Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00621-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00621-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-00621-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
9 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 00621 00
Demandante: Rigoberto Sepúlveda Tabares
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Temas: Incidente de desacato / Incumplimiento del requisito de subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
1. La acción de tutela
El señor Rigoberto Sepúlveda Tabares promueve acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Caldas y la Sociedad de Activos Especiales por estimar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital, a la vida digna, al principio de seguridad jurídica y la protección
especial de las personas de la tercera edad.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
1) Me sea garantizada la tutela judicial efectiva.
2.) Ordénese el cumplimiento de la obligación de dar contenida en la sentencia, en
consecuencia a ello por parte de este despacho o por la autoridad que se determine, sea
ejecutada la sentencia, llevándose a cabo el cobro ejecutivo de los honorarios que
actualmente se me adeudan conforme los lineamientos del artículo 363 de Código
General del Proceso , por los servicios prestados como (auxiliar de la justicia) secuestre
judicial del fundo Buenavista entre el 4 de noviembre de 1998 y el 17 de marzo d 2021
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Demandante: Rigoberto Sepúlveda Tabares
fecha en que se realizó la entrega real y material conforme lo estipula el acta levantada
en la misma fecha y acorde a la parte considerativa y resolutiva de la sentencia del día
29 de Abril del 2010.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
i) El 10 de marzo de 2010 el Tribunal Administrativo de Caldas accedió al amparo de
los derechos fundamentales invocados por el señor Rigoberto Sepúlveda Tabares
contra la Dirección Nacional de Estupefacientes -Subdirección Jurídica y al efecto
dispuso: a) tutelar el derecho al debido proceso, b) ordenar que en el término de 48
horas se procediera a notificar en debida forma la Resolución 0810 del 14 de julio de
2006, mediante la cual fue relevado el actor del cargo de depositario provisional de la
finca Buenavista; c) cumplido lo anterior, el subdirector jurídico debía comunicar
nuevamente al actor la Resolución 00133 del 22 de enero de 2010, para que hiciera
entrega real y material de esa finca; d) negar las demás pretensiones.
ii) El 29 de abril de 2010 el Consejo de Estado, Sección Quinta, confirmó los numerales
1.°, 2.°, 3.°, 5.° y 6.° y revocó el numeral 4.° para en su lugar: «i) tutelar igualmente al
señor Rigoberto Sepúlveda Tabares sus derechos fundamentales al trabajo y a la vida
digna, vulnerados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, y ii) ordenar a la
Dirección Nacional de Estupefacientes, expida la resolución por medio de la cual se
liquiden y fijen los honorarios que le correspondan por los servicios prestados como
depositario provisional al frente del inmueble denominado Buenavista, localizado en la
vereda El Berrión del municipio de Palestina – Caldas, identificado con los números de
matrícula inmobiliaria 100-7252 y 100-7253, entre el 4 de noviembre de 1998 cuando
la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos le hizo entrega del mismo y el día en que efectivamente se produzca
su entrega».
iii) En el año 2005 se «enteró de lo resuelto por el Consejo de Estado, pues no fue
notificado». En tal virtud, ese año inició incidente de desacato para hacer efectivos los
honorarios y proceder a la entrega del inmueble.
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iv) La Subdirección emitió «un acto administrativo por medio del cual le hace unas
exigencias como condición para el reconocimiento de los honorarios, imposibles de
cumplir».
v) Ante el Tribunal Administrativo de Caldas, radicó varios incidentes de desacato y
solicitudes de cumplimiento del fallo de tutela que fueron archivadas.
vi) En enero de 2021, la Sociedad de Activos Especiales notificó «una orden de
desalojo forzado del predio que ocupaba a la espera de que se liquidaran los
honorarios por los servicios en calidad de secuestre».
vii) Por el incumplimiento de la acción de tutela, radicó ante el Tribunal Administrativo
de Caldas solicitud de medida cautelar la que fue negada, «quedando a expensas y
en total estado de indefensión frente a la entidad que finalmente logró sacarme del
predio sin ninguna contraprestación económica».
viii) El 6 de septiembre de 2021 solicitó al Tribunal Administrativo de Caldas mediante
incidente de desacato el cumplimiento del fallo de tutela, y el 29 de mismo mes y año
la entidad le remitió la Resolución 206 de 2021 por medio de la cual liquidó los
honorarios en cero; en dicho trámite pidió a la corporación aplicar el artículo 148 del
CPACA.
