las asignaciones de

retiro de los Agentes de la Policía Nacional son reconocidas en

aplicación del régimen previsto en el Decreto 1213.

De ahí que se observen diferentes pronunciamientos por parte del

Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en cuanto al régimen

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28

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jurídico aplicable frente al porcentaje de este reconocimiento

prestacional.

Una de las interpretaciones consiste en tener como norma aplicable,

la vigente a la fecha del retiro del miembro de la Policía Nacional,

toda vez que para ese día se consolidó su derecho y no aquella en la

cual terminan los tres meses de alta, pues ese otro tiempo

corresponde al otorgado a la entidad con el fin de elaborar la hoja de

servicios y el acto administrativo de reconocimiento de la asignación

de retiro; mientras que la otra postura, tiene como fecha de

consolidación del derecho, una vez se cumplan los tres meses de alta,

pues hasta ese momento los miembros de la Fuerza Pública

continúan percibiendo la totalidad de su salario.

Previamente a resolver el primer defecto, esto es, el sustantivo por

desconocimiento del precedente, se pone de presente que esta Sala

en providencia de 25 de abril de 201930, precisó que la sentencia de

7 de marzo de 2013, proferida por la Sección Segunda, sí constituía

precedente judicial, por lo que en dicha oportunidad se concluyó que

la fecha a tener en cuenta para efectos de determinar la normativa

aplicable en cuanto al porcentaje de reconocimiento de la prima de

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de radicación 11001-03-15-
000-2019-00876-00.

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29

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actividad, era el momento en el cual se produjo el retiro del servicio

y no una vez cumplidos los tres meses de alta.

Sin embargo, advierte la Sala que tal criterio no ha sido unificado por

parte de la Sección Segunda de esta Corporación, lo que ha originado

que se produzcan, en sede ordinaria, decisiones en las que, de

manera razonada, se accede o se deniega el reconocimiento de la

prima de actividad de conformidad con lo previsto en el Decreto 2070

de 2003.

Así mismo, la Sala destaca que las distintas Secciones que integran

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado31, al

resolver acciones de tutela en las que se pretendía dejar sin efectos

fallos ordinarios en los que se denegó tener la prima de actividad en

los términos del Decreto 2070 para el reajuste de la asignación de

retiro, han decidido no acceder a la solicitud de amparo por

considerar que las decisiones acusadas no son irracionales y mucho

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia
de 10 de septiembre de 2019, C.P. Martín Bermúdez Muñoz, identificada con número único de radicación
11001-03-15-000-2019-03495-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia
de 28 de junio de 2018, C.P. William Hernández Gómez, identificada con número único de radicación
11001-03-15-000-2017-03305-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de febrero
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de radicación 11001-03-15-
000-2020-05142-00.

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30

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menos arbitrarias, toda vez que las autoridades judiciales cumplen

con la carga argumentativa para motivar su decisión.

Sobre el particular, se resaltan las decisiones adoptadas por la

Sección Segunda de esta Corporación. Entre ellas, la providencia de

25 de julio de 201932, proferida por la Subsección A de esa Sección,

mediante la cual se resolvió un asunto con un problema jurídico

similar, en la que se señaló:

“[…] Ahora, precisado lo anterior se tiene que las sentencias citadas
por el accionante como desconocidas son del: (i) 1. ° de marzo de
2012, expediente 7001233100020050220401; (ii) del 7 de marzo
de 2013, expediente 11001333101020070057501 y (iii) del 4 de
septiembre de 2017, expediente 17001233300020150006101,
todas emitidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
las cuales se estudió una situación fáctica similar a la del aquí
accionante. Sin embargo, lo primero que la Subsección advierte es
que las providencias referenciadas no pueden entenderse como un
precedente judicial, toda vez que respecto a la aplicación del
Decreto 2070 de 2003 no existe criterio unificado, razón por la cual
no puede exigírsele al Tribunal accionado que hubiese fallado en el
mismo sentido que en las decisiones invocadas como desconocidas.

Sobre el particular, se aclara que no puede declararse
desconocimiento del precedente judicial cuando no existe
unificación de criterio sobre el asunto, máxime cuando ello implica
para los jueces de conocimiento el pleno ejercicio de su autonomía
judicial y la aplicación de las reglas de la sana crítica y la lógica
para resolver los casos sometidos a su conocimiento, siempre y
cuando expliquen suficientemente las razones y el sustento de la
decisión, como ocurrió en el caso concreto […]”.

32
Radicación 11001-03-15-000-2019-00103-00 (AC), C.P. William Hernández Gómez.

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El anterior criterio, también ha sido aplicado y desarrollado por la

Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En

sentencia de 22 de abril de 2019, expuso lo siguiente:

“[…] El señor Jairo Álvaro Londoño Aguirre, señaló que el Tribunal
Administrativo del Atlántico incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, por cuanto desatendió lo dicho por esta
Sección en sentencias de 1º de marzo de 2012 (C.P. Alfonso Vargas
Rincón) y 4 de septiembre de 2017 (C.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas) y en la sentencia de unificación dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda - Subsección A el 7 de marzo de 2013
(C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).

Sea lo primero advertir, que consultado el texto de las referidas
providencias, la Sala encuentra que ninguna de ellas constituye un
pronunciamiento de unificación proferida ya por el Consejo de
Estado - Sala Plena, o por esta Sección, en condición de órgano de
cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.