ix) El 14 de octubre de 2021 el Tribunal Administrativo de Caldas archivó dicho
incidente de desacato argumentando que el trámite idóneo era el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
x) El 19 de octubre de 2021 respecto de la solicitud de ejecución de la sentencia que
elevó al Tribunal Administrativo de Caldas, dicha autoridad le informó que «para el
cumplimiento de los fallos de tutela existe el incidente de desacato y que el proceso
ejecutivo no es el medio idóneo teniendo en cuenta que la tutela es un proceso
constitucional y no ordinario además que se puede en oportunidad acudir a la
jurisdicción correspondiente».
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1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
i) Se inobservó la orden impartida en la tutela fallada a su favor, pues fue desalojado
del predio sin contraprestación económica.
ii) El Tribunal Administrativo de Caldas no ha otorgado las garantías mínimas del
debido proceso administrativo, «como quiera que mediante escrito de ejecución de la
sentencia se pidió de manera directa que se notificara el inicio del procedimiento
administrativo tendiente a la liquidación de mis honorarios para poder ejercer el
derecho a la defensa y a la contradicción, asimismo pudo haber hecho control de
constitucionalidad de la resolución 2046 de 2021, vía de excepción».
iii) El Tribunal incurrió en una dilación injustificada del cumplimiento de la orden judicial
pues «al contar con el recurso idóneo para hacer cumplir el fallo como lo es la vía
ejecutiva en la figura del cobro ejecutivo de honorarios de auxiliares de la justicia,
conforme al artículo 363 de CGP, con la cual se me pueden determinar mis honorarios
y librar mandamiento de pago, se me obligue a acudir a una instancia judicial sin
términos, que me implica una carga desproporcionada en cuanto a gastos que no estoy
en condiciones de asumir».
iv) Conforme a las partes motiva y resolutiva de la sentencia cuyo cumplimiento se
pide, considera que «no hay lugar a interpretación diferente que se ordena el pago de
honorarios “cancelar sumas de dinero”», y si bien no se fijó su monto, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional los cálculos aritméticos se pueden tomar de
las «normas vinculantes», y como fue reconocido como auxiliar de la justicia en calidad
de secuestre, tiene derecho a percibir los honorarios bajo el régimen tarifario
establecido por el Consejo Superior de la Judicatura y reconocidos por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
v) Consideró que conforme a las normas del Código General del Proceso «no se
discrimina por la naturaleza del proceso sino por el tipo de obligación que contengan»,
y si bien la sentencia de tutela contiene una obligación de dar, es decir, entregar sumas
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de dinero, el Tribunal Administrativo de Caldas no podía negarse a dar inicio al proceso
ejecutivo aduciendo que no era el mecanismo idóneo, «más aún [cuando] en diferentes
casos en que se ha acudido a la acción de tutela para pedir el cumplimiento de
obligaciones de dar contenidas igualmente en amparos constitucionales se ha dicho
que el recurso principal es el proceso ejecutivo». Cita como ejemplo la sentencia T-
906 de 2015 y el expediente radicado núm. 81-001-23-33-003-2017-00042-01 del
Consejo de Estado, Sección Primera.
vi) Señaló que es una persona de 65 años de edad, que no percibe ingresos ni pensión,
razón por la cual vive con familiares y tiene actualmente afecciones de salud «a nivel
de túnel carpiano y lumbar», situación que se agrava «al negárseme hacer efectiva la
sentencia mediante proceso ejecutivo».
1.3. Actuación procesal
La tutela de la referencia admitida por auto del 14 de marzo de 2022, ordenó notificar
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas como demandados y como
tercero interesado a la Sociedad de Activos Especiales S. A. E., para que dentro del
término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo
informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. El apoderado de la Sociedad de Activos Especiales,1 Luis Miguel Martínez
Romero, señaló lo siguiente:
i) Respecto a los inmuebles identificados con los con FMI No. 100-7252 y 100-7253,
se adelantó diligencia de recuperación real y material del bien, a través de las
Resolución 250 del 19 de abril de 2017, aclarada mediante Resolución 1017 de 2017.
ii) A través de la Resolución 2046 de 2021 liquidó los honorarios del señor Rigoberto
Sepúlveda Tabares en cero, pues no justificó la improductividad de los inmuebles.
1 Expediente digital de tutela.
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iii) El Tribunal Administrativo de Caldas al resolver el incidente de desacato propuesto
por el señor Sepúlveda consideró que esa sociedad no había incumplido la orden de
tutela, comoquiera que, si bien la resolución de liquidación de honorarios arrojó como
resultado un cero, ello se sustentó en la improductividad del predio por el tiempo en
que estuvo bajo su administración y custodia.
iv) La Resolución 2046 de 2021 debió ser demandada ante la jurisdicción ordinaria,
pues la acción de tutela solo es viable cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, y concluye que en el caso concreto esa entidad no ha vulnerado
los derechos invocados por el accionante.
1.5.2. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas,2 a pesar de haber
sido notificados del presente trámite con el fin de que rindieran en informe
correspondiente, guardaron silencio.
La Sala, además advierte que la Secretaría General del Consejo de Estado requirió en
dos oportunidades3 a dicha corporación para que anexara copia digital del expediente
objeto de litis, sin embargo, dicha solicitud tampoco fue atendida.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el presente asunto, de acuerdo con el numeral
5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de
tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada».
2.2. Problema jurídico
2 Expediente digital de tutela.
3 Índice 18 del 18 de marzo e índice 20 del 16 de abril de 2022.
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Corresponde a la Sala establecer si el medio de amparo de la referencia cumple con
los requisitos mínimos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
en cuyo caso, se determinará si el Tribunal Administrativo de Caldas quebrantó los
derechos fundamentales invocados por el señor Rigoberto Sepúlveda Tabares.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».
En cuanto al instrumento constitucional, la acción de tutela se caracteriza por tener un
procedimiento preferente y sumario, mientras que su ejercicio es subsidiario ante la
existencia de otros mecanismos judiciales de protección. Por ello, cuando el afectado
tiene a su alcance alguna de las acciones ordinarias, igualmente eficaces para la
protección de sus derechos fundamentales, pero prescinde de ellas para beneficio de
la de las características del amparo, la acción de tutela deberá de ser declarada
improcedente.
2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se
advierte lo siguiente:
2.4.1. El 10 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Caldas dispuso al resolver
la acción de tutela incoada por el señor Rigoberto Sepúlveda Tabares contra la
Dirección Nacional de Estupefacientes:4
PRIMERO: TUTÉLASE el DERECHO AL DEBIDO PROCESO del señor RIGOBERTO SEPÚLVEDA
TABARES, SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
4 Expediente digital de tutela.
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SEGUNDO: Se ordena al Subdirector Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes
que en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta
providencia, proceda a notificar en debida forma al accionante, con arreglo a las normas
legales propias del procedimiento especial para ello señalado, o, en su defecto, de las
contenidas en el Código Contencioso Administrativo, la Resolución 0810 del 14 de julio
de 2006, con la cual se le relevó del cargo de depositario provisional respecto de los
bienes identificados con los números de matrícula inmobiliaria 100-7252 y 100-7253,
ubicados en la Fisca Buenavista del Municipio de Palestina.
TERCERO: Una vez surtida la anterior notificación el Subdirector Jurídico de la Dirección
Nacional de Estupefacientes deberá comunicar nuevamente al señor Rigoberto
Sepúlveda Tabares, la Resolución 00133 del 22 de enero de 2010, para que este haga
entrega real y material de los inmuebles ya mencionados, ubicados en la Finca
Buenavista del Municipio de Palestina.
CUARTO: Se niegan las demás pretensiones.
2.4.2. El 29 de abril de 2010, el Consejo de Estado, Sección Quinta al desatar el
recurso de alzada, dispuso:
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero (1.º), segundo (2.º), tercero (3.º), quinto (5.º)
y sexto (6º) de la parte resolutiva de la sentencia proferida el diez (10) de marzo de dos
mil diez (2010), por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro de la Acción de Tutela
instaurada por Rigoberto Sepúlveda Tabares contra la Dirección Nacional de
Estupefacientes.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral cuarto (4º) de la parte resolutiva de la misma providencia,
para en lugar de ello disponer:
1.-Tutelar igualmente al señor Rigoberto Sepúlveda Tabares sus derechos
fundamentales al Trabajo y a la Vida Digna, vulnerados por la Dirección Nacional de
Estupefacientes.