En ese orden de ideas, la Sala rectifica su posición frente a este tema,

pues ante la ausencia de unificación de criterios sobre el mismo, debe

prevalecer la autonomía y la independencia de los jueces, esto es, la

libertad para adoptar una posición siempre que cuente con la carga

argumentativa y razonable suficiente; carga que si se cumple hace

inadmisible que el juez de tutela imponga o someta al juez natural a

acoger una postura determinada.

Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala considera que

contrario a lo afirmado por el actor, las sentencias presuntamente

desconocidas, no constituyen precedente vinculante, toda vez que no

son sentencias de unificación jurisprudencial y, en ese orden de

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ideas, no contienen reglas jurisprudenciales de obligatorio

cumplimiento por los jueces, cuando se evidencie que las situaciones

fácticas en ambos casos resultan similares.

Por lo anterior, al no existir un criterio unificado respecto del régimen

aplicable frente al porcentaje del reconocimiento de la prima de

actividad, que obligue a tomar como fecha de consolidación del

derecho a la asignación de retiro en la que inician los tres meses de

alta, tal como se dispuso en líneas anteriores, para la Sala no se

configuró el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

endilgado, máxime cuando la decisión cuestionada se encuentra

debidamente motivada.

Ahora, en cuanto al defecto sustantivo, el actor repara que el

TRIBUNAL dejó de aplicar lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley

270 de 1996, al desconocer los efectos de la sentencia. La norma en

cuestión establece:

“[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los
actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la
Corte resuelva lo contrario […]”.

Con todo, la Sala observa que el Tribunal accionado, contrario a lo

afirmado por el actor, sí aplicó debidamente el artículo 45 de la Ley

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270 de 1996, al considerar que los efectos de las sentencias de

constitucionalidad que profiere la Corte Constitucional tienen efectos

hacia el futuro.

Sobre el particular, la autoridad judicial accionada discurrió lo

siguiente:

“[…] Como bien lo declara la providencia recurrida, el Decreto 2070
de 2.003, fue declarado inexequible mediante sentencia C- 432 de
6 de mayo de 2.004, es decir, estuvo vigente sólo poco menos de
un año, hasta el día 6 de mayo de 2.004, es decir, antes del
reconocimiento de la asignación de retiro del demandante –
recurrente, a quien se le reconoció por Resolución No. 04495 de 24
de agosto de 2.004, con efectos fiscales desde el día 16 de junio
de la misma anualidad. […]”

Así las cosas, al considerar que el actor adquirió el derecho para

disfrutar de la asignación de retiro el 16 de junio de 2004, se debe

tener en cuenta que para ese momento no se encontraba en vigencia

el Decreto 2070 de 2003, toda vez que el mismo fue declarado

inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 del

6 de mayo de 2004.

De otra parte, frente al defecto sustantivo por interpretación errada

del artículo 106 del Decreto 1213 de 1990, la Sala trae a colación el

enunciado normativo en cuestión, el cual dispone lo siguiente:

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“[…] Tres meses de alta. Los Agentes de la Policía Nacional que
pasen a la situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho
a asignación de retiro o pensión continuarán dados de alta en la
respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que
se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de
prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en
el artículo 133 de este Decreto, continuarán percibiendo la totalidad
de los haberes devengados en actividad correspondientes a su
categoría. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará
como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones
sociales […]”.

Para la Sala, tal inconformidad no tiene vocación de prosperidad,

habida cuenta que la autoridad judicial accionada sí aplicó

correctamente los enunciados normativos allí dispuestos, pues como

se expuso en líneas anteriores, la fecha de finalización de los tres

meses de alta se dio el 16 de junio de 2004, momento en el cual

el Decreto 2070 de 2003, como ya se indicó, no estaba vigente, por

lo que el reconocimiento en la asignación de retiro se regía en su

integridad por el Decreto 1213 de 1990, normativa aplicable “para

efectos de determinar el porcentaje y las partidas computables a la

asignación de retiro del demandante”, tal como lo consideró el

TRIBUNAL.

Ahora, el actor adujo que la providencia cuestionada también incurrió

en defecto sustantivo por inaplicación de los artículos 10° y 270 de

la Ley 1437 de 2011, normas que se transliteran a continuación:

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“[…] ART. 10. Al resolver los asuntos de su competencia, las
autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los
mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar
las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las
sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en
las que se interpreten y apliquen dichas normas […]”.

[…]

“[…] ART. 270. Para los efectos de este código se tendrán como
sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios
y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el
artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de
la Ley 1285 de 2009 […]”.

Al respecto, la Sala advierte que el TRIBUNAL no incurrió en defecto

sustantivo, habida cuenta que, de un lado, las providencias de 12 de

marzo de 2012 y 7 de marzo de 2013, se profirieron por el Consejo

de Estado, cuando dichos procesos se encontraban sometidos a las

reglas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, por lo que

las disposiciones normativas del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no eran aplicables

al asunto; y de otro, porque las sentencias de 4 de septiembre de

2017 y 1o. de marzo de 2018, no cumplen los requisitos dispuestos

para ser sentencia de unificación, de conformidad con la normativa

transcrita anteriormente.

De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que el TRIBUNAL

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no incurrió en los defectos endilgados, toda vez que la providencia

cuestionada está debidamente motivada, con fundamento en las

normas y la jurisprudencia aplicable al asunto, por lo que el hecho

de que el actor no comparta la tesis allí dispuesta, no significa que

la decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía

judicial de la que goza el juez de conocimiento, se denegaron las

pretensiones de la demanda.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del

accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no así

la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

En ese sentido, la Sala modificará la decisión de primera instancia y,

en su lugar, denegará el amparo solicitado, como en efecto lo

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

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DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en

la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de mayo de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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