2.- Ordenar a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que por conducto de su
Subdirección Jurídica o de la dependencia que corresponda, y en el término máximo de
cuarenta y ocho (48) horas, expida la resolución por medio de la cual se liquiden y fijen
los honorarios que le correspondan al señor Rigoberto Sepúlveda Tabares, por los
servicios prestados como Depositario Provisional al frente del inmueble denominado
Buenavista, localizado en la vereda El Berrión del municipio de Palestina – Caldas,
identificado con los números de matrícula inmobiliaria 100-7252 y 100-7253, entre el 4
de noviembre de 1998 cuando la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del
Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos le hizo entrega del mismo y el día en
que efectivamente se produzca su entrega.
2.4.3. El 4 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Caldas, al resolver el tercer
incidente de desacato propuesto por el señor Rigoberto Sepúlveda Tabares, resolvió:5
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Demandante: Rigoberto Sepúlveda Tabares
Ahora bien, es menester afirmar una vez más, que en este caso: El señor Rigoberto
Sepúlveda Tabares desde el mismo momento en que le fue entregado el predio
Buenavista por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, fue designado en
calidad de depositario provisional y adquirió en tal virtud, los derechos y obligaciones
propias del ejercicio de dicho cargo.
Tal y como lo hace ver el Consejo de Estado, el cargo de depositario provisional de los
bienes objeto de decomiso o incautación se asimila o equivale al cargo de secuestre
judicial en tanto y por cuanto tienen los derechos, atribuciones y facultades y están
sujetos a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades que determinen las leyes,
valga decir el derecho a recibir honorarios por el servicio prestado y la obligación de
rendir cuenta mensual de su administración.
En cuanto al régimen de los honorarios de los depositarios provisionales de los bienes
incautados por la DNE -actualmente Sociedad de Activos Especiales SAE-, el mismo
Consejo de Estado marca la pauta respecto de las normas que se deben aplicar para
dicho cometido, vale decir alude claramente al artículo 21 del Decreto 1461 del 28 de
julio de 2000.
Norma de la cual, se extraen las siguientes conclusiones:
i) Los honorarios de los depositarios provisionales los fija la entidad con base en el uso,
destino y productividad del bien y el mercado laboral. Al respecto es preciso señalar que
el predio Buenavista es de naturaleza rural con vocación productiva, pues ya se advirtió
que desde que le fue entregado para su administración al señor Rigoberto, dicho predio
tenía un número considerable de plantaciones o palos de cítricos en estado productivo,
lo cual deja en evidencia que no se trataba de un bien improductivo destinado a la
explotación agrícola aspecto este a tener en cuenta para la fijación de los honorarios por
el ejercicio de ese cargo, la demostración previa de los ingresos generados en la
administración de cada uno de los bienes.
ii) Las tarifas serán fijadas por la Dirección mediante resolución.
iii) El valor de los honorarios será deducido del producido de los bienes objeto del
depósito provisional. De ahí la necesidad de que depositario acredite la producción del
bien por él administrado, pues esa es la base de la cual se deduce el valor de los
honorarios.
[…]
Ha quedado establecido que la obligación que pesaba sobre el depositario provisional
frente a la rendición mensual de un informe de gestión ante la entidad competente no ha
sido cumplida durante el tiempo que lleva en tal cargo, o al menos ninguna prueba al
respecto se ha hecho llegar al expediente. El incumplimiento de tal obligación, ha
generado como consecuencia, la imposibilidad para la SAE de establecer la producción
del predio y, con ella, el valor de los honorarios a reconocer en este caso.
Así pues, no se trata de desconocer el derecho a unos honorarios en favor del señor
Sepúlveda Tabares; no obstante, tampoco se puede pasar por alto que fue el mismo
Consejo de Estado en sede de tutela, el que dispuso que se le reconocieran los
honorarios “que en derecho correspondan”, y al mismo tiempo marcó la pauta de la
norma especial para tener en cuenta para dicho efecto.
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2.4.4. El 17 de marzo de 2021, en cumplimiento de las Resoluciones 250 del 19 de
abril y 1017 del 29 de agosto de 2017, la Sociedad de Activos Especiales S. A. S. llevó
a cabo la diligencia de entrega real y material del inmueble localizado en el lote
denominado Buenavista ubicado en la vereda El Berrión del municipio de Palestina -
Caldas, identificado con el FMI-100-7252 y 100-7253.6
2.4.5. El 6 de septiembre de 2021, el señor Rigoberto Sepúlveda Tabares radicó una
nueva solicitud de cumplimiento de la acción de tutela fallada a su favor en el año
2010.7
2.4.6. El 29 de septiembre de 2021, la Sociedad de Activos Especiales S. A. S. profirió
la Resolución 20468 y señaló que la fijación de honorarios como depositario provisional
a favor del señor Rigoberto Sepúlveda Tabares se regía por el artículo 13 de la
Resolución 001 de 2014,9 al efecto argumentó:
Que mediante radicado CS2021-002120 de febrero de 2021 la Sociedad de Activos
Especiales SAS solicito al señor Sepúlveda Tavares rendición de cuentas de los activos
identificados folio de matrícula inmobiliaria 100-7252 y 100-7253, requerimiento al cual
se adjuntó el “ESTADO DE PRODUCTIVIDAD” de los bienes con corte al 02 de febrero de
2021, el que para la fecha arrojaba un valor a pagar de CERO pesos por concepto de
honorarios a favor del beneficiario del fallo de tutela.
Que en fecha 03 febrero 2021 el señor Sepúlveda Tavares sin haber realizado la entrega
efectiva de los bienes entregó a miembros de la Regional Occidente de SAE a modo de
informe de gestión un escrito contentivo de una serie de manifestaciones tendientes a
justificar la situación de improductividad de los inmuebles desde el 04 de noviembre de
1998 y hasta ese día. Sin entregar el necesario soporte de las consignaciones realizadas
en favor del FRISCO por concepto de productividad de los bienes. Así como tampoco
6 Expediente digital de tutela.
7 Expediente digital de tutela.
8 «Por medio de la cual se fijan y liquidan los honorarios como depositario provisional del señor Rigoberto Sepúlveda
Tabares en cumplimiento a un fallo de tutela»
9 ARTÍCULO DECIMOTERCERO: HONORARIOS DE LOS DEPOSITARIOS. Para la fijación de los honorarios de los depositarios
provisionales se seguirán las siguientes reglas: Los honorarios mensuales se causarán y pagarán solamente
cuando los bienes entregados sean productivos, entendiéndose como productivos cuando ellos generen ingresos,
sean reportados a la Sociedad de Activos Especiales y se presente los siguientes eventos:
2. DEPOSITARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRODUCTIVOS.
En el caso de los bienes productivos los honorarios mensuales serán equivalentes al 8% de los ingresos brutos
mensuales generados en la administración de cada uno de los bienes entregados al depositario, los cuales se
pagaran una vez recibidos los ingresos providentes de las gestiones de administración previa presentación de la
respectiva factura y aprobación por parte de la SAE del correspondiente informe de gestión requerido en el numeral
6 del artículo décimo quinto de la presente resolución.
Para el caso de los bienes cuya rentabilidad dependa de los sistemas productivos cíclicos los honorarios serán
equivalentes al 8% de los ingresos netos que genere la actividad, se causaran al momento de finalizar dicho ciclo
productivo y se pagaran mensualmente con el informe de productividad, una vez recibidos los ingresos provenientes
del desarrollo de la actividad.
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Demandante: Rigoberto Sepúlveda Tabares
entrego las solicitudes por él elevadas para obtener por parte del administrador del
FRISCO autorización para realizar inversiones en los bienes.
Que ante la renuencia del señor Sepúlveda Tavares para realizar la entrega voluntaria
de los bienes identificados folio de matrícula inmobiliaria 100-7252 y 100-7253 esta
Sociedad en el marco de la facultad de policía administrativa otorgada al administrador
del FRISCO a través de la Gerencia Regional Occidente de SAE en fecha 17 de marzo de
2021 practicó diligencia de desalojo con lo cual fue posible establecer la fecha efectiva
de entrega de los citados bienes. Fecha en la que el señor Sepúlveda Tavares no realizó
entrega de los informes y soportes de su gestión.
Que en el marco de un trámite de incidente de desacato promovido por el señor
Sepúlveda Tavares esta Sociedad se vio avocada a mediante radicados CS2021-024726
y CS2021-025409 enviados a las cuentas de correo electrónico Lu23zq@gmail.com,
juansep2@hotmail.com y luznagelahenaodes@hotmail.com reiterar por tercera y cuarta
oportunidad la solicitud de envío de los informes y soportes de la gestión realizada por
él entre los periodos comprendidos entre 04 de noviembre de 1998 y el 17 de marzo de
2021 sin recibir respuesta alguna.
Que la liquidación efectuada en el mes de mayo de 2021 donde se reporta en cero “0”
los ingresos percibidos desde el 4 de noviembre de 1998, fecha en la que se realizó la
incautación de los bienes y el 17 de marzo de 2021 fecha en que a través del ejercicio
de la facultad de policía administrativa fueron efectivamente entregados, refleja el
resultado obtenido de la revisión del expediente administrativo y las bases de datos que
fueron entregadas a esta Sociedad por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes,
y la información aportada por el señor Sepúlveda Tavares en febrero de 2021 donde no
se reporta ni soporta ningún ingreso por concepto de productividad.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. FIJAR Y LIQUIDAR los honorarios como depositario provisional del señor
RIGOBERTO SEPÚLVEDA TABARES identificado con cedula de ciudadanía No. 70.411.163
como depositario provisional del predio denominado Buenavista identificado con las
matrículas inmobiliarias 100-7252 y 10072-53, en cero “0”, de conformidad con lo
dispuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.
2.4.7. El 14 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Caldas, resolvió el
incidente de desacato propuesto por el señor Sepúlveda Tabares tendiente a que fuera
reintegrado al predio Buenavista y a que se iniciara el respectivo «procedimiento
administrativo» con el fin de ejercer el derecho de contradicción y defensa. Sobre el
particular, previa motivación, esa corporación decidió:10
[…]
De lo expuesto en precedencia se concluye que: i) Con la expedición del acto
administrativo – Resolución No. 2046 del 29 de septiembre de 2021 – la SAE ha liquidado
los honorarios del señor Rigoberto Sepúlveda Tabares; ii) La SAE consideró que del
informe presentado por el accionante se desprendía una liquidación de honorarios por
10 Expediente digital de tutela.
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valor de “0” pesos; iii) El fallo de tutela ordena la liquidación de los honorarios conforme
a derecho, pero no indica o señala un valor determinado o una cifra mínima a reconocer.
iv) La legalidad del acto administrativo – Resolución No. 2046 del 29 de septiembre de
2021 – expedido por la SAE, debe ser demandada por el señor Rigoberto Sepúlveda
Tabares a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y dentro
del término de caducidad previsto legalmente. v) En lo que a este trámite concierne, no
se encuentran razones para estimar que la SAE ha incumplido el fallo de tutela en tanto
y comoquiera que procedió a expedir el acto de liquidación de honorarios y aunque el
mismo arrojó como resultado “0” pesos, ello se sustenta en la improductividad del predio
en el tiempo en que estuvo bajo la administración y custodia del aquí accionante.
[…]
En tales circunstancias huelga concluir que la SAE no se encuentra en estado de
desacato del fallo de tutela objeto de este trámite y por lo tanto, se ordenará el archivo
de este incidente previa notificación a las partes.
En mérito de lo expuesto, el Despacho,
III. Resuelve
1. ARCHIVAR el incidente de desacato promovido por el señor Rigoberto Sepúlveda
Tabares contra la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S.
[…]
2.4.8. El 18 de octubre de 2021, el señor Rigoberto Sepúlveda Tabares radicó ante el
Tribunal Administrativo de Caldas, solicitud de la ejecución de la sentencia de tutela
en el siguiente sentido: «proceso de cobro ejecutivo de honorarios de Auxiliar de la
Justicia, con la finalidad que se me defina la contraprestación económica que me asiste
en derecho por haber ejercido como auxiliar de la justicia en calidad de secuestre
desde el día 4 de noviembre de 1998 y el día 17 de marzo de 2021, figura
administrativa de consagración legal que me fue reconocida en el fallo de
referencia».11A lo que el Tribunal respondió que «para el cumplimiento de los fallos de
tutela existe el incidente de desacato y que el proceso ejecutivo no es el medio idóneo
teniendo en cuenta que la tutela es un proceso constitucional y no ordinario además
que se puede en oportunidad acudir a la jurisdicción correspondiente».
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
El señor Rigoberto Sepúlveda Tabares considera que el Tribunal Administrativo de
Caldas vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
11 Expediente digital de tutela.
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administración de justicia, al mínimo vital y a la vida digna en cuanto lo resuelto a su
favor en el fallo de tutela de segunda instancia del 29 de abril de 2010 contiene una
obligación de dar, razón por la cual le solicitó iniciar el cobro ejecutivo de sus
honorarios, conforme al artículo 363 del CGP.
Con vista en los hechos probados, la Sala considera que en el caso sub lite el medio
de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues si bien el accionante
solicita la ejecución de la sentencia de tutela fallada a su favor el 10 de marzo de 2010
por el Tribunal Administrativo de Caldas y confirmada el 29 de abril de 2010 por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, al existir a su juicio una obligación de dar
representada en el pago de los honorarios debidos como depositario provisional del
inmueble denominado Buenavista, localizado en la vereda El Berrión del municipio de
Palestina – Caldas, en el proceso está acreditado que la Sociedad de Activos
Especiales, expidió la Resolución 2046 de 2021 por medio de la cual liquidó en cero
(0) el pago solicitado.
A partir del anterior hecho, resulta evidente que la parte accionante, antes de intentar
la acción de amparo, debió agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenía a
su disposición contra la Resolución 2046 de 2021, que se abstuvo de reconocerle
retribución alguna por su desempeño como secuestre provisional.
El Decreto 2591 de 1991 dispone en el numeral 1.° del artículo 6.°, lo siguiente:
Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Del precepto anterior se colige que la acción de tutela es un mecanismo de protección
residual y subsidiario que solo puede ejercerse en aquellos casos en los que se está
frente a la grave vulneración de derechos de rango constitucional o cuando se pretenda
su protección a partir de su inminente afectación.
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En ese sentido, al accionante no le era dable acudir a este medio de amparo haciendo
caso omiso de la normatividad que prevé los mecanismos ordinarios judiciales para
ejercer la defensa de sus intereses.
Con fundamento en los hechos probados que obran en el expediente, resulta
pertinente precisar que el accionante tenía a su disposición el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 12 herramienta
consagrada en el ordenamiento jurídico con el fin de determinar la legalidad de los
actos administrativos, a la que está sometido el que liquidó en cero (0) la solicitud de
reconocimiento de honorarios como depositario provisional de bienes producto de la
extinción de dominio.
De este modo, la Sala estima necesario destacar que el Tribunal Administrativo de
Caldas en la providencia del 14 de octubre de 2021, al ordenar archivar el incidente de
desacato propuesto por el señor Sepúlveda Tabares señaló con claridad que no existió
el incumplimiento alegado, pues: «iii) [e]l fallo de tutela ordena la liquidación de los
honorarios conforme a derecho, pero no indica o señala un valor determinado o una
cifra mínima a reconocer. iv) [l]a legalidad del acto administrativo – Resolución 2046
del 29 de septiembre de 2021 – expedido por la SAE, debe ser demandada por el señor
Rigoberto Sepúlveda Tabares a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho».
Por consiguiente, en aplicación del artículo 138 del CPACA, el accionante debió
interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento máxime cuando en la
Resolución 1046 de 2021 se especificó que contra esa decisión no procedía recurso
alguno. Así las cosas, a pesar de haber tenido a su disposición este medio de defensa,
dada su procedencia, no lo hizo en la oportunidad debida.
12 Artículo 138. Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel.
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En consecuencia, al desaprovechar el mecanismo del que disponía para cuestionar el
acto administrativo del 29 de septiembre de 2021 proferido por la Sociedad de Activos
Especiales que liquidó los honorarios del señor Sepúlveda en ceros, se configuró el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, hecho que genera el consiguiente
rechazo por improcedencia de la acción de tutela por falta de agotamiento en tiempo
de dicho medio ordinario de defensa.
Al efecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-456 de 2013, señaló:
Si bien la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que la acción de
tutela no procede como un mecanismo alterno de defensa judicial y tampoco puede
convertirse en una herramienta supletoria a la cual se acuda cuando se han dejado de
ejercer los mecanismos ordinarios de defensa, o cuando estos se han ejercido
extemporáneamente, o cuando con ella se pretenda la obtención de una decisión más
pronta al margen de agotamiento de instancias ordinarias dentro de la jurisdicción
correspondiente, también ha señalado que esta regla no es absoluta en el caso de la
declaración de derechos prestacionales. (énfasis de la Sala)
La reiterada jurisprudencia constitucional tiene establecido que cuando mediante la
acción de tutela se controvierten providencias judiciales, prevalece el principio de
subsidiariedad y, por lo mismo, no es de recibo que el juez constitucional conozca de
asuntos que corresponden al juez natural, pues lo contrario implicaría una intervención
injustificada en las competencias propias y exclusivas de los funcionarios judiciales
ordinarios.
Respecto a la pretensión del accionante relacionada con que el Tribunal
Administrativo dé inicio al proceso ejecutivo en razón de la obligación de dar contenida
en el fallo de tutela, para la Sala resulta pertinente recordar conforme a lo señalado
por la Corte Constitucional en sentencia T-394 de 2004, que el mecanismo de la tutela
[no así el incidente de desacato] opera de manera excepcional ante el incumplimiento
de una sentencia judicial, que al parecer contenga una obligación de dar, razón por la
cual el señor Sepúlveda Tabares debe acudir ante la jurisdicción competente para
iniciar el correspondiente proceso, al efecto esa corporación señaló:
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La Corte Constitucional ha establecido una diferenciación dependiendo de la naturaleza
de la obligación contenida en la sentencia judicial que se incumple, con la finalidad de
establecer la procedencia de la acción de tutela para su cumplimiento. Ha reiterado que
el mecanismo tutelar resulta procedente cuando se encuentra ante el incumplimiento de
una obligación de hacer, como, por ejemplo, cuando la sentencia judicial ordena el
reintegro de un trabajador; en estos eventos la Corte ha aceptado la tutela como el
mecanismo idóneo para exigir el cumplimiento de la sentencia judicial. Por el contrario,
cuando la providencia ordena una obligación de dar, en principio, la acción de tutela es
improcedente para ordenar el cumplimiento de la orden; en esos eventos, la
jurisprudencia constitucional ha afirmado que el ordenamiento jurídico contempla un
mecanismo principal e idóneo para exigir el cumplimiento de este tipo de obligaciones,
como es el proceso ejecutivo. En síntesis, ha expresado la Corte.
Ahora bien, en lo que hace a la obligación contenida en el fallo incumplido, la
jurisprudencia ha distinguido entre una obligación de hacer y una dar, para concluir
que el mecanismo de la tutela puede ser instrumento para hacer cumplir las
obligaciones de hacer, cuando se interpone en orden a garantizar la ejecución de
una sentencia, pero que no es admisible frente a la ejecución de obligaciones de
dar, porque para estos casos el instrumento idóneo de carácter ordinario es el
proceso ejecutivo.
De este modo, la Sala debe insistir en que la acción de tutela no es una vía judicial
adicional o paralela a los mecanismos judiciales ordinarios de defensa previstos por el
legislador, como tampoco puede ser tenida por el accionante como un instrumento
excepcional al que pueda acudir para corregir los errores a él imputables, ni como un
medio para revivir términos precluidos, ante su negligencia o descuido.
Por otra parte, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se
sustenta la presente solicitud, así como las razones que llevaron al accionante a acudir
a la vía constitucional, la Sala no encuentra que se cumpla alguno de los criterios
establecidos en la jurisprudencia para configurar un perjuicio irremediable,13 que
permita estudiar de fondo el asunto objeto de litis. Esta Sala advierte que el señor
Rigoberto Sepúlveda no expuso ningún argumento tendiente a demostrarlo, y si bien
anexó unas solicitudes de autorización de servicios de salud, 14 se pudo constatar que
está afiliado a la Nueva EPS en el régimen contributivo, así como que padece una
enfermedad general no prioritaria.
13 Los requisitos que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para que
proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son los siguientes: su inminencia,
su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
14 ESE La Merced, de fecha 7 de octubre de 2021.
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Demandante: Rigoberto Sepúlveda Tabares
En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad que la ley le confiere,
Falla
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Rigoberto Sepúlveda contra el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con
los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.
Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